El Documento de aprobación inicial del PGO se encuentra a exposición pública, pero no en su totalidad. Por eso el Colectivo de Vega en Defensa del Medio Rural ha solicitado que se hagan públicos los informes que no se encuentran en exposición a pesar de contener información que ha sido determinante para las decisiones de ordenación adoptadas, como es la desaparición de el barrio de El Muselín, entre otras. En consecuencia también se ha solicitado la suspensión del plazo para realizar alegaciones. Una vez más pidiendo que se ajusten a la legalidad.

AL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

SRA ALCALDESA-PRESIDENTA DE LA CORPORACIÓN

xxxxxxx, con D.N.I. xxxxxx, comparece en su condición de representante legal del COLECTIVO DE VEGA EN DEFENSA DEL MEDIO RURAL, con C.I.F. nº G-33909060 y domicilio a efectos de notificaciones en Camín del Bebederu, 83, Vega de Arriba , 33391, Gijón, comparece y EXPONE:

Que habiendo consultado el Documento de Aprobación Inicial del PGO de Gijón sometido a información pública para el conocimiento íntegro del mismo se ha podido detectar la falta de exposición pública de los Informes Geológicos realizados para la valoración del riesgo geológico en la zona de El Muselín y en la parroquia de Vega. En particular el Informe Geológico para el Plan Especial del Muselín, de David Villar García para la empresa DOLMEN S.L. /2009), el “Informe Geológico. Riesgos Geológicos en el Muselín” (Gijón) de Avelino Suárez para la empresa DOLMEN S.L. (2009) y el “Estudio de afectación de la subsidencia generada por el abandono de la explotación” Minería, Hidrología y Proyectos S.L. , 2009, para Mina La Camocha S.A.

Que el Colectivo que suscribe el presente Escrito considera el contenido de dichos informes esenciales para valorar las condiciones de ordenación adoptadas por el PGO para la zona del Muselín y también para la parroquia de Vega y limítrofes, ya que el propio Documento de Aprobación Inicial reconoce que dichos Documentos han sido determinantes para la adopción de las medidas de ordenación que el PGO recoge para el Muselín a la hora de reordenar dicho espacio como un gran sistema general de espacio verde. Lo mismo cabe decir para la parroquia de Vega al delimitarse zona de riesgo natural en la misma en base, entre otros, al Informe referenciado. Por tanto, dichos Informes deben ser objeto de exposición pública a fin de garantizar eficazmente el principio de participación ciudadana al objeto de que los ciudadanos conozcan en su integridad los informes, análisis y demás documentos que hayan servido de fundamento para la acción planificadora de la administración local en el ejercicio de su potestad de planeamiento. Dichos Informes forman parte del Documento de Aprobación Inicial del PGO toda vez que las decisiones que en él se contienen han tenido su base de valoración en el contenido de los aludidos Informes. En este sentido la Administración Local tiene la obligación de exhibir a información pública “Documento íntegro del PGO”

Por lo expuesto, se solicita dentro del plazo de exposición pública del Documento de Aprobación Inicial, se proceda a poner de manifiesto los citados documentos, con petición expresa de suspensión del plazo para realizar alegaciones en tanto y cuanto no se proceda a la exhibición completa e íntegra del citado Documento en el que se incluyen dichos Informes Geológicos que deberán ser analizados particularmente por este Colectivo a fin de valorar la idoneidad o aptitud de las condiciones de ordenación adoptadas para el Muselín y para la parroquia de Vega. Dichos Documentos se consideran esenciales para articular eficazmente la participación ciudadana en esta fase de procedimiento, ya que en base a ellos se han adoptado las condiciones de ordenación que enuncia el documento de Aprobación Inicial para la zona del Muselín y para la zona de Vega, cuyos contenidos se desconocen y deben ser íntegramente puestos de manifiesto a fin de permitir a este Colectivo valorar adecuadamente la ordenación adoptada para estos espacios y proponer en esta fase de Alegaciones al PGO cuantas medidas se estimen oportunas una vez se disponga de la toda la información disponible sobre este particular.

Boletín Nº 183 del Sábado 7 de Agosto de 2010
Anuncio de aprobación inicial de la revisión del Plan General de Ordenación de Gijón/Xixón. (Ref. 038034/2009).

«Felices y divertidas fiestas»

Tras el pregón de Ladis, Víctor se encargó de interpretar ‘Gijón del alma’ y ‘Asturias patria querida’ ante el escaso público que se dio cita en la plaza Mayor.
Felgueroso se despide «con morriña y alegría» de su última Semana Grande como alcaldesa

EL COMERCIO 7-8-2010
La Semana Grande ya está aquí: «Felices y divertidas fiestas de Gijón, durante la Semanona y durante todo el año», grito Paz Fernández Felgueroso desde el balcón del Ayuntamiento después de escuchar el pregón de Ladislao de Arriba y apenas unos segundos antes de que Víctor interpretara desde el escenario ‘Gijón del alma’ y ‘Asturias patria querida’.
La inauguración oficial de las fiestas de Begoña se hizo con poco público en la plaza y con el sabor de la despedida de la alcaldesa, que, tras tres mandatos, dice que afronta su última Semanona con una sensación agridulce, con una mezcla de alegría y tristeza. «Siempre hay morriña, pero afronto la Semana con alegría porque la próxima voy a estar ahí abajo, voy a escuchar el pregón desde la plaza Mayor». Y es que la alcaldesa lo tiene más claro que el agua: «A mí no se me quita delante tan fácilmente, voy a seguir participando activamente».
Con esa morriña y con «la alegría de haber vivido tantos años el pregón siendo alcaldesa de una ciudad tan cariñosa, tan activa y tan atractiva», brindaba por última vez en el salón de recepciones del Ayuntamiento con Ladislao de Arriba, al mismo al que escuchó y acompañó y con quien rió en el balcón durante su lectura de un pregón que dirigió a los «gijonesesy gijonudas, playos y foriatos, aves de paso y vecinos, neños, guajes y rapacinos». O sea, a todos, y que arrancó al grito de «¡Salud!».
Comenzó Ladis por presentarse, por recordar que nació hace 86 años entre el Humedal y Fomento, en el mismo lugar donde vivía ‘El Presi’, por rememorar sus origenes familiares y su gijonismo «con genes melquiadistas y cenetistas», por viajar por sus tiempos de estudiante y por evocar a sus amigos de Somió, El Llano, La Arena y el Natahoyo… Dijo ser un gijonés «muy raru» y se explicó con creces. Ama la ciudad en la que no vive desde hace 60 años, bebe sidra y no la escancia, pero, eso sí, «prefiero los oricios al caviar y les llámpares a les ostres».
Por fin llegó el momento de hablar de la misión encomendada por la alcaldesa de pregonar las fiestas en honor de Begoña y lo hizo dejando claro que la crisis «esti mes va de vacaciones», porque lo que importa es la fiesta, pero siempre con mesura. «Acordaos: comed con medida, bebed sin faltar, cantad sin desbarrar y bailad lo que el esqueleto dé de sí», señaló, no sin antes recordar que el suyo es el último pregón que encarga una alcaldesa que «fartucose de nosotros y piensa dedicase a los sus nietos. Fai bien».
Pidió, por último. al público, que gritara dos vivas para dar inicio a la fiesta, y en ese momento se produjo la anécdota. «¡Viva Gijón! y ¡Viva la Virgen de Covadonga!», dijo, confundiendo en un lapsus verbal a la virgen de Asturias con la de Gijón, la de Begoña, que era la que estaba correctamente escrita en los papeles que le guiaron en su discurso.
Fue entonces cuando la alcaldesa puso el colofón al pregón pidiendo diversión y cuando Víctor cantó con el coro de voces de la plaza el ‘Gijón del alma’. Claro que antes de que Ladis y la alcaldesa se asomasen al balcón, en el escenario instalado en la plaza Mayor ya había sonado otra música. Se escuchó ‘Cuantu me gusta Gijón’, una pieza que le canta precisamente a la Virgen de Begoña, y se observaron los bailes de los grupos folclóricos Covadonga, Azabache, Los Xustos, Flor de Xaranzaina, La Alegría, El Xiringüelu y Jovellanos.

El plan urbanístico sale a información pública obligado a ofrecer respuesta a cada alegación

EL COMERCIO 8-8-2010
El Ayuntamiento publicó ayer en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) el anuncio de la aprobación inicial de la revisión del Plan General de Ordenación de Gijón (PGO). Con este trámite se abre un periodo de información pública de dos meses, que empezará a consumirse mañana, en el que los ciudadanos podrán presentar las alegaciones que estimen convenientes.
El Museo del Ferrocarril se convertirá hasta comienzos de octubre en la oficina municipal de consulta sobre un documento urbanístico que «define una ciudad compacta, más eficiente, sostenible y habitable», que trata de cubrir las necesidades de vivienda y suelo industrial para los próximos diez años. Su desarrollo prevé el crecimiento del parque inmobiliario gijonés en 21.000 viviendas.
Para facilitar el acceso y comprensión de la información, técnicos municipales atenderán directamente a los interesados de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas en agosto, y de 9 a 17 horas en septiembre y octubre.
Las alegaciones dirigidas al registro general del Ayuntamiento podrán presentarse en los siguientes centros municipales integrados: Antigua Pescadería, Pumarín Gijón Sur, La Calzada, El Coto, La Arena y la Casa Rosada. Otra opción será a través de la oficina virtual de la página web municipal (www.gijon.es). El documento de aprobación inicial del PGO podrá verse y descargarse a partir de mañana en esa web, así como el modelo de presentación de alegaciones.
La salida a exposición pública de la revisión del PGO conllevará una suspensión del otorgamiento de licencias de parcelación de terrenos, edificación y demolición en todo el término municipal de Gijón, excepto en los ámbitos que se señalan en un anexo publicado ayer igualmente en el BOPA. Esa suspensión de licencias no afectará prácticamente a ninguna operación, pues Urbanismo ha incluido una larga lista con más de 200 excepciones.
Los servicios técnicos municipales, en quienes recae por primera vez el encargo de redactar un Plan General, deberán notificar individualmente la respuesta a las alegaciones de los ciudadanos. Esto no sucedió con el pasado periodo de sugerencias, en el que entraron por registro en total 1.752 escritos (pero de ellos sólo 166 con contenido diferente).
Heredero del anterior
El PGO revisado mantendrá todas las bolsas nuevas de suelo planteadas en el plan anulado por los tribunales, incluida la más polémica, la de Cabueñes. Ni en ésta ni en ninguna de las otras (Porceyo, Granda, Castiello, Peñafrancia e Infanzón) se ha modificado la extensión ni la edificabilidad.
Pero a éstas se han sumado nuevos espacios, esta vez dentro de la trama urbana, que permitirán más edificación. Es el caso de las actuaciones previstas en la avenida del Príncipe de Asturias y en los bordes de esa futura Ronda Oeste, donde se construirán 1.500 viviendas. Estas actuaciones incluirán un 30% de pisos de protección.
El documento incluye, asimismo, un estudio sobre los núcleos rurales del concejo, 154 en total que, según Urbanismo, aún pueden aumentar su edificación en un 110% sin variar lo más mínimo su extensión. Y las polémicas nuevas se han suscitado con las previsiones futuras de la desaparición del barrio de El Muselín y el traslado de los negocios hosteleros de la PERI de la Ería del Piles para hacer un parque.

El PP pedirá uso residencial para Naval Gijón y la zona rural prepara su estrategia

EL COMERCIO 8-8-2010

A pesar de que el contenido del documento aún no es de dominio público, diferentes colectivos y entidades de la ciudad ya han empezado a trabajar en pleno verano en la preparación de sus alegaciones, para que «no nos pille el toro». Es el caso de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Zona Rural Les Caseríes. Su abogado Antonio García, que está detrás de muchos de los recursos que han anulado el anterior PGOU, se pasará todo el mes de agosto en su despacho estudiando la nueva norma para ver si ésta se ajusta a Derecho o tiene fallos de forma y fondo que puedan volver a cuestionarlo delante de un juez.
Por el momento, García observa que desde el Ayuntamiento «están metiendo cosas nuevas y otras obsoletas como el plan de Cabueñes, que no varía en esta revisión pese a la contestación vecinal que tuvo». Y, respecto a las novedades, opina que «hay dos actuaciones estrella: el PERI del Pery y el de El Muselín, que pueden acabar convertidas en fuegos artificiales».
Desde el grupo municipal del PP ya se tiene claro por dónde irán sus alegaciones. Según explicó el edil Pablo Fernández, se pedirá la ampliación de la ocupación al 100% de las parcelas industriales, porque «favorece los objetivos de ciudad compacta y eficiencia energética». Fernández también avanza que su partido volverá a reclamar que se incluyan usos residenciales en los terrenos de lo que fue Naval Gijón. «Allí ya hay una trama urbana consolidada y la vivienda puede acompañar al parque tecnológico que plantean en edificios con forma de barco», defendió.
Otros colectivos como el de los promotores volverán a pedir una actuación en el PGO que tome el relevo del área de Roces.

«¿Pero esto va en serio o es una broma del concejal?», se pregunta el gerente de uno de los negocios de la zona costera, de la que dependen 100 empleos

LA NUEVA ESPAÑA 25-7-2010 – M. C.
«Gijón ya tiene bastantes paseos y zonas verdes como para que se quiera hacer uno nuevo donde ahora hay negocios que dan empleo a mucha gente. Al Ayuntamiento más le valía preocuparse por crear industrias en Gijón que por hacer parques, porque si la gente no tiene trabajo, los parques sólo van a servir para que vayan a comer pipas». De esta forma valoraba ayer Joaquín Ordieres, gerente del restaurante el Faro del Piles, el plan que un día antes presentó en concejal de Urbanismo, Pedro Sanjurjo, para eliminar las viviendas y las empresas que hay en primera línea de costa en la zona de la Ería del Piles (desde el Bellavista al Sanatorio Marítimo), sustituyéndolas por un parque y un ampliado paseo marítimo. Los negocios hostelero de la zona cuentan con cerca de un centenar de trabajadores, según la suma de las cifras facilitadas en los propios establecimientos.

Dichos negocios, según el plan, se podrían trasladarán a parcelas de la Ería linderas con la carretera de La Providencia y, por tanto, más alejadas del mar. Carlos Quiroga, que regenta el bar Ricks, se preguntaba: «¿y qué pasa con el “pelotazo” de los chalés del Rinconín, que tienen la bendición del Ayuntamiento?».

La indignación con el plan municipal fue la segunda reacción de los afectados, porque la primera fue la incredulidad: «¿Pero ésto es en serio o es una broma de este señor?», se preguntó el responsable de las Terrazas del Peri, Ángel Fernández, tras conocer el plan presentado por Sanjurjo. Hablando del plan de Sanjurjo, a alguno de los afectados le venía a la memoria el polémico serruchazo que intentó su antecesor en el cargo, Jesús Morales, en edificios próximos al Puerto Deportivo, un proyecto cuyo destino definitivo fue acabar en un cajón de la concejalía.

Los afectados se preguntaban ayer de dónde va a sacar el Ayuntamiento, en plena época de crisis, el dinero para las expropiaciones de viviendas y locales en primera línea de costa. No les compensa que les ofrezcan una reubicación más alejada del litoral porque «no es lo mismo estar en la fachada marítima que en la parte de atrás; eso nos iba a causar un gran perjuicio, a no ser que el Ayuntamiento subvencione nuestros negocios», apuntó Ángel Fernández.

Los vecinos del bloque de 32 apartamentos que también se pretende demoler también están que trinan con el plan. «Esto no se puede tocar, está autorizado. ¿Por qué van a tirarlo?», señala Honorio Núñez, uno de los residentes en los 10 apartamentos que están ocupados todo el año en el inmueble. Ni Núñez ni la presidenta de la comunidad de propietarios, Ana Domínguez, asumen la alternativa de que los realojen en otro edificio que se construya un poco más alejado de la costa. La sorpresa por el anuncio del proyecto previsto en el nuevo Plan General de Ordenación fue mayúscula entre los trabajadores de la zona, debido a que se produjo dos días después de que hubiera abierto el último local hoselero del Piles, «La Buena Vida», al que el Ayuntamiento concedió una licencia en precario. También, se preguntaba otro hostelero, cómo es posible que el Ayuntamiento ponga encima de la mesa un nuevo plan cuando aún no ha resuelto el problema que tiene en la zona de la Ería con vistas al Tostaderu, donde iba a ubicarse inicialmente el balneario. Ahí, en la zona denominada «API 100», está paralizado desde hace años el desarrollo de un importante complejo de ocio. «Mejor se preocupaban de acabar lo que empiezan. Eso sí que es una vergüenza, que ese proyecto lleve parados cuatro años por los pleitos con dos vecinos», y con algún que otro hostelero. La construcción de un parque en la Ería del Piles, si se promueve, podría acabar con las mismas complicaciones. Algunos afectados ya advirtieron ayer que el lunes, sin falta, pedirán cita con sus abogados.

El bloque de apartamentos que se prevé derruir con el nuevo planeamiento municipal, al fondo de la imagen, cuenta con 32 apartamentos, de los que sólo 10 hacen las funciones de vivienda habitual. La mayoría de estos apartamentos son segundas residencias de sus propietarios que los ocupan o los alquilan durante los meses de verano. En el bajo también hay un negocio hostelero.

Un vuelo sobre una nueva Ería del Piles

El Ayuntamiento considera que se debe acabar con el «desorden urbanístico y funcional» de una zona de gran valor

LA NUEVA ESPAÑA 25-7-2010- Elías GALLEGO

El plan que presentó el viernes el equipo de Urbanismo del Ayuntamiento de Gijón y que pretende eliminar las viviendas y los bares de la Ería del Piles para crear una zona verde, tiene el sentido de «una apuesta muy notable para transformar uno de los espacios más singulares de Gijón, reordenando el espacio para dar cabida al crecimiento económico vinculado al sector turístico». Así lo definen desde el Ayuntamiento, lo que no significa que reste indignación a muchos vecinos y propietarios de la zona que tendrán que ser realojados.

A vuela pluma, los datos que se han dado a conocer de esta actuación conlleva la reordenación de los suelos comprendidos entre la carretera de La Providencia y la avenida de José García Bernardo, que conforma el borde costero conocido como Piles-Rinconín (en realidad, Ería del Piles). El equipo redactor del proyecto alega que «el área en cuestión, de gran valor paisajístico y elevadas potencialidades por su ubicación, vistas y conexión con Gijón, presenta en la actualidad un cierto desorden urbanístico y funcional que pretende ser corregido con las medidas del nuevo Plan General de Ordenación».

Este proyecto tiene entre sus objetivos eliminar la circulación de vechículos desde el entorno del restaurante Bellavista, para desviarla hacia la zona de la carretera de la Providencia. De este modo, la zona se convertiría en una vía peatonal y ciclista a partir del citado restaurante. También se efectuaría una ampliación del paseo marítimo existente para mejorar la conexión de Somió con el frente costero.

Estas medidas permitirían crear una fachada marítima más retrasada que la actual, con un retranqueo de 15 metros respecto a la acera actual «además de la obtención de suelo para dotaciones y zonas verdes en todo el frente costero, especialmente una reserva de equipamiento de 7.250 metros cuadroados en la punta de los Mayanes de Tierra, cerrando la bahía por su parte oriental», además de un gran sistema de zonas verdes de 20.000 metros cuadrados que ocuparía toda la banda costera hasta el Sanatorio Marítimo. Se incluye también la reserva de 3.000 metros cuadrados que serían destinados un nuevo aparcamiento.

El nuevo suelo -lindero con la carretera de La Providencia- sería destinado en un 40% al uso residencial (se calcula que podría haber hasta 90 viviendas, con una altura máxima de bajo más tres plantas) para poder realojar a los vecinos de la zona, y un 60% para uso terciario.

Los hosteleros de la Ería del Piles rechazan el traslado de sus negocios para hacer un parque

Tachan la previsión del PGO de «aberración» y dicen estar dispuestos a plantar batalla judicial para evitar su desalojo del borde costero

EL COMERCIO 25-7-2010
Los hosteleros de la Ería del Piles están que trinan. Su rechazo es unánime a la pretensión municipal de trasladar sus negocios de la primera línea de playa para convertir esa franja costera en un parque. Expresiones como «aberración total», «tomadura de pelo» y «broma pesada» eran ayer las más repetidas por los responsables de los establecimientos situados junto a la avenida de José García Bernardo tras conocer el proyecto del futuro PGO para la zona. Algunos ya han corrido a poner el asunto en manos de sus abogados para armarse de razones jurídicas ante un eventual pleito judicial futuro.
Joaquín Ordieres, gerente del restaurante El Faro del Piles, lamentó que la hostelería del PERI-11 haya tenido que enterarse por los medios de lo que les aguarda. «Nadie nos comunicó nada. Es una forma de actuar un poco chavista, que nos llena de sorpresa e incertidumbre», criticó.
El dueños de las Terrazas de El Pery, José Ángel Fernández Ogando, advierte de que «a mí no me echan de aquí por las buenas» y rechaza de plano la propuesta de desalojo del borde costero para habilitar un parque. «Nuestros clientes quieren disfrutar de las vistas a la playa, porque para ver verde se van al monte», anotó.
Fernando Castaño, uno de los socios del Bellavista, lamentó que este anuncio «genera alarma entre los clientes y los empleados». Este empresario hostelero asegura que ha recibido numerosas llamadas telefónicas preguntado por cuestiones para las que no tiene respuesta. El lunes acudirá al Consistorio junto con el propietario, Germán Álvarez, para presentar una queja formal por registro. Álvarez aseguró ayer que «defenderé con uñas y dientes mis intereses en la zona», además de preguntarse «a quién se le ocurre plantear algo así en los actuales tiempos de crisis». «Quiero creer que es un globo sonda para ver nuestra reacción», añadió.
El concejal de Hacienda y futuro candidato a la Alcaldía por el PSOE, Santiago Martínez Argüelles, se refirió ayer al plan para El Rinconín como una propuesta «potente y atractiva a largo plazo para culminar la gran senda litoral que tiene Gijón». El edil aseguró que el Ayuntamiento es consciente de que hay preexistencias y actividades económicas importantes en la zona. Por ese motivo, prometió «diálogo para llegar a los acuerdos necesarios y que la gestión del proceso no sea una fractura con nada ni con nadie».
La portavoz del PP Pilar Fernández Pardo, a través de un comunicado muy crítico con el PGO que se está redactando, señaló que la propuesta de crear un parque en la Ería del Piles requiere «un análisis más exhaustivo». No en vano, la jefa de la oposición recuerda que esta actuación «lleva más de 20 años sin poder desarrollarse debido a los altos precios que se están barajando en esa zona». Pardo también llama la atención sobre un cambio de criterio de PSOE e IU al permitir ahora usos residenciales.

El plan para la Ería del Piles «no es ninguna broma», afirma la alcaldesa

Felgueroso propone «diálogo y tiempo» como herramientas para alcanzar acuerdos con los vecinos y los hosteleros afectados

EL COMERCIO 26-7-2010
La alcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso, advierte a quienes entienden que la idea de suprimir viviendas y negocios de la primera línea de playa en la Ería del Piles es una broma que la propuesta del nuevo Plan General de Ordenación va muy en serio. «Con estas cosas no se bromea», aseguró la alcaldesa, pero también dejó claro que no es intención del Ayuntamiento entrar en el proyecto como un elefante en una cacharrería y propuso «diálogo y tiempo» como herramientas a emplear para alcanzar los acuerdos necesarios.
«Creo que todos podemos estar de acuerdo en que esta zona necesita una intervención y lo que hay que hacer es ver cómo se hace hablando con todo el mundo», manifestó la alcaldesa al ser preguntada tanto por el proyecto anunciado por el concejal de Urbanismo, Pedro Sanjurjo, como por el rechazo unánime de vecinos y hosteleros afectados.
¿Plazos? La alcaldesa fue, una vez más, prudente. Aunque, tras anunciar su decisión de no optar a la reelección en las próximas elecciones municipales, su intención es seguir trabajando con absoluta normalidad los nueve meses que, aproximadamente, le quedan en el puesto, no parece que tenga especial interés en dejar cerrado el polémico asunto de inmediato. Pero tampoco se muestra dispuesta a paralizarlo. «Una vez que sea aprobado el Plan, se irá viendo lo que hay que hacer», sentenció la alcaldesa.
En principio, calificó de «emblemática» la idea de construir un parque público al lado de la playa de San Lorenzo, pero admitió que «ninguna operación de éstas es urgente».
El objetivo municipal es conseguir consensos no sólo entre grupos políticos para poder tomar las decisiones que correspondan, sino también con «los instalados» en los terrenos que habría de ocupar el nuevo parque. Todo ello, sin prisas ni deseos de llegar a imposiciones.
El concejal Pedro Sanjurjo llenó de inquietud a los propietarios de parcelas en la Ería del Piles tras afirmar el pasado viernes que el nuevo Plan General de Ordenación, que se encuentra en trámite, prevé convertir en «playa verde» el borde costero de la Ería del Piles.
Todo ello se enmarcaría en el contexto del PERI 11, que afecta a algo menos de 80.000 metros cuadrados comprendidos entre la carretera de La Providencia y la avenida de José García Bernardo y desde un poco antes del restaurante Bellavista hasta el Sanatorio Marítimo, aproximadamente.
De la citada superficie, según dijo Pedro Sanjurjo, 20.000 metros cuadrados se reservarían para la zona verde, unos 12.000 estarían dedicados a dotaciones públicas y 3.000 más servirían para habilitar un aparcamiento en superficie. Por último, para edificar se habilita una franja de unos 25.000 metros cuadrados, el 60% para empresas de servicios y el otro 40% para uso residencial.
A partir del citado anuncio, las reacciones de los afectados, básicamente industriales de la hostelería, no se han hecho esperar. El rechazo es unánime y algunos quieren poner la venda antes de que se produzca la herida. Y es que, aunque no falta quien tacha la idea de broma sin sentido, todo el mundo es consciente de que cualquier reacción, si no es rápida, puede llegar demasiado tarde.
En ese contexto, varios hosteleros manifestaron a EL COMERCIO su intención de recabar una exhaustiva información jurídica para conocer tan pronto como sea posible sus alternativas con vistas a parar la iniciativa antes incluso de que se convierta en acuerdo definitivo.
El objetivo municipal es aprobar el nuevo PGO antes de las elecciones del 22 de mayo.

Añade el concejal de urbanismo que “lo que queremos es resolver los problemas de un barrio que tiene un importante déficit de seguridad al estar en una ladera inestable y con riesgo de desprendimientos“.
Algo así como “muerto el perro se acabó la rabia”, los problemas del barrio los resuelve destruyendo el barrio. Bien!

Pero la idea que defiende el cabal Sanjurjo es aun más `curiosa´, prevé la desaparición del barrio de el Muselín a largo plazo, sin un calendario establecido, será un “proceso gradual y negociado“,”van a poder seguir viviendo ahí durante muchos años”, “hablamos de décadas”, e insta a los vecinos a que “estén tranquilos, porque esto llevará años y negociarán con ellos los realojamientos”.
Resumiendo, los vecinos del Muselín viven con un importante déficit de seguridad- en plata, viven en peligro- y deben estar tranquilos porque van a seguir viviendo en peligro durante décadas. Genial!

¿En qué quedamos Sr. Sanjurjo? ¿Están los vecinos expuestos a un riesgo importante que hace necesario desalojarlos o pueden seguir viviendo allí tranquilamente durante décadas? ¿Quién determina durante cuántas décadas más es razonable vivir allí? ¿Hay algún estudio geológico que señale que esos riesgos que ustedes vienen detectando no provocarán desprendimientos en la primera mitad de este siglo , por decir, pero serán un peligro a partir de 2050? ¿O serán Enagás, el Puerto de el Musel, o cualquier otro negocio los que con el concejal vienen detectando esos riesgos? ¿O son los constructores que negociarán con los vecinos su realojamiento los que determinarán en qué preciso momento empieza a haber peligro importante?.
Una vez más vemos que, o los políticos dan por hecho que los ciudadanos somos rematadamente idiotas, o son ellos los redomadamente idiotas o sinvergüenzas, o tienen un infinito desprecio por nosotros, o todo ello.

No es sólo la tomadura de pelo de cómo presentan este riesgo, es su desprecio por otros riesgos ciertos, es que la operación urbanística que plantean no sería económicamente viable a menos que los vecinos del Muselín además de desalojados resultasen desposeídos de mala manera, es que hay responsables de la situación en que se encuentra esa montaña, es que a este barrio lo rodearon de instalaciones peligrosas, …
¿Y qué? ¿En unos decenios Gijón tendrá un parque de alto riesgo?. Eso está por ver, lo que se ve es la difícil e injusta situación en que se encuentran los vecinos del Muselín y también se ve que allí viven personas, que están dispuestas a defenderse del atropello y que merecen el apoyo de sus conciudadanos.

«Nos engañan con buenas palabras»

Vecinos de El Muselín, que estudian constituir una asociación para evitar la desaparición del barrio, culpan a la futura regasificadora

EL COMERCIO 21-7-2010 MARCO MENÉNDEZ
Los vecinos de El Muselín no salieron ayer nada contentos del encuentro que mantuvieron con los concejales de Urbanismo, Pedro Sanjurjo, y de Mantenimiento Urbano y Rural, Faustino García. A la reunión acudieron los presidentes de las asociaciones vecinales de Jove, La Campa, Pescadores y Portuarios, así como casi una treintena de habitantes de El Muselín, ya que el barrio carece en la actualidad de una asociación vecinal.
Ángel Piñera, portavoz de El Muselín, indicó al término del encuentro que «nuestra impresión es que nos engañan con buenas palabras, diciendo que no pasa nada, que el proyecto es para 25 años». Por ello, están valorando constituir «una asociación de vecinos, porque no procede la alternativa que nos dan de que cada uno negocie con los constructores para vender la casa. Además, se trata de vender o no».
Los vecinos creen que detrás de todo este proyecto para convertir el barrio en un parque está la futura regasificadora de El Musel, «porque no se puede construir a menos de dos kilómetros de una zona habitada», indicó Piñera, quien aseguró que también temen que «se revalorice la zona que llamamos de ‘Tocote’ y entonces será peor».
Los afectados tienen claro que «no es lo mismo que nos tengamos que ir por culpa de la regasificadora que vendiendo a los constructores. En el primer caso nos tendrían que pagar bastante más. Pero creo que esta situación ya viene de atrás, porque hace 30 años pagábamos la contribución como zona urbana y ahora nos la pasaron a zona rural».
En El Muselín también prevén ponerse en contacto con los vecinos de Cabueñes que se han opuesto firmemente al desarrollo urbano de una zona de la parroquia y es que el problema para los habitantes del barrio portuario es que «nosotros no tenemos documentos para rebatir al Ayuntamiento».
Explicación detallada
Bien distinto es el punto de vista del concejal de Urbanismo, Pedro Sanjurjo, quien aseguró que ayer «tuvimos ocasión de explicar con mucho detalle la idea que tenemos. Tratamos de tranquilizar a los vecinos porque es un proceso largo y negociado, no será en tres o cinco años, sino que hablamos de décadas». Sanjurjo apuntó que «lo que queremos es resolver los problemas de un barrio que tiene un importante déficit de seguridad al estar en una ladera inestable y con riesgo de desprendimientos».
Desde el Ayuntamiento se garantiza que los vecinos de El Muselín tendrán «margen de negociación, no se trata de expropiaciones, sino que tratarán directamente con los promotores», siguiendo el mismo sistema que se hizo con Los Pericones, el parque fluvial o la finca La Torre, en Santa Bárbara.
Sanjurjo aseveró que «nadie echará a nadie de El Muselín. Creo que los vecinos salieron de la reunión más tranquilos que cuando entraron».

Los vecinos piden que se refuerce El Muselín en lugar de desalojarlo

Sanjurjo explica a los portavoces del barrio que subsanar su inestabilidad geológica no es asumible económicamente

LA NUEVA ESPAÑA – 21-7-2010 – Miriam SUÁREZ
Los vecinos de El Muselín tienen miedo de que «nos la vayan a colar» con el nuevo Plan General de Ordenación (PGO), en el que se incluye la decisión municipal de convertir el barrio en un gran parque. Por mucho que el Ayuntamiento insiste en que el proceso será largo, y «no se echará a nadie que no quiera irse», ellos no acaban de fiarse de un proyecto que conlleva la desaparición del que ha sido su lugar de residencia durante décadas.

Ayer, representantes de El Muselín y de las cuatro asociaciones de vecinos del entorno -Portuarios, Jove, Pescadores y La Campa- tuvieron ocasión de escuchar las explicaciones oportunas de boca del concejal de Urbanismo. Pedro Sanjurjo les garantizó que no habría expropiaciones y que si se lleva a cabo esta operación es estrictamente por motivos de seguridad. Estudios específicos sobre El Muselín desaconsejan el uso residencial en esta zona urbana por problemas geológicos.

Ya hace más de 20 años que están suspendidas las licencias de construcción en el barrio, precisamente por la inestabilidad que presenta el terreno. Pero, ante los riesgos de desprendimiento, «¿por qué no se refuerza el barrio en lugar de desalojarlo?», plantearon los vecinos. Porque El Muselín se encuentra situado en la ladera de la Campa Torres y «sujetar» una montaña no es asumible ni técnica ni económicamente para la Administración, justificó Pedro Sanjurjo.

Los servicios técnicos municipales vinculan el futuro de El Muselín a los nuevos desarrollos residenciales de Jove. En concreto, a la operación de cirugía urbanística que se llevará a cabo en los bordes de la Ronda Oeste, donde el nuevo PGO permite construir cerca de 800 viviendas. Los promotores de estas nuevas bolsas de suelo urbanizable tendrán que hacerse cargo de adquirir las casas y fincas de El Muselín para su posterior cesión al Ayuntamiento, que hará con esas propiedades lo mismo que en Los Pericones: un gran parque.

Según se explicó ayer a los vecinos, los constructores pagarán sus bienes a precio de mercado. «Sabe Dios», ponían en duda, al término de la reunión, algunos asistentes. Al encuentro con Sanjurjo, que se celebró en el salón de recepciones del Ayuntamiento, también asistieron el concejal Faustino García, responsable del área urbana donde se encuentra El Muselín; Cosme García, director de Planificación Urbanística, y representantes de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Zona Urbana.

«Al final, los que no vendan o no accedan al realojo, acabarán quedando en una situación de precariedad, entre casas abandonadas y caminos viejos, lo que es otra forma de echarnos», temen los vecinos, y así se lo trasladaron a Pedro Sanjurjo y Faustino García. «Se mantendrán todos los servicios que se vienen manteniendo ahora hasta que se complete la operación», les garantizó el máximo responsable del urbanismo gijonés.

Los vecinos se unen contra el plan municipal de convertir el barrio en parque

LA NUEVA ESPAÑA -22-7-2010 – M. S.
Carecen de asociación propia, pero no pierden la esperanza de unir fuerzas frente a la decisión municipal de transformar su barrio en un espacio verde. Los vecinos de El Muselín se reunirán en la cancha de fútbol, mañana viernes, «para decidir qué vamos a hacer». Aunque el Ayuntamiento insiste en que se trata de un proyecto a largo plazo, que se llevará a cabo sin expropiaciones, ellos consideran que «este asunto no puede quedar en el aire».

La desaparición gradual de El Muselín se incorpora al Plan General de Ordenación (PGO) como parte de los nuevos desarrollos urbanos que la futura ronda de acceso a El Musel generará en la parroquia de Jove. Serán los promotores privados quienes se encarguen de negociar con los vecinos su desalojo. El terreno que ahora ocupa El Muselín se entregará al Ayuntamiento para que lo convierta en un parque como el de Los Pericones.

El Ayuntamiento alega problemas geológicos para justificar la operación. Los vecinos, sin embargo, aseguran que «aquí no hay ni una casa rajada ni mal asentada». Es más, «si hay problemas es por las canteras, y deberían empezar entonces por prohibir su explotación», rebaten. «Y, entonces, que quiten también las bombonas de La Campa y la torreta de alta tensión», instan.

Un problema visto desde dentro

Geólogos de la Universidad asocian la inestabilidad del barrio a la explotación del terreno para construir y ampliar el puerto

LA NUEVA ESPAÑA 23-7-2010 – Miriam SUÁREZ
«La ladera presenta una acusada pendiente, en equilibrio inestable, consecuencia de haberse explotado el material cuarcítico que la conforma -a modo de cantera- para la construcción y sucesivas ampliaciones del puerto de El Musel». Los doctores en Geología Manuel Gutiérrez Claverol, Miguel Torres Alonso y Carlos Luque Cabal así lo recogen en su libro «El subsuelo de Gijón», donde el barrio de El Muselín acapara buena parte del capítulo dedicado a los desprendimientos. El contenido de la publicación, editada en 2002, cobra actualidad ahora que el Ayuntamiento alega problemas geológicos para justificar la transformación de esta zona residencial en una zona verde.

El barrio se encuentra situado en una ladera de la Campa Torres «inestable y, por tanto, peligrosa», mantiene Gutiérrez Claverol. Aunque «no sabría decir, con la información que tengo, si la solución es el desalojo», puntualiza este experto de la Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento asegura que hay enformes específicos que avalan su decisión de convertir El Muselín en un gran parque. La decisión, incorporada al nuevo Plan General de Ordenación (PGO), implica la desaparición de un centenar de casas y el desalojo de más de 200 vecinos.

Esta tarde, a las ocho, decidirán qué hacer en una asamblea convocada en la cancha de fútbol. El Ayuntamiento les asegura que se trata de un proyecto a largo plazo, en el que no tienen cabida las expropiaciones. Pero los vecinos no quieren irse y dudan de los argumentos municipales. Por lo pronto, exigen ver «esos estudios geológicos que aconsejan el desalojo».

Según el libro en el que interviene Gutiérrez Claverol, al que ahora se remite para explicar la situación de El Muselín, los argayos en canteras que «no han sido suficientemente estabilizadas a su cierre» o «la utilización de explosivos» explicarían en buena medida la delicada radiografía que presenta el terreno. Y se recomienda: «Proteger las cabeceras de los taludes; facilitar el drenaje y desviar la circulación del agua procedente de la Campa Torres; sanear los argayos, llegando incluso a gunitar (sistema a presión) la ladera con cemento; o recurrir al anclaje del talud».

Los vecinos se preguntan por qué el Ayuntamiento no adopta medidas técnicas. El concejal de Urbanismo les explicaba esta misma semana que las posibles soluciones son de una magnitud económica difícil de asumir por la Administración. También cuestionan el hecho de que «no se puedan mantener las casas, pero sí las bombonas de La Campa o la torreta de alta tensión, que pesa toneladas».

El Ayuntamiento tiene paralizadas las licencias de construcción en El Muselín desde 1987. A lo largo de estos 23 años, los sucesivos equipos de gobierno han tratado de buscar una alternativa al barrio, que se ha llevado más de un susto por su débil composición geológica. El libro «El subsuelo de Gijón» repasa algunos de los incidentes más sonados, empezando por «el 4 de junio de 1978, cuando una voladora provocó una ingente caida de rocas, que cegó la entrada del túnel que une el puerto con Aboño».

También recuerda «otro desprendimiento de rocas proveniente del monte de El Muselín que, en febrero de 1986, generó una gran brecha en un depósito de Campsa». Sigue con lo ocurrido «el 29 de noviembre de 1997, cuando unas mil toneladas de rocas procedentes del parque arqueológico cayeron a la altura del dique exterior del puerto». Y termina en marzo de 2001, cuando «el derrumbe de unas 300 toneladas arrasaron una vivienda unifamiliar» de El Muselín. Para los vecinos «se trata, simplemente, de accidentes». De hecho, «en este barrio no hay ninguna casa con grietas ni mal asentada», afirman. Esta tarde tomarán una decisión sobre su futuro urbanístico, que afrontan con malestar e incertidumbre.

Los vecinos se asocian para evitar el desalojo que plantea el Plan de Ordenación

Los afectados han solicitado el informe geológico en el que se apoya el Ayuntamiento y estudian medidas legales

LA NUEVA ESPAÑA -24-7-2010 – Ángel CABRANES
Los vecinos de El Muselín viven en la incertidumbre. Ante la posible desaparación del barrio contemplada en el nuevo Plan General de Ordenación (PGO) han decidido aunar fuerzas y crear una asociación que luche por esclarecer los verdaderos motivos de su futuro desalojo. «No nos acabamos de creer que la única razón para nuestra marcha radique en los desprendimientos de tierra», explicaron ayer los residentes en una reunión celebrada en la cancha deportiva de la zona que congregó a un centenar de personas. Por este motivo ya han solicitado el informe geológico en el que se apoya el Ayuntamiento, se pondrán en contacto con otras asociaciones damnificadas por anteriores planes desarrollados por el consistorio y plantean emprender medidas legales.

«Nunca nos hemos quejado por los restos de carbón procedentes de la térmica de Aboño que se acumulaban en nuestras ventanas, ni por la construcción de una regasificadora que, por ley, debería estar a dos kilómetros de nuestro núcleo urbano ¿Y ahora nos quieren echar?, deben vernos la cara de tontos», exclamaban los damnificados por el PGO. El malestar por las nuevas medidas adoptadas por el Ayuntamiento y la escasa información que aseguran les ha proporcionado el concejal de urbanismo fueron los principales temas de conversación. «Aquí hay gente hipotecada que si quisiera vender su casa ahora no le pagarían ni un duro. Si quieren que cambiemos nuestras viviendas por otras que se construirán en Jove, ¿por qué no especifican cuál será la compensación?, ¿o es que encima tendremos que poner dinero?», clamaban.

Para dar respuestas a estas inquietudes, diez voluntarios se prestaron a integrar la primera asocación vecinal de El Muselín. Ellos serán quienes liderarán la solicitud de estudios geológicos complementarios «más exactos, porque los elaborados hasta el momento son sólo superficiales», y se pondrán en contacto con asociaciones vecinales como Cabueñes y Vega, que ya tienen experiencia en este tipo de litigios. Carmen Suárez, presidenta del Colectivo de Vega en defensa del medio rural, se desplazó ayer al barrio portuario para prestar su ayuda y asesoramiento a los afectados; también la Plataforma de Cabueñes. En los próximos días realizarán el protocolo administrativo para constituir la asociación vecinal, y planean contar con los servicios de un abogado porque «esta situación nos pilla de nuevos». El nuevo Plan General de Ordenación tiene prevista su aprobación en el pleno municipal que se celebrará el próximo 30 de julio. Para este día los vecinos de El Muselín llevarán su malestar al Ayuntamiento con una manifestación en la plaza Mayor.

El Muselín recupera su asociación de vecinos para luchar contra la desaparición

EL COMERCIO -24-7-2010
En marzo de 2008, la asociación de vecinos de El Muselín se disolvió. Su entonces presidenta dimitía y no había voluntarios para coger el testigo. Ha hecho falta que el Ayuntamiento anunciara que el barrio desaparecerá en el futuro para que los vecinos se reorganicen. En un encuentro celebrado ayer pusieron las bases de lo que será la nueva asociación de vecinos, cuyo presidente será Ángel Piñera y el vicepresidente, David Castro. Por el momento están recabando los datos de los vecinos interesados en participar y, a partir de ahí, comenzará su oposición organizada a los planes municipales, que prevén convertir El Muselín en un gran parque público.
«No nos creemos la versión del Ayuntamiento», insistían ayer. Por eso, lo primero que piensan hacer es recabar toda la información posible sobre el Plan General y sobre los estudios geológicos en los que, según Pedro Sanjurjo, se basa la decisión de no perpetuar el uso residencial del área. Además, desde El Muselín han establecido contacto con otras entidades vecinales, para recibir asesoramiento. «Vamos a hacer lo que sea para que se reconozcan nuestros derechos, como pueblo y como propietarios. Vamos a vendernos muy caros», aseguran. Además, su trabajo no sólo se centrará en eso, sino que su mirada también está puesta en cuestiones como «la regasificadora, los depósitos y la contaminación».

Falta que la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la zona urbana explique en nombre de quién habla cuando manifiesta su satisfacción: ¿del partido en el que milita? ¿de sí misma porque sabe que no conviene morder la mano que te da de comer? ¿de sí misma porque le gustan los viajes pagados -incluido buen hotel, cata de vinos y buen papeo- y eso se consigue con la excusa de elegir los sanitarios para las viviendas gestionadas por la FAV? ¿de sí misma porque le gusta gestionar el % del precio de esas viviendas que se queda la FAV? ¿o será que es adivina-incluso divina-y sabe lo que satisface a los vecinos sin consultarles?

