ECTV Colaboradores

Lo que está ocurriendo en Asturias con la llamada “carrera profesional” es de una gravedad inusitada.

La carrera profesional de Asturias, adhesión inquebrantable al régimen de Areces

La primera cuestión, y la más grave, es que hablamos de una actuación ilegal de un gobierno -así lo ha dejado establecido el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, vean la sentencia, un palo monumental- que decidió aplicar un plus sin ningún fundamento, y lo hizo así deliberadamente, puesto que sí podría haberlo aplicado con criterios legales, como “productividad” por grupos.

No se quiso hacer así. No se trataba de establecer un marco retributivo con funcionarios y laborales de la administración del Principado, sino de otra cosa. Se trataba de hacer campaña electoral entre 19.000 empleados públicos, dándoles un dinero que después se les dejaría de dar, porque inevitablemente los jueces acabarían por impedirlo.

En definitiva, el gobierno aprobó la concesión de una “bufanda” -así llaman los funcionarios a las dádivas injustificadas- electoral temporal, para todos aquellos que firmasen un documento de adhesión inquebrantable al régimen, un papel en blanco, con el que se suponía que se producía una situación jurídica que habilitaba al que firmó el papel para cobrar unas cantidades, que no podían cobrar, los que no firmaron el papel. ¡Ésa es la clave! ¡Firma y cobras!, y si no firmas, quedas marcado como un personaje díscolo, de paso, como te doy pasta, me votas, y como más adelante los tribunales la tumbarán, dejarás de cobrar esta pasta que te doy ahora para que me votes.

Pues bien, esto es lo que se puso a la firma:

ÉL/LA ABAJO FIRMANTE FORMALIZA SU COMPROMISO CON LA ADMINISTRACIÓN QUE VALORARÁ LA TRAYECTORIA Y ACTUACIÓN PROFESIONAL, LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS Y EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, MANIFESTANDO BAJO SU RESPONSABILIDAD QUE REÚNE LOS REQUISITOS EXIGIDOS Y QUE SON CIERTOS LOS DATOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE HACEN CONSTAR EN LA PRESENTE SOLICITUD.

¡Cómo se puede pedir a un colectivo de 19.000 funcionarios y empleados públicos que firmen un documento ilegal, con la promesa de que si lo firmaban cobrarían una pasta, y si no no, a sabiendas de que era ilegal, injusto y descriminatorio! ¡Cómo se puede reprochar nada ahora a quien impugnó semejante desmán!

Como el papel no decía nada, era un cheque en blanco para adherirse a algo que no existe, la llamada “carrera profesional”, se trataba en realidad de una “adhesión inquebrantable”, al estilo de las que proliferaban en el régimen franquista, y nada más. La mayoría firmó el papel para cobrar la “bufanda”, y hubo muchos, a los que hay que rendir un homenaje de admiración y reconocimiento, que no quisieron firmar.

Unos pusieron por delante el sentido práctico y otros la dignidad. Complicada disyuntuva. Un gobierno no debe someter jamás, a sus empleados, a semejante dilema, sin experimentar un gran desgaste.

Lo llamaron “carrera profesional”, porque evidentemente, si lo hubiesen llamado “bufanda”, su naturaleza habría quedado en evidencia con descarnada fuerza.

A lo que íbamos, a los funcionarios se les pedía que se “adhiriesen” a la “carrera profesional”, y entonces, quedaba de cuenta de cada administración, mientras duraba la pantomima, acreditar la forma en que cada funcionario era evaluado para justificar el pago de la “bufanda”, es decir, como en toda la administración pública, los cargos directos son nombrados a dedo, y el informe del jefe, sobre un papel en blanco sin regulación, es el informe de un comisario político que está expidiendo un certificado de “buena conducta”, que acreditaba al que lo recibía para cobrar al mes, entre setenta y quinientos euros más que sus compañeros que se negaron a firmar.

Un sindicato, la CSI, consideró que no se podía aceptar semejante humillación, una desnaturalización tan radical de los principios de mérito, capacidad e independencia profesional que deben regir la gestión de lo público y la selección de su personal.

Si el funcionario tiene el blindaje laboral que tiene, esto es así por una poderosa tradición de origen europeo, que cifra en su independiencia de criterio y en la seguridad de su empleo, su capacidad para mantener esa independencia, con la que se pretende asegurar que es el imperio de la ley, y no la obediencia a los designios de la partitocracia, lo que guía el comportamiento del funcionario público.

La CSI puso el fuero por encima del huevo, y ahora vemos un abracadabrante espectáculo, en el que el gobierno y el resto de los sindicatos, acusan a esta organización de “quitar” este dinero a sus compañeros, que se dio para que se quitase después y mientras tanto se votase, cuando esa responsabilidad es claramente de quienes habiendo podido regular su pago por productividad, prefirieron aprovechar el uso de estas cantidades para organizar un programa masivo de humillación, degradación y control de sus trabajadores, a cuenta de unos euros mensuales, a sabiendas de que esta sentencia se iba a producir, y por lo tanto, se trataba de un gasto que tarde o temprano se cortaría, cosa que era de esperar, dado que el comienzo de su pago se ordenó el 18 de mayo del 2007, unos días antes de las últimas elecciones autonómicas, el 27 de mayo, con lo que la desvergüenza del gobierno que organizó esta maniobra alcanza proporciones épicas.