Reggio’s

Sin darnos cuenta se nos ha venido encima el Desayuno Nacional de Oración previsto en la Casa Blanca para el próximo jueves, momento en el que se producirá la intervención del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en calidad de orador extranjero relevante con un tiempo máximo de intervención tasado en unos diez minutos. Al parecer es costumbre reservar el nombre de ese invitado principal (que en esta ocasión es nuestro Zapatero) hasta pocas horas antes del encuentro. Pero sucedió que el nuevo embajador de los Estados Unidos nada más llegar a Madrid soltó la liebre, y desde ese momento hemos ido todos con el teléfono móvil en busca de alguna migaja informativa.

Pero antes conviene recuperar la memoria de esta peculiar convocatoria orante, que se celebra cada año desde 1953. Su perfil estaba muy desvanecido entre nosotros pero consta que es una cita a la que se han ido sumando de modo sucesivo un buen número de nuestras personalidades políticas y sociales más o menos relevantes, por lo general situadas entre el centro y la derecha, ya sea en sus modalidades civilizadas o cerriles.

El Desayuno Nacional de Oración es un buen ejemplo de cómo prenden en Estados Unidos los usos y costumbres que, además, son aceptados sin generar reacciones intempestivas en quienes permanecen ajenos a la cuestión. Si nuestros obispos en Conferencia no hubieran cambiado la seda por el percal y desertado de los oficios religiosos dentro de los templos en favor de las manifestaciones callejeras, renunciando a la oración para enronquecer con las consignas, tal vez habrían logrado a estas fechas prestigiar, por ejemplo, la vigilia de la Inmaculada, con la ventaja añadida que ofrece siempre el ayuno, porque el hambre agudiza el ingenio y está probado que añade fervor a la oración, tan dificultada al contrario cuando sobreviene el estado de saciedad y quedamos abotargados.

Será interesante escuchar el jueves por dónde se arranca en su plegaria el presidente Zapatero, desde qué pista bíblica inicia el despegue, en qué tonos y en qué términos lo hace. Es seguro que después del atentado de ayer a nuestros soldados en Afganistán va a tenerlos en su memoria. Claro que, como señala Canetti, la alegría del más débil es darle algo al más fuerte y, por eso, quedamos pendientes de saber cuál será la ofrenda a presentar en el Desayuno. El resto del programa a cumplir en Washington se iniciará la víspera por la tarde en un encuentro con el Center for American Progress, un think tank del Partido Demócrata que mantiene relaciones activas con la Fundación Ideas, encomendada al ex ministro Jesús Caldera. También será recibido por la American Chamber of Commerce y por The Atlantic Council, otra fundación de signo progresista. Pero más significativo que el anterior programa son los acompañantes que se han ido conociendo mediante la técnica del goteo, la cual ha cambiado nuestra agricultura. Los elegidos como amigable compañía por decirlo con la terminología del Toisón, proceden de tres ambientes: el de los medios de comunicación, el del empresariado con inversiones en Estados Unidos y el del Congreso de los Diputados.

Son invitaciones cursadas de teléfono móvil a teléfono móvil, así que en las horas que quedan a quienes se sientan todavía posibles candidatos se les recomienda esforzarse por mantenerlos conectados y en disposición de recibir llamadas. Dado que en principio nadie rehúsa una invitación que venga del presidente del Gobierno, la lista de acompañantes deberá ser examinada como una radiografía de las obligaciones que siente, de las afinidades que declara y de las complacencias que prodiga aquel a quien corresponde la iniciativa de invitar. Los únicos nombres que más polémica han suscitado son los del mundo mediático. Sobre todo porque algunos siguen sin explicarse la indestructible entente Zetapé-Jotapé, cualesquiera que sean las turbulencias de la navegación, las armas dialécticas o las conspiraciones que el segundo haya empleado contra el primero. Porque es en ese periodista y en su piscina en quien el presidente viene demostrando desde su elección como secretario general del PSOE en 2000 haber puesto todas sus complacencias.

¡Qué cortos de memoria! En aquellos tiempos de la incierta Transición, el presidente Adolfo Suárez, saludado bajo el título de ¡Qué error, qué inmenso error!, se dejó decir de todo por el diario EL PAÍS, convencido como estaba de que era ese periódico el único que otorgaba la patente de demócrata a la que tanto aspiraba. Para Zetapé ahora es Jotapé quien la distribuye o la deniega y siempre estará dispuesto a soportar con buen ánimo cuanto haga falta para merecer su aprobación.

Cuando un estudio se llama Ocio (y riesgos) de los jóvenes madrileños, ya está mal enfocado. Éste es el nombre de un trabajo recién publicado por la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, la Obra Social Caja Madrid y el Instituto de Adicciones del Ayuntamiento de Madrid. Asociar de inicio la diversión juvenil con el peligro resulta absurdo y paranoico. Los organismos que lo llevan a cabo y el título del informe revelan que el propósito de las encuestas a 1.200 chavales de entre 16 y 24 años es descubrir, catalogar y erradicar los demonios de la noche que acechan a los jóvenes madrileños.

Imagino que estos estudiosos se habrán escandalizado al comprobar que el 80% de los chicos y chicas es partidario de salir toda la noche, el 60% de pasarse de copas y el 35% de obviar el preservativo. La conclusión parece clara: los jóvenes madrileños están entregándose al precipicio de la droga, los embarazos indeseados y el sida. Hoy en día, sin embargo, a los adolescentes no les falta información sobre métodos anticonceptivos, sobre el riesgo de las anfetaminas o de subirse a un coche conducido por un amigo borracho o drogado (algo que realizan la mitad de los jóvenes, según el estudio). Conocen estos peligros y su verdadera dimensión por haberse expuesto a ellos y no por las alarmantes campañas de disuasión. Exagerar el veneno de ciertas drogas tiene un efecto contrario al pretendido: en lugar de asustar a los jóvenes, les hace desconfiar de la advertencia.

Los perplejos estudiosos de la juventud madrileña preguntan a los chavales por qué se someten a las vertiginosas tentaciones de la noche. Quieren saber qué hallan de atractivo en un garito estridente, ahumado y atestado de gente sudorosa que no puedan encontrar en un libro o un museo. Y, según el informe, los chavales sólo aciertan a decir que buscan “evasión” y “disfrute en el propio riesgo”.

