Reggio’s

La crisis de incumplimiento, de insolvencia y de impotencia del partido no se arregla con un apaño entre jerarcas, sino con un proceso constituyente para recuperar lo que se ha diluido y dotarse de ciertas reglas

Los partidos son instituciones básicas de la participación política. Pero en su funcionamiento interno están sometidos a un “régimen de excepción” que restringe el ejercicio de algunas libertades, desactiva controles propios de una democracia constitucional y contradice pautas de la representación política. La excusa es hacer más funcional la competición política, aunque en realidad sirve para blindar la posición de los que mandan en los partidos. Y mandan quienes imponen un tipo de intercambio clientelar: la permuta de adhesión política por puestos o gratificaciones particulares. Las consecuencias son previsibles y conocidas. Se sesgan las decisiones públicas para favorecer pretensiones privadas. Se alienta una selección negativa en la que cuenta como mérito la lealtad incondicional. De esta manera, quienes tienen que exigir cuentas son cooptados previamente por quienes tienen que darlas. Poco a poco una militancia profesionalizada suple a la voluntaria; la afluencia de ideas se sustituye por el aplauso. Al final, no queda más remedio que externalizar servicios como la producción de reflexiones y programas que se encargan a una nómina variopinta de expertos. Los partidos se convierten en instituciones zombis y despobladas.

Así las cosas, crece la disonancia entre lo que se cuenta fuera y lo que se cuece dentro, entre un relato público de legitimación y otro latente, funcional para el modus operandi que rige en el interior de los partidos. Mientras las cosas van bien, esta disparidad no escandaliza; como decía Maquiavelo, los hechos acusan y los resultados excusan. Pero cuando estos últimos no acompañan, una opinión pública inmisericorde diagnostica una triple crisis en el partido caído en desgracia. En primer lugar, una crisis de incumplimiento que evidencia la brecha entre lo que se predica y lo que en realidad se busca. Para camuflar esta inobservancia, los partidos recurren a racionalizaciones averiadas y hacen de la necesidad virtud, a lo que ayuda una clientela siempre dispuesta a decir amén. Y como el abuso de esos mecanismos distorsiona el campo de la percepción y dificulta asimilar información objetiva y externa, los partidos terminan siendo víctimas de una segunda crisis: la de insolvencia, muy notoria ante grandes cambios o fracasos sonados pues no saben qué les pasa ni por qué. Finalmente, atrapados en una dinámica de funcionamiento que invierte las prioridades institucionales y hace perder el norte, terminan padeciendo una crisis de impotencia que limita su capacidad de reaccionar para salir del punto muerto.

Aunque sea mal de muchos, no afecta a todos por igual. Perjudica más a los partidos que vinculan sus aspiraciones a razones de ética pública y a la capacidad del Estado democrático de convertirlas en realidad. Es decir, afecta más a partidos como los socialdemócratas cuando anotan fracasos como Gobierno o defraudan como partido. Y todavía más en la situación presente, en la que disponen de pocos recursos solventes a su alcance para reflotar las políticas de bienestar y están inermes frente a imperativos económicos que operan como si fuesen destino. Por eso los dirigentes del PSOE no se hacen cargo de la emergencia objetiva ni de su propia indigencia estratégica. Enfrentados a una situación tan crítica, no están en condiciones de encarar un debate franco a partir de una información apropiada que les ayude a procesar los problemas e identificar sus causas para intentar salir del atolladero. De ahí que hayan dado explicaciones tan poco verosímiles e inconsistentes sobre el descalabro electoral y que casi nadie se haya sentido responsable ni actuado en consecuencia. Al contrario, casi todos se ofrecen a pilotar nuevos proyectos, otro modelo de partido o lo que sea, con tal de seguir ahí a toda costa convencidos de que escampará.

¿Qué hacer para salir de este impassse? Desde luego, no improvisar un apaño entre jerarcas ni añadir cualquier novedad al repertorio. Y como no se puede rehacer en un fin de semana lo que se ha deshecho en años, este congreso, más que cerrar algo (en falso), debería iniciar un proceso constituyente. Lo llamo así para resaltar tanto el calado de la tarea como el sujeto llamado a protagonizarla. El quehacer es doble: recuperar lo que se había diluido y dotarse de reglas ciertas, algo inédito en todos los partidos. Para lo primero, la analogía con aquel congreso de Suresnes de 1974 puede valer. Al igual que ahora, entonces un PSOE desorientado se enfrentaba a un futuro de irrelevancia o centralidad. No estaban disponibles las recetas keynesianas de posguerra. Hubo que forjar itinerario propio, trazar un diseño ajustándose a las necesidades del país y valerse de ese criterio que suma realismo e impulso reformista. Cuando se actúa así, se suelen aprovechar las oportunidades de crear tanta justicia cuanta permiten el funcionamiento de la democracia y la economía, sin empecinarse en metas inviables o mal planteadas que empeoran los problemas. Esta manera de proceder ha distinguido a la socialdemocracia del resto de la izquierda, convirtiéndose en su apuesta más competitiva.

¡Recupérese el punto de vista genuino de la socialdemocracia¡ Y entonces no se darán bandazos, ni se rebuscará en el mercado de los principios a ver cuál agrada a la audiencia. Tampoco se caerá en el error de pretender ser más nacionalista, feminista o ecologista que cualquiera de los que han hecho de esas u otras franquicias la divisa de su propia identidad. Eso, además de avalar aquello que se corteja, es un síntoma de que uno no tiene nada propio que ofrecer. Ni habrá que resignarse al imperativo del “esto es lo que hay” ni tampoco escoltar a esa otra izquierda que con una gran niñez mental corteja la rebeldía e informalismo de quienes, muchas veces con motivo, andan soliviantados.

Hay una segunda razón para abrir un proceso constituyente en el PSOE: la necesidad de reglas. La participación política se canaliza a través de los partidos, pero influir en ellos desde fuera del núcleo dirigente resulta pretensión tan razonable como imposible. Si las oportunidades de participar están secuestradas por un poder constituido, ¿cómo no evocar un poder constituyente capaz de revertir ese poder ilimitado? Esa relación fraudulenta entre vida de partido y democracia solo se supera trasladando a su funcionamiento más garantías procesales para el ejercicio de los derechos y la intervención, porque de ello resulta un poder más controlado y repartido.

