Reggio’s

La implantación este curso del ‘modelo Bolonia’ abre la posibilidad de acabar con las “clases magistrales”. Sin embargo, aún hay profesores y alumnos que defienden este método medieval, anterior a la imprenta

Es posible que la implantación del llamado modelo Bolonia (que algunos profesores llaman “la amenaza Bolonia”) tenga muchos de los inconvenientes que nos predicen los agoreros, pero tiene sin duda una enorme ventaja: abre la posibilidad de acabar con el nefasto hábito medieval de dar y recibir clases. O, al menos, nos facilita mucho las cosas a los profesores que llevamos años intentando no dar ni una. Es la parte buena del modelo docente cuya implantación está prevista para este mismo mes en las universidades españolas que todavía no lo han hecho. Una espléndida noticia, al margen de que sea cierto o no que el modelo Bolonia es solo una estrategia del Mercado Feroz para acabar con los heroicos especialistas en filología wahili o para reconvertir a los novelistas en ingenieros.

De las costumbres arcaicas que aún padecemos en la enseñanza, pocas hay más absurdas y dañinas que las llamadas “lecciones magistrales” (no es broma, se llaman así). Como es sabido, el asunto consiste en que por las tardes los profesores repasan en algún libro el tema que tienen que exponer a la mañana siguiente. Durante la hora de clase lo desarrollan, más o menos correctamente, en forma de soliloquio. Los alumnos toman notas (los tristemente famosos “apuntes”) de lo que logran escribir de lo que consiguen entender de lo que el profesor ha dicho. Meses después, para preparar el examen, memorizan lo que son capaces de descifrar en las notas que han tomado.

¿No sería más lógico empezar al revés? Es decir, que sea la lectura por los alumnos de un texto bien elaborado el punto de partida y el diálogo con el profesor un apoyo para la mejor comprensión y asimilación del texto. ¿O es que hay tantos profesores capaces de exponer un tema mejor de forma oral que dedicando un par de tardes a escribirlo? Y esta cuestión, particularmente importante en el caso de las disciplinas humanísticas, debe plantearse también a las ciencias sociales y a las experimentales.

El origen medieval del método se advierte claramente en el pomposo término “lecciones magistrales”. La lección (lectio) era una lectura que el ayudante realizaba y que después el maestro (magister) comentaba de forma oral. El mismo esquema que aún utilizan las misas de los católicos: los subalternos leen fragmentos del Nuevo Testamento y luego el sacerdote los comenta para extraer y desarrollar su sentido. Tal sistema era inevitable cuando aún no existía la imprenta, que abrió la posibilidad de que todo el mundo pudiese leer los textos directamente. Es decir: las “lecciones magistrales” dejaron de tener sentido a partir de Gutenberg. O, mejor dicho, tienen sentido cuando se trata de un texto sagrado cuyo sentido ortodoxo hay que predicar, pero no cuando se trata de una disciplina racional o científica cuyo sentido hay que comprender y sobre el que hay que reflexionar y deliberar.

Todos hemos tenido profesores espléndidos a los que daba gusto escuchar. ¿Cuántos fueron? ¿El 10%, el 20%? Mi impresión, a ojo de buen cubero, es que fueron menos. El resto aburría a las ovejas. Es cierto que hay algunos profesores que hablan con brillantez y, sin embargo, solo escriben textos plúmbeos. “José María” -le decía un amigo mío al catedrático que había sido su maestro-, “¿cómo es posible que sea tan fascinante escucharte y tan aburrido leerte?”. Estos profesores deberían seguir dando clases tradicionales, que además -en su caso- son realmente magistrales. También es cierto que hay escritores magníficos que, al escucharlos en persona, le tiran a uno el alma a los pies. No recuerdo cuál era el que le decía a un decepcionado admirador al rato de conocerlo: “Tenga usted en cuenta que mis libros son mucho más inteligentes que yo”. Pero la regla general es que lo que uno piensa, estructura, redacta y corrige tiene mucha más coherencia y solidez que lo que expone oralmente de forma más o menos ordenada. Y, desde luego, tiene mucha más calidad que los apuntes que un estudiante toma al escuchar al magister.

Quienes hayan tenido que padecer las deprimentes reuniones que en nuestras universidades se han realizado recientemente para organizar la adaptación al modelo Bolonia habrán comprobado que una gran parte de los profesores las han planteado de forma abiertamente lampedusiana: “Vamos a ver lo que tenemos que aparentar que hemos cambiado para poder seguir haciendo lo de siempre”. Lo curioso es que también son bastantes (aunque no tantos) los alumnos que defienden el método tradicional con argumentos del tipo: “Es que se nos quedan mejor las cosas al escucharlas que al leerlas”. Claro, la falta de función atrofia el órgano. Así que a las afirmaciones pintorescas, respuestas disparatadas: “Entonces, si os parece, yo grabo todas las clases y os las doy para que las escuchéis en vuestro MP3″. Entonces los estudiantes sonríen y empiezan a entender lo que es argumentar por reducción al absurdo.

Cuando se les dice el primer día de clase a los alumnos que el principal objetivo de la asignatura es enseñarles a leer, sus rostros expresan el diagnóstico que acaban de hacer: “Este profesor es un cachondo mental que pretende tomarnos el pelo”. Días después, tras unas cuantas horas de deliberación sobre los primeros textos que han leído, tras haber dialogado acerca de ellos con el profesor y haber escuchado lo que sus compañeros entendieron en las mismas páginas que ellos han leído, la expresión de los rostros cambia bastante. Expresan entonces el descubrimiento de que leer no es una actividad tan automática como pensaban, que el sentido cambia mucho cuando hay la oportunidad de dar una cuantas vueltas a lo que otros han encontrado en esas mismas páginas que en una primera lectura parecían tener un sentido tan claro.

Podría pensarse que la resistencia a abandonar el sistema tradicional por parte de muchos profesores es debida a que el comentario de textos (propios o ajenos) requiere bastantes horas de interacción con los estudiantes, grupos poco numerosos y, por tanto, mucho más tiempo de docencia presencial para el profesor. Se podría matizar tal objeción, porque lo que requiere el método son horas previas de lectura por el estudiante, pero este tipo de clases requiere menos preparación inmediata que las monologales y además el número de horas de docencia presencial que solemos tener los profesores universitarios (por razones justificadas, desde luego) es bastante menor que el que tienen los de enseñanza media (por no hablar de los horarios de taxistas o camareros).

Pero el verdadero problema quizá esté en la preparación de fondo, pues este tipo de enseñanza lo que de verdad requiere es una sólida base de conocimientos, una capacidad de responder a cuestiones imprevistas, una flexibilidad para interaccionar con el interlocutor sin saber cuál va a ser su próximo paso… Es mucho más fácil y más cómodo memorizar el temario y repetir año tras año las lecciones. Magistrales, claro está.