La federación vecinal, «satisfecha» con el futuro urbanístico de la ciudad

Sanjurjo se reúne hoy con representantes de Jove, Pescadores y la Campa para hablar de los planes para El Muselín

EL COMERCIO 20.07.10 – O. Esteban
Los vecinos de la zona urbana están satisfechos con el futuro que diseña el Plan General de Ordenación para el Gijón de los próximos diez años. Esa es su primera conclusión tras conocer ayer, de mano de Pedro Sanjurjo, las líneas generales del nuevo plan. El edil Pedro Sanjurjo mantuvo una reunión con varios miembros de la directiva de la Federación de Asociaciones de Vecinos, la FAV, y ambas partes parecen de acuerdo en las cuestiones más importantes. Lo explicó Gabriel Murillo, vocal de Urbanismo de la federación, al concluir que los contenidos del plan «satisfacen tres de nuestras peticiones más importantes».
A saber. En primer lugar, que en los nuevos planes hubiera una reserva para la vivienda protegida, algo que sucederá en los últimos proyectos anunciados: el de la Ronda Oeste (Jove, con 575 viviendas y una reserva del 30% para pisos con protección) y también el de Príncipe de Asturias (767 viviendas y otro 30% reservado). Será la ejecutiva de la FAV y, más tarde, la asamblea al completo, la que matice si esa reserva le parece o no suficiente. Pero, en principio, la directiva lo considera positivo. El segundo «pilar» que la federación quería que se respetara era la «reserva de suficiente suelo industrial para mantener Gijón como motor industrial de Asturias» porque «en la situación en la que estamos, la ciudad no se puede descolgar». Según Murillo, esa petición también ha sido atendida, con los anuncios de ampliación de varios polígonos y, sobre todo, con la puesta en marcha de uno nuevo en Somonte Alto, de más de medio millón de metros cuadrados. La tercera exigencia vecinal estaba relacionada con el «equilibrio con el medio ambiente» y también la ven atendida.
Por su parte, Pedro Sanjurjo calificó la reunión como «muy positiva», dada la «coincidencia de opiniones en muchos de los planteamientos que nos había trasladado la FAV» durante la información pública del documento de prioridades. «Demandaba una política urbanística que atendiera a la vocación industrial y productiva de Gijón y que reservara suficiente suelo para viviendas, especialmente para la protegida. Y ha quedado clara cuál es nuestra propuesta en ese sentido».
Sintonía
También hubo oportunidad durante el encuentro de ayer de abordar la situación de El Muselín, cuestión que hoy será tratada por Sanjurjo en una nueva reunión, esta vez con representantes vecinales de Jove, Pescadores y la Campa. A la espera de esa cita, Gabriel Murillo adelantó ayer que la FAV coincide con el Ayuntamiento en la búsqueda de la «seguridad y calidad de vida para los vecinos», pues consideran que las características del barrio suponen «un peligro».
Así las cosas, y pidiendo que se alcancen acuerdos con los afectados y «no se expolie a nadie», la FAV apoya en principio el plan municipal de ir desmantelando el barrio en los próximos años para convertir la zona en un gran parque público porque «la actual no es una situación óptima urbanísticamente hablando».

La crisis atenúa los efectos de la paralización del Plan de Ordenación

Constructores y Ayuntamiento achacan el descenso de licencias a la situación económica un año después de suspenderse el PGO

EL COMERCIO 20-7-2010
Nadie en el equipo de gobierno ocultó que fue uno de los mayores varapalos que podían haber recibido. En julio de 2009, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias anuló el Plan General de Ordenación Urbana de Gijón. Se abría una agria polémica sobre las responsabilidades de los defectos de forma que el tribunal había detectado y, también, un tiempo de inseguridad y dudas. Pero, sin que nunca sea, evidentemente, un buen momento para que algo así ocurra, sin duda este no ha sido el peor. La situación económica ha maquillado en gran medida la posible paralización del sector de la construcción que aquella sentencia podría haber provocado.
El equipo de gobierno insistió desde el principio en que la ciudad no se paralizaría y que los proyectos en marcha continuarían sin problemas. Por su parte, los constructores pedían un nuevo Plan General para dar seguridad al sector. Su petición está en marcha y ahora, doce meses después de que Gijón se quedara sin documento urbanístico, nadie cree que se haya notado. Lo dicen los arquitectos, los constructores, el Ayuntamiento e incluso los vecinos que provocaron aquel fallo judicial.
Sonia Puente, vocal de Urbanismo del Colegio de Arquitectos de Asturias, lo tiene claro. El sector no ha notado un descenso en los visados tramitados. Al menos no que se puede achacar «de forma objetiva» a la anulación del plan. Hay crisis económica, recuerda Puente. Quizás en otro momento las cosas hubieran sido distintas. Lo dicen también desde CAC-Asprocon, la gran entidad que agrupa a los constructores y promotores de toda Asturias, donde aseguran no tener constancia de que ningún empresario se haya visto perjudicado o haya tenido que aplazar un proyecto por este motivo.
Y el concejal de Urbanismo, Pedro Sanjurjo, afirma que la sentencia no ha tenido ninguna repercusión práctica en el desarrollo de la actividad constructiva en la ciudad. Si finalmente los datos oficiales indican que hay descenso de licencias todo el mundo lo achacará a la coyuntura actual. Coincide en ello Antonio García, presidente de la asociación de vecinos de Deva pero, ante todo, abogado que consiguió aquella primera sentencia anulatoria. Reconoce García que «lo más duro en este año ha sido la situación económica». La sentencia coincidió con la crisis y es evidente que el sector no vive su mejor momento, pero nadie lo achaca al parón del Plan General.
Retrasos en Cabueñes
En realidad sí ha habido un paréntesis en una de las grandes actuaciones previstas en el anterior plan y también en el nuevo. Pero lo lógico es pensar que, aun sin sentencia de por medio, las grúas no se hubieran puesto en marcha. Se trata del plan de Cabueñes, uno de los más polémicos del PGO y sobre el que la propia alcaldesa reconoció hace unos meses que no se tramitaría ni un paso más hasta la aprobación definitiva del nuevo plan, algo previsto para antes de las próximas elecciones municipales. De hecho, ni siquiera se han contestado a las 2.865 alegaciones que se presentaron, hace ya más de dos años. Cabueñes se retomará ahora, con la nueva tramitación en marcha y, según lo avanzado por Sanjurjo, sin novedades importantes, es decir, básicamente ocupará la misma extensión, con la misma edificabilidad, por lo que las previsiones siguen siendo de unas 580 viviendas.
Más allá de estas cuestiones, quienes trabajaron para llegar a este punto, al de la redacción de un nuevo plan, no pueden mostrarse satisfechos. Antonio García no oculta su «frustración» porque la anulación del plan anterior debería haber provocado «la redacción de un plan ajustado a la realidad, y no veo que eso lo estén haciendo». Esperaban muchos cambios, a pesar de que ya había advertido el equipo de gobierno que se repetiría la tramitación, pero que el contenido se mantendría prácticamente igual. «El Ayuntamiento ha planteado la revisión como una especie de saneamiento del plan anterior, y está dejando de lado la cuestión fundamental, ajustar el plan a la realidad. Están desaprovechando una oportunidad». El colectivo vecinal de la zona rural apostaba por «un plan que estratégicamente mejorara la ciudad, que recogiera el nuevo modelo económico».
Al margen de esto, el abogado mantiene una inquietud, dice, similar a la que había cuando se comenzó la tramitación del plan luego anulado. En aquel momento Gijón debía aplicar por primera vez la Ley del Suelo del Principado, con las dudas que eso conllevaba. Y, ahora, sucederá lo mismo, pero con la nueva Ley del Suelo estatal, cuyo texto refundido fue aprobado en 2008. Es la normativa, por ejemplo, que obliga a hacer una evaluación ambiental, pero no sólo eso, sino todo un «complejo» entramado de normativa y terminología. Por eso, García considera «peligroso» que se tramite el plan «con prisas. No es mejor cuanto antes lo hagamos, sino cuanto mejor lo hagamos», concluye.
Mientras, los vecinos ni siquiera se pronuncian sobre los contenidos, a la espera de que pasen por el Pleno. «Adelantar ya el resultado es obviar el trámite de información pública. Forzar la maquinaria no es positivo para la seguridad jurídica».

El PGO permitirá construir en suelo de interés si la casa está unida a la actividad ganadera

La continuidad de la vivienda estará siempre ligada al mantenimiento de la explotación. Si cesa, sería demolida

EL COMERCIO 23-7-2010
A falta de una semana para que el Plan General de Ordenación pase por el Pleno municipal aún se van dando a conocer algunas de las novedades que contiene el documento. Entre ellas, una nueva posibilidad de construcción en la zona rural. El nuevo PGO permitirá construir una vivienda en suelo no urbanizable de interés, fuera por lo tanto de núcleo rural, siempre que esa vivienda esté relacionada con una explotación agrícola o ganadera. Si la intención es desarrollar la actividad agrícola, se exigirá un mínimo de 15.000 metros cuadrados. Si está destinada al ganado, la parcela deberá ser de 25.000 metros cuadrados. El objetivo es «dar flexibilidad y que quien quiera vivir del campo pueda hacerlo», explicó el concejal de Urbanismo, Pedro Sanjurjo. Pero hay un matiz importante: para que la casa construida se mantenga deberá hacerlo también la actividad ligada a ella. Si la explotación ganadera o agrícola desaparece «también desaparece la vivienda». Es decir, que sería derribada.
Sanjurjo explicó estas cuestiones después de haber intervenido ante el Consejo Social de la ciudad y haber ofrecido a sus miembros una explicación de una hora sobre los contenidos del nuevo plan. Hoy presidirá la cuarta y última comisión monográfica de Urbanismo sobre este tema, en la que aún habrá tiempo, dijo, de desvelar más novedades relacionadas con el suelo urbano y el urbanizable. Y a partir de ahí arrancará la segunda gran fase de tramitación del plan. Tras el Pleno del día 30 se enviará el acuerdo para su publicación en el BOPA, momento que marcará el inicio de los dos meses de periodo de información pública. Un tiempo en el que Urbanismo habilitará una oficina en el Museo del Ferrocarril, un espacio de 200 metros cuadrados en el que se ofrecerá una exposición de planos y donde técnicos municipales atenderán las dudas y preguntas de los ciudadanos.
Además, durante el periodo de información pública el Ayuntamiento colgará en su página web todo el contenido del plan, que desde ayer tienen también los grupos municipales para su estudio. Pero es que, después de esos dos meses, aún llegará la valoración de las alegaciones, su inclusión o no en el documento, la remisión del texto a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) y a la Comisión para Asuntos Medioambientales de Asturias (CAMA), cuyos informes son preceptivos y vinculantes. Eso es lo que queda a partir de ahora. De lo ya hecho, Sanjurjo destacó «el intenso trabajo realizado por los técnicos de la casa», un trabajo en el que «hemos aprovechado el tropiezo de la sentencia anulatoria para convertirlo en una oportunidad». Porque «no sólo hemos vuelto a tramitar el plan, sino que hemos hecho una auténtica revisión, con muchas incorporaciones».
«Apoyo unánime»
Así lo manifestó Sanjurjo en rueda de prensa y así se lo había manifestado al Consejo Social, que contó con la asistencia de colectivos como las federaciones vecinales urbana y rural, la Cooperativa de Agricultores, ASATA, el Principado, CAC-Asprocon, Autoridad Portuaria, sector del metal y los sindicatos. Según el edil de Urbanismo, quienes tomaron la palabra (UGT, CC OO, Principado, FAV y Asprocon) mostraron un «apoyo unánime a los criterios del Plan General» porque «mostraron de forma muy directa que se han recogido sus sugerencias y orientaciones».
Los acuerdos llegaron básicamente en tres cuestiones. La primera, en que Gijón contará «con suelo industrial suficiente para seguir creciendo», con una «apuesta clara para que siga siendo la locomotora industrial de Asturias». En segundo lugar, porque habrá espacio para viviendas suficiente para atender las necesidades del futuro. Y en tercer lugar porque «el hecho de que el 73% del territorio se mantenga como suelo no urbanizable es la principal garantía de preservación del medio ambiente».
Sanjurjo añadió que el trabajo realizado ha conllevado también «la revisión íntegra de toda la normativa regional y estatal y todos los cambios introducidos en este sentido».

El PGO permitirá viviendas en zona rural fuera de núcleos, asociadas a ganadería

El Ayuntamiento dejará que se edifique en suelo no urbanizable de interés, en fincas de 15.000 y 25.000 metros cuadrados

LA NUEVA ESPAÑA- 23-7-2010 – J. M. CEINOS
En un giro de 180 grados sobre lo previsto en el anterior Plan General de Ordenación (PGO), el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Gijón permitirá ahora la construcción de viviendas en la zona rural fuera de los núcleos de población. Así lo aseguró ayer el concejal de Urbanismo, el socialista Pedro Sanjurjo González, en una conferencia de prensa celebrada al término de una reunión del Consejo Social de Gijón, en el que, bajo la presidencia de la alcaldesa, Paz Fernández Felgueroso, se explicaron las líneas fundamentales del nuevo PGO, que está en el ecuador de su tramitación. El nuevo planeamiento es consecuencia de la anulación judicial, hace un año, del anterior.

Respecto a las viviendas en la zona rural, explicó Pedro Sanjurjo que se permitirá la construcción de viviendas en suelo no urbanizable de interés, siempre y cuando estén ligadas directamente a nuevas explotaciones agrícolas o ganaderas. En el caso de las explotaciones agrícolas, para levantar una vivienda se requerirán 15.000 metros cuadrados de suelo como mínimo, mientras que para las ganaderas la condición es que el terreno tenga 25.000 metros cuadrados de superficie.

Con esta decisión, afirmó el edil de Urbanismo, el nuevo PGO «va a estimular el uso del suelo de interés vinculado a nuevas explotaciones agrícolas y ganaderas». No obstante, las viviendas asociadas a las empresas agrarias podrán «ser derribadas», aseguró Pedro Sanjurjo, en el momento en el que cese la actividad. Con esta medida se evitará la picaresca de quien forme una empresa agraria sólo como pantalla para poder construir una vivienda en la zona rural fuera de los núcleos de población. Una de las mayores críticas al anterior planeamiento procedía, precisamente, de las parroquias rurales del concejo, cuyos vecinos acusaron al Gobierno municipal de impedir el desarrollo del sector primario en el concejo.

Pedro Sanjurjo destaca el «apoyo unánime» a los criterios del planeamiento

LA NUEVA ESPAÑA-23-7-2010
J. M. C.
«Apoyo unánime a los criterios del Plan General de Ordenación». Con esta frase resumió el concejal de Urbanismo las conclusiones de la reunión de ayer del Consejo Social de Gijón, en el que toman asiento representantes políticos, sindicales, empresariales y ciudadanos de la villa. Explicó Pedro Sanjurjo que todos las intervenciones fueron positivas hacia el nuevo PGO, fundamentalmente debido a que «las sugerencias que se hicieron en el documento de prioridades están contenidas en el documento de revisión».

«Convertimos un sobresalto en una oportunidad», recalcó el edil de Urbanismo, para apostillar que en la revisión del planeamiento de 2009 (anulado por varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias), se recoge un crecimiento sostenible de la trama urbana y se crea suelo industrial suficiente para que «Gijón siga siendo la locomotora industrial y empresarial de Asturias». Recordó Sanjurjo que en el nuevo PGO se contempla suelo para la construcción de 21.500 viviendas, «suficientes para la demanda en diez años (13.000 en la trama urbana)», y el 30 por ciento de ellas «serán de protección».

Urbanismo planea eliminar viviendas y bares para crear un parque en la Ería del Piles

Los afectados podrán pasar a una nueva área residencial, con noventa pisos, que linda con la carretera de La Providencia

LA NUEVA ESPAÑA-24-7-2010- J. M. CEINOS
El equipo de Urbanismo del Ayuntamiento de Gijón presentó ayer otros tres cambios recogidos en el documento de revisión del Plan General de Ordenación (PGO), que afectan, respectivamente, a la zona de la Ería del Piles (78.403 metros cuadrados de superficie incluidos en el PERI-11), a la llamada «milla del conocimiento» (zona del campus) y a las conexiones con la Autovía Minera.

Pedro Sanjurjo González, edil de Urbanismo, explicó, en conferencia de prensa, con respecto al PERI-11, que la nueva filosofía urbanística se plasmará en la construcción de un parque de 20.000 metros cuadrados de superficie entre el Mayán de Tierra y el Sanatorio Marítimo, para lo cual tendrán que ser derribados todos los edificios ahora existentes en dicho lugar, entre ellos un bloque de apartamentos.

Asimismo, se cortará al tráfico de vehículos la actual avenida de José García Bernardo a la altura del restaurante Bella Vista hasta El Rinconín, con el objeto de crear lo que el concejal denominó «una playa verde» peatonal. Por ello, el acceso rodado al Sanatorio Marítimo se hará por detrás de sus instalaciones, con la construcción de una rotonda.

Otra zona del PERI-11, en la que actualmente se levantan varios establecimientos hoteleros, entre ellos el Faro del Piles, Bella Vista y El Pery, como las ruinas del Rocamar, se destinará a equipamientos públicos (7.250 metros cuadrados). Tanto los establecimientos hosteleros como las viviendas se reubicarán mediante juntas de compensación en la zona residencial.

Por lo que respecta a dicha zona residencial, en el nuevo PGO se establece concretamente un espacio de 25.000 metros cuadrados lindando con la carretera de La Providencia. En ella se mantendrá la edificabilidad prevista anteriormente (0,3 metros cuadrados por cada metro cuadrado). Un 60 por ciento será para uso terciario (el Ayuntamiento de Gijón prevé que ahí se reubiquen los establecimientos que tengan que abandonar la primera línea de costa) y un 40 por ciento, para uso residencial.

Según señaló Pedro Sanjurjo, se podrán construir unas 90 viviendas en media docena de bloques de tres pisos de altura, más bajo cubierta. Fuera de esta actuación quedan los terrenos de la unidad de actuación 100 (API-100). En julio de 1935, el Ayuntamiento presentó el proyecto de urbanización de la Ería del Piles. Nunca se llevó a cabo.

y un parque en la vieja Pecuaria

LA NUEVA ESPAÑA-24-7-2010 – J. M. C.
Los técnicos municipales de Urbanismo también han enmendado del anterior Plan General de Ordenación las comunicaciones por carretera en la zona sur del concejo. De esta forma, la Autovía Minera será el eje básico para el polígono residencial de Roces (que tendrá una población estimada de unos 12.000 vecinos) y también para el futuro parque tecnológico que se prevé levantar en los terrenos de Mina La Camocha.

Explicó el edil de Urbanismo, Pedro Sanjurjo, que se han previsto dos nuevos accesos a la Autovía Minera: uno, a la altura del actual de la carretera de Granda a Mareo, pero ampliado. Desde allí se ensancharán los viales que conducen hasta Mina La Camocha, para que la carretera sea un acceso directo a la Minera tanto para el parque tecnológico como para los vecinos de Vega-La Camocha.

A un kilómetro al Norte, aproximadamente, a la altura de las instalaciones del macelo, se prevé el otro enlace, que será una rotonda elevada sobre la Autovía Minera. Este enlace dará servicio a los residentes del polígono residencial de Roces, que también contarán, siempre según las previsiones municipales, con una conexión directa por carretera, por medio de un túnel por debajo de la Ronda Sur, con la zona de Contrueces.

El túnel, en palabras de Pedro Sanjurjo, costará nueve millones de euros, mientras que los dos enlaces con la Autovía Minera están presupuestados, en principio, en 20 millones de euros. El concejal de Urbanismo señaló que las obras deberán afrontarse por parte de las administraciones, en plural, no sólo a cargo del Ayuntamiento.

En lo concerniente a la «milla del conocimiento», los planes municipales consisten en la ordenación de toda la zona del campus, de la Laboral, del Intra y de la Pecuaria, mediante planes especiales o actuaciones específicas.

Una novedad es que en los terrenos de la antigua Estación Pecuaria, en la parroquia de Somió, se construirá un parque en la parte más significativa de la parcela en cuanto a su interés botánico. En otra parte se habilitarán terrenos (2.500 metros cuadrados de superficie) para «usos dotacionales», entre ellos la nueva sede de la Asociación de Vecinos «San Julián» de Somió. El resto de los terrenos de la antigua Estación Pecuaria se destinará a 70 parcelas para la construcción de otras tantas viviendas unifamiliares.

El PGO prevé en El Rinconín el traslado de todos los negocios del borde costero

Convierte los márgenes de José García Bernardo en una playa verde y lleva al interior el ámbito urbanizable

EL COMERCIO 24-7-2010 – O. ESTEBAN
Había anunciado Pedro Sanjurjo que aún tenía novedades que anunciar sobre el nuevo Plan General de Ordenación, y lo prometido es deuda. El concejal de Urbanismo reservó para la última comisión una de las grandes sorpresas: el Plan Especial de Reforma Interior de El Rinconín, el PERI 11, viejo ya en los documentos urbanísticos municipales, pero que ahora llega con aires nuevos. Con una «mejora sustancial», dice Sanjurjo. Mejora que pasaría por el traslado de todas las edificaciones del borde costero, es decir, todos los restaurantes, terrazas, empresas y viviendas que se sitúan junto a la avenida de José García Bernardo. Porque los redactores del PGO han decidido que toda esa franja costera se convierta en suelo público, en concreto en «una playa verde». Para ello, la actual acera sufriría un ‘retranqueo’ de unos 15 metros.
Para empezar, el PERI 11 afecta a algo menos de 80.000 metros cuadrados, comprendidos entre la carretera de La Providencia y la avenida de José García Bernardo, y desde un poco antes del Bellavista hasta el Sanatorio Marítimo, aproximadamente. Es un área de «gran valor paisajístico y elevadas potencialidades», justifica Urbanismo. Por ello, aunque se mantienen como se había dicho hasta ahora la preferencia por los usos terciarios y la misma edificabilidad prevista (0,3 metros cuadrados por metro cuadrado), el diseño ha cambiado. De esos 80.000 metros cuadrados aproximadamente, se reservan 20.000 para la zona verde antes comentada. Unos 12.000 se destinarán a dotaciones públicas y 3.000 más servirán para habilitar un aparcamiento en superficie. Para edificar habrá una franja de unos 25.000 metros cuadrados, de la que el 60% se destinará a usos terciarios y el 40% restante, a uso residencial. En el primero se tendrán que reubicar todos los negocios obligados a abandonar la franja costera y Sanjurjo asegura que habrá espacio para empresas nuevas. En el segundo se construirán unos seis bloques de una altura máxima de tres pisos más bajo en el que, entre otros, habrá que reubicar a los vecinos afectados por este plan. En total, el PGO prevé la construcción de unas 90 viviendas en un lugar absolutamente privilegiado de la ciudad, aunque deberá ser un plan especial el que, más adelante, detalle las características de la nueva zona.
Tráfico rodado
Por lo pronto, lo que hará el PGO será señalar las bases, entre las que están también la supresión del tráfico rodado en toda esa franja, llevando a los vehículos al interior del ámbito y hacia la carretera de La Providencia. Para el Sanatorio Marítimo se habilitaría un acceso específico desde la carretera, en la zona donde han realizado su ampliación. Y para dar servicio a las viviendas de El Rinconín se desdoblaría el actual vial de salida en el borde del parque del Rinconín. Por último, para las nuevas edificaciones, el plan prevé un vial de acceso paralelo a la carretera de La Providencia. Con todo, el actual vial rodado se transformaría en una vía peatonal y ciclista a partir del restaurante Bellavista, con ampliación del paseo marítimo existente.
El Ayuntamiento sienta las bases, pero serán los promotores privados quienes deban desarrollar el PERI 11, al igual que sucede en la más que conocida UE-100, unidad de ejecución que afecta a la Ería del Piles, que fue desgajada del plan especial de reforma interior y que lleva años en trámites, debido a la oposición de los vecinos afectados a vender sus casas. Vistos estos antecedentes, en un área de 32.000 metros cuadrados, el desarrollo de los casi 80.000 de todo el ámbito no parece que vaya a ser fácil ni rápido, no sólo porque habrá media docena de viviendas afectadas, sino también numerosos negocios de hostelería. De hecho, el plan general no marca plazos, simplemente indica el diseño.
Defiende Sanjurjo que se trata de una «apuesta muy potente» que «transforma uno de los espacios más singulares de Gijón». Y puso el concejal de Urbanismo esta actuación como ejemplo de que la tramitación, de nuevo, del Plan General, ha sido una «auténtica revisión» que parte de la «prospección y conocimiento de la ciudad» y que plantea «soluciones creativas, imaginativas y posibles».

Sigue viéndose como “pasan a limpio” el plan anulado por el TSJA, más de lo mismo … y más para con ello.  Seguimos en lo mismo: ¿A qué se debe la desmesura del PGO? ¿porqué el planeamiento no se ajusta a la realidad actual y al futuro previsible?. Ya apuntamos un motivo, la n por la ñ, realmente se trata de un plan de ordeñación. A la vista del despiste que Sanjurjo se trae con los números, nos asalta una duda: ¿Se le habrá escurrido un cero y resulta que está hablando del desarrollo de Gijón en los próximos 100 años?

Como viene siendo habitual, Sanjurjo también dejó ver  la intensidad de la recurrente epidemia de alucinaciones con el I+D+I que padecen los gobernantes.

El barrio del Muselín desaparece con el PGO y se convierte en un gran parque

Una segunda operación de cirugía urbanística hará de la avenida del Príncipe de Asturias «una nueva Diagonal», con 767 pisos en sus bordes

LA NUEVA ESPAÑA 17-7-2010 Miriam SUÁREZ
El barrio del Muselín desaparecerá para convertirse en una zona de protección ambiental. Una transformación «gradual y negociada» que el equipo de gobierno incorpora al Plan General de Ordenación (PGO) como parte de una nueva operación de cirugía urbanística que se vincula a la futura Ronda Oeste. Siguiendo el trazado de dicha infraestructura, que atravesará Jove hasta la rotonda de El Arbeyal, se desarrollarán dotaciones públicas y cerca de 600 viviendas, un 30 por ciento de ellas, protegidas.

Sus promotores tendrán que asumir la carga urbanística de adquirir los sistemas generales del Muselín para cedérselos al Ayuntamiento, que destinará esta ladera de la Campa Torres a la creación de un gran espacio natural. Si no se mantiene la actividad residencial en el barrio, es, según explicó ayer el concejal de Urbanismo, «por los problemas geológicos y riesgos de desprendimientos que venimos detectando».

Actualmente, forman el Muselín un centenar de casas y unos 200 vecinos. El socialista Pedro Sanjurjo instaba ayer a que «estén tranquilos, porque esto llevará años y negociarán con ellos los realojamientos». Sobre el papel, la operación empezará a tener soporte administrativo a partir del próximo día 30, cuando el documento del PGO se someta a la aprobación inicial del Pleno municipal.

Con este documento, el equipo de gobierno de Paz Fernández Felgueroso revisa su anterior planeamiento urbanístico, sobre el que pesan más de una treintena de sentencias anulatorias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. El Plan General por el que se apuesta ahora permitirá construir 21.500 viviendas: 13.000 en los suelos urbanos ya preexistentes y 7.500 en las nuevas áreas residenciales previstas en Granda, Castiello de Bernueces, Peñafrancia, Infanzón, Jove, Cabueñes y Porceyo.

Estas bolsas de terreno urbanizable reproducen los mismos patrones de crecimiento establecidos en el PGO anterior. Las «novedades sustanciales» se producen con «las potentes operaciones de cirugía urbanística» que Sanjurjo detalló ayer públicamente. El desarrollo que se identifica con la Ronda Sur, por un lado. Y, por otro, el llamado plan especial de la avenida Príncipe de Asturias: «Solicitaremos su reversión a suelo urbano de titularidad municipal en cuanto se ejecuten los accesos a El Musel».

Entonces, el Ayuntamiento tendrá la oportunidad de resolver «los problemas de segregación del territorio» entre la zona Oeste y la Sur, haciendo de Príncipe de Asturias «una gran avenida urbana con aceras» que de continuidad a Gaspar García Laviana. En palabras de Pedro Sanjurjo, «queremos crear una nueva Diagonal (como la de Barcelona)» desde el parque de los Pericones a la rotonda de la playa de El Arbeyal.

En los bordes de este eje están previstas 767 viviendas, de las cuales el 30 por ciento tendrán algún tipo de protección. El proyecto llevará consigo, además, la eliminación de la pasarela que ahora comunica Perchera con el Polígono y la construcción de un nuevo enlace con la avenida de Los Campones (Tremañes), donde habrá que reorganizar la actividad industrial con la reubicación de algunas naves. «Con esta transformación enorme podremos aprovechar algunos espacios ahora infrautilizados», aseguró el edil de Urbanismo.

El plan urbanístico prevé la desaparición de El Muselín

Los suelos urbanizables de Granda, Castiello, Cabueñes, Infanzón y Peñafrancia se mantienen sin cambios
Jove y la avenida del Príncipe de Asturias ofrecerán nuevas bolsas de suelo para más de 1.500 viviendas

EL COMERCIO 17-7-2010
Tenía muchas sorpresas guardadas la Concejalía de Urbanismo sobre el nuevo Plan General de Ordenación. Se fueron desgranando algunas, como el nuevo polígono de Somonte y los usos ganaderos permitidos en los núcleos rurales, pero las más importantes llegaron ayer, tras desvelar el tratamiento que tendrán los suelos urbanos y urbanizables del concejo. En contra de lo que se podía esperar, las modificaciones no tienen nada que ver con las bolsas de suelo que habían concitado más polémica, como las de Cabueñes o Castiello de Bernueces, sino que se plantean en la ciudad. La principal novedad no trata de sumar, sino restar, en concreto, el barrio de El Muselín. Al completo.
El nuevo PGO prevé su desaparición, aunque a largo plazo, sin un calendario establecido, sino a través de «un proceso gradual y negociado». Los motivos aludidos única y exclusivamente son de seguridad. Los problemas del barrio, con repetidos argayos y desprendimientos, son ya conocidos. Pero, además, un estudio más concreto de la zona «desaconseja consolidar el uso residencial». Así lo explicó ayer el edil Pedro Sanjurjo, quien tranquilizó en todo momento a los 200 vecinos actuales, donde hay unas cien viviendas, porque «van a poder seguir viviendo ahí durante muchos años» y «van a ver reconocidos sus derechos de propiedad». La operación de El Muselín es compleja. Primero, por lo que supone de desalojo. Segundo, porque el objetivo es convertir el barrio en un gran parque público que será desarrollado por el Ayuntamiento. Y, en tercer lugar, por la forma en la que se irá gestando la compra del suelo del barrio.
A saber. Los cambios de El Muselín se unen de forma clara a una de las nuevas bolsas de suelo anunciadas ayer, que estará en Jove, en concreto en las inmediaciones de la denominada ronda Oeste, esto es, el nuevo acceso subterráneo a El Musel, previsto para captar todos los tráficos pesados que van al puerto. Esa nueva infraestructura, que dará lugar en superficie a un bulevar que irá desde el Alto del Cerillero hasta la playa del Arbeyal, permitirá también sacar a la luz bolsas de suelo existentes en los bordes del trazado, en las que se podrán construir 575 viviendas (según los cuadros aportados ayer por Urbanismo). El 30%, unas 170, tendrán algún tipo de protección. El área reservará suelo para equipamientos sociales, deportivos, institucionales o educativos que responda a las necesidades de toda la zona Oeste.
Esa nueva urbanización será similar a la ya construida de El Lauredal, con edificios de bajo más tres alturas «compatibles con las viviendas del entorno». La cuestión es que para hacerse con el suelo de El Muselín se utilizará el sistema ya utilizado con el parque de los Pericones. Los constructores que desarrollen viviendas en Jove tendrán que pagar al Ayuntamiento su carga urbanística (el 10% de suelo que deben ceder siempre de forma obligatoria) comprando suelo en El Muselín.
Es decir, serán los promotores privados quienes tengan que llegar a acuerdos con los propietarios del barrio destinado a desaparecer y, quizás, si así lo pactan, realojarles en los nuevos edificios. El suelo que adquieran en El Muselín será cedido, a su vez, al Ayuntamiento. Sólo cuando todo el barrio sea de titularidad municipal comenzará la transformación en zona verde.
Esta gran actuación se une a la otra prevista en Jove, incluida ya también en este nuevo PGO, como una gran bolsa de suelo nuevo urbanizable, que dará como resultado casi 2.000 viviendas, todas ellas de protección, en concreto, de precio concertado.
De autopista a vía urbana
Esta es una de las actuaciones sin duda más destacadas del nuevo PGO que irá al Pleno del día 30. Pero no la única. Hay otra, anunciada también ayer, muy importante, relacionada con todo el trazado de la avenida del Príncipe de Asturias, y también condicionada por la puesta en marcha de los nuevos accesos a El Musel por Jove. Cuando esté en marcha, se solicitará al Ministerio de Fomento la titularidad de la avenida, para transformarla y convertirla en una vía urbana. La intención es que pase de ser una autopista a una calle que permita la unión de Pumarín y La Calzada así como ir, de forma segura, desde Los Pericones hasta el Arbeyal. La operación permitirá solucionar problemas existentes ahora de articulación y unión entre barrios, y conllevará otras dos cuestiones.
En primer lugar, la puesta en marcha de bolsas de suelo en los bordes de la vía, con capacidad para 770 viviendas de las que, al igual que junto a la ronda Sur, el 30% tendrán algún tipo de protección. Pero las viviendas ocuparán un 70% del suelo que se ordenará en ese entorno y el resto se destinará a usos industriales. En cualquier caso, un plan especial deberá desarrollar con más detalle todos los contenidos del territorio.
Esta es la primera cuestión unida a la transformación de la avenida del Príncipe de Asturias. La segunda será la reordenación de los espacios industriales situados en el entorno de esta vía y de la avenida de Los Campones. Será el denominado plan del Gijón Fabril, en la zona de la antigua fábrica de Flex, área en la que las instalaciones industriales «serán realojadas de forma más ordenada, adecuándose a una estructura urbana y moderna». La intención última es «articular la unión entre Sur y Oeste y transformar la entrada por Tremañes». También será un plan especial el que deberá determinar los detalles y la forma de reordenar y realojar a las industrias que quedan en el área.
Urbanismo tiene claro que la imagen actual de la zona «no es la adecuada». Para Sanjurjo, esta será una de las grandes actuaciones del futuro, ligada a otras cuestiones como la prolongación de Dolores Ibárruri hasta la autopista y, posiblemente, la desaparición del puente que une Pumarín y Perchera-La Braña. También unió este proyecto el concejal a la posibilidad que ofrece de ‘retranqueo’ en Juan Carlos I para su futura operación de desdoblamiento. Todo ello supondrá una «completa y profunda operación de cirugía, con importantes novedades respecto al plan anterior».
Albergue Covadonga
Dentro de la zona urbana aún hay que mencionar otras dos bolsas de suelo. Una de ellas ya era conocida, la que resultará del traslado del Albergue Covadonga a El Natahoyo. En el espacio que quede libre se construirán viviendas protegidas. Esa actuación se une a otra de similares características en un solar de titularidad pública situado junto a la pasarela de Moreda, al lado del Palacio de Justicia ahora en obras. Entre ambos lugares se levantarán 292 viviendas.
Poco habló ayer Sanjurjo de los nuevos urbanizables fuera de la trama urbana, entre otras cosas porque no han sufrido ningún cambio respecto a las previsiones, salvo una pequeña modificación en Cabueñes, donde se ha ampliado mínimamente, dijo, la zona de actuación, en atención a una sugerencia de la Consejería de Medio Ambiente. Pero el plan sigue manteniendo 580 viviendas (según los cuadros facilitados ayer). Se mantiene Granda, con 1.000; Castiello, 2.430; Peñafrancia, 68; Infanzón, 370; Jove, 1.890 y Porceyo, 1.229. En total, los nuevos residenciales tendrán capacidad para 7.567 viviendas. Se sumarán las 1.877 de los nuevos desarrollos mencionados, más las 2.477 que aún se pueden construir en solares sin utilizar pendientes de planes urbanísticos anteriores, más otras 7.000 de suelos urbanos incorporados, más las 1.500 del plan de vías. En total, las previsiones hablan ahora de unos 21.500 pisos a desarrollar en los próximos diez años.
Por lo tanto, destacó Sanjurjo, dos tercios de las nuevas viviendas estarán dentro del espacio urbano actual, para «colmatar la ciudad. No se produce una invasión del territorio no urbanizable. El objetivo es conseguir una ciudad sostenible, que evite desplazamientos innecesarios. Construir en todo el territorio haría inviable un sistema de transporte público y obligaría a pagar muchos más impuestos», explicó.

El 30% del solar de Naval Gijón será de uso terciario, para «no convertirlo en un espacio muerto»

LA NUEVA ESPAÑA -17-7-2010
Entre los nuevos desarrollos urbanos del PGO figuran también 243 viviendas en lo que se conoce como Gijón Fabril (donde estaba la antigua Flex); otras 60 en la finca de titularidad municipal que se encuentra junto a la pasarela peatonal que comunica el Polígono con Moreda; y 232 pisos más en el entorno del Albergue Covadonga.

El Ayuntamiento cuenta con que las nuevas actuaciones previstas en suelo urbano pongan en el mercado unas 1.877 viviendas y que los solares vacíos del centro de la ciudad todavía tienen capacidad para 2.477 pisos. «Hay que aprovechar los recursos de suelo existentes», según la filosofía municipal de ciudad compacta, que se expande con criterios de «sostenibilidad económica y medioambiental».

El suelo urbanizable ocupa un 27 por ciento del territorio de Gijón. El concejal Pedro Sanjurjo asegura que los nuevos crecimientos que se perfilan con el PGO suponen el 5 por ciento de esa superficie: el 3 por ciento de uso industrial y el resto residencial. La futura Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (ZALIA) acapara buena parte del terreno recalificado como urbanizable con una reserva de cuatro millones de metros cuadrados.

Pero al amparo del nuevo PGO se llevarán a cabo otras actuaciones de carácter industrial. Por un lado, se ampliará el polígono de Roces hacia la Carretera Carbonera. Por otro, surgirá Somonte Alto, con espacio para «la ciudad del motor» a la que la iniciativa privada lleva dándole vueltas desde hace años. En cuanto a los terrenos de Naval Gijón y Mina La Camocha, «se adecuarán a las nuevas necesidades de parques empresariales e industrias limpias compatibles con los usos residenciales cercanos».

El máximo responsable del Urbanismo gijonés precisó que el 70 por ciento del solar de Naval Gijón tendrá aprovechamiento industrial y el 30 por ciento restante se destinará a usos terciarios, para que «la zona no se convierta en un espacio muerto». La tipología «será similar a la de los edificios barco de Poniente», apuntó Sanjurjo, «y trazaremos una calle interior desde el Acuario a la Travesía del Mar sin que se convierta en una gran avenida de tráfico rodado». El borde marítimo se reserva como zona de paseo.

En las antiguas instalaciones de Mina La Camocha también se levantará «un parque industrial de perfil moderno, con empresas dedicadas a la investigación, el desarrollo y las nuevas tecnologías». La idea es reconvertir los esqueletos del pozo minero y de Naval Gijón en «base de una nueva economía productiva y generación de empleo», aboga Sanjurjo, que también llevará al Pleno de julio la aprobación definitiva del nuevo catálogo urbanístico de la ciudad.

El documento, cuya tramitación dura ya dos años, incorpora 26 de las 49 alegaciones presentadas en la última fase de información pública. Lo que implica proteger el refugio de Cimadevilla -a petición de IU- o conceder la protección integral que el PP solicitaba para el muro que rodea el convento de las Clarisas.

El parque científico de Naval Gijón mantendrá la edificabilidad de Poniente

EL COMERCIO 17-7-2010  El 30% del suelo se reservará para hostelería y comercio, tendrá una nueva calle y un paseo público junto al mar
«Tenemos un plan que debe atender las necesidades futuras industriales y residenciales de Gijón». Pedro Sanjurjo resumía ayer de forma breve los grandes objetivos del PGO, del que poco queda ya que desgranar. En la comisión monográfica de Urbanismo de ayer llegó el turno de los suelos urbanos y urbanizables, no sólo los de uso residencial, sino también los industriales. De hecho, una de las cuestiones en las que ayer insistía el edil era que «la superficie destinada a suelo industrial supera ampliamente a la destinada a suelo residencial». De hecho, el total nuevo urbanizable industrial supondrá un 3% del territorio, mientras el residencial no llegará al 2%.
Las grandes actuaciones industriales serán las ya conocidas, como la ZALIA y la Peñona, que se incluyen el PGO (la primera no lo estaban en el anterior, pues se desarrolló al margen del plan de ordenación, por convenio con el Principado). Se suman a eso el nuevo polígono de Somonte Alto, donde se recuperará el viejo proyecto de un equipamiento ligado al mundo del motor, así como la ampliación del polígono de Roces hacia la carretera Carbonera (conllevará la mejora de los accesos) y alguna otra actuación menor.
Pero, sin duda, una de las cuestiones principales es que el nuevo plan deberá poner las bases ya de lo que será el futuro de dos suelos tradicionalmente industriales que, en este momento, han perdido su uso. Se trata de Naval Gijón y de los terrenos de Mina La Camocha. Mantiene el equipo de gobierno su intención de que esos suelos sigan siendo industriales, pero el PGO marcará sus nuevas características y la ordenación urbanística que deberán tener como «parques empresariales de industrias limpias, compatibles con usos residenciales». Ambos lugares albergarán instalaciones similares a las del Parque Científico y Tecnológico, pero con algunas diferencias.
En el suelo de Naval Gijón, por ejemplo, se permitirá una edificabilidad alta, de 0,7 metros cuadrados por metro. Eso supone poder «reproducir tipologías de edificios como los edificios barco de Poniente», es decir, con la misma volumetría, y con una altura de bajo más cuatro o cinco plantas. Será, por lo tanto, una «línea de continuidad con lo que ya existe en Poniente». De todo el suelo de Naval, el 70% se destinará a esas industrias limpias, mientras que un 30% será para usos terciarios, es decir, hostelería y comercio, con el objetivo de que, fuera del horario laboral, «no sea una zona muerta».
Esa actuación conllevará la habilitación de una nueva calle, que articule las vías que ya existen y que dan entrada al acuario o a Juliana, por ejemplo. Pero no será una gran avenida de tráfico rodado, sino una calle interior. Por otro lado, toda la zona más próxima al mar se reservará para un paseo peatonal, sin paso de vehículos.
Empresas de perfil moderno
En cuanto a los terrenos de La Camocha, los usos serán igualmente para industrias limpias, pero el tratamiento será distinto. Entre otras cosas, porque está «en un barrio residencial», junto a zonas urbanizadas muy consolidadas. La edificabilidad permitida será, por lo tanto, de 0,35 metros cuadrados por metro cuadrado, lo que significa edificios de menos altura y menos volumetría. El objetivo es ubicar allí «empresas de perfil moderno, de investigación y nuevas tecnologías, que aportarán un alto valor añadido a nuestra ciudad». Insistió una y otra vez Sanjurjo en la importancia de «seguir manteniendo la vocación industrial de la ciudad y permitir que los espacios típicamente dedicados a ella mantengan esa actividad».

