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El Comentario TV enlazó con la señal institucional de la Junta General del Principado para difundir entre sus usuarios el debate, que finalmente se celebró en la mañana de hoy, en Comisión, y no en Pleno, sobre la Estrategia Energética del Principado de Asturias, aprobada por el consejo de Gobierno en abril del año 2007.

Del debate celebrado se pueden sacar pocas conclusiones, dado que no fue propiamente un debate, sino un acto formal desarrollado con la única pretensión de enterrar definitivamente la tramitación en el legislativo asturiano de un documento que el ejecutivo PSOE-IU ocultó a la sociedad asturiana, evitando su tramitación legal en las competencias transferidas al Principado de Asturias, tal y como subrayó el portavoz del Partido Popular, Reinerio Álvarez Saavedra.

Rechazada la propuesta del PP, que proponía devolver el documento al gobierno para su redacción actualizada, dado que esa propuesta de planificación no sólo está ya totalmente superada por la realidad del tiempo transcurrido desde su redacción en el año 2006, y la evolución de la economía con una importante caída de la demanda, sino que además adolece de gravísimos defectos formales en su tramitación, Asturias se queda con una impresionante laguna en el desarrollo de su vida política y legislativa, lo que crea una enorme inseguridad jurídica en el sector energético.

La ausencia de tramitación legal de este documento, que es un pilar de la planificación energética nacional, al haber sido precisa su incorporación para la redacción de dicha planificación, dado que tanto las competencias en materia de ordenación del territorio, como en las de medio ambiente, están transferidas a las comunidades autónomas, abre un escenario de indefinición legal total, puesto que al no haberse realizado ningún tipo de estudio de impacto ambiental sobre el territorio asturiano, al no haberse sometido tampoco a información pública, ni como decimos, haber sido tramitado en los órganos autonómicos responsables de las competencias transferidas, cualquier recurso sobre alguna de las instalaciones particulares, que apele a estas graves lagunas, tendría grandes posibilidades de prosperar.

Por eso, porque cuanto menos se hable mejor, porque en definitiva vale más “no meneallo”, el gobierno, respaldado por sus socios de Izquierda Unida, ha decidido terminar de una vez por todas con este debate, aunque queden ahí las intervenciones de diversos miembros de la sociedad que fueron citados hace un año a unas comparencencias informativas que ahora se demuestra una vez más que no fueron más que un simple paripé.

Conviene señalar una vez más el patético papel jugado por Izquierda Unida-Los Verdes, cuyo portavoz Jesús Iglesias realizó un triste esfuerzo para diluir el papel que juega su fuerza política en lo que no dejó de ser más que un burdo paripé. Planteando algunas objeciones formalistas sin ningún alcance, el coordinador general de esta coalición en Asturias, dejó una vez más en evidencia su doble juego, al acudir allí donde hay oposición a las consecuencias de la planificación energética de su gobierno, a dar su apoyo a quienes se oponen a ella, cuando son ellos mismos quienes impulsan la ejecución de unos proyectos que al final dependen de los cambalaches que se desarrollan entre políticos y empresas, al margen de cualquier tipo de control político o social.

Resultó especialmente pintoresca la argumentación del consejero Graciano Torre en defensa de la instalación de la regasificadora de El Musel, de la que dijo que es una instalación necesaria para paliar los posibles efectos de un cambio en el sistema de transporte de gas por la red de gasoductos, que en estos momentos tiene un “precio postal”, es decir, que se sirve el gas al mismo precio, en todo el territorio nacional, independientemente de sus costes. Se trata de un argumento absurdo, puesto que no se contempla en ningún ámbito modificación alguna de dicho sistema, pues de plantearse nos encontraríamos con la ridícula situación de que en cada comunidad autónoma costera habría que instalar una regasificadora para poder servir gas manteniendo los precios.

En definitiva, otra oportunidad perdida para la democracia en Asturias, y un debate que se entierra a la brava, para impedir que la sociedad pueda tener la oportunidad de mantener cualquier debate o intervenir de alguna manera en estas decisiones, que no sea la pura y dura vía judicial.