Pero la pereza y la inseguridad probablemente no sean las únicas razones que se ocultan tras la defensa numantina de las clases tradicionales y la resistencia a las dialogadas. Es curioso que los profesores más proclives a la enseñanza interactiva suelen ser los que reciben más invitaciones a impartir seminarios, ponencias y conferencias fuera de su propia universidad (y fuera de la universidad). Y es curioso también observar la forma en que muchos defensores de las clases tradicionales en formato de soliloquio disfrutan en el momento de repetir sus periódicos monólogos. Gozan intensamente de las horas de clase, con el placer de tener a unas docenas (¡a veces un centenar!) de criaturas escuchando (y anotando) su brioso verbo a lo largo de una hora, sin interrupciones. Decía Freud que nadie es capaz de renunciar sinceramente a un placer que ha conocido. Y hay pocos placeres más dulces que los que acarician el núcleo de la naturaleza humana. Es decir, el narcisismo.

José Lázaro es profesor de Humanidades Médicas en la Universidad Autónoma de Madrid y premio Comillas de Historia, Biografía y Memorias por su libro Vidas y muertes de Luis Martín-Santos (Tusquets).

El almirante Carrero le espetó al economista Fabián Estapé, quien trabajaba (con música, ¡menudo desafío!) en el piso superior a su despacho en Castellana, 3, un reproche así: “No me venga con estadísticas, que son cosa de comunistas”.

Charlotadas aparte, los datos económicos son material precioso, pero sensible. Porque subrayar uno u otro es tarea de objetividad dificilísima; porque las estadísticas publicadas ahora reflejan lo que pasó ayer, no lo que ocurre hoy o sucederá mañana; y porque algunos actores cambian las reglas de juego a media partida. Ejemplos de esto último proliferaron durante el gran huracán del primer semestre. Por ejemplo: analistas y agencias de calificación se hartaban de denunciar los déficits públicos excesivos; y una vez se adoptaban planes de austeridad para atajarlos, clamaban súbitamente al cielo contra sus efectos depresivos.

De modo que la interpretación instantánea de los datos es tarea hercúlea. Sobre todo en momentos en que se empieza a dejar atrás una crisis, pero esta todavía está instalada, se solapan vientos en una dirección, y en su contraria. Parece la yenka, aquel baile simplón que ora marcaba a izquierda-izquierda, ora a derecha-derecha, y acababa en delante-detrás, un- dos-tres. Sin rumbo subyacente.

Septiembre nos acoge con signos contradictorios. En el plano internacional, las Bolsas fueron ayer un frenesí. Habrá que ver con cuánto recorrido. Vino por el crecimiento de la industria de EE UU durante 13 meses: pero era el recuelo positivo del disgusto del viernes por el mal dato del PIB del segundo trimestre (1,6%, en vez del 2,4%). A su lado, Alemania sorprendió, con un 2,2% (el triple de lo que preveía Bruselas); y la economía china superaba en tamaño a la japonesa, tras haber desplazado a la alemana como primera exportadora. Atención, todo esto nada tiene que ver con las nuevas opciones de política económica de cada uno: ni la prevista austeridad presupuestaria alemana se aplica aún, ni los estímulos estadounidenses se han ampliado todavía.

En el capítulo español, el primer semestre vio al fin crecer el PIB. Aunque débilmente, dos décimas en el segundo trimestre, y con la incógnita de lo que ocurrirá tras el alza del IVA y el final de algunos estímulos, como los de la automoción. Más consolidada parece la posición en los mercados de deuda, donde España se aleja de la posición de farolillo rojo, por su buen hacer en las pruebas de resistencia de los bancos y porque la austeridad ya cotiza: el déficit público se redujo a la mitad (2,44%) en los primeros siete meses contra igual periodo de 2009. Aunque las agencias volverán a la carga.

Algún dato de la economía real apunta bien, como la mayor velocidad de la locomotora industrial, Cataluña, con alzas del 18% en exportaciones, del 7,4% en producción o del 3,8% en creación de empresas. Pero faltan más signos para un nuevo patrón de crecimiento e inserción en la economía mundial. Bien está acercarse a China (y mejor si su automovilística Chery se instala aquí) pero el cabecilla de los emergentes solo supone, todavía, el 1,4% de las exportaciones de España. O se apuesta al comercio exterior y al Este, o el crecimiento será blando, insuficiente. Y tanto más difícil convertir datos segmentados en secuencias inapelables.

TRIBUNA: TENSIONES DIPLOMÁTICAS CON RABAT

El autor repasa los últimos episodios de la relación española con el Reino alauí y critica la debilidad de Moncloa. Asevera que el Gobierno de Mohamed VI es irrespetuoso con los derechos humanos y racista con los saharauis

Dos lamentables acontecimientos han marcado una vez más las relaciones de España con Marruecos, quedando muy clara la militante animadversión que el Reino alauí siente por nuestro país y su integridad territorial, por los derechos humanos y por los saharauis.

El acoso y agresión a unos españoles que se concentraban legalmente en El Aaiún -recordemos, Sáhara Occidental, no Marruecos- para pedir la libertad para el pueblo saharaui ha expuesto de nuevo que los métodos marroquíes para reprimir el movimiento pro saharaui se escriben en el catálogo de la opresión y el miedo. Asimismo, la crisis diplomática que provocó Marruecos hace unas semanas, y que según las autoridades de Rabat se debe a supuestos casos de racismo por parte de la Policía española en sus funciones de control de fronteras, confirma la estrategia cíclica de la dictadura del sur de atacar y obstaculizar el trabajo de las instituciones españolas en su conjunto.

Ahora el objetivo son las normales actividades de la Policía nacional, utilizando insidiosas críticas elaboradas por el típico departamento de inteligencia de una típica dictadura.

Pero antes, otras estrategias ya habían evidenciado el odio que Marruecos siente por España, y tanto su rey-sultán como sus ministerios de Interior y Asuntos Exteriores, así como su policía, su ejército y sus servicios secretos, han contribuido al intento de minar con propaganda y acciones de hostigamiento la paciencia de nuestras instituciones.

Encontramos ejemplos de todo ello en el tradicional descontrol en la inmigración ilegal hacia España, la utilización de las visitas de nuestros representantes institucionales para la distorsión geopolítica, el ridículo de la provocación militar -léase Perejil-, la sospechosa falta de colaboración en el terrible asunto del 11-M, el papel de puerta de entrada a todo tipo de drogas en Europa, el acoso permanente a las fronteras españolas en Ceuta y Melilla con situaciones de boicot y amenazas…

Marruecos ha sido y es plataforma y organizador de ese flujo incesante de ciudadanos africanos hacia nuestro territorio, ha facilitado la inmigración ilegal, la ha alentado y no ha perseguido a sus responsables. Su calculada inacción ha sido causa de miles de muertes en el Atlántico, al permitir a inservibles pateras y cayucos llenarse de personas y poner rumbo a Canarias o la Península. Por otro lado todos hemos visto a nuestro presidente del Gobierno en épocas pretéritas fotografiarse con el dictador del sur teniendo como fondo un mapa falso de Marruecos, incluyendo el Sáhara Occidental, las Canarias y Ceuta y Melilla. En una clara vulneración de la verdad geopolítica y de las relaciones bilaterales.