¿Y quiénes pueden protagonizar este proceso? Los que mueven los hilos para determinar los resultados del congreso están en otra cosa: el reparto de los remanentes del poder interno. No parecen estar en la disposición kantiana de “atreverse a saber”, poner las luces largas y fijar un horizonte de objetivos propios y precisos. No cabe esperar de ellos que tomen decisiones contrarias a sus intereses inmediatos. Ese es hoy el drama del PSOE: quienes deciden no tienen nada que decir y quienes tienen algo que decir no deciden. Así que para un cambio extraordinario hay que convocar a sujetos extraordinarios. Y estos son aquellos que, parafraseando al abate Sieyès en su memorable ¿Qué es el tercer Estado?, hasta ahora no han sido nada y desean ser algo, aquellos que quieren ser representados sin alienar sus derechos. Es la hora de los ciudadanos, de ese demos socialista alejado del trajín político interno, la hora de tantos socialdemócratas de convicción defraudados por una práctica política decepcionante. Si hubiera posibilidades de participar en serio, retomarían el compromiso sin convertirse por ello en “políticos de jornada completa”. A ellos afecta el porvenir de un partido que desde la Transición ha venido representando la posición en la que convergen una mayoría de españoles. También son PSOE; y sin su concurso, no se conforma una completa “voluntad general” de ese partido.

En manos de los delegados está que se inicie ese proceso. Una iniciativa razonable sería elegir una dirección de transición con el mandato de organizar en un año un congreso extraordinario que culmine dicho proceso y en el que participarían, en condición de compromisarios, una amplia representación de los afiliados (digamos, unos 2.000). En su elección y en las deliberaciones previas a ese congreso tomarían parte quienes se inscribieran en un censo habilitado a tal fin que fueran suficientemente representativos de los votantes. El objetivo es implicar a los electores en este camino de reforma e innovación. Que se abra esa puerta a la esperanza depende de la inteligencia política y el coraje cívico de los convocados al congreso de Sevilla.

Ramón Vargas-Machuca Ortega, catedrático de Filosofía Política, fue diputado del PSOE (1977-1993).

Resulta cada vez más evidente para todos que el desplome económico que comenzó a finales de 2008 no es un desplome económico cualquiera. Casi cuatro años después del principio de la crisis, las economías desarrolladas no han conseguido todavía iniciar una recuperación sostenible y hasta los países que se encuentran en mejor situación muestran síntomas claros de debilidad. Ante la certeza de que nos enfrentamos a una recesión en “W”, las dificultades que acosan a Europa son sobrecogedoras.

No solo es el hecho de que Europa corra peligro de sufrir daños económicos prolongados, sino que el altísimo paro de larga duración y el malestar popular amenazan con erosionar de forma permanente la cohesión de su tejido social. Y en el aspecto político, existe el riesgo muy real de que los ciudadanos dejen de confiar en las instituciones, tanto nacionales como europeas, y se vean tentados por llamamientos populistas, como en otras épocas anteriores.

Europa debe evitar esa posibilidad como sea. El crecimiento económico debe ser la máxima prioridad, porque el crecimiento es lo único que puede hacer que la gente vuelva a tener trabajo y Europa pueda pagar sus deudas.

Como es lógico, existe un debate abierto sobre cuál es la mejor forma de lograr la recuperación. Los defensores de la austeridad alegan que la deuda tiene repercusiones negativas en el crecimiento, mientras que los partidarios de incrementar los estímulos responden que es el bajo crecimiento lo que genera la deuda pública, no a la inversa, y que las medidas de austeridad, en periodos de recesión, solo sirven para empeorar las cosas.

Ahora bien, no es necesario que los europeos estén de acuerdo en todo para encontrar una vía sobre la que sea posible llegar a un consenso. Podemos discrepar respecto a los efectos a largo plazo de las inyecciones de liquidez, pero podemos estar todos de acuerdo en que no está bien dejar que unas empresas rentables caigan en bancarrota porque los mercados de deuda no están funcionando. No tenemos necesidad de coincidir en materia de política fiscal para comprender que es más sensato fomentar las inversiones que ver cómo languidece nuestra estructura de producción. Y todos sabemos que es más rentable invertir en reeducar a los parados que permitir el desempleo de larga duración.

En cualquier caso, las dudas sobre las repercusiones negativas de las medidas de austeridad están empezando a ser imposibles de ignorar. La historia nos enseña que, en épocas de recesión profunda, es más peligroso retirar los estímulos económicos demasiado pronto que esperar hasta que ya es demasiado tarde.Un recorte excesivo del gasto público en las circunstancias actuales puede hacernos desembocar en una contracción del crecimiento, que ya está produciéndose: el Fondo Monetario Internacional prevé que la eurozona se contraerá un 0,5% en 2012. Las reformas estructurales son importantes para garantizar el crecimiento sostenible en el futuro, pero no generan crecimiento a corto plazo, que es lo que necesita Europa. Antes al contrario, a cambio de lograr unos mínimos avances en la reducción de la deuda, Europa está en peligro de causar un daño prolongado a sus posibilidades de crecimiento.

En comparación con lo que supone una nueva recesión, el coste a largo plazo de las políticas de estímulo es insignificante. En muchos países, los déficits presupuestarios actuales son consecuencia, no de que unos Gobiernos imprudentes hayan gastado demasiado, sino de las medidas adoptadas con carácter temporal para afrontar la crisis. Dado que los tipos de interés ya son bajos y el sector privado está desapalancándose, existen pocos riesgos de que haya unas políticas expansivas que provoquen inflación o acaben eliminando las inversiones privadas. Por el contrario, las reducciones del gasto pueden disminuir la actividad económica y, en lugar de reducir la carga de la deuda pública, aumentarla.

Además, tampoco hay por qué demonizar la deuda pública. Desde el punto de vista económico, tiene sentido que los Estados compartan el coste de inversiones públicas como los proyectos de infraestructuras y los servicios con las generaciones futuras, que también se beneficiarán de ellas. La deuda es el mecanismo que nos permite institucionalizar la solidaridad intergeneracional. El problema no es la deuda; lo importante es asegurarse de que esa deuda sirve para financiar inversiones productivas, se mantiene en unos límites razonables y se puede pagar sin muchas dificultades.