Hay un problema de enfoque. Si se quiere ayudar a una adolescencia ciertamente desbocada no se empieza por analizar los satánicos encantos de la madrugada, sino por averiguar por qué están allí. El infierno no es la noche, sino el día. La noche, como los propios chavales explican, es un territorio de fuga, un espacio totalmente suyo, exento de las leyes y las reglas del tiempo de luz gobernado por los adultos. El desfogue nocturno es una especie de aquelarre, de exorcismo, de revancha contra una realidad desencantada.

Si los institutos y universidades modernizasen sus programas, si los alumnos encontrasen trabajo y además esos empleos estuviesen relacionados con sus estudios, respaldados por un contrato y por un sueldo digno que les permitiese independizarse antes de los 35 años, quizá no se entregarían con tanta ansiedad y desesperación al ocio nocturno. A lo mejor no buscarían en los bares, en los amigos, en los botellones o en las peleas la libertad, la autoafirmación y la improvisación que les falta durante el día, en un escenario donde carecen de motivaciones y donde el mañana está ya escrito y no tiene buena pinta.

Hace 20 años a los adolescentes se nos acusaba de estar aburguesados y ahora se les recrimina amar el riesgo. Parece que lo ideal para los que conducen este mundo de precariedad laboral y holocausto inmobiliario es que los veinteañeros sean activos y con iniciativa de nueve a siete de la tarde y conservadores y mansos de madrugada.

Vivimos un mundo de hiperprotección. Hoy la infancia es un coto forrado de gomaespuma, los niños crecen blindados física y legislativamente hasta extremos delirantes. Pertenecemos a una sociedad miedosa y reguladora que ahora también quiere fiscalizar el ocio de los adolescentes bajo la falsa premisa de que son una camada inconscientemente autodestructiva.

El enemigo no es sólo la emboscada existencial de la juventud, sino la moral interesada, la norma sistemática y el control obsesivo que ha empujado a chicos y chicas a la fogosa reserva de la noche. Sin embargo, ese acorralamiento sólo propicia que los chavales más informados de la historia beban y follen antes que ninguna otra generación. Los jóvenes se sienten una tribu aparte, traicionados en sus aspiraciones profesionales y personales e incomprendidos en su huida hacia la madrugada. Cuando las condiciones de vida mejoren en el territorio de la luz, quizá apaguen sus fogatas y sus porros y empecemos a entendernos.

TRIBUNA: POLÍTICA

El autor reflexiona sobre lo preocupante que resulta que los dirigentes sean ya el tercer problema para los españoles. Analiza algunas de las razones que han llevado a la actual crisis política que aqueja a nuestro país

Menéndez Pidal, en su conocida Introducción a la Historia de España,dirigida por él mismo, señala que las características principales que han marcado las cumbres y depresiones de la curva vital de la historia de España han sido, por un lado, la vigorización o no de la justicia y, por otro, la alternativa entre invidencia o acertada selección de personas para los puestos importantes de la Administración pública. Si se dan por válidas estas pautas, seguramente muchos en nuestro país en la actualidad no dejarían de estar preocupados acerca de si estamos pisando terrenos de menguante y no precisamente de florecimiento en una perspectiva ni siquiera sólo a corto plazo.

En las encuestas y estudios de los últimos tiempos, tanto la justicia como la clase política son problemas que aparecen entre los que más preocupan a la ciudadanía. Elocuente y comentada ha sido la reciente encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas en la que se marcaba que la clase política y los partidos políticos son ya el tercer problema para los españoles.

Ante esta situación cabe interrogarse qué es lo que está provocando este desprestigio de la clase política y, por ósmosis, también de los partidos, que deteriora pivotes importantes de la democracia liberal. ¿Falta de virtudes específicas de los políticos? ¿Deficientes mecanismos institucionales en la selección de éstos y en el ejercicio del vigilar a los vigilantes? ¿La metástasis de la corrupción en los diferentes niveles de la Administración pública?

La interrogante acerca de las virtudes que deben adornar al gobernante ha sido un elemento presente en el pensamiento político desde la Antigüedad, y de manera más destacada desde la aparición de El príncipe de Maquiavelo, con sus inquietantes formulaciones al respecto que produjeron una intranquilidad profunda y tan duradera que incluso ha llegado hasta nuestros días. Mas, una de las características principales de la práctica de los sistemas liberal-democráticos modernos -cuya teorización venía desarrollándose ya desde hacía tiempo- es que, para el ejercicio de la libertad y del asegurar los derechos e intereses de los individuos, hay que crear mecanismos institucionales de técnica política, basados en la división y el equilibrio de poderes, un sistema de límites y controles, y no tanto depender de las virtudes subjetivas de los individuos, especialmente de los gobernantes, de tal manera que éstos no puedan modificar a su antojo las bases de ese mecanismo técnico.

Fuera de cualquier buenismo antropológico, habría que partir siempre de que todo político puede ser corruptible. Es decir, aceptar como válida la ley de la corrupción de Lord Acton, en el sentido de que no se puede dar a una persona poder sobre otras personas sin tentarla a que abuse de él. Una tentación -en palabras de Popper- «que aumenta aproximadamente con la cantidad de poder detentado y que muy pocos son capaces de resistir». No se trata, pues, de centrarse en la apelación a la virtud y al mantenimiento de los principios éticos de los políticos, porque como ya señalara Montesquieu, muy rara vez una exhortación ha cambiado los actos o decisiones de los gobernantes y que los hombres violan frecuentemente sus propios principios éticos, sino de crear adecuados mecanismos de selección y de control tanto por parte de los partidos políticos en sus estructuras y funcionamiento, como en el ámbito de las instituciones políticas en general.

No es cuestión, por tanto, de que para formar parte de la clase política -y a la hora de elegir a los gobernantes- se exija un espécimen de persona particularmente austera y virtuosa, ni sabios intelectuales transmutados en filósofos-reyes platónicos seducidos por el espejismo de Siracusa -por lo demás, de consecuencias en general tan nefastas en la práctica histórica-, sino de reforzar y de crear nuevos mecanismos de técnica de control interno y externo a los partidos y a las instituciones, pues los existentes en la actualidad es obvio que han fallado y han reventado por todas sus costuras.