«De El Muselín al cementerio»

Han visto crecer el puerto y ahora verán desaparecer su barrio. El Muselín, dice el PGO, será en el futuro un gran parque público
EL COMERCIO 18-7-2010

iene 94 años y «nombre de artista». Presume de eso y de ser «la mayor del pueblo», en el que nació y crió a sus dos hijos. El pueblo en el que estuvo «siempre trabayando, asistiendo en casas». El pueblo en el que vivió romerías llenas de gente, en el que vio a los mozos esperando «junto al muro» para ver pasar a las jóvenes que venían de buscar agua. El pueblo en el que enviudó, en el que ahora vive sola y en el que llora la pena de haber perdido a uno de sus tres nietos hace sólo una semana. Quizás por todo eso ya nada le extraña, ni siquiera acabar de enterarse de que el lugar en el que ha acumulado toda esa historia va a desaparecer. Porque ese sitio, ese pueblo, es El Muselín y está abocado a convertirse en un gran parque público.
«Este barrio era guapísimo, había mucha juventud, cuando éramos jóvenes…». A Estrella le apena mirar al pasado, pero ya casi ni le asusta el futuro, aunque ese futuro pase por la desaparición del barrio. «Nosotras, ¿dónde vamos a ir? Yo no quiero ir a ningún lado. Me quedo en mi casa hasta que me muera», reflexiona. A su lado, Ramona Álvarez, «entre 84 y 87 años, los que me quieras poner», insiste en esa idea. No se quiere ir del pueblo en el que ha vivido 70 años, en el que siempre cosió y bordó, en el que enviudó hace un año de un marido que «anduvo navegando toda la vida». Vive sola, acompañada por las vecinas, e informada «gracias a EL COMERCIO», que le acerca una amiga de la Campa. Poco entienden ellas el Plan General de Ordenación, ni han escuchado las palabras de Pedro Sanjurjo anunciando, el viernes, que El Muselín se convertirá, sin ninguna prisa, en una zona verde. Ni que serán los constructores quienes tengan que llegar a un acuerdo con los actuales vecinos. Pero dicen las dos que «algo nos han comentado» sobre la futura desaparición del barrio, que casi ni les extraña porque «ya hace tiempo que no dejaban construir ni ampliar las casas». Ellas disfrutan «de la buena vista, de la tranquilidad». Ramona incluso llegó a tener un piso en La Calzada, pero no quiso vivir en él. Con todas las ventajas que ellas le ven a El Muselín, lamentan «que nadie viene a vivir aquí, al contrario, marchan…».
«Nocturnidad y alevosía»
Pero eso no es del todo cierto. Juan Carlos Fernández ha sido uno de los últimos vecinos en incorporarse a la gran familia que es El Muselín, formada por 200 miembros aproximadamente y un centenar de viviendas. La de Juan Carlos está reformada completamente, «hipotecado hasta aquí» (señala la frente). Está enfadado y no lo oculta. En primer lugar, porque se ha enterado por el periódico, como todos sus vecinos, de que el PGO prevé la desaparición del lugar al que, voluntariamente, decidió ir a vivir, a pesar del polvo negro que el carbón de El Musel deja constantemente en su ventana. «No nos importa. Porque nos gusta estar aquí. Porque es tranquilo. Porque es un pueblín, porque me gusta ver entrar y salir los barcos. No quiero vivir en Gijón. Quiero vivir en El Muselín».
Juan Carlos estaba ayer por la mañana en la calle, como la mitad del vecindario. En la calle o asomados a la ventana. Con el periódico en la mano. En corros. Pasan en coche y paran. Hay que comentar la noticia. Algunos están realmente indignados. Juan Carlos habla de «disgusto», de una situación «injusta», de la «nocturnidad y alevosía con la que ha actuado el Ayuntamiento». No se cree las explicaciones del concejal de Urbanismo sobre los problemas de seguridad que ofrece el barrio. «Es una excusa. Si es insegura es por la bomba que tenemos ahí arriba», dice refiriéndose a los depósitos de la Campa. «Villaviciosa entera se ha inundado. ¿No es eso más inseguro? ¿Y no lo es el acantilado de Somió?»
El último vecino en llegar se va enfadando cada vez más al recordar que «este es uno de los barrios más antiguos de Gijón» y que el Ayuntamiento «lo tiene abandonado». Pone un ejemplo. Hay un argayo frente a su casa. «¿Por qué no han hecho un muro de contención, que es como se soluciona en todas partes?» Ahora, a Juan Carlos le surgen muchas dudas, como a tantos vecinos. «¿Nos van a dar permiso para arreglar las casas? ¿Para qué? ¿Para tirarlas luego igual?». Esas mismas dudas se las había planteado, ya temprano, a otro de sus vecinos, a Ángel Piñera, quien parece trabajar sin descanso en su prao quizás para rebajar el nivel de enfado. Ángel lleva 25 años en El Muselín, desde cuando se casó. Enviudó después, pero aquí siguió, con su hija. Tras la noticia ha echado la vista atrás, y empieza a hilar cosas que le desagradan. «Hace años, esto estaba considerado zona urbana. De repente, empezamos a pagar el IBI como zona rural. ¿Para qué? ¿Para que esto ahora valga menos? ¿Para que nos tengamos que ir por cuatro duros?».
«¿Cuándo nos echan?»
Es evidente que la noticia ha caído como una bomba en medio de la tranquilidad de El Muselín y ha ensombrecido la soleada mañana de sábado. «Esto ye de película», dice ‘El Cenizu’, «ese es mi nombre, como me conocen todos, porque estoy todo el día con el pito». Los 60 años que tiene los ha pasado en el pueblo, y hace 16 que regenta el bar. «Tanto dicen que miran por el pueblo y ahora esto…». Acaba de leer la noticia en EL COMERCIO, y dice una y otra vez: «Yo no veré esta desaparición». Sus vecinos, amigos y compañeros de tertulia en esta extraña mañana no pueden evitar la gran pregunta: «¿Cuándo nos echan del pueblo?». ‘El Cenizu’ saca fuerzas. «Están esperando que nos muramos todos. Pero de aquí no nos echan. Mucho dinero nos tienen que pagar. El que tuvo esta idea va a morirse primero que nos vayamos nosotros. Puedes poner eso». Están intranquilos, es evidente, por mucho que se les diga que no hay plazos, que la cosa va para largo. Ninguno se ve viviendo en un piso.
Lo dice Marcelino García, «fíu de Pepe el de la mula», 63 de sus 68 años en El Muselín. «No creo que dure para verlo», confiesa, aunque no puede evitar el disgusto. «Date pena», dice asomado a la misma ventana desde la que ha visto crecer El Musel. Tampoco quiere irse a otro lado Francisco Labrador, nacido en El Muselín hace 54 años. «Es desagradable», confiesa mientras lee la noticia, mientras su hijo, que comparte nombre, asiente a su lado, y mientras su mujer cuida de sus dos nietos, Yara, de 4 años, y Álvaro, de uno, que se dan un baño en la piscina que tienen en el prau. «Nací aquí, viví aquí. Me podía haber ido por ahí a cualquier lado, pero decidí quedarme». Confía, como su vecino, en no llegar a ver cómo el barrio desaparece, pero lamenta que sus hijos, que viven en Jove y Cimavilla, no vayan a poder ir en el futuro a pasar los fines de semana a El Muselín. Y el verano. Y muchas tardes. Y coincide también con alguno de sus convecinos en que «lo de la seguridad es una excusa. Se han hecho las cosas mal». Y también en el abandono. «No tenemos ni cubos de la basura. Tenemos que bajar por una pendiente de un 40%, casi a un kilómetro, para echarla. Pero pagamos los impuestos igual». Admite Francisco que hubo un derrumbe, que cayó una casa, pero «que no lo pinten tan mal. Tontos sí, pero de El Muselín». En cualquier caso, quizás sea el único alivio, sabe que «va a ir para largo».
Incluso los que ya se fueron del pueblo lamentan la noticia. Como su hijo Francisco, de 32 años. Se escapa desde Cimavilla hasta El Muselín cada vez que tiene un rato, lleva allí a su hijo y allí ve felices a sus padres. Preocupado está también Óscar García, que no es vecino del barrio, pero que pasa allí mucho tiempo visitando a sus amigos.
Si Francisco Labrador tenía el consuelo de que el desmantelamiento anunciado vaya para largo, esa es también la esperanza de Rosario Viudez. Le ocurre exactamente lo mismo que a las primeras protagonistas, Estrella y Ramona. Rosario va camino de los 90 años, «los cumplo cuando se comen las uvas». Llegó con 20 a El Muselín y «de aquí, pal cementerio». No hay ninguna otra alternativa después de «toda una vida». Habla de forma pausada desde la ventana de la planta baja de su casa, tras haber tendido la colada de cara al puerto. Como tiene tan claro que en su vida no va a haber, a estas alturas, ninguna mudanza más que la definitiva, lo que le preocupa ahora es «no tener ni una tiendina, aunque fuera para comprar el pan». Ir a La Calzada le supone un esfuerzo. Lamenta también que ya no haya niños en el pueblo. «Sólo uno, que se sienta ahí solo».
Ese niño, quizás, sí verá la desaparición del barrio, que deberá ser negociada entre constructores y vecinos. Mientras tanto, igual la mala noticia sirve para que en El Muselín vuelva a haber una asociación vecinal o algo similar. «Algo habrá que hacer, aunque al final no valga para nada y vayan a hacer lo que ellos quieran», lamentan algunos, mientras proyectan su mirada, como siempre, en su prolongación al mar: El Musel.

Que Gijón es una ciudad en la que buena parte de la población está en edad de dar pedales y si no lo hace es por falta de sitio para guardar la bici, eso sí que lo han tenido en cuenta, según cuentan.

El PGO refuerza los usos tradicionales en los núcleos rurales al permitir las ganaderías

La norma no amplía la actual capacidad de edificación porque «no es suelo para chalés»

LA NUEVA ESPAÑA 9-7-2010
«No es suelo para chalés». Estas escasas cinco palabras sirvieron ayer a Pedro Sanjurjo, edil de Urbanismo, para definir la filosofía del nuevo Plan General de Ordenación (PGO) sobre los núcleos rurales. El equipo de gobierno ha optado por potenciar los usos tradicionales vinculados al sector primario de la economía en los 154 núcleos rurales del concejo manteniendo las actuales limitaciones a la edificación pero flexibilizando la normativa en lo que respecta a la instalación de equipamientos ganaderos. Ello supone que se autorizará la localización de cuadras de ganado en los núcleos rurales; algo que estaba prohibido en la actualidad y que daba lugar a grandes polémicas entre vecinos y controversias con la Administración local. La futura normativa municipal plantea la posibilidad de instalar cuadras con un máximo de diez cabezas de ganado vacuno. O su equivalente en ganado equino, bovino o aviar siguiendo la normativa ya existente de ámbito autonómico.

El Ayuntamiento opta por ser fiel a la normativa del Principado de Asturias, que define el núcleo rural como «los terrenos que constituyen asentamientos consolidados de población, de carácter rural y tradicional, en función de las circunstancias edificatorias, socioeconómicas y de cualquier otra índole que manifiesten la implicación racional del asentamiento en el medio físico don de se sitúa». A partir de esa definición, los redactores del Plan General de Ordenación entienden que no hay necesidad de ampliar la extensión ni los niveles de aprovechamiento edificatorio de esos suelos que ocupan el 12% del territorio gijonés y donde vive menos del 3 por ciento de la población.

La decisión municipal también tiene que ver con un minucioso informe elaborado en los últimos meses sobre la realidad de los núcleos rurales gijoneses. El estudio establece que en los 154 núcleos rurales hay ahora mismo 3.946 viviendas construidas y capacidad para construir otras 4.326. Ello supone un crecimiento potencial del 109,63%. Más que suficiente, a juicio de Sanjurjo y su equipo, para cubrir las necesidades de la población rural gijonesa. Las fichas técnicas de esos núcleos se incorporarán para su consulta en el PGO.

«Los núcleos rurales no son un alternativa al crecimiento del suelo urbano como a veces se piensa por confusión. No es suelo residencial de baja densidad», volvió a recordar el edil socialista de Urbanismo. El territorio marcado como núcleo rural es sustancialmente el mismo que en el planeamiento que fue anulado por los tribunales por defectos de forma excepto en tres casos puntuales en el Infanzón, Tremañes y La Providencia.

Esa capacidad de crecimiento existe en todos los núcleos de todas las parroquias del concejo, aunque con porcentajes muy distintos. Algunos ejemplos: el paraje de Tornalobos, el barrio de Batiao de la parroquia de L’Abadía de Cenero, tiene ahora mismo ocho viviendas construidas y capacidad para otras 48. Es decir, un crecimiento potencial del 600%. En el paraje de La Cobolla, en el barrio de Arroyo de Serín, el porcentaje de crecimiento disponible es del 400% al tener 7 viviendas y la posibilidad de edificar otras 28. Al otro lado de la lista están L’Aldea de Santurio con una potencialidad del 14,29% que le da tener siete viviendas y la opción de edificar otra más y, ya en el barrio de Les Caseríes de Somió, integrado por los parajes de La Escayosa, Los Raposinos, El Balagón, Casa Pardona y El Cierru, un crecimiento porcentual del 15,38% a partir de la estadística de 13 viviendas cuantificadas y otras dos posibles. Todos estos datos, que ayer se presentaron en la segunda de las cuatro reuniones extraordinarias de la Comisión municipal de Urbanismo sobre el PGO, tiene carácter estimativo.

Un 30% del suelo local se pone a disposición del sector primario

LA NUEVA ESPAÑA 9-7-2010

El PGO que salga a información pública tras el pleno del próximo día 30 incluirá fichas informativas con toda esta información sobre los núcleos rurales, además de ortofotomapas y datos adicionales sobre hórreos, paneras y caminos rurales. Las fichas que consulten los vecinos estarán a una escala de 1: 2000.

Ni hay intención de ampliar los núcleos rurales ni de cambiar los criterios para construir en ellos. La normativa vigente plantea que la edificación se limita a una parcela con una superficie mínima de 2.000 metros cuadrados con un máximo de construcción sobre rasante de 250 metros cuadrados. Las parcelas que originariamente tengan una superficie menor y no procedan de una segregación serán igualmente edificables si cumplen el resto de las condiciones aunque con superficies proporcionales a su espacio. Esas condiciones exigidas a todas esas parcelas con capacidad para incluir una vivienda es que tengan un frente mínimo a un viario público de doce metros y se pueda trazar en ellas un círculo con un diámetro de 18 metros. También hay limitaciones estéticas en la construcción de la vivienda para favorecer una imagen acorde con el carácter tradicional que se pretende preservar en esas áreas residenciales. «Se mantiene la tipología tradicional», indicó el edil de Urbanismo al enumerar, por ejemplo, la imposibilidad de usar pizarra en las construcciones o diseñar una cubierta plana.

El impulso a las actividades ganaderas y agrícolas que se quiere potenciar desde la nueva normativa urbanística de la ciudad no tiene sólo su reflejo en este apoyo a la ubicación de ganaderías dentro de los núcleos rurales. También hay que tener en cuenta que la clasificación como suelo de interés del 30% del territorio local favorece el desarrollo de este sector económico. Ese suelo de interés incluye un 18% de suelo de interés agropecuario, un 8% de interés tradicional-rural y un 4% de interés forestal sobre un total de 184,9 kilómetros cuadrados de territorio afectado por el planeamiento urbanístico.

Pedro Sanjurjo aprovechó la comparecencia pública de ayer para recordar que toda la información que ahora mismo se exhibe desde la concejalía de Urbanismo es provisional y está sujeta a correcciones. De hecho, hace una semana el propio edil hablaba de 156 núcleos rurales y una capacidad edificatoria de 4.700 viviendas. Algo menos en ambos casos que los datos aportados en la sesión de ayer. Con esa afirmación ponía la venda sobre la herida abierta unos minutos antes por el concejal del PP Pablo Fernández al denunciar errores entre los planos exhibidos en la comisión. «No nos podemos permitir ni un desatino más, ni un error, ni un chanchullo, en la tramitación del Plan Urbano», sentenció el edil en recuerdo de las irregularidades formales que acabaron con la anulación del PGOU de 2007.

Urbanismo estudia limitar el alcance de la suspensión de licencias por el nuevo PGO

Informará en la comisión del viernes sobre los nuevos suelos urbanizables y los cambios que afectarán a la trama urbana
EL COMERCIO 12-7-2010
La concejalía de Urbanismo estudia con los servicios jurídicos municipales la forma de limitar el alcance de la suspensión cautelar de licencias, obligatoria por ley, que vendrá asociada al trámite de aprobación inicial el próximo 30 de julio. De esta forma, desde el Ayuntamiento se quiere buscar resquicios legales para que el urbanismo gijonés no quede sumido en una parálisis total por un periodo de más de medio año. Llanes, otro concejo inmerso en la revisión de sus normas urbanísticas, acaba de aprobar por acuerdo plenario suspender seis meses la concesión de licencias para la parcelación de terrenos, edificación y demolición, así como de actividades o usos determinados en el planeamiento vigente.
Pedro Sanjurjo explicó que en la Comisión de Urbanismo del próximo viernes se informará a los grupos políticos sobre los cambios en el planeamientos que afectarán a la configuración de la trama urbana. En concreto, se detallará todo lo relativo a los nuevos urbanizables y a las modificaciones normativas vinculadas a las bolsas de suelo urbano reservadas tanto para uso residencial como para uso industrial. A esa sesión del viernes también se llevará como asunto ordinario -explicó Sanjurjo- el catálogo urbanístico antes de aprobarlo de forma definitiva también en el Pleno del próximo día 30. El documento recogerá finalmente 2.878 elementos, un aumento considerable teniendo en cuenta que el anterior catálogo, realizado en los años ochenta, contenía unos 800.
La última comisión monográfica sobre la revisión del PGO se celebrará el viernes 23, adonde ya se llevará la propuesta que se elevará la Pleno para su aprobación inicial y posterior exposición pública durante dos meses. En dicha propuesta se plantearán dos principales novedades. La primera, la creación de otro gran polígono industrial en Somonte, de más de medio millón de metros cuadrados. Ese polígono además reservará una parte de su extensión para usos terciarios, pensando en la posibilidad de recuperar el abandonado proyecto de iniciativa privada para un circuito en Sotiello. La segunda gran novedad del plan general es que contará con más suelo urbanizable, a pesar de no incorporar nuevas bolsas de suelo ni aumentar la edificabilidad en las ya previstas. Aun así, Gijón ganará suelo para casi 3.000 viviendas dentro de la trama urbana que no tenían aprovechamiento residencial hasta el momento. Esas 3.000 viviendas se sumarán alas entre 8.000 y 9.000 que aún se pueden construir en el suelo no desarrollado de planes anteriores. Y más las 8.000 que se derivarán de los nuevos urbanizables se legará ala cifra de 2.0000 nuevas viviendas que se podrán construir en el municipio en los próximos diez años.
Por otra parte, esta semana se cumplirá un año de la primera sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJA), atendiendo a la demanda de una familia de Mareo de Arriba, anuló el anterior PGOU, obligando al Ayuntamiento a emprender la revisión de su normativa urbanística al tiempo que recurría el fallo en el Supremo. Fue un 16 de julio cuando se supo que el tribunal declaraba contrario a Derecho el plan Teixidor por errores procedimentales y carecer de una evaluación ambienta

El nuevo Plan General obligará a dejar espacio en los edificios para las bicis

Gijón tiene ya 80 kilómetros de carriles, entre exclusivos, compartidos y sendas, 30 de ellos en zona urbana
EL COMERCIO 10-7-2010
Gijón quiere favorecer el uso de la bicicleta. Hasta ahora lo ha hecho habilitando carriles bici. Y aparcamientos para bicis. Y servicios públicos de alquiler. Incluso, con algunos concejales pedaleando por la ciudad. Pero, en el futuro, dará un paso más. El nuevo Plan General de Ordenación (PGO) obligará a los constructores a dejar un espacio en los nuevos edificios para las bicicletas, a poder ser en la planta baja del inmueble. Es decir, algo así como un aparcamiento interno o un trastero exclusivo para las bicicletas de los vecinos. Porque, reconoce Pedro Sanjurjo, concejal de Urbanismo y usuario de la bici, uno de los principales problemas para los que gustan de ir pedaleando a los sitios, es subir luego la bici a casa, en el ascensor, o al trastero. De ahí que se haya decidido «incorporar al PGO nueva normativa para afianzar la estrategia de la movilidad sostenible».
Será el principio. Lo explicó Sanjurjo durante la presentación de la nueva guía elaborada por Asturies ConBici, que facilitará el uso de este transporte en la ciudad. La asociación planteaba la posibilidad de contar, en el futuro, con una nueva ordenanza de circulación que incorpore la bicicleta. Añadía Sanjurjo, en ese momento, que por ahora Gijón contará con nueva normativa, que será la que incorpore el PGO. Se van desgranando de este modo nuevos datos del plan de ordenación, del que hoy se celebra otra comisión de urbanismo monográfica en la que se tratará sobre los núcleos rurales. En el caso de la obligación de dejar espacio para las bicis, la normativa planteará una ventaja para los constructores: que el espacio que se deje para los vehículos no compute edificabilidad. Es decir, que no restará espacio a construir en el resto del edificio.
La intención es que a partir del nuevo Plan de Ordenación se establezca en la ciudad toda una «estrategia general de movilidad», que se irá desarrollando en el futuro. Una de las cuestiones en las que se basará dicha estrategia es el estudio sobre tráfico que Urbanismo encargó a una empresa externa al Ayuntamiento, al igual que hiciera con los informes medioambientales y de necesidad de vivienda.
El PGO identificará también todos los itinerarios ciclistas, los que ya están hechos y los previstos, itinerarios que habrá que ir actualizando sobre la marcha. En estos momentos, explicaron ayer Sanjurjo y la concejala de Medio Ambiente, Dulce Gallego, Gijón cuenta con 30 kilómetros dentro de la trama urbana que son o carriles exclusivos de las bicis o espacios compartidos con los peatones. Gallego contabilizó otros 50 kilómetros, los de las sendas peatonales del concejo, que también se pueden recorrer a dos ruedas. Aún quedaría la avenida de Schulz, zona compartida para bicis y transporte público. Y la propia asociación Asturies ConBici ofrece además toda una serie de itinerarios recomendados, por calles con tráfico, pero «evitando las grandes avenidas y usando vías en las que, por experiencia, sabemos que se puede circular mejor».
También por su propia experiencia, el presidente de la entidad, Rafael Fernández, asegura que los conductores gijoneses están cada vez más acostumbrados a las dos ruedas. Al menos, «ya no te pitan y te gritan que te apartes».
Porque «nunca hemos querido llenarlo todo de carriles bici, sino hacer una red básica para llegar desde los barrios hasta el centro», dijo Fernández. Una necesidad para algunos que, en el caso de la Concejalía de Medio Ambiente se convierte en virtud para ayudarles a mejorar los siempre polémicos niveles de calidad del aire en el municipio. Menos coches, menos emisiones a la atmósfera. Para la Concejalía de Urbanismo se ha convertido en un objetivo, quizás porque «hasta el concejal va en bici» (ayer mismo la había dejado aparcada en el Muro), porque «debe convertirse en un modo de transporte habitual, cotidiano y normal» y porque debería haber incluso «novios y novias que vayan en bicicleta». Ya dio ejemplo el concejal de Deportes, José Ramón Tuero, eligiendo este medio de transporte para llegar a su propio enlace.
Los itinerarios
Al margen de bromas, el objetivo de unos y otros es «ir introduciendo un cambio de cultura, más itinerarios peatonales y ciclistas» y la posibilidad de recorrer la ciudad de lado a lado, y de Norte a Sur, pedaleando. Para lograr la meta, en el futuro se sumarán vías como el puente del Piles y avenida de Castilla (ahora en remodelación), Pablo Iglesias y Manuel Llaneza (dentro del plan de vías, aunque aplazadas para el próximo mandato) , Salvador Allende, Ramón y Cajal (ambas en obras), en la avenida del Jardín Botánico y Gaspar García Laviana (incluidas en la segunda pase del plan E). Se van sumando kilómetros, muchos más de los que había hace unos años. En 2002 se contabilizan 20. Ahora, sumando las sendas, los carriles exclusivos y los compartidos, serían unos 80.
Todos estos itinerarios estarán incluidos, como queda dicho, en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, del que hoy se darán a conocer nuevos datos y que se acabará de desgranar en las próximas dos semanas. La nueva normativa sobre obligación de dejar espacios para las bicis se explicará de forma más detallada en las dos últimas sesiones, cuando se informará sobre las características del suelo urbano. Todo ello será aprobado en el Pleno municipal del próximo 30 de julio, al mismo tiempo que el catálogo urbanístico.

El Catálogo Urbanístico tiene un rango superior al de los Planes Generales de Ordenación, o sea que los PGO tienen que respetar los elementos protegidos que aparecen en el catálogo. Los robles centenarios son elementos a catalogar. Sabiendo esto ¿qué mueve a Churruca y a Sanjurjo a rechazar la catalogación de ese robledal? ¿porqué dicen que su protección “es un tema del PGO”? ¿Será porque les gusta actuar al margen de la legalidad? ¿Será porque es sencillo modificar puntualmente el PGO para hacer desaparecer esa protección y pasar una carretera por la carbayera de Zarracina cuando les parezca?.

El camandulero mayor remata la faena con: “hay mucha gente esperando a que este artilugio se apruebe de forma definitiva para conocer volumetrías” .

No es de extrañar el comunicado de los vecinos de Cabueñes. No es duro a lado de la dura realidad del proceder de los repúblicos.

(Hay decenas de elementos teóricamente  protegidos que no aparecían recogidos en el catálogo puesto a exposición pública recientemente. La carbayera citada no es el único que no aparece, ni mucho menos, pero es que a esa carbayera Churruca le garantiza la protección,  pero sin artilugio protector).

Esperamos por la respuesta a las últimas alegaciones

Protección ambiental garantizada para la carbayera de Zarracina

LA NUEVA ESPAÑA 3-7-2010    La presentación del nuevo Plan General de Ordenación se mezcló ayer en el Ayuntamiento con el debate sobre el catálogo de elementos protegidos a partir de la denuncia de la Plataforma Vecinal contra el Muro de Cabueñes sobre irregularidades en el nivel de protección de la carbayera de Zarracina. El colectivo vecinal insinúa que se eliminó la protección de esa área para favorecer el desarrollo de las infraestructuras vinculadas al futuro residencial de la parroquia.

Pedro Sanjurjo y Jesús Montes Estrada, en representación del equipo de gobierno y como aludidos directos por los vecinos, negaron cualquier modificación en las fichas del catálogo y garantizaron el compromiso político asumido con la parroquia de que se protegería ese robledal. «Ese compromiso no es un tema de catálogo, es un tema de Plan General, y aquí está», indicó Montes Estrada ante el nuevo mapa medioambiental del concejo.

Por su parte, el edil socialista de Urbanismo quiso dejar claro que no hubo modificaciones en la ficha del catálogo referente al área de la «Quinta del Ynfanzón» entre la documentación que salió a información pública en el año 2008 y la que volvió a ser objeto de alegaciones hace unos meses.

Pero el error que detectaron los vecinos de Cabueñes y sus dudas sobre la casualidad de que pueda afectar a una polémica operación residencial es compartido por el grupo municipal del Partido Popular. Su portavoz, Pilar Fernández Pardo, ha presentado una proposición al Pleno para que se paralice el catálogo, se revise buscando posibles errores y se vuelva a sacar a información pública. Sería la tercera vez en poco menos de tres años. «Mejor esto, antes que un vecino lo denuncie y sea el juez quien diga que estaba mal hecho. Como ya pasó con el plan urbanístico», remató el edil Pablo Fernández.

PSOE y PP se enzarzan en el Pleno a costa de la marcha de Areces y el retorno de Cascos

LA NUEVA ESPAÑA- 10-7-2010

Ningún debate político se ajustó ayer al enunciado marcado en el orden del día de una breve pero tensa sesión plenaria. El anuncio de Vicente Álvarez Areces de que no se presenta a la reelección de la presidencia del Principado abrió la veda y los concejales gijoneses le pusieron ayer un toque preelectoral a casi todas sus intervenciones.
Para empezar el pleno, la aprobación de una modificación de 5,1 millones del presupuesto local se convirtió en un ajuste de cuentas entre gobierno y oposición sobre el recorte de los salarios a los funcionarios. El concejal de Hacienda Santiago Martínez Argüelles, al que muchos anuncian como sucesor de Paz Fernández Felgueroso en la Alcaldía de Gijón, defendió la obligación legal de imponer ese recorte entre las críticas del PP y las protestas de un grupo de funcionarios que seguían la sesión desde el espacio reservado al público.
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Y para que no faltara nadie, en ese pleno de alusiones también se oyó hablar de Franco. «Eso pasaba con Franco cuando no había democracia», sentenció el popular Pablo Fernández en pleno debate urbanístico. PSOE e IU rechazaron la petición de los populares de volver a cotejar todas las fichas del catálogo de elementos protegidos de la ciudad y sacar el documento de nuevo, lo que sería la tercera vez, a información pública. Esa es la única fórmula que ve el concejal popular Pablo Fernández para ajustar un trabajo en el que, asegura, hay muchos errores. Sin embargo, los representantes del gobierno local- Pedro Sanjurjo por el PSOE y Jesús Montes Estrada por IU- entienden que cualquier error técnico puede ser todavía subsanado sin paralizar un proceso que lleva abierto desde el año 2007. El gobierno local defiende la necesidad de dar luz verde al catálogo en favor de la actividad económica en la construcción.

PSOE e IU rechazan que se revise el catálogo urbanístico

EL COMERCIO 10-7-2010

El PP arremete contra Sanjurjo por «actuar como en el franquismo» tras la desaparición de una fachada incluida como bien protegido
PSOE e IU tumbaron ayer con sus votos una propuesta del PP que pedía revisar íntegramente el catálogo urbanístico y retrotraer en el tiempo su tramitación para que salga de nuevo a información pública sin los errores detectados por el grupo de la oposición en varias de sus fichas. El concejal de Urbanismo, Pedro Sanjurjo, acusó a los populares de «irresponsabilidad política» por plantear la paralización del inventario de bienes protegidos con arreglo a «una desinformación por no leerse los expedientes y a un error corregido hace un año», en referencia a una finca de Cabueñes donde se ubican los terrenos de la Quinta del Ynfanzón. «Vienen a contar milongas», reprochó.
Sanjurjo invitó a los populares a rectificar en sus pretensiones de hacer retroceder la tramitación, toda vez que la ley permite a la Administración local «corregir de oficio» los posibles errores que haya en un instrumento de estas características. Por ese motivo, les animó a votar favorablemente al documento de aprobación definitiva, que ha recibido 49 alegaciones, en el Pleno del próximo día 30.
El portavoz de IU, Jesús Montes Estrada, recriminó al PP que pretenda «reventar ahora el consenso» que hasta ahora había existido en relación con el catálogo. Y que lo haga, además, «queriendo dar marcha atrás cuando hay mucha gente esperando a que este artilugio se apruebe de forma definitiva para conocer volumetrías y poner en marcha un determinado nivel de actividad económica». El tercer teniente de alcalde recordó, asimismo, que en los años que gobernó la derecha en Gijón «muchos edificios de valor cayeron bajo la piqueta».
El concejal del PP Pablo Fernández contraatacó acusando al equipo de gobierno, precisamente, de «actual como en la época franquista» por otro fallo descubierto en el documento urbanístico elaborado para la protección del patrimonio gijonés. Se trata de una fachada del número 5 de la calle de León XIII que el equipo de Dolmen, autores del catálogo, propusieron para ser incluida como bien protegido y que desde que se inició el proceso de tramitación administrativa ha sido completamente alterada.
Tras la celebración del Pleno, el Ayuntamiento emitió un comunicado en el que se asegura que corregirá de oficio la inclusión por error de dicho edificio de El Llano. En ese sentido, el Consistorio aclara que se trataba de una construcción de planta baja y un piso al que se le otorgaba el nivel de protección ambiental -el mínimo existente- y que en ese solar el PGOU admite el aumento de tres plantas para ocultar las medianeras de los inmuebles colindantes. Respecto a las obras ejecutadas, se matiza que el promotor solicitó y recibió licencia para el recrecido antes de que se dictara al suspensión cautelar de permisos para edificios catalogados o propuestos para nueva catalogación.

La plataforma de Cabueñes tacha de «mentiroso» a Churruca por la política urbanística

LA NUEVA ESPAÑA-11-7-2010

La plataforma ciudadana contra el muro de Cabueñes emitió ayer un duro comunicado contra el tercer teniente de alcalde y portavoz municipal de Izquierda Unida-Bloque por Asturies-Los Verdes, Jesús Montes Estrada, al que acusa de «mentir» en relación al futuro de la carbayera de la parroquia. Según este colectivo vecinal, que se opone al desarrollo urbanístico impulsado por el gobierno local, el también concejal de Política Lingüística y Cooperación Internacional «intenta engañar» a los gijoneses cuando afirma que este espacio natural está protegido de la actividad constructora.

Montes Estrada, «Churruca», aseguró hace unos días que «nadie va a tocar la carbayera» de Cabueñes. Algo en lo que no confían los miembros de la plataforma, que aseguran que «en la modificación mal tramitada y aún no aprobada del catálogo urbanístico de 2010 queda desprotegida». Además, califican dicha modificación de un «engaño al pueblo de Gijón, porque no se sometió» a la pertinente información pública. Por eso, piden al edil de Izquierda Unida que «haga incluir la carbayera en el catálogo» o que «vote en contra del mismo». También exigen una reunión con él, solicitada hace más de un año, y le tachan de «adalid» de un equipo de gobierno caracterizado por «la arrogancia, la chulería y la ignorancia».

La Plataforma de Cabueñes acusa a Montes Estrada de «mentir» en el último Pleno

EL COMERCIO 11-7-2010

Jesús Montes Estrada aún no ha respondido a una carta enviada en abril de 2009 por la Plataforma Ciudadana contra el Muro de Cabueñes. Y en el Pleno de anteayer, el concejal de Cooperación ha querido «tranquilizar» a los vecinos, afirmando que «nadie va a tocar la carbayera de la Quinta del Infanzón». Pero la Plataforma no le cree y responde que «Churruca miente, pero no nos engaña, porque no tenemos ninguna duda de su posición y, en cambio, tenemos la certeza de haber sido traicionados por él».
Y evocan toda la tramitación urbanística que afecta a la zona. «El Plan Teixidor 2007 sacrificaba la carbayera para permitir el lucro de Ovidio Blanco y otros, y la modificación, mal tramitada y aún no aprobada, del Catálogo Urbanístico de 2010 queda desprotegida. El único modo de mantener ese enclave es dejarlo integrado en el catálogo».

El catálogo urbanístico recibe 49 alegaciones

El Pleno procederá a su aprobación definitiva en el mes de julio, que pondrá fin a una larguísima tramitación

EL COMERCIO-19-6-2010
Pedro Sanjurjo adelantó el pasado mes de marzo que «el próximo verano» Gijón contaría con un catálogo urbanístico. Y ayer afirmó que será el próximo mes de julio cuando el Pleno municipal dé luz verde definitiva a un documento que ayer mismo cerró su segundo periodo de información pública con 49 alegaciones presentadas.
Con ello se cierra un larguísimo y complejo proceso que, en realidad, comenzó en febrero de 2007, cuando el equipo de gobierno adjudicó a Dolmen S. L. la revisión del catálogo de Gijón, que databa de la década de los 80, al hilo del Plan General de Ordenación Urbana de José Ramón Fernández Rañada. Incluía solamente 800 elementos, todos edificaciones, mientras que el que ahora se aborda recoge 2.878 elementos a proteger.
Pero el trayecto hasta aquí no ha sido fácil ni corto. La tramitación comenzó tras la revisión del Plan General de Ordenación posteriormente anulado y en ella se incorporaron los dictámenes, vinculantes, de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA) y de la Comisión de Patrimonio del Gobierno regional. Precisamente la intervención de Patrimonio fue la que propició la inclusión de 51 edificios más de la ciudad con protección integral, que en un principio estaban catalogados con un nivel parcial. Todos ellos están incluidos en el Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Asturias y supone la limitación, en gran medida, de la intervención de los propietarios sobre su interior.
El elevado número de modificaciones propició que el pleno de abril aprobara un nuevo periodo de información pública que finalizó ayer. Durante ese tiempo, los ciudadanos pudieron conocer al detalle el listado de todos y cada uno de los 2.878 elementos que componen el catálogo urbanístico de Gijón, 78 más que los del primer documento que salió a información pública. De ellos, 397 pertenecen al Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de Cimadevilla.

Optimismo de la voluntad

Un mensaje bancario de desesperanza frente a un Plan General entusiasmado
LA NUEVA ESPAÑA 5-7-2010
JAVIER MORÁN La municipalidad de Gijón quiere aprobar un Plan General de Ordenación (PGO) inequívocamente optimista. Vendría a ser una especie de optimismo de la voluntad al que no cabe más remedio que oponer el pesimismo de la inteligencia (con permiso de Gramsci). Dos ejemplos de entusiasmo. El PGO señala suelo para 20.000 viviendas en el plazo habitual de vigencia de un plan, que suele ser de una década. Por tanto, una media de 2.000 pisos construidos al año significa un nivel similar al de los mejores años del ladrillo. Otra nota optimista: la futura estación intermodal como «centro» de una gran operación urbanística en la que se venda suelo para viviendas de lujo. De las correspondientes plusvalías tendrá que manar el dinero para dicha estación y ambiciosas actuaciones colindantes (a similar operación en Valencia, Fomento ya le ha negado viabilidad).

Admitámoslo: no pasa nada malo con que nuestros munícipes sean optimistas. De hecho, lo mismo nos da que imaginen en el PGO que hay que reservar suelo para un parque temático de Walt Disney, o para una ciudad de la Nasa, o para una isla artificial edificable como las de Dubai, o para otra regasificadora. El papel de un PGO lo resiste todo y, de hecho, lo único que nos ha de importar es la consistencia legal del documento. De lo contrario, el TSJA tiene la gentileza de comunicar que se tire a la basura y se haga otro, como sucedió en 2009. Y lo que sí nos fastidia un poco más es que el mensaje optimista del PGO huele ya a campaña electoral, pues PSOE e IU tendrán que encarar los comicios municipales de 2011 en un momento ciertamente duro.

Hasta aquí, el optimismo de voluntad. ¿Y el pesimismo de la inteligencia? No aburriremos. Baste con señalar que un nuevo y previsible endurecimiento de las condiciones crediticias de los bancos tiene entre sus objetivos el de provocar ajustes que el propio sector inmobiliario se niega a ejecutar. A la puerta de los bancos se rotulará un «lasciate ogni speranza», como a la entrada del infierno de Dante. «Perded toda esperanza» los que esperéis crédito fácil para vivienda.

Un mes clave para el urbanismo

El PGO aumenta la superficie urbanizable y la industrial y recoge nuevas tipologías de suelo
En unas semanas, Gijón aprobará su nuevo catálogo y el Plan General de Ordenación
EL COMERCIO 5-7-2010
Casi seis años y medio después, como si nada en medio hubiera ocurrido, Gijón está en el mismo punto. El 9 de febrero de 2004, el Pleno del Ayuntamiento de Gijón aprobó de forma inicial el Plan General de Ordenación Urbana, tan sólo dos días después de que miles de personas salieran a la calle en la primera de las tres ‘marchas verdes’. El próximo día 30 de julio, lo dicho, seis años y medio después, Gijón repite trámite, al aprobar de forma inicial el nuevo Plan General de Ordenación, en esta ocasión tras la anulación del documento por parte de los tribunales. Así, con la primera Comisión de Urbanismo monográfica sobre el PGO, celebrada el viernes, arrancó un mes absolutamente clave para el urbanismo gijonés.
Y no sólo por el PGO, documento principal para la ordenación del municipio, sino también por el catálogo urbanístico, cuya revisión comenzó también en 2006 y que hasta ahora no ha sido posible sacar adelante. El catálogo se ‘descuelga’ del propio PGO, es decir, el Ayuntamiento estaba obligado a revisarlo tras la aprobación del Plan de Ordenación, que había recibido el visto bueno definitivo en 2005. Estaba previsto que Gijón contase con un nuevo listado de edificios y jardines protegidos a finales de 2007, pero ha sido necesario esperar un poco más. De hecho, el pasado mes de abril hubo que anular la suspensión cautelar de licencias a edificios catalogados, porque había transcurrido el plazo máximo legal de dos años.
Así, en el mismo Pleno, el mismo día 30, Gijón dará también el visto bueno a su nuevo catálogo urbanístico, aunque en este caso se trata de la aprobación definitiva, después de que el catálogo haya pasado por dos periodos de información pública, habiendo recibido en el último 49 alegaciones. El documento recoge nada menos que 2.878 elementos, un aumento considerable teniendo en cuenta que el anterior catálogo, realizado en los años 80, contenía unos 800.
Cuando acabe este mes de julio, por lo tanto, Gijón sabrá con toda seguridad qué elementos tienen protección, en qué grado y qué tratamiento hay que darles. Y sabrá también cuáles son las bases del futuro ordenamiento de la ciudad, algo de lo que ya se han empezado a desvelar cuestiones. Como que el municipio verá aumentar su suelo industrial, pero también el edificable. Ambas cuestiones son novedades respecto a lo planteado en el documento de prioridades. En ninguna de las tres opciones planteadas se hablaba de aumentar el suelo industrial. De hecho, se aseguraba que «parece previsible que las necesidades del concejo podrían ser satisfechas, a corto y medio plazo, básicamente, por las áreas de Lloreda y la ZALIA». Por eso, tan sólo se preveía aumentar el área industrial de Roces, en unos 90.000 metros cuadrados, y también la de Porceyo.
Pero ahora se ha anunciado que Gijón contará con otro gran polígono industrial, en Somonte, de más de medio millón de metros cuadrados. Absoluta novedad, más aún teniendo en cuenta que el polígono reservará una parte de su extensión para usos terciarios, pensando en la posibilidad de recuperar el abandonado proyecto de iniciativa privada para un circuito en Sotiello.
La segunda gran novedad del plan es que contará con más suelo urbanizable, a pesar de no incorporar nuevas bolsas de suelo ni aumentar la edificabilidad en las ya previstas. Aún así, Gijón ganará suelo para casi 3.000 viviendas no previstas en la opción 1, y todas dentro de la trama urbana, donde «se han identificado espacios vacíos que no tenían aprovechamiento residencial y que tienen capacidad para ello», explica el concejal de Urbanismo, Pedro Sanjurjo. Esas 3.000 viviendas se suman a las entre 8.000 y 9.000 que aún se pueden construir en el suelo no desarrollado de planes anteriores. Más las 8.000 que, aproximadamente, se derivarán de los nuevos suelos urbanizables, suman las 20.000 nuevas viviendas que se podrán construir en Gijón en los próximos diez años. Claro que eso siempre dependerá de la iniciativa privada y el calendario que los propios constructores vayan marcando.
En cualquier caso, el Ayuntamiento pondrá a disposición suelo para mantener la media de las 2.000 viviendas construidas al año, media que no se ha dado en 2008 y 2009, pero que los técnicos municipales, es evidente, confían en recuperar. En 2008 se concedieron 1.930 licencias, aunque sólo 500 de ellas fueron para vivienda libre. El resto lo acaparó el área residencial de Roces. En 2009 se concedieron 1.674 licencias.
Interés agropecuario
La última novedad de las anunciadas el viernes por Pedro Sanjurjo son las tipologías de suelo. Se introduce, por ejemplo, el suelo de interés agropecuario, que supondrá un 18% del total de la extensión de la ciudad. Junto a los suelos tradicional-rural, el de riesgos y el forestal suman el 30% del total y «son suficientes para garantizar la supervivencia de la actividad agrícola y ganadera» en el concejo, defiende el equipo de gobierno. También son novedad los corredores fluviales, que protegen las zonas con riesgo de inundación, siguiendo indicaciones de los técnicos municipales pero también de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Los corredores forman parte del 24% del territorio que contará con alguna especial protección (junto con las reservas ambientales, la protección y recuperación ambiental y la cultural).
Estas son las premisas, que se irán matizando y ampliando, pero que siempre perseguirán el objetivo de un Gijón «más industrial y productivo y con el suelo necesario para garantizar la necesidad de vivienda».

Los constructores aplauden el aumento del suelo edificable que prevé el PGO

Los vecinos de Cabueñes hablan de «especulación y corrupción» en un plan que consideran «la reedición agravada del de Teixidor»
EL COMERCIO 4-7-2010
Habían apostado por la alternativa más ambiciosa, la 2, la que preveía suelo para 24.000 viviendas, y eso no lo han conseguido. Pero sí han logrado que la alternativa 1, la finalmente elegida, incluya una mayor bolsa de suelo de la prevista. Los constructores gijoneses están satisfechos con los primeros datos adelantados anteayer por el concejal de Urbanismo, Pedro Sanjurjo, sobre lo que serán las bases generales del nuevo Plan General de Ordenación (PGO). Y lo están por dos motivos. En primer lugar, porque entienden que ha sido atendida su petición de disponer de más suelo edificable, solución que, como adelantó EL COMERCIO, se dará ganando bolsas dentro de la zona urbana. Es así como se logra la previsión de unas 20.000 viviendas a desarrollar en los próximos 10 años, en lugar de las algo más de 17.000 que preveía en principio la opción 1 de las tres presentadas en el documento de prioridades a finales de 2009.
El vicepresidente primero de la CAC-Asprocon y promotor local Manuel Pastor se muestra satisfecho también por otro motivo. A saber: que se estén cumpliendo los plazos establecidos y que el nuevo documento pueda ser sometido a la aprobación inicial el próximo día 30 de julio. Eso no resta para que Pastor siga pidiendo a todos los responsables municipales «toda la celeridad posible» para aprobar y poner en marcha el plan. Porque su visto bueno definitivo, tras la anulación del anterior por parte de los tribunales, dará «garantía y seguridad jurídica a aquellos promotores que hubieran adquirido suelo» allí donde están previstos los grandes desarrollos.
La satisfacción de los promotores choca con la decepción, sorpresa e incluso prudencia (en algunos casos) de los portavoces vecinales de la zona rural. Desconcertados por el hecho de que se hayan empezado a dar datos antes de que el PGO pase por el Pleno, la presidenta de la Federación Les Caseríes, Soledad Lafuente, prefiere esperar a que sea oficial. Lo mismo que el abogado de la federación, Antonio García, quien califica de «desconcertante» la presentación del viernes porque «esto no es un trámite reglado». Pero muchos otros dejaron la prudencia de lado. Los más contundentes fueron, una vez más, los miembros de la Plataforma Ciudadana contra el Muro de Cabueñes, que volvían a referirse a Gijón como «cabeza tractora de la especulación y de la corrupción urbanística en Asturias, al mantener las islas de la especulación alumbradas por Blanco (Castiello y Cabueñes)». Pero también por haber anunciado el nuevo polígono de Somonte, dando «la oportunidad a cualquiera para especular con esos terrenos antes de la aprobación inicial con suspensión de licencias». Por todo eso y por algunas cuestiones más, consideran que el PGO que está redactando es una «reedición agravada del viejo Plan Teixidor 2007, nacido y muerto corrupto».
Un polígono que ha creado una gran sorpresa entre los vecinos de Cenero, que desconocen los datos relacionados con este proyecto y más aún la intención de recuperar el proyecto del circuito de Sotiello. Desde Roces se salda la cuestión con un escueto «más de lo mismo», y la sensación de que un verano más les tocará trabajar en temas urbanísticos. Como en Vega, cuya presidenta, Carmen Suárez, menciona un «desolador» que resume el sentir de la parroquia, que espera ver los datos de los anunciados estudios de tráfico y de necesidad de vivienda, entre otros.
El presidente de Porceyo, José Antonio Gutiérrez, por su parte, tan sólo ve un motivo de alegría en los datos presentados: que se haya descartado la opción 2, la más agresiva. Pero para su parroquia, en particular, ve más de un problema. Por un lado, ampliación de suelo industrial y por otro, más viviendas, «que esperamos que sean como máximo de dos o tres alturas». Y para ellos y para todos los demás, otro inconveniente: que los núcleos rurales no vayan a crecer más, algo que Pedro Sanjurjo descartó de forma tajante. «Hacen y deciden lo que quieran. No se puede luchar contra ellos», se resigna Eusebio Ortega, de San Andrés.

