Reggio’s

No deja de resultar un contrasentido que el partido socialista pretenda presentar su debate sucesorio como un arma para la victoria electoral cuando, en realidad, es expresión de un miedo cada vez más generalizado a la derrota. Un miedo que no está alimentado tanto por las encuestas, abiertamente desfavorables desde mayo, como por la convicción de que el presidente del Gobierno no está a la altura. Con dos años de legislatura por delante, y un líder de la oposición que, como gran estrategia para llegar a La Moncloa, debe dosificar sus apariciones en público para que el electorado no se espante, nada estaría decidido. Pero a condición de que el presidente del Gobierno hiciera lo que los miembros de su entorno dan por descontado que no hará. Y no por hondas convicciones políticas, sino porque a la portentosa capacidad para cometer errores que ha demostrado une la peor de las actitudes para corregirlos: la de sostenerla y no enmendarla. Antes, confiado en una suerte que, según se decía, siempre le acompañaba; ahora, entregado a no se sabe qué extraño fatalismo.

No sólo las decrecientes expectativas electorales, sino también la percepción internacional sobre la situación económica de España exigirían enviar mensajes contundentes desde la presidencia del Gobierno, tanto en los equipos que se nombran al frente de las áreas ministeriales decisivas como en las medidas que se adoptan. Hasta ahora, sin embargo, la elección de los miembros del Gabinete, salvo rarísimas excepciones, no ha recibido mayor consideración que la de una pasarela bajo los focos en la que el artista se propone sorprender al público. Pero, además, sorprenderlo en todas direcciones, tanto por mantener en sus puestos a quienes, de entrada, ya tenían pocas cualificaciones para estar en ellos, como por sacar a escena a figuras inesperadas e, incluso, insólitas, como si se tratara de gastar un buen bromazo a los ciudadanos. El resultado es el que están reflejando las encuestas o emitiendo los foros internacionales como el de Davos: en cuanto las cosas han empezado a venir mal dadas, el presidente no ha podido proteger su credibilidad detrás del Gobierno porque él quiso que no hubiera un Gobierno capaz de protegerla, sino un colegio de figurantes en torno a su persona.

Se da por descontado que tendrá que haber crisis de Gobierno después de la presidencia de turno de la Unión Europea. Es decir, lo que se imaginó como la gran ocasión para que el Gobierno retomase la iniciativa frente a un Partido Popular que se echa en brazos de la demagogia en cuanto se olvida de callar para no asustar, como se ha visto en sus escalofriantes discursos sobre la inmigración o la cadena perpetua, se ha convertido, sin embargo, en un nuevo motivo para la parálisis. La urgencia de actuar se ve impedida, en efecto, por el hecho de que nada puede hacerse hasta después de la presidencia europea. Y las dudas acerca de lo que el presidente del Gobierno haga entonces son las que, se reconozca o no, están alimentando el runrún sucesorio dentro del propio partido socialista. Si se mantiene en sus caprichos anteriores para formar equipos, aunque para justificarlos recurra de nuevo al ortegajo de las generaciones o a la exhibición ostentosa de la paridad, no sólo su credibilidad recibirá otro golpe, sino que quedará más indefensa ante los muchos contratiempos que pueden producirse hasta las próximas elecciones.

En cualquier caso, ni dentro ni fuera del partido socialista tienen sentido las dudas acerca de quién debería ser el candidato en 2012. Debería seguir siendo el mismo, entre otras razones porque gran parte de lo que vaya a suceder entonces podría quedar zanjado con las decisiones que adopte a partir del 30 de junio en relación con la, al parecer, inevitable crisis de Gobierno. En lugar de fomentar las incertidumbres sobre el cartel de las próximas elecciones, o de poner en circulación la fantasía de que, bien usada, bien ajustada al comodín del “manejo de los tiempos”, esa incertidumbre podría ser un arma, los dirigentes y militantes más conscientes y capaces del partido socialista tendrían otros asuntos de los que preocuparse. Primero, de que el próximo Gobierno no se parezca ni de cerca ni de lejos a los anteriores y, segundo, de que las listas electorales para 2012 no sean víctimas de la jibarización que la actual dirección ha llevado a cabo en todas las instancias políticas que controla. De eso dependerá la mayor exigencia al Gobierno en caso de nueva victoria, como también una gestión de la derrota con más posibilidades si finalmente esa victoria no llegase.

En lugar de ser Europa la que nos disciplina, son los mercados internacionales los que nos amenazan

Debe de ser muy duro anunciar un plan de ajuste de 50.000 millones de euros y el retraso de la jubilación hasta los 67 años y no poder echarle la culpa a la Unión Europea. Si Europa no sirve para hacer reformas y endosar el coste a Bruselas, ¿para qué sirve? No es de extrañar que la clase política esté harta de ella. Europa no es lo que era.

No es que en este país no estemos acostumbrados a los despidos, reconversiones y recortes presupuestarios. Pero los predecesores de Zapatero siempre pudieron ligar la necesidad de sacrificios a algún objetivo colectivo relacionado con la UE. Durante la Transición fue la perspectiva de adhesión a la UE, decisiva a la hora de lograr la concertación social. Luego, las obligaciones derivadas de la adhesión, a las que se añadió la consecución del mercado interior. Más tarde, la necesidad de lograr cumplir los criterios de convergencia que nos permitieran entrar en la unión económica y monetaria. Y por último, las obligaciones derivadas de la pertenencia al euro.

Todas esas reformas impusieron importantes sacrificios y no fueron llevadas a cabo sin contestación interna. Sin embargo, su envoltorio era irreprochable por cuanto hacían posible una modernización política, económica y social de España con la que los españoles se identificaban plenamente. Europa era el destino manifiesto de España, el elemento central de la nueva identidad nacional de la España democrática que volvía al mundo tras el aislamiento franquista.

Como consecuencia de estar continuamente expuesta a sucesivas crisis y ajustes, España desarrolló una cultura de reformas de la que otros países carecían. Y no se trataba sólo de Portugal, Italia o Grecia, sino también de Francia o Alemania, donde a menudo se exasperaban con su rigidez y contemplaban con envidia nuestra flexibilidad a la hora de emprender reformas. Por eso, al comienzo de la crisis, muchos daban por hecho con resignación un duro plan de ajuste que, sin embargo, no llegó. Hay quienes reprochan ese proceder al optimismo antropológico de Zapatero; otros lo achacan a un miope cortoplacismo político del Gobierno y el PSOE en su conjunto; y también están los que defienden que la gravedad de esta crisis ha desbordado cualquier previsión y capacidad de anticipación. Pero la verdadera pregunta es si esa cultura de reformas está todavía ahí o, dicho de otra manera, si la conflictividad social que no hemos visto hasta ahora romperá al imponerle el corsé de un ajuste tan duro como tardío y contradictorio con todos los mensajes de optimismo anteriores.

El problema es que, ahora, en lugar de ser Europa la que nos disciplina, son los mercados internacionales los que nos amenazan. Y lo hacen a su manera: despiadada, fea, torpe y desagradable, con diagnósticos y pronósticos que más que evaluaciones económicas parecen juicios de valor sobre nuestro carácter nacional. Los mismos mercados internacionales que, dirigidos por los mismos gestores, nos han llevado al abismo sin mácula alguna de autocrítica, despliegan ahora otra vez sin pudor alguno toda la cartelería de los estereotipos para el sur de Europa.

Desde Islandia a Grecia, pasando por España, vender unas reformas tan duras sin más percha de legitimidad ni objetivo colectivo que la mera supervivencia en el mar de la globalización económica no va a ser fácil. Que toda esta devastación laboral se haya saldado sin una sola sentencia judicial ni sanción administrativa plantea un importantísimo problema para las democracias. Como el propio Obama está experimentando, la globalización, como sujeto de derecho abstracto, no ha comparecido para ser apercibida, así que todo apunta a que el ajuste de cuentas recaerá sobre la esfera política. Dicho de otra manera, jubilarse a los 67 puede tener muchas justificaciones, pero es probable que muchos ciudadanos quieran que alguien pague por ello.