Como síntoma de esta patología política, cabría preguntarse cuántos han sido los casos de corrupción que han sido detectados, denunciados y extirpados por los propios mecanismos de control interno del partido o de la institución contaminada. No basta ni vale, pues, dolores de corazón ni propósitos de enmienda por bien-intencionados que sean, sino que se impone una revisión de los mecanismos de control de partidos e instituciones de obligado cumplimiento, además de abrir el melón de la posible revisión del sistema de elección y de representación.

¿Difícil de abordar? Posiblemente, pero no imposible. En cualquier caso, habría que partir de la acepción kantiana de «nación de demonios» inteligentes: «Por duro que parezca, el problema de construir un estado puede ser resuelto incluso por una nación de demonios (mientras posean entendimiento)… Pues no se trata del mejoramiento moral del hombre, sino sólo de descubrir cómo el mecanismo de la naturaleza se puede aplicar a los hombres de tal modo que los antagonismos de su actitud hostil hagan que se obliguen mutuamente a someterse a leyes coercitivas, produciendo así una condición de paz donde puedan aplicarse las leyes».

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el partir del presupuesto de una «nación de demonios con entendimiento» y de la potencial corruptibilidad del político no debe llevar a ser indiferentes con las virtudes ciudadanas y, en particular, con las del gobernante y el político en general, en su combinación y equilibrio entre la moral de la responsabilidad y la moral de la convicción, con la distinción que siempre hay que hacer entre los proyectos de los hombres y las consecuencias de sus acciones. Exigiendo, así, la asunción obligatoria por parte de los políticos de sus responsabilidades, siendo éste uno de los déficit que más pueden haber llevado al desprestigio de la clase política, y de nefasta pedagogía ciudadana.

Como ha escrito Pascal Bruckner, «cuando las élites se pretenden más allá del bien y del mal y rechazan cualquier tipo de sanción, el conjunto del cuerpo social se ve inducido a repudiar la idea misma de responsabilidad (ése es exactamente el peligro de la corrupción: ridiculizar la honradez, convertirla en una excepción tan vana como trasnochada)». Y cuando se habla de esa responsabilidad, no habría que caer por parte de los gobernantes en la demagogia en la que, por ejemplo, cayó de bruces el presidente José Luis Rodríguez Zapatero cuando en su discurso ante el Comité Federal de su partido del pasado mes de septiembre apeló a oponerse a los «poderosos», porque no se puede olvidar que en un sistema democrático es el gobierno de turno el más poderoso entre los «poderosos», ya que dispone del poderosísimo instrumento del Boletín Oficial del Estado.

Ante la crisis de la clase política que se vive en nuestro país -fenómeno de cierta generalización a nivel mundial, con diferentes gradaciones-, quizá no sería gratuito el leer o releer un clásico al respecto como es El político y el científico de Max Weber, con su análisis de taxonomía política diferenciando entre los «políticos ocasionales», los «políticos semiprofesionales» y los «políticos profesionales», y dentro de éstos los que viven para la política y los que viven de la política; así como la diferenciación entre los funcionarios profesionales y los funcionarios políticos, con la subcategoría de los «funcionarios de partido».

Cuando en la selección de los políticos empiezan a predominar los aventureros, los visionarios y los faltos de escrúpulos, no hay que echar en saco roto que ése es uno de los fenómenos que caracteríza a una sociedad que tiende hacia formas con tintes demagógicos y totalitarios. Y es sabido que los brotes de malas hierbas hay que procurar arrancarlos de raíz.

La falta de responsabilidad y la ausencia de finalidades objetivas son dos pecados no precisamente veniales en la política. Porque en política, más importante que hasta dónde y a qué velocidad se va, es si se marcha en la buena dirección; siendo esto válido tanto para el Gobierno como para la oposición -para la sociedad en su conjunto-. Las conclusiones a sacar de todo esto, y para conseguir una selección acertada de gobernantes y políticos, es responsabilidad fundamental del cuerpo electoral en su conjunto, de un ejercicio crítico y maduro de la ciudadanía.

Ortega en su Mirabeau o el político escribe que «política es tener una idea clara de lo que se debe hacer desde el Estado en una nación», y lo que diferencia al «gran político» del «pequeño político» es que el primero ve siempre los problemas del Estado al través y en función de los problemas nacionales, mientras que el segundo, «como se encuentra con el Estado entre las manos», tiende a «desconocer su sentido puramente instrumental».

Tal vez, habría que añadir una subdivisión, la del «enano político»: el que se encuentra con su propio partido «entre las manos», lo toma demasiado en serio, da un valor absoluto a su ideología, y se desentiende de los verdaderos problemas que afectan y preocupan a la nación… Supongamos que hablamos de la España de hoy en día.

Alejandro Diz es profesor de Historia de las Ideas de la Universidad Rey Juan Carlos.

© Mundinteractivos, S.A.

AJUSTE DE CUENTAS

La ducha escocesa que el presidente del Gobierno recibió en Davos se la ha ganado a pulso. No ha habido un Ejecutivo en la España moderna que haya sido menos respetuoso con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que el de Rodríguez Zapatero. Y esto, al final, ha tenido consecuencias.

Ayer, Wolfgang Munchau, experto del Financial Times, alargaba la agonía que estamos sufriendo estos días reiterando que España y no Grecia ni Portugal «es el peligro evidente e inminente para la Eurozona».

Mucha gente se pregunta en qué nos parecemos tanto a Grecia que salimos en los papeles junto a ellos. Bueno, nos diferenciamos en varias cosas. Nuestra economía, según datos de la OCDE, es cuatro veces más grande que la griega. También tenemos cuatro veces más habitantes. Nuestra fuerza laboral es casi cinco veces mayor, pero nuestra tasa de paro es el doble (un 9% allí frente a un 18% aquí). Desde el punto de vista tributario, aquí somos más disciplinados. Lo que recaudamos por impuestos directos representa casi el 9% de nuestro PIB, mientras que en Grecia apenas obtienen un 5,8%. El déficit por cuenta corriente (grosso modo la diferencia entre los ingresos y los pagos de un país) de Grecia casi duplica el de España. Se calcula que en 2009 allí ha alcanzado el 11,05% del PIB mientras en España ha llegado al 5,34%.

Pero el baremo que realmente importa en los mercados internacionales es el de la deuda pública. Grecia tiene una deuda respaldada por el Estado que llega al 111,4% de su PIB, mientras que la de España es del 51,9%, según datos de 2009. La gran diferencia es que desde 1998, Grecia nunca ha reducido su endeudamiento por debajo del 100%, mientras que España desde 2003 lo mantenía por debajo del 40%.