UGT y Comisiones apoyan el nuevo Plan General por su gestión de más suelo industrial

«La ciudad es la cabeza tractora de la especulación urbanística», denuncia la Plataforma Contra el Muro de Cabueñes
LA NUEVA ESPAÑA 4-7-2010
Los dos sindicatos mayoritarios en la comarca, UGT y Comisiones Obreras (CC OO), mostraron ayer su «satisfacción» con el avance del nuevo Plan General de Ordenación de Gijón, con el que está previsto generar más suelo industrial, que era una vieja reivindicación de las citadas centrales sindicales.

Héctor Roces, secretario general de la UGT de Gijón, señaló que el nuevo planeamiento «es un acierto y coincido con la valoración que hace el concejal de Urbanismo en que queremos que Gijón, y así lo venimos manteniendo, sea una ciudad industrial, y apostar por una ciudad más industrial es ir por el buen camino». Desde la dirección ugetista se piensa que «este plan puede garantizar el crecimiento económico de la ciudad, generando nuevos polígonos industriales, como el de Somonte, que servirán para crear nuevos empleos».

Por su parte, Roque Galcerán, en nombre de CC OO, declaró: «Nosotros remitimos al Ayuntamiento un escrito en el que pedíamos dos cosas importantes: una, que se garantizara que hubiera más suelo industrial, que por lo que vemos se cumple por la zona de Somonte y la ZALIA, y segundo, que también hubiera suelo suficiente para construir viviendas accesibles para las capas más débiles de la sociedad, especialmente los jóvenes». Por ello, «en una primera aproximación, y habrá que leer la letra menuda, en principio estamos satisfechos». Y recalcó Galcerán: «Gijón es el motor industrial de Asturias y como tal lo que hay que hacer es poner en el mercado suelo industrial para que se puedan seguir haciendo industrias».

¿Y los vecinos? La Plataforma Ciudadana Contra el Muro de Cabueñes, que tiene un fuerte conflicto con el Ayuntamiento por el desarrollo residencial de esa zona, asegura que el PGO convierte Gijón en «la cabeza tractora de la especulación urbanística en Asturias al mantener las islas de la especulación alumbradas por Ovidio Blanco», en referencia a Castiello y Cabueñes. La Plataforma, por otra parte, insiste en las irregularidades en el diseño del catálogo que ponen en peligro su legalidad.

Los vecinos de la zona rural, por su parte, aseguran que el nuevo Plan General de Ordenación es «más de lo mismo». Carmen Suárez, representante vecinal de la zona rural gijonesa se pregunta la utilidad que tendrá el nuevo suelo urbanizable que plantea el Ayuntamiento: «No se si de verdad piensan que se van a crear tantos puestos de trabajo con ese suelo, son ganas de convertir en urbanizable todo el suelo». «Sus números no concuerdan con la realidad», concluye Suárez.

La Federación de Vecinos urbana da un voto de confianza al plan, pero espera más datos

Desde la asociación de la zona rural «Les Caseríes», que ya había alegado contra la excesiva ocupación de suelo, no se pronuncian todavía
LA NUEVA ESPAÑA 5-7-2010
Las dos federaciones de asociaciones de vecinos de Gijón; la urbana y la rural, mostraron ayer su cautela a la hora de enjuiciar las líneas maestras del nuevo Plan General de Ordenación, que el pasado viernes desveló el concejal de Urbanismo, Pedro Sanjurjo González, y que, según sus palabras, se basan en la frase: «Queremos más Gijón industrial y sólo el Gijón residencial necesario».

Gabriel Murillo, que es vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV) de la zona urbana y responsable de su Comisión de Urbanismo, declaró ayer que «aunque no nos dio tiempo a analizar el nuevo Plan de Ordenación ni en la Comisión de Urbanismo ni en la Ejecutiva de la Federación, nuestra posición siempre se basó en dos premisas fundamentales: una, que hubiera una reserva suficiente de suelo industrial para no perder el carácter industrial de Gijón, y dos, conseguir el mayor espacio de terreno para la construcción de viviendas con algún tipo de protección».

Por ello, según Gabriel Murillo, de lo desvelado por el edil de Urbanismo «da la impresión de que el nuevo plan de ordenación contempla estas dos premisas, pero no lo conocemos oficialmente y tampoco se nos convocó desde la Concejalía de Urbanismo, no obstante, cuando a finales de este mes se conozca el plan, haremos una declaración oficial».

Sin entrar en más valoraciones, a la espera de que a la FAV se le facilite oficialmente la documentación del nuevo planeamiento, Gabriel Murillo opina que «las dos premisas que nosotros defendemos se dan».

En esas dos condiciones la FAV coincide, por ejemplo, con el sindicato Comisiones Obreras, quien junto con la UGT ya valoró positivamente la orientación industrial que se da al nuevo planeamiento del concejo, después de que el anterior fuera anulado hace un año por los tribunales.

Mucho más cauta se mostró ayer Soledad Lafuente, presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos «Les Caseríes» de la zona rural. De hecho, manifestó que como el Pleno en el que se debatirá el nuevo planeamiento ha sido convocado para el día 30 de julio, «dimos vacaciones en la Federación». Por ello, señaló Lafuente, «no tenemos ninguna opinión, ya que tampoco tenemos ningún documento oficial y no sabemos si lo adelantado será el plan definitivo o va a variar».

En definitiva, desde «Les Caseríes», según su presidenta, van a esperar a conocer oficialmente el texto completo del Plan General de Ordenación para pronunciarse sobre el mismo, pero recordando que, en principio, sus alegaciones están centradas en que hay «demasiada ocupación de suelo rural», concluyó Soledad Lafuente.

«Se destruye la falacia de que el plan perjudica los intereses de la zona rural»

EL COMERCIO 4-7-2010
Insistía Pedro Sanjurjo el viernes, durante la presentación de los primeros datos sobre el nuevo Plan de Ordenación, en el hecho de que el 73% de del territorio del concejo será no urbanizable. En ese porcentaje está incluido el suelo que ocupan los núcleos rurales, por primera vez cuantificados e identificados. 156, en concreto, con 3.900 viviendas construidas. Y que quedarán exactamente como están porque, dice el concejal de Urbanismo, no necesitan crecer, ya que aún tienen capacidad para construir más de 4.700 viviendas.
Esta cifra, según el secretario general de la Agrupación Socialista de Gijón, José Manuel Sariego, «me parece un dato que destruye la falacia de que nuestro plan urbano perjudica los intereses de los habitantes de la zona rural». Basándose en eso, Sariego confía en que esta nueva tramitación no genere las mismas protestas que ya vivió la ciudad con el anterior plan. Por si acaso, «vamos a hacer un esfuerzo de información, transparencia y diálogo y acogida de sugerencias y alegaciones que, en la medida de lo razonable, podremos atender». Pero insiste en la idea: «Niego cualquier maltrato a la zona rural». También hace hincapié en la importancia que tendrá la protección medioambiental y de los suelos agrícolas y ganaderos

El PGO genera un nuevo polígono en Somonte y ofrece suelo para construir 20.000 viviendas

«Más Gijón industrial y sólo el Gijón residencial necesario», asegura Sanjurjo al defender el plan como activo económico
LA NUEVA ESPAÑA 3-7-2010 R. VALLE
Primero, garantizar el crecimiento económico de la ciudad generando nuevo suelo industrial y, en segundo lugar, habilitar el suelo estrictamente necesario para cubrir la demanda previsible de vivienda para los próximos diez años. Estos, y por este orden, son los principales objetivos del nuevo Plan General de Ordenación (PGO), cuyas líneas generales presentó ayer el edil de Urbanismo, Pedro Sanjurjo, a todos los miembros de la Corporación en la primera de las cuatro sesiones extraordinarias que tendrán lugar este mes como previa a la aprobación del documento en el Pleno del próximo día 30. «Queremos más Gijón industrial y sólo el Gijón residencial necesario», sentenció el edil de Urbanismo gijonés como lema de este desarrollo de modelo de ciudad. Este PGO sustituirá al anterior documento urbanístico aprobado de manera definitiva en el año 2007 y que fue tumbado el año pasado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias con varias sentencias que denunciaban irregularidades en su tramitación.

A partir del reconocimiento de una superficie real a efectos del planeamiento urbanístico de 184,9 kilómetros cuadrados (al sumar ya la ampliar del puerto de El Musel y los terrenos ganados al mar en la zona de la ría de Aboño), el PGO a debate reserva sólo un 5% de ese terreno al crecimiento de la ciudad como nuevo suelo urbanizable. El porcentaje se divide en un 3% para nuevo suelo industrial y un 2% para nuevo suelo residencial. O, respectivamente, 514 y 367 hectáreas.

n plena crisis económica, Sanjurjo defendió la necesidad de «garantizar el suelo necesario para que ninguna empresa tenga dificultades para instalarse en Gijón». Ese espacio de crecimiento económico incluye la más que avanzada operación de la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (ZALIA) pero también ampliaciones en las áreas industriales de Porceyo y Roces y, sobre todo, un nuevo polígono de 558.000 metros cuadrados en Somonte Alto. Un área que combinará los usos industriales con los terciarios para facilitar la posibilidad de convertir algún día en realidad la Ciudad del Motor que se había diseñado para el entorno de Sotiello.

Contenido y limitado es la consideración que da el gobierno local al desarrollo residencial que afecta a 367 hectáreas. A lo largo de la próxima década Gijón ofrece espacio para la construcción de más de 20.000 viviendas aunque sólo unas 8.000 se corresponden con los nuevos suelos urbanizables. Otras 13.000 se construirán en suelo urbano pendiente de planes anteriores. No hay grandes novedades en este apartado con respecto al plan anulado en los tribunales. Se mantienen las operaciones residenciales de Castiello, Cabueñes, Infanzón. Porceyo y Granda y se incluye la operación de vivienda de Jove que ya está en marcha aunque no aparecía en el documento urbanístico anterior. Para el edil de Urbanismo este planeamiento se corresponde con una «versión corregida» de la denominada Alternativa 1 del documento de prioridades que se presentó a los vecinos para recibir sus sugerencias.

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El Plan Urbanístico de Gijón prevé 20.000 viviendas y una nueva zona industrial

EL COMERCIO 3-7-2010
Urbanismo gana bolsas de suelo dentro de la ciudad y mantiene los 156 núcleos rurales tal y como están
La alternativa 1 se perfilaba, desde el principio, como la que tenía más posibilidades de seguir adelante. Y así ha sido. El Plan General de Ordenación (PGO) que la Concejalía de Urbanismo ha elaborado y que aprobará en el Pleno del próximo día 30 recoge, básicamente, los desarrollos previstos en el plan anulado por los tribunales, quedándose, de las tres alternativas presentadas en diciembre de 2009, con el término medio. Ni la más conservadora, ni la más arriesgada. Es la alternativa 1, «corregida», explicó ayer Pedro Sanjurjo. Básicamente por dos motivos.
En primer lugar porque se concretan y matizan las cifras de las nuevas viviendas que será posible construir en el suelo urbanizable en los próximos diez años. Se hablaba en diciembre de unas 17.200, y Sanjurjo aumentó ayer la cifra a unas 20.000. No hay cambios respecto a los nuevos suelos urbanizables, que se mantienen en Jove, Porceyo, Castiello, Granda, Cabueñes, Peñafrancia e Infanzón, principalmente, y con la misma edificabilidad que tenían, que suman entre 7.000 y 8.000 nuevas viviendas. Por lo tanto, esas casi 3.000 de diferencia respecto a la opción 1 se ganan dentro de la trama urbana. En el documento de prioridades se calculaba que Gijón tenía capacidad para levantar algo más de 9.000 viviendas en suelo no desarrollado de anteriores planes. Ahora esa previsión se eleva a entre 12.000 y 13.000, porque surgirán dentro de la ciudad espacios que hasta ahora no tenían uso residencial. Se tratará de ‘cerrar’ la ciudad por los bordes ahora vacíos. Sanjurjo concretará en las próximas comisiones de Urbanismo dónde estará este nuevo parque de viviendas.
La segunda ‘corrección’ que plantea el documento es que incluye un nuevo polígono industrial, no previsto en ninguna de las alternativas del documento de prioridades. Estará en Somonte, entre el polígono ya existente y la ‘Y’ y contará con 558.000 metros cuadrados. El plan reservará para ese espacio usos industriales, pero también terciarios, dejando la puerta abierta, aseguró Sanjurjo, a la posibilidad de recuperar el viejo proyecto del circuito planeado en su día para Sotiello y abandonado después en 2007 por sus promotores. Respecto al resto del suelo industrial, el nuevo PGO incluirá ya la Zona de Actividades Logísticas e Industriales y el polígono de Lloreda, y planeará las ampliaciones de los de Roces y Porceyo.
Porque uno de los objetivos del plan, destacó ayer Sanjurjo una y otra vez, es «generar suelo suficiente para que la ciudad de Gijón no se pare y pueda albergar nueva actividad empresarial generadora de empleo». La meta es que durante los próximos diez años, periodo para el que se plantea el desarrollo de cada plan de ordenación, «ninguna empresa tenga dificultad para ubicarse en Gijón». Otro de los grandes objetivos, como es lógico, es «atender la demanda residencial que pueda haber en la próxima década».
Núcleos rurales
Tenía más interés Sanjurjo en hablar de los objetivos generales que de cifras concretas. Porque «hay que preparar el concejo para la próxima década», «conseguir el bienestar para todos» y llevar a cabo «una correcta y adecuada gestión del suelo». Una gestión que pasará por dejar los núcleos rurales tal y como están. Es decir, se descarta (aunque se había planteado) revisar los criterios de edificabilidad y parcelación, pero también aumentar los núcleos. Lo que sí se ha hecho es «una importante labor de investigación» para identificar los 156 núcleos existentes, que tendrán cada uno una ficha específica. En total, en ellos hay 3.900 viviendas protegidas y tienen capacidad, aseguró Sanjurjo, para construir aún otras 4.700 aproximadamente, lo que serviría para dar respuesta a «las necesidades de los pobladores de los núcleos».
Lo que quiso dejar muy claro Sanjurjo, y también el portavoz de IU, Jesús Montes Estrada, es un dato: en aproximadamente el 17% del suelo de Gijón (el urbano y el urbanizable) vive el 97% de la población de Gijón. Y en el 12% del territorio, el que ocupan los núcleos rurales, vive el 3%. Todos estos datos son «una información muy valiosa para explicar la política» que sigue este plan general. En cualquier caso, defiende Sanjurjo que es una «propuesta muy contenida, si lo comparamos con otros concejos limítrofes como Oviedo, Carreño o Villaviciosa». Montes Estrada expresó su acuerdo absoluto con el planteamiento, ya que sitúa Gijón como «cabeza tractora de Asturias en materia industrial» y «todo lo relacionado con el medio ambiente cobra una importancia fundamental. Defiende «la sostenibilidad como elemento crucial».

Un 73% del territorio quedará como suelo no urbanizable

EL COMERCIO 3-7-2010
Pedro Sanjurjo pretende ir dando ‘por capítulos’ la información relativa al Plan General de Ordenación, en las sesiones monográficas de la comisión del área que, tras la de ayer, tendrán lugar los días 8, 16 y 23 de julio. Así, poco a poco irá desgranando sus contenidos. Ayer era el día de la información general y de las tipologías de suelo que señalará el nuevo PGO, un suelo que básicamente estará dividido entre el urbano y el urbanizable, que suman el 27% del total de los 184,9 kilómetros cuadrados que tiene el concejo, y el 73% restante, que es no urbanizable. Dentro de este último grupo hay varias tipologías.
Así, un 24% del territorio estará considerado de especial protección, lo que incluye las reservas ambientales, la protección y recuperación ambiental, y también los corredores fluviales. Esta última tipología cobra más importancia tras la riadas sufridas en diversos puntos de Asturias en las últimas semanas. En este sentido, Sanjurjo explicó que «se preserva de cualquier aprovechamiento residencial para evitar riesgos en zonas inundables», protegiendo las cuencas de los ríos Piles y Pinzales. Aclaró el concejal que no se trata de ninguna novedad pensada tras los últimos acontecimientos, sino que esta decisión procede de las conversaciones mantenidas con la Confederación Hidrográfica.
Un 30% del territorio estará considerado de interés, incluyendo el suelo agropecuario, «uno de los cambios más importantes» y con extensión «suficiente para garantizar la supervivencia de la actividad agrícola y ganadera». Habrá también suelo de interés tradicional-rural, de riesgos y forestal. Otro 2% de suelo no urbanizable de costas, 5% de suelo no urbanizable de infraestructuras y, por último, el 12% de núcleos rurales, que se quedarán exactamente como están, por más que «sus características, uso y extensión siempre es motivo de controversia».
Todas estas cifras, insistió Sanjurjo, permiten «mantener la actividad tradicional del mundo rural», porque Gijón «es un territorio costero, pero también agrario». Un modelo que incluye el mantenimiento y ampliación del Arco Medioambiental, en el marco del cual se van a ir ampliando y uniendo las manchas verdes que rodean el concejo.
En cuanto al suelo urbano, actual, un 15% del total tiene uso residencial, un 5% industrial y hay otro 2% de suelo portuario (que pasa a tener 380 hectáreas, en lugar de las 166,7 que tenía). Con los nuevos urbanizables se suma un 2% más de residencial y un 3% de industrial. Todo esto marca el «orden de prioridades y usos» de un plan que permite «adaptarse a los cambios económicos derivados de la crisis, que exige tomar medidas a tiempo».
Críticas del PP
Un plan con el que no parece que el PP vaya a estar de acuerdo. Pablo Fernández hizo ayer una primera valoración de los datos que se habían dado a conocer para asegurar que «es más de lo mismo, está basado en el plan anulado. La ciudad compacta no se ve por ningún lado».
Por otra parte, el PP criticó los cambios que, a su juicio, se han ocultado en la tramitación del catálogo urbanístico y que afectan a Cabueñes. Por eso, pedirán en el próximo Pleno que se anule la información pública del catálogo y que se revisen todas las fichas.
Sanjurjo y Montes Estrada negaron las acusaciones y aseguraron que el arbolado al que hacen referencia «está perfectamente protegido por el PGO. Antes de que existiera la plataforma de Cabueñes ya estábamos preocupados por la preservación medioambiental».

La edificación se prohíbe en los alrededores de los ríos Piles y Pinzales

El nuevo planeamiento clasifica como no urbanizable el 73% del suelo gijonés

LA NUEVA ESPAÑA -3-7-2010
Pedro Sanjurjo le daba ayer especial trascendencia, al presentar el PGO, al hecho de que Gijón mantenga un 73% de su territorio como suelo no urbanizable. Y con dos porcentajes a destacar: un 24% de suelo de especial protección y un 30% de suelo de interés. «Aquí se demuestra la voluntad de mantener un modelo de ciudad compacta que consuma el suelo imprescindible», indicó Sanjurjo. En esas tres cuartas partes de suelo no urbanizable de Gijón vive el 3% de la población mientras; el 97% restante lo hace en la otra cuarta parte del territorio de Gijón.

Tras las recientes inundaciones que ha sufrido Asturias tiene más trascendencia detectar que este nuevo Plan General de Ordenación incluye dentro del suelo no urbanizable de especial protección un espacio, que se corresponde con el cinco por ciento del territorio local, que impide la construcción dentro de los denominados corredores fluviales para evitar cualquier tipo de riesgo en zonas inundables. Sanjurjo quiso dejar claro en la presentación inicial de los suelos del nuevo PGO que esas áreas de protección en las cuencas de los ríos Piles y Pinzales fueron diseñadas de acuerdo con la Confederación Hidrográfica del Cantábrico mucho antes de los planteamientos de seguridad que ahora se analizan en otros municipios tras las terribles consecuencias de las lluvias de las últimas semanas.

Además, el plan consolida un espacio de reserva ambiental que a partir del proyecto que desde hace años impulsa el Ayuntamiento a través de la denominada iniciativa «Arco medioambiental», genera un gran corredor verde que hace de frontera entre la ciudad consolidada y los suelos no urbanizables. Un corredor desde el que se garantiza la atención a los espacios protegidos y a la vegetación autóctona. También se garantiza la protección de todo el suelo costero como un elemento definitorio de la identidad gijonesa.

Tras la reunión de la Comisión de Urbanismo, Sanjurjo hacía una presentación pública del marco general del PGO en el salón de recepciones del Ayuntamiento junto a otros compañeros de gobierno. Entre ellos el líder de IU, Jesús Montes Estrada. El socio de gobierno dejaba claro su apoyo a un documento que defiende «un modelo de ciudad con tres factores fundamentales: la consideración de Gijón como cabeza tractora en materia industrial de Asturias, el mantenimiento de la vivienda de protección como un elemento fundamental y la trascendencia de los elementos relacionados con el medio ambiental. Y estamos hablando de bosques autóctonos, no de eucaliptos». Mucho menos satisfechos están los concejales del Partido Popular. Pablo Fernández mostró su disgusto tras ver que es «más de lo mismo, cuando lo que tenía que verse aquí son cambios de modelo de ciudad». Para el edil popular, «los objetivos de una ciudad compacta y más sostenible no se ven». Un más de lo mismo que no es motivo de sorpresa para Pedro Sanjurjo, que desde el principio dejó claro que éste «es un PGO coherente, sin saltos al vacío».

Las polémicas vecinales de planes anteriores, que generaron una gran conflictividad social en la zona rural y el desarrollo de las denominadas «marchas verdes», han llevado al equipo de gobierno a avalar su negativa a ampliar la capacidad edificatoria en los núcleos rurales a partir de un amplio proceso de investigación sobre la actual realidad de ese 12% del suelo gijonés. Según los datos aportados ayer por el edil socialista de Urbanismo, en las parroquias gijonesas hay 156 núcleos rurales con 3.900 viviendas construidas en la actualidad y la posibilidad, a partir de la legislación vigente, de que se construyan otras 4.700 viviendas.

Unas cifras que les parecen más que suficientes al equipo de gobierno para mantener la filosofía marcada en la ley del Suelo del Principado de garantizar la permanencia y actividad de los habitantes tradicionales de esos espacios. «Y no como una alternativa de realojamiento para los habitantes del ámbito urbano», dejó claro Sanjurjo en referencia a la construcción de segundas viviendas. Las fichas con los datos concretos de cada uno de esos 156 núcleos rurales se integrarán en el expediente completo del Plan General de Ordenación.

A la defensa de esa fórmula de vida tradicional en el ámbito rural se suman los suelos de interés, que alcanzan el 30% del territorio global con una reserva del 18% para suelos de interés agropecuario y un 8% para suelos de interés tradicional rural. «Todo ello es garantía suficiente para la pervivencia de la actividad agrícola y ganadera en el concejo. El PGO no va a ser un obstáculo para ese sector», sentenció el edil socialista de Urbanismo.

A partir de la presentación formal de este esquema general del Plan Urbano, los concejales de los tres grupos municipales volverán a reunirse los días 8, 16 y 23 de este mes para analizar aspectos cada vez más concretos de la documentación que debe regir el desarrollo de la ciudad en la próxima década. El objetivo es que el Pleno dé su aprobación inicial al documento el día 30, para que pueda salir a información pública. Mientras, los responsables técnicos municipales del área de Urbanismo están dando contestación a las sugerencias presentadas por los vecinos al documento de prioridades, y los integrantes del gabinete jurídico siguen adelante con los recursos planteados contra las sentencias que han generado la anulación del plan del 2007.

El número de viviendas vacías crece, también crece  el número de personas para las que la vivienda resulta inasequible, crece el paro y el número de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza, los constructores siguen con su negocio beneficiándose de millones de euros de dinero público, mientras se recortan sueldos, gastos en sanidad pública, pensiones… Y cuando España tiene la mayor deuda privada de Europa, cuando los bancos tienen más pisos que dinero, siguen en más de lo mismo, más ladrillo, insisten en que no quede un español sin hipoteca de por vida. ¿Un error de los gobernantes? Un HORROR ! Aunque lo mismo da como se titule, se agradece que, como tantas veces, Javier Morán diga lo que hay.

El error protector

LA NUEVA ESPAÑA 29-6-2010

Se derrumbaba el ladrillo, pero Principado y promotores produjeron más pisos que nunca

JAVIER MORÁN El sector asturiano de la promoción de vivienda avisa de que no pueden vender todos los pisos de precio protegido que desearían, y de que están almacenando un «stock» peligroso de unas 2.000 viviendas que los compradores no les arrancan de las manos, pese a sus precios más asequibles.

Hagamos memoria. Hace dos años, cuando la economía española y mundial comenzaban a derrumbarse con el ladrillo a la cabeza, algunos analistas inmobiliarios -insidiosos, pero veraces- lanzaron este mensaje a los promotores: «Bajen ustedes inmediatamente un 30 por ciento el precio de sus pisos o al cabo de un tiempo las circunstancias los obligarán a venderlos al 50 por ciento».

Aquello podía parecer una burrada, pero gracias a tan duro ajuste inicial los mercados inmobiliarios de EE UU y de Inglaterra han logrado limpiarse con relativa rapidez. Claro, que estamos hablando de pueblos anglosajones: pragmáticos, realistas, rápidos. En cambio, los latinos se pusieron a esperar algún maná que cayera del cielo, o a sacar al santo en procesión, o a poner velas en los altares.

El santo al que han recurrido los promotores asturianos ha sido, cómo no, el Gobierno del Principado, y la plegaria que ambos entonaron parecía santa, pero ha resultado ser un cepo: «Esto se viene abajo y la gente deja de comprar, pero pongamos más vivienda en mercado». Y se pusieron a hacer desde 2008 más pisos protegidos que nunca.

Al mismo tiempo, las velas se colocaban en los altares de la banca, que no obstante se mantuvo imperturbable y no soltó crédito como el de antes (si lo hubiera hecho en esas circunstancias, hoy el sistema financiero español estaría quebrado).

Y claro, ni aireando al santo ni derritiendo cera se ha logrado que venga el maná. Es más: parecen no haberse enterado de que el crédito fácil no volverá a España en varios años y de que la primera década del siglo XXI no va a repetirse. Por un lado, o cambian de estrategia o su sector tardará mucho tiempo en volver a una actividad moderada, y, por otro, el error del santo protector ha sido verdaderamente craso.

Los constructores auguran una pronta subida del precio de los pisos

LA NUEVA ESPAÑA 24-6-2010

Aseguran que habrá tensiones en la oferta cuando este mismo año desaparezcan las 4.000 viviendas que hay en stock
Los constructores asturianos llevan meses percibiendo leves signos de recuperación en el sector y confían en eliminar este mismo año el actual stock de viviendas que, a principios de año, un estudio de la Universidad de Oviedo situó en el entorno de los 4.000 pisos. La cifra, además de las viviendas terminadas incluye las que están en un avanzado estado de ejecución y que, de no ser vendidas, se convertirían en stock en un plazo máximo de seis meses. «De acuerdo con la demanda actual, ese volumen de pisos puede ser absorbido durante este año», aseguran los constructores en el último número de la revista ‘Ático’. Pero tras la eliminación de ese ‘colchón’ de viviendas vendrán las tensiones en la oferta y los precios subirán de forma prácticamente inmediata. «En Asturias se produjo un menor incremento de los precios y se registró una menor presión inmobiliaria en la costa, circunstancias que provocaron que el índice de stock sea en Asturias inferior al que presentan otras zonas de España», argumentan.
Entre los años 2000 y 2008 se construyeron en el Principado 83.284 viviendas, lo que supone un 16% del total del parque inmobiliario, lejos de la superproducción observada en otros lugares, como, por ejemplo, Málaga, donde el porcentaje alcanzó durante esos ocho años un 41%. Algo parecido ocurrió con los precios. En el momento más álgido, alcanzaron los 1.781 euros por metro cuadrado de media en 2008 lo que supuso un incremento del 153% en diez años, frente al 329% de Málaga, el 289% de Tarragona, el 256% de Baleares, el 284% de Murcia o el 181% de Madrid.
Tras el ‘tijeretazo’ a la inversión pública anunciado por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, los constructores aseguran que la colaboración «público-privada» es el último recurso que le queda a Asturias. Serafin Abilio Martínez aprovecha el editorial de la publicación para reclamar la participación de las empresas contratistas de tamaño medio que tienen su origen y domicilio social en Asturias en las obras asturianas del Plan Extraordinario de Inversiones (PEI), dotado con 17.000 millones de euros. «Es necesario que dichas empresas sean tenidas en cuanta de manera muy especial», dice. Y para ello, aboga por buscar la fórmula adecuada, con independencia de la necesidad de conocer los pliegos y el listado de obras con sus presupuestos para hacer un adecuado planeamiento financiero. «Los empresarios de la construcción y particularmente de la contrata debemos estar muy atentos para, desde nuestra posición, reclamar aquello que por derecho le corresponde a Asturias, comunidad que no puede quedar nuevamente relegada en el furgón de cola de la creación de unas infraestructuras que son fundamentales para su desarrollo», destaca Serafín Abilio Martínez.
Según los cálculos de la Confederación Asturiana de la Construcción (CAC), al Principado deberían llegar entre un 2,5 y un 3% de esos 17.000 millones de euros, a los que debería sumarse la deuda histórica que tiene pendiente en materia de infraestructuras y de acuerdo con su población y necesidades.
Fusión CAC y Asprocon
Mañana se producirá oficialmente la fusión entre la CAC y Asprocon que dará lugar a una nueva agrupación integrada por 738 empresas. La primera ventaja de esta decisión, según explica Serafin Abilio Martínez, será que «todo el empresariado asturiano de la construcción hablará con una sola voz, cada vez más autorizada, por su peso específico, en todos los escenarios nacionales y autonómicos en que tiene legítimo derecho a ser escuchado» para exponer todos esos problemas que le afectan». «Ahora que ya estamos todos representados en una misma asociación, debemos plantearnos redoblar el esfuerzo de nuestra apuesta por aquellas cuestiones en las que creemos y que no son otras que la creación de riqueza y la consiguiente generación de empleos cada vez más necesitados de formación», argumenta el presidente de la CAC. En su opinión, el sector de la construcción está en condiciones de garantizar el cambio generacional en Asturias, dando paso a los más jóvenes como garantía de continuidad empresarial.

La falta de crédito compromete la venta de cientos de viviendas protegidas en Asturias

LA NUEVA ESPAÑA 27-6-2010

La delicada situación de la economía l Chequeo al negocio constructor
Los promotores, que pusieron en el mercado más de 4.000 pisos de protección desde 2008, avisan del riesgo de generar un nuevo «stock» inmobiliario por las dificultades con las hipotecas
Asturias ha puesto en el mercado desde 2008 más de 4.000 viviendas de protección oficial, una oferta de un tamaño con pocos precedentes que ha coincidido en plena depresión del negocio inmobiliario y en medio de conocidas dificultades para el acceso al crédito para empresas y familias. A decir de la nueva patronal asturiana de la construcción, recién nacida a partir de la fusión de la CAC, con sede en Oviedo, y de la gijonesa Asprocon, los promotores han logrado vender en torno al 50% de los pisos protegidos, pero hay dificultades para dar salida al resto, en parte debido a la resistencia de bancos y cajas de ahorros a financiar las operaciones. Esa sequía de crédito y los recortes en la obra pública son dos amenazas que, según el «lobby» constructor asturiano, sobrevuelan un sector que ya ha perdido casi el 40% de su empleo desde el inicio de la crisis.

Serafín Abilio Martínez, que acaba de ser elegido presidente de la nueva CAC-Asprocon, y Manuel Pastor, antes líder de la organización gijonesa y desde el viernes uno de los vicepresidentes de la patronal regional, expusieron ayer su diagnóstico sobre las perspectivas de las dos patas del negocio constructor: la vivienda y la obra civil.

l Los pisos. «Las ventas han repuntado este año y el stock de vivienda libre se está reduciendo, pero siguen los problemas de la financiación», expone Abilio Martínez. Bancos y cajas, añaden, mantienen restringido el crédito tanto para los promotores como para los compradores. También para los de vivienda protegida: «Incluso se dan bastantes casos en los que el comprador lo tiene mejor para financiar un piso libre que uno protegido», señala Manuel Pastor. Y apostilla: «Estamos alertando a la Administración y a la banca de que se puede generar un nuevo “stock”, ahora de vivienda de protección oficial».

Los constructores auguran más ajustes de plantilla tras perder 15.000 empleos

l La delicada situación de la economía l Chequeo al negocio constructor
Las entidades financieras tienen echadas barreras que afectan tanto a las empresas como a los compradores, sostiene el sector. «Ningún banco te financia si no tienes vendido de antemano al menos el 50% de las viviendas; las empresas están poniendo sus propios recursos». Para el comprador también hay dificultades: «La banca no está cumpliendo los compromisos para conceder créditos subsidiados a los compradores de vivienda protegida», protesta Manuel Pastor.

Su queja coincide con la que meses atrás formuló la consejera de Vivienda del Principado, Noemí Martín, y llega cuando el desarrollo de pisos de protección oficial -de promoción privada, pero de precio tasado por la Administración- vive un auge sólo comparable al que se produjo en los primeros años de la década gracias al desarrollo urbanístico de La Corredoria, en Oviedo.

La oferta de suelo gestionado principalmente por sociedades públicas -Sogepsa y Sepes- hizo coincidir a partir de 2008 el impulso de grandes planes de vivienda protegida encabezados por Gijón (Roces), Oviedo (Prados de la Vega y otros enclaves), Mieres (Mayacina) y, más recientemente, Avilés (La Magdalena). Según datos del Gobierno central, en poco más de un año se iniciaron en Asturias en torno a 5.000 pisos protegidos y por primera vez este tipo de promoción, con precios más baratos y un proceso tutelado por las administraciones, superó al mercado libre, que cayó en barrena tras el estallido de la «burbuja inmobiliaria».

Fue una estrategia compartida por el sector privado y por el Gobierno asturiano que IU, socio de la FSA en el Ejecutivo autonómico, destacó varias veces como una aportación singular de la coalición a la política de vivienda del Principado. El PSOE también la expuso como suya cuando, en octubre de 2008, el presidente Areces presentó un acuerdo con bancos y cajas que incluía medidas de apoyo para los promotores y para los compradores de pisos protegidos. El propósito en ambos casos era remover los obstáculos que pudieran surgir para el acceso al crédito. A pesar de que las dificultades existen ahora, de aquellas ayudas del Principado «no hay nada de nada», sostiene Serafín Abilio Martínez, que lanza un reproche genérico a una banca que «ganó mucho dinero con el sector inmobiliario en estos años». Y hace una petición de ámbito regional: «Cajastur, Banco Herrero y Caja Rural -las entidades más pegadas a Asturias- deberían encabezar las soluciones para el crédito». Las tres entidades, matizan Abilio Martínez y Manuel Pastor, ya llegaron a acuerdos con los promotores para reducir el stock de vivienda libre.

l La obra pública. La construcción asturiana ha perdido unos 15.000 empleos en la crisis, «el 40% del total», subraya el presidente de la nueva CAC-Asprocon. Y los recortes de plantilla pueden continuar, más ante la expectativa de una reducción notable en el volumen de obra pública, que en Asturias ha venido aportando en torno al 60% de la actividad (medida en términos de PIB) de la construcción, aunque es menos intensiva en mano de obra que la edificación residencial. El gremio regional de los contratistas y los subcontratistas se asoma a dos problemas: el cercano final de grandes obras en ejecución (ampliación de El Musel, Hospital Central, variante de Pajares…) y la caída en la oferta de obra nueva a consecuencia del recorte de gasto de las administraciones.

Sostiene la patronal que el Principado está incumpliendo lo comprometido en el pacto social (el llamado Aceba) porque están pendientes de licitar proyectos por valor de 1.200 millones de euros planificados hasta 2011. Los compromisos de la Administración central para este año no llegan a 80 millones de euros, se queja Serafín Abilio Martínez. «La caída de licitación es impresionante», dice. Y la patronal teme que el recorte en infraestructuras que prepara el ministro de Fomento, José Blanco, en todo el país alcance no sólo al desarrollo de proyectos del AVE que sólo están sobre el papel (caso del tramo Pola de Lena-Gijón), sino a la conclusión de la Autovía del Cantábrico, con obras en ejecución tanto en el Oriente (Unquera-Llanes) como en el Occidente (cuatro tramos). «La inquietud del sector es terrible», concluye el primer directivo de CAC-Asprocon, asociación de 700 compañías que es, desde la asamblea fundacional del pasado viernes, la mayor organización empresarial sectorial de Asturias.

Vivo en una comunidad de vecinos cuyos fondos económicos son un desastre. Tanto, que sospecho que el futuro va a ser complicado para mí y para los que vengan detrás. Ya no hay dinero para pagar la luz, el agua y demás servicios básicos por los que, sin embargo, contribuyo, junto al resto del vecindario, mes a mes. El presidente, vicepresidente, tesorero y demás integrantes de la Junta Directiva dicen que la culpa es de los bancos (por no dar créditos), de los especuladores (que deben de ser muy malos, pero no dicen quiénes son) y de  la anterior junta directiva (que cuando opina devuelve la acusación).

En el portal hay vecinos para todos los gustos. La mayoría pasa de todo: nunca van a las reuniones de la comunidad y no les interesan las cuentas ni aportan soluciones a los problemas que nos aquejan, a no ser que falle la televisión. Entonces sí, aparecen, protestan, exigen sus derechos. Otros, ni eso; son de esos que llevan aquí veinte años y todavía no conocen a sus vecinos de portal. Vamos, que no se enteran y que prefieren creer que quienes nos representan y gestionan nuestros dineros son buena gente.  Yo esto no me lo creo y, como yo, algún otro. Pienso que todo esto que está pasando con la economía de mi comunidad tiene que ver con la falta de decencia de quienes la administran, el resultado de desvalijar  los fondos comunitarios durante mucho tiempo y con mucho exceso. Yo creo que otros vecinos también son conscientes, pero no lo dicen, seguramente,  porque algo les va en ello: alguna comisión, o simplemente algún café con el último vocal de la directiva o una palmada en la espalda (¡miseria humana!)

Lo peor de todo es la solución que proponen. ¡Quieren que seamos los propios vecinos quienes repongamos lo que ellos nos quitaron! Nos suben la comunidad y nos llueven continuas derramas para evitar que todo esto se vaya al garete.  Además, estamos desprotegidos, pues el régimen interno de la comunidad no exige responsabilidades personales a quienes meten la mano en el cajón. Es más, el desvío de fondos públicos a sus amiguetes queda amparado por ley, mediante un complejo entramado administrativo y clientelar que nos está llevando a la ruina.

En el país de la picaresca, parece inevitable que quienes manejen los caudales públicos marchen con algo. El asunto es el cuánto.  La irresponsabilidad en la que están cayendo nuestros dirigentes es clamorosa, pues a este ritmo no va a quedar nada para sus sucesores (familiares en muchos casos). Si sólo trincasen lo justo, las generaciones venideras de gestores podrían seguir haciéndolo indefinidamente sin poner el peligro su futuro y de paso el de los vecinos, que aunque bien poco les importamos, iríamos tirando. Es la esencia de la sostenibilidad, de la que tanto se habla.

Señores políticos, pónganse de acuerdo y roben lo justo, aunque sólo sea por el bien de los suyos ¡Ley de Latrocinio Sostenible Ya!

La contratación del estudio económico del nuevo Plan Urbano queda desierta

La Nueva España – 26-4-2010
El concurso para la contratación del estudio económico y financiero correspondiente al nuevo Plan General de Ordenación (PGO) ha quedado desierto. A la convocatoria sólo se presentó una empresa y, según el informe emitido por el Área de Planificación Urbanística y Obras, no cumplía las condiciones básicas de la licitación.

Las dudas surgieron en el apartado relativo a la solvencia profesional. Para acreditarla, se exigía haber realizado cinco servicios similares, en ayuntamientos de más de 50.000 habitantes y con un presupuesto superior al 60 por ciento del que es objeto de concurso. El estudio económico y financiero del PGO está presupuestado en 70.000 euros, a los que hay que añadir otros 12,6 en concepto de IVA.

Dicho trabajo forma parte del proceso de revisión del planeamiento urbanístico gijonés, cuya tramitación se iniciaba a principios del mes de enero. El Ayuntamiento tiene que elaborar un nuevo PGO a raíz de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que declaran contrario a derecho el actual Plan de Ordenación. El procedimiento parte de un documento de prioridades que ha recibido, en una primera fase de información pública, 1.752 sugerencias y alegaciones. Escritos que ahora están siendo analizados por funcionarios municipales.

La valoración económica de la propuesta que ahora hace el equipo de gobierno es indispensable para continuar con el proceso. Que su contratación haya quedado desierta, aseguran los responsables urbanísticos de la ciudad, «no retrasará en absoluto la revisión del PGO». El equipo de gobierno pretende tener listo su nuevo Plan Urbano antes de que termine este mandato. Para la redacción del correspondiente estudio financiero, «habrá que ir al negociado». Eso significa que será el propio Ayuntamiento el que se dirija a empresas especializadas para pedir ofertas.

Si ahora para los constructores no resultase más ventajoso las viviendas protegidas que las libres ¿cómo se explica que soliciten que viviendas libres- incluso ya vendidas- sean calificadas como viviendas de protección autonómica?

Que el Principado nos lo solucione

La Nueva España 24 de Abril del 2010 – Yesica Gonzalez Díaz (Siero)
Soy una joven vecina de Pola de Siero, de 27 años, que el mes de abril del pasado año tomó una de las decisiones más importantes de su vida, que fue la de gastarse todos sus ahorros en una vivienda. Como se podrán imaginar con toda la ilusión del mundo y tras haberlo pensado mucho y haber encontrado algo que se ajustaba en gusto y precio.
Las cosas se empezaron a complicar cuando en el mes de agosto recibo una carta del promotor informándome de que había solicitado al Principado un cambio de calificación de vivienda libre a vivienda de VPA en régimen de arrendamiento a 25 años, todo esto, por supuesto, sin ser aprobado ni apoyado por ninguno de los compradores que en ese momento ya teníamos un contrato de compraventa firmado y con la consiguiente falsedad en su solicitud; donde el promotor se manifestaba como único propietario. En octubre, el promotor nos comunica que tiene concedido el cambio provisional de calificación y que estarían dispuestos a rescindir los contratos a partir de diciembre. Pero señores míos, nosotros no es lo que queremos, lo único que pedimos es que se cumpla íntegramente lo firmado. La solución que se nos dio fue la devolución del dinero con los intereses correspondientes. Algunos propietarios decidieron aceptar, aunque aún siguen esperando, ya que dicen que no tienen dinero. Otros propietarios estamos luchando y reivindicando, por medio de varios escritos, a las autoridades competentes. El Ayuntamiento ha hecho caso omiso y ni nos ha contestado y el Principado sí ha respondido, pero se lava las manos diciendo que son intereses privados y que lo debemos solucionar entre ambas partes, pero, ¿es justo que jueguen con nuestra buena fe utilizando artimañas tales como que si no conseguimos este cambio se quedará sin trabajo mucha gente y nosotros nos iremos a la quiebra? Por favor, nosotros nos preguntamos donde está el dinero que generaron con el boom inmobiliario. Es muy fácil pedir ayuda a nuestro Padre el Principado cuando las cosas nos van mal.

El Ministerio de Industria aplaza la inversión de 3.200 millones de euros correspondientes a la Planificación Energética obligatoria 2008-2016, en líneas de transporte eléctrico e infraestructuras gasísticas.
El artículo “El estallido de la burbuja eléctrica…”  pone a la vista lo que esta paralización de las inversiones significa, la situación de los bancos ante el caos energético de primas, subvenciones, titulizaciones…, la situación del carbón, del gas,..