No es de extrañar que los Gobiernos aprieten los dientes, atrapados como están entre el diferencial de la deuda y las próximas elecciones: hacer pagar a los mercados por la crisis restauraría la legitimidad del sistema político, pero alimentaría una cultura anti-mercados que podría tener graves consecuencias proteccionistas.

Ahí es donde Europa aparece, o mejor dicho, desaparece. Aunque sea cierto, decir con las actuales cifras de paro y déficit que Europa ha servido para que la crisis no sea mucho más grave no es de mucha ayuda. La presidencia española ha arrancado con unas propuestas de Zapatero de establecer nuevos mecanismos vinculantes (incluso sanciones) a los Estados que incumplan las nuevas orientaciones de política económica que se establezcan. Pocos fuera de España han entendido o compartido estas propuestas. Pero no es tan extraño que Zapatero esté deseando que Europa nos vuelva a amenazar con sanciones: atrapados como estamos, la princesa siria raptada por Zeus (aunque reconvertida en madrastrona con los años) es mejor que la globalización descarnada. Otra cosa es que si realmente sabemos lo que tenemos que hacer, necesitemos la tutela de Europa para salir del atolladero.

jitorreblanca@ecfr.eu

A FONDO: ESPAÑA EN CRISIS / LA OPINION

Se acabó la fiesta. Punto final a la demagogia que pretendía hacer creer que la crisis no iba a afectar al Estado de Bienestar; o sea, a las clases medias y a los más desfavorecidos.

No había más remedio que aplicar recortes a las pensiones y al gasto público. España no aguanta más, ha perdido su crédito ante los mercados internacionales. El peligro es que estábamos a punto de ser considerados internacionalmente como Grecia. O, lo que es lo mismo, que estábamos a punto de ingresar en la segunda división de la UE. Y eso en un año en el que hay que colocar en el exterior 525.000 millones de deuda: 225.000 millones de nuevas emisiones y renegociaciones del sector público y otros 300.000 de la banca.

Al temor del Gobierno a una subida sin precedentes del coste de la deuda se ha sumado el miedo a que Bruselas ponga en marcha la Europa de las dos velocidades, dejando fuera del euro a los países indisciplinados. Francia y Alemania, discretamente, ya están en ello.

Por ello, Zapatero acudió a Davos con un objetivo claro: dar un mensaje de austeridad. Allí anunció el paquete de recortes de 50.000 millones de euros que aprobó el pasado Consejo de Ministros y ratificó el compromiso de rebajar el déficit al 3% del PIB en tres años, como impone el Pacto de Estabilidad.

El viernes, el diario The Wall Street Journal publicaba unas declaraciones del primer ministro griego, Giorgos Papandreu: «Los mercados no están seguros de nuestra credibilidad. Lo que yo digo es que nos den una oportunidad».

El recorte del déficit anunciado en Davos por Papandreu coincidía con el de Zapatero. Y también con el de otros países candidatos a caer en esa segunda división: Portugal, Irlanda, Chequia y Rumania.

Justo cuando el presidente hacía su anuncio en la ciudad suiza, alguien filtró en España la auténtica bomba: el Gobierno pretendía alargar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años.

¿A quien se le ocurrió la idea? Da la impresión de que alguien pensó en acumular todas las malas noticias en un solo día: paquete de recortes, reforma de las pensiones, terrorífico dato de la EPA y anuncio de que el déficit público se ha disparado en 2009 hasta el 11,4%.

Para que el anuncio del Gobierno tuviera una justificación técnica, el Instituto Nacional de Estadística, fuera de su calendario habitual, presentó el jueves los datos de la pirámide de población que muestran la cruda realidad: en 2050 habrá un tercio de mayores de 65 años y sólo estará en edad de trabajar la mitad de la población.

Sin embargo, ese dato ya era conocido por los servicios de estudios. El gobernador del Banco de España lo utilizó hace unos meses para pedir el alargamiento de la edad de jubilación y Corbacho contestó que el Gobierno no tenía previsto hacerlo. Un dirigente de UGT, envalentonado, mandó a Fernández Ordóñez «a su puta casa».

No hace falta remontarse mucho tiempo para darse cuenta de que el cambio radical en la política del Gobierno ha sido repentino, provocado por causas ajenas a su voluntad y que tienen que ver con el deterioro de la imagen del Reino de España como acreedor en los mercados financieros.

Recordemos como tituló en su portada El País la entrevista con el presidente del Gobierno el 17 de enero: «Siempre he apostado por una respuesta social a la crisis».

El sábado, sin embargo, ante el Comité Federal del PSOE, Zapatero explicó la reforma de las pensiones como una muestra de «responsabilidad con el futuro de España».

El problema para el presidente es que, durante los últimos meses, ha basado toda su política en que la crisis no iba a suponer recortes sociales. Que su Gobierno era la garantía para proteger a los trabajadores de los recortes que pretendía la derecha.

Ese discurso ya no vale. La realidad se ha impuesto de una forma cruda y amarga.

La imagen de Zapatero como un dirigente que no dice la verdad o bien no quiere reconocerla (como sucedió con la crisis económica) se ahonda y daña de forma irreparable su credibilidad.

Más aún cuando el Gobierno aprueba la mayor reforma del sistema de pensiones desde que se constituyó el Pacto de Toledo (1995) por la puerta de atrás y sin ningún debate. Pasando del no se preocupen porque sus pensiones no corren peligro al recorte porque el sistema puede venirse abajo si no se cambian las reglas.

Esa sensación de improvisación en un asunto de este calado proyecta a los ciudadanos la sensación de que Zapatero está desbordado por los acontecimientos. Es decir, que no es la persona adecuada para un momento tan delicado. Sensación que, para su desgracia, no tienen sólo los votantes del PP, sino muchos votantes del PSOE.

La reforma de las pensiones (muchas de las medidas del documento aprobado el viernes son acertadas) requería de cirugía fina, de un planteamiento sereno. Y, por supuesto, de consenso.

El viernes, durante el Consejo de Ministros, se puso sobre la mesa esa sensación de desbordamiento.

El titular de Fomento, José Blanco, fue acusado de filtrar a los medios el recorte de las pensiones. Algunos ministros cuestionaron abiertamente (¡qué diferencia con la mansedad del Comité Federal!) la forma en que se había presentado un asunto tan crucial y que afecta directamente a la base votante del PSOE, los asalariados.

Los más críticos le dijeron al presidente que, en lugar de plantear primero la necesidad de la reforma (el sacrificio necesario para garantizar que dentro de 30 años los pensionistas tengan una cobertura similar a la de ahora), se ha transmitido el mensaje del alargamiento de la edad de jubilación, lo que ha provocado el justificado cabreo de los que se van a jubilar en los próximos años con el Gobierno.

De nuevo, la política de comunicación del Ejecutivo se cuestionó, así como la coordinación entre ministerios, que, también en este caso, ha brillado por su ausencia.

El esfuerzo de pedagogía que va a tener que llevar a cabo Zapatero es enorme. Y eso, a dos años de las elecciones generales, a poco más de uno de las municipales y autonómicas y a unos meses de las catalanas.

Mal momento para buscar consenso. Ni el PP ni CiU se lo van a poner fácil. Y los sindicatos, que hasta ahora han sido aliados de Zapatero, no tienen más remedio que oponerse. Si no quieren perder toda su credibilidad ante los trabajadores.

casimiro.g.abadillo@elmundo.es

© Mundinteractivos, S.A.

