Escandalera

El corolario inevitable de la corrupción consentida

Uno de los mayores problemas para la recuperación española, que presenta grandes dificultades que se agrandan a medida que vamos conociendo las dimensiones de nuestro agujero, es la corrupción integral de las administraciones. Se trata de un fenómeno aparentemente incontrolable, dada la fragmentación de ese control entre diecisiete cacicatos autonómicos, en los que nadie sabe quién controla al controlador. El problema de la corrupción es que las consecuencias llegan a posteriori, cuando nos imponen los recortes, la gente se va a la calle, las obras públicas se paralizan y revientan las pensiones.

El tiempo ha venido a demostrar que crear déficit público de manera irresponsable, sin atender a su sostenibilidad por la economía real del país, es una actuación propia de suicidas, y la consecuencia más evidente son los terribles recortes que hay que hacer ahora, tras las locas alegrías de los tiempos de la burbuja. Pero la carrera no se ha detenido. Todo pareces seguir igual, hay que hacer enormes contratos para que algunos puedan seguir acumulando el barro de las uñas.

El Gobierno de Zapatero empezó a recortar su déficit, y ese recorte se está intentando vender como un éxito, pero en realidad, lo que está haciendo, en gran medida, es trasladar déficit a otras administraciones, algo que con el tiempo aflora inevitablemente, cuando nos encontramos con casos de comunidades autónomas que no pueden seguir financiando su gasto corriente, como es el caso de Cataluña que está recurriendo a la emisión de bonos sin la garantía del Estado.

Esa corrupción aparentemente imparable, se trata de un gran cáncer que no sólo se refleja en la falta de rigor en los contratos, o en la existencia indudable de prácticas delictivas que se refugian tras esas manipulaciones de los contratos, sino que esa corrupción de fondo, se convierte también en un proceso de deterioro de la crediblidad de los datos que se manejan, que a su vez alimentan el estallido, como la deformación de cifras esenciales para el control de una economía; tal es el caso de la ocultación en la caída del PIB en estos últimos años, un elemento esencial para hacer una verdadera valoración de nuestra situación y adoptar soluciones reales para la gravísima crisis por la que atraviesa España, o la creación de mecanismos para facilitar el endeudamiento irregular que se esconde tras la gestión de las comunidades autónomas y ayuntamientos, a través de sociedades que maquillan el déficit, incrementando al final la potencia expansiva de la bomba que acabará por estallar irremisiblemente.

Esta historia va por barrios. Es forzosamente autonómica. Poco a poco habrá que ir haciendo un mapa del estallido, elaborado desde abajo, desde cada administración, aunque las consecuencias van a venir solas, están viniendo ya, administración por administración, según se va demostrando que los compromisos sobrepasan las posibilidades financieras de cada territorio. En el caso de Asturias, con dificultades enormes para devolver lo que debe al Estado, tenemos dos piezas de la máxima importancia, aunque se pretendieron colar más, como es el caso del Palacio de Justicia de Asturias, que ya se intentó encubrir como un alquiler, y sólo la intervención de la Unión Europea logró detener la barbaridad que se iba a cometer. Ahora bien se ve que si no se construye es porque no hay dinero.

Tenemos el caso de Cogersa, que acaba de saltar a la actualidad, porque este consorcio pretende adjudicar una incineradora de residuos, cuyas cifras acaban de saltar a la actualidad, porque el contrato no asciende a 264 millones, como se dijo, sino a 293, con lo que se está ya fabricando convenientemente otro sobrecoste enmascarado como los muchos que han saltado últimamente en la comunidad. El diario La Nueva España alerta ya sobre las consecuencias que este contrato va a tener sobre la tasa de basura de muchos ciudadanos que se van a ver con problemas para abonar un recibo que se multiplica por cinco. Pero esto no es lo peor, lo peor es que ese contrato se pretende sustraer al déficit público.

En esta noticia de la agencia Europa Press, se ve perfectamente cómo se pretende escamotear esa enorme inversión, del déficit de las administraciones públicas asturianas, y es solo cuestión de tiempo que esa trampa se descubra, lo que llevará nuestras cuentas a ese punto de ruptura del que no hay vuelta atrás:

La Comisión Delegada de Cogersa aprobó, en base a los artículos 4.1.n y 24.6 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, encomendar a la sociedad pública instrumental Cogersa S.A. el cometido de la planta de valorización energética en su integridad, ya que de este modo se evita que el endeudamiento resultante consolide en las entidades que participan en el Consorcio.

No es éste el único caso detectado. En lo que es el camino cierto hacia la quiebra de la sanidad asturiana se ha visto también el plumero de nuestros administradores en otra operación de “ingeniería financiera”, ésta a través de la sociedad Gispasa, que pretende adquuirir el equipamiento del HUCA sin que ése vaya al déficit:

El PP sostuvo que el Principado creó Gispasa «para camuflar el coste del HUCA y que no compute en la deuda del Principado». El portavoz socialista, Álvaro Álvarez, respondió que el coste del nuevo hospital «figurará en los Presupuestos del Principado a través del capítulo II como pago de amortización, de una forma similar al peaje en sombra. Si no se contabiliza como deuda es porque así lo prevé la norma».

En un artículo anterior, me preguntaba por qué El Principado pretendía alquilar los equipos del HUCA a Gispasa, que a su vez los comprará con créditos del Principado. Ahora ya lo sabemos: para escamotearlo del déficit. ¿Cuántos gastos en inversiones se están ocultando así del endeudamiento real, para seguir engordándolo hasta el estallido final?

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