El estallido de la burbuja eléctrica paraliza buena parte de las inversiones de Red Eléctrica Española y Enagás

Una información lanzada por el Ministerio de Industria, de la máxima importancia, para según que comunidades de España, fue divulgada por la Agencia Europa Press, pero apenas si ha tenido eco en prensa…
…Al parecer, la decisión ha sido comunicada a la Comisión Nacional de la Energía, CNE, y se mantiene un mutismo absoluto sobre cuáles son las inversiones paralizadas…
En estos momentos el gobierno hace frente a una gravísima crisis energética, marcada por el derrumbamiento de la demanda y el enorme exceso de capacidad instalada, con un incontrolado disparo de los costes de la electricidad, a causa del mal llamado déficit de tarifa, que en realidad no es otra cosa que el pago adelantado por las propias eléctricas de las subvenciones a las renovables, enmascaradas como primas que gravitan sobre el recibo, para burlar la legislación europea.
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La burbuja eléctrica es enorme, pero no es ni con mucho el único grave problema que se hará sentir pronto. Los cinco artículos que enlazamos a continuación se refieren al panorama que hay. (Click sobre el titular para leer cada artículo)

-Nuestros estúpidos cleptómanos nos hundieron y ahora no tiene plan B.

-La tragedia griega de los PIIGS.

-¿Sobreviviría España a su salida del euro?.

-Crece el riesgo país de un país en riesgo, en el que no se puede desligar la crisis económica de la crisis política.

-Un enigma.

Las palabras que se reproducen a continuación, que bien podrían ser nuestras, son de arquitectos:

-En una lectura simplista del documento de prioridades da la impresión de que se ha querido ir a velocidad de crucero al hilo de las distintas sentencias judiciales desfavorables para salvar el planeamiento anterior. Sin embargo, la evolución de la ciudad va a otros ritmos. Hay plazos administrativos que cumplir, pero en este proceso de revisión debe tomarse en consideración todo lo sucedido en el periodo 2005-2009, porque no conviene errar más.

-Entendemos, y así lo hemos recogido en nuestro documento de sugerencias, que el cálculo del número de viviendas para los próximos años debe hacerse con el máximo rigor. La situación económica es lo suficientemente incierta como para no hacer proyecciones a muy largo plazo. La ciudad interna consolidada también presenta oportunidades para recualificar zonas. Y creemos que la distribución de la vivienda de protección tiene que estar presente en todos los suelos urbanizables

Es necesario recuperar la idea de fortalecer barrios y reconstruir áreas urbanas, además de contribuir a mejorar las condiciones energéticas de los edificios. Todo eso será el futuro más inmediato. La edificación se orientará hacia la reconstrucción y revitalización de las áreas urbanas. En el futuro las urbes, obligatoriamente, tienen que dejar de consumir tanta energía y emitir gases contaminantes y resolver el problema de los residuos. El Observatorio de la Sostenibilidad nos advierte de que en 2030 necesitaríamos dos planetas si mantenemos el ritmo de construcción de ahora.

La edificación consume muchos recursos naturales. El 50% de esos recursos se los lleva sólo la actividad edificatoria

La ASA, que agrupa a algo más de un millar de arquitectos y urbanistas españoles, apuesta por revisar el crecimiento indiscriminado de las ciudades y plantea una vuelta a la rehabilitación de las viviendas en las tramas urbanas actuales.

«el tamaño de las ciudades habrá que determinarlo dentro de unas nuevas relaciones con la naturaleza y el medio rural»

¿Habrá leído Sanjurjo algo de esto? ¿Habrá leído las alegaciones? ¿Algún miembro o miembra del equipo de gobierno municipal les prestará una mínima atención a estos asuntos? Nuestra duda es voluntarista: razonablemente no hay indicios para esperar que los ediles piensen en algo que no sea su propio beneficio; nada indica que no sigan en lo mismo, es más, las declaraciones de Sanjurjo al referirse a  la reciente contratación externa de estudios que deberían estar realizados con anterioridad a la redacción del documento de prioridades  reflejan que sigue en más de lo mismo.

El PGO debe evitar nuevos Viesques

El Comercio 5-4-2010 Entrevista a Angel Noriega Decano del Colegio de Arquitectos de Asturias. Ángel Noriega está a punto de agotar su segundo mandato al frente del Colegio de Arquitectos de Asturias y adelanta que no optará a la reelección para aplicar estrictamente la reforma estatutaria que él mismo impulsó. «Es interesante para la profesión que haya una rotación», afirma desde su estudio de Cimadevilla, donde también repasa algunos de los asuntos más candentes del urbanismo gijonés.

-¿Qué oportunidades y desafíos representa para su sector la revisión del PGO en curso?

-En una lectura simplista del documento de prioridades da la impresión de que se ha querido ir a velocidad de crucero al hilo de las distintas sentencias judiciales desfavorables para salvar el planeamiento anterior. Sin embargo, la evolución de la ciudad va a otros ritmos. Hay plazos administrativos que cumplir, pero en este proceso de revisión debe tomarse en consideración todo lo sucedido en el periodo 2005-2009, porque no conviene errar más.

-¿Cuáles son los aspectos en que habría que incidir?

-Entendemos, y así lo hemos recogido en nuestro documento de sugerencias, que el cálculo del número de viviendas para los próximos años debe hacerse con el máximo rigor. La situación económica es lo suficientemente incierta como para no hacer proyecciones a muy largo plazo, aunque así sea más difícil acertar con la planificación. La ciudad interna consolidada también presenta oportunidades para recualificar zonas. Y creemos que la distribución de la vivienda de protección tiene que estar presente en todos los suelos urbanizables, porque cualquier persona podemos ser demandante de ella como para concentrarla en áreas concretas. Objetivos y parámetros

-¿Qué grado de detalle debe tener el nuevo documento urbanístico?

-Al Plan General no se le puede pedir un nivel de complejidad que lo lleve al colapso por meter en él demasiadas cosas. A veces parece que queremos convertir esa norma en las reglas del juego y la convivencia ciudadana y no es necesario. Lo que sí debe formular de forma clara en sus propuestas son los objetivos de crecimiento y meter los parámetros mínimos necesarios en aras de la seguridad jurídica. Sin embargo, el desarrollo más particularizado de las actuaciones debe abordarse en la escala de los planes especiales y los planes parciales.

-¿Qué errores no se deben repetir con esta revisión del PGO?

-Las directrices contenidas en la norma tienen que permitir un control hasta el nivel de urbanización de cada zona. A veces en el pasado ese control no fue tan exhaustivo y dio lugar a ejemplos como Viesques que no se pueden volver a repetir, ya que allí la calidad de urbanización presenta diferencias según en qué calles. Se puede generar una imagen unitaria de ciudad sin renunciar a la diversidad.

-¿Y qué soluciones deben plantearse para el frente marítimo de la zona Oeste?

-Apuesto por un esquema director para que las distintas piezas que se vayan diseñando allí se inserten en él bajo criterios de unidad. Lo que no puede hablarse es de intervenciones aisladas ahora en el solar de Naval Gijón y mañana en otro polígono industrial.

-Aun así, ¿le satisface la propuesta de parque empresarial para el astillero desmantelado de Pymar?

-Mi opinión particular es totalmente favorable a dedicar ese solar a tejido productivo de alto valor añadido con áreas terciarias, ya que de esta forma estará en contacto con una zona residencial potente y unas condiciones ambientales inmejorables. Todo ello ayudará a recortar desplazamientos. Además esta oportunidad es compatible con otros usos relacionados con el ocio y el disfrute ciudadano.

-¿Cree que la tasación del suelo puede convertirse en un obstáculo como en Mina La Camocha?

-Las empresas implicadas deben dejar las cuestiones contables aparte, porque no pueden hacer inviables operaciones que necesita la ciudad en La Camocha y la zona de los astilleros por conseguir plusvalías indecentes. De lo contrario, haría falta construir viviendas de lujo para pagar ese suelo.

-¿Y no es la excesiva dependencia de las plusvalías un hándicap para el plan de vías?

-Es uno de los condicionantes de la operación de soterramiento. Sin embargo, opino que es un espacio cualificado que tendrá salida en una situación de normalidad del mercado, que desde luego no es la de 2006, que ya es irrepetible. El desarrollo del plan de vías será más un cuestión de oportunidad que probablemente sufrirá retrasos. Me sigue pareciendo un diseño aceptable, con la edificación en altura, para esa zona. Lo que no debe resentirse en ningún caso es la calidad de las piezas que surjan.

-¿Qué expectativas tiene puestas su profesión en Tabacalera?

-El concurso convocado por el Ayuntamiento va a ser un éxito de participación con la presencia de más de 50 equipos de arquitectura regionales, nacionales y no descarto que de fuera, a pesar de la dificultad que entrañaban las bases. El conjunto de la profesión se va a gastar medio millón de euros en trabajos que no va a cobrar. Los concursos son una ruina para los arquitectos, pero muy rentables para los gestores públicos ya que sólo gana uno de los candidatos. Aun así, son una buena forma de proyectar. Inspecciones de edificios

-¿Considera importante la regulación de las inspecciones técnicas de edificios (ITE) en la ciudad?

- En un periodo de recesión económica como éste es importante, porque puede incentivar la rehabilitación del parque inmobiliario, que también es arquitectura. La ITE es una medida de prevención, pero no resuelve el 100% del problema. Si se regula, las inspecciones aportan un conocimiento profundo sobre el estado de una edificación, pero luego hay una segunda parte -la actuación sobre los inmuebles- que debe venir acompañada de medidas económicas para su aplicación.

-¿De qué forma ha padecido su sector la crisis económica?

-Contamos con un indicador elocuente de la caída brutal de actividad, que es el visado de los proyectos de vivienda. En 2007 visamos en toda Asturias proyectos para 14.000 viviendas, en 2008 la cifra se redujo a 7.000 y el pasado año bajó hasta 4.300. La crisis pasa factura, los estudios de arquitectura reducen sus plantillas y los profesionales intentan salvar la situación apoyándose unos a otros ante los nuevos encargos. Ahí entra la especialización. El arquitecto ya no sólo está pendiente de recibir el encargo para una edificación concreta, sino que puede ser parte de un equipo con una respuesta profesional más rápida a través de las nuevas tecnologías.

«El concepto de ciudad se ha deformado y adaptado al interés empresarial»

La Nueva España 23-4-2010 Entrevista al arquitecto Arturo Gutiérrez de Terán, ex consejero de Ordenación del Territorio en el gobierno autonómico con Pedro de Silva. El arquitecto Arturo Gutiérrez de Terán, ex consejero de Ordenación del Territorio en el gobierno autonómico con Pedro de Silva, es miembro de la Asociación Sostenibilidad y Arquitectura (ASA) que dirige María Jesús González y que este fin de semana celebra en Asturias un encuentro para definir los puntos principales de la Carta del Transcantábrico. El documento, fruto del trabajo colectivo de un grupo de ciudadanos voluntarios, entre ellos, arquitectos y urbanistas, pretende ser la hoja de ruta de lo que deben ser las ciudades del futuro.

-¿Por qué una «Carta del Transcantábrico» para hablar de ciudades sostenibles?

-Durante el día de hoy debatiremos a bordo del Transcantábrico precisamente sobre esa cuestión para obtener un documento consensuado. La carta quiere estimular a los profesionales porque vemos muy difícil que por decisiones políticas o legislativas se logre el objetivo de la sostenibilidad si no se toma conciencia por parte de quienes la tienen que llevar a la práctica, que no son otros que los propios ciudadanos.

-¿Cómo se debe orientar esa tarea en tiempos de crisis?

-La crisis nos está dando pistas. Es necesario recuperar la idea de fortalecer barrios y reconstruir áreas urbanas, además de contribuir a mejorar las condiciones energéticas de los edificios. Todo eso será el futuro más inmediato. La edificación se orientará hacia la reconstrucción y revitalización de las áreas urbanas. En el futuro las urbes, obligatoriamente, tienen que dejar de consumir tanta energía y emitir gases contaminantes y resolver el problema de los residuos. El Observatorio de la Sostenibilidad nos advierte de que en 2030 necesitaríamos dos planetas si mantenemos el ritmo de construcción de ahora.

-¿Qué es lo más urgente?

-La edificación consume muchos recursos naturales. El 50% de esos recursos se los lleva sólo la actividad edificatoria, otro tanto ocurre con los consumos energéticos de los edificios. Todo ello, sin contar la parte de los vehículos y las emisiones que producen.

-¿Qué alternativas propone en el ámbito de la movilidad?

-Aparte del coche eléctrico habrá que seguir profundizando en el transporte colectivo e ir pensando en que el territorio que no es infinito y que tenemos que empezar a olvidar el uso del vehículo privado para ir a todas partes. De ahí deriva la idea de que es mejor diseñar ciudades más compactas frente a modelos metropolitanos más extensos o difusos. El modelo de lo que era una ciudad de provincia como Oviedo o Gijón hace 30 ó 40 años se ha roto.

-Proponen el ferrocarril como columna vertebral para un desarrollo sostenible.

-El tren es una parte simbólica de nuestras reivindicaciones. Concluir el debate a bordo del Transcantábrico es una forma de resaltar las posibilidades de este medio de transporte pero la sostenibilidad abarca muchísimos aspectos.

-¿Por ejemplo?

-A escala de economía local. Se han alargado mucho los trayectos para ir a trabajar o para ir a comprar. Ahora mismo en Gijón hay que salir fuera para hacer la compra y en Oviedo para ir al cine hay que recorrerse unos kilómetros. Nadie nos ha pedido opinión sobre eso y creo que ni la propia Administración preveía las consecuencias. Al final el beneficiario de ese modelo de ciudad es el empresario que consigue suelos rústicos baratos para montar una empresa claramente urbana, por tanto, se ha deformado el concepto de ciudad y se ha ido haciendo a semejanza de las iniciativas empresariales. Esto hay que quebrarlo, la ciudad es un valor de uso no un valor de cambio. No puede haber un millón de viviendas vacías y que eso sea una inversión, uno no puede estar en las dos partes: invirtiendo y construyendo ciudad.

-¿Cabe achacarle todos los males a la especulación urbanística?

-El boom inmobiliario ha destapado problemas y ha hecho ver más claro lo que ya se estaba previendo, ha acelerado el proceso y en lugar de hablar de 2020 ó 2050 se ha adelantado pero lo cierto es que las circunstancias son las que son.

-Ante este panorama, ¿qué futuro le augura a las ciudades?

-Los efectos de la revolución industrial han tocado a su fin. Hemos vivido con planificaciones de ciudades consecuencia de esa etapa y hemos llegado a un exceso de consumos. Nos encontramos ante un auténtico cambio de era como sucedió entonces pero sólo estamos en los principios. Estas cosas tienen eco años después pero los colegas de profesión que estamos aquí hace años que lo estamos viendo, y muchos más ciudadanos.

-Como buen conocedor de la ordenación territorial de Asturias, ¿qué opina del modelo actual?

-La Asturias central tiene su propia singularidad metropolitana. No se puede ver a las ciudades de esta zona de modo aislado. Hay decisiones tomadas por el gobierno autonómico que debieran hacerse de acuerdo con las ciudades; ello hace que exista una metrópoli real de hecho pero no de derecho. La iniciativa conjunta de la capitalidad europea de la cultura era una magnífica idea pero se ha quebrado porque todavía no somos capaces de llegar a acuerdos políticos. Un ejemplo: Siero concede licencias para un centro de ocio y comercial que vive mayormente de la población de Oviedo. Ahí no pueden tener la decisión sólo los ayuntamientos sino también las comunidades autónomas o un consejo de municipios que aborden cuestiones gruesas y de infraestructuras. Ese tipo de ciudad polinucleada tiene que ir acompañado de un sistema de transporte colectivo muy intenso, en este caso, el tren.

-¿Qué le parecen los planes que maneja el gobierno regional para el área central?

-No los conozco en profundidad pero creo que antes que hacer planes concretos se han hecho muchos intentos y nunca han fructificado como para llegara un acuerdo político. El gobierno autonómico y los principales ayuntamientos del área central deben llega a un consenso sobre cuestiones territoriales que competen al conjunto de municipios. Si se toman iniciativas sin estar de acuerdo con los municipios implicados eso no funcionará. La toma de decisiones debe ser sea siempre colectiva y participada.

Volver a pensar la ciudad

La Nueva España-25-4-2010 La Asociación Sostenibilidad y Arquitectura apuesta en su «Carta del Transcantábrico» por un modelo urbano menos invasivo «La ciudad del siglo XXI demanda una visión global en la que, estando presentes los especialistas, se consiga una relación dialéctica con los enfoques más generalistas para interpretar nuestras ciudades como casa común y lugar esencial de encuentro, intercambio, convivencia y desarrollo vital».

Ésta es la piedra angular de la llamada «Carta del Transcantábrico» impulsada por la Asociación Sostenibilidad y Arquitectura (ASA), que ayer se dio a conocer en el transcurso de una reunión que se celebró en Laboral Ciudad de la Cultura. La presidenta de ASA, la arquitecta María Jesús González Díaz, explicó que el objetivo de la «Carta del Transcantábrico» es incidir en un replanteamiento del crecimiento de las ciudades desde una óptica «independiente, voluntaria y constructiva», con el objetivo de contribuir a «una mayor calidad de vida de los ciudadanos».

En este sentido, la ASA, que agrupa a algo más de un millar de arquitectos y urbanistas españoles, apuesta por revisar el crecimiento indiscriminado de las ciudades y plantea una vuelta a la rehabilitación de las viviendas en las tramas urbanas actuales, puesto que, afirmó María Jesús González, «no podemos seguir construyendo viviendas indiscriminadamente», como sucedió en los últimos años con el llamado «boom» inmobiliario.

Por ello, en la «Carta del Transcantábrico» se «hace un llamamiento al conjunto de la sociedad sobre la conveniencia de repensar sobre aspectos de profundo calado en la forma de concebir, construir y vivir nuestras ciudades, sus edificios, sus espacios y sus áreas de influencia, contribuyendo así a paliar los efectos del cambio climático con criterios culturales, científicos, de interés social y económicamente viables y sostenibles».

En definitiva, «el tamaño de las ciudades habrá que determinarlo dentro de unas nuevas relaciones con la naturaleza y el medio rural», sostiene la «Carta».

El gobierno municipal viene a decir que el documento de prioridades del urbanismo del concejo se elaboró y redactó sin conocer la realidad actual de su territorio y sin analizar las necesidades futuras. Los recuadritos que aparecen en el Documento de Prioridades con los datos de edificación posible en cada alternativa por lo visto sólo son un adorno, las cifras que aparecen en el Documento de Prioridades deben estar ahí  porque alguna cifra había que poner;  al decir de Sanjurjo estaba previsto  que fuese así, no importa que esos datos no fuesen reales. ¿O los convertirán en reales por arte de magia de un estudio cuyas conclusiones están definidas de antemano?

Según el edil todo va según lo previsto, las advertencias que se le hacen en las alegaciones no eran necesarias, él ya sabía que estaban poniendo el tejado sin haber hecho los cimientos, que los cimientos estaba previsto hacerlos después, oigan. Si luego resulta que esta forma de hacer las cosas no se sostiene y todo se viene abajo otra vez, ¿nos dirán una vez más que sólo es una cuestión de formas?

Contratados estudios de suelo, vivienda y tráfico para el PGO

El Comercio -11-4-2010

El Ayuntamiento ha adjudicado a Tecnia Ingenieros la asistencia técnica para la realización de un estudio del suelo disponible y de la oferta de vivienda existente en la ciudad. La documentación elaborada formará parte del expediente de aprobación inicial del Plan General de Ordenación (PGO).

El contrato, por un importe de 15.500 euros, tiene por objeto, según explicó Pedro Sanjurjo, realizar «un diagnóstico actual de la situación y también una proyección a futuro de necesidades». A pesar de que este trabajo había sido reclamado, vía sugerencias, por diferentes colectivos como la Federación Les Caseríes y el Colegio de Arquitectos de Asturias, el edil de Urbanismo aseguró que ya estaba previsto en la propia memoria del documento de prioridades de la nueva norma urbanística del municipio.

El Consistorio gijonés también ha adjudicado a la firma Vectio Traffic Engineering por 29.580 euros un estudio centrado en el tráfico de la ciudad. Como los anteriores, se incluirá en la revisión del PGO. Estos trabajos, junto con el plan económico-financiero y los estudios medioambientales, se han externalizado porque los servicios municipales no tienen ni tiempo ni cualificación para realizarlos

¿Que cómo va a ser africana si el Orinoco está en América? ¿Que la tortuga no da saltos mortales? ¿Que a cuento de qué viene reproducir estas palabras de Pepe Isbert en una película? ¿No hemos comentado “en serio” demasiadas veces los “mensajes” de la CAC y los desvelos de Noemí?

El mercado inmobiliario recupera aliento

Nueva España-5-4-2010 Las ventas de pisos aumentan en el Principado por primera vez desde que comenzó la crisis y los promotores pronostican una subida «casi inmediata» de los precios
Promotores y agencias inmobiliarias dicen ver señales consistentes de que el mercado de la vivienda recupera aliento en Asturias. El panorama poco tiene que ver con el trasiego de operaciones anterior a 2008, pero el sector sostiene que algo comenzó a cambiar a finales del pasado año y se está consolidando en el actual: los compradores, prácticamente ausentes durante dos años largos, están reapareciendo. Lo asegura la patronal constructora, interesada en transmitir también que el actual es un momento óptimo para comprar piso en Asturias. Se acabó el ajuste de precios y se dan condiciones para que la vivienda vuelva a encarecerse a corto plazo, aseguran las empresas.

«Hasta hace poco, el 95 por ciento de los promotores no vendía ni un piso», expone Daniel García Balbín, director general de la Confederación Asturiana de la Construcción (CAC). El hundimiento de las ventas entre 2007 y 2009, según esas mismas explicaciones, fue mayor incluso que el reflejado por las cuentas oficiales del Ministerio de Vivienda. La combinación de la crisis financiera con el deterioro de la economía real pilló a los promotores asturianos con unas 11.000 viviendas en construcción, 5.000 de ellas sin vender, y casi 1.500 pisos más terminados y también sin comprador. A estas alturas de la crisis, los promotores asturianos acumulan unas 6.500 viviendas, parte de ellas aún en ejecución, si bien la patronal considera que en sentido estricto el «stock» está compuesto por menos de 4.000 pisos y casas que están terminadas o en su última fase de construcción. «Con la demanda actual, ese stock puede ser absorbido en menos de un año», subraya García Balbín.

La patronal cimenta ese pronóstico en la información recabada entre los promotores, en el comportamiento de las entidades financieras y en la tendencia que, argumenta la CAC, dejan ver las estadísticas sobre compraventas y precios. Los números vienen a decir, añade la patronal, que la demanda se está reanimando y que se ha completado un ajuste de precios que, sostienen en cambio algunos expertos -entre ellos, el economista Luis Garicano-, no ha sido suficiente como para que se pueda hablar del final de la «burbuja inmobiliaria en España». El comportamiento reciente de las transacciones de viviendas y de los precios en Asturias se sintetiza a continuación.

l Ventas. Durante el último trimestre de 2009, se registraron en Asturias 3.301 transacciones entre viviendas nuevas y usadas. Tal resultado está lejos de las 6.000 operaciones trimestrales que llegaron a registrarse cuando el «boom» estaba en su apogeo (años 2005-2006), pero supone el primer incremento interanual en dos años, desde que arrancó la crisis. La información que divulga el Ministerio de Industria indica, además, que el repunte de las ventas se notó con claridad a finales de 2009 en Oviedo y en Gijón, ciudades que suelen concentrar la mitad de todas las operaciones. «La tendencia se está consolidando en los primeros meses de 2010», asegura Daniel García Balbín, directivo de la patronal que preside Serafín Abilio Martínez.

l Precios. Las cuentas del Gobierno señalan que desde que el precio de la vivienda nueva marcó su nivel máximo en Asturias (2.036 euros el metro cuadrado, a finales de 2007), los pisos se han abaratado una media del 13 por ciento. El descenso fue del 10 por ciento entre 2008 y 2009, pero a finales del pasado año los precios repuntaron (un 2,4 por ciento en relación al trimestre anterior). La patronal dice ver ahí una señal de que la temporada de rebajas en el mercado inmobiliario se ha terminado en Asturias. Es más, sostiene la CAC que si se consolida la recuperación de las ventas, pasará lo siguiente: «El stock se absorberá en menos de un año, provocando en el corto plazo tensiones en la oferta que pueden provocar un casi inmediato incremento de precios».

Ocurra o no de ese modo, el gremio de los promotores asturianos está moviéndose para sacar partido de un momento que, como ha expresado también el Gobierno central, reúne condiciones para aligerar el stock español de viviendas sin vender. El teórico final del ajuste de precios; la supresión parcial, a partir de 2011, de la desgravación en el impuesto de la renta por compra de vivienda habitual; el nivel históricamente bajo del euribor, y algunos indicios de que las entidades financieras abren algo la mano con la concesión de hipotecas conforman un panorama que favorece una recuperación del mercado, argumenta la patronal CAC. «La demanda existe», señala Daniel García Balbín. Aunque no volverán ni a corto ni a medio plazo, reconoce también el directivo, los tiempos en que se vendían los pisos sobre plano y a ritmo de burbuja especulativa.

Vipasa pone en el mercado de alquiler 106 pisos del stock de los promotores

Nueva España-5-4-2010 Viviendas del Principado de Asturias (Vipasa) abrirá la segunda quincena de este mes la convocatoria para adjudicar en régimen de alquiler los 106 pisos del stock de los constructores asturianos adquiridos el mes pasado por la sociedad pública. Casi la mitad de los pisos que pasan a formar parte de la red regional de alquiler están situados en Laviana (52), mientras que el resto se encuentran en Oviedo y Siero (14 en cada concejo), San Martín del Rey Aurelio (9), Cudillero (8), Langreo (4) y Vegadeo (5). Los precios de los alquileres de los pisos oscilarán entre 141 euros para los más pequeños y 451 euros al mes para los más grandes, de unos 80 metros cuadrados.

Se trata de viviendas del mercado libre que fueron adquiridas con rebajas de hasta un 13 por ciento, al valor del módulo autonómico de hace tres años. Esta es una de las medidas diseñadas desde la Consejería de Bienestar Social y Vivienda para poner en el mercado un mayor volumen de vivienda de alquiler accesible y un «balón de oxígeno a los constructores asturianos que no pudieron dar salida a parte de sus promociones en el mercado libre.

La Consejería de Vivienda y Bienestar Social calcula que con esta operación las arcas públicas se han ahorrado unos 400.000 euros. Fuentes de la Consejería han explicado que «se han comprado por debajo del precio máximo que estaba dispuesta a pagar Vipasa» y que «se han ahorrado los costes de la construcción», porque las viviendas ya estaban hechas. Además, al tratarse de una operación enmarcada en el plan de vivienda, el Principado ha solicitado una subvención al Gobierno central, del que han recibido 3 millones de euros. La compra de los pisos ha costado 9,1 millones de euros, pero, gracias a la subvención, la Consejería sólo ha pagado por ellos 7,5 millones financiados a 25 años que se pagarán mediante un préstamo con intereses subvencionados.

Los constructores advierten de que los pisos no se venderán si no son protegidos

La Nueva España 30-3-2010 Los constructores advierten de que los pisos que se generarán en la zona central no tendrán salida en el mercado si no cuentan con algún tipo de protección, dado que, a pesar de que ya se ha producido algún «brote verde» en el sector, se asume que el mercado de la vivienda tardará años en estabilizarse.

Los buenos consejos inmobiliariarios  - click aquí para leer

¿Sabían ustedes por qué en España no quiebran los bancos?

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El Banco de España sostiene que el precio de la vivienda seguirá cayendo al menos hasta 2012

El ajuste de precios en el sector inmobiliario no ha terminado. Todo lo contrario. Continuará, al menos, hasta el año 2012. Eso es lo que piensa el Banco de España, que en su último informe de proyecciones sobre la economía española retrasa la recuperación de precios hasta dentro de prácticamente dos años. En concreto, sostiene el Banco central en su habitual tono críptico que “se espera a lo largo del periodo de proyección [2010 y 2011] una continuación del perfil de caídas de esta variable”.
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La banca contempla una caída del 60% del precio del suelo desde los máximos de la burbuja

La verdadera magnitud del desplome del sector del ladrillo en España empieza a aflorar en las cuentas de las entidades financieras, que se han convertido en las mayores inmobiliarias del país a base de ‘comerse’ inmuebles de los promotores que no podían pagar sus deudas. Bankinter reconoció el viernes en sus resultados de 2009 que el valor real de sus activos es un 26% inferior al valor contable, es decir, al que se le dio a esos inmuebles en el momento de conceder el créditos.
En otra entidad moderan un poco extas expectativas: “No creemos que la caída vaya a llegar al 60%, pero un 50% sí es una bajada perfectamente lógica”

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Las alegaciones del Colectivo de Vega en Defensa del Medio Rural exponen las deficiencias, contradicciones, ausencia de datos esenciales, e incumplimientos legales en que incurre el Documento de Prioridades del PGO, y hacen propuestas y demandas, aunque principalmente pide que el DP se deje sin efecto.Tienen un enfoque urbanístico y medioambiental.

Las dos alegaciones inciden especialmente en lo que se refiere a la zona rural, pero también denuncian la falta de atención al art 47 de la CE por la forma de gestionar el suelo y por el destino del dinero público asignado a Vivienda. Así mismo denuncian la no alusión en el Documento de Prioridades a instalaciones de riesgo y perjudiciales para la salud  y el medio ambiente, como las plantas de ciclo combinado, la regasificadora o la incineradora y la reserva de suelo para almacén de CO2 publicada en el BOE. Las dos piden vivienda pública en suelo público, y un plan de vivienda vacía que fomente el alquiler y denuncian la ausencia en el documento de prioridades de determinaciones esenciales, como son los riesgos geológicos del terreno (en la parroquia de Vega están referenciados en diversas publicaciones y estudios, como conoce el ayuntamiento por las alegaciones y contenciosos del anterior del PGO).

Concordantes entre sí y con las alegaciones aprobadas por la Federación les Caseríes, estas tres alegaciones vienen a complementarse.

De las alegaciones del Colectivo se ha hecho un modelo resumido, para particulares no pertenecientes a este colectivo o para otros grupos que puedan compartir lo que en ellas se dice. AQUÍ

Alegaciones del Colectivo de Vega en Defensa del Medio Rural. AQUÍ

Alegaciones de la Federación de AAVV Rurales de Gijón “Les Caseríes”: AQUÍ

Alegaciones de la AVV San Emiliano de Vega. AQUÍ

¿Sus ingresos son muy bajos y tiene difícil llegar a final de mes? Una pena, La Consejería de Vivienda no presta la misma atención a su problema que a los constructores, para ellos encuentra dinero, para usted no. Tiene usted difícil acceder a una vivienda protegida. En caso de que sea “afortunado” y le toque una vivienda social en alquiler, correrá el riesgo de ser desahuciado si sus ingresos no le alcanzan para pagar la renta.
No es ese el único riesgo que corre, podrá encontrarse con que la mensualidad que debe pagar resulta ser muy superior a lo previsto, con que la vivienda tiene deficiencias realmente importantes…

¿Sus ingresos no son altos, pero puede usted pagar la hipoteca de una vivienda protegida? Deberá pagar por ella alrededor del doble de lo que cuesta: los considerables beneficios de los constructores son sagrados, los impuestos lo mismo, y además contribuirá usted al pago de calles y parques públicos, al soterramiento de tendidos, desdoblamiento de carreteras… contribuirá usted como un campeón a “hacer ciudad”.
Podrá encontrase con que la vivienda protegida le sale más cara que una vivienda libre usada, que usted preferiría, pero para esa no encontrará usted financiación.

¿Se sorprende usted de esta política de vivienda de la izquierda plural ? ¿Le extraña que con IU al frente de la Consejería de Vivienda sucedan estas cosas? Pues ya ven, la consejera Noemí encuentra razonables los desahucios y plantea evitar situaciones similares no adjudicando viviendas a quienes no tienen suficientes ingresos para pagar un alquiler. Eso sí, destina repetidamente dinero público a socorrer a los constructores .

Los pisos sociales de Rebolleres sólo tienen cuatro aspirantes

Las viviendas siguen desocupadas, un año después del sorteo, porque los adjudicatarios no logran financiar la compra
LA NUEVA ESPAÑA-9-2-2010
Sólo cuatro aspirantes de los 282 inicialmente presentados podrán beneficiarse de una de las 19 viviendas sociales a la venta construidas en el barrio de Rebolleres, en Candás. Y es que, casi un año después de celebrarse el sorteo de los pisos, el resto de los aspirantes, salvo uno, cuya financiación está aún pendiente, han sido descartados por no poder conseguir una hipoteca para hacer frente al pago. Al no poder afrontar las hipotecas, y teniendo en cuenta que Vipasa no está dispuesta a entregar las llaves de las viviendas hasta que hayan sido adjudicadas todas, los cuatro agraciados se encuentran en situación de espera. Mientras, el bloque de 19 viviendas permanece desocupado, según aclararon desde la concejalía de Ordenación del Territorio, Infraestructuras y Vivienda del Ayuntamiento de Carreño.

Dadas las circunstancias, «Vipasa pretende acelerar los plazos para que la entrega de las llaves se produzca lo antes posible», según señaló la concejala del área, Melania Álvarez. La situación de las viviendas sociales contrasta con aquellas que salieron en alquiler, 27 ubicadas en otro bloque gemelo al de las de compra y que fueron entregadas el pasado mes de julio. No han estado exentos de problemas los nuevos vecinos de este bloque, ya que el edificio presentaba algunas deficiencias en puertas y ventanas, ya subsanadas, y tardaron varias semanas en disponer de ascensor o calefacción.

Las viviendas en alquiler han tenido mucha más aceptación entre la población que las de compra. Los precios fijados para las rentas oscilan entre un mínimo de 177 euros para viviendas de una habitación, 221 euros como mínimo para las de dos habitaciones y 304 euros para las de tres habitaciones, dependiendo de la superficie de las viviendas. Por el contrario, los precios de las viviendas puestas a la venta tras sorteo oscilan entre los 70.555 euros para un piso de un dormitorio y los 86.483 euros para los de dos habitaciones, con plaza de garaje incluida. Las obras de estas viviendas se iniciaron en abril de 2007 y han supuesto una inversión de más de 3,3 millones de euros.

Uno de cada cinco inquilinos de viviendas del Principado, en desahucio por no pagar

La Consejería inicia 92 procedimientos judiciales en La Corredoria y Avilés – La mitad de los alquilados morosos no había abonado ni un mes de renta
LA NUEVA ESPAÑA-9-2-2010
Uno de cada cinco inquilinos de pisos del Principado en régimen de alquiler está en proceso de desahucio por no pagar la renta. En total, la Consejería de Vivienda ha iniciado 92 procedimientos contra adjudicatarios de promociones La Corredoria y Avilés, que suman 516 pisos. En 31 casos ya se ha dictado sentencia de desalojo, cincuenta están a la espera de que se celebre la vista y 11 inquilinos han llegado a un acuerdo con la empresa Visioren, responsable de la gestión de las viviendas, para no tener que llegar a abandonar los pisos por orden judicial. La mitad de los afectados por los procedimientos judiciales no habían pagado ni un solo mes de alquiler, según la Consejería.

Los datos, correspondientes a 383 pisos en Oviedo y 133 en Avilés, los ofreció ayer la consejera de Vivienda, Noemí Martín, durante una comparecencia en la Junta General para responder a preguntas del PP sobre los problemas denunciados por los inquilinos de La Corredoria, que habían planteado numerosas quejas por lo abultado de las facturas de suministros de agua y luz que habían recibido.

Noemí Martín reconoció que le habían llegado esas quejas y que la Consejería ya tomó medidas. Desde mayo del año pasado la Administración cuenta con un consumo detallado de cada una de las viviendas y ha puesto a disposición de los inquilinos una ventanilla para que efectúen sus reclamaciones. Martín aseguró que desde septiembre del año pasado no se ha registrado ninguna queja de vecinos de La Corredoria, y tan sólo una de Avilés.

La Consejera subrayó que cuando los inquilinos firmaron el contrato de alquiler «sabían lo que costaba la renta y la comunidad, y también que se tenían que hacer cargo de los gastos». Y afirmó que «cuando un inquilino no paga la renta ni un sólo mes la única solución que queda es el desahucio». Los alquileres de los pisos de La Corredoria tienen un coste, incluida la comunidad, que oscila entre los 285 y los 320 euros al mes, con garaje y trastero. Hay que sumar los gastos de luz y agua que, según la Consejera, rondan los 50 euros de media.

El diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons ofreció otras cifras, las de facturas que oscilan entre 150 y 232 euros, lo que en su opinión produce el efecto contrario de lo que se pretende, ya que con «estos recibos disparatados al final se ahoga económicamente a quienes hemos intentado ayudar». Según el diputado popular, «hay vecinos que han dejado la vivienda porque al final pagan lo mismo que en el mercado libre».

La Consejera reconoció que «existen casos de consumos excesivos», a lo que Cuervas-Mons respondió que «una de estas viviendas de La Corredoria, de 60 metros cuadrados y poniendo la calefacción 3 horas al día, paga facturas de 250 euros». Noemí Martín no le desmintió, pero se agarró al consumo medio para mantenerse en los recibos de 50 euros al mes. Aún así la Consejera pidió que los vecinos que tengan problemas de facturas elevadas se pongan en contacto con la Administración para buscar el problema y ponerle solución.

Abiertos 92 procedimientos de desahucio en los pisos de La Corredoria y Avilés

La consejera de Vivienda asegura que 81 de esos procedimientos siguen adelante, ya que la mitad, cuarenta, no ha pagado ningún mes de alquiler
LA NUEVA ESPAÑA-9-2-2010
La consejera de Bienestar Social y Vivienda del Principado de Asturias, Noemí Martín, explicó hoy en la Junta General que hasta el mes de febrero se habían abierto 92 procedimientos de desahucio en las promociones de las 383 viviendas de alquiler en la modalidad de derecho de superficie de la Corredoria (Oviedo) y las 133 del Nodo (Avilés).

Martín se manifestó así durante su comparecencia en la Comisión de Bienestar y Vivienda solicitada por el PP para que informase de todo lo relacionado con las 383 viviendas que el Principado adjudicó, en régimen de alquiler, mediante sorteo ante notario en el barrio de la Corredoria, en Oviedo.

La consejera añadió que 81 de esos procedimientos siguen adelante, ya que la mitad, cuarenta, no ha pagado ningún mes de alquiler. En 32 casos ya se ha producido el desahucio por sentencia condenatoria y otros 50 casos están a la espera de la vista, mientras que once de ellos se cerraron con acuerdo.

El PP reclamó esta comisión ante las protestas y quejas vecinales por los “excesivos consumos” en el agua y el gas. Noemí Martín recordó que se celebraron dos reuniones de las comisiones de seguimiento -la primera de ellas en mayo– para estudiar las quejas y las protestas vecinales. Indicó que se hizo un seguimiento de los consumos de todas y cada una de las viviendas adjudicadas y añadió que desde septiembre sólo llegó una reclamación a la consejería, que está ahora mismo en trámite y que corresponde a una vivienda de Avilés.

“Si siguen existiendo problemas yo les pido que acudan a la Consejería porque se les estudiará el caso de manera individual”, insistió Martín, que recordó que desde el uno de septiembre a hoy sólo hay una reclamación de un caso de Avilés, no de la Corredoria.

Indicó que el nivel medio de consumo es “normal” y hay algunos casos de “desvíos al alza”, que fue lo que se comprobó. “Hay una parte pequeña de vecinos que tenían consumos al alza, por lo que hicimos una revisión para comprobar si hay algún problema, en ese caso la empresa se compromete a devolver el importe”, dijo Martín, que insistió en que ahora las facturas vienen especificadas en cada uno de los conceptos. “Espero que no se den más problemas en los consumos”, manifestó.

El diputado del PP, José Agustín Cuervas-Mons manifestó que le consta que hay importes muy elevados en numerosas viviendas, por lo que preguntó por qué los vecinos tienen la obligación de permanecer con esa empresa y no pueden cambiar de compañía.

Noemí Martín afirmó que la consejería no tiene problema en estudiar cada caso de manera individual, en caso de que una familia tenga que renunciar a la vivienda por no poder hacer frente al pago de los recibos, y añadió que la empresa “siempre es flexible y busca las fórmulas para no llegar al desahucio”. “A pesar de ello yo le digo que si un vecino no paga ni un sólo recibo desde el inicio del alquiler creo que no hay otra opción y es necesario el desahucio”, dijo Martín.

Sobre la posibilidad de que los contratos se conviertan en uno de opción a compra, Martín dijo que inicialmente no está previsto ni en el concurso para la promoción de las viviendas, ni en el contrato entre el Principado y la empresa.

Recordó que el alquiler medio que abonan los inquilinos, con plaza de garaje y trastero, oscila entre los 285 y los 320 euros mensuales, incluyendo el gasto de la Comunidad, mientras que los gastos imputables son los que marca la Ley de Arrendamientos.

Ya en el turno de fijación de posiciones, el diputado del PP indicó que en algo no está bien cuando hay facturas de 250 euros mensuales por tres horas diarias de calefacción. “Si sumas las cifras al final estamos ahogando en gastos a los que queríamos ahorrar”, dijo Cuervas Mons, que insistió en que conoce a mucha gente que se ha ido de las viviendas de manera voluntaria. Añadió que la intención del PP con esta comparecencia es acercar a la administración este problema para que se arbitren medidas para solucionar este problema.

Ante esta reflexión la consejera indicó que quizás es necesario fijar, a la hora de adjudicar las viviendas, además de unos ingresos máximos también unos ingresos mínimos. Así indicó que este tipo de viviendas están destinadas a rentas “medias”.

La diputada de IU-BA-Verdes, Diana Camafeita, indicó que no se puede usar un hecho puntual para criticar la política en materia de vivienda.

Viviendas sociales,¡qué mentira!

LA NUEVA ESPAÑA-Cartas al director-29 de Enero del 2010 – Pilar Carrión (Oviedo)
Mi familia y yo vivimos desde hace un año en La Corredoria, pues sortearon viviendas sociales destinadas a alquiler.Cuando recibimos la noticia a traves de una carta nos pusimos contentísimos , fue como si nos hubiera tocado la loteria. Esta mañana leyendo LA NUEVA ESPAÑA he visto un artiículo en el que se mencionaba lo que ocurre en Villafria y Las Campas con las viviendas adjudicadas recientemente.Los “benefi-ciados”se quejan de que las rentas resultan caras (sobre todo si tenemos en cuenta que son en teoria viviendas sociales) pues el alquiler son mínimo 300 euros, si a eso le añadimos los gastos de luz ,agua y gas nos ponemos en 500 al mes. Aquí nos esta ocurriendo lo mismo, solo con la añadidura de que la empresa con la que tenemos contratados los servicios de agua caliente y calefaccion (obligados por cierto) , que se encuentra ubicada nada menos que en Gerona, nos hace llegar todos los meses unas facturas descomunales. Siin ir mas lejos la factura que nos ha llegado este mes asciende a 150 euros, la del mes anterior fue de 135 y asi sucesivamente. Entonces ,yo me hago una pregunta: ¿por qué las llaman viviendas sociales ?, ¿lo son realmente?, ¿quiénes son los beneficiados reales? Por que esta claro que nosotros, los inquilinos, no. ¿A quién quieren hacer creer que con ellas nos estan ayudando? En nuestro caso estar aqui nos esta resultando más caro que cuando viviamos en una vivienda de alquiler libre.POR FAVOR BASTA YA DE TOMARNOS EL PELO.Cada fin de semana vemos marchar gente de las viviendas por que no pueden afrontar los gastos y si eso no fuese suficiente, a los “beneficiados” que estan entrando este año la renta se las han subido a 400 euros. Viviendas sociales, ¡que mentira!.

Vivienda estudia poner límites de ingresos mínimos para acceder a los pisos de alquiler

LA NUEVA ESPAÑA-9-2-2010
El requisito económico para acceder a una de las viviendas de alquiler de La Corredoria es que los ingresos de la unidad familiar no superen los 55.000 euros al año. Con esta renta se entiende que los inquilinos pueden pagar un alquiler de menos de 300 euros al mes y hacer frente a la comunidad y a los recibos de los servicios.

El problema llega cuando las rentas son muy inferiores a ese límite máximo. «Está claro que con un sueldo de 700 euros al mes no se pueden pagar estas cifras», reconoció ayer la consejera de Vivienda, Noemí Martín.

La responsable de la política de vivienda del Principado explicó que en este tipo de promociones de vivienda en alquiler «igual es necesario establecer unos ingresos mínimos», lo que permitiría a la Consejería asegurarse de que los inquilinos pagarán sus recibos mensualmente y así la Administración no se vería obligada a iniciar los procedimientos de desahucio como los que tiene en marcha.