Esto, que podría ser un indicador favorable para nuestro país, se transforma en una ventaja muy relativa por la pérdida de crédibilidad de nuestras cuentas públicas.

Para tener una idea de lo grave que es esto basta comprobar que los mercados nos están dando el mismo trato que un país cuyas estadísticas han sido denunciadas por la Unión Europea. Ya en 2004 Bruselas acusó a Atenas de falsear sus baremos para ingresar en el euro. La investigación no llegó a ninguna parte. Hace dos semanas, la Comisión Europea volvió a amonestar al Gobierno de Giorgos Papandreu por la mala calidad de sus estadísticas. Al margen de que pueda existir una manipulación de sus números, los guarismos por los que Grecia ha sido cuestionada son más o menos los que siguen: en 2008 declaró que iba a tener un déficit público del 5% y finalmente tuvo que corregirlo y elevarlo hasta el 7,7%, y en 2009 prometió un déficit del 3,7% y al final fue del 12,7%.

Es curioso, pero el Gobierno español declaró que su déficit público en los PGE de 2008 sería de un 1,5% y al final fue del 3,82%, y en los de 2009 había presupuestado un déficit del 5,8% y acabó siendo del 11,4%. Aquí no manipularemos las estadísticas, pero nuestras previsiones fallan más que una escopeta de feria.

El presidente se queja de que hay una conspiración anglosajona para acabar con nuestra credibilidad. No creo que sea cierto. La responsabilidad es suya que, de tanto ver los PGE como un escollo parlamentario, cree que basta una alianza oportunista para aprobarlos. Los Presupuestos son la ley más importante de una democracia no porque haya que juntar los votos para aprobarlos, sino porque hay que cumplirlos.

john.muller@elmundo.es

© Mundinteractivos, S.A.

El tema de Ascó invita a unas reflexiones. Primera: un gobierno que se manifiesta contrario a la energía nuclear, que quiere cerrar todas las centrales nucleares, que denuncia demagógicamente todo tipo de riesgos y peligros asociados a esta fuente de energía, no debería extrañarse de que la ubicación de un cementerio nuclear provoque alarmas y polémicas. Quien siembra vientos, recoge tempestades.

La demagogia no admite parcelas. Si se ha sido demagogo con las centrales nucleares, no se puede pretender dejarlo de ser con los cementerios nucleares. Y se ha sido demagogo, frívolo y poco responsable. Se ha querido iluminar el mundo con el ejemplo de una política populista y lo que se ha logrado es arriesgar quedarnos sin luz. Somos tan formidables que no necesitamos centrales nucleares; ¡pero vamos a gestionar los mejores cementerios nucleares! Sencillamente ¡grotesco!

Segunda reflexión: la decisión sobre la ubicación de un cementerio nuclear no podía resolverse mediante un concurso entre municipios. Debería haberse previsto la posición de los municipios del entorno y de las comunidades autónomas. Ahora harán sentir su criterio pero por vía política, no por un procedimiento que lo contemplara. Otra vez se ha sido frívolo.

Y una última reflexión: un alcalde no tiene disciplina más importante que la de su propio pueblo, al que sirve y representa. Los concejales, como los diputados, no están sujetos a ningún mandato imperativo. En el marco del partido en el que se integran, defienden un proyecto global, pero en todo caso y siempre han de priorizar su compromiso con su circunscripción. Y los partidos no deben ver esto como una indisciplina, sino como algo que los enriquece. Respetar la libertad de sus elegidos en la defensa de sus electores más próximos no debilita el proyecto global; lo identifica y le da más valor.

Los electores entenderán más esta libertad que una disciplina que se viva y se lea contra los electores a quienes se representa. Esto es un anticipo de lo que significan las listas abiertas; dar a los elegidos un margen de libertad que no les aleje ni distancie de sus más próximos e inmediatos electores. En el debate de Ascó, todo esto estaba presente.

TRIBUNA

Los problemas de Grecia con la perspectiva de impago de su deuda pública han generado alarma sobre el futuro del euro y la deuda pública de países periféricos como España. Europa se puede enfrentar al dilema de la Reserva Federal en EE. UU. en el momento de la quiebra de Lehman Brothers. Si se presta ayuda y se salva el banco, la disciplina de mercado se resiente y se anima al comportamiento arriesgado. Si se deja caer…, bueno, ya sabemos lo que pasó en este caso. Aunque Grecia se ha caracterizado por sus triquiñuelas presupuestarias y trampas contables, es de esperar que sea ayudada para que su impago no contagie de manera fulminante a la periferia de Europa. De entrada, un equipo de auditores externos debería examinar sus cuentas públicas.

La perspectiva de impago de la deuda griega y las posibles repercusiones en la deuda española parecen haber focalizado la atención del Gobierno español, que ha dado un giro a la política económica del “aquí no pasa nada” y “esperemos un poco que esto se arregla”. Sea, pues, bienvenido el cambio. Un programa de ajuste presupuestario de 50.000 millones de de euros y la propuesta de alargar la jubilación paulatinamente hasta los 67 años son propuestas que van en la dirección adecuada, pero falta un marco de referencia general donde se inserten.

La economía española necesita una serie de reformas si quiere salir del agujero y no quedar estancada muchos años. Se necesita un verdadero golpe de timón que impulse la productividad y garantice el Estado de bienestar. La reforma del mercado laboral es inaplazable, atenta el sentido común pensar que una tasa de paro que se acerca al 20% no tiene nada que ver con problemas en el mercado de trabajo. La reforma de la Administración pública con un sinfín de superposiciones e ineficiencias también lo es ahora. En caso contrario ¿cómo se puede generar un ahorro de 50.000 millones de euros? Sin mejorar espectacularmente la educación y la justicia no mejoraremos la productividad de las empresas.

Sí, se necesita capital humano cualificado para competir en el mundo de hoy; sí se necesita una justicia ágil para resolver cuestiones mercantiles. Se deben reformar las pensiones públicas con un conjunto de medidas que también deben incluir la reducción drástica de las prejubilaciones y cambios en las bases de cotización.