Sin embargo, resulta alarmante observar que hoy se están empleando, en defensa de la austeridad a toda costa, los mismos argumentos que convirtieron la crisis financiera de 1929 en la Gran Depresión. No podemos permitir que la historia se repita. Los dirigentes políticos deben tomar la iniciativa para evitar una crisis social originada por motivos económicos. Es necesario emprender con urgencia dos actuaciones.

A escala mundial, es preciso trabajar más para abordar los desequilibrios macroeconómicos y crear demanda en los países con superávit, entre ellos algunas economías desarrolladas como Alemania. Las economías emergentes que tienen superávit deben entender que una contracción prolongada en los países desarrollados crea un verdadero peligro de crisis mundial en unos momentos en los que ya no tienen el margen de maniobra del que disfrutaban hace cuatro años.

Dentro de la eurozona, hay que emprender reformas estructurales y un gasto público más eficaz, que son fundamentales para recuperar un crecimiento a largo plazo y unos niveles de deuda sostenibles, y hay que combinar todo eso con políticas cuyo objetivo sea sostener la demanda y la recuperación a corto plazo. Las medidas tomadas en este sentido por la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Nicolas Sarkozy, son positivas pero insuficientes. Lo que necesitamos es un gran pacto que obligue a los países que carecen de credibilidad política a emprender reformas estructurales sin más tardar, a cambio de tener más margen para tomar medidas generadoras de crecimiento dentro de la UE, aunque eso implique tener unos déficits más elevados a corto plazo.

El mundo se encuentra ante unos retos sin precedentes. Nunca antes, en la historia reciente, había coincidido una recesión con unos cambios geopolíticos tan inmensos como los actuales. La tentación de defender ante todo unas prioridades nacionales equivocadas podría llevarnos a un desastre general.

Lo único que puede evitar que acabemos en esa situación es una actuación inteligente por parte de los dirigentes políticos. Los líderes europeos deben comprender que los programas de ajuste tienen un aspecto social además del económico y que serán insostenibles si los afectados se encuentran con la perspectiva de tener que hacer frente a años de sacrificios sin ver ninguna luz al final del túnel.

La austeridad a toda costa es una estrategia errónea, y no servirá de nada. No podemos permitir que una desacertada idea de “disciplina” cause daños permanentes en nuestras economías y se cobre un terrible precio humano en nuestras sociedades. Toda Europa debe ponerse de acuerdo sobre una estrategia de crecimiento a corto plazo y ponerla en práctica cuanto antes.

© Project Syndicate, 2012.

Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia.

Javier Solana, antiguo alto representante para la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, exsecretario general de la OTAN y ex ministro de Asuntos Exteriores de España, es miembro distinguido de la Brookings Institution y presidente del Centro de Economía Global y Geopolítica de ESADE.

Tras la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, ya sabemos cómo el Gobierno va a controlar el déficit autonómico. Ha decidido desarrollar la Ley de Estabilidad poniendo en marcha la vieja estrategia del palo y la zanahoria que tan bien hemos aprendido en Europa: ha ofrecido a los Gobiernos autónomos créditos y transferencias para afrontar los pagos inmediatos, a cambio de que acepten una mayor fiscalización de sus cuentas. Quien paga manda, así que los consejeros autonómicos han aceptado ampliar su liquidez a cambio de autonomía. Esta es la manera en la que el Gobierno concreta el principio de estabilidad presupuestaria recogido en la Constitución.

El Ejecutivo se está equivocando en la manera de plantear el control de los presupuestos autonómicos. Primero, porque la fiscalización por parte del Gobierno central del gasto de las regiones erosiona el control de los Gobiernos por los ciudadanos, al pretender sustituir las responsabilidades políticas por el establecimiento de multas y correctivos. Segundo, porque los créditos y transferencias garantizados a las CC AA pueden acabar promoviendo un comportamiento fiscal irresponsable en el futuro.

Desde una lógica política, la decisión del Gobierno de supervisar la gestión autonómica de los presupuestos con sanciones e intervenciones supone suplantar el control de las urnas por el de los funcionarios del Ministerio de Hacienda. Con un funcionamiento normal de la democracia, los políticos rinden cuentas en las elecciones por sus decisiones sobre gastos e ingresos. Así ha funcionado en Europa, cuyos ciudadanos expulsaron del poder a todos los Gobiernos a los que les tocó gestionar la crisis y así debería ser el mecanismo por el cual los Gobiernos autónomos fueran hechos responsables de su mala gestión.

Es cierto que, hasta ahora, este mecanismo ha funcionado peor en los Gobiernos autónomos que en el central, debido a que las competencias de los primeros sobre el gasto han sido tradicionalmente muy superiores a su capacidad para generar ingresos propios. Por ello, el aumento de la cesión de impuestos que se aprobó en el nuevo sistema de financiación de 2009 tenía como objetivo equiparar las competencias sobre el gasto y los ingresos de las autonomías. Esta es la dirección que deben tomar las reformas: profundizar en la visibilidad y en el ejercicio de la responsabilidad política de los Gobiernos autónomos, otorgando más capacidad a los ciudadanos para que controlen a sus Gobiernos. Con los nuevos planes de fiscalización del Ministerio de Hacienda, el control de los políticos en las elecciones pasará a convertirse en el rendimiento de cuentas de los consejeros de Economía ante el ministro de turno.

La segunda cuestión es saber si estos acuerdos conseguirán imponer un comportamiento fiscal responsable en las autonomías. Rajoy ha garantizado que no dejará caer a ninguna comunidad autónoma. Sin embargo, la zanahoria en forma de créditos y transferencias ofrecida por el Gobierno enseguida ha generado dudas a sus propios impulsores. Por eso el ministro se ha apresurado a presentar estas ayudas como medidas excepcionales y a apoyarlas en criterios de fiscalización algo desmesurados para hacer creíble la promesa de que en el futuro no habrá salvación, sino duras sanciones. Lo exagerado de algunos planteamientos iniciales, como el de la persecución penal, es proporcional al miedo que tiene el Gobierno de que el rescate presupuestario de las autonomías empeore las cosas más adelante.