Vipasa compra 106 pisos por 9,1 millones

La sociedad destinará al alquiler, con precios que van de 141 a 451 euros al mes, las viviendas adquiridas del stock de los constructores
LA NUEVA ESPAÑA-10-2-2010
El Consejo de Gobierno dará hoy luz verde a la compra de 106 pisos del stock de los constructores asturianos por parte de la sociedad pública Vipasa, por un importe global de 9,1 millones de euros. La sociedad pública destinará esas viviendas, además de 64 garajes y 55 trasteros, al mercado de alquiler. Ésta es una de las medidas diseñadas desde la Consejería de Bienestar Social y Vivienda para poner en el mercado un mayor volumen de vivienda de alquiler accesible y, de paso, dar un «balón de oxígeno» a algunos constructores asturianos que no pudieron dar salida a parte de sus promociones en el mercado libre. Casi la mitad de los 106 pisos que pasan a formar parte de la red regional de alquiler están situados en Laviana (52) mientras que el resto se encuentran en Oviedo y Siero (14 en cada concejo), San Martín del Rey Aurelio, Langreo y Vegadeo, según confirmaron fuentes del Principado. Los pisos han sido adquiridos «al valor del módulo autonómico de hace tres años», según fuentes de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, que precisaron que los alquileres de esos pisos oscilarán entre 141 euros para los más pequeños y los 451 euros mensuales para los de 80 metros.

Aniversario de la 1ª Marcha Verde (7/2/2004):

¡Burros!

Hace ahora 6 años,  en las calles de Gijón se comenzó a pedir clamorosamente aquello de “que los burros no tracen los caminos”. Era la sugerencia vecinal,  que estampada en camisetas verdes, se pretendía hacer llegar a nuestros gobernantes desde la zona rural, tras conocerse el pastel urbanístico de aquel PGOU reservaba para Gijón.

Todo sonaba a desbarajuste: se hubo que enterar por el periódico de todo ello; con miles de pisos vacíos se saltaba la ronda y se proyectaban pisos, “bulevares” y “villas” en la aldea; habría vecinos que tendrían que pagar para que tiraran su propia casa; y hasta decían que Gijón tenía “Sierra”— como Madrid—. Como remate de cinismo, el mismo que decía que “el valor de los terrenos de los aldeanos era cero”, colmaba las apetencias de cierto empresario local, recalificando sus terrenos en Castiello, que ya no valían cero precisamente (las plusvalías del arquitecto municipal en Cabueñes todavía no se conocían).  En vista de estos desmanes, que nadie entendía, pero que sonaban a insulto a quienes conocían el sudor de la tierra—eso que sale cuando se trabaja— y a engaño a quienes necesitaban de verdad una vivienda— pues todos sabemos cómo de barata nos la ponen—, atribuir cualidades de jumento a los responsables de semejante desatino urbanístico fue algo tan natural como irrefrenable. Con tal chapuza que acumula ya cerca de 40 suspensos—uno por cada sentencia de contenciosos de vecinos y asociaciones— estos sempiternos gobernantes de Gijón podrían colocar a nuestra ciudad en el circuito de los récords Guinness, pues cuesta creer que haya más ayuntamientos de comparable currículum.

Suspender en la calle y en los tribunales de forma tan abrumadora—con el agravante de desatender las advertencias vecinales sobre las irregularidades jurídicas en que incurría el plan de urbanismo— debería tener algún coste, alguna responsabilidad. Nada, los únicos costes los pagamos nosotros de dos formas: la primera con dinero público, al sufragar lo que  costó la redacción del primer plan, los recursos del Ayuntamiento a los contenciosos y la redacción del nuevo; y la segunda con el particular, al tener que afrontar los gastos de la batalla legal.

Y con este nuevo PGO, vuelta “la burra al prau”. ¿Qué es lo que necesita Gijón? El documento de prioridades ni define ni analiza las necesidades del municipio, y por lo tanto quedan sin justificar las actuaciones que planea; confunde alternativas con modelos, y muestra tres grados de invasión rural que responden a valores muy dispares de viviendas.  ¿Qué tipo de criterios—distintos a los que las leyes establecen para la ordenación de un territorio— tienen en cuenta, entonces? Después de lo visto estos años, pensamos que la respuesta es de cajón. De caja, mejor. Y es que, como en los seminarios, las vocaciones también van desapareciendo de la escena pública. El servicio al bien común ya no es asunto filantrópico, sino un oficio en el que sus agentes se sirven más que sirven y apenas necesitan creer en lo que dicen. Hasta en ocasiones parece que de la democracia sólo les interesa que de ella se puede vivir muy bien. ¿A que resulta muy difícil imaginar un escenario con nuestros regidores retornando a sus “antiguas profesiones”? Asunción de responsabilidades, dimisiones,… son términos que no figuran en su código. En ese marco, es fácil comprender que quien maneja el dinero tenga mucho que decir en el planeamiento de la ciudad. Ahora, con el documento de prioridades del PGO, no sabemos lo que necesita Gijón, pero cuando se apruebe el borrador inicial, sabremos lo que quieren los constructores.

El cajón público a su disposición. Como no se venden viviendas libres, éstas se recalifican ad hoc, con algún “grado de protección” para poder recibir subvenciones: decenas de millones de euros de dinero público a parar a los bolsillos de estos devotos del Tío Gilito. Dinero que ya no puede llegar a los servicios sociales, a la sanidad y a quien necesita de verdad una vivienda. Nos quieren convencer del interés social de la vivienda protegida, pero en realidad es su nuevo chollo. Las VPC (viviendas de precio concertado, como las de Roces) no van destinadas a quien no tienen recursos para acceder a una vivienda, sino a personas con cualquier tipo de ingresos y que pueden tener otras viviendas. Así se muestra sin rubor en los anuncios publicitarios ¿Este es el interés general, con el que se expropió en Roces?

Tenemos una ciudad con crecimiento vegetativo negativo, con índices de paro que duplican la media nacional y que contra eso, los únicos proyectos que defienden son los que vienen impuestos desde fuera, que no generan empleo significativo y sí graves daños para la población y el medio ambiente, secuestrados deliberadamente del debate público y, por supuesto del PGO: regasificadora, incineradora, ciclos combinados… Es imprescindible ordenar el territorio de forma jurídicamente segura, de forma sostenible y atendiendo a las verdaderas necesidades de sus ciudadanos, pero hay fundadas razones que apuntan a que este nuevo PGO se tumbe de nuevo en los tribunales, con lo que todo ello significa.

No es su necedad lo que más nos crispa, aunque buenos cuartos nos cuesta. Es su disposición absoluta en ofrecer la grupa a los poderosos y el corvejón a los ciudadanos.

Haxa salú.

Asturias no puede aceptar resignada la barrabasada que se ha perpetrado contra Pepe el Ferreiro y lo que este hombre significa

Juan Vega en ECTV -27-9-2010

Llevo muchas horas ordenando mis ideas, desde que ayer sentí que no podía más, cuando vi a José Naveiras Escanlar, “Pepe el Ferreiro”, llegar ante su pelotón de ejecución, con la boina en la mano, como nos explicó después…

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Difusión en internet de la concentración en Grandas de Salime el 31 de enero de 2010

Experiencia de periodismo ciudadano en vivo en Grandas de Salime

La retransmisión en directo que se realizó ese día desde Grandas de Salime  puede verde clickando AQUÍ

(Son cuatro horas, esperando unos minutos para que cargue, se puede mover el cursor de la parte inferior y desplazarse para ver distintas intervenciones, la de Pepe es en la última media hora).

El Ferreiro, cordero entre lobos

(En este enlace se puede ver el boletín de la Junta General, y lo que Pepe el Ferreiro dijo en su comparecencia)

La próxima semana esperamos terminar las alegaciones que presentará el Colectivo de Vega en Defensa del Medio Rural. Si el Ayuntamiento decide continuar  ignorando las leyes y cualquier otra cosa que no sean unos intereses muy particulares que nada tienen que ver con el interés general, que no sea porque no hayamos dado los pasos legales para tratar de reconducir la revisión del PGO hacia la legalidad.

Como tantas veces en estos seis últimos años, hoy Javier Morán se refiere a la situación:

Necesitan desayuno

El Ayuntamiento podría jugar un poquito más limpio en la elaboración del PGOU

LA NUEVA ESPAÑA- 4-2-2010
JAVIER MORÁN No tenemos olvidado el urbanismo gijonés, pero la lectura detenida del documento de prioridades con el que el Ayuntamiento quiere levantar un nuevo PGOU nos ha entretenido demasiado. No queremos decir que nos haya divertido, sino que nos ha ocupado más tiempo del debido, y por un motivo fundamental. Cuando íbamos por sus primeras páginas tuvimos que acudir a las leyes que allí se citan y comenzaron las sorpresas. Para decirlo rápido -pero con todo respeto a sus autores-, el documento de prioridades es como un contrato con letra pequeña, pero sin letra pequeña. Es decir, nos tememos que este texto oculta unos cuantos elementos molestos de la ley estatal del Suelo de 2008, cosas de esas que se meten con una letruja de menor legibilidad para que la parte contratante pase por ellas sin demasiado detenimiento.

Pero, en efecto, no hay letra pequeña en el texto municipal: simplemente se omiten esas molestias legales de la norma nacional de 2008, aunque sabemos que existen porque el documento de prioridades está obligado a decir en qué leyes y normas se basa. De ahí viene el rodeo y el retraso. Todo lo que estos papeles municipales dejan de contarnos hemos tenido que ir a buscarlo a la pequeña letra del BOE.

Nos da además en la nariz que al equipo de gobierno municipal del Ayuntamiento (PSOE e IU) le interesa que este cáliz les pase pronto. Lo decimos porque esta municipalidad está acostumbrada a lanzar campañas informativas o propagandísticas al menor descuido; o porque convoca ruedas de prensa para decirles a los gijoneses que se han colocado cincuenta baldosas de color naranja en la calle de tal. Sin embargo, para promover la participación en la elaboración del PGOU no se han echado precisamente al cuello de los ciudadanos.

Si a ello sumamos lo antedicho -que el documento no pone todas las cartas sobre la mesa-, hemos de concluir que el Ayuntamiento podría jugar un poquito más limpio con nosotros. Va a haber que mandar a alguien a un desayuno de oración. ¿A Felgueroso o a Sanjurjo?

Por el contrario, el Documento de Prioridades, que ahora se encuentra a exposición pública, no parece interesar a La Federación de Asociaciones de Vecinos Urbana de Gijón: no ha convocado asamblea, y su presidenta declaraba a la prensa el pasado día 4 que, en principio, no tiene intención de tratar el tema.

Así las cosas, ¿a que adivinan con quien “debatirá” sobre el plan el concejal de urbanismo?

Aunque adivina adivina, la directiva de la FAV, que ni necesita convocar y escuchar a su asamblea para definir su postura en algo tan importante para la ciudad. Aunque puede que no sean adivinos, puede ser que la única opinión que les interesa es la personal de ellos mismos y no están por la labor de dar ninguna facilidad a que manifiesten su parecer quienes discrepan.

Así andamos:

Sanjurjo debate el plan urbano y la nueva estación de tren con los líderes vecinales

LA NUEVA ESPAÑA-18-1-2010
La construcción de la nueva estación provisional de ferrocarril sobre Sanz Crespo es sólo uno de los cuatro asuntos que han señalado en sus agendas los integrantes de la ejecutiva de la Federación de Asociaciones de Vecinos, que preside María Teresa Prada, para debatir esta tarde con el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Gijón. Pedro Sanjurjo se reunirá con los líderes vecinales de la zona urbana en la sede que la concejalía tiene en el edificio administrativo del Antiguo Hogar.

A la información sobre la actuación a desarrollar por la sociedad Gijón al Norte, se sumará en la reunión un intercambio de datos sobre el proceso de revisión del Plan General de Ordenación (PGO). Ahora mismo está a información pública el documento de prioridades elaborado por los técnicos municipales con tres propuestas de expansión urbanística de la ciudad para la próxima década. Esta revisión es la consecuencia del varapalo recibido por el Ayuntamiento en los tribunales con la anulación del plan urbanístico que estaba en vigor.

La directiva de la FAV también quiere conseguir de Sanjurjo información sobre el paso bajo las vías de la calle de Las Industrias, marcado por los retrasos e inundaciones, y sobre el proyecto que tiene en mente el Ayuntamiento de construir un nuevo túnel para dar servicio al barrio de Roces.

«¿Cuántos pisos necesitamos?»

La zona rural solicita realizar «un estudio serio» sobre la necesidad de vivienda en Gijón antes de elaborar el PGO
O. Esteban-EL COMERCIO -14-1-2010
Las parroquias quieren participar en la elaboración del nuevo Plan General de Ordenación (PGO), y quieren que lo hagan todos los gijoneses. Por eso, no sólo tienen casi preparado el contenido de su sugerencia compartida, sino que están elaborando un documento que colgarán en una página web para que cualquier ciudadano, de la zona rural o urbana del concejo, pueda adherirse a sus propuestas, si es que está de acuerdo con ellas.
Es algo así como un modelo de sugerencia en el que la zona rural hace constar sus ideas. Serán unas tres páginas, que cualquiera podrá descargarse e imprimir, rellenar donde proceda con sus datos personales y presentarla como sugerencia al documento de prioridades del PGO.
¿En qué se basará ese documento? Básicamente, en una pregunta: «¿Cuántos pisos necesitamos?». En líneas generales, nada tiene que ver con las tres alternativas de crecimiento que ha dado el equipo de gobierno. De hecho, la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Zona Rural Les Caseríes ni siquiera hará referencia a ninguna de ellas porque considera que, sea cual sea el plan que Gijón realice, antes tiene una cuestión pendiente. A saber: realizar «un estudio serio de la necesidad de vivienda» que tiene el concejo. Les Caseríes considera que ni las 10.700, ni las 17.200 ni las 24.200 viviendas planeadas en las opciones 0, 1 y 2 éstán justificadas.
La zona rural defiende que este PGO tiene que ser «un traje hecho a la medida de Gijón», pero a la medida actual, diferente, dicen, a la de 2004. Y esto porque, en realidad, las tres alternativas de Urbanismo se basan en el plan de ordenación anulado por los tribunales, mientras que los vecinos de las parroquias consideran que las necesidades actuales nada tienen que ver con las de entonces. Entre otras cosas, por la grave situación económica y el cambio de rumbo del sector inmobiliario, que «ya no es el motor económico ni lo va a ser en los próximos diez años».
La federación rural no ha hecho sus propios números. Dice que le basta con los que el propio Ayuntamiento ofrece. Entre ellos, el reconocimiento de que en estos momentos existen 19.000 pisos vacíos en la ciudad (cifra que incluye las segundas residencias y los verdaderamente vacíos). El documento que colgará en internet recogerá algunas cifras, como esta mencionada. También indicará el cada vez mayor número de bajos comerciales que se están quedando vacíos a causa de la crisis económica y que, según la zona rural, podrían ser rehabilitados como vivienda. Son algunas de las propuesta que presentan como alternativa a los planes de urbanización en la zona rural.
Con estas premisas, Les Caseríes confía en que este proceso, en el que la legislación indica que debe haber una verdadera participación ciudadana, se lleve a cabo de «la forma más creativa e ilusionante».
Mientras tanto, el Ayuntamiento ha recibido ya seis sugerencias al documento de prioridades del PGO desde que el pasado día 2 se abriera este primer periodo de información pública, que se extenderá hasta el 20 de febrero. Además, durante estas primeras jornadas se está atendiendo una media de 20 consultas diarias, que son atendidas por técnicos municipales en los puntos habilitados para ello, en la Antigua Pescadería y en el Antiguo Hogar (sede de Urbanismo)

Las asociaciones de la Zona Rural presentarán una alegación conjunta al PGO

LA NUEVA ESPAÑA-14-1-2010

La Federación de Asociaciones de Vecinos de la Zona Rural «Les Caseríes» aprobó ayer una alegación conjunta contra el Plan General de Ordenación (PGO) para contrarrestar el argumento de los responsables de Urbanismo del Ayuntamiento de Gijón, que sostienen que la ciudad necesita más viviendas. El colectivo vecinal colgará en una página web este documento para que todos los gijoneses puedan leerlo y presentarlo a título individual ante los técnicos que estos días se encargan de atender las peticiones de los ciudadanos antes del inicio de la revisión del plan de ordenamiento.

«Lo que nosotros queremos es presentar nuestro propio modelo de ciudad, que sea válido para todos los gijoneses, independientemente de que tengan o no intereses en la zona rural del concejo», aseguró ayer la presidenta de «Les Caseríes», Soledad Lafuente, tras la reunión que mantuvieron en la sede social de la federación representantes de casi todas las asociaciones que la integran. «Cuanta más gente haga fuerza en un sentido, mayores posibilidades tendremos de cambiar las cosas», añadió la representante vecinal.

La alegación aprobada ayer por «Les Caseríes» se apoya sobre la idea de que no es necesario un desarrollo urbano «tan agresivo» como el que propone el Consistorio gijonés. «En la ciudad hay 19.000 pisos vacíos y muchísimos bajos comerciales sin ocupar que también se pueden destinar para viviendas», indicó Lafuente, por lo que entiende que es posible «construir un modelo completamente diferente, más respetuoso con el entorno urbano y el rural». La Federación de la Zona Rural explicará en los próximos días los detalles de su alegación para hacerla llegar «al mayor número de personas posible».

La zona urbana se mantiene ajena al debate

EL COMERCIO 4-1-2010

Ya sucedió la primera vez, y todo apunta a que la situación se va a repetir. La zona rural va a ser la absoluta protagonista de la tramitación del Plan General de Ordenación. Abundaba hace unos días el concejal de Urbanismo, Pedro Sanjurjo, en que el plan afecta a toda la ciudad, y no sólo a las parroquias. E insistían desde Les Caseríes en lo mismo. Pero parece que el mensaje no cala.

Por el momento, los que se han reunido, han estudiado la documentación existente y tienen claro que van a presentar sugerencias son los vecinos de la zona rural. De hecho, la Federación de Asociaciones de la Zona Urbana, la FAV, no tiene en principo intención de tratar el tema. No lo hizo la junta directiva y el tema no está incluido en el orden del día de la junta directiva, que se reunirá el próximo día 11. «Afecta más a la zona rural», admite la presidenta de la FAV, Teresa Prada. No obstante, la federación dice estar abierta a las propuestas que las asociaciones les hagan llegar y si alguna plantea la necesidad de presentar sugerencias, se hará. Pero, más allá del diseño del plan de vías, la FAV no considera que tengan que entrar en el debate, al menos en esta fase de la tramitación.

Sugiera usted, pero no alegue

EL COMERCIO-4-1-2010
Lo que comienza hoy oficialmente es el periodo de sugerencias a la revisión del Plan General de Ordenación. De sugerencias, que no de alegaciones. Porque ese fue uno de los errores cometidos en la anterior tramitación, de la que ahora comenzamos algo así como una copia, pero mejorada. Hasta el 20 de febrero, los gijoneses tienen la oportunidad de decir cómo quieren que crezca Gijón, o cómo no quieren que lo haga. Pero no es el momento, todavía, de plantear cuestiones particulares.
En lo que fue el primer capítulo de este libro aún no escrito, en 2004, se presentaron unas 330 sugerencias. El 90% de éstas hacían referencia a fincas particulares, por lo que no pudieron ser atendidas como sugerencias. Aunque, en aquel momento, el Ayuntamiento se comprometió a ‘guardarlas’ y presentarlas de oficio en el momento apropiado en caso de que los propietarios no volvieran a pronunciarse en el periodo de alegaciones. Está por ver si en esta ocasión sucederá lo mismo.
A nadie, o a casi nadie, le pilla de nuevo esta tramitación. Quedó claro en la última reunión de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Zona Rural Les Caseríes, en la que se debatió el documento de prioridades que ahora se somete al primer periodo de información pública. Insistía el abogado de la federación, Antonio García, de que es el momento de las cuestiones generales. Para las particulares ya habrá tiempo. Será en el segundo periodo de información pública, después de que el Pleno haya aprobado de forma inicial del PGO. Eso sí, si en 2004 fueron 330 sugerencias, ahora esperan que sean muchas más. Quizás porque ahora tienen más claro, al menos, lo que no quieren. O porque saben de la importancia de las cifras, y cuánto se repitió en aquella ocasión que ’sólo’ hubo 330 sugerencias, pero más de 3.000 alegaciones. Lo que sin duda se repetirá será su procedencia. La inmensa mayoría de los documentos presentados en aquella ocasión eran de asociaciones de la zona rural o de propietarios de suelo. Todo hace indicar que ellos serán, de nuevo, los protagonistas de esta nueva tramitación.
Núcleos y Sogepsa
En aquella ocasión, la zona rural sugirió anular o disminuir la cantidad de suelo de interés paisajístico, incrementar los núcleos rurales, recalificar el suelo como urbano antes de que Sogepsa lo expropiara, impulsar la creación de juntas de compensación, rechazar la ampliación de los polígonos y de las zonas industriales y evitar la edificación masiva de viviendas de alta densidad.
Algunas de las cuestiones se repetirán. Como el debate sobre los núcleos rurales, que la zona rural no sólo no va a rehuir, sino que pretende afrontar, más aún después de que el texto plantee la necesidad de contener su crecimiento. Se hablará también, sin duda, de suelo industrial, ya que Les Caseríes insinuó la poca necesidad de poner más suelo de este tipo en el mercado debido a la situación de los proyectos previstos en El Musel. Y esta vez también se afrontará el debate sobre el número de pisos vacíos que hay en la ciudad y la necesidad real de vivienda. Hasta el día 20 de febrero todas estas cuestiones pueden ser presentadas en las Oficinas de Atención al Ciudadano, o consultadas con técnicos municipales en la Antigua Pescadería y en la sede de Urbanismo

El Musel cerró 2009 con una caída de 4,7 millones de toneladas en sus tráficos

LA NUEVA ESPAÑA-9-1-2010

El desplome se produjo en graneles sólidos y mercancía general, a pesar de que aumentaron los contenedores.

De las 4.710.885 toneladas perdidas en El Musel a lo largo de 2009, 4.413.606 toneladas correspondieron al apartado de graneles sólidos, que son los principales tráficos en la dársena gijonesa

TRAFICO total en 2009: 14 millones y medio de toneladas.

(En la edición digital no encontramos el cuadro de TRÁFICO TOTAL que aparece en la edición impresa, lo reproducimos:

2009 -14.494 miles de Tm ( 14,49 millones de toneladas)

2008- 19.205

2007- 20.782

2006- 20.488

2005- 21.791

2004- 20.060

2003- 19.165

2002- 20.525

2001- 19.203

2000- 19.807

1999- 18.424

Cartel en escaparate de un comercio en Salas- enero 2009

Enero 2009 -”las vacas sí que vuelan”"ya es posible conectarse a internet desde cualquier localidad” – Lo anuncia el gobierno del Principado.

Enero 2010 – Las vacas que pacen viendo el parque tecnológico de Cabueñes y las de otras zonas de Gijón y de Asturias, no pueden volar. Hoy anuncian que se modificará esta discriminatoria situación.

El “innovador” sistema ha sido presentado en la parroquia gijonesa de Santurio. Tanto adelanto y velocidad para lo de internet en la periferia de Gijón va unido a la desnaturalización y pérdida de carácter rural que reiteradamente le atribuyen sus gobernantes a las aldeas del concejo (buena parte tributan como urbano).
La presentación comercial del producto que ofrecen para acceder a internet corrió a cargo de los ediles de zona rural y hacienda y de los representantes de la empresa a la que la administración asignó las subvenciones.Quien decida contratar y pagar la instalación, se compromete también a pagar las cuotas mensuales del servicio durante un año, resulte como resulte el servicio.

Los vecinos de la zona rural recibirán 300 euros para disponer de internet vía satélite

El Principado subvencionará la instalación de antenas en las viviendas de la periferia, donde se podrá navegar a 3,6 megas de velocidad
LA NUEVA ESPAÑA 8-1-2010
Todos los vecinos de la zona rural tendrán acceso a internet. Después de años de desconexión forzosa por limitaciones técnicas, los residentes en las parroquias del concejo pueden ahora convertirse en internautas gracias a la tecnología vía satélite. Además, podrán hacerlo con un coste reducido, gracias a la subvención de 300 euros que ofrece el Principado a cada familia interesada y a los acuerdos que el Gobierno regional ha llegado con los instaladores para que fijen un precio tasado. Por el momento, más de un millar de usuarios se ha beneficiado en Asturias de este programa único en España que se puso en marcha a principios de 2009. El 95% lo ha hecho con el operador Telecable.

El único requisito para optar por esta tecnología es no tener conexión a internet a través de otro medio: ADSL, cable o 3-G. Los operadores garantizan la conexión mediante la instalación de pequeñas antenas en los domicilios particulares a cambio de la permanencia del cliente durante un año. Éste podrá elegir entre tres modalidades de acceso: entre un megabyte -con un precio de 36 euros al mes- y 3,6 megabytes -en nivel avanzado a 44 euros mensuales o en nivel superior a 95 euros-. Las ayudas del Principado rebajarán notablemente los precios de instalación. «Con esta subvención queremos fijar población en las zonas rurales de Asturias y posibilitar la conexión a internet a todo tipo de negocios», aseguró ayer Alberto Pérez, director regional de Modernización y Telecomunicaciones durante la presentación del sistema en Santurio.

A todo ello se opusieron los “idiotas clásicos” que tenemos gobernando; Se lo  pedían 32.000 gijoneses :

Intervención de la zona rural en el pleno de 31 de enero de 2005

Desde entonces pasaron cinco años, van treinta sentencias del TSJA anulando el PGO… ¿siguen ciegos a la razón y a los hechos?

Arranca el primer Plan General obligado por ley a fomentar el debate ciudadano

El Ayuntamiento elude las prescripciones más rotundas de la norma estatal del suelo (2008), que impone la intervención «efectiva» de los vecinos
J. MORÁN – LA NUEVA ESPAÑA- 3-1-2010

Desde junio del año 2008, fecha de la última ley del Suelo promulgada en España, cada gijonés tiene derecho a intervenir de modo «efectivo» en la elaboración del Plan General de Ordenación (PGO) de su ciudad, así como en la evaluación ambiental de sus impactos. Y podrá hacerlo mediante «alegaciones, observaciones, propuestas, reclamaciones y quejas» a las que el Ayuntamiento deberá responder razonadamente.

Es más: en caso de detectar incumplimientos urbanísticos o medioambientales, cada ciudadano contará con garantías procesales y podrá ejercer ante un tribunal de lo contencioso-administrativo una acción pública (y no solamente una acción particular por motivos particulares).

En virtud de todo ello, especialistas en derecho urbanístico consideran que la última ley del Suelo del Gobierno Zapatero -cuyo texto refundido, o definitivo, vio la luz el 20 de junio de 2008- supone un paso de gigante en la ordenación de las ciudades y territorios al reconocer por primera vez a los ciudadanos derechos que hasta ahora se hallaban indefinidos o dispersos en otras normas legales.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Gijón acaba de iniciar la revisión del PGOU de 1999 mediante un documento de prioridades que desde mañana se ofrece a información pública, pero que no menciona las prescripciones más rotundas de la norma estatal acerca de los derechos del ciudadano, algo que una región como Aragón ha fijado ya en su ley autonómica de Urbanismo (de junio de 2009) como «Estatuto urbanístico de la ciudadanía».

Pero, curiosamente, dicho documento de prioridades reconoce en su página 20 que a la tramitación del nuevo PGO de Gijón se le ha de aplicar el «Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio, por el que se regula el texto refundido de la ley del Suelo». Otras normas aplicables a la tramitación del PGO gijonés son el Texto Refundido de Ordenación del Territorio y Urbanismo (TROTU) del Principado de Asturias, o la ley 9/2006 de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.

Lo que sí hace el documento de prioridades es referirse parcialmente a la ley estatal del Suelo de 2008, cuando ésta señala «el derecho a la información de los ciudadanos y de las entidades representativas de los intereses afectados por los procesos urbanísticos, así como la participación ciudadana en la ordenación y la gestión urbanística».

Pero el texto municipal no detalla el establecimiento y alcance de los derechos del ciudadano ante el urbanismo. Uno de esos derechos, según la ley estatal del Suelo, es la de participar «efectivamente», es decir, de modo efectivo, en la «elaboración y aprobación de cualesquiera instrumentos de ordenación y de evaluación ambiental mediante la formulación de alegaciones, observaciones, propuestas, reclamaciones y quejas, y a obtener de la Administración una respuesta motivada».

Otro derecho del ciudadano expresado por dicha ley es el de «disfrutar de una vivienda digna, adecuada y accesible», lo que significa un «domicilio libre de ruido u otras inmisiones contaminantes», y emplazado «en un medio ambiente y un paisaje adecuados».

Y una vez aprobados los instrumentos de planeamiento y evaluación ambiental, el ciudadano podrá «ejercer la acción pública para hacer respetar las determinaciones» y velar para que «los proyectos para su ejecución» se adecuen a lo establecido en el PGO.

Según los especialistas en derecho urbanístico, el cambio de perspectiva con respecto al ciudadano y sus derechos consiste en que desde la primera ley del Suelo española -de 1956- los protagonistas del urbanismo eran las administraciones públicas (los ayuntamiento, en particular) y los propietarios de suelo.

Sin embargo, con la nueva ley se reconoce a otro actor principal del urbanismo: los habitantes de los municipios, que han de velar personalmente por la calidad de sus ciudades, por su diseño concreto, por la localización de de las actividades molestas, por la suficiencia de las dotaciones públicas o por que la zonificación del suelo no cree discriminación o exclusión social.

Real Decreto 2/2008 (20 de junio): texto refundido de la ley del Suelo.

Artículo 4. Derechos del ciudadano.

Todos los ciudadanos tienen derecho a:

1. Disfrutar de una vivienda digna, adecuada y accesible, concebida con arreglo al principio de diseño para todas las personas, que constituya su domicilio libre de ruido u otras inmisiones contaminantes y en un medio ambiente y un paisaje adecuados.

2. Acceder, en condiciones no discriminatorias y de accesibilidad universal, a la utilización de las dotaciones públicas y los equipamientos colectivos.

3. Acceder a la información de que dispongan las administraciones sobre la ordenación del territorio, la ordenación urbanística y su evaluación ambiental.

4. Ser informados por la Administración competente, de forma completa, por escrito y en plazo razonable, del régimen y las condiciones urbanísticas aplicables a una finca determinada.

5. Participar efectivamente en los procedimientos de elaboración y aprobación de cualesquiera instrumentos de ordenación del territorio o de ordenación y ejecución urbanísticas y de su evaluación ambiental mediante la formulación de alegaciones, observaciones, propuestas, reclamaciones y quejas, y a obtener de la Administración una respuesta motivada.

6. Ejercer la acción pública para hacer respetar las determinaciones de la ordenación territorial y urbanística, así como las decisiones resultantes de los procedimientos de evaluación ambiental.

Advertencia sobre información pública y respuesta a sugerencias y alegaciones

J. M. -LA NUEVA ESPAÑA-3-1-2010

Los comentaristas de la nueva ley del Suelo del Estado (de junio de 2008) -que es aplicable a la tramitación del nuevo PGO de Gijón- señalan puntos oscuros en los procesos de información pública a los que han de someterse los planes de ordenación. En opinión de algunos expertos, uno de esos puntos negros consiste en que en los ayuntamientos atienden de modo específico las alegaciones de los propietarios de suelo (para aceptar o negar peticiones de recalificación, aprovechamientos, etcétera), pero no prestan la misma atención a cuestiones de índole más general propuestas por los ciudadanos.

Dicho en plata, un Ayuntamiento resuelve las cuestiones particulares, que son las que pueden acabar en los tribunales, pero soslaya las generales, ya que al ciudadano no se le reconocía el derecho de acudir al contencioso-administrativo por cuestiones más alejadas de su propio suelo o de la puerta de su domicilio. Los intereses particulares eran atendidos, pero, según los especialistas en derecho urbanístico, los ayuntamientos no empleaban tiempo ni esfuerzo en explicar su PGO, en razonarlo, o en crear un debate ciudadano sobre sus determinaciones.

De hecho, la fase de sugerencias previas a la redacción de PGO ha sido introducida en años recientes, aunque antes ya existía la figura del avance de planeamiento. Pero tanto con las alegaciones como con las sugerencias, el riesgo consiste en que la información pública permanezca convertida en trámite engorroso que los ayuntamientos resuelven de modo mecánico y sin profundizar en los argumentos de los ciudadanos. Tal es la advertencia de los expertos en derecho urbanístico.

Dos técnicos dedicarán cinco horas al día para atender las alegaciones ciudadanas

Las sugerencias serán recogidas en oficinas instaladas en La Gota de Leche y en la antigua Pescadería durante cinco semanas y con cita previa

LA NUEVA ESPAÑA-3-1-2010
El Ayuntamiento de Gijón ha instalado en la Antigua Pescadería Municipal y en la sede de Urbanismo, situada en el edificio de La Gota de Leche, dos pequeñas oficinas en las que dos técnicos explicarán, a partir de mañana a los ciudadanos, el nuevo Plan General de Ordenación que fue aprobado en el Pleno municipal del 11 de diciembre y que ahora se somete a información pública. Las nuevas oficinas están preparadas para atender a un ciudadano cada cuarto de hora durante cinco horas al día, desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde. En total los técnicos municipales podrán atender 1.400 consultas durante los 35 días laborales en los que permanecerá abierto el proceso de consultas y sugerencias.

La concejala de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Gijón, Pilar Pintos, recomienda que los ciudadanos interesados «pidan cita previa a través del número de teléfono de atención ciudadana para poder agilizar los trámites». Quienes deseen utilizar esta fórmula deben ponerse en contacto con el 985181105 o acudir a las oficinas de atención al ciudadano distribuidas por los centros municipales que tienen un horario de 08.30 a 17.00 horas.

Los vecinos de Gijón tienen ahora la oportunidad de opinar sobre las tres alternativas de crecimiento urbano planteadas por los responsables municipales de urbanismo. Las sugerencias serán enviadas a la concejalía a pesar de que los representantes del gobierno local no tienen obligación de responder a estas opiniones ciudadanas. El plazo de presentación al público del nuevo proyecto finalizará el viernes 19 de febrero. Tras este tramite empezarán a contar los siguientes plazos en la tramitación del Plan General de Ordenación (PGO). Se calcula que en la primavera de 2010 se podrá poner sobre la mesa una propuesta urbanística concreta para su aprobación inicial. El siguiente paso será abrir un plazo de alegaciones, que durará dos meses. El Ayuntamiento puso en marcha la revisión del plan después de que este fuera anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Pintos invita a «ciudadanos y asociaciones» a acercarse a las nuevas instalaciones «para que conozcan el proyecto». La concejala concluyó la presentación de estas oficinas esperando «que participen muchos ciudadanos».

Horarios y plazo

El Ayuntamiento de Gijón ha instalado dos oficinas para recoger sugerencias en torno al nuevo Plan General de Ordenación en la Antigua Pescadería y el edificio de La Gota de Leche. El plazo para informarse comienza mañana y finaliza el 19 de febrero. El horario de atención será de 09.00 a 14.00 horas.

Cita previa

Los ciudadanos pueden pedir cita previa en las oficinas de atención al ciudadano situadas en los centros municipales y en el número de teléfono del Ayuntamiento 985181105.

Protagonistas: partidos políticos, periódicos, emperesas del sector ecocapitalista, ecolojetas.

En este caso se trata de distraer la atención de todo el mundo del anuncio de la vicepresidentaTeresa Fernández de La Vega, que nos informó de que Asturias y su zona reservada para las investigaciones del Instituto Geológico y Minero, “Asturias centro”, queda designada por el Estado -sin que se haya presentado aún el informe del IGM; es decir, sin garantizar la seguridad del proyecto- como cementerio de CO2

Asturias debe estar preparada para convertirse en cementario, a la máxima urgencia, para que de Cubillos del Sil pueda salir un “ceoducto” que saque de León esa sustancia viscosa, a través de una red dotada con estaciones de bombeo, rumbo al lugar donde va a ser depositado, que no sólo debe responder a ciertas características, sino que también tiene que tener dimensión, pues esa crema pastelera al parecer se produce en enormes cantidades.

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El mosqueante silencio oficial, tras el anuncio de que Asturias será cementerio de CO2

]]> http://elcomentario.tv/defensarural/?feed=rss2&p=1279 0 http://elcomentario.tv/defensarural/?p=1236 http://elcomentario.tv/defensarural/?p=1236#comments Thu, 24 Dec 2009 09:53:03 +0000 DR http://elcomentario.tv/defensarural/?p=1236 ¿Qué queda de lo que fue el Gijón industrial? ¿Qué nuevas industrias se instalarán precisamente ahora? Para nuestros gobernantes, el futuro de la ciudad se basa en el “polo energético” de el Musel y en seguir construyendo muchas casas. Una regasificadora que apenas crea 50 puestos de trabajo, que costará cientos de millones que pagaremos todos y que pocos barcos traerá al puerto cuando las otras regasificadoras que hay en España están a un tercio de su capacidad que deberán reducir aun más (al menos en un 30%) cuando este año entre en funcionamiento el gasoducto que nos une con Argelia. Unos ciclos combinados que tampoco generarían empleo y que de  momento (a saber cuánto dura este momento) no se harán porque la capacidad de generación excede con mucho la demanda, que no está llegando ni a permitir quemar el carbón nacional, … Cuando la burbuja energética es un problema como la burbuja inmobiliaria, aquí pretenden presentarnos el futuro basado en burbujas! (Todo esto dejando al margen la destrucción medioambiental que acarrean los proyectos de la Estartegia Energética y los puestos de trabajo que por su causa se perderán y no podrán crearse en otros sectores).

Ya sabemos que cuando se mueve mucho dinero de ese que ponemos los contribuyentes suceden todo tipo de `cosas´ y el resultado es que algunos pocos obtienen enormes beneficios mientras nos explican que todo se hace por el interés general.  Quienes consideran que es de interés general que los señores del KW y los señores del ladrillo obtengan enormes beneficios, propagan repetidamente engaños convencidos de que, a fuerza de repetirlas, las mentiras acaban tomándose por verdad. Así fue el preámbulo de la tramitación del nuevo plan de ordenación y así seguimos.

Cuando todas las previsiones indican que la situación económica y social en España está lejos de mejorar, al contrario, cuando se prevé una reducción de la población en Asturias, cuando no conocemos ningún proyecto real que pudiese generar empleo ¿la población de Gijón va a crecer? .  ¿Cuántas viviendas más hacen falta habiendo 19.000 vacías? ¿No es evidente a qué interés responde la construcción de viviendas algo protegidas? ¿Porqué la vivienda protegida subió un 20% mientras la vivienda libre cae de precio? ¿Porqué se destina el dinero público para viviendas protegidas que se ofertan a inversionistas y no atienden a los verdaderamente necesitados de vivienda? ¿Porqué no se destina el suelo público a vivienda pública y se atiende a los necesitados de vivienda? ¿Porqué no se fomenta el alquiler de las viviendas vacías? ¿Las viviendas que proyectan son para segundas residencias? ¿Se planea la destrucción de la zona rural para que residentes en otras comunidades tengan aquí una casa desocupada la mayor parte del año?

Lo dicho, Obsesión recaudatoria

La zona rural «no entrará en el juego de las tres alternativas» en la revisión del PGOU

La Federación «Les Caseríes» presentará después de Reyes un borrador con «nuestra propia propuesta», basada en «el consumo racional del suelo»
LA NUEVA ESPAÑA-24-12-2009
Sobre la mesa de debate de la Federación vecinal «Les Caseríes» se pondrá, después de Reyes, el borrador con la postura que las parroquias gijonesas defenderán en el proceso de revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El abogado que representa a la zona rural, Antonio García, todavía no ha empezado a trabajar en el documento, aunque ya adelanta que «no vamos a entrar en el juego de las tres alternativas que plantea el equipo de gobierno».

El Ayuntamiento propone, como punto de partida para la revisión del PGOU, tres opciones de ordenación urbanística, que prevén crecimientos de 10.700, 17.200 y 24.200 viviendas. Su justificación y desarrollo vienen recogidos en lo que se denomina documento de prioridades, un texto de 140 páginas que se someterá a información pública a partir del 2 de enero. La zona rural, que «por supuesto» participará en esta primera fase de sugerencias, «no tiene por qué atarse a las propuesta del Ayuntamiento», incide García.

Eso significa que, aun teniendo que basarse en el documento de prioridades, «haremos nuestra propia propuesta, en la que se dirá, sobre todo, el PGOU que no queremos para Gijón». La Federación «Les Caseríes», que el martes celebraba una reunión para hacer un primer análisis técnico y jurídico, adelanta que «seremos coherentes con la postura que mantuvimos en 2003», cuando empezó a tramitarse el actual Plan Urbano. Es decir, «seguimos defendiendo un consumo racional de suelo», criterio que, en opinión de la zona rural, «no se corresponde con los crecimientos urbanos que plantea el Ayuntamiento».

Si el gobierno municipal tiene que afrontar una revisión de su PGOU (ahora, PGO) es porque el Tribunal Superior de Justicia de Asturias lo ha declarado nulo en una treintena de sentencias. Buena parte de estos fallos desfavorables están motivados por denuncias de asociaciones o vecinos particulares de la zona rural. Sin ir mas lejos, la Federación «Les Caseríes» obtuvo una de estas sentencias anulatorias, con argumentos que «trasladamos al Ayuntamiento a lo largo de la tramitación, pero no nos hicieron caso».

El procedimiento administrativo debe repetirse, ajustándose a una nueva legislación mucho más fina en cuestiones medioambientales y de participación ciudadana. Aun así, «dudamos de que esta vez sea distinto y nos escuchen». Si sus sugerencias caen «de nuevo» en saco roto, «pues habrá que volver a ponerse a la defensiva», advierten los portavoces de la zona rural, en clara alusión a las «marchas verdes» que organizaron en su día para mostrar su rechazo al PGOU que ahora anula el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

El borrador que el abogado de la Federación rural dará a conocer después de Reyes girará en torno a una de las cuestiones que más preocupa a la zona rural: «La justificación del crecimiento de la ciudad». Según explica Antonio García, «las previsiones para diseñar el Plan Urbano hay que hacerlas en función de las necesidades reales de la ciudad, no pensando en los que van a venir en el AVE (el tren de Alta Velocidad). A nosotros nos da la sensación de que el Ayuntamiento no se basa en criterios reales, sino en futuribles». En opinión de los vecinos, el número de viviendas que se plantea «es descomunal».

l Sostienen que el nuevo Plan General de Ordenación tiene que promover un consumo racional del suelo.

l Creen que no están suficientemente justificados los crecimientos de 10.700, 17.200 y 24.200 viviendas que plantea el Ayuntamiento como punto de partida de la revisión.

l Ninguna de estas tres alternativas convence a la zona rural, que presentará una alternativa adicional en el período de información pública que comienza el 2 de enero.

l En cuanto a los núcleos rurales, consideran que debería garantizarse su ampliación, frente a la intención del gobierno municipal de contenerlos de aquí a los próximos diez años.

«La distinción entre parroquias e interés general es interesada», dicen los vecinos

LA NUEVA ESPAÑA-24-12-2009
«Para el Ayuntamiento, la zona urbana es el interés general, y nosotros somos los propietarios del suelo, los que tenemos un interés particular». Una distinción que los vecinos de las parroquias gijonesas consideran «interesada». Convencidos de que «hay que romper esta dinámica», hacen especial hincapié en el hecho de que «nuestras sugerencias tendrán que ver con aspectos urbanísticos que nos afectan a todos, porque la ordenación del territorio incumbe a todo Gijón».

Como asunto de todos se refieren también al tratamiento de los núcleos rurales, algo que trae de cabeza a los vecinos de las parroquias y que constituye uno de los principales motivos de conflicto con el Ayuntamiento. El equipo de gobierno es partidario de contener el crecimiento de estos asentamientos de población catalogados como suelo no urbanizable. Desde la Federación «Les Caseríes», sin embargo, se reivindica lo contrario. «No se trata de llenar la zona rural de casas. Eso no lo quiere nadie. Pero se debería articular este tema contando con los residentes de las parroquias», argumentan.

En este sentido, el abogado que representa legalmente al movimiento ciudadano de la zona rural asegura que «permitir un cierto crecimiento de los núcleos no tienen por qué entrar en contradicción con el modelo de ciudad que tanto defiende el Ayuntamiento». La revisión, en cualquier caso, no ha hecho más que empezar. Se concluirá a mediados de 2011.