El Reino alauí no soportaba la firmeza de Aznar ante las felonías internacionales del Gobierno de Mohamed VI y le trató de provocar con el ridículo histórico de la toma de Perejil por parte de soldados marroquíes y su desalojo por las fuerzas de seguridad españolas.

Aún es un misterio, o quizá un secreto, la implicación de los servicios de inteligencia marroquíes en todo lo relativo con el 11-M, en la clamorosa falta de colaboración en las investigaciones y persecución de los presuntos responsables. Y está claro que el acoso a las fronteras de Ceuta y Melilla pone de manifiesto algo que se repite en formas y tácticas diferentes. La obsesión por minar la calma y la actividad de las dos ciudades autónomas es una constante en la acción de los marroquíes que proyectan su odio a España ora lanzando a subsaharianos contra las vallas fronterizas, ora boicoteando el suministro de mercancías, organizando huelgas y algaradas , ora insultando a nuestra Policía por tener mujeres en una plantilla de patrulla fronteriza que cumple con su trabajo mal que pese a quienes construyen falsas acusaciones de prácticas ilícitas.

La acusación de Rabat a España es nada menos que de racismo. Marruecos, el país más racista de todo el Magreb, se permite acusar a la Policía española de prácticas xenófobas con el fin de crear un caldo de cultivo que exalte determinadas actitudes de la militancia radical antiespañola y para mantener la tensión con nuestro país. Marruecos sabe que la diplomacia española en la actualidad es endeble, cuando no servil, y esa fragilidad, bien aprovechada, podría favorecer sus intereses.

El racismo es hoy una seña de identidad de la actuación del Gobierno de Mohamed VI. El objetivo de esa intolerable actitud son fundamentalmente los saharauis. Los habitantes de las mal llamadas provincias del sur, es decir, del usurpado y sometido Sáhara Occidental, son constantemente humillados, vejados, perseguidos y detenidos por seguir reivindicando su personalidad de pueblo y de nación. A los saharauis no se les permite, salvo que traicionen públicamente su historia, hacer una vida normal. A la mayoría de los saharauis se les ha obligado a llevar una vida en el exilio y tanto en el desierto argelino, en Tinduf, como en Mauritania, a muchos miles de saharauis la dictadura marroquí les impone por el odio racial e imperialista un destierro injusto y brutal. Marruecos ha separado a familias que han perdido todo contacto, ha construido en la invadida ciudad saharaui de El Aaiún una prisión, la cárcel negra, donde se detiene injustificadamente, se tortura y se cumplen penas establecidas en juicios sumarísimos y con falsas acusaciones a quienes se manifiestan como saharauis.

Aminatu Haidar y su significativa denuncia, la situación de los activistas saharauis pro derechos humanos detenidos y acusados por Marruecos de espionaje y traición, la falta de libertades de expresión, circulación y asociación para la población saharaui (en este caso también para la propia marroquí), la constante persecución de saharauis en los territorios ocupados por el ejército de Rabat, la construcción de un muro militar y con minas antipersona en el territorio del Sáhara Occidental, el día a día de niños y jóvenes saharauis que no conocen su patria o la conocen bajo un régimen de tortura y represión por la imposición de Marruecos… Todo esto hace que tengamos que considerar la acusación a España de racismo como un sarcasmo. Un insulto y una impostura.

Tenemos que recordar también que en Julio de 2005 una delegación en la que participamos miembros del Intergrupo del Parlamento vasco para la libertad y la paz en el Sáhara Occidental fue expulsada de malas maneras por la policía marroquí del aeropuerto de El Aaiún.

Los derechos humanos se vulneran todos los días en Marruecos y el presidente de la UE, Van Rompuy, ya lo puso de manifiesto en la última cumbre UE-Marruecos. Con los saharauis y sus defensores, a los que se persigue y fustiga; con los subsaharianos, a los que se utilizan como elemento de presión para lanzarlos a las aguas del Estrecho y del océano; con los habitantes de Ceuta y Melilla, a los que se les amenaza y boicotea; e incluso con los propios marroquíes, que sufren una férrea dictadura donde periodistas, disidentes, mujeres y librepensadores sufren todos los días un régimen de represión.

Y aun así, Zapatero mandó a Rubalcaba a Rabat a bajarse los pantalones. ¿Por qué le atraen tanto algunas dictaduras?

Carmelo Barrio Baroja es diputado del PP en el Parlamento vasco y miembro del Intergrupo Parlamentario Vasco Paz y Libertad para el Pueblo Saharaui.

EL RUIDO DE LA CALLE

Tomás Gómez me dice: “Voy a ganar las primarias y luego llegaremos a la Puerta del Sol”. Entonces -le digo- te machacarán, te buscarán hijos secretos, porque los partidos funcionan con los métodos de El Padrino. Responde: “Mi único vicio es comer chocolate. Yo no estoy en política para ir en coche oficial. Doy clases en la Carlos III y si no me votan, seguiré en la universidad”. Se ha colocado, sin quererlo, enfrente de Zapatero. Él dice: “Soy leal a Zapatero y mi campaña no será contra Trinidad, sino contra Esperanza“.

Algunos socialistas sospechan que el que ha tratado de dinamitar a Gómez ha sido Blanco, precisamente porque no lo controlaba. Lo ha intentado destruir para una estrategia de más hondo calado, en el caso de que Zapatero desistiera de presentarse a las elecciones. Dicen que incluso llegaron a inventar un supuesto romance entre Tomás y Leire Pajín para descentrar a ambos.

Tomás es prudente, no calla cosas oscuras, pero no quiere hacer daño a su partido. Las primarias, rito ajeno a los europeos, con sólo algunos antecedentes portugueses, están siendo seguidas con mucha atención en Europa, donde el socialismo es algo huero, que retrocede.

Hace dos meses este político era un bulto sospechoso; hoy ha encontrado el sitio en Madrid, donde gustan los motines. Ha protagonizado el que ha estallado en la Gran Vía, a la altura de Callao. En política y en la vida alguien dice no y se arma. Hombre rebelde, desde Camus, es el que sabe decir no, Tomás Gómez dijo no y estallaron las primarias, que van a tener derivaciones en la política española.