El temor de Montoro es el mismo que el de Merkel: que el rescate de hoy promueva los comportamientos irresponsables en el futuro. Y de la misma manera que la canciller alemana pospone sine die la emisión de eurobonos, el ministro ha dejado en suspensión la posibilidad de que el Gobierno avale la deuda autonómica (los llamados hispanobonos) por temor a que ello erosione la calificación de la deuda española.

La experiencia de otros países descentralizados muestra que los rescates pueden erosionar la capacidad de los Gobiernos centrales para hacer creíble su firmeza. Existe abundante evidencia empírica de que las ayudas presupuestarias del Gobierno federal pueden acabar reforzando el comportamiento fiscal irresponsable por parte de los Gobiernos regionales. Un repaso de las sucesivas crisis de la deuda y su resolución en Argentina o Brasil durante los años ochenta y noventa dan buena prueba de ello. Nada hace pensar que en España haya de ser distinto.

En definitiva, las primeras concreciones de la Ley de Estabilidad pactadas con las CC AA auguran malos resultados en lo político y en lo económico. Si las medidas de fiscalización anunciadas por Montoro se aplican a rajatabla, será a costa de que los ciudadanos pierdan poder para influir en las decisiones políticas. Los Gobiernos autónomos acabarán utilizando las palancas políticas y su capacidad de negociación con el Gobierno central para evitar los futuros castigos por parte del ministerio. Si la promesa del Gobierno central de no facilitar más ayudas no resulta creíble, las CC AA no tendrán incentivos para controlar el gasto y esperarán de nuevo a que la Administración central les ayude ante futuras crisis de liquidez. El palo y la zanahoria de estos acuerdos solo habrán servido para apartar a los ciudadanos del control de sus Gobiernos.

Sandra León Alfonso es profesora de la Universidad Complutense de Madrid y colaboradora de la Fundación Alternativas.

No es posible ver en la prensa que España está llegando al nivel de 5,3 millones de parados (y que el 50% de los jóvenes están así) y pasar página para buscar las declaraciones de un entrenador de fútbol, por morbosas que sean. Hay que pararse, leerlo dos veces y preguntarse qué es lo que se debe hacer. A principios de 2010 dije, en la portada de un libro, que habíamos “tocado fondo”, pero que podíamos estar un tiempo paseándonos por él, ya que habíamos parado el golpe, pero no habíamos resuelto nuestros problemas reales (competitividad, financiación, endeudamiento). Debo reconocer que, aunque veía la salida lenta y difícil, no esperaba que a lo largo de 2011 añadiéramos a la estadística otro millón de personas.

Algunas reflexiones, manteniendo abierta con preocupación la página de mi periódico:

1. Al estallar la crisis, con un crecimiento del doble de la media europea, teníamos 2,5 millones de parados. La crisis ha añadido, pues, casi tres millones, de los que alrededor de uno corresponde al sector de la construcción. ¿La estadística corresponde a la realidad? ¿Es creíble que en 2007 o 2008 estuvieran en paro 2,5 millones de personas y que, en cambio, llegaran masivamente personas de fuera y encontraran trabajo? ¿Responde al rechazo de algún tipo de trabajos, a trabajos ocultos? ¿Hay causas estructurales que lo expliquen? Las políticas para resolver el problema serán inútiles si no parten de cifras reales y no se analizan suficientemente los casos y las causas.

2. ¿Qué ha ocurrido los últimos 18 meses que ha añadido un millón de personas al paro? ¿Cuántas proceden de la disminución de los empleos públicos o vienen de las políticas de ajuste presupuestario? ¿Se ha acertado en la forma concreta y en el ritmo para conseguir estos ajustes, por otra parte necesarios? ¿Ha habido un cierto exceso de celo en estas políticas? ¿Ha faltado valentía para resistir imposiciones europeas o españolas que hacían peligrar la recuperación, como al fin se está empezando a reconocer? ¿No ha habido un gran fallo de gobernanza en Europa que ha dejado a los países del euro a los pies de “los mercados”? ¿No había fórmulas menos traumáticas basadas en el reparto del trabajo y no en la supresión de puestos?

3. Son urgentes medidas económicas y reformas para conseguir la reactivación, pero tengo el convencimiento de que, solo con un análisis mucho más fino y unas medidas mucho más específicas en cada caso, se puede conseguir la recuperación del empleo. No todos los parados son iguales. Hay personas que han perdido su empleo y que en un momento de recuperación económica podrán volver a encontrar otro de características similares. Son los más fáciles de reinsertar. Hay personas que, lógicamente, nunca volverán a trabajar en lo mismo de antes (pienso sobre todo en los parados, de muchos tipos, procedentes del sector de la construcción, aunque no solamente en este sector). Estas han de ser objeto de un reciclaje, tanto en conocimientos como en habilidades. También hay personas que no volverán a encontrar un trabajo asalariado, pero que son capaces de desempeñar una actividad por su cuenta y autoocuparse. Estas necesitan, además, una reconversión de actitudes y una formación añadida para una modalidad de trabajo que va a crecer mucho. También debe haber personas (más de las que creemos) que por diversas causas no aspiran a encontrar empleo…

4. Pensar que de 23 millones de personas que podrían trabajar hay 5,3 millones paradas (¡casi una de cada cuatro!) es preocupante. Pero dentro de esta cifra, los 2,5 millones de 2008 son muy distintos y necesitan políticas distintas del millón de 2009, y ambos diferentes de los dos millones restantes. En una crisis como esta, las grandes decisiones políticas deben crear un entorno que favorezca, y sobre todo no entorpezca, los esfuerzos de los agentes que pueden crear empleo (empresarios, trabajadores, profesionales, docentes). En el tema del paro, los Gobiernos deben, además, bajar al detalle y estar más activos con políticas específicas, que hasta ahora faltan.

Cada momento tiene sus prioridades y en este la ocupación debe ser la primera. Cualquier medida presupuestaria debe ser analizada desde el punto de vista de sus efectos en esta área, y las políticas activas de creación de empleo no solamente no deben reducirse, sino aumentarse. ¡Hay que rectificar comportamientos!

Joan Majó es ingeniero y exministro.