LA ESCOPETA NACIONAL

El Gobierno acaba de anunciar lo inevitable. Cuando un país se prepara para generar en tres años (2008, 2009 y 2010) un déficit superior a 250.000 millones de euros -casi la recaudación de los impuestos del Estado en dos ejercicios enteros-, no queda más remedio que reconocer que nuestra teórica riqueza se ha esfumado. La rebaja de las pensiones no sólo no puede esquivarse, sino que debe aplicarse con premura.

Pero el inicio de los recortes sociales no puede ser asumido por la población sin más. Especialmente porque tras las pensiones, es probable que los tijeretazos lleguen a la sanidad (con un déficit generado en cinco años de 10.800 millones). No se trata de ajustes temporales. El envejecimiento de la población cabalga en cabeza de la UE y eso significa que los problemas para pagar la jubilación y la sanidad seguirán creciendo. Nos encontramos ante un giro profundo que golpea a unos habitantes a los que sistemáticamente se ha comprado el voto a cambio de un Estado del Bienestar eterno.

Es necesario que todas las piezas de nuestro esquema estatal sean sometidas a examen. Y una con más urgencia que ninguna: el Estado autonómico. La población puede asumir sacrificios, pero no sin zanjar una sangría de recursos que ha convertido a los políticos en una casta ajena a las crisis. Mientras España se sumerge en una bolsa creciente de más de 4,3 millones de parados, la deuda de las autonomías ha seguido una frenética escalada -con ritmos superiores al 30%-, que ha desembocado en una gigantesca bolsa de 84.000 millones de euros, la mayor de la historia.

Y se trata sólo de la deuda visible. Una red de sociedades públicas salpica las comunidades con el fin de sortear los controles y perpetuar el derroche. La descentralización hacia las comunidades se ha convertido en una gran estafa a los contribuyentes. Por cada sociedad pública disuelta por el Estado en los últimos 15 años las autonomías han engendrado siete, pasando de 455 sociedades a 807. Incluyendo fundaciones y consorcios, las entidades con presencia pública del Estado, autonomías y ayuntamientos superan las 3.800. Una sangría contagiosa que ha llevado a diputaciones y alcaldes a controlar la mitad de las sociedades mercantiles públicas. Y el avance del número de empresas regionales, pese a su escandaloso descontrol, ni siquiera alcanza su capacidad de exprimir a los contribuyentes: desde 1998 su deuda se ha multiplicado por 7, hasta los 14.000 millones.

Es hora de hablar de las autonomías. De su descontrol y de una legislación que permite a los nacionalistas cambiar votos en el Congreso por gasto público. Su sangría no puede ser pagada con las pensiones.

© Mundinteractivos, S.A.

Dos líneas rojas deberían presidir el debate sobre la inmigración. Dos líneas que delimitan la carretera democrática. Dos líneas que configuran el curso político y moral de nuestra sociedad, fundada en los derechos humanos, hija de una Ilustración, heredera del humanismo grecolatino y judeocristiano. La primera línea nos recuerda el principio básico de nuestra civilización: que reconoce siempre, en cualquier circunstancia, sin excepción, la inalienable dignidad de todo ser humano. Esta frontera nos protege a todos de un peligroso delirio: “La tentación de la xenofobia”. Arrastrado por este delirio, el ser humano pierde la razón y se entrega a la bestia instintiva.

La segunda línea roja obliga a reconocer los límites de la realidad, a tener en cuenta los costes de un fenómeno que en menos de 15 años ha transformado nuestro paisanaje. Esta segunda línea debería protegernos de otro delirio: “La tentación de la inocencia”, que nos deja en manos de un sentimentalismo más que infantil o iluso: irresponsable. Si la bestia del instinto posee al que se olvida de la herencia humanista de nuestra cultura, otra bestia posee al que se deja tentar por la inocencia: el avestruz. Seducido por la tentación de la inocencia, el avestruz hunde su cabeza en la arena, en lugar de observar con lucidez la complejidad de lo real.

Los que traspasan estas líneas rojas parecen pertenecer a bandos opuestos. Se complementan. Son vasos comunicantes: los que temen, desprecian u odian al extranjero necesitan a los que vocean sin cesar sus sentimientos de amor universal, pues estos últimos bloquean el debate e impiden hacer políticas de inmigración realistas. Cuanto más retóricamente idealista sea el relato de la inmigración, mejores oportunidades tienen los xenófobos de romper nuestros muros de contención humanista.

No es verdad que, como afirmara Felipe González, los inmigrantes han sido un gran negocio para todos. Han generado beneficios y costes. La llegada masiva de inmigrantes ha favorecido a los empresarios, que han podido abaratar el precio de los salarios. Ha favorecido a las clases medias, que han encontrado ayuda doméstica y cuidados para niños y ancianos en unas condiciones excepcionalmente ventajosas. Los recién llegados han contribuido a sanear las cuentas del Estado y de la Seguridad Social.

Han impulsado el repunte (ahora en crisis) de la industria del pequeño electrodoméstico y del coche de ocasión. Y desencadenaron el impulso dominó del boom de la construcción (ellos accedían a los peores pisos y empujaban a los vendedores hacia un nuevo estatus).

Pero su llegada masiva ha perjudicado a los más desfavorecidos de los autóctonos: sus salarios se han estancado, y sus pisos perdieron valor incluso en los años del ladrillo de oro. Inmigrantes y autóctonos han competido por el trabajo y deben repartirse las estrecheces en el espacio urbano, escolar y sanitario. Estrecheces que enfatizan las diferencias y contribuyen a crisparlas.

La política social compensatoria ha sido insuficiente. Y ahora lo es más: compiten en plena crisis por ayudas a todas luces insuficientes. La llegada masiva de los inmigrantes, en otro orden de cosas, altera los frágiles equilibrios catalanes. Está influyendo en los usos lingüísticos y pueden acelerar (que no causar) el fin de la tradición cultural autóctona. El miedo de los sectores más débiles (sea en lo social, sea en lo cultural) es el caldo de cultivo en el que cunde la xenofobia. Es por ello fundamental no crear alarmismo. Pero tampoco rasgarse las vestiduras ante cualquier intento de reflexionar sobre el fenómeno en términos de sostenibilidad. El Ayuntamiento de Vic cometió un error (repito: un error). Quería llamar la atención sobre un fenómeno que recae sobre sus frágiles espaldas de administración de trinchera, pero descargó el peso sobre las víctimas: los inmigrantes clandestinos, cuya presencia en nuestro país el Gobierno tolera a condición de que vivan en clandestinidad.

Ante el fenómeno migratorio, los ayuntamientos tienen todas las obligaciones, pero carecen de medios y poder real. La llamada de atención debía de haberse producido, no negando el padrón (es decir: negando la humanidad al invisible), sino denunciando la doblez del Gobierno (ante un tribunal internacional, por ejemplo). Un Gobierno que les cierra el paso, obligándoles a una existencia oculta, pero que después acepta cínicamente el empadronamiento como muestra de arraigo.

Los medios políticos y periodísticos que se han rasgado las vestiduras conocen o deberían conocer la seria respuesta del Ayuntamiento de Vic al reto de la inmigración, una respuesta contrastada por los años. El alcalde de Vic ha errado la fórmula de su alarma, de la misma manera que la alcaldesa de Cunit, con su práctica del apaciguamiento, creyendo de buena fe que protegía al colectivo magrebí, en realidad sacrificaba los derechos de todas sus mujeres a un fanático fundamentalista. El tema de la inmigración es tan difícil, que uno estaría tentado a exclamar aquello de “quien esté libre de culpas que tire la primera piedra”. Pero se han tirado muchas piedras contra el tejado de Vic. Y muchos de los apedreadores son -quizás sin saberlo- estos angelicales compatriotas que exhiben en público su bondad, ignorando que los grandes incendios de Europa los empezaron, no solamente los más pérfidos, sino también los más cándidos.