No es Cascorro con una lata de gasolina sino un socialdemócrata que nació en Holanda, hijo de emigrantes. Según Ramón, en Madrid los porteros son almirantes, los ventiladores bendicen como obispos, los gatos son nocturnófilos, aficionados a los tejados, a los motines y con sed de beduinos. No tiene de castizo más que una patilla larga, pero se ha convertido en el rey de los gatos.

Desde centenares de sedes le envían mensajes con el siguiente texto: “Olé tus cojones”. No nació en un baile, pero no le gusta que le pisen y eso es muy madrileño. Desea que le apoye la militancia porque en el PSOE no todos son parásitos del Presupuesto. De los 17.000 votarán 12.000 y espera ganar por mayoría amplia. Le han criticado que presente su candidatura en la sede de UGT. “La Casa del Pueblo -dice-, la Casa de UGT es nuestra casa”.

La dirección federal se desconcertó la noche que Gómez subió a La Noria y salió ileso. Esperanza prefiere como contrincante a Trini. Teme que con Tomás haya un rebrote de la izquierda de Madrid.

El conseller de la Generalitat señor  Huguet anunció el pasado lunes que su departamento tiene listo un proyecto de decreto que obligará a los profesores universitarios de Catalunya a tener la acreditación de un “grado de suficiencia” de conocimiento del catalán equivalente al del nivel C. Tal nivel, como es sabido, supone hablar y escribir con total corrección la lengua catalana. Más allá del C sólo está el nivel D, exigible sólo a traductores u otros oficios que tengan como finalidad específica el lenguaje.

Al día siguiente del anuncio efectuado por Huguet, el conseller Baltasar, en funciones de portavoz del Govern, rectificó buena parte de las declaraciones de su compañero de Gobierno, aunque sostuvo que era cierta la preparación de un decreto para exigir pruebas de conocimiento de catalán a los profesores de universidad. Así pues, se reaviva un tema que, tras anteriores intentos, parecía hibernado.

De nuevo es motivo de polémica el catalán en la universidad.

Para formarnos un criterio sobre este asunto partamos de una base en la que estaremos de acuerdo: en la universidad se enseñan saberes y conocimientos, no se enseñan lenguas, a excepción, naturalmente, de las carreras de filología. El estudio de las lenguas ha tenido lugar, previamente, en los ciclos de enseñanza primaria y secundaria. Por tanto, a los profesores de universidad sólo se les debe exigir que sean competentes en sus respectivas especialidades y que las enseñen de la mejor manera posible a sus alumnos. Ni más, ni menos. En la universidad la lengua tiene la misma función que en la sociedad: sirve para comunicarse y entenderse unos con otros. El profesor debe comprender la lengua en la que hablan sus alumnos y los alumnos deben entender la lengua en la que les habla el profesor. Sin esta comunicación, la enseñanza resultaría imposible.

Dando por sentada esta premisa, el asunto está resuelto jurídicamente en el artículo 35.5 del Estatut: “El profesorado y el alumnado de los centros universitarios tienen derecho a expresarse, oralmente y por escrito, en la lengua oficial que elijan”. Por tanto, en la universidad hay derecho de opción lingüística, libertad para usar una u otra lengua y, por tanto, el único conocimiento exigible a un profesor debe ser simplemente el del catalán pasivo, es decir, tener capacidad para comprenderlo y entenderlo, tanto oralmente como por escrito, pero sin necesidad de hablarlo ni, menos todavía, escribirlo. A su vez, en el mismo artículo, el Estatut ha previsto otras dos reglas que precisan el precepto anterior. Primera, el artículo 35.1 dispone que “el catalán debe utilizarse normalmente como lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza universitaria (…)”, todo ello sin perjuicio de que el castellano goce de idéntica condición al ser también lengua oficial, según la obvia interpretación del TC en su reciente sentencia sobre el Estatut. Segunda, el artículo 35.2 establece que “los alumnos tienen derecho a recibir la enseñanza en catalán en la enseñanza no universitaria”. Si este derecho a recibir la enseñanza en catalán sólo afecta a la enseñanza no universitaria, cabe deducir, sensu contrario, que tal derecho no rige en la universitaria. Por tanto, se refuerza la idea de la libertad de opción lingüística en la universidad y de la única necesidad del conocimiento pasivo del catalán por parte del profesorado.

En consecuencia, exigir a los profesores un nivel equivalente al C de catalán vulneraría el Estatut, ya que es totalmente desproporcionado respecto de la simple exigencia del conocimiento pasivo. El nivel C, como hemos visto, supone un grado de conocimiento muy superior. Pero tras el problema jurídico, bien resuelto en el Estatut, hay otro problema, más decisivo, que afecta a la futura calidad del profesorado, es decir, a la calidad de la universidad.

En efecto, ¿dónde hay que buscar a los buenos profesores? Evidentemente, en el mercado, en el mercado académico, y en el mercado académico más amplio posible para que sean seleccionados de forma competitiva. Cualquier barrera innecesaria que restrinja la libertad de circulación en dicho mercado va en detrimento de la calidad de los profesores que se puedan reclutar. Establecer pruebas lingüísticas innecesarias para la función que se ha de desempeñar tiene, sin duda, efectos disuasorios para que se incorporen a las universidades catalanas profesores competentes. No hay razones, pues, para establecer estas pruebas. Debe presuponerse que ninguna universidad admitiría a un profesor que no pueda comunicarse con sus alumnos por razones de lengua, dado que ello no le permitiría cumplir con su función docente, la función por la cual forma parte del claustro.

Sin embargo, en buena parte el mal ya está hecho, dado que desde hace tiempo se habla de estas exigencias de un elevado conocimiento del catalán y muchos las estiman ya vigentes. Por sectarismo político y cerrazón mental, quizás por un miserable puñado de votos, nuestros gobernantes, en connivencia con mediocridades académicas locales, han ido comprometiendo irresponsablemente el futuro de las universidades de Catalunya.

FRANCESC DE CARRERAS, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.

TRIBUNA

La preocupación por la seguridad energética y el cambio climático están desatando una oleada de iniciativas políticas e inversiones en todo el mundo que alterarán profundamente la forma en que hoy gestionamos y usamos la energía. Las empresas que sean capaces de adaptarse y beneficiarse de esta nueva realidad aumentarán su resiliencia y competitividad. Y las que no lo hagan podrían pagar un alto precio. Al menos eso es lo que dice un estudio sobre riesgos patrocinado por Lloyd´s, una compañía líder en el mercado internacional de seguros.