Las reformas son necesarias para que España pueda aprovechar el cambio de ciclo internacional y para poner en una senda sostenible el gasto público y el estado del bienestar. Aprovechemos la espada de Damocles sobre la deuda española de los mercados internacionales para plantear un plan de reformas coherente. El tiempo se acaba. Estas reformas necesitan consenso. Gobierno, oposición y agentes sociales harían bien en entender que van en un mismo barco que tiene unas vías de agua importantes que reparar. Quedan pocas dudas de que sin reformas vamos al estancamiento.

Xavier Vives. Director del Centro Sector Público-Sector Privado del Iese

Antes de 2011, cabe suponer que los partidos decidirán sus candidatos para presidir el Gobierno de Asturias. No sólo está la incertidumbre en el PSOE, que acaba de analizar Alberto Menéndez en este periódico, acerca de si seguirá Areces, o si, por fin, don Javier Fernández, deshojado el último pétalo, dará el paso para optar a regir los destinos del Ejecutivo autonómico. Porque, a decir verdad, la indeterminación no es menor en el PP. La lógica más elemental, aquella que dice que todo partido político aspira a ganar elecciones, apunta a que no cabría esperar que don Ovidio Sánchez estuviese dispuesto al sacrificio que implicaría salir derrotado por cuarta vez. Y, en ese caso, ahí están los amagos de Álvarez-Cascos dejándose querer para que le pidan que capitanee la lista de su partido en su tierra. Invitaciones a ello sí que tiene; lo que no sabemos con certeza es si son suficientes para que dé el paso, o, si en lugar de eso, espera otras solicitudes tanto en Madrid como en Asturias.

¿Y qué decir de IU? Bien sabemos que, ni en la más favorable de las hipótesis, puede aspirar al triunfo electoral, pero sí a formar parte del Gobierno, con lo que ello acarrea de puestos y sinecuras. Ignoro si la militancia de esta coalición se sentiría satisfecha con seguir teniendo de cabeza visible al señor Iglesias, palmero de Areces desde los tiempos en que era concejal en Gijón por su partido y servía de apoyo a don Vicente. Y, además de eso, como parlamentario, no parece haber sido un gran descubrimiento. Añádase a ello que, en el caso de que Llamazares regresase a su tierra para seguir en la política, no sabríamos bien qué acomodo podría tener en su propia coalición.

Y si las cosas están de tal guisa en lo que se refiere a los candidatos para presidir el Gobierno, acaso no sería inapropiado preguntarse por los planes que puede haber para las alcaldías de las principales ciudades asturianas.

Fuera de toda duda parece estar que Gabino de Lorenzo no tendría que acudir con mayor frecuencia a los plenos del Ayuntamiento que gobierna para volver a ganar la Alcaldía vetustense, máxime si el PSOE vuelve a decantarse por doña Paloma Sainz, cuyas dotes oratorias no logran maravillar a nadie y cuyo proyecto para la ciudad nos sigue siendo desconocido. En Gijón, sin embargo, los cambios pueden producirse. Habría que preguntarse si la señora Pardo sería la cabeza de lista del PP en la ciudad de Jovellanos, caso de que Cascos se presentase a presidir el Gobierno de Asturias. Y, de otro lado, habría que ver hasta dónde llegarán las disputas entre la alcaldesa de Avilés con el infatigable Álvaro Álvarez, y si éstas pueden tener consecuencias en la candidatura.

Como el lector habrá podido comprobar, las incertidumbres son grandes. Pero frente a ellas, hay algo que puede mucho más: la necesidad de cambio, y no ya de partidos, sino de personas.

No parece extraño que, dado el envejecimiento de nuestra población, Asturias tenga una mal llamada «clase política» cercana ya a la gerontocracia, muy por encima de la media nacional.

Aquí, el cambio generacional llama a la puerta, se diría que con clamor. Imagine el lector por un momento que de 2011 a 2015 sigue Areces presidiendo el Gobierno, continúa Ovidio Sánchez arremetiendo contra él una vez al año en el debate sobre el estado de la región. Que de 2011 a 2015, mantiene Gabino de Lorenzo su tradición de no acudir a los plenos, aunque cante zarzuela, mientras doña Paloma prosigue con sus discursos tan previsibles. Que de 2011 a 2015, doña Paz Fernández Felgueroso repite un mandato más, mientras el señor Montes Estrada reinicia sus periplos viajeros por el ancho mundo, eso sí, por el bien de Asturias y de la ciudad de Jovellanos.

Y todo ello por no hablar de alcaldes de otros muchos municipios que llevan muchas legislaturas al frente de respectivos consistorios, así como de parlamentarios autonómicos que nos resultan ya tan familiares, no por su proximidad al electorado, sino por su dilatada presencia en la vida pública.

Bien sabemos que estos tiempos que vivimos no se caracterizan por grandes ilusiones colectivas, que las esperanzas están muy recortaditas, y que nadie sueña con milagros de ningún tipo. Lejos estamos del año 82, de los anhelos que se vivieron con aquel eslogan de un «cambio», que luego no fue tal.

Pero, a pesar de todo ello, los principales protagonistas de la vida política asturiana ya han cumplido con creces su etapa, ya están en una prórroga. Todo ello, en la medida en que se respira un hartazgo no pequeño en la sociedad, hartazgo, y esto es inquietante, que, en lugar de dar pie a una actitud combativa de la ciudadanía, lo que está generando es todo lo contrario: apatía, abulia, resignación, conformismo; es decir, todo lo contrario de lo que puede manifestar una sociedad ilusionada y vivaz.

Y, en otro orden de cosas, no menos importante, esta tierra tiene por delante grandes retos que demandan nuevos enfoques que no son esperables de la mayoría de los actuales dirigentes políticos. No podemos seguir siendo la autonomía de los sobrecostes, no podemos continuar con una política medioambiental que no parece existir más allá del afán recaudatorio, y así sucesivamente.

Lo que hace falta es que en un año se pongan en la mesa proyectos de y para Asturias que generen debate en la sociedad. Y para eso resulta imprescindible que quienes comparezcan ante el electorado lo hagan convenciendo de que piden el voto ciudadano para algo más que perpetuarse en sus cargos, sean de Gobierno o de oposición.

¿Será 2010 el año que marque el principio del fin de la gerontocracia en la vida política de Asturias?

En todo caso, debería ser.

La paridad en la participación pública de hombres y mujeres sigue siendo un horizonte a conquistar y no una realidad plena. Algo, sin embargo, se mueve; lentamente, pero se mueve en esta y en otras materias que tienen que ver con las políticas de igualdad a escala comunitaria. Mujeres y hombres debemos tener el coraje de zarpar hacia el mar abierto de un mundo igualitario, sin que ningún ancla del pasado nos lo impida.