Los países ricos pueden exportar más bienes intensivos en capital y tienen mayor necesidad de inversión La estructura productiva de un país puede determinar en gran medida el capital que ofrece y necesita

Al principio parece difícil de entender: el capital mundial fluye de los países pobres a los ricos. Los países con mercados emergentes generan superávits de cuenta corriente y las economías avanzadas, déficits. Uno esperaría que los países (jóvenes) en desarrollo, con rápido crecimiento y escasez de capital lo importasen del resto del mundo para financiar su consumo y su inversión. ¿Qué hacen entonces enviando capital a los países más ricos en lugar de importarlo?

China es un claro ejemplo. Con un superávit de cuenta corriente que promedió el 5,5% de su PBI en 2000-2008, China se ha convertido en uno de los mayores prestamistas mundiales. A pesar de su rápido crecimiento y promisorias oportunidades de inversión, el país ha enviado continuamente una porción significativa de sus ahorros al extranjero.

Y China no está sola. Otros mercados emergentes –incluidos Brasil, Rusia, India, México, Argentina, Tailandia, Indonesia, Malasia y los países exportadores de petróleo del Medio Oriente– han aumentado significativamente sus superávits de cuenta corriente desde principios de la década de 1990. En forma colectiva, los países en desarrollo con escaso capital están prestando a las economías avanzadas que lo poseen en abundancia.

Muchos observadores creen que estos desequilibrios globales reflejan la integración financiera de las economías en desarrollo, junto con la falta de madurez de sus mercados financieros internos. Según esta interpretación, la demanda de activos de esos países no puede cubrirse –ni en términos cuantitativos ni en términos cualitativos– en forma local, por lo que destinan parte de sus ahorros a países como Estados Unidos, que pueden ofrecer una mayor variedad de activos de calidad.

Si bien es plausible, este argumento sugiere que, a medida que los mercados financieros crecen en los países en desarrollo, los desequilibrios globales deben disminuir. Pero ese cambio de sentido no se percibe en ninguna parte. ¿Por qué?

Un aspecto crucial de la globalización ha sido la liberalización del comercio. La participación del comercio exterior en el PBI chino se disparó del 25% en 1989 al 66% en 2006, en gran medida gracias a su incorporación a la Organización Mundial del Comercio en 2001.

La mayor parte de lo que China y otros países en desarrollo producen y exportan son bienes intensivos en mano de obra, como textiles e indumentaria. Esto ha permitido que las economías avanzadas, a su vez, produzcan y exporten productos más intensivos en capital y con mayor valor agregado. La globalización del comercio permitió que los países aprovechen la mayor eficiencia derivada de la especialización en sus sectores con ventajas comparativas.

Se dice y se repite estos días que el PSOE llega a su 38.º congreso federal sin abrir un necesario debate de ideas. También se subraya que ninguno de los dos aspirantes a liderar la organización ha querido abordar durante la campaña entre las bases socialistas este tan anhelado debate de ideas. La gran carencia de Alfredo Pérez Rubalcaba y Carme Chacón sería, pues, este menosprecio por las ideas, extremo que explicaría, de paso, lo mal que está el partido que ha gobernado España hasta hace pocos meses. Estos lamentos y críticas parece que parten de una premisa que me sorprende: los partidos políticos habitualmente discuten sobre ideas. A mí me parece que eso es falso o, cuando menos, poco fiel a la realidad. Las maquinarias partidarias, en general, aparcan siempre los debates de ideas y se centran en la descarnada pugna por el poder entre figuras y familias políticas.

Pienso ahora, por ejemplo, en el 16.º congreso del PP, que se celebró en Valencia el año 2008 y donde Mariano Rajoy, después de luchar encarnizadamente contra el sector que no lo quería como líder porque lo consideraba blando, fue nuevamente escogido presidente. ¿Recuerdan muchas ideas en ebullición en aquella reunión tan importante de la derecha española que ahora manda? De aquel acontecimiento lo que interesaba era el combate entre Rajoy y sus contrarios, un pulso que fue observado y narrado con el mismo detallismo entomológico con que hoy nos dedicamos a considerar las fortalezas, las debilidades y las miserias de Rubalcaba y Chacón. El debate de ideas en el PP fue tan escaso entonces como hoy lo es en el PSOE.

Los periodistas, politólogos y tratadistas diversos de la actualidad política sentimos una nostalgia perpetua del debate de ideas cuando observamos cualquier escena protagonizada por aquellos que, en democracia, hacen la guerra simbólica que organiza la conquista temporal de las instituciones que gestionan lo que se considera el interés general de la sociedad. En cierta manera, el debate de ideas que reclamamos a los políticos es un mito ilustrado que forma parte de la visión excesivamente ideológica y plana que tenemos del poder los que trabajamos con palabras. Sabemos que las doctrinas sólo son una pata de la política al lado de los intereses, el carácter de los dirigentes y las circunstancias pero insistimos en esperarlo todo de esta dimensión. ¿Por qué? Quizás porque necesitamos aferrarnos a algún guión que nos suministre seguridad y previsibilidad en un mundo de incertidumbres y cambios repentinos. Ahora bien, las evidencias tendrían que hacernos más descreídos respecto de lo que supuestamente piensan los políticos. Tengan presente a Zapatero negando de la noche a la mañana todo lo que antes había defendido para evitar el naufragio de España. Tengan presente a Rajoy subiendo impuestos después de haber repetido en campaña que esta medida sería nefasta.

A pesar de que la política es esencialmente acción y que los gobernantes tienen que ser evaluados finalmente por lo que hacen más que por lo que está escrito en sus programas electorales y ponencias oficiales de partido, sería cínico, falso y demasiado posmoderno concluir que las ideas no tienen ninguna importancia en la política democrática de hoy. Que la derecha y la izquierda tradicionales tengan muchos puntos en común o que la crisis mundial haya dinamitado no pocas tesis no representa que podamos vivir en un mundo donde se pueda gobernar sin entender lo que pasa y sin pensar en ello con cuidado. Cuando digo pensar en este contexto me refiero en el ejercicio indispensable de colocarse ante la realidad con la voluntad de hacer preguntas nuevas sin dar nada por descontado y sin temer ninguna respuesta. ¿Quién debe hacer eso? ¿Cómo debe hacerse?