La zona rural inicia su oposición al plan urbanístico

Cuestionan la necesidad de vivienda que plantea el Ayuntamiento y recuerdan que hay 19.000 pisos vacíos
EL COMERCIO-23-12-2009
Arrancó ayer, de forma oficial, la oposición de la zona rural gijonesa a la revisión del Plan General de Ordenación (PGO). Si algunos líderes vecinales ya habían mostrado su rechazo, ayer quedó claro que la federación Les Caseríes al completo no está por la labor de dar por buenas ninguna de las tres alternativas de crecimiento presentadas por el Ayuntamiento. Y no lo están, en principio, porque no comparten las previsiones de crecimiento que el equipo de gobierno plantea para la ciudad en los próximos diez años. De hecho, consideran que se manejan cifras «irreales» sobre la necesidad de vivienda de la ciudad que es la que, se supone, sustenta los planes urbanísticos. Esa es la base con la que los presidentes vecinales, reunidos ayer de forma extraordinaria, se dirigirán en las próximas semanas a sus vecinos para comenzar a preparar las sugerencias que deben presentar durante el primer periodo de información pública.
Pero la zona rural va más allá. Consideran que el propio documento de prioridades dibuja tres futuros de Gijón muy distintos. «Son tres modelos de ciudad distintos, no tres formas de conseguir el modelo que se quiere», decía ayer Antonio García, abogado de Les Caseríes y presidente vecinal de Deva. Y esa es la cuestión: ninguna de las tres alternativas presentadas por el equipo de gobierno convence a quienes mantuvieron firme oposición con el anterior plan y quienes, finalmente, consiguieron anularlo en los tribunales, aunque por cuestiones de forma y no de fondo.
Pero esta situación es la que ahora ellos quieren aprovechar para dibujar, realmente, un modelo de ciudad distinto. Porque, aunque pueda parecer mentira, la zona rural incluso podría estar de acuerdo en los objetivos que el Ayuntamiento se marca con esta revisión. Al menos, con algunos de ellos. A saber: dibujar una ciudad sostenible, asegurar el desarrollo industrial y garantizar una política de vivienda razonable y suficiente.
Pero los acuerdos se quedan ahí. La idea que unos (Ayuntamiento) y otros (zona rural) tienen de cómo llevar a cabo esos objetivos no son iguales. Las parroquias parten de la base de que ninguna de las cifras de futuras viviendas que ofrece el documento (10.700 en el primer caso, 17.200 en el segundo y 24.200 en el tercero) se ajustan a la realidad de lo que Gijón va a necesitar. Y lo creen así, entre otras cosas, porque «el documento no justifica en ninguna parte de dónde salen esas cifras». Y se preguntan: «¿Necesitamos 10.000 viviendas? ¿O necesitamos 24.000?». Porque es precisamente esa necesidad, junto con las características del territorio y la evolución de la población, en la que se debe apoyar la alternativa que finalmente sea elegida.
Segundas residencias
A eso añaden la cuestión de los pisos vacíos en Gijón. Según el propio documento de prioridades, en la ciudad hay en estos momentos 19.374, un 14,5% del total de viviendas construidas en el concejo, aunque ayer había quien recordaba durante la reunión que algunos estudios decían ya en 2004 que esa cifra era de unos 24.000. El problema reside en que la cifra no distingue cuántas de esas viviendas están realmente vacías y cuántas corresponden a segundas residencias. Aun conscientes de que en estos momentos en España no existe un criterio jurídico para definir qué es una vivienda vacía, las parroquias tienen en cuenta esos más de 19.000 pisos (o al menos una parte) para dar respuesta a la necesidad de vivienda.
Añaden aún dos cuestiones más los presidentes vecinales para justificar esa «irrealidad» de las previsiones municipales. En primer lugar, el crecimiento vegetativo de la ciudad (defienden que Gijón «pierde población»). Y, en segundo, que buena parte del desarrollo de la ciudad en los próximos años se basa en los proyectos de El Musel que ahora mismo están en duda. «Es un polo que se les deshace», aseguraron.
Así las cosas, si no saben qué modelo quieren, al menos sí creen tener claro qué modelo no quieren. Y esperan hacérselo saber al Ayuntamiento con sus sugerencias. Con muchas sugerencias, de hecho. Porque si en la anterior tramitación urbanística destacó la cifra de alegaciones (las que llegan en la segunda fase de información pública, y referidas a cuestiones concretas), en esta esperan que esas cifras se repitan pero ahora, en esta primera fase. Y lo harán con sugerencias que sean «coherentes con todos estos años anteriores, con todo lo que hemos dicho hasta ahora».
Pero hay algo que no puede negarse y es que muchos de los que ayer estaban reunidos en Leorio ya están de vuelta. Ya vivieron una tramitación urbanística que no fue sólo larga sino también polémica y, en ocasiones, más que tensa, incluso con referencias personales. Por lo tanto, se adelantan desde ya a los posibles ‘ataques’ del Ayuntamiento. Así que, en esta ocasión, además de fondo habrá forma. Es decir, estrategia. Habrá que calcular qué se dice, cómo y cuándo se dice. Y lo primero que quieren hacer, en este segundo gran debate ciudadano, es acabar con «el falso enfrentamiento entre lo rural y lo urbano». «No es real», insistieron una y otra vez, «porque los intereses son los mismos. Son excusas que tenemos que ir venciendo. El suelo se tiene que ocupar según la necesidad real de vivienda, tanto en la zona urbana como en la rural».
Núcleos rurales
Pero eso no significa que rehuyan el debate sobre cuestiones particulares, que pueden llegar a ser más polémicas. Entre ellas, el crecimiento o no de los núcleos rurales. Si el propio concejal de Urbanismo, Pedro Sanjurjo, puso sobre la mesa el debate de su expansión, las parroquias han recogido el guante. «El modelo de núcleo rural de Gijón es absolutamente obsoleto», aseguraron ayer, dispuestos a entrar de lleno en la discusión de cuál debe ser su crecimiento. A lo que no están dispuestos a que «el frenazo de los núcleos sea la reserva de las nuevas zonas urbanizables».
Unos proyectos, por otro lado, que los líderes vecinales consideran que suponen «una invasión de la zona rural mucho mayor que lo que supondría un crecimiento ordenado de los núcleos». Es más, consideran que son desarrollos como los de Cabueñes, Castiello o el nuevo de Vega (que incluye la alternativa número 2), los que «desnaturalizan la zona rural».
Lo dicho, están abiertos al debate. Que Pedro Sanjurjo justifica las limitaciones de crecimiento de los núcleos porque esos propietarios no tienen ninguna carga sobre el suelo, ellos estarían dispuestos a hablarlos. Quizás es mejor, piensen algunos, ceder un porcentaje de la parcela que no poder hacer nada en ella.
En este sentido, Antonio García recordó que, al inicio del anterior debate, el Ayuntamiento puso sobre la mesa unas fichas de todos los núcleos existentes (extensión, densidad, viviendas ocupadas y vacías…) y que en el primer borrador, incluso, algunos núcleos eran considerados como suelo urbano de baja densidad. Esa idea desapareció del documento aprobado finalmente.
Con todos esos datos, es de esperar que en las próximas semanas se sucedan las reuniones en todas y cada una de las parroquias para informar y recabar opiniones y preparar las sugerencias (ya que está previsto que el periodo de información pública se abra el 2 de enero). Lo que está claro es que la zona rural vuelve a empezar.

La misma situación, seis años después

En enero de 2004, las parroquias convocaron la primera marcha verde. Arrancaba una movilización que aún no ha concluido

EL COMERCIO-23-12-2009
1 de enero de 2004. Todos los presidentes de las asociaciones de vecinos de la zona rural estaban citados a una asamblea. El debate del PGOU llevaba ya unos meses sobre la mesa. En diciembre había tenido lugar otra reunión, en aquella ocasión para hablar específicamente de la situación de Roces, parroquia sobre la que existían ya los planes de Sogepsa. Aquel encuentro del mes de enero de 2004, hace casi seis años ya, fue largo, polémico y muy tenso. Debía decidirse si Les Caseríes apoyaría o no una manifestación en contra de los planes urbanísticos del Ayuntamiento, y no hubo acuerdo. Finalmente, la mayoría de las parroquias del concejo se sumaron a aquella primera marcha verde, pero no la federación vecinal como tal. La situación cambió para las siguientes convocatorias.
Aquel 21 de enero de 2004 fue sólo el inicio de una movilización que se prolongó durante casi dos años y que, en realidad, había arrancado unas semanas antes, con un sinfin de reuniones en cada una de las parroquias. Hasta ahora. Porque en diciembre de 2003 se abría a la información pública el borrador del nuevo Plan General de Ordenación Urbana y la zona rural gijonesa se ponía en marcha para hacer patente su oposición. De hecho, tan sólo un mes después, en febrero, se celebraba la primera marcha verde, justo dos días antes de que el Pleno votara la aprobación inicial del documento. Vino después un peregrinar de técnicos municipales por el concejo, con el concejal Tino Venturo al frente, para explicar los planes urbanísticos. Pero no se conseguía calmar la oposición vecinal.
De hecho, en abril de 2004 se celebró la segunda marcha verde, con más participantes aún que en la primera convocatoria. Ese mismo mes finalizó la información pública: 3.000 alegaciones presentadas y 12.800 visitas a la exposición de los planos que se había organizado en el Antiguo Instituto. Y se suceden las protestas. La zona rural está presente en multitud de actos públicos y políticos, recogen firmas, venden camisetas verdes y finalmente participan en un Pleno. Sus propuestas urbanísticas son rechazadas, pero consiguen que Jove, Vega y Veriña sean retiradas del PGOU.
Y así, en julio de 2005, llegó la tercera marcha verde y el récord Guinnes por la bandera (verde) más larga del mundo. En diciembre, el PGOU fue aprobado de forma definitiva. Y ahora todo vuelve a empezar.

‘Sugerencia’, por Pedro Herrero

EL COMERCIO-23-12-2009
Algún iluminado dice que la tierra pertenece al viento. Pues la tierra no sé, pero el suelo tiene dueño y precio. Y de rural a urbano existen sustanciosas diferencias económicas. Los terrenos no urbanizados adyacentes a la ciudad suelen estar comprados y vendidos desde hace décadas, a la espera de que la tendencia natural de crecimiento por proximidad (poner una casa junto a otra) convierta ese terreno improductivo en una pila de billetes de 500.
Como consecuencia, los grandes negocios en la especulación se producen cuando se liberan bolsas de suelo inesperadas. A unos cuantos kilómetros de la última urbanización, el suelo es más asequible y si lo sabes antes que los propietarios puedes comprar mucho ‘prao’ barato. Por supuesto, una parte en ‘B’ y mediante personas interpuestas. Estas son las maniobras típicas de los constructores, esas hermanitas de la caridad que se mueven por amor al arte. Todo lo que huele a urbanismo genera una hipersensibilidad en muchos ciudadanos, y que se haya anulado el plan y que sigamos instalados en la retórica de la amenaza y el ‘no pasa nada’ no ayuda en absoluto.
Por último, miembros del PSOE y de IU se quejan de la predisposición de los gijoneses al ‘plataformismo’ (dícese de la tendencia a agruparse en torno a plataformas). Sorprende que quienes se lamentan sean miembros de los mismos partidos que se han preocupado de penetrar políticamente durante años las federaciones y asociaciones de vecinos, dinamitando los canales de protesta oficiales. En el pasado, los vecinos de la zona rural, cansados de esta situación, escogieron representantes más beligerantes con la Administración. Por el contrario, la FAV urbana gijonesa practica dos posiciones con el ayuntamiento, a favor o de perfil. Hay un refrán sobre barbas.

Abilio Martínez prevé que 2010 será un «año muy difícil» y anuncia «firmeza» y exigencia a los gobiernos

LA NUEVA ESPAÑA-19-12-2009
Trevín recomienda a los constructores que no contribuyan al pesimismo porque ello desalienta la venta de viviendas
La patronal asturiana de la construcción extremará la exigencia el año próximo a las administraciones públicas para que cumplan sus compromisos inversores y los plazos de licitación y adjudicación. Serafín Abilio Martínez, presidente de la Confederación Asturiana de la Construcción (CAC), aseguró ayer que «2010 va a ser un año muy duro y difícil para las empresas» del sector y advirtió que «ya no habrá más paños calientes» con las demoras e incumplimientos y que la actitud de los empresarios va a ser en 2010 la de «vigilancia estricta y firmeza» ante la Administración.

«En 2009 sólo se cumplieron el 30% de los compromisos asumidos. Y esto nos ha colocado en una peor situación de salida para 2010. Necesitamos mayor inversión del Estado, del Principado y de los Ayuntamientos, y más ante un año muy complejo como 2010», dijo Abilio Martínez. Para éste, el propósito debe ser «recuperar la actividad y el empleo» y sostuvo que, pese a los malos augurios para 2010, la experiencia de 2009 demuestra que con una mayor cumplimiento en las licitaciones se podría invertir la tendencia del desempleo en el sector, dado que, aun con incumplimientos de plazos, la destrucción de puestos de trabajo se redujo a 1.000 empleos en los once últimos meses sobre un total de 7.000 en los dos últimos ejercicios.

El delegado del Gobierno en Asturias, Antonio Trevín, aceptó que el empresariado sea exigente pero le reconvino para que no aliente el pesimismo: «A ustedes, que venden viviendas, es a quienes más interesa difundir mensajes esperanzadores y no negativos» para 2010. Y recogió su demanda de inversión pública para defender tesis keynesianas: «Esta crisis ha puesto de manifiesto la importancia del papel del Estado en la Economía».

Noemí Martín, consejera de la Vivienda, se comprometió a mantener la colaboración pero bajo la premisa de un «cambio de ciclo» que dé prioridad a la vivienda protegida, la rehabilitación, facilitar el alquiler y poner en el mercado vivienda libre en «stock» a precios más bajos.

El «stock» de viviendas sin vender en Asturias podrá ser absorbido en un plazo de 18 a 24 meses, según Apolinar Cuesta, de la CAC. El «stock» es de 3.237 viviendas y, como mucho, no más de 4.000 (frente a 7.000 en 2008), una cifra, dijo, «asumible». Este año se iniciaron 4.433 viviendas en la región, el 28,33% menos que en 2008.

Tanto Trevín como el consejero de Infraestructuras, Francisco Buendía, aseguraron una elevada actividad inversora pública. Trevín citó el nuevo plan E para 2010, desautorizó al alcalde de Oviedo por tacharlo de «pan para hoy y hambre para mañana» y garantizó que el Gobierno mantendrá su apuesta inversora en las grandes obras de Asturias (un 60% superior a la del PP, dijo) y con prioridad al ferrocarril. Buendía sostuvo también que en 2010 Asturias será la región más inversora en obra pública pese a la caída de ingresos, aunque se dará prioridad a la AS-III, a las zonas logísticas y a los accesos a éstas. Rodríguez Valledor (CAC) teme que estas obras, «de peaje en la sombra», tengan problemas por falta de crédito bancario a las empresas

Moody’s sitúa a España como el país con más riesgos económicos en 2010, de Calixto Rivero en Expansión

Nuevo golpe al prestigio exterior de la economía: España lidera el “índice de miseria” de Moody’s, un ránking en el que se computan los riesgos económicos y sociales derivados de los niveles de paro y déficit fiscal de 16 países en 2010. La misma clasificación que “influenciará” a la agencia de ráting a la hora de hacer su “valoración” y revisar la deuda a largo plazo. El informe que publicó ayer Moody’s llega en un mal momento, pues hace menos de una semana que Standard & Poor’s (S&P) rebajó la perspectiva de la calificación del crédito soberano español de estable a negativa.

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El BBVA prevé que el precio real de la vivienda caiga un 8% en 2010

LA NUEVA ESPAÑA-16-12-2009
Madrid, Agencias
El precio de la vivienda en España debe bajar un 30 por ciento desde su máximo para que pueda absorberse el «stock» sin vender, es decir, dos tercios más que hasta ahora (10 por ciento). En esta senda, la caída en términos reales será de un 7 por ciento al cierre de 2009 y un 8 por ciento adicional en 2010, según el informe «Situación inmobiliaria» elaborado por el Servicio de Estudios del BBVA.

La entidad financiera justifica la necesidad de estas rebajas en los precios de las viviendas en que los tipos de interés, con recortes a lo largo de 2009 que han permitido una mejor accesibilidad a la viviendas, se mantendrán «muy bajos» en 2010, pero no darán nuevas treguas. En esta situación, «los niveles de accesibilidad son complicados», lo que hace prever un escenario de descensos hasta 2012.

Ahora bien, desde el BBVA se asegura que el grueso de este ajuste de precios no recae del lado de las entidades financieras, puesto que su peso relativo en el sector no es tan relevante como el de los promotores, pese a que han engordado sus carteras con viviendas en «stock» y, por tanto, «no marca tanto la tendencia de los precios».

La crisis del ladrillo abre un «agujero» del 10% en las arcas de los ayuntamientos

LA NUEVA ESPAÑA-16-9-2009
La crisis del ladrillo ha dejado un «agujero» del 10 por ciento en las arcas de los ayuntamientos, que se verán obligados a recurrir a otras vías para mantener los niveles de gasto. Ésta es una de las conclusiones del estudio elaborado por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), que tiene como finalidad hacer una radiografía de la economía de los ayuntamientos de cara a una posible reforma de la ley de Financiación de las Entidades Locales. El mismo informe también constata que los consistorios han asumido competencias que no les corresponden, debido a la presión social que reciben como administración más próxima a los ciudadanos, y que suponen, aproximadamente, un tercio de su gasto corriente.

El estudio del Registro de Economistas Asesores Fiscales analiza tanto las cifras de las capitales de provincia como de los municipios encuadrados en siete categorías diferentes, que van desde las ciudades con más de un millón de habitantes a los municipios con menos de 5.000 habitantes. El informe refleja que el 10,4% de los ingresos de los consistorios, correspondientes al año 2005, estuvo ligado a la actividad urbanística, una cifra que subió al 11,5 por ciento en 2006. «Si consideramos que en la actualidad estas cifras han caído en picado fruto de la crisis inmobiliaria, los municipios tienen un 10% de sus gastos que deberán cubrir por otras vías».

Los principales ayuntamientos asturianos, Oviedo, Gijón y Avilés, han visto caer en los dos últimos ejercicios sus ingresos vinculados a la actividad urbanística, tales como las licencias y las ventas de aprovechamientos. Los ingresos vinculados al ladrillo permitieron, según ese estudio, financiar los «elevados gastos municipales». Unos gastos que, según los expertos, han crecido un 35 por ciento debido a la asunción de competencias que no son suyas. Los ayuntamientos exigen una mayor y mejor regulación de sus competencias para que queden delimitados de forma clara, y con la financiación correspondiente, los gastos que deben asumir.

Arcelor iniciará su recorte de plantilla en la región con la prejubilación de 400 empleados

LA NUEVA ESPAÑA- 16-12-2009

La compañía, que venía incorporando a un trabajador por cada dos que salían, rechaza ahora aclarar cuántos entrarán mediante contrato relevo
Arcelor-Mittal iniciará los ajustes en su plantilla para el próximo año con la prejubilación de unos 400 trabajadores en sus plantas asturianas. La dirección de la multinacional en el Principado inició ayer las negociaciones con los sindicatos para dar salida a este personal (los nacidos durante el año 1950) mediante contrato relevo. Este sistema, en teoría, supone que por cada empleado que se prejubila entra otro con su misma categoría; pero, en la práctica Arcelor viene cubriendo sólo un puesto de cada dos que se pierden. En este caso el porcentaje de puestos que se cubrirán puede ser mucho más bajo, ya que la empresa rechazó ayer aclarar cuántos jóvenes pretende incorporar a su plantilla. Estas prejubilaciones serán, pues, el primer paso dentro de los planes del gigante siderúrgico que preside el magnate indio Lakshmi Mittal para reducir su plantilla en Asturias en unos 1.300 trabajadores a lo largo de los próximos tres años.

Los sindicatos señalaron que la entrada de este nuevo personal en la empresa dependerá de la evolución de la demanda durante las próximas semanas. Fuentes de la compañía se limitaron a decir ayer que «hemos llegado a un principio de acuerdo con los sindicatos», y apuntaron que «en el plan queremos optimizar plantilla en las tareas de mantenimiento y adecuarla en producción para mejorar nuestra competitividad». La multinacional quiere recortar al máximo el personal de oficinas, que cree sobredimensionado.

La empresa anunció esta semana que pretende eliminar unos 10.000 puestos de trabajo en Europa, de los 179.000 que tiene, mediante el sistema de jubilaciones anticipadas y de bajas incentivadas. Este último sistema ya fue usado por la compañía este año para aligerar su plantilla en todo el mundo, con ningún éxito en España.

El secretario general de CC OO de Asturias, Antonio Pino, aseguró ayer que «mosquea» que la empresa multinacional esté agilizando los ajustes de plantilla pero no esté acelerando las inversiones comprometidas. El sindicalista reclamó a la empresa «mayor compromiso con Asturias», y resaltó que «existe la pretensión empresarial de ajustar la plantilla en unas 2.000 personas».

La siderúrgica ha puesto en marcha las obras para la instalación de una nueva aplanadora en caliente en el tren de chapa gruesa de Gijón. La inversión asciende a 7,8 millones. La nueva aplanadora permitirá, según señaló la compañía, incrementar la calidad de la chapa gruesa y producirla a menor coste. La multinacional tiene previsto abrir a finales de enero la línea de pintura que tiene en Avilés, que paró hace un año.

Un aluvión de ejecuciones hipotecarias amenaza con poner en jaque la banca en 2010

EXPASIÓN-18-12-2009
La banca española se enfrenta a partir del próximo año a una nueva embestida de la crisis inmobiliaria. Entre 2008 y 2009, las entidades absorbieron los inmuebles de las promotoras insolventes a través de los procesos de dación en pago, en una dinámica que ya las ha convertido en las primeras gestoras de activos del mercado.

A partir de 2010, se verán obligadas a lidiar con los embargos de viviendas, vía ejecución hipotecaria, a los particulares en mora.
Se calcula que la banca tendrá que absorber a partir de 2010 un aluvión de entre 100.000 y 150.000 viviendas inmersas en expedientes de ejecución hipotecaria. Estos expedientes tienen su origen en las demandas por impago que entraron en tromba en los tribunales a partir del estallido de la crisis, fundamentalmente desde mediados de 2008 (ver cuadro).

Estos casos siguen un determinado trámite procesal en los juzgados, que se prolonga entre unos meses y algo más de un año. Durante los últimos 18 meses, estos expedientes han planeado, como buitres en el cielo, sobre las cabezas de las entidades financieras, pero la abultada carga de trabajo de los juzgados hipotecarios ralentizó la tramitación procesal de estos casos, aplazando la ejecución de las viviendas impagadas.

A partir del 2010, estas ejecuciones empezarán a representar el «mayor problema de los bancos», según Ernesto Tarazona, director de Corporate Recovery de Knight Frank, una consultora especializada en asesorar a la banca en materia de gestión de activos inmobiliarios.

Venta a valor liquidativo
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha cifrado en 114.958 los expedientes de ejecución hipotecaria previstos para este año, frente a los 58.688 de 2008. Para 2010, las ejecuciones hipotecarias estimadas por el órgano ascienden a más de 180.000.

Normalmente, estos casos terminan con la adjudicación en subasta del activo a un comprador, un proceso que puede conllevar determinadas minusvalías para el vendedor, si el precio de venta no alcanza el importe de la hipoteca impagada.
Pero la crisis ha creado un problema añadido que agrava, aún más, el panorama de la banca: las empresas especializadas en adquisiciones en subastas, los llamados coloquialmente subasteros, han desaparecido del mercado.

«Las empresas que se personaban en las subastas han dejado de acudir por falta de financiación», señalan fuentes del juzgado de primera instancia número 32 de Madrid (el único, junto al 31, especializado en ejecuciones hipotecarias en la capital española). Los expedientes de desahucio en este juzgado han aumentado un 300% en 2009.

Al quedarse desiertas las subastas por falta de comprador (una situación similar a la del mercado libre), son las inmobiliarias de los propios bancos ejecutantes las que comparecen en la subasta para quedarse con la vivienda a precio liquidativo, es decir, al 50% del valor de tasación.

Las consecuencias de esta dinámica pueden ser muy serias para la banca y para el sector inmobiliario en general. En primer lugar, las entidades financieras se enfrentan (ya están trabajando en ello, de hecho) a una nueva adjudicación en masa de cientos de miles de viviendas. Estos activos supondrán un mayor esfuerzo en términos de provisiones. Aunque, tras ejecutar la vivienda, una entidad pueda liberar parte o la totalidad de la provisión vinculada al crédito impagado, tendrá que realizar una nueva provisión contable por la propia adjudicación del activo, según los expertos. Esta dotación asciende al 20% del valor del activo adjudicado a partir del primer año de su entrada en libros, según la nueva normativa del Banco de España.

Nuevo reto
«Ninguna entidad financiera está preparada para asumir este nuevo parque de viviendas, ni por volumen de provisiones, ni por capacidad de gestión», señala Tarazona.

«Es una cuestión que maneja cada entidad. Sin embargo, la banca tiene gran experiencia en gestión de morosidad y recobro, esta crisis no es la primera que ha de atravesar, señalan fuentes de la Asociación Española de Banca (AEB).

Un segundo factor a tener en cuenta es la distorsión potencial que esta nueva oferta, cuyo volumen puede ascender a entre el 15% o el 20% del stock actual, puede tener en el mercado de la vivienda.

Al quedarse desiertas las subastas, los pisos entran al mercado por su valor liquidativo. El riesgo para los agentes del sector es que este inmenso volumen de viviendas depreciadas rompa los diques de contención levantados para sostener el precio de la vivienda en España, que, según los expertos, debería caer entre un 20% y un 30% adicional.

El Ministerio de Industria duda que se lleguen a hacer las nuevas centrales de gas asturianas

Dificultades en el sector energético l Las inversiones
El responsable de planificación energética prevé que sólo se ejecuten en España los ciclos combinados ya en obras l Areces: «Los proyectos se harán; ninguna empresa ha renunciado»

LA NUEVA ESPAÑA-18-12-2009
El Ministerio de Industria trabaja con la previsión de que a corto y medio plazo no se harán en España más centrales eléctricas alimentadas por gas (ciclos combinados) que los que ya se encuentran en obras. Esa expectativa, que ayer confirmó en Oviedo un alto cargo del departamento de Miguel Sebastián, amplifica las incertidumbres sobre la expansión del sector energético asturiano que promueve el Gobierno regional. Su presidente, Vicente Álvarez Areces, aseguró, sin embargo, que «los ciclos combinados se van a desarrollar». Están en tela de juicio tres proyectos de centrales de gas (Corvera, Mieres y El Musel), que suponen unos 1.100 millones de euros de inversión.

«Las decisiones corresponden a las empresas, pero nuestra previsión es que no se pongan en marcha más ciclos combinados que los que están en construcción», señaló Francisco J. Maciá, subdirector general de Planificación Energética del Ministerio, sobre el sistema eléctrico español en su conjunto. El negocio de la generación de kilovatios está liberalizado en España y corresponde a las eléctricas decidir sobre sus inversiones y dónde las hacen. Ahora bien, el alto funcionario de Industria dio a entender que, con la expectativa de demanda para la próxima década y el fuerte desarrollo de las energías renovables que se espera, no salen las cuentas para hacer más centrales de gas en España. «Me extrañaría mucho que se hicieran», añadió Maciá en conversación con este diario.

Asturias tiene una central en funcionamiento (Soto 4, de HC, en Soto de Ribera) y otra en obras (Soto 5, también de Hidrocantábrico). Si se cumplen en Asturias los pronósticos que el Ministerio extiende a toda España, ahí se pararía la ejecución de un plantel de proyectos que llegó a sumar al principio hasta una docena de ciclos combinados, asociados al funcionamiento de la futura planta de regasificación de El Musel. Los que llegaron más adelante en la tramitación son los de Corvera (860 megavatios y 500 millones de inversión), Mieres-La Pereda (410 megavatios y 200 millones) y El Musel (860 megavatios y 400 millones).

Las empresas no han dicho de manera abierta que piensen desistir de esas inversiones, pero ya han ralentizado varios proyectos. ESBI ha aparcado el inicio de las obras de Corvera hasta dentro de un año y Endesa ha aplazado los planes que comparte con Hunosa para La Pereda. Su interés por El Musel, al igual que el de HC, también se ha enfriado. El consejo de administración del puerto gijonés aplazó el miércoles de nuevo la adjudicación de los terrenos para una gran central eléctrica que, además, el Gobierno regional considera clave para las cuentas futuras de la dársena, lastradas por los sobrecostes de la ampliación portuaria.

La caída de la demanda eléctrica por la crisis y la expectativa de que no se recupere con la fuerza de antes durante los próximos años, así como las dificultades de acceso a la financiación, han llevado al sector eléctrico a recortar sus planes de nuevas centrales. La patronal del kilovatio, Unesa, ya avisó meses atrás de que la inversión se iba a frenar. Francisco Maciá, del Ministerio, dio a entender ayer que, además, el problema no es pasajero, sino de modelo energético. «Será difícil que entren más ciclos combinados de aquí a 2020», señaló a este diario el alto cargo de Industria, que está en la primera línea de la cercana revisión del plan energético del Gobierno. La tesis es que, ante el empuje de las energías renovables, se irá reduciendo lo que en jerga eléctrica se llama el «hueco térmico», la parte de la demanda que se cubre con centrales de gas y carbón.

Las hipótesis del Ministerio colisionan con las del Gobierno asturiano, que tiene en la expansión del sector energético una de las apuestas medulares de su política industrial. Preguntado sobre el retraso en la adjudicación de la central de El Musel, el presidente Areces respondió: «La crisis pudo haber ralentizado los proyectos de ciclos combinados, pero ninguna empresa, absolutamente ninguna, y lo ratifico hoy, ha renunciado a los proyectos que tiene planteados. Y eso quiere decir que se van a desarrollar, manteniendo las expectativas de que tendremos un cambio de modelo energético verdaderamente singular».

Ese modelo pivota en buena medida sobre la regasificadora de Gijón, que se concibió en parte para atender la demanda de gas de los futuros ciclos combinados. ¿Tiene sentido si no se hacen los previstos? Francisco Maciá respondió que la planta de El Musel, ya en obras, es estratégica para el sistema gasista nacional y que está justificada, se hagan o no más centrales eléctricas.

Ponía de ejemplo actuaciones como Roces y la Mayacina.

Ya vimos lo que sucede en Roces, cómo las viviendas algo-protegidas son ofertadas como inversión para quienes ya tienen otra/s viviendas e ingresos suficientes para no precisar de ayudas. Dinero público y expropiaciones para esto.

Lo mismo está sucediendo en La Mayacina, más expropiaciones y más dinero público para que los constructores hagan negocio y los que tienen medios se animen a seguir invirtiendo en vivienda, mientras falta dinero para atender necesidades sociales. La consejera nunca ha dudado en salir al rescate de los amigos de su mamá, ahora sus amigos.

El Ayuntamiento abre un nuevo registro para optar a 78 pisos en la Mayacina

LA NUEVA ESPAÑA-18-10-2009
El Ayuntamiento de Mieres anunció ayer que la próxima semana abrirá definitivamente el nuevo registro para optar a las 78 viviendas protegidas concertadas que se van a construir en La Mayacina. Estos pisos serán construidos por la promotora Oteypsa, que edificará 78 viviendas en la parcela M-11, situada en la calle Valeriano Miranda. El precio de la vivienda concertada en Mieres es de 1.570 euros por metro cuadrado útil (el precio incluye garaje y trastero incorporados, con un precio de 785 euros por metro cuadrado).

Este nuevo registro, puesto en marcha por la Consejería de Vivienda y el Ayuntamiento de Mieres, y que estará abierto durante 15 días, va dirigido a las personas interesadas en adquirir una vivienda protegida concertada, un tipo de calificación diferente al de las viviendas de precio básico que se han ofertado hasta el momento dentro del Plan Vasco-Mayacina. La característica principal de este registro es que podrá inscribirse en él cualquier persona o unidad familiar, sin estar limitado el acceso a este tipo de promociones por los ingresos del solicitante o por la existencia de otra vivienda en propiedad. Además, las viviendas podrán convertirse en domicilio habitual o ser destinadas al arrendamiento.

Por otra parte, la promotora estatal Sepes ha anunciado que el próximo 11 de enero comenzará el proceso de adjudicación de 131 viviendas protegidas que ha de construir en el área de Vasco-Mayacina. La empresa estatal explicó que abrirá en esas fechas una oficina en el municipio, donde los adjudicatarios podrán conocer las viviendas disponibles y, en su caso, formalizar la reserva de una de ellas, que se tendrá que realizar en el plazo que se indique a cada demandante y mediante el pago de 1.000 euros.

Los inscritos incluidos en el listado facilitado a Sepes por el Ayuntamiento de Mieres recibirán en los próximos días una carta de la empresa estatal en la que se les explicará el procedimiento por el cual podrán elegir su futura vivienda, y se les citará para formalizar la reserva y aportar la documentación. Previamente, durante los días 11 al 15 de enero, aquellos que hayan recibido la citación y que deseen conocer las características de las viviendas o las ayudas a que puedan tener derecho, podrán informarse en la oficina de próxima apertura.

Los datos.

Nuevo registro.
El Ayuntamiento abrirá la próxima semana, y durante 15 días, el registro para las 78 viviendas de protección concertada que la promotora OTEYPSA edificará en el futuro barrio mierense de la Mayacina.

Candidatos.
A estas viviendas, de mayor precio que las ofertadas hasta ahora por el Principado de Asturias, podrá acceder cualquier persona sin estar limitado el acceso por tener otra vivienda o por un tope en los ingresos.

Finalidad.
Las viviedas podrán convertirse en domicilio habitual o ser destinadas a arrendamiento.

Las filtraciones de agua obligan a corregir la planificación de los edificios de la Mayacina

LA NUEVA ESPAÑA-13-12-2009
La acumulación de agua en el subsuelo de la Mayacina está generando importantes quebraderos de cabeza a las constructoras que actualmente ya trabajando en el desarrollo de los inmuebles del futuro barrio. El problema es de cierta gravedad, aunque, en principio, no pone en peligro la ejecución de los proyectos residenciales. De momento, la sociedad estatal (Sepes) que promueve la edificación del bloque que ya está prácticamente levantado enfrente de la comisaría de la Policía Nacional ha solicitado al Ayuntamiento una modificación de la licencia para eliminar uno de los dos niveles programados inicialmente bajo el terreno. Esta medida obligará a redistribuir la parte baja del edificio, recortando la oferta inicial de espacio.

Los problema de filtraciones detectados por la empresa constructora han obligado a Sepes a replantearse parte de los contenidos de este proyecto residencial, el más adelantado de los que actualmente forman el ensanche urbano de Mieres. La modificación de licencia propuesta por la sociedad estatal recoge la necesidad de eliminar 13 cocheras, pasando el inmueble de contar con 144 estacionamientos a 131. No obstante, el recorte más significativo se concentra en los trasteros. Las anomalías detectadas bajo la estructura hacen necesario eliminar un total de 57 espacios, sobre un total de 131. Además, será preciso redistribuir los tres bajos comerciales que recoge la iniciativa. Los 131 pisos serán respetados.

El proyecto Vivazz, diseñado por los arquitectos Bernardo Angelini y David Casino, surgió de un concurso internacional de ideas promovido directamente por el Ministerio de Vivienda con el objetivo de desarrollar vivienda protegida de vanguardia en el entorno de La Mayacina. El presupuesto de la actuación ronda los 10 millones de euros. Los pisos contarán con todo tipo de avances tecnológicos como, por ejemplo, sistemas de climatización, domótica y captación de energía solar para la producción de agua calientes.

Según pudo saber ayer este diario, el resto de promociones que están en marcha en la Mayacina padece problemas similares a los que afectan a la actuación que desarrolla Sepes. Las previsiones son que en las próximas semanas se tengan que presentar más modificaciones, aunque de momento sólo el citado proyecto ha dado este paso. Al parecer, la baja cota de estos céntricos terrenos, que antes de la canalización del río eran una zona inundable, afectan al nivel friático, es decir, a la cantidad de agua que se acumula en el subsuelo, sobre una capa impermeable.

Dificultad para vender los pisos de la Mayacina

LA NUEVA ESPAÑA-16-12-2009
La Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo de Asturias (Sogepsa) ya tiene el camino despejado para poder desarrollar la urbanización del futuro barrio de Oñón, con un coste previsto de 1,5 millones de euros. De hechos, el Ayuntamiento tramitó hace casi un año, en enero de 2009, el proyecto para acometer la construcción de los viales y de los equipamientos subterráneos sobre los que se levantarán las más de 200 viviendas que contempla este plan residencial.

La intención del Principado era haber acometido la urbanización de esta gran parcela en 2008. Sin embargo, la compleja tramitación administrativa ha impedido que se cumplan las previsiones.

El alto precio pagado por las expropiaciones, según los técnicos, tendrá una repercusión en el coste de edificación, lo que obligaría a incrementar el precio de los futuros inmuebles. Así, Sogepsa anunció en su momento que los pisos de Oñón serán algo más caros que los de la Mayacina. No obstante, la crisis también sobrevuela los planes de vivienda de Mieres. las dificultadas que están teniendo las constructoras para vender los pisos de la Mayacina puede convertirse en un lastre también para Oñón, que al menos ya tiene el solar totalmente despejado.

El Principado pide más suelo público a los ayuntamientos para viviendas protegidas

El repunte del mercado inmobiliario no se consolida y las ventas de pisos caen en Asturias casi un 25% en un mes

LA NUEVA ESPAÑA- 15-12-2009

EFE Oviedo, Elena FDEZ.-PELLO
La promotora de vivienda pública del Principado, la empresa Vipasa, se queda sin suelo para construir. La consejera de Bienestar Social y Vivienda, Noemí Martín, aprovechó su comparecencia de ayer en la Junta General del Principado para formular un llamamiento a las corporaciones municipales: «Que pongan suelo a disposición para licitar más viviendas protegidas». La Administración está a punto de agotar su disponibilidad de suelo público, explicó, y se acabará cuando se liciten las viviendas previstas en 2010, que no llegan al millar.

El diputado del PP Agustín Cuervas-Mons vertió duras críticas sobre la gestión de Vipasa, que el año que viene incrementará su capital social en tres millones de euros. Citó varias promociones, de venta y de alquiler, que han aparecido sucesivamente en los Presupuestos regionales sin que acaben de ejecutarse, una circunstancia que la Consejera justificó como «retrasos por cuestiones de tramitación urbanística».

Las razones de Martín y las explicaciones de la gerente de Vipasa, Marta Pulgar, no convencieron al diputado del PP, a pesar de que la Consejera apeló incluso a su larga experiencia como concejal de Urbanismo en Oviedo. Cuervas-Mons manifestó que «la política de vivienda del Principado se está convirtiendo en el cuento de la buena pipa: las inversiones son las mismas desde hace años». «Tenemos una empresa dedicada a crear problemas», se quejó, e insistió: «No tenemos una promoción que no tenga un problema».

En cualquier caso, la Consejera insistió en defender Vipasa como «un instrumento fundamental» de la política de vivienda del Gobierno regional. La dirección General de Vivienda gestionará el año que viene 65 millones de euros, con los que se mantendrán las convocatorias de ayudas para el alquiler, la compra y la rehabilitación, y, en palabras de Martín, «se impulsará el cambio de ciclo en el mercado de vivienda».

Las señales de recuperación del mercado inmobiliario que se habían detectado durante el mes de septiembre no se consolidaron el pasado octubre, según los datos sobre compraventas de pisos que ayer divulgó el Instituto Nacional de Estadística (INE). Asturias registró 668 operaciones en ese mes, casi un 25% menos que durante el anterior y un 35% menos que en octubre de 2008. Descendieron tanto las compraventas de viviendas nuevas como las transacciones de pisos usados y el bache afectó con intensidad a los inmuebles de promoción libre y a los de protección oficial. La caída de las ventas fue en Asturias sensiblemente superior al promedio del país (21% interanual). La patronal de los promotores ha asegurado que el mercado inmobiliario ha dado últimamente signos positivos, sobre todo tras los acuerdos de los empresarios con el sector financiero para mejorar la concesión de hipotecas.

La edificación cae el 42% y Oviedo construye 1.000 viviendas menos que Gijón

LA NUEVA ESPAÑA-14-12-2009

El negocio asturiano de la construcción residencial ha hecho frente al pinchazo de la «burbuja inmobiliaria» ajustándose por el lado de los precios -con bajadas medias del 12%, según datos del Gobierno central- y por el lado de la actividad, reduciendo de manera sustancial la edificación de nuevas viviendas. Según los visados de los arquitectos técnicos, el número de pisos y casas iniciadas durante este año se ha reducido un 42% en relación con 2008 y hasta un 60% respecto a 2007, el último año de «boom» constructor.

La información de los visados recogida por la Confederación Asturiana de la Construcción (CAC) da a entender, además, que el recorte de actividad ha sido más intenso en Oviedo que en Gijón. Entre enero y septiembre de este año los aparejadores visaron proyectos para iniciar 684 pisos en la capital asturiana, frente a los 1.747 registrados en Gijón. La ciudad costera concentra casi la mitad de la inversión que suman los proyectos que se han empezado a ejecutar este año y que para el conjunto de Asturias rondan los 216 millones de euros.

El resultado de Gijón está influido por la oferta de la vivienda protegida, que también ha cobrado auge en Oviedo y en otras zonas de Asturias. La ejecución de los grandes planes urbanísticos de Roces (Gijón) y Prados de la Vega (Oviedo), junto a otras operaciones como el desarrollo de la Mayacina en Mieres, han favorecido la promoción de importantes bolsas de pisos protegidos. Esa actividad, destacó Apolinar Cuesta, presidente del gremio de promotores, ha permitido también paliar la caída de empleo en el sector.

Arcelormittal se plantea despedir a 10.000 trabajadores

LA NUEVA ESPAÑA-14-12-2009

La propuesta fue planteada por la empresa la semana pasada, durante la última reunión del Comité Europeo
La dirección de Arcelormittal ha planteado a los sindicatos la posibilidad de despedir en 2010 a 10.000 trabajadores, el 3,3 por ciento de su plantilla, debido a que la recuperación de la demanda de acero no se está produciendo con suficiente fuerza, informó hoy a Efe la siderúrgica.

La propuesta fue planteada por la empresa durante la última reunión del Comité Europeo, celebrado la semana pasada, sin que el momento se hayan dado detalles por países.

El recorte, sobre el que aún no se ha adoptado ninguna decisión definitiva, se podría llevar a cabo mediante la “reducción natural” de la plantilla (jubilaciones y bajas incentivadas) y se apoyaría en medidas para la “optimización de la producción” (recolocaciones).

En lo que respecta a España, ArcelorMittal aún no ha decidido si ampliará en seis meses la duración del expediente de regulación de empleo (ERE) vigente desde julio y que afecta a los 12.000 trabajadores que tiene en el país, apuntó la misma fuente.

Cuando se aprobó el expediente se fijó la posibilidad de prorrogarlo durante seis meses, hasta junio de 2010, sin necesidad de que se produzca una nueva negociación.

Por otra parte, el próximo jueves, 17 de diciembre, empresa y sindicatos se reunirán para negociar las condiciones de prejubilación de los trabajadores nacidos en 1950, como establece el acuerdo-marco de la compañía.

ArcelorMittal perdió entre enero y septiembre 697 millones de euros aunque en el tercer trimestre del año ganó 631 millones, con lo que regresó a beneficio tras tres trimestres consecutivos en números rojos. EFE

La crisis del sector endeuda a ocho de cada diez ganaderos asturianos

LA VOZ DE ASTURIAS-9-12-2009
Firmaron créditos para la adquisición de cuota láctea o para la mejora de las explotaciones.Algunos tienen problemas hasta para hacer frente a los pagos de los distintos proveedores.
Pidieron créditos para mejorar las explotaciones, ampliarlas y hacerlas más competitivas, o para poder comprar cuota que les permitiera producir más leche, encaminados a una profesionalización del sector. Pero ahora, los precios que les pagan por sus productos han bajado –más de un 35% en un año– y los ganaderos asturianos tienen grandes problemas para hacer frente a sus deudas. En concreto, en torno al 80% de los productores, ocho de cada diez, se encuentran en esta situación. Así lo manifestó el consejero de Medio Rural, Aurelio Martín, que aunque no quiso dar datos más exactos, sí comentó que las cifras rondan ese porcentaje: “Son la inmensa mayoría los que están pasando por esto”, añadió.

En este sentido, Martín califica la situación como “endiablada”. “Es difícil seguir adelante cuando, por un lado, deben dinero de unos créditos que firmaron por una situación de necesidad, no porque les diera la gana endeudarse, y por otro, cada vez reciben menos por sus productos”, añade. Es por esto, que el consejero ha propuesto ya a la ministra del ramo, Elena Espinosa, que se articule la manera de “refinanciar la deuda”. “Se ha llegado a un nivel en el que tienen muchas dificultades de liquidez”, dice Martín, y añade que “quien no le debe dinero al banco, pues se lo debe a la empresa que le suministra el pienso, y así está la inmensa mayoría”.