La emigración es un problema. Negarlo como hace Zapatero tendrá las mismas consecuencias que haber negado la crisis económica: nos conducirá a una situación crítica de difícil salida. El problema surge del choque entre dos tipos de principios y derechos. Por un lado están los principios inherentes al hecho de ser persona: el poder emigrar del propio país, y ser tratado en cualquier lugar del mundo de acuerdo con aquella condición, con independencia de la posesión de la ciudadanía. Pero a su vez la sociedad receptora es portadora de otro tipo de derechos personales y colectivos que deben ser respetados.

La respuesta a un conflicto que nace de principios enfrentados es siempre idéntica. Debe buscarse la armonización entre ambos para atenuar el choque. Esto exige asumir con realismo y con capacidad integradora las mutuas incompatibilidades.

El Gobierno ha optado por todo lo contrario. En lugar de armonizar ha construido dos polaridades legales que contraponen los derechos de unos y otros, concretándolo jurídicamente de manera reduccionista y caótica. Ha añadido a este desastre conceptual y técnico la crónica incapacidad del Estado para hacer cumplir sus propias leyes. Usa el padrón para un fin espurio; para validar los derechos como personas de los inmigrantes, el acceso a la sanidad, la escuela y la demostración del arraigo. Lo que fue concebido en 1997, gobernando el PP, con estrictos fines estadísticos cuando la inmigración era una anécdota, el Gobierno lo ha convertido en portador de los derechos personales de los inmigrantes. Al otro lado, la ley de Extranjería, convertida en instrumento de defensa de los derechos de la sociedad receptora. Resultado: una brutal e inhumana paradoja. El ilegal puede residir legalmente, pero tiene prohibido trabajar, y teóricamente salir de casa, pues si lo hace puede ser detenido en plena calle y expulsado.

El alcalde de Vic ha tenido el valor y el acierto de mostrar las raíces del problema, avalado por la trayectoria de una ciudad que ha destacado en el buen trato a la inmigración. Las causas del conflicto son evidentes y la necesidad de elaborar un nuevo marco legal también. Su misión es armonizar los dos tipos de derechos contrapuestos, y cuestión decisiva dados los vicios de España, disponer de los medios necesarios para su cumplimiento.

josepmiro@e-cristians.net

La reciente Conferencia de Londres sobre Afganistán tiene una importancia considerable, que nadie pone en duda pero que hay que evaluar con detalle, más allá de los titulares que genere estos días. La razón es bien simple: ni debe ser analizada desde el punto de vista coyuntural (la situación actual en Afganistán, medida en términos de días o semanas), ni es un hecho aislado o la primera conferencia de este tipo.

En efecto, para bien medir sus posibilidades o su rendimiento, habrá que esperar un tiempo. Pero está en la línea de una serie de grandes conferencias internacionales sobre Afganistán que se han desplegado a lo largo de los últimos años. Intentar evaluar el rendimiento de esta dimensión concreta del conflicto afgano –la de las conferencias internacionales que ha producido– no es algo que genere grandes titulares (al menos de manera duradera, más allá de los días que dure la reunión), ni desde luego una cosa que apasione o movilice a una opinión pública que tiene otras preocupaciones tanto en Europa como en el resto del mundo.

Y, sin embargo, dos cuestiones merecen ser resaltadas. La primera es que estas conferencias ponen de relieve un fuerte compromiso de la comunidad internacional, y este compromiso se ha sostenido en el tiempo: casi diez años. De esta voluntad de compromiso, hablemos claro, no se deriva necesariamente que todas las decisiones que se han tomado en estos años sean las más eficaces, justas y resolutivas que quepa imaginar. La justeza de una causa no avala o hace necesariamente buenas las políticas que los actores implicados desarrollan para tal fin.

La segunda cuestión tiene que ver con la novedad o rasgo específico de esta Conferencia de Londres. Teniendo muchos elementos de continuidad con las anteriores, y sobre todo con las orientaciones de los últimos dos años, esta Conferencia quedará como aquella en la que claramente se ponen sobre la mesa algunas cuestiones básicas. En síntesis: el tema de fondo es el de fijar (y por tanto explicitar) “una estrategia de salida” –“Exit Strategy”– sin determinar necesariamente fechas exactas, pero desde luego “temporalizando” esta última fase de la intervención internacional. Cierto que los aliados debatirán sobre la (in)conveniencia de fijar una fecha de salida, porque ello es dar argumentos innecesarios a la insurgencia, etc. Pero ello se viene haciendo desde hace un tiempo, cuando algunos países han ido diciendo que el compromiso clave es 2010, que a partir de 2011 se va a proceder a una “reducción progresiva” de efectivos, y todo ello en función de los avances en materia de “afganización”. Lo han hecho Canadá, Holanda, recientemente Alemania, y por cierto, también Estados Unidos.

Esta “estrategia de salida”, por tanto, sale de la Conferencia de Londres no como una fecha límite, sino como la confirmación expresa de que se está (o se ha entrado) en la última etapa de la intervención de la comunidad internacional en Afganistán, al menos tal como la hemos conocido desde 2002 hasta la actualidad. Pero de ello no debe deducir nadie que el cierre de esta etapa comporte una desvinculación pura y simple de la comunidad internacional con Afganistán. Un “apaga y vámonos”, como hizo la URSS en 1989 cuando el general soviético Gromov abandonó (quiso ser simbólicamente el último soldado de la URSS en hacerlo) Afganistán.

Cómo definir la etapa posterior, el tipo de presencia y compromiso que habrá que mantener con Afganistán es algo que está por hacer, pero en lo que la comunidad internacional debiera estar trabajando ya. Y por cierto, Naciones Unidas, la propia Unión Europea, serán probablemente requeridas con mayor intensidad si cabe.

Pero volvamos al debate actual. Esta Conferencia de Londres se ha centrado en varios aspectos, y como suele suceder muchas veces, los titulares se han quedado con el más llamativo de ellos: negociar con los insurgentes. Esto no es nuevo, y era una obviedad, pero hasta que lo han dicho los generales Petraeus y McChrystal parecía que no sucedía. Falso, Arabia Saudí ya ha mediado en alguna ocasión, y a escala provincial y de distrito se ha hecho en muchos sitios en los últimos dos o tres años. La fragmentación de la propia insurgencia, su heterogeneidad, debe ser vista paradójicamente como una oportunidad. Si fuera una estructura piramidal, rígida, muy jerárquica, y estuviera bajo la férula de Bin Laden, no valdría la pena ni pensar en ello. Pero las fuerzas y grupos insurgentes en aquel país son tan heterogéneas como la propia composición social y cultural de la población afgana.

Esta cuestión tiene relación con la “afganización”, pero no sólo como transferencia de “capacidades de seguridad militar y policial”, sino más allá. En lo social, en lo económico, a nivel de gobierno local. Y aquí el término clave es “gobernanza”. En suma, invertir y apostar en aquello que “restaure” más que “instaure” (como modelo “importado”) formas de relativa estabilidad política y social. Ello implicará cosas que no son fáciles de aceptar (un cierto grado de clientelismo, de corrupción, la condición de la mujer, y otras malas noticias). Y esto a su vez deberá apoyarse en una “regionalización en serio”: incluir realmente a los países vecinos, a las ex repúblicas soviéticas colindantes, China, y en particular Irán, en la gestión del proceso, aunque la situación en Pakistán siga siendo inestable.

En realidad, desde Bonn (2001) hasta Londres (2010), el repaso de las propuestas de la Conferencia de Londres de 2006 (The Afghanistan Compact), la Cumbre Otan de Bucarest (2008), la Conferencia de París (2008), el anuncio en enero de 2009 de la Nueva Estrategia para Afganistán por Barack Obama (no tan nueva, por cierto) y la Cumbre OTAN de Estrasburgo-Khel de 2009, el elemento básico de continuidad es un proceso de aprendizaje de casi diez años que se resume así: Afganistán es mucho Afganistán, no tiene soluciones mágicas, y lo que hay que definir es un estatuto final que Ahmed Rashid llama “back to a minimal state”. Que ya existió, y que hay que restablecer.