Los partidos tienen fundaciones que se dedican –o dicen dedicarse– a estas tareas de prospectiva y análisis lejos del ruido táctico de los aparatos pero los resultados obtenidos llegan con poca potencia y poca frecuencia a los que, después, deben imaginar y aplicar políticas concretas. Parece que los que tienen responsabilidades en las administraciones no aprovechan el conocimiento que se genera a su alrededor para tomar decisiones y parece también que la dinámica diaria de gestión –sujeta a la ansiedad de las encuestas y los titulares– se despliegue al margen de cualquier contraste con lo que llamamos el mundo de las ideas. Habría que cambiar maneras de hacer. En este sentido, la mecánica para elaborar los programas recuerda, más veces de lo que querríamos, las leyes del marketing antes que una exploración articulada de los problemas que más preocupan el ciudadano.

¿Debate de ideas? En Europa occidental y desde un partido de gobierno, el último que recuerdo de un cierto nivel fue el que generó la tercera vía que, cocinada por Giddens y otros pensadores, adoptó Tony Blair e inspiró su nuevo laborismo, gracias al cual el centroizquierda gobernó durante una década el Reino Unido. Ni Rubalcaba ni Chacón se han dedicado a eso. El debate de ideas en el PSOE tendrá que esperar y en el PP también.

Al paso

Bruselas era el lugar más indicado para que Mariano Rajoy hablase de una huelga general

Bruselas era el lugar más indicado para que Mariano Rajoy hablase de una huelga general. Para la cumbre del lunes, los líderes europeos tuvieron que aterrizar en un aeropuerto militar porque toda Bélgica estaba en huelga, a la espera de que la Confederación Europea de Sindicatos actúe conjuntamente a finales de febrero. Una estrategia sindicalista empeñada en bloquear reformas se hace el mejor aliado de una recesión mientras el debate político general desorbita el dilema entre austeridad y crecimiento.

La firma del decreto de convocatoria de elecciones andaluzas retrotrae a esos treinta años de gobierno autonómico socialista en los que el PSOE ha forzado al máximo su propensión patrimonialista. La relación patrón-cliente fue convirtiéndose en algo sistémico, hasta saturar lo que más que una administración era un régimen. Prácticamente hasta lo que se prevé como pérdida de la mayoría, los socialistas han sistematizado la cultura de la dependencia, asumida por toda una casta en el poder, perjudicando la libre iniciativa y los márgenes de movimiento que necesita una sociedad civil. El ejemplo andaluz explica ampliamente el significado de la falta de rigor fiscal y del gasto público impelido por el descontrol.

En Grecia ya van por el quinto plan de rigor contra la crisis. Según Le Figaro, la prensa ateniense titula “Nein, nein, nein!” para decirle a Angela Merkel que Grecia no acepta un comisario europeo que se haga cargo de sus cuentas. A primera vista, es una afrenta para la soberanía griega, pero lo cierto es que su sempiterna mala gestión, corrupta y más que derrochadora, a la vez afecta a toda la Unión Europea, ese pool de soberanías nacionales. Por ahora, las reformas griegas son papel mojado. El hervor contra la élite política va a más, pero no era así –claro– cuando en Grecia pocos pagaban al fisco.

Una y otra vez volvemos a los dilemas. ¿Cuándo circulará el crédito? ¿Cuándo se crecerá y por dónde? ¿En qué plazo se podrá atajar el paro? ¿En qué momento se crearán puestos de trabajo? Miles de piezas, grandes y pequeñas, tienen que ir encajando. Aumenta el consenso sobre la necesidad de aunar austeridad y crecimiento. Son las formas de consenso que han hecho salir a Europa de otros campos de minas. Son consensos trabajosos, que requieren acordar intereses no pocas veces contrapuestos.

Concretamente en España, tan solo el laberinto de los distintos niveles de la administración pública añade una especial complicación a la hora de cortar gasto y priorizar energías productivas.

No hay política sin dilemas. Pero no es menos cierto que si la política europea logró algo tan positivo como el mercado único, también ha de poder resolver con acierto los dilemas de esta crisis. Como obstáculos aparecen el lío financiero, el envejecimiento demográfico, los mercados laborales poco flexibles, una productividad baja. Algunos de estos factores se agravan específicamente en la España de Rajoy.

La gran suerte de los asturianos es que Álvarez-Cascos va a librarles de todo mal.

Todo al revés

Lo más curioso es que, en el mundo judicial, quienes parecen más exasperados con la absolución de Camps por un tribunal popular son los mismos que impulsaron la ley del jurado. Son lo que de modo abusivamente simplificador se considera sector progresista de la judicatura. Por el contrario, a favor de la sentencia se muestran jueces clasificados como conservadores, que no eran favorables a esa ley.

Fractura africana

Hasta 178 cristianos fueron asesinados la semana pasada en Nigeria por la secta islamista Boko Aram. La población es de 160 millones. Un 45% cristiano. Como en Costa de Marfil o Camerún, un norte islámico y un sur cristiano. Sudán ya se ha partido en dos. Asomo trágico de guerras de religión en África. Y China acaparando los mercados de materias primas.

Muchas distracciones

Spanair se desintegraba espectacularmente mientras gran parte de las energías del nacionalismo catalán atendían preferentemente al referéndum escocés. Constitucionalmente, como en aspectos históricos, socioeconómicos, y menos políticos, Escocia tiene poco que ver con Catalunya pero esas distracciones cunden. Ocurrió con las repúblicas bálticas, Quebec, la República Checa, incluso con los Balcanes.

El modelo de Aena dificulta la gestión proactiva de cada aeropuerto, pero el Govern jamás se ha puesto fuerte

El viernes Spanair cesó su actividad. En la prensa ya se han analizado muchos de los motivos. Ahora lo importante es: ¿qué lecciones podemos aprender? En primer lugar, la aerolínea deja a miles de pasajeros en tierra sin ningún tipo de previsión, lo que nos recuerda a otros casos, como el de Air Madrid; además, los centenares de trabajadores se enteraron del cese por la prensa. Este tipo de práctica, más allá de denotar una falta de humanidad importante, no ayuda y significa una pérdida económica y de imagen a largo plazo para el sector del transporte aéreo y la industria del turismo.

En segundo lugar, ya hacía tiempo que eran ampliamente conocidas las dificultades de Spanair, que por sí misma no tenía capacidad para desarrollar un hub. Así lo demostraban los estudios de conectividad que presentamos en este periódico en diciembre del 2010 y octubre del 2011. En este sentido, hay que remarcar la responsabilidad de la compañía y de las administraciones que aportan capital en los mensajes que envían a la sociedad. Construir un nudo de conexión es legítimo, pero sugerir su existencia cuando no existe puede confundir al ciudadano. El uso de recursos públicos debería conllevar mensajes claros a la sociedad.