El informe (Sustainable energy security. Strategic risks and opportunities for business), dirigido por miembros de la institución británica Chatham House, constata que la sociedad moderna ha sido construida sobre la base de la disponibilidad a precios muy asequibles de grandes cantidades de combustibles fósiles (carbón, gas y petróleo). Sin embargo, tres factores convierten hoy en obsoleto este modelo: el creciente consumo de energía por las economías emergentes, las múltiples limitaciones que perturban la producción de combustibles convencionales y el hecho ampliamente aceptado internacionalmente de que la liberación deCO a la atmósfera conduce al caos climático.

No hay duda: la dinámica del mercado y los factores ambientales hacen inviable que en el futuro las empresas puedan seguir dependiendo de las baratas fuentes de energía tradicionales. Resulta imperativo iniciar sin más dilación el tránsito hacia una economía baja en carbono, aunque durante el recorrido habrá que saber afrontar la previsible volatilidad de los precios de los combustibles fósiles, así como otro tipo de riesgos. Estos últimos hacen que la seguridad energética constituya un objetivo indisociable al de reducir las emisiones contaminantes de CO y otros gases de efecto invernadero. Las empresas deben prepararse para afrontar este doble reto sin priorizar un objetivo sobre el otro. Estamos hablando de un nuevo concepto: el de la seguridad energética sostenible.

¿Cuáles son los riesgos que según Lloyd´s justifican el aumento del protagonismo del tema de la seguridad energética? Por razones de espacio citaré tan sólo dos. El primero es que China y las economías asiáticas en crecimiento tienen un papel cada vez más agresivo en los mercados internacionales de materias primas, lo que acabará teniendo un serio impacto sobre la cadena mundial de suministros de los combustibles fósiles, así como de algunos metales estratégicos, como las tierras raras, imprescindibles para la manufactura de ciertos componentes esenciales para las nuevas tecnologías energéticas. El segundo es que carbón, gas y petróleo se enfrentan a graves limitaciones de la oferta y parece probable que a corto o medio plazo asistamos a una crisis de abastecimiento de petróleo, lo que tendría serias consecuencias sobre la forma como hoy funcionan las empresas.

Si estas líneas han despertado su curiosidad les recomiendo la lectura completa del informe (pueden encontrarlo en http:// www. chathamhouse. org. uk/ publications/ papers/ view/-/ id/ 891/). En el no sólo se habla de riesgos, sino también de oportunidades de negocios y de la “tercera revolución industrial”.

Mariano Marzo Carpio es catedrático de Recursos Energéticos en la Facultad de Geología de la Universidad de Barcelona.

Es importante que se entienda y se conozca qué ha estado ocurriendo en la Unión Europea durante estos últimos años (y no me refiero sólo a lo que ha pasado desde el inicio de la crisis en 2007). La participación de las rentas del trabajo como porcentaje de la renta nacional en el promedio de los países de la UE-15 ha ido descendiendo desde principios del establecimiento de la Unión hasta hoy, bajando del 69% al 56%. Este descenso ha sido mucho más acentuado en la zona euro, y todavía mayor en España. Ello ha ido acompañado de un aumento del desempleo en el promedio de la UE-15 (interrumpido provisionalmente en España por la burbuja inmobiliaria hasta que estalló) y de un deterioro de las condiciones de trabajo. El porcentaje de trabajadores que declara trabajar en condiciones estresantes en el promedio de la UE-15 ha pasado del 32% de la población empleada a un 54% en 2008. En España ha sido incluso mayor. Una consecuencia de ello es que las enfermedades laborales por estrés han aumentado.

Por si esto no fuera suficiente, la protección social se ha ido deteriorando. La tasa de crecimiento del gasto público social (que cubre los gastos públicos en las transferencias y servicios del Estado del bienestar) ha ido descendiendo en el promedio de la UE-15 desde principios de la década de los noventa (habiéndose interrumpido este descenso entre 2004 y 2008 en España durante la alianza –informal– del PSOE con IU-ICV, ERC y BNG). Ha vuelto a descender a partir de entonces, y España ha permanecido en la cola de la Europa social, siendo el país de la UE-15 con el gasto público social por habitante más bajo. Además de este descenso hemos visto una disminución de los derechos laborales en la mayoría de los países de la UE-15.

Mientras la clase trabajadora y grandes sectores de las clases medias veían disminuir su capacidad adquisitiva (la mayor causa del enorme endeudamiento de las familias), hemos visto un enorme incremento de los beneficios empresariales. Estos aumentaron un 38% en la media de la UE-15 y un 42,3% en la zona euro durante el periodo 1999-2008, mientras que los costes laborales aumentaron sólo un 17%. En España, este contraste entre la austeridad impuesta a las clases populares y la bonanza y exuberancia de los beneficios empresariales fue incluso más acentuado. Durante el mismo periodo, las mayores empresas españolas vieron aumentar sus beneficios netos un 73% (casi el doble de la media de la UE-15), mientras que los costes laborales aumentaron durante el mismo periodo un 3,7% (casi cinco veces menos que en la UE-15). Dentro de estas empresas, las que alcanzaron elevadísimos niveles de beneficios fueron las financieras, que basaron su riqueza en el enorme endeudamiento de las familias europeas y españolas y en actividades altamente especulativas, incluyendo las inversiones inmobiliarias, que se convirtieron en el motor del crecimiento económico en varios países, incluyendo España. La banca española, bajo la pésima supervisión del Banco de España, tiene una enorme responsabilidad en el desarrollo del complejo bancario-inmobiliario-constructor y su burbuja, que al explotar ha creado el enorme problema económico, además de dificultar enormemente la accesibilidad al crédito por parte de la ciudadanía y de la mediana y pequeña empresa. Es una enorme incoherencia (para ponerlo de una manera amable) que el gobernador del Banco de España, Francisco Fernández Ordóñez, que junto con anteriores gobernadores es el responsable de una de las mayores causas de la crisis en España, esté ahora liderando el movimiento neoliberal, y responsabilice a los sindicatos por el elevado desempleo causado, según él, por una supuesta rigidez de los mercados laborales.

A nivel europeo, los hechos presentados en los párrafos anteriores se deben, no a los mercados financieros, sino al desarrollo de las políticas neoliberales, promovidas por las mayores instituciones de la UE, y muy en especial por el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Consejo Europeo, controlado este último por las derechas (cristiano-demócratas y liberales). Estas instituciones han estado imbuidas del pensamiento neoliberal, al cual se han adaptado gran parte de los partidos socialdemócratas gobernantes que han abandonado elementos claves de la tradición socialdemócrata para convertirse en partidos socioliberales. Estas políticas han consistido en la desregulación de los mercados laborales, la reducción de la protección social, la reducción de los impuestos, el aumento de su regresividad (responsable, en parte, de que las desigualdades sociales en la UE-15 hayan alcanzado el mayor nivel conocido en los últimos 20 años), las privatizaciones de los servicios del Estado del bienestar, y la reducción de los beneficios laborales y sociales. La reducción de impuestos, por cierto, determinó el crecimiento de la deuda pública en todos estos países.