Los sindicatos agrarios le dan la razón sin dudarlo al consejero, y añaden que esta refinanciación de la deuda es una de las cuestiones que reivindicaban en la manifestación de Madrid del pasado día 21. Geli González, secretaria de Asaja en Asturias explica que “si las cosas ya están difíciles con una producción que no es rentable, la carga financiera empeora muchísimo las cosas”. Y pone un ejemplo gráfico: “Si tienes que pagar un dinero en cinco años y ahora las cosas están tan mal, ayudaría mucho que te dieran la posibilidad de pagarlo en 15″, dice en referencia a la refinanciación. “Los ganaderos hemos gastado mucho dinero en muchas cosas: adquisición de cuota, mejora de las explotaciones, maquinaria…” añade. Y en esto, el consejero de Medio Rural le da la razón, y explica que “es cierto que las mejoras de las explotaciones iban subvencionadas, pero ellos tuvieron que poner gran parte del dinero”.

SUMINISTROS Mercedes Cruzado, la nueva secretaria general de COAG, comenta que “la refinanciación de la deuda es ahora mismo algo necesario para que muchos ganaderos sobrevivan”. Y es que, según ella, muchos ganaderos “está ahora en una situación que, o cambia, o no tienen forma de enfrentarse a ella”. Y el problema, como decía Martín, no es solo con los bancos. “Conocemos casos de gente a la que determinado proveedor de piensos ya no les sirve más por falta de pago. Tuvieron que buscar otra empresa para que les suministre, pero esto es pan para hoy y hambre para mañana”, explica Cruzado.

La opinión del responsable del sector lácteo de UPA no es muy diferente. Oscar Gayol explica que según los cálculos del sindicato, el endeudamiento ronda ese 80% del que habla el consejero. Por ello, él también explica que “esa refinanciación de la deuda es una de las cuestiones más importantes para lograr la viabilidad del sector”. Y incide en que tiene que hacerse desde el ministerio. “Con los ganaderos de forma individual, la banca funciones por número. No es más flexible por la situación del sector lácteo”. Por ello, pide “el amparo de las administraciones, para que los ganaderos tengan más margen de maniobra”. La postura del ministerio sobre este asunto se conocerá, probablemente, en la próxima conferencia sectorial de ganadería, que se celebrará el día 9 de diciembre en Madrid.

Habrá que consultar sobre posibles acciones legales antes de que avance más este nuevo despropósito.

Gijón acepta el almacén de CO2 en La Camocha

EL COMERCIO-12-2009
Hunosa planteó el proyecto al Consistorio hace varios meses y el concejal de Promoción Económica dice que «es compatible con el parque empresarial»
El proyecto para construir un almacén de dióxido de carbono (CO2) en las instalaciones de la antigua mina de La Camocha, en Gijón, anunciado anteayer por el presidente de Hunosa, Juan Ramón García Secades, en los cursos de verano de La Granda, tiene las bendiciones del Ayuntamiento. Fuentes municipales señalaron que pese a que el asunto está aún «muy verde», es interesante si finalmente se demuestra su viabilidad.
García Secades declaró a EL COMERCIO que la empresa hullera va a estudiar si el subsuelo de la mina para saber si puede ser utilizado o no para almacenar CO2. Pese a valorar la extensión y profundidad de la explotación, Secades reconoció, sin embargo, que existen zonas muy explotadas que podrían frenar el proyecto.
La propuesta de Hunosa de utilizar las instalaciones de Mina La Camocha para la instalación de un almacén de dióxido de carbono no suena a nueva en el Ayuntamiento gijonés. Hunosa planteó este proyecto a los responsables municipales hace ya varios meses y hasta el momento el Consistorio estaba a la espera de que se produjera algún avance en los estudios sobre su viabilidad. El problema está ahora, sin embargo, en que Mina La Camocha se encuentra en pleno proceso concursal y que hasta que el juez no decida sobre la adjudicación de las instalaciones resulta difícil hacer proyectos para ellas.
Parque empresarial
El anuncio del presidente de Hunosa en los cursos de verano sirvió también para que desde el Ayuntamiento se activara el interés por un proyecto que estaba «a la espera de confirmación». El concejal de Promoción Económica e Innovación y presidente del Centro Municipal de Empresas de Gijón, José María Pérez, señaló ayer que «el planteamiento realizado por Hunosa lo vemos bien porque se trata de construir una instalación puntera». El edil consideró también que «la propuesta no es incompatible con los proyectos que tenemos para instalar un parque empresarial en los terrenos de la antigua mina y eso también es importante». Según Pérez, sin embargo, «somos conscientes de que no se sabrá nada en concreto sobre esta propuesta hasta que el juez dictamine acerca del proceso concursal».
El Ayuntamiento de Gijón anunció en el año 2006 su intención de construir un nuevo parque empresarial en las instalaciones de Mina La Camocha, que en aquel momento ya estaban condenadas al cierre. La alcaldesa, Paz Fernández Felgueroso, avanzó en aquel momento que el proyecto buscaba compensar el cierre de la emblemática explotación minera. Los primeros estudios con los que trabajaba el Ayuntamiento hablaban de la creación de entre 300 y 500 empleos y de una inversión pública inicial de 10 millones de euros.
La regidora señaló entonces que el equipamiento «no será igual» que el parque científico y tecnológico de Cabueñes, pero contará con atractivos para que se instalen las empresas en él. «Será una nueva gran oportunidad para la ciudad y, desde luego, mucho más que un polígono industrial», indicó.
Según los estudios del Ayuntamiento y del Principado, el nuevo parque empresarial afectaría a una superficie de suelo de 400.000 metros cuadrados. De ese número, en torno a 265.000 metros se destinarían al parque empresarial propiamente dicho, 57.000 a viales, 82.000 a espacios libres y el resto -entre 30.000 y 40.000- a equipamientos sociales y deportivos donde se da por segura la presencia de piscinas e instalaciones deportivas.

¿Cuánto nos costarán a los gijoneses todos estos recursos al supremo que ha iniciado el ayuntamiento? ¿Cuánta cara, cuánta soberbia y cuánto despotismo hace falta para que nadie sea responsable de tanta ilegalidad y tanto atropello?

El Ayuntamiento acumula ya treinta sentencias que anulan el anterior plan

EL COMERCIO-12-12-2009
Se inicia formalmente el proceso de revisión del PGO, pero el Ayuntamiento sigue recurriendo en paralelo ante el Tribunal Supremo tantas sentencias anulatorias contra el anterior PGOU como le van llegando. Ayer fueron ratificadas en el Pleno diez nuevas resoluciones de la Alcaldía en relación con otros tantos fallos judiciales.
Según el último recuento, el plan Teixidor acumula ya 30 sentencias desfavorables por graves defectos procedimentales durante su tramitación. Este número redondo sirvió a la portavoz municipal del PP, Pilar Fernández Pardo, para criticar que el equipo de gobierno «lleva 30 fracasos acumulados». En ese sentido, Pardo consideró «una ambigüedad» que el equipo de gobierno siga gastando en abogados para defender la tramitación del plan general anterior mientras se emprende la redacción de uno nuevo.
El concejal popular Pablo Fernández también hizo alusión durante su intervención las sentencias anulatorias, pero para criticar en su caso al concejal José Manuel Sariego por sus declaraciones inculpatorias contra los vecinos de la zona rural en un reciente acto socialista. Sariego aseguró que «la ambición y el afán de lucro desmedido de algunos propietarios de suelo» está detrás de la mayoría de estos fallos judiciales. «Esta no es la fórmula para amigarse y mirar hacia adelante», lamentó Fernández, que recordó que son los jueces y no los vecinos quienes dictan las sentencias. Además, señaló que «si hay alguien en la ciudad con afán desmedido de lucro es quien fuera arquitecto jefe municipal, Ovidio Blanco», imputado por la comisión de tres posibles delitos por sus operaciones de compraventa con una finca de Cabueñes.

El Ayuntamiento vuelve a caminar por el cortoplacismo en la revisión del PGOU

LA NUEVA ESPAÑA-12-12-2009- JAVIER MORÁN

El argumento que maneja desde hace tiempo el edil de Urbanismo, el cabal Sanjurjo, es el siguiente: Cabueñes es ya zona urbana; por tanto, constrúyase más. O sea, vamos a colmatar, que es la palabra que utilizan en el gremio urbanístico. O vamos a compactar, que es lo que repite la municipalidad después de haber descubierto el Mediterráneo, es decir, que la forma de crecimiento urbano más usual, práctico y económico es la de la extensión como una mancha de aceite. Pero la compactación a la que aspira el Ayuntamiento tiene más de pose -ahora progresista, antes del pasado régimen- que de sincero deseo. De hecho, es pretensión contradictoria con los desarrollos previstos para Castiello. Esto es, se compacta Castiello en sí mismo, con medias densidades que sabe Dios cómo van a quedar, pero no se compacta Castiello con el resto de la ciudad, salvo que Felgueroso obtuviera de Fomento otro ramal del metrotrén hacia dicha área.

En cambio, sí es cierto que Cabueñes está mejor comunicado por medios públicos, y dentro de un tiempo incierto lo estará también mediante el citado metrotrén. Sin embargo, algo nos da en la nariz que una función principalísima del urbanismo es la de poner límites a la presión inmobiliaria, tan humana en definitiva.

En cuanto a la dudosa compactación que abandera el Ayuntamiento, si fuera cierta, Gijón tendría que crecer desde sus bordes e incluso plantearse operaciones mucho más ambiciosas a largo plazo, como aquella que alguien ya enunció hace años: el continuo urbano llega hasta Tremañes, zona de polígonos industriales obsoletos por cuyas calles difícilmente entra un camión de varios ejes; en consecuencia, el traslado paulatino de dichas instalaciones a otra zona del concejo liberaría suelo para 10 o 15 años de edificación. Pero no vamos a presumir aquí de tener las cosas del todo claras. La desgracia es que el documento de prioridades del futuro PGOU nos ayuda bien poco a analizar el asunto. Tras el fracaso del PGOU de 2005, el Ayuntamiento no ha espabilado y vuelve a caminar por lo segado y por el cortoplacismo en un concejo cuyo suelo es cada vez más limitado.

La revisión del Plan Urbano sale adelante con la unanimidad de los grupos políticos

LA NUEVA ESPAÑA-12-12-2009
La oposición critica las tres alternativas presentadas por el gobierno local y Sanjurjo dice que «en la zona rural aún se pueden construir dos mil viviendas»
Aunque el pleno municipal aprobó ayer por unanimidad iniciar la revisión del Plan General de Ordenación (PGO) de la ciudad, las razones que adujeron el gobierno local y la oposición para dar su apoyo al proceso fueron casi equidistantes. El concejal de Urbanismo Pedro Sanjurjo defendió la gestión del consistorio a la hora de redactar el anterior plan, que acumula ya treinta sentencias en contra, y subrayó que «ahora es necesario consumir el suelo necesario para satisfacer el desarrollo industrial y favorecer la capacidad residencial». Por su parte, el edil popular Pablo Fernández calificó de «período negro» los últimos cuatro años de ordenación urbana y aseguró que las tres alternativas de crecimiento propuestas por el Ayuntamiento ante la revisión del PGO son «un corta y pega de todo lo que ya hemos visto». Para Jesús Montes, de Izquierda Unida-Bloque por Asturies-Los Verdes, ahora es necesario «que Gijón remarque su caracter de ciudad industrial».

«La revisión del PGO puede y debe ser una buena oportunidad para mejorar las expectativas de crecimiento de Gijón y de los gijoneses», aseguró Sanjurjo durante su primera intervención, que giró básicamente en defender que las alternativas del marco de prioridades del nuevo plan «han sido elaboradas de forma que sean razonables técnicamente y conforme a la nueva realidad de la ciudad, supeditada en buena medida a la futura llegada del AVE y la creación de la Zalia». Además, destacó que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que anula el viejo planeamiento «está recurrida ante el Supremo» y que lo que ahora haremos «será adaptarnos a un marco legal que ha cambiado», en referencia a la Ley del Suelo del Principado.

El popular Pablo Fernández reprochó al gobierno local «que todavía no haya pedido perdón a los gijoneses» por «su pésima política urbanística, que ha recibido una y otra vez traspiés por parte de la Justicia». En este sentido, señaló que «los socialistas son capaces de llamar especuladores a los vecinos de la Zona Rural, pero no se presentan como acusación en el juicio contra el ex-arquitecto municipal Ovidio Blanco», que supuestamente se enriqueció con la compra-venta de una finca en Cabueñes. Además, anunció que el PP presentará «un modelo alternativo» para la elaboración del PGO y censuró que Pedro Sanjurjo asegure en los medios que quiere una «ciudad compacta» y, por otra parte, defienda planes especiales como los de Granda o Castiello. También criticó que el concejal de Urbanismo condene el «modelo Somió» mientras su antecesor en el cargo Jesús Morales «dio cientos de licencias de construcción entre El Rinconín y El Infanzón». Por último, dijo que el anuncio de que los núcleos rurales no van a crecer más «crea un claro movimiento especulador».

En su respuesta, Sanjurjo indicó que «en esos núcleos rurales existe todavía capacidad para construir dos mil viviendas» y señaló que «debemos ser responsables y no caer en la tentación de alegrar el oído a determinadas personas». Para ello, abogó por «un crecimiento que sea comedido y ordenado». Por último, Fernández le reprochó que «quiera soldar» el concejo a base de planes especiales en diferentes parroquias y el edil socialista se mostró «orgulloso» del urbanismo local durante la etapa democrática.

La sesión plenaria celebrada ayer en el consistorio gijonés vivió momentos de alta tensión durante sus más de tres horas y media de duración. Al rifirrafe entre la alcaldesa Paz Fernández Felgueroso y la portavoz del PP, Pilar Fernández Pardo, durante el turno de intervención de la edil popular Inmaculada Gallart, le sucedió un bronco diálogo entre el portavoz del PSOE Pedro Sanjurjo y el concejal de la oposición Eduardo Junquera, que calificó de «cabestro» al presidente de la FEMP, el socialista Pedro Castro, que hace unos meses llamó «tontos de los cojones» a los votantes del PP. «Ese comportamiento no es digno de representar a los gijoneses», le dijo Sanjurjo.

A Eduardo Junquera: «No tiene usted estatura, está a un centímetro del suelo»

Portavoz del PSOE

A Pilar Fernández Pardo: «Cállate la puta boca y deja hablar al que está en uso de la palabra»

Concejal del PSOE

Un Plan Urbano en tres versiones

LA NUEVA ESPAÑA-11-12-2009
La alternativa 1 crea 17.200 pisos y cubre la necesidad de suelo industrial a medio plazo.
Es la opción más próxima a los criterios del equipo de gobierno y de los constructores.
Miriam SUÁREZ
La ciudad ha agotado «casi» todas sus posibilidades de expansión. Así figura en el primer párrafo que el documento de prioridades, base de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), dedica a la llamada alternativa 1. Esta opción es la que más se aproxima al actual planeamiento urbanístico, anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Repetir la tramitación obliga al Ayuntamiento a plantear, de partida, tres opciones de crecimiento urbano.

Hoy, el Pleno municipal marcará el inicio de la revisión y se empezará a difundir el documento. La alternativa 1 parece responder a los criterios que viene defendiendo el equipo de gobierno. Por ella, ya se han decantado abiertamente los constructores de la ciudad.

Objetivos. Completar el espacio urbano existente en el interior de la Ronda Sur, generando nuevos suelos urbanizables en Cabueñes, El Infanzón y Jove; y definir los límites de la ciudad a lo largo de la corona exterior de la circunvalación gijonesa, con el desarrollo residencial de Granda, Porceyo y también Cabueñes. Además, se plantea ampliar a modo de remate el polígono industrial de Roces, donde se crearía un nuevo ámbito de 89.500 metros cuadrados; y se integrarían las actuaciones concertadas del Área de Roces, el polígono de Lloreda y la Zona de Actividades Logísticas (ZALIA). Estas dos últimas «podrían satisfacer las necesidades de suelo industrial a corto y medio plazo». se prevé.

Viviendas. La alternativa 1 generaría 17.200 pisos nuevos en los próximos diez años. Lo que significa que, en 2020, Gijón rebasaría la barerra de las155.700 viviendas; el 15 por ciento, vacías o segunda residencia, y con un nivel medio de ocupación de 2,18 personas por piso. Se destaca el área de vivienda concertada proyectado en Jove; el nuevo sector residencial de Cabueñes, en el entorno del parque tecnológico y el hospital, que representa «el límite simbólico de la trama urbana»; y el hecho de que «se complete el núcleo rural y su situación actual desde el punto de vista viario» de Granda.

Efectos. Se produciría una reducción del terreno fértil, con «pérdida irreversible» de su potencialidad biológica y calidad paisajística. Aunque se admiten efectos sobre el valor natural del territorio, «el impacto no se considera especialmente significativo».

El PGOU busca impedir la tendencia alcista del mercado inmobilario

LA NUEVA ESPAÑA-11-12-2009 M. S.
Los servicios técnicos municipales, autories del documento de prioridades del PGOU -que la nueva legislación ha convertido simplemente en Plan General de Ordenación (PGO)-, subrayan la capacidad de la alternativa 1 para cubrir la demanda de una población que podría llegar en 2020 a los 288.000 habitantes. «Los nuevos desarrollos crean una oferta flexible», señalan, «y garantizan un equilibrio entre vivienda libre y protegida».

La necesidad de cubrir las expectativas inmobiliarias a medio plazo está muy presente en todo el documento. Se considera que la ciudad debe dotarse de suficiente vivienda «para cuando se produzca un fuerte incremento de la demanda», asociado a proyectos como la ampliación de El Musel, la zona logística o la llegada del tren de Alta Velocidad a la futura estación intermodal de Moreda.

De esta forma, el Ayuntamiento espera «impedir tendencias alcistas» en el precio de la vivienda. Este es un aspecto que también se tiene en cuenta a la hora de presentar las otras dos alternativas, que permiten un grado de desarrollo urbanístico muy distinto, que va desde una previsión de 10.700 viviendas a otra de 24.200.

Todas ellas tienen en común la idea de «contener. mediante una clara delimitación, la expansión de los núcleos rurales, estableciendo criterios de protección más estrictos». Intención que el concejal de Urbanismo adelantaba hace una semana y contra la que los vecinos de la zona rural ya han empezado a alzar la voz.

Los desarrollos pendientes del anterior Plan suman 1,3 millones de metros cuadrados

LA NUEVA ESPAÑA-11-12-2009
La variable 1 es una versión más desarrollada de la llamada alternativa 0. El documento de prioridades la contempla porque la ley obliga a estudiar qué pasaría en la ciudad si no se lleva a cabo ninguna actuación urbanística. Como tal se entiende la estructura territorial compuesta por el Plan General de Ordenación de 1999; las modificaciones puntuales realizadas desde entonces; las actuaciones concertadas (Area de Roces, polígono de Lloreda y ZALIA); los desarrollos con aprobación definitiva; las infraestructuras promovidas por distintas administraciones; el suelo protegido; los elementos del catálogo urbanístico dela ciudad; y el suelo que ya está urbanizado o cuenta con llicencia de obra.

l Objetivos. En esta alternativa no se establecen nuevos ámbitos de urbanización, así que las bolsas de suelo que genera se derivan únicamente de las actuaciones que ya han sido aprobadas. Se trataría, por tanto, de completar las actuaciones en desarrollo o pendientes de ejecución, que suman 1,3 millones de metros cuadrados. A esta superficie hay que añadir los 948.664 metros cuadrados del sector urbanizable de Castiello de Bernueces, que está propiciado por el PGOU que acaba de anular el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, pero cuya aprobación definitiva impide su vuelta atrás. Y también los 159.528 metros cuadrados de suelo industrial ya proyectados en Hoya-Casares (Porceyo).

l Viviendas. En el período previsto, entre 2010 y 2020, Gijón llegaría a tener 149.500 viviendas (incluidas las 5.000 que actualmente se encuentran en fase de tramitación) para una población de referencia de 288.500 habitantes. En el marco de la alternativa 0, se concederían licencias para 8.200 viviendas, aparte de las 2.500 estimadas en Castiello de Bernueces. En total, 10.700 pisos en diez años; el14,5 por ciento, vacíos y de segunda residencia, y con una ocupación media por vivienda de 2,25 personas.

l Efectos. El impacto sobre el medio natural «se puede considerar mínimo», a excepción de «los urbanizables de Bernueces y Hoya-Casares», cuyas afecciones sobre los espacios protegidos se consideran poco significativos. Independientemente de los aspectos mediambientales, sí se advierte en detrimento de esta alternativa de que «su reserva de suelo se agotará» mucho antes de que Gijón entre en 2010. En la ciudad, se conceden de media 2.000 licencias de construcción al año. Si ese ritmo edificatoria se mantiene, la opción 0 «llegaría a la colmatación en cuatro o cinco años», calculan los técnicos municipales.

Portavoces del Colectivo en Defensa del Medio Rural y de la Federación vecinal «Les Caseríes» sostienen que el crecimiento cero es más que suficiente para una ciudad en crisis económica. Así que cuando se les menciona la alternativa 2, tercer diseño propuesto en el documento de prioridades, se echan las manos a la cabeza, ya que propiciaría una expansión urbanística muy superior a la que promueve la opción 1. En concreto, de 7.000 viviendas más.

A partir de hoy, los ciudadanos podrán conocer en detalle el documento de prioridades. En cuanto el Pleno municipal apruebe iniciar la nueva tramitación, se colgarán en la página web del Ayuntamiento texto y planos, cuyo contenido ya adelantó el concejal de Urbanismo en una exposición pública que tuvo lugar el pasado viernes en la Casa Consistorial. El edil socialista tiene la intención de trasladar la documentación a todos los agentes que integran el Consejo Social en su próxima reunión. Colectivos ciudadanos y particulares podrán hacer sugerencias durante un período de 40 días hábiles, a contar desde el 2 de enero.

Un diseño que genera 1.800 pisos en Porceyo, 3.000 en Vega y 360 en Roces

La alternativa 2 causa el mayor impacto ambiental, pero «incrementaría las expectativas de actividad económica»
LA NUEVA ESPAÑA-11-12-2009 – M. S.
La alternativa 2 es la suma de las variables 0 y 1. Incorpora actuaciones que, por presión vecinal, fueron desterradas del PGOU que ahora cuestiona el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Hay quien lo tacha de desmesurado.

l Objetivos. Se apuesta por un mayor desarrollo edificatorio, que implica, por tanto, una mayor reserva de suelo edificable a partir de suelos urbanos o núcleos rurales de Porceyo, Roces y Vega-La Camocha. Aunque la oferta de suelo industrial se concentra en Lloreda y la ZALIA, se prevé un nuevo ámbito de 89.500 metros cuadrados para rematar el polígono de Roces, que permitirá mejorar las condiciones de acceso actuales.

l Viviendas. Esta alternativa da lugar a 24.200 nuevas viviendas, con lo que el parque inmobiliario de la ciudad superaría las 160.000 unidades a la vuelta de diez años; el 16 por ciento, segundas residencias o vacíos. Se calcula que la ocupación media por vivienda será de 2,1 personas. Se ampliaría el área urbanizable de Porceyo hasta los 2,1 millones de metros, ámbito con capacidad para unas 1.800 viviendas. En Vega, se reservarían 778.800 metros cuadrados de suelo para 3.000 viviendas. Y, al sur del Área de Roces, se crea una bolsa de 271.000 metros cuadrados y 360 casas. Los niveles de crecimiento sobrepasan las estimaciones demográficas y económicas que ahora baraja el equipo de gobierno.

l Efectos. Se le atribuye un impacto «de mayor magnitud» sobre el medio rural. A su favor: «Incrementaría las expectativas de actividad económica en el sector de la construcción».

La ciudad de TROTU y ROTU

La confección del PGOU gijonés se basa en una legislación autonómica no adaptada aún a la última ley estatal, de 2007
LA NUEVA ESPAÑA-11-12-2009
JAVIER MORÁN Por sus nombres parecen personajes de comedia, o de serie de dibujos animados, o de educación infantil. Una suposición: si las autoridades asturianas deseasen divulgar lo qué es el urbanismo, podrían encargar a la TPA la producción de una especie de «Barrio Sésamo». Pues bien, si así fuera, sus personajes principales se llamarían TROTU y ROTU,

De TROTU y ROTU depende hoy cuanto se haga en el urbanismo asturiano, incluida la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que hoy inicia oficialmente el Ayuntamiento de Gijón con el paso del Documento de Prioridades por el Pleno Municipal.

ROTU es el Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias; y TROTU el Texto Refundido de las disposiciones regionales sobre Ordenación del Territorio y Urbanismo. En realidad, TROTU y ROTU son fruto de complejo proceso legislativo del urbanismo de Asturias. En concreto, el Principado alumbró en 2002 su primera Ley del Suelo, tras un procedimiento tortuoso en el que se rechazó un borrador inicial. La norma resultante dejaba unas cuantas cosas en el aire, de modo que no fue operativa hasta que un Reglamento le dio realismo. Pero por el medio se cruzaron una medidas urgentes en materia urbanística, de modo que al final hubo que refundir la Ley, las medidas y el Reglamento mediante el TROTU.

Con todo, no había llegado aún la paz legislativa al urbanismo asturiano, ya que en el año 2007 el Gobierno de Zapatero promulgaba una nueva Ley del Suelo. Teóricamente, las leyes autonómicas tendrían que haberse adaptado a esa nueva Ley estatal, pero el Principado no lo ha hecho, aunque sí ha procedido a ello el Gobierno de Aragón (también socialista), con una ley promulgada el pasado julio.

La existencia de un mar de normas autonómicas que no sean del todo concordantes con la Ley estatal provoca que el urbanismo sean un pantano de inseguridad jurídica en el que en el que a menudo se hunden los planeamientos locales.

Siempre existirá un abogado que encuentre un precepto incumplido y un juez que le dé la razón. Y a los ayuntamientos no les queda más remedio que cruzar los dedos y respirar hondo cuando inician una tramitación urbanística de gran relieve, como es un Plan General. En el caso del Ayuntamiento de Gijón, sus aliados serán los citados TROTU y ROTU.

Sin embargo, la Ley estatal de 2007 aporta buenas cargas de profundidad al urbanismo cuya presencia en la legislación del Principado es dudosa. Es decir, al no haberse procedido a la adaptación de la norma autonómica a la nacional, quedan sin desarrollo en la legislación del Principado los dos platos fuertes de la ley del PSOE: el ciudadano como centro del urbanismo y de un medio de vida de calidad. Dicho con otras palabras, participación y medio ambiente. En este último punto se aplica el criterio de «sostenibilidad», o desarrollo de una ciudad compacta, nueva versión del viejo crecimiento de la edificación como una mancha de aceite.

La ley de 2007, recurrida ante el Tribunal Constitucional por el PP y la Comunidad de Madrid, ha recibido numerosos elogios de los sectores progresistas. Refuerza los valores clásicos de la izquierda y derriba la pretensión del Gobierno de Aznar de que sea urbanizable todo el suelo que no tenga valores protegibles. Según la Ley de 2007, las administraciones ha de declarar urbanizable sólo el suelo que estimen necesario. Hay también medidas contra le especulación, como la de valorar el suelo según su situación: rural o urbana, lo cual perjudica por su lado a los propietarios de fincas rústicas en el caso de expropiaciones.

Pero es en el plano de los ideales donde la Ley de 2007 ha ido más lejos. El derecho constitucional a una vivienda digna, la libertad del ciudadano para disfrutar de su medio de vida, o la necesaria participación en la creación y desarrollo de dicho medio se hallan en el frontispicio de dicha norma.

La referida ley de Urbanismo de Aragón, al adaptarse a la legislación estatal, ha incorporado un Estatuto Urbanístico de la Ciudadanía, uno de cuyos párrafos reza: el ciudadano tiene derecho «a la puesta en el mercado por las administraciones públicas de suelo de su propiedad, dirigido a la regulación del mercado y a la lucha contra la especulación».

«El PGOU debe primar el interés general sin pisotear el particular»

Jesús Montes Estrada Portavoz de IU y tercer teniente de alcalde

EL COMERCIO-11-12-2009
Izquierda Unida defenderá hoy en el Pleno la acción de gobierno tras la anulación del anterior PGOU por los tribunales. Su portavoz, Jesús Montes, asegura que coinciden con el PSOE en la visión de lo que debe ser la ciudad y en la apuesta por dar continuidad al modelo de desarrollo contenido en el plan Teixidor. Además, remarca que «ser consecuente con unas ideas de izquierdas» supone, a veces, nadar contracorriente y tomar decisiones controvertidas como las que permitieron poner en marcha el nuevo área residencial de Roces en 2003.
-¿Cómo afronta IU la revisión del PGOU?
-Respetamos la decisión de los tribunales de anular el vigente PGOU, aunque no estamos de acuerdo con la afirmación de que la participación ciudadana fue escasa. Durante la anterior tramitación hubo hasta tres ‘marchas verdes’. Yo no concibo que se pueda producir una movilización ciudadana tan importante sin conocimiento de las cosas. En cualquier caso, la adaptación a la Ley del Suelo del Principado de 2005 queda invalidada y ahora hay que poner en marcha otro plan general desde el inicio.
-La tramitación de un nuevo PGOU, desde luego, no figura en los acuerdos del pacto de gobierno municipal.
-Sí, pero la adaptación del anterior plan general se da en un momento determinado y nosotros llevamos en un gobierno de coalición desde 2003, año en que empieza el último proceso de actualización del planeamiento y el debate sobre el modelo de desarrollo de la ciudad al que ahora se trata de dar continuidad. Por tanto, hay un posicionamiento previo del que se parte y no una cuestión circunstancial o táctica ante el problema judicial planteado.
-¿Qué modelo de ciudad tiene en la cabeza IU?
-Queremos que se prime el carácter industrial de Gijón, recuperando espacios como los dejados por el sector naval y Mina La Camocha. Esta ciudad tiene que seguir siendo la cabeza tractora de Asturias de ese tipo de actividad. Y en ese sentido, cobra importancia todo lo que se está configurando en torno a la ampliación de El Musel, la ZALIA y los nuevos polígonos industriales, buscando un equilibrio con la transversalización de elementos de carácter ambiental y ecológico, para conseguir que la comunidad autónoma no pierda población. También nos interesa primar la vivienda de protección sin desdecir a otras tipologías. Además, apostamos por una ciudad con servicios de calidad y grandes y potentes equipamientos, con reservas para centros de salud y colegios de 0 a 3 años en los nuevos desarrollos residenciales.
-La revisión del PGOU pone encima de la mesa tres alternativas de crecimiento urbanístico para los próximos diez años. ¿Qué opina de cada una?
-Hacer ahora una valoración puede ser precipitado, porque precisamente de lo que se trata en esta fase es de ver qué ideas y sugerencias aportan los ciudadanos. A ese respecto, pretendemos que haya una información pública fuerte y que se supere, si se puede, la participación ciudadana del anterior plan. Y como muestra de la voluntad que hay de facilitar esos cauces participativos, el periodo de sugerencias contará con 40 días hábiles, que empezarán a correr tras la publicación en el BOPA el próximo 2 de enero.
-Aun así, ¿no cree que la ‘0′ se queda demasiado corta?
-La ‘0′ no es el plan Rañada de 1999 a pelo, porque incorpora actuaciones concertadas como Roces y el proyecto residencial de Castiello. Y si hablamos de avanzar hacia los próximos 12 ó 15 años, la opción de partida sí es cierto que tiene estrecheces.
-¿Y la ‘2′ no se pasa de expansiva con 24.200 viviendas?
-Sí, puede que vaya excesivamente lejos y en ámbitos de planificación urbanística hay que trabajar con una perspectiva larga, pero no tanta, para que sean posibles los reajustes y los toques de timón. Y la realidad es que seguimos inmersos en una crisis muy profunda, que está muy relacionada con el ladrillo y el cemento.
-Entonces, queda por descarte la alternativa 1, la intermedia y preferida por los promotores.
-Tomando como base esta propuesta, sí creemos que se puede atender las necesidades de crecimiento para los próximos años y configurar un municipio atractivo para trabajar y tener en él un proyecto de vida. No obstante, será necesario afinar y atemperar cosas.
Ley ambiental que cumplir
-¿Se trata, en última instancia, de legalizar lo que ya había antes como critican ya algunos?
-Es una equivocación interpretar este proceso como un paripé para que todo converja en la misma dirección para seguir igual. Existe una ley muy potente y seria en relación con el medio ambiente de 2006 que ahora hay que cumplir. Además, el plan anulado eran una adaptación que desde nuestro punto de vista estaba bien hecha y ahora estamos ante una profunda revisión. Lo que pasa es que aquel modelo de ciudad que se diseñó en aquel momento pretendemos que siga teniendo validez y por ese motivo va a haber muchas coincidencias en cuanto al contenido.
-¿Cree, como Sariego, que detrás de las sentencias contra el vigente PGOU hay un afán de lucro desmedido de algunos propietarios de fincas de la zona rural?
-Desde una perspectiva humana, pretender dar el máximo valor a las propiedades es algo legítimo. Ahora bien, a la hora de elaborar un PGOU debe primarse el interés general de la inmensa mayoría por encima de intereses particulares, aunque sin pisotear estos últimos. Y eso los que defendemos unos ideales de izquierdas lo vamos a seguir defendiendo toda la vida como ya hicimos en su día con el área de Roces, que hoy nadie discute.
-¿Aunque les organicen nuevas caceroladas, tractoradas y ‘marchas verdes’ ante el Consistorio?
-Si se vuelven a producir esas movilizaciones ni las negaremos ni las descalificaremos, pero los propietarios de suelo deben de saber desde ya que ésa será nuestra postura.
-¿Esperan los mismos niveles de contestación que durante la tramitación del plan Teixidor?
-La tramitación de cualquier plan general siempre genera polémica y posturas contrapuestas, porque forma parte de la naturaleza de la ciudad. Donde nunca pasa nada es en el ‘Oviedín del alma’. Aquello siempre es una balsa de aceite.

«Las tres alternativas son mejorables»

EL COMERCIO-10-12-2009
«Limitar el crecimiento de los núcleos rurales es una necesidad que se arrastra desde hace 15 años», afirma el decano de los arquitectos
«Las tres alternativas propuestas para la revisión del PGOU son mejorables. Confío en que los periodos de información pública sean productivos y no prospere ninguna de ellas en los términos actuales». Quien así opina es Ángel Noriega, decano del Colegio de Arquitectos de Asturias. Anuncia que su colectivo profesional va a implicarse de lleno para que el resultado final del nuevo PGOU recoja ese margen de mejora. De inmediato, dice, se reunirá un grupo de expertos para analizar el documento de prioridades y, a continuación, se ampliará el debate al conjunto de la profesión para la aportación de sugerencias.
Sobre la alternativa ‘1′, la más cercana al plan anulado por los tribunales y la que recoge en mayor medida las pretensiones de los constructores, el técnico advierte de que «tampoco va a poder salvarse al 100% sin introducir matices, porque está en juego algo más que los intereses económicos de un grupo». Noriega tiene muchas esperanzadas depositadas, en ese sentido, en los trámites de participación ciudadana que traerá consigo la revisión del planeamiento. «Creo que la sociedad gijonesa ha madurado en estos años tras la controvertida tramitación del anterior plan y sabrá ver el alcance de lo que supone la redacción de un PGOU», opina. El decano de los arquitectos confía en que ese mayor grado de madurez tenga su debido reflejo en un debate a fondo sobre el modelo de crecimiento para Gijón y los criterios de ordenación territorial «sin entrar tanto en el cuerpo a cuerpo del detalle y sin caer en la cuestión particular del tipo ‘¿qué hay de lo mío’?».
En cuanto a las pretensiones del Ayuntamiento de poner límite al crecimiento de los núcleos rurales del municipio, Ángel Noriega cree que estas medidas de contención llegan con retraso. «No es una necesidad de este momento, sino que es una problemática que se arrastra desde hace 15 años», opina. El técnico considera que los propietarios que se construyen una vivienda unifamiliar en un prado dentro de estos núcleos perpetúan «un agravio comparativo por intereses mercantilistas». «Esas fincas están acogiendo tipologías edificatorias que no tienen que ver con su carácter agropecuario tradicional y equivalen en su desarrollo a suelo urbano o urbanizable de baja densidad, pero sin las cargas urbanizadoras que esa clasificación conlleva», critica.
Y pese a que en la anterior tramitación el Ayuntamiento flexibilizó notablemente su postura para intentar contentar a los vecinos de la zona rural, Noriega juzga que aquel debate «se cerró en falso». «Los núcleos rurales no tiene sentido que crezcan más. Hay que limitar su expansión con independencia del grado de controversia que se genere en la población», defiende.
Priorizar el interés general
Otro arquitecto, Jovino Martínez Sierra, precisó que lo importante de esta revisión del PGOU «no es crecer, sino cómo se crece». Además, defendió que en ese proceso «urbanismo y arquitectura deben de ir a la par, para dar un respuesta conjunta de calidad».
El redactor del plan parcial de Cabueñes también confía en las aportaciones que puede traer consigo la criba de la participación ciudadana. «Un PGOU es una cuestión de técnicos, pero también de ciudadanía», defendió. En ese sentido, puso de relieve que en el resultado final de la tramitación «debe prevalecer el interés general sobre los intereses particulares».

LA NUEVA ESPAÑA-10-12-2009
La compraventa de vivienda cayó en los últimos doce meses en Asturias el 32,2 por ciento, por encima de la media nacional.

En el conjunto de España, las ventas de vivienda cerradas en el tercer trimestre del año ascendieron a 106.273 operaciones, el 13,6 por ciento menos respecto al mismo periodo del año anterior, lo que supone el menor descenso registrado en un trimestre desde que comenzó el desplome de las transacciones a mediados de 2007.

Al mismo tiempo, la vivienda de segunda mano se ha recuperado un 11,5 por ciento, puesto que se vendieron 52.299 pisos usados entre julio y septiembre frente a los 46.901 del mismo periodo de 2008, según los datos publicados hoy por el Ministerio de Vivienda.

La responsable de la caída general es la vivienda nueva, dado que sus ventas descendieron el 29 por ciento en el tercer trimestre.

Si se comparan las operaciones acumuladas en lo que va de año, la caída de las ventas llega al 24,6 por ciento, ya que entre enero y septiembre se registraron 330.914 transacciones frente a las 439.045 del mismo periodo de 2008.

Siguiendo esta comparación, la venta de viviendas usadas cayó el 15,2 por ciento entre enero y septiembre (153.068 operaciones), en tanto que se vendieron un 31,2 por ciento menos de nuevos pisos (177.846 operaciones).

Cuatro comunidades autónomas concentran el 55,9 por ciento del total de las viviendas vendidas en el tercer trimestre: Andalucía (20.664), Comunidad Valenciana (14.852), Cataluña (12.613) y Comunidad de Madrid (11.249).

Por provincias, el 40 por ciento de las transacciones se concentraron en Madrid (11.249), Barcelona (7.708), Alicante (6.957), Málaga (5.711), Valencia (5.676) y Murcia (4.572).

En los últimos doce meses la compraventa de vivienda descendió en todas las comunidades autónomas, situándose por encima de la media nacional las caídas de Baleares (38,7%), Castilla-La Mancha (37,4%), Canarias (33,1%), Asturias (32,2%), Andalucía, (30,1%), Comunidad Valenciana (29,6%), Castilla y León (29%), Galicia (27,5%), Cataluña (26,2%) y Murcia (25,7%).

Además, hubo bajadas en País Vasco (23,6%), Cantabria (22,8%), Madrid (21,4%), Extremadura (18,9%), Aragón (16,7%), Navarra (12,2%) y La Rioja (4,2%).

En las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, la caída de ventas acumulada en el último año fue del 20,1 por ciento.

Del total de viviendas traspasadas en el tercer trimestre, el 5,8 por ciento (6.097 inmuebles) fueron compradas por residentes extranjeros en España, en tanto que el colectivo de no residentes compró 587 inmuebles. EFE

y cómo vuelven los engaños :

«De las tres propuestas para el plan urbano, la cero me parece más que de sobra»

LA NUEVA ESPAÑA-9-12-2009
«Es una barbaridad que permitan pisos y adosados en la zona rural y no dejen a un vecino de toda la vida hacer una casa»
CARMEN SUÁREZ CORTINA
Presidenta del Colectivo en Defensa del Medio Rural

Miriam SUÁREZ
Carmen Suárez se muestra «muy preocupada» ante la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Cree que el Ayuntamiento vuelve a tropezar en la misma piedra que hizo de la anterior tramitación del planeamiento urbanístico un motivo de enfrentamiento entre el equipo de gobierno y la zona rural. Se pronuncia en su doble condición de presidenta de la Asociación de Vecinos de Vega y del Colectivo en Defensa del Medio Rural, que consiguió una de las 23 sentencias anulatorias que pesan sobre el plan urbano gijonés.

-¿Qué impresión saca de lo que ha trascendido del documento en el que se basará la revisión?

-Que vuelven otra vez con engaños. El planeamiento que proponen es muy similar al anterior y, por tanto, vulnera los principios elementales de sostenibilidad. Dicen apostar por un modelo de ciudad compacta y sostenible. Pero ni es compacto ni sostenible situar grandes urbanizaciones de pisos en zonas dispersas y alejadas, haciendo un consumo desmesurado de suelo, obligando a usar el coche y teniendo que resolver los problemas de comunicación con túneles como el que se está estudiando entre Montevil y el área de Roces. Además, como ya señalamos en 2004, la sostenibilidad no es una voluntad política, sino un mandato constitucional y legal vinculante.

-Los datos que aporta el Ayuntamiento, sin embargo, apuntan hacia un crecimiento comedido.

-Es que manejan los datos a su conveniencia. Según Pedro Sanjurjo, se está hablando de crecimientos del 1,5 y del 2,7 por ciento. Yo creo que superan el 20 por ciento. Morales (su antecesor en la concejalía de Urbanismo) dijo en 1999 que con el plan Rañada había sitio para 28.000 viviendas. Pasaron diez años, a razón de 2.000 licencias por año, son 20.000. Quedarían, por tanto, 8.000 viviendas. Más el área de Roces, el plan de Castiello y la actuación de las vías.

-¿Por cuál de las tres alternativas planteadas se decanta?

-La alternativa 0 (que incluye todo lo anterior) me parece más que de sobra. Pero si no son capaces de librarse del stock de vivienda…

-Pero también habrá que pensar en el futuro.

-El plan, obviamente, ha de estar vinculado al proyecto de futuro de la ciudad. Pero es que aquí se está apostando por seguir hinchando la burbuja inmobiliaria, por un modelo caduco que nos ha llevado a la situación en la que nos encontramos. También por el crecimiento de El Musel, un polo energético que, según reconoce CC OO, no generará empleo. Se piensan que del suelo industrial nacerán las empresas y el empleo como por ensalmo.

-¿Y cómo se satisface la necesidad de vivienda protegida si no se genera suelo urbanizable?

-El 17 de enero de 2004, Morales decía que había unas 12.000 familias con necesidad de vivienda protegida. El 26 de enero sale con que hay 5.000. Y el 27 de octubre, contestando a la Federación «Les Caseríes», que 2.200. Ahora, se habla de una bolsa de 9.657 demandantes. Si hay tanta demanda, cómo es que no encuentran compradores para el área de Roces.

-¿Esperaban que el desarrollo residencial de Vega volvería a ser cuestión de debate cuando la idea fue retirada del anterior plan?

-Esperábamos más cordura. Aunque la alternativa que incluye el desarrollo residencial de Vega no prospere, me parece terrible sólo que se lo hayan planteando. Estamos disgustados y preocupados.

-¿Qué opina de la decisión municipal de contener los núcleos rurales?

-Me parece una barbaridad. No dejan que un vecino de la zona rural de toda la vida haga una casa y permiten construir urbanizaciones de pisos y chalés adosados en las parroquias. Tanto que rechazan el modelo Somió, y resulta que lo favorecieron ellos mismos.

-¿Habrá otra «marcha verde»?

-Habrá que presentar unas sugerencias bien preparadas, y luego reaccionaremos según nos obligue el Ayuntamiento. Para empezar, Sariego ha salido insultándonos, diciendo que sólo nos movíamos por el lucro personal. Debe tener en cuenta, primero, que es muy legítimo luchar por lo de uno. Segundo, muchas de las sentencias del PGOU se basaban fundamentalmente en cuestiones generales. Tercero, que en las «marchas verdes» participaron miles de personas que no tenían propiedades en la zona rural. Y, por último, ¿qué es el interés general al que tanto apelan? ¿El de los constructores? ¿El de los que opinan como ellos?

«¿Qué es el interés general al que tanto apelan? ¿El de los que opinan como ellos? ¿El de los constructores?»

Carmen Suárez

-Gijonesa de pura cepa. Ha residido prácticamente toda su vida en Vega, la parroquia de su madre.

-Tiene la licenciatura en Química por la Universidad de Oviedo. Actualmente es responsable de una empresa de transformación de metales y plásticos, en el polígono de Roces.

-Como presidenta de la Asociación de Vecinos «San Emiliano» de Vega y del Colectivo en Defensa del Medio Rural, se muestra «muy preocupada» ante la revisión del planeamiento urbanístico gijonés que se iniciará el viernes.

-Defiende la zona rural por una cuestión «sentimental, medioambiental y de v