Pere Vilanova es catedrático de Ciencia Política (UB) y analista en el Ministerio de Defensa.

El optimismo acompañado de diagnósticos irreales, a la postre, defrauda. Es lo que ha ocurrido con el optimismo conformista del Gobierno que empezó por negar la existencia misma de la crisis para minimizarla después y afirmar que la actividad económica repuntaría a lo largo del pasado año, lo que evidentemente no ocurrió. ¿Tendrá lugar por fin en 2010, como ahora se dice, la prometida recuperación? En lo que sigue repasaremos algunos hechos que condicionarán la evolución de la actividad económica. Pues por mucho que se presente un futuro de color de rosa y que se soslayen los hechos más incómodos, estos seguirán ahí, condicionando la marcha del organismo económico.El primer hecho a resaltar en un diagnóstico veraz es que la burbuja inmobiliaria fue el motor que aceleró sobremanera el pulso de la coyuntura económica reciente en nuestro país y que ahora lastra su recuperación. El pinchazo de la burbuja no sólo ha dado al traste con la pujante actividad inmobiliario-constructiva y las plusvalías que animaban la actividad económica y la recaudación de impuestos, sino que deja como herencia un enorme endeudamiento privado y, finalmente, público. Ya que, tras haber devorado el ahorro interno, la burbuja se siguió financiando irresponsablemente con cargo al exterior durante los últimos cuatro años del auge, recurriendo a titulizaciones y deudas a largo plazo que hoy los mercados internacionales no admiten. Sobre todo si estas proceden de cajas de ahorros que mantienen créditos al promotor y morosidades bien superiores a los bancos.

Habría que anunciar que en 2010, además de proseguir la cadena de suspensiones de pagos de empresas inmobiliarias, será el año en el que las cajas tendrán que empezar a sanear su excesiva concentración de riesgos en el sector inmobiliario, acometiendo un proceso de reestructuración a gran escala que alterará el panorama financiero del país. La fusión de entidades –orientada a cerrar sucursales y reducir gastos– y la inyección de dinero público para reflotarlas tendrá dos posibles salidas. Una, la reconstitución de la desaparecida banca pública. Otra, la privatización de esos últimos vestigios de entidades público-cooperativas que son las cajas. La opacidad con la que se está acometiendo la operación sugiere que será esta última salida la que se acabará imponiendo.

En este contexto se debería advertir también que no cabe esperar un repunte significativo de la marcha de la coyuntura económica general. El consumo de los hogares no va a estar muy boyante con el aumento del paro, con la eliminación de desgravaciones y de subvenciones diversas, con el mayor crecimiento de los precios, con la subida de impuestos y tal vez del tipo de interés. Al igual que las potentes inyecciones de liquidez y apoyos públicos practicados hicieron repuntar las bolsas, el oro, los mercados de materias primas… y la compra de empresas, pero no la inversión productiva, ni el mercado inmobiliario, que en España seguirá durante largo tiempo purgando sus excesos. No, no cabe esperar ningún milagro para 2010. Lo mejor que puede pasar es que sea un año de estancamiento.

José Manuel Naredo. Economista y estadístico,

No hay debate. Por más que algunos quieran hacer de lo imprescindible objeto de discusión, no queda otra. El alargamiento de la edad de jubilación es una medida impopular pero inevitable. No sólo eso, ceteris paribus, es decir: todos los demás elementos de la ecuación de las pensiones como hasta ahora, devendrá insuficiente para mantener el sistema actualmente el vigor. Se podrá apelar a la mayor o menor improvisación en su alumbramiento, a si el parto debía haber sido sometido a la cesárea de un consenso previo o no, o a si era susceptible de incorporar un componente de voluntariedad que permitiera acogerse a tal medida a quien realmente así lo quiera, sin establecer un corte obligatorio en función de la cifra que figura en la partida de nacimiento. Pero lo que no admite objeción alguna es su necesidad, su imperatividad, su urgencia. Desgraciadamente hemos llegado a un punto en que es así. De hecho, si no se acometen una serie de medidas complementarias, los 67 años serán una broma: la falta de fondos para prestaciones provocará que haya que trabajar hasta el mismo momento de decir, con más sentido que nunca, adiós mundo cruel.

Es de todos sabido que la estructura de la Seguridad Social en nuestro país no deja de ser un ingente fraude piramidal, resultado de la implantación de un sistema de reparto y no de capitalización, según el cual, el dinero ingresado por las contribuciones de los que están en activo se destina a hacer frente a las prestaciones de los que necesitan el auxilio del Estado en forma de cobertura por desempleo, incapacidad o retiro, clases pasivas. La subsistencia de tal esquema se basa en la confianza. En la creencia de los que hoy aportan de que el fruto de sus sacrificios encontrará adecuada satisfacción cuando les llegue la hora. No hay cuentas individuales sino colectivas, basadas en un régimen de solidaridad cuya perpetuación requiere entradas constantes de dinero de forma paralela a sus salidas de las arcas públicas, única manera en la que la ilusión de estado del bienestar puede subsistir. El dilema se produce cuando, como consecuencia de la crisis y de la pirámide poblacional, no sólo se reduce el flujo de fondos entrante sino que se dispara el saliente, que es lo que ocurre en la actualidad. Con la propuesta de esta semana se pone un parche menor en un problema que pone en tela de juicio el entramado social actualmente en vigor y que requiere de algo más que iniciativas puntuales para su solución. Toc, toc, Moncloa, un Pacto de Estado llama a su puerta.

Uno, que es bastante melón para muchas cosas, trata siempre de aplicar el sentido común a su discurso. La experiencia me ha demostrado que con sólo introducir este criterio en el razonamiento, la probabilidad de error se reduce drásticamente. Desde ese punto de vista queda claro que podemos actuar, bien sobre las aportaciones, bien en las prestaciones, o sobre ambas a la vez. En relación con las primeras, puede ser que los mismos ciudadanos aporten más (un encarecimiento de costes que dificultaría a las empresas la salida de la crisis; una hipótesis sobre la que volveremos en el último párrafo) o que se incorporen más trabajadores al sistema contributivo. Esto, a su vez, puede darse de modo coyuntural, mediante una mejora del empleo que no permitiría per se, dado el fenómeno demográfico, solventar estructuralmente la cuestión. Para lograr permanencia hay que invertir el declive de fuerza laboral en España lo que requiere, en primer lugar, una política ordenada y sistemática de fomento de la natalidad, la gran olvidada de este debate. Algo que se encuentra en las Antípodas del, como casi siempre, incoherente predicamento socialista. Naciones mucho más progresistas que las nuestras han tomado el toro por los cuernos y han logrado aumentar sus tasas de nacimientos, logrando frenar la sangría reciente.

La alternativa a un discurso que algunos no dudan en llamar ultraconservador, y no van desencaminados ya que permite conservar lo que entre todos hemos logrado hasta ahora, se encuentra en la entrada de importantes flujos de población extranjera que ayuden a paliar el déficit ocupacional nacional. Un chorro inmigratorio que, si nos atenemos a las últimas estadísticas sobre reposición de puestos de trabajo en España en número suficiente como para mantener las prestaciones a una sociedad cada vez más envejecida y con mayor esperanza de vida, no debería ser inferior a 500.000 personas al año, suponiendo que hubiera empleo para todos ellos, cosa que en la actualidad, como bien es sabido, no deja de ser una quimera. En un escenario milagroso de vuelta al pleno empleo, eso sería lo que nos esperaría a la vuelta de la esquina: una sociedad multicultural de un tamaño tal en la que, o se sientan bien las premisas imprescindibles para su integración en la idiosincracia patria, o se encontrará en breve bajo la amenaza de su propia desintegración. No se obnubilen por la severidad de este discurso. Reflexionen sobre la veracidad de su contenido. Es que es eso lo que nos estamos jugando.