Todas estas políticas han respondido al enorme poder de clase, es decir, del capital (mundo empresarial y financiero y rentas superiores), que está aprovechando ahora la crisis creada por ellos para conseguir lo que ha estado deseando todos los años: debilitar todavía más al mundo del trabajo al cual pertenecen las clases populares. De ahí que sea fundamental que exista una protesta masiva el día 29 de septiembre, a nivel europeo y a nivel español, para iniciar un proceso de reversión de tales políticas, no tanto por un cambio político en el que ganen las derechas (PP en España y CiU en Catalunya) que empeoraría todavía más la situación, sino por un cambio muy sustancial en las izquierdas, y muy en especial de las gobernantes, que no ocurrirá a no ser que haya una protesta generalizada en contra de aquellas políticas. Así ocurrió, por cierto, en las últimas huelgas generales, y así debiera ocurrir ahora.

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Public Policy en The Johns Hopkins University.

Una prestigiosa revista médica de Estados Unidos (Annals of Internal Medicine; 23 de agosto: http://www.annals.org) acaba de anunciar la publicación de un estudio realizado por investigadores españoles (Gema Rodríguez-Trigo y otros) sobre los efectos que la participación en la limpieza del chapapote del Prestige tuvo para la salud de un grupo de pescadores de Galicia. La investigación se centró en 501 pescadores que habían participado en las tareas de limpieza comparando su estado de salud, dos años después, con el de otros 177 que no habían participado. Los resultados más notables se obtienen comparando los subgrupos de no fumadores. El estudio señala, entre los no fumadores que estuvieron expuestos al chapapote, un aumento significativo de afecciones respiratorias y de algunos marcadores de posibles lesiones pulmonares, así como de algunas alteraciones cromosómicas en linfocitos. Como los autores advierten, estos resultados no permiten obtener conclusiones clínicas, ni pueden generalizarse a otras poblaciones. ¿Qué consecuencias se pueden derivar entonces del estudio?

Los propios autores expresan clara y sabiamente sus conclusiones. Con los datos disponibles no se puede predecir cómo va a evolucionar la salud de los trabajadores y voluntarios que participan en la limpieza de vertidos de petróleo; pero hay motivos suficientes para pensar que pueden aumentar los problemas respiratorios y el riesgo de contraer cáncer. Por consiguiente, es preciso establecer programas de seguimiento, estudio y atención a los posibles afectados a largo plazo. En el caso del Prestige, el plan ya está en marcha.

Junto con el artículo, la revista publica el editorial “Lecciones para el estudio de los efectos del vertido de petróleo sobre la salud”. En él se señala la importancia de la contribución de los investigadores españoles, que puede servir de referencia en EEUU, donde las autoridades se enfrentan ahora, a propósito del desastre del Golfo de México, a problemas parecidos a los que aquí tuvimos que afrontar.

Pasan los años y seguimos extrayendo lecciones del Prestige. Ahora debemos recordar una más: para poder responder adecuadamente a estas catástrofes, es preciso alentar la investigación rigurosa, independiente y sistemática sobre sus efectos, no sólo en economía y medio ambiente, sino también en la salud y a largo plazo. Pero lo de 2002… Nunca Mais.

Miguel Ángel Quintanilla Fisac.  Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia.

La prevención de riesgos en Estados Unidos

El 11-S, los efectos del ‘Katrina’ y la desaparición de Arthur Andersen y Enron podrían haberse evitado

¿Qué tienen en común los atentados terroristas del 11 de septiembre, el desastre causado por el huracán Katrina y la desaparición de la auditora Arthur Andersen? Pues que los tres sucesos o bien se podrían haber evitado -en el caso de lo del 11-S y de Arthur Andersen- o por lo menos sus consecuencias podrían haber sido menores, en el caso del huracán Katrina. En los tres se puede encontrar un conflicto de intereses que impidió que se tomaran las medidas necesarias para evitar estos sucesos.

Empecemos por el Katrina. Hace ahora cinco años, el 29 de agosto del 2005, ese huracán provocó devastadoras consecuencias en Nueva Orleans. Esta ciudad se encuentra por debajo del nivel del mar y, por tanto, muy expuesta a posibles inundaciones. Da la casualidad de que todos los años, al final del verano, se forman huracanes de distinta intensidad en el golfo de México. Algunos de ellos, devastadores. Era cuestión de tiempo que uno de gran potencia asolara la indefensa ciudad. Investigadores de universidades de EEUU habían hecho simulaciones por ordenador mostrando cómo quedaría Nueva Orleans en caso de ser azotada por un huracán. Sus conclusiones, una predicción exacta de lo que ocurrió, fueron publicadas en la revista Scientific American.

¿Por qué no se actuó si se sabía que esto podía pasar? Pues porque no se le prestó suficiente atención. Y no se le prestó atención porque defender a Nueva Orleans de posibles huracanes cuesta dinero. Pero los distintos grupos locales -las petroleras, los productores de ostras, etcétera- presionaban en Washington para financiar y proteger sus respectivos proyectos e intereses, por lo que entre tantas peticiones defender a la ciudad de un posible huracán fue un asunto que quedó diluido entre otros proyectos, con lo que no llegó a ser una prioridad. Los conflictos de intereses impidieron que se evitase un desastre que era previsible.

¿Qué pasó con Arthur Andersen? Pues también un conflicto de intereses, pero de otro tipo. Las compañías auditoras se encargan de certificar que la contabilidad de las empresas que cotizan en la bolsa refleja fielmente la realidad económica de la compañía. Y esto se hace para que los posibles inversores puedan disponer de información fidedigna a la hora de decidir en qué compañías invierten su dinero. Hasta aquí, todo bien. Pero en el momento en que las auditoras comienzan a ofrecer servicios de consultoría empieza el problema. ¿Cómo una auditora que está cobrando cada año un millón de dólares a una empresa por sus actividades de consultoría se va a atrever a no certificar la veracidad de los estados contables de esa empresa? Sería de locos. La perdería como cliente tanto de consultoría como de auditoría.

Eso es lo que pasó con Arthur Andersen y Enron. La factura que Arthur Andersen pasaba anualmente a Enron por sus servicios de consultoría era de más de 25 millones de dólares, superior a la factura por los servicios de auditoría. Cuando Enron empezó a tener problemas, Arthur Andersen debió hacer la vista gorda y siguió firmando la veracidad de las cuentas. Cuando estos problemas empezaron a trascender al público general y empezó una investigación, se empezaron a destruir papeles comprometedores. Enron desapareció por sus propias pérdidas, y Arthur Andersen, porque perdió la confianza de sus clientes.