En tercer lugar, si Spanair no podía desarrollar un hub –dada su falta de masa crítica, su flota y el alto nivel de consolidación del mercado de las aerolíneas de red en Europa–, la mejor opción era contar con un socio de Oriente Medio o Asia que permitiera aprovechar determinados nichos de mercado con el uso de aviones de alcance intercontinental, pero de tamaño inferior al de los jumbos y más eficientes. Este tipo de estrategias, llamadas hub-bypassing, son ya ampliamente utilizadas por aerolíneas como Delta o Emirates. Se trata de rutas que unen grandes hubs con destinos de tamaño medio de otro continente, como Barcelona, sin necesidad de pasar por el enlace de la aerolínea aliada del otro continente. A medio plazo, si los acuerdos bilaterales lo permiten, el hub-bypassing es la oportunidad de Barcelona para desarrollar rutas intercontinentales.

Esto nos lleva al cuarto punto. Está ampliamente reconocido que el modelo de gestión de Aena no responde a las necesidades del mercado y dificulta una gestión proactiva de cada uno de los aeropuertos. Además, muchos de los acuerdos bilaterales de vuelo de España con otros países no permiten volar desde Barcelona. Si realmente está tan claro que esto representa un handicap para el desarrollo del aeropuerto de Barcelona y la economía de Catalunya, ¿por qué la Generalitat de Catalunya no ha tomado ni en el pasado ni en el presente una posición realmente fuerte en el asunto? ¿O queremos ser el aeropuerto low cost más grande de Europa?

Pere Suau Sánchez. Departamento de Geografía, UAB.

La asignatura de Educación para la Ciudadanía murió ayer. El funeral ha sido religioso: fueron los sectores católicos más reaccionarios quienes envenenaron a la opinión pública contra una materia que ni era adoctrinante ni atacaba a la familia ni a la libertad ni a los padres ni a sus hijos. El ejemplo más obsceno de esta campaña de propaganda, lo que resume cinco años de mentiras, es la manipulación informativa alrededor de un ensayo de la editorial Akal titulado también “Educación para la ciudadanía”. No era un manual para los alumnos: era un libro crítico contra la asignatura desde planteamientos de izquierda que escribieron Carlos Fernández Liria, Pedro Fernández Liria y Luis Alegre Zahonero, con ilustraciones de Miguel Brieva.

Este ensayo nunca fue un libro de texto: no respondía al temario, nunca se usó en los colegios ni fue homologado por el Ministerio de Educación. Tampoco lo pretendía. Sin embargo, con el título bastó para que los medios de la derecha cargasen contra la nueva asignatura usando este ensayo como munición: citando párrafos de esta obra –donde se criticaba a Aznar o a Jiménez Losantos– como si fuese un libro de texto homologado, como ejemplo del “adoctrinamiento” a la ciudadanía.

Los autores del libro mandaron cartas a los diarios denunciando esta evidente manipulación. Las cartas nunca fueron publicadas. Y aún hoy, cinco años después, hay periódicos y periodistas que citan ese libro de Akal como ejemplo de lo que enseñaban a los niños en los colegios del malvado Zapatero.

Que una manipulación tan burda pase por buena demuestra una cosa: que la Educación para la ciudadanía es una asignatura imprescindible en España.

Hasta ahora, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ocupaba el primer lugar en el ranking de emitir ese discurso conservador basado en ajustes y reformas regresivas, pero en la actualidad ha sido sobrepasado por Merkel y sus acólitos de la Unión Europea. La situación es tan clara que hasta la directora del FMI lo ha tenido que reconocer: la política que está aplicando Europa conduce inevitablemente a la recesión. Pocas son hoy las voces que no cuestionan la obsesión enfermiza de la canciller por la estabilidad presupuestaria y rara vez en la historia se dará un caso de cerrazón mental como el que están protagonizando los mandatarios europeos. Por más que los hechos demuestren lo contrario, ellos continúan apalancados en su política de ajustes y reformas sin querer aceptar que no sirven para corregir el déficit ni para infundir confianza en los mercados.

El objetivo de déficit se fija como un porcentaje del PIB, de modo que la recesión económica, que es lo que provoca la política seguida, no sólo va a incrementar el numerador, al disminuir la recaudación, sino que también va a disminuir el denominador (el PIB se reduce). Ello es lo que hace totalmente imposible que España –y supongo que otros muchos países– pueda cumplir el próximo año el objetivo marcado y lo que fuerza incluso a cuestionarse si no estaríamos más cerca de la consolidación fiscal en el caso de que la política aplicada desde hace dos años hubiera sido menos tensa y traumática.

La política de ajustes tampoco sirve, como se está comprobando, para lograr la confianza de los inversores, puesto que, para garantizar el reintegro de sus fondos, tanto o más importante que el cumplimiento puntual en un año de un guarismo mágico de déficit publico es la capacidad de un país de generar ingresos futuros. La enorme trampa en la que está inmersa la economía europea se hace patente cuando las agencias de calificación un día reducen la calificación de los países por sus desviaciones presupuestarias y al siguiente, por el paro y las malas previsiones económicas. Alguna vez, como en la última declaración de Standard & Poor’s, confiesan el motivo de fondo: los desequilibrios que la Unión Monetaria genera entre los países miembros.

Juan Francisco Martín Seco. Economista.

A FONDO

Han sido necesarias más de diecisiete reuniones de la Unión Europea para llegar a algunos resultados positivos. Los antecedentes de la semana anterior no podían ser peores. Grecia no llegó a un acuerdo con los bancos acreedores para pactar una quita de su deuda soberana. Del cincuenta por ciento se llegó al 70%, pero no fue posible un acuerdo final. El viernes 28 de enero, Portugal sufrió las consecuencias de esas largas negociaciones y se temió por su quiebra cuando tuvo que pagar las emisiones de su deuda pública a tipos de interés próximos al quince por ciento. Los rumores sobre un segundo rescate se extendieron rápidamente, y la pretensión de Alemania y de Holanda de que Grecia tuviera un comisionado que fiscalizara y aprobara los presupuestos terminaron por conmocionar a los mercados.