Hay que actuar por el lado de las entradas a la caja pero no hay que obviar que de poco sirve el esfuerzo en un lado de la ecuación si el importe al otro lado del igual crece exponencialmente. La actuación sobre las salidas de dinero requiere de la conjunción de tres elementos, en mi opinión, esenciales. Por una parte la lucha contra el fraude, como requisito previo para ahondar en actuaciones de mayor calado.  Se requiere efectividad y severidad a partes iguales. Los delitos sociales han de sufrir condena social proporcional al perjuicio causado. En segundo término, adecuación a la nueva realidad. La mejora en la esperanza de vida de los ciudadanos va acompañada de una mayor calidad de la misma, facultando que muchos jubilados actuales sean plenamente aptos para el desarrollo de tareas productivas. Es ahí donde entra la medida del gobierno, con las salvedades que hemos realizado en el primer párrafo de este artículo. (Inciso. Me sorprende que mentes pleclaras afirmen que eso quitará empleo a los jóvenes. Menuda confianza tienen en la capacidad de este país en crear puesto de trabajo. ¿O es que ya hemos tocado el techo laboral? Otro debate interesante). Por último, fomento de los complementos privados, sanitarios o de pensiones. Se trata de adecuar lo que es una realidad a la norma. Resulta completamente irracional la actuación de este gobierno contra los planes privados de pensiones, imponiendo un sistema de percepción a través de rentas y no en un solo pago. Una medida a revertir de modo inmediato dentro de un programa global.

Propone Jordi Sevilla en su blog, en un artículo al que llego a través de Nacho Escolar, sustituir las cotizaciones a la seguridad social por impuestos, en un movimiento fiscalmente neutro para ciudadanos y empresas pero que permitiría adecuar el esquema de aportaciones y prestaciones a la realidad presupuestaria del país, a la riqueza generada en el momento en el que se pagan. Una idea que se fundamenta en una previa, cuando menos, discutible y es que en el futuro seremos más ricos como nación y, por tanto, no habrá problema en financiar el estado del bienestar. ¿Qué le hace pensar que va a ser así? No me vale la premisa ni, por tanto, la conclusión. Sin embargo, son útiles tanto el esquema impositivo como la apelación a la riqueza. Desde mi punto de vista no queda más remedio que externalizar estado del bienestar a quienes puedan pagarlo, obligándoles a su vez a contribuir al bien colectivo de los que no pueden hacerlo. Fomentar el seguro obligatorio para determinadas contingencias que son carga social colectiva; capitalizar aquella parte del seguro médico privado no utilizado a futuro, de modo tal que, descontado el margen de las compañías, sea disponible en el momento de la jubilación o bajo determinadas circunstancias; hacer de los complementos privados de pensiones una alternativa a los públicos, de modo tal que permitan reducir hasta un mínimo las aportaciones individuales a la seguridad social y las prestaciones futuras. Y así sucesivamente. La solidaridad es una palabra fuerza, sobre la que a nadie nos es permitido pasar por encima. Sin embargo, no puede quedar invalidada cuando nos toca el bolsillo. Es hora de sacrificios, no de beneficios. inversión para el futuro. Buena semana a todos.

Más en http://twitter.com/albertoartero y la página de Alberto artero en Facebook.

¿Cómo nos puede seguir valiendo en el siglo XXI un instrumento corporativo de política social concebido a finales del XIX? Antes, en España, la sanidad también era una prestación de la Seguridad Social, como ahora las pensiones. Es decir, sólo accedían los trabajadores y se financiaba mediante cotizaciones. Luego, se convirtió en un derecho financiado con impuestos. Creo que ha llegado la hora de hacer lo mismo con las pensiones: de ser un sistema de seguro público financiado con cotizaciones, debe pasar a ser un derecho de ciudadanía financiado mediante impuestos generales. La demografía ayuda (seremos más viejos, pero más ricos) y el sentido común, también. Con ello, nos evitaríamos los actuales debates sobre recortes en las prestaciones.

Las proyecciones demográficas del INE ponen número a lo que ya todos sabemos: la población española será cada vez más vieja. A ello contribuyen dos factores: vivimos más tiempo y tenemos menos hijos. La inmigración estable y legal puede ayudar, como ha hecho en estos años, a cambiar este hecho. El envejecimiento de la población afecta a toda la economía y al conjunto de la sociedad. ¿Dónde quedarán las “planta joven” de algunos comercios? ¿Cómo serán los coches que conduzcamos de mayores con las limitaciones propias de la edad? ¿Podremos leer el tamaño de letra de los periódicos actuales? ¿Cabremos en los asientos de los aviones con nuestro reuma etc.?. Pero, sin duda, afecta al actual sistema de pensiones que se fundamenta en un principio: los activos pagan las pensiones de los trabajadores jubilados de acuerdo a unos baremos establecidos (edad legal de jubilación, años cotizados, cuantía de la misma, etc.).

Este sistema de seguros, creado por Bismarck a finales del siglo XIX y perfeccionado por Beveridge en 1942, plantea tres problemas: primero, deja sin cobertura de pensiones a todas aquellas personas que no han trabajado en el sistema productivo tradicional o no lo han hecho de manera convencional para cumplir los baremos; segundo, introduce limitaciones a la renta de sustitución (pensión máxima) que golpean a los trabajadores con sueldos elevados con alternativas en el mercado privado más rentables y tercero, hace depender todo el edificio sobre la cantidad de trabajadores convencionales que haya en cada momento.

Para evitar lo primero, se crearon las pensiones no contributivas, las de viudedad y las asistenciales. Para eludir lo segundo, se establecieron fuertes deducciones fiscales a los fondos privados de pensiones. Y, ahora, se nos plantea con fuerza la tercera restricción: si en el medio plazo habrá menos trabajadores cotizantes, habrá que alterar los baremos establecidos para que el sistema sea sostenible.

Yo planteo una ruptura con esa lógica propia de un estado corporativo (en realidad es un circuito cerrado de solidaridad solo entre trabajadores ya que la contribución empresarial es salario diferido) y de una economía industrial de “chimenea”. SEREMOS MAS VIEJOS, ES VERDAD, PERO TAMBIEN MAS RICOS COMO SOCIEDAD. Por tanto hay que romper la actual vinculación entre pensiones y salarios, pensionistas y trabajadores para VINCULAR PENSIONES CON RIQUEZA EN LUGAR DE CON TRABAJO. Es decir, hacer lo mismo que se hizo con la sanidad: convertir todas las pensiones en un derecho de ciudadanía que discrimina su cuantía en función de una serie de variables (necesidad, pero también, años trabajados) financiado no por los salarios de quienes trabajan (cotizaciones sociales) sino por la riqueza general del país.

Propongo una transición a veinte años que vaya reduciendo las actuales cotizaciones sociales a la vez que se crea e implanta un IMPUESTO GENERAL SOBRE EL GASTO vinculado al IRPF y a Sociedades y cuya base impositiva sería la diferencia entre lo ingresado cada año y lo ahorrado. Es decir, un impuesto sobre el gasto. Por otro lado, todas las pensiones se irían unificando en una sola cuya cuantía sería diferente en función de un número de variables que pueden incluir años trabajados, salarios percibidos o estado de necesidad.

Mientras sigamos dentro de la lógica actual, estamos abocados a propuestas de recorte como las presentadas por el Gobierno. Pero si miramos a nuestro alrededor y vemos que ni la economía, ni la sociedad de hoy tienen nada que ver con la de Bismarck (carreras profesionales discontinuas, periodos sabáticos, economía del talento, modelos variados de familia y de trabajador etc.) quizá concluyamos que el instrumento para asegurar las pensiones a los nuevos ciudadanos y no solo a los trabajadores de fábrica, no puede seguir siendo nuestra actual Seguridad Social. Al menos, a veinte años vista. LAS PENSIONES NO PUEDEN DEPENDER DE CUANTOS TRABAJEN SINO DE CUAN RICOS SEAMOS COMO PAIS, dado que las mejoras en productividad y la redistribución de la renta, permiten desvincular ambos lados de esa ecuación.