Algunos informes en poder del Congreso de EEUU ya habían alertado del conflicto de intereses que se producía y aconsejaban que se prohibiera a las compañías encargar servicios de consultoría a sus auditoras. Pero, claro, allí estaban las auditoras convenciendo a los políticos de Washington de que quien conoce la situación económica de una compañía es quien está en mejores condiciones de aconsejarla como consultor. Nunca hubo reforma alguna.

¿Qué pasó con el 11-S? Lo mismo: conflicto de intereses. Numerosos informes, uno de ellos realizado por una comisión a cargo del vicepresidente Al Gore en 1996, alertaban de la falta de seguridad en los aeropuertos y aerolíneas en EEUU. Recomendaban, entre otras cosas, que se comprobara que todos los dueños de las maletas facturadas realmente viajaban en los respectivos aviones. Recomendaban también un más exhaustivo control en los detectores de metales. Poner en práctica todas estas recomendaciones suponía un mayor coste para las aerolíneas, y estas, una vez más, lograron convencer a los políticos de Washington de que eran innecesarias. No se hizo nada.

¿Qué tienen en común el desastre del Katrina, la desaparición de Enron y Arthur Andersen y los atentados del 11-S? Pues que en los tres casos se sabía de antemano que podía pasar lo que finalmente pasó. Que en los tres casos la probabilidad de que ocurrieran esos desastres en un momento dado era muy pequeña, pero la probabilidad de que pasaran en algún momento de los años siguientes era muy grande. Que en los tres casos hubo presiones de grupos interesados en que no se tomara ninguna medida. No se hizo nada por evitar lo que se había predicho de antemano que pasaría. Además, ningún político pasa a la historia por haber evitado cosas.

Miguel Angel Ariño. Profesor del IESE. Universidad de Navarra.

Leyendo con atención las opiniones y lamentos que determinados alcaldes expusieron hace unos días en este periódico, se puede afirmar que -como mínimo- somos un país especial. Porque un país especial es aquel que ante un problema político concreto no se esfuerza en diagnosticarlo correctamente mediante el estudio, la observación, el debate y el contraste con la realidad. Un país especial es aquel que ignora la autocrítica, pierde el tiempo lamentándose y culpa a los demás de sus múltiples desgracias. Un país especial es aquel que no se esfuerza en buscar soluciones inteligentes a sus problemas específicos. Y por eso se puede afirmar que en materia de corporaciones locales Galicia es un país especial desde hace muchos años.

Los alcaldes que opinaron sobre los efectos de la crisis en el ingreso y gasto municipal son personas capaces y sensatas. Pero los alcaldes gallegos no se pronuncian en público, por si acaso, sobre los problemas reales de la hacienda municipal. Su discurso se reduce a pedir más transferencias y subvenciones, sin preocuparles su justificación ni tampoco la equidad distributiva de esas aportaciones. Ignoran a los municipios que recaudan ingresos tributarios por habitante inferiores al 30 por ciento de la cifra media registrada en los municipios españoles de población similar. O no consideran a los concellos que por demografía tienen ya fecha de caducidad.

Ensimismados en sus problemas domésticos, los alcaldes gallegos y los órganos colectivos de las corporaciones locales no destacan precisamente por ofrecer diagnósticos serios de sus problemas comunes, ni por elevar propuestas de cambio ante situaciones relevantes. Se podría citar aquí, a modo de ejemplo, la urgente necesidad de elaborar un nuevo mapa municipal o de elevar propuestas solventes que permitan introducir mayor racionalidad a las áreas urbanas.

Pero la organización del sistema local depende de la comunidad autónoma. Y esta siempre trabajó para reproducir municipios domesticados y dependientes. Su objetivo último es controlar el voto, no desarrollar las funciones básicas del municipio (urbanismo, educación democrática, etcétera). Por eso las políticas autonómicas destinadas al mundo local se resumen en ayudas y subvenciones crecientes a los municipios afines, ignorando a su vez el coste social que todo ello genera. Dicho coste se resume en la generación de agravios comparativos, en el fomento de la irresponsabilidad fiscal, de paternalismos políticos diversos y de interiorizar valores y comportamientos no democráticos en la población. La cultura de la ineficiencia y del «gratis total», así como determinadas conductas incívicas, crecieron al calor de estas políticas públicas desafortunadas. Y así seguimos. Envueltos en un círculo vicioso que no tiene fin. Sin esperanza ni remedio.

Ya estamos todos aquí para asistir al tópico otoño caliente que hará las delicias, a pesar de lo dramático de la situación, de los medios de comunicación a los que no les van a faltar noticias ni carnaza para titular, opinar, jalear y despotricar. Los tertulianos de la bronca ya están en sus puestos de combate, mientras los grupos editoriales grandes o pequeños se ajustan el cinturón de la crisis y buscan remedios mágicos a la crisis financiera, publicitaria y también tecnológica que los invade. Al tiempo que se alinean gustosos con sus respectivos partidos políticos en pos de una clientela fija porque desde hace unos años los editores y los activistas mediáticos están educando a sus lectores, oyentes y espectadores a recibir solo lo que les gusta y no lo que pasa y los editoriales y el posicionamiento ideológicos ya no están reservados para las páginas de opinión sino que ocupan los titulares y las portadas, de manera interesada y al margen de la simple realidad, haciendo bueno el dicho malo de “no dejes que una buena noticia te impida un buen titular”.

En los últimos días hemos tenido novedad de un largo discurso dominical de Pedro J. Ramírez en el diario presidencial –siempre salva a Zapatero- El Mundo presentándose él como paladín del periodismo democrático e independiente, lo que no es verdad, pero poniendo Pedro tanto empeño en su autobombo que a veces da la impresión de que a base de tanto repetirlo –“hay que hablar bien de si mismo, porque la gente lo escucha y luego no se acuerda donde lo ha oído”-, Pedro J. está interiorizando su auto propaganda hasta el punto de creerse que esa es la verdad. Pronto se olvida, por citar solo algún ejemplo, de su traición al periodismo más libre e independiente de la transición en el malvado pacto del Mayestic de Aznar con Puyol, o de su connivencia con los gobiernos del PP, o de la fracasada conspiración del 11M, o cuando ocultó a sabiendas que en la guerra de los Balcanes la OTAN iba a bombardear la radio y televisión de Belgrado, etcétera.

De lo que no se olvida el director de El Mundo es de salvar a Zapatero –aunque le da pellizcos de monja al gobierno y al PSOE- y fustigar a Rajoy y al PP, porque no le dejan a él dirigir toda la política del Partido Popular al que quiso imponer con un golpe de mano a Esperanza Aguirre como líder de la derecha. Naturalmente, algo recibe Pedro J. de Zapatero por esos servicios prestados y por la pinza que los de Unedisa le hacen a los de Prisa en compañía del grupo de La Sexta, nuevo grupo mediático de Zapatero, Roures, Barroso y compañía que trae de los nervios a Juan Luís Cebrián.