En 1992, ministras y otras líderes de toda Europa celebraron la I Cumbre Europea Mujeres en el poder, que concluyó con la Declaración de Atenas, capital que acogió aquel encuentro. Tanto la reunión como el documento de referencia supusieron un hito y un impulso determinante para la igualdad y el acceso de las mujeres a los espacios de responsabilidad política. La Declaración de Atenas contribuyó a que los países miembros de la Unión Europea aprobaran legislaciones y normas que han permitido avanzar hacia una sociedad europea más cohesionada, más justa y más democrática.

Pero, a pesar de los avances, no hemos cumplido el objetivo: la plena participación de las mujeres en la vida pública y su acceso y permanencia en los puestos de toma de decisiones.

El pasado mes de noviembre, eurodiputadas de los principales grupos políticos protestaban en Bruselas vistiéndose a la usanza de los hombres para denunciar la preponderancia masculina en los puestos de responsabilidad de la UE. Las manifestantes amenazaron con boicotear incluso la constitución de la Comisión Europea si se seguía excluyendo de forma tan manifiesta a las mujeres. La realidad es que el progreso es lento y las cifras globales siguen siendo bajas. Así, sólo el 35% de los parlamentarios europeos son mujeres y sólo siete estados miembros alcanzan el 30% en sus parlamentos nacionales.

Por ello, tenemos que redoblar los esfuerzos para alcanzar la democracia paritaria, porque es el punto de partida para la construcción de una democracia que integre a toda la sociedad. Una democracia que no ponga en cuestión la valía de los 250 millones de europeas. Que valore el mérito, la capacidad y la formación por encima de prejuicios.

La realidad es que, en el contexto europeo, las mujeres constituyen el 60% de las personas que se licencian y los datos estadísticos reflejan que lo hacen con mejores expedientes académicos que sus compañeros varones. Aun así, la tasa de ocupación de las mujeres es inferior a la de los hombres y su presencia laboral sigue concentrándose en empleos tradicionalmente feminizados y peor remunerados, al tiempo que ocupan menos puestos de responsabilidad y de representatividad en todas las esferas sociales. Tales circunstancias concurren tanto en la política como en el ámbito empresarial, donde la proporción de directoras, por ejemplo, es sólo del 3% en las principales empresas que cotizan en bolsa y sólo uno de cada diez miembros de sus consejos de administración es mujer.

Prescindir de las mujeres no sólo es injusto desde la perspectiva de los derechos, sino que también resulta claramente ineficiente desde el punto de vista económico. La sociedad europea no puede permitirse el lujo de despilfarrar la capacidad, la inteligencia y el capital humano que representa la mitad de la población constituida por las mujeres.

Por esta razón, en el marco de la Presidencia española del Consejo de Europa y a iniciativa de los gobiernos de España y Reino Unido se celebrará mañana en Cádiz la II Cumbre Europea Mujeres en el poder con el objetivo de dar un nuevo impulso a la igualdad como valor político en nuestro proyecto europeo. Esta cumbre coincide con la conmemoración de los 15 años de la Plataforma de Acción de Beijing y con un momento clave de transición para Europa, con la puesta en marcha del Tratado de Lisboa e inmersa en el diseño de una nueva estrategia para el crecimiento y el empleo.

Coincidimos en la necesidad de que este nuevo modelo ha de estar basado en el conocimiento y en la innovación, ha de ser socialmente sostenible, debe incorporar todo el talento de las mujeres al tejido productivo, equilibrar la balanza de la responsabilidad de hombres y mujeres en las esferas públicas y privadas y profundizar en la conciliación de los tiempos de vida. En suma, la prosperidad ha de venir a partir de que se utilicen mejor y de forma más inteligente e incluyente todos los recursos y de aprovechar la capacidad de toda la población.

Hombres y mujeres tenemos que ser necesariamente cómplices de esa aventura común a la que llamamos futuro. No se trata de otorgar favores o privilegios, se trata de entender que la igualdad real y efectiva no se logrará en tanto en cuanto las mujeres no compartan todos los espacios de poder en igualdad de condiciones con los hombres. La falta de presencia de las mujeres impide asumir plenamente los intereses y las necesidades del conjunto de la sociedad.

La vieja Europa mira hacia 2020 y, en ese escenario, definitivamente, no pueden estar ausentes las mujeres. Ya es hora de realizar modificaciones profundas en la estructura de los procesos de decisión con el fin de asegurar dicha igualdad.

Tenemos que continuar mejorando nuestras democracias, pero ya, definitivamente, sin que el sexo sea en ningún caso motivo de discriminación.

La igualdad de participación de mujeres y hombres es necesaria para reforzar la democracia, esencial en la construcción de una sociedad más representativa, políticamente más dinámica, más solidaria y económicamente más rentable; y constituye un factor de cohesión y justicia social. Parecerían obviedades si no hiciera falta repetirlas, porque, por mucho que conozcamos la música de esas palabras, seguimos sin aprendernos y sin aplicar su letra.

Tenemos una responsabilidad inaplazable; no es tiempo de seguir negando la participación de las mujeres, de seguir hurtándoles los espacios que también son suyos. Ya son demasiados siglos de trabajo, demasiadas generaciones empeñadas en un mismo objetivo.

Luchar por la paridad no sólo beneficia a las mujeres, sino a todos los demócratas, porque se trata de una cuestión de derechos, de reparto de la riqueza y del poder, para el bien común. Esperemos que la Declaración de Cádiz sea la última, la que definitivamente nos permita navegar hacia el rumbo que unos y que otras nos propongamos, sin que nada nos retenga en un mismo muelle eterno. Esperemos que, a partir de este encuentro, el viento de la historia sople definitivamente a favor de una causa que debiera ser de todos los hombres y de todas las mujeres.

Bibiana Aído es ministra de Igualdad de España.

Harriet Harman es líder de la Cämara de los Comunes y ministra para las Mujeres de Reino Unido.