Creo que ese es el debate que merece un país moderno como España que no quiere mirar al futuro con las gafas del pasado. Y reconozco que hay mucho detalle pendiente. Pero el cambio de lógica, creo que es lo fundamental. No sé, ¿qué os parece?

Artículo publicado en el blog de Jordi Sevilla

En el análisis que hemos venido desarrollado en Sin Permiso /1, el “equilibrismo” del Gobierno Zapatero entre los distintos intereses fundamentales afectados por la crisis tenía un límite: la posibilidad de emitir y colocar deuda pública en los mercados globalizados. Se trataba de un margen de maniobra bastante amplio, porque a diferencia de la media de deuda pública de la zona euro, situada en el 90% del PIB, la deuda pública española está por debajo del 50%, a pesar de las medidas anticíclicas adoptadas en estos dos años de crisis económica, a través del Plan E, que han supuesto un déficit presupuestario del 11,4% del PIB. Es en ese margen en el que el gobierno intentaba conciliar el mantenimiento y estimulo de la recuperación de la tasa de beneficios y un gasto social que, a pesar de todo, se encuentra por debajo de la media de la eurozona. En sus propias palabras, “la modernización de la economía española y la cohesión social” /2.

Pero la colocación de deuda pública en los mercados financieros internacionales responde no solo a factores “objetivos”, como su coste en relación con el PIB, sino, sobre todo, a factores “subjetivos”. Es decir, de la apreciación por parte de esos mercados financieros de los posibles beneficios especulativos y de los factores de riesgo. No se trata sólo de un análisis “pasivo”, sino de la intervención en los mercados para favorecer el deterioro de las posiciones de la deuda y forzar un alza en los tipos de interés.

Eso es exactamente lo que está ocurriendo con la deuda pública española desde comienzos de este año, y su señal fue el artículo del Financial Times sobre la debilidad del liderazgo del Gobierno Zapatero al asumir la presidencia rotatoria de la Unión Europea y defender, con 4,3 millones de parados, una salida de la crisis manteniendo la cohesión social. El reciente encuentro de Davos ha multiplicado ese eco, gracias en buena medida a los empresarios españoles que han asistido a los debates /3.

Los supuestos inicios de la recuperación en el resto de los países de la zona euro y en EE UU han dejado atrás a España, Irlanda, Portugal y Grecia, en los que el modelo productivo basado en la construcción y mercados laborales con alta precariedad hizo que la crisis comenzase un poco más tarde, pero tuviera su propia dinámica por la caída de la construcción (7% del PIB en el caso español). Ese retraso en la salida de la crisis, a pesar de que el sector financiero español no tiene problemas estructurales –más allá de la batalla social y económica, por no hablar de política, por el control de las Cajas de Ahorros— hace que la deuda pública española se vea preterida a la de las economías que ya están supuestamente saliendo de la crisis, y sea castigada con intentos especulativos para imponer tipos más altos.

Un segundo efecto “psicológico” es la situación catastrófica de la hacienda pública griega, con un nuevo gobierno socialdemócrata, al que los mercados internacionales quieren quebrar e imponer un plan de ajuste neoliberal salvaje. Como ha dicho el nuevo gurú de la ortodoxia neoliberal, Nouriel Roubini, en Davos estos días, “si cae Grecia” –se supone que por no aplicar las medidas neoliberales y sufrir su deuda pública tipos de interés del 6,7%—, “es un desastre para el euro; pero si cae España, es una catástrofe”. No existe, a pesar de esta “frase- trampa”, el menor peligro de que “caiga” la economía española. Sí existe, por el contrario, la amenaza de que este esfuerzo coaligado de intereses capitalistas especulativos acabe imponiendo en España lo que quieren hacer en Grecia y obtener pingües beneficios con la deuda pública española.

Plan de ajuste y reforma de las pensiones

Dentro del Gobierno Zapatero, el sector más socio-liberal, que controla la administración económica, ha respondido a esta presión “psicológica” exterior proponiendo un plan de ajuste duro del gasto público y el aumento a los 67 años de la edad de jubilación. En realidad se trataba de propuestas preparadas desde hace tiempo, aconsejadas por el Banco de España y la Comisión Europea, que ahora han encontrado su momento. Aunque ninguna de estas dos medidas son inevitables ni imprescindibles, me atrevo a señalar que la primera -el plan de ajuste que tendrá efecto inmediato- es la más peligrosa y que en buena parte la segunda -que no se aplicaría hasta el 2013- tiene la función de cubrir mediáticamente a la primera.

El Plan de Ajuste supone un recorte del gasto público de más de 50.000 millones de euros -40.000 por el gobierno y el resto por las Comunidades Autonómicas y los ayuntamientos- para reducir el déficit fiscal al 3% del PIB en el 2013 y volver a la ortodoxia de los acuerdos de Maastricht. Supone un frenazo en seco a los estímulos económicos del Plan E, a pesar de que nos encontramos en el momento más duro de las consecuencias sociales de la crisis, con un paro de 4,3 millones de personas, que supone el 18,8% de la población activa. Además del recorte presupuestario previsto de 8.000 millones de euros en los presupuestos del 2010, aprobados hace escasamente un mes, se añaden ahora otros 5.000 millones. Como ha señalado Almunia: “el recorte va más allá de lo que pide la Comisión” (EP 30-1-10)

Zapatero, en su intervención ante el Comité Federal del PSOE, ha asegurado que el Plan de Ajuste no afectará al gasto social ni a medidas como el cheque-bebé, a las becas, o a la Ley de dependencia, ni tampoco a la ayuda oficial al desarrollo y a las partidas para I+D. Cómo habrá de ser todo ello posible, está aún por ver, sobre todo con la caída de la recaudación fiscal, no sólo a causa de la crisis, sino por los recortes fiscales del Gobierno, que han situado la presión fiscal en el 32,8%, una de las más bajas de la eurozona.

La propuesta de reforma del sistema de pensiones tiene por delante un largo debate en la Comisión del Pacto de Toledo, y parece lejos del consenso o de la mayoría parlamentaria necesaria para su aprobación, sobre todo mientras las cuentas de la seguridad social sigan en superávit. Sus efectos no comenzarían a notarse hasta el 2013 y con efectos plenos para los nacidos después de 1959. La amenaza de aumentar hasta los 20 años el periodo obligatorio de cotización o elevar la edad mínima de prejubilación de los 52 a los 58 años en los expedientes de regulación encontrará el rechazo no solo de los sindicatos, sino también de la patronal.

Una alternativa de izquierda a la crisis es posible

Es evidente que hay soluciones de izquierda en esta situación objetiva: aumentar la presión fiscal a los beneficios del capital hasta alcanzar una media europea superior en varios puntos a la española, hacer una reforma fiscal mas redistributiva, consolidar los bonos de la deuda pública obligando a los bancos españoles a comprarlos y a que formen parte de sus activos consolidados. Todas estas medidas neokeynesianas están perfectamente estudiadas desde los años 30. Son factibles, aunque implican conflictos sociales internos –con las grandes patronales de la banca y la CEOE— y a nivel de la UE. Pero consolidarían la base electoral de la izquierda y prepararían una tercera legislatura del PSOE con apoyo parlamentario de otras fuerzas más a su izquierda.

Por el contrario, la doble propuesta de plan de austeridad y aumento de la edad de jubilación son una sentencia de muerte para cualquier gobierno del PSOE, porque su efecto es una confrontación con los sindicatos, la disgregación y la pasividad del bloque social de las izquierdas a un años de las elecciones municipales y autonómicas y a dos de las generales.

