Avall pedirá al juez del ‘caso Renedo’ que amplíe la investigación a Gispasa

El representante de la Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (Avall) ante el juzgado de Instrucción que investiga el ‘caso Renedo’ pedirá al magistrado Ángel Sorando que amplíe las diligencias para averiguar si existen más irregularidades relacionadas con las empresas Igrafo y Almacenes Pumarín en otros organismos públicos dependientes del Principado o de los ayuntamientos asturianos, a raíz del contenido de varias de las conversaciones intervenidas por la Policía. El abogado de Avall, que toma parte del proceso como acción popular, se refirió directamente a la empresa pública Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias (Gispasa), dado que en varias escuchas se comprueba cómo los empresarios Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez movilizaron toda una red de contactos con la intención de conseguir varios contratos de suministro para el nuevo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). «Este es sólo uno de los ejemplos donde no vemos que se hayan hecho más investigaciones a pesar de las conversaciones grabadas a los imputados. Queremos que el juez estudie todo lo que resulte sospechoso relacionado con estos empresarios y que afecte a empresas, fundaciones y otras sociedades públicas», apuntaba ayer el representante legal de los vecinos, Esteban Aparicio.

El letrado explicó que, como parte personada en el caso, les asiste el derecho a solicitar al instructor diligencias complementarias con respecto a los elementos contenidos en el sumario que consideren que no están suficientemente investigados. La petición formal ante el juez para que investigue estos asuntos se llevará a cabo previsiblemente esta semana.

Además de la relación de los empresarios con Gispasa, Avall también reclamará que se analicen las referencias en otras conversaciones «a determinadas personas que están en el Ayuntamiento de Gijón y en la Consejería de Hacienda».

En el sumario se aprecia cómo, a pesar de ser empresas que compiten por un mismo mercado, Igrafo y Pumarín mantenían una destacada relación de confianza entre sí. El 4 de noviembre de 2010, Alfonso Carlos Sánchez llamó a Igrafo y pidió que le pusieran en contacto con Víctor Manuel Muñiz, para explicarle que «era bueno que tomaran un café para hablar el tema del HUCA». Muñiz respondió a su interlocutor que «cuando toco algo, que últimamente no toco nada, porque es que no mueven nada, pero en este caso hablo por los dos, ¿eh?». Las intervenciones telefónicas dejan claro que el dueño de Almacenes Pumarín obtiene información privilegiada sobre las contrataciones del HUCA a través de una tal Verónica, mujer que los investigadores creen que puede tratarse de una arquitecta próxima a la Administración.

En una conversación, Verónica informa a Sánchez de que estuvo «reunida con Chema Gancedo -secretario general técnico de la Consejería de Salud- y con otro hombre que se llama Jesús que debe ser la persona que más decide en la adjudicación de los proyectos». Días más tarde el responsable de Almacenes Pumarín le pide a Verónica que intente concertar una reunión para comer con un arquitecto del HUCA y hablan también sobre las necesidades de suministro que tendrá el equipamiento. La mujer le explica que la contratación de muebles a medida «es de dos millones y medio en lotes de 300.000 euros. Chema quiere repartir en bloques para no pasar de 300.000 euros… Y el que tiene la última palabra es Gispasa, Chema Gancedo, que son los que contratan».

También aparecen conversaciones para ganarse el favor de un aparejador de la obra, así como escuchas donde supuestamente el secretario general del PSOE de Mieres, Balbino Dosantos, trata de poner en contacto a Almacenes Pumarín con Juan Ortiz, que fue subgerente del HUCA al inicio de la legislatura. Escuchas posteriores desvelan cómo Alfonso Carlos Sánchez se prodiga en atenciones a Ortiz, consiguiéndole por ejemplo entradas de fútbol para partidos en El Molinón.