Escandalera

La Asociación de Productoras de Televisión de Asturias (APTVA) ha interpuesto una demanda en los juzgados de Gijón contra el Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias (RTPA), para solicitar la anulación de la Instrucción que regula los procedimientos de contratación en el Ente y sus sociedades mercantiles.

Como cualquier ciudadano puede comprobar simplemente con acceder de modo regular al Perfil del contratante de TPA, la sociedad más importante del Ente, no existe ninguna convocatoria pública para licitar contratos destinados a la producción de programas. Según las fuentes jurídicas consultadas, todos los programas que emite TPA en la actualidad (y una mayoría de los ya emitidos) podrían carecer de respaldo legal, ya que no han sido contratados de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público.

Esta circunstancia ha supuesto la exclusión del mercado de varias decenas de millones de euros, que se sospecha han podido ser entregados de manera directa, sin ninguna clase de competencia pública ni control alguno, a un número muy reducido de empresas, en ocasiones ajenas por completo a la región. Estos datos coinciden en buena medida con los incluidos en el informe de fiscalización del Ente realizado recientemente por la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias.

De esta forma, no se estarían adjudicando los recursos públicos a las ofertas económicas más ventajosas para el erario común, como ordena la ley, y no se estaría contribuyendo al desarrollo de una industria audiovisual en Asturias, que era una de las principales razones de la creación y existencia de una televisión autonómica.

Además de esta demanda que se acaba de interponer, en fechas próximas se iniciarán otras acciones legales, de diversa naturaleza, encaminadas al logro del mismo fin: que los fondos públicos manejados por RTPA sean adjudicados de conformidad con la ley, en procedimientos abiertos que favorezcan la concurrencia y, con ella, el ahorro de
costes para el presupuesto del Principado y el fortalecimiento de las empresas asturianas del sector.

En momentos de crisis económica como los que desgraciadamente vivimos, con tres centros formativos en la región sacando al mercado unos cien jovenes todos los anos entendemos que contribuir a generar paro y pobreza no debería ser el criterio a seguir por los gestores de fondos públicos.

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