El ala de centro-izquierda en el Gobierno y en el PSOE ha reaccionado frente a estas propuestas subrayando que solo se podrá aplicar la segunda “con el consenso de los sindicatos” (declaraciones de María Teresa Fernández de la Vega tras el Consejo de Ministros). Es decir, apuntando a la base social del Gobierno. Y es evidente que ni UGT ni CCOO pueden admitir esa propuesta. El Comité Federal del PSOE ha sido testigo de las criticas formuladas desde UGT hasta Izquierda Socialista, argumentando que una salida social-demócrata de la crisis exige no centrarse las medidas de recorte del gasto público, sino en la ampliación de la recaudación fiscal, sin que Zapatero haya recogido el guante del debate. Para el Gobierno era más importante mandar un mensaje a los mercados que responder a las bases sociales en las que se asienta su proyecto político.

La reacción de CC OO y UGT ha sido contundente /4. Pero desde la izquierda hay que hacer un esfuerzo en los próximos días y semanas para presentar los argumentos en contra de las medidas de austeridad presupuestaria. Desde el punto de vista estrictamente democrático, es una estafa que un mes escaso después de aprobar los presupuestos del 2010 –con el mayor apoyo político en los últimos cinco años— simplemente se reescriban y se impongan unas medidas de austeridad que se habían rechazado. Por otro lado, hay que replantear una alternativa de reforma fiscal en profundidad para atenuar el déficit presupuestario, que habrá que combinar con recortes en gastos públicos que no son sociales o de estimulo de la economía. Hay por delante una batalla importante, en el Parlamento y en la calle, incluida la movilización sindical.

De su éxito dependerá también el resultado de las elecciones autonómicas y municipales en 2011 y de las generales en 2012. Por eso es esencial apoyar a los sindicatos de clase en su respuesta al Gobierno, preparar una movilización unitaria de la izquierda, que incluya a los sectores de votantes del PSOE y del propio partido que se resisten a las políticas neoliberales del Gobierno, lanzar una batalla de ideas por una alternativa de izquierda a la crisis contra los especuladores internacionales e internos, que ponga por delante los salarios y el gasto social frente a los beneficios y las rentas.

Sin movilización, alternativa creíble programática y política de frente único no se podrá ganar esta batalla. Pero si no se gana, las consecuencias serán catastróficas, no para el euro, sino para las clases trabajadoras de todo el país..

NOTAS: 1/ G. Búster, Reino de España: la disyuntiva de la izquierda, Sin Permiso 6-9-09 http://www.sinpermiso.info/articulos/ficheros/coyuntura.pdf 2/ Intervención de Jose Luis Rodríguez Zapatero ante el Comité Federal del PSOE, http://www.psoe.es/ambito/saladeprensa/pressnotes/index.do?id=433459&action=View 3/ Claudi Perez, “España cotiza la baja en Davos”, El Pais 31-1-10 http://www.elpais.com/articulo/economia/Espana/cotiza/baja/Davos/elpepueco/20100131elpepieco_5/Tes 4/ Miguel Angel Noceda, “CCOO y UGT se rebelan contra el plan del gobierno”, El Pais, 31-1-10, http://www.elpais.com/articulo/economia/CC/OO/UGT/rebelan/plan/Gobierno/elpepueco/20100131elpepieco_3/Tes

Gustavo Búster es el heterónimo de un analista político madrileño, miembro del Consejo Editorial de SinPermiso.

www.sinpermiso.info, 31 enero 2010

¿Podría estar enseñándonos algo Italia? La pregunta la provocan las celebraciones –la verdad es que no hay otra palabra para denominarlas– del décimo aniversario de la muerte de Bettino Craxi esta [pasada] semana. El dirigente socialista, que fue primer ministro de Italia durante cuatro años en la década de 1980, murió en el exilio, fugitivo de la justicia. Había sido condenado por corrupción y financiación ilegal del partido a penas que ascendían a un total de once años de cárcel.

Se podría pensar que Craxi es un político que los actuales dirigentes de Italia preferirían muy tranquilamente olvidar. El primer ministro, Silvio Berlusconi, fue un destacado beneficiario de la protección del jefe socialista en sus últimos tiempos. Gracias a la intervención de Craxi pudo Berlusconi aferrarse a la red de televisión a escala nacional que había ido tejiendo haciendo caso omiso de la ley.

Sin embargo, lejos de esconder bajo la alfombra el recuerdo de Craxi, la clase dominante italiana se ha dedicado a rendirle homenaje. Nada menos que una figura como el presidente de la República, Giorgio Napolitano (antiguo comunista), escribió a la viuda de Craxi para comunicarle, entre otras cosas, que su marido había sido tratado con una “severidad sin parangón”. El jefe de Estado, una figura destinada a encarnar los valores de la nación, asistió a una ceremonia en el parlamento para conmemorar el aniversario de la muerte de Craxi.

En las semanas previas a la efémeride, Roma se vio salpicada de carteles que conmemoraban al difunto dirigente. Políticos a izquierda y derecha declararon por igual que Craxi había sido tan solo una víctima sacrificial (es decir, todos los demás hacían lo mismo, que fue la defensa propia que empleó Craxi en un discurso ante el parlamento antes de escapar a Túnez). Y a principios de este mes, en lo que es la señal más clara de su rehabilitación, la alcaldesa de su ciudad natal, Milán, hizo saber que se están llevando a cabo los preparativos para dar su nombre a una calle principal o a un parque.

Acaso no haya un episodio en la reciente historia de Italia que ilustre tan descarnadamente su tolerancia de las corruptelas y la ilegalidad. Pero mi intención no se centra en manifestar mi consternación o mi condena, sino en poner de relieve el hecho de que esto sucede en un país opulento y que pone en tela de juicio un supuesto que se tiene ampliamente por cierto.

Pues en lo que yo pueda recordar, sociólogos y economistas establecían una ligazón entre los niveles de corrupción y prosperidad. Durante muchos años parecían confirmarlo las clasificaciones. Límpisimas sociedades como Suecia gozaban de un elevado PIB per cápita.

Italia aparece como una excepción. Ahora mismo, después del último  reajuste de las tasas de cambio, es más rica que Gran Bretaña. Sin embargo, en el índice de percepción de corrupción elaborado por   Transparency International, figura en el puesto 63 de un total de 180 países, por debajo de Turquía, Cuba y varias naciones africanas, entre las que se cuentan Sudáfrica, Namibia, Cabo Verde y Botswana.

Conforme la Italia de Berlusconi, además, ha ido apartándose de los principios de moralidad pública que se consideran normales en el resto de Europa, se ha hundido en los baremos de clasificación. Figuraba en el puesto 55 de la tabla de Transparency International de 2008 y en el 41 el año anterior.

Quizás la correlación entre riqueza y decencia de la vida pública esté destinada a acabar donde esas otras verdades que se proclamaban con confianza: en el vertedero de la experiencia histórica. Solía decirse que las democracias no podían sobrevivir a la hiperinflación, hasta que llegó la prueba en contrario de Israel a principios de los años 80. Todavía hoy se suele oír a algún que otro experto de los raros que insiste en que una economía no puede crecer más allá de cierto punto sin que sus políticos se vean obligados a aceptar la democracia. Pero ahora se oye bastante menos, desde que la segunda mayor economía del mundo la dirige un partido comunista que no muestra signo alguno de querer renunciar al poder.

John Hooper ha sido corresponsal en el exterior para el diario británico The Guardian durante más de dos décadas, actualmente en Roma y, con anterioridad, en Madrid. Fruto de su estancia en el Reino de España fue The New Spaniards, obra de referencia sobre la política, sociedad y cultura del  postfranquismo.

Traducción para www.sinpermiso.info: Lucas Antón

The Guardian, 24 enero 2010