Los ciudadanos entrevistados telefónicamente están de acuerdo con la integración de los inmigrantes. Según el Publiscopio publicado el pasado sábado en este diario, son más los ciudadanos que se muestran partidarios de que todos se empadronen. De ese modo habrá inmigrantes en situación irregular, pero no invisibles ni indocumentados. En otras palabras, los encuestados rechazan una política de exclusión y prefieren tener vecinos que estén atendidos en sus necesidades básicas a extraños que se hallen socialmente marginados.La pesquisa fue levantada en plena ofensiva contra el empadronamiento y es probable que una parte de los interrogados camufle sus rechazos para quedar bien en la foto. Sin embargo, la diferencia de puntos entre los favorables a la inscripción y la de aquellos que rechazan esta obligación legal y moral es suficientemente amplia (50% frente a 34%) para darla por buena. Y se agranda más aún cuando se trata de asegurar la asistencia sanitaria y el acceso a la educación a los hijos de los inmigrantes en situación irregular.

Sólo hay una pregunta que nos divide en dos mitades. Cuando se nos interroga acerca del grado de saturación. En ese punto, se responde con convicción (es la respuesta con menos no sabe y no contesta) que no podemos aceptar más inmigrantes. Esta idea resume el conjunto de la encuesta, a saber: medidas de integración para los que ya están aquí, pero puertas entornadas para los que estén dispuestos a venir.

El Publiscopio da un paso más y pregunta cuál es el grado de acuerdo con la política de inmigración de Rodríguez Zapatero y de Rajoy. Sólo un 30% de los entrevistados está conforme con la política del presidente del Gobierno y sólo un 21% con la del líder del Partido Popular. El resultado es claro: alrededor del 43% está en desacuerdo con la de uno y otro. Probablemente porque no se ve la diferencia y eso quiere decir que no se explican bien y que no son tan distintas. En política, lo que se percibe es lo que importa.

¿Qué apoya el electorado? Al parecer sostiene que la integración es el principio que debe vertebrar la política de inmigración, pero es consciente de las limitaciones actuales y plantea la necesidad de atemperar los flujos estableciendo criterios de admisión. En definitiva, se opta por un modelo mixto compuesto de ciudadanos inmigrantes y de mano de obra temporal. Un escenario social en el que se combine el arraigo familiar con los trabajadores de ida y vuelta.

La disyuntiva está entre un “modelo de inmigración irregular”, que es el que predican los partidarios de no empadronar a quien pierde el empleo, o bien un “modelo mixto”, que armoniza habitantes con trabajadores ocasionales. Los encuestados saben que la inmigración no es una hoja volandera y que para la convivencia es más rentable tener vecinos con derechos que papeles para pocos. Los consultados están en contra de iniciativas políticas cuya consecuencia sea la de aumentar la zona oscura de la clandestinidad. La mayoría apuesta por una política de inmigración que aminore los riesgos de exclusión y repudia la política de extranjería que los agranda.

Antonio Izquierdo. Catedrático de Sociología.

Si de alguna cosa puede sentirse orgullosa la sociedad española es de cómo se ha gobernado política y socialmente la Seguridad Social. Con una voluntad de reforma permanente, de lluvia fina, pocas rupturas y con consenso. El resultado, un sistema sólido y bien gestionado -con independencia de quien gobernara-. Para ello ha sido determinante el papel de los agentes sociales que, aunque con niveles de compromiso e implicación distintos, han contribuido a ello.

La Seguridad Social española está aguantando mejor que otros sistemas el impacto de la crisis y ha sorteado mejor la recesión que los sistemas privados de fondos de pensiones. A pesar de que, a finales del siglo pasado, algunos estudios muy publicitados vaticinaron la quiebra del sistema para el año 2005, hoy se dispone de un Fondo de Reserva de 60.000 millones de euros y es uno de los pocos presupuestos públicos que aún genera superávit, 8.000 millones de euros en 2009 y una previsión de 2.800 para 2010.

Sin dormirse en los laureles, deberíamos mantener la calma y no caer en la trampa de actuaciones de cara a la galería interna o externa. La propuesta del Gobierno de aplazar progresivamente la edad de jubilación a los 67 años ha acaparado la atención y preocupación de la ciudadanía. Ya habrá tiempo de analizar en profundidad los detalles, pero sorprende que se presente esta propuesta por quien conoce muy bien la Seguridad Social. Vaya por delante que la edad de jubilación real está situada hoy en 63,8 años de media, cuando hace muy poco estaba en 62,5. Ello significa que, de manera progresiva y natural, la edad de jubilación real se va alargando y aproximando a la legal de 65 años. Y que existe un margen importante para incrementar esta edad en más de un año sin acometer un cambio legal generalizado.

En el debate previo a cualquier decisión deberíamos tener presente tres planos: las razones de la propuesta, los impactos que tendría y si hay medidas alternativas para conseguir el mismo objetivo. Las razones esgrimidas, aumentar los ingresos -más años cotizando- y reducir los gastos -menos años cobrando-, mejoraría el equilibrio financiero futuro, en un contexto de aumento de la esperanza de vida. Pero se obvia que los ingresos de la Seguridad Social dependen, sobre todo, de la cantidad de cotizantes y de la calidad -importe- de las cotizaciones. En estos últimos años hemos vivido realidades contradictorias. De un lado, 8 millones de nuevos ocupados han mejorado mucho los ingresos, pero la precariedad en el empleo ha reducido el importe de las cotizaciones medias. El equilibrio financiero de la Seguridad Social depende de razones demográficas y legales, pero, sobre todo, de la cantidad y calidad del empleo. Y en este sentido la sociedad española vive atrapada en una permanente esquizofrenia. No se puede pretender al mismo tiempo hacer más contratos a tiempo parcial, competir con salarios bajos, parar el proceso de mejora del salario mínimo, hacer los ajustes de las empresas con jubilaciones anticipadas y en algunos casos prejubilaciones y que ello no suponga una bajada de ingresos para la Seguridad Social.

La propuesta rompe con la línea de estos últimos años, construida sobre un sistema muy flexible, que permite jubilarse anticipadamente con coeficiente reductor a los 61 -en algunos casos a los 60- y también ampliar la edad voluntariamente más allá de los 65, con beneficios para el trabajador y las empresas. Además, tendría efectos colaterales muy perversos al incrementar aún más la segmentación entre trabajadores. Los de algunas grandes empresas y sectores con regulación especial podrían continuar jubilándose o prejubilando a cargo de las empresas. Y el resto de trabajadores verían aplazada, aunque fuera progresivamente, la edad real de jubilación. Este impacto sería especialmente grave en términos personales en sectores con una especial dureza en el trabajo -construcción, limpieza-.