El Consejero Delegado de Prisa, Cebrián, parece que empieza el otoño con buen pie porque los del fondo Liberty que pretenden comprar el control de Prisa por 600 millones de euros están a punto de soltar la pasta, y de dejar a la familia Polanco por debajo del 30 por 100 del total del capital de la empresa, con un acuerdo que le garantiza a Cebrián su cargo durante los próximos tres años, a pesar de que el ex director de El País fue el autor del desastre financiero de la compañía que dedica sus ingresos e inversiones a pagar intereses y renovar créditos, por más que mantenga positiva su cuenta de resultados, cosa que no pueden decir otros, aunque esos otros o tienen menos deuda (Unedisa) que Prisa, o poca deuda (Vocento), pero ya están en números rojos.

Y todos ellos, eso sí, haciendo lecturas interesadas y divertidas sobre las audiencias respectivas que les ofrecen el EGM y la OJD, donde la prensa en general suele ir a la baja, aunque ABC con marketing agresivo y su nuevo estilo “Marca” de portada, pone nervioso a El Mundo, a la vez que los ultras de la Gaceta e Intereconomía, pugnan por heredar los restos de la COPE extrema y confesional de Jiménez Losantos, venido a menos tras su expulsión de la radio de los obispos. La que en el campo del deporte ha plantado cara a la SER con una guerra sin cuartel, como la que ABC lanzó contra La Razón, diario del Grupo Planeta que juega a una cosa en Barcelona –pro nacionalista- y a otra en Madrid, pro PP, aunque se cuida muy mucho de no causar el menor disgusto al gobierno de Zapatero (y al de Montilla) con su cadena televisiva de Antena 3 TV, cuyos informativos están dedicados a los sucesos para no hablar de política, pero mantiene un alto nivel de prestigio y autonomía en Onda Cero.

De la misma manera que las cadenas Telecinco y La Cuatro, de Berlusconi, cuidan a Zapatero y se dedican los unos a la telebasura y los otros a aporrear al PP, que es el juego habitual de La Sexta, y de RTVE por más  que el multimedia estatal disimule y presuma de una independencia que por ninguna parte se ve.

O sea que el otoño mediático ya está al caer y se van a poner las botas porque habrá mucha tela que cortar, a uno y otro lado del hemiciclo, pero siempre todos ellos cuidando y mucho al poder, político, económico y comercial, por la cuenta que les trae que es muy distinta de ese otro periodismo democrático e independiente y no militante que en España está reducido a la mínima expresión, pero que día a día se escapa vivo por la gatera de Internet. Ahí si que está el periodismo independiente y el futuro del periodismo español. Y atención al rumor: Murdoch, de la mano de Aznar, está estudiando su desembarco mediático en el territorio español.

Ha habido unas horas de incredulidad y muchas consultas cruzadas entre expertos, analistas y observadores. Pero lo que se puede constatar casi dos días después de conocer las cifras de la ejecución presupuestaria del Estado del mes de julio (y de los siete primeros meses del año) es que las cuentas de la nación van bastante mejor de lo que se temía. No es por supuesto para tirar cohetes. Simplemente se ha reducido el déficit a la mitad, que no es poco. En medio de tanta desgracia estadística y contable, tenemos por fin unos datos menos dramáticos y sencillamente menos malos. ¿Ha sido necesaria mucha ingeniería contable para maquillar? Posiblemente mucha menos de la que dicen los suspicaces, que harían bastante mejor en orientar sus sospechas y maledicencias hacia la Administración periférica (Autonomías y Municipios), que viven en un auténtico limbo estadístico.

Pero más allá de las tripas de las estadísticas oficiales del Estado (insisto, sólo del Estado, porque de Autonomías y de Ayuntamiento nada se sabe a estas alturas del año, cuestión desde luego bastante grave en una crisis como la actual), lo que interesa en una primera lectura es constatar la mejora radical del déficit, la sensación de que es posible bajarlo hasta el 6% del PIB a final de año en un esfuerzo sin duda encomiable (el año pasado fue el doble), esfuerzo que los numerosos ojos que nos observan valorarán en su justa medida y que el impacto positivo en los mercados ha sido bastante inmediato y desde luego positivo. El diferencial de tipos de interés, que llevaba unas pocas semanas subiendo, se ha frenado primero y ha comenzado a bajar después, ya que este miércoles ha cerrado sensiblemente por debajo de estos últimos días.

Las cifras de ejecución presupuestaria del mes de julio reflejan, como pueden, el aumento del IVA, que es ahora un poco más alto y cuenta por ello con mayor capacidad recaudatoria, aunque muchas compras posiblemente se anticiparon al mes de junio e incluso antes para eludir el pico de encarecimiento que se produciría a partir de la entrada en vigor de la subida. Además, muchas redes comerciales han encajado los aumentos a costa de sus márgenes, lo que ha facilitado la fluidez de las ventas sin que ello haya afectado a la recaudación impositiva de forma significativa.

Hay algunos detalles técnicos que los analistas han estado escrutando estas últimas horas, como el cambio de periodificación en las liquidaciones del IVA, que ha provocado un aumento artificial en las liquidaciones de estos últimos meses. Hay un impacto considerable en la recaudación del IRPF, en donde ya no cuentan las deducciones aquellas de los 400 euros, que tanta gracia le hicieron en su día a Zapatero y que con tanta razón fueron severamente criticadas como un acto electoralista y oportunista, que poco iba a procurar a la renta de los españoles y sí en cambio un serio quebranto a la salud de las cuentas públicas, una salud que ya hemos visto que interesa cuidar al máximo para no incurrir en serios problemas de financiación internacional.

Del lado de los gastos, hay reducciones interesantes en algunos capítulos ya conocidas, como los salarios del sector público. Por desgracia, hay gastos que se han reducido o no han crecido como deberían para demérito del resto de la economía, como los gastos de inversión, que justamente son los que necesita una economía en crisis para compensar el deterioro de otras partidas más ligadas al ciclo.

En suma, el recorte del déficit parece obedecer a una sana distribución de dinero entre las partidas del “debe” y del “haber”, es decir, tanto de los gastos como de los ingresos y ello sin alterar de forma excesiva (excepto la subida del IVA) la estructura de las tarifas fiscales. Tampoco ha sido necesario echar mano de esa permanente amenaza que esgrimen los ideólogos de la izquierda y de las que de vez en cuanto se hace eco Zapatero para desesperación de la vicepresidenta Salgado, esa disposición adicional que habla de sangrar más “a los que más tienen” o a “los que más ganan” mediante algún instrumento que de antemano se adivina de dudosa eficacia recaudatoria ya que parece tener exclusivamente un alcance testimonial.

Nota biográfica