Antes de la cumbre, en la mañana de lunes 30 de enero, las bolsas descontaron otra crisis del euro y la posibilidad de que Grecia no consiguiera el segundo rescate en marzo. Afortunadamente, se rechazó la dura propuesta sobre Grecia. A instancias de la canciller Merkel, se insistió de nuevo en las medidas de austeridad, si bien a cambio facilitó que el Banco Central Europeo (BCE) tuviera un papel activo en las intervenciones en el mercado de la deuda pública. El acuerdo final se ha materializado con la regla de oro de un déficit máximo del 0,5%, que debe establecerse en las constituciones o en las leyes de rango similar. Reino Unido y República Checa se mantuvieron al margen, de manera que es un pacto a 25.

En verano, el Fondo de Rescate será permanente y paralelo a lo que queda del primer fondo. Por primera vez se ha llegado al acuerdo de aliviar el paro juvenil y arbitrar medidas concretas, acudiendo a los fondos estructurales comunitarios, en torno a 80.000 millones, para pymes y proyectos de creación de nuevos puestos de trabajo. Se puso énfasis en la austeridad, pero se empezó a dar importancia al hecho de que sin crecimiento la deuda pública quizá podría acumularse indefinidamente.

Medidas favorables

Es posible que España consiga que sean más flexibles los porcentajes de déficit que deben revisarse en función de la evolución de la economía, pues difícilmente puede llegar al cierre de este año al 4,4%, cuando el déficit del año anterior fue superior al 8%. Un balón de oxígeno, pero con la condición de que se aceleren las medidas de ajuste. Expertos de la UE en creación de empleo pueden viajar a España para contribuir a los planes de creación de empleos para los más jóvenes. De nuevo, el desempleo.

Por otra parte, la suma de los dos fondos de rescate es insuficiente como cortafuegos para inmunizar el contagio de Italia o de España. No se ha resuelto una de las cuestiones esenciales: si las emisiones de deuda soberana siguen siendo singulares y aisladas, en vez de ser emisiones de bonos solidarios de la UE, bastará cualquier situación de crisis del euro para que se renueven los ataques especulativos.

No obstante, si gana fuerza la corriente que favorece el crecimiento de las economías para hacer frente a la deuda, esta cumbre puede cambiar el penoso rumbo de la zona euro. Por último, la zona euro sigue dividida entre los países que son competitivos y tienen balanzas de pagos por cuenta corriente positivas (exportaciones netas de bienes y servicios) y los de la periferia, que llevan años con déficits.

Robert Tornabell. Catedrático de Banca, ESADE Business School.

Ha dicho la vicepresidenta Sáenz de Santamaría que el Gobierno buscará consenso para las grandes reformas en curso que se van a acelerar, primero la de bancos y cajas este viernes, luego vendrá la laboral (con huelga general incluida, según Rajoy) y después nuevos ajustes fiscales a nivel nacional, autonómico y local que la vicepresidenta está coordinando para sacar de “la asfixia” a este país. Son medidas todas ellas que gustan al mundo conservador de la UE –Merkel, Sarkozy, Monti, Agencias de calificación, FMI y BCE- y de España de manera especial, como se ve en ahora en los aplausos de Botín a Rajoy y en los guiños a la Conferencia Episcopal.

Pero que están en línea y tienen la excusa del proyecto de “unión fiscal” de la UE porque, según la vicepresidenta, los intereses de la deuda se lo comen las ayudas a las empresas, familias y gastos sociales, por mas que otros cualificados analistas insisten en que el exceso en el ajuste provoca más recesión, menos recaudación, mas deuda y mas intereses. Quizás en el término medio esté la virtud. Pero el gobierno tiene prisa y quiere llegar al día “D” de la presentación de los Presupuestos (el 31 de marzo, para después de las elecciones andaluzas y asturianas) con casi todo recortado, a sabiendas que el enfermo –el pueblo español- está sedado y no va a protestar demasiado por la amputación del gasto social una vez que ya tiene metido en el cuerpo el miedo a que la gangrena que hoy sufre invada todo el cuerpo nacional.

Asistimos, pues a un esperado giro a la derecha con la llegada del PP al poder, algo lógico y de esperar, que el Gobierno justifica con el argumento de que su política coincide con las exigencias de la UE –Merkel y compañía-, para evitar el rescate de España y lograr la presencia de este país en la primera velocidad del euro. Y todo ello de manera acelerada y radical porque, como declaró a República.com Alfonso Alonso, portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, “el PSOE ha limpiado la caja” y su herencia es bastante peor de lo anunciado en el traspaso de poderes. Se ha visto en el déficit (8%), paro (5,3 millones) y recesión (menos 1,5 % para 2012). Lo que le sirve a Rajoy para presentarse en la UE ante sus homólogos europeos y con cierta indiscreción como un “héroe” que lucha contra la hidra de varias cabezas que habitaba en los sótanos de la Moncloa de Zapatero y ahora se presenta con toda su fiereza y esplendor.

El giro a la derecha o estribor del PP se completa con vuelcos en cuestiones donde el PSOE rompió el consenso –ahora y también hace años, como en la elección del Poder Judicial- y ahí están los anuncios de Gallardón y Wert sobre el aborto y la “Educación para la Ciudadanía”, que ahora se llamará “Educación cívica y constitucional”. Dos ministros estos que vienen del ala centrada o mas “progresista” del Gobierno (amigos del Grupo Prisa) y que han sido encargados de cumplir esta parte mas “confesional” del programa del PP, lo que no deja de ser una maldad de Rajoy. Y esto es solo el principio de lo que les espera a Gallardón y Wert.

El Gobierno ha puesto por delante la reforma financiera de la laboral, para aparentar un ajuste fino a las Cajas y Bancos (y a los gestores financieros) antes de la reforma laboral, como diciendo que aquí nadie se va a librar de las largas y afiladas tijeras del nuevo inquilino de la Moncloa, lo que todavía está por ver. La vicepresidenta así lo anuncia con voz de mando y de firmeza, convencida de la necesidad de estas decisiones radicales que miran a estribor y están inmersas en la lógica imparable de una exigente UE y de un partido, el PP, sin duda conservador.