Existen medidas alternativas. En la vertiente de los ingresos, mejorar la calidad de las cotizaciones, ligada íntimamente a la calidad de los empleos y los salarios. Y en la vertiente de los gastos, continuar el proceso de aproximación de la edad real, 63,8 años, a la legal de 65. Para ello debería desincentivarse la prejubilación que aplican algunas empresas y que, además, tienen un impacto negativo en el empleo y simultáneamente mejorar los incentivos al aplazamiento voluntario de la edad de jubilación, más allá de los 65. También podrían estudiarse algunos ajustes en la figura de la jubilación a tiempo parcial con contrato de relevo.

Sin duda, lo más importante es no abandonar la senda de reformas permanentes, con sentido global y consenso social.

Joan Coscubiela. Profesor de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de Esade (URL) y ex secretario general de CC OO en Cataluña.

Cambio de tercio en las relaciones entre sindicatos y Gobierno. La comisión permanente de CCOO y la Ejecutiva de UGT convocarán este martes las primeras movilizaciones contra la reforma de las pensiones que proyecta el Gobierno.

La maquinaria tiene como punto de arranque una campaña informativa que comienza hoy mismo en los centros de trabajo de todo el país, y culminará en esta primera etapa con una asamblea de delegados en Madrid. La asamblea se celebrará este mismo jueves, cuatro de febrero, y será el pistoletazo de salida de las movilizaciones. Por el momento, no se habla de la convocatoria de ninguna acción de carácter general, pero en la agenda de los sindicatos -que en este punto mantienen la unidad de acción- está ir subiendo gradualmente la intensidad de las protestas hasta conseguir que el Gobierno dé marcha atrás en su propuesta de aumentar de 65 a 67 años la edad de jubilación con carácter obligatorio.

Los sindicatos no sólo están contra el fondo del documento aprobado el viernes pasado por el Consejo de Ministros, sino que también están sorprendidos por la forma en que el Gobierno ha planteado el llamado pensionazo. En particular, en unos momentos muy delicados en los que tanto UGT como CCOO y la patronal CEOE están negociando un pacto de moderación salarial y de contención de los beneficios empresariales.

“Claro que el asunto de las pensiones contamina toda la actividad sindical”, asegura un dirigente de CCOO cuando se le pregunta si la reforma de las pensiones puede influir en el diálogo social. En principio, sindicatos y empresarios  se habían dado de plazo hasta el próximo 15 de febrero para agotar las negociaciones, pero está por ver si el nuevo clima afecta a los contactos, que continúan celebrándose al margen de los focos de los medios de comunicación.

Lo que está claro es que los sindicatos parecen dispuestos a emplearse a fondo contra la propuesta. Básicamente porque han palpado en la opinión pública un gran rechazo ante la posibilidad de que se alargue la edad de jubilación, y en unos momentos en los que desde diversos sectores se ha criticado su inactividad frente a la crisis, no están dispuestos a dejar pasar esa bandera.

Zapatero se queda solo

La contestación sindical a la propuesta era evidente, y eso explica que el pasado sábado el presidente Zapatero viniera a decir ante el comité federal de su partido que estaba dispuesto a aguantar el pulso a los sindicatos. Pero las centrales no están solas. Saben que ningún partido quiere sacarle las castañas del fuego al Gobierno en un asunto como este que tiene tanto desgaste electoral, y de ahí que su estrategia vaya a pasar por ampliar la correlación de fuerzas en contra de la medida. En particular con los partidos de izquierdas.

Ni siquiera formaciones como el PP o CiU, a priori más proclives a la medida, parecen dispuestas a mojarse a favor del Gobierno. Máxime cuando en octubre (si no hay adelanto) hay elecciones en Cataluña y el año próximo municipales y autonómicas. Y este asunto, como sostiene un dirigente sindical “está en la epidermis de los ciudadanos”.

El argumento de peso que poseen los sindicatos es que el Pacto de Toledo –suscrito por todos los partidos- habla de aumentar la edad de jubilación, pero de forma voluntaria y no con carácter obligatorio. De hecho, en la última reforma de las pensiones se pactó incentivar la prórroga de la vida laboral mediante bonificaciones empresariales y una mejora adicional del 2% ó el 3% en las pensiones de quienes no deseen jubilarse a los 65 años.

Los sindicatos confían, por ello, en que la propuesta no salga adelante ni siquiera en la comisión parlamentaria que estudia la renovación del Pacto de Toledo, en la que el Grupo Socialista no tiene mayoría absoluta.

La brecha abierta entre sindicatos y Gobierno puede que no acabe aquí. Si se cumple el calendario previsto, el próximo viernes el Consejo de Ministros aprobará sus propuestas de reforma del mercado de trabajo, y los sindicatos no las tienen todas consigo de que el texto que salga esté en sintonía con sus planteamientos. Como se ve, la dureza de la crisis ha hecho cambiar las prioridades políticas.

Interesante, como casi siempre, el último post de Paul Krugman en el New York Times. Una pieza en la que el Nobel fija sus ojos en un país tan anodino informativamente hablando como Canadá. Y lo hace para detenerse en cuál ha sido la evolución de su sector bancario desde el inicio de la crisis, inmune a los sobresaltos que casi se llevan por delante a la industria equiparable de su vecino del sur. Dada la capacidad que tiene el profesor de poner temas de moda, apuesto 100 a 1 a que, en breve, pasaremos de hablar del modelo sueco como solución a los desequilibrios financieros con origen en la banca a hacerlo del ejemplo canadiense como vía óptima para evitarlos. Y, ¿en qué consiste tan magistral receta? Básicamente en el clásico zapatero a tus zapatos que la Historia ha ratificado como uno de los aforismos populares más acertados. Con todas las implicaciones que eso conlleva.

De inicio, el post contiene una exclamación encubierta: It´s politics, stupid. Es la política la que determina la viabilidad de un sistema frente a otro, la que ha procurado la supervivencia de las instituciones financieras canadienses frente a las de Estados Unidos. Así, no existen entre ambas naciones grandes diferencias culturales o de estructura social y/o económica. Tal similitud se manifiesta en su pareja evolución de los tipos de interés antes del estallido de la burbuja de crédito; en la excesiva concentración bancaria, quizá exacerbada en el caso canadiense donde cinco firmas copan la práctica totalidad del mercado; y en el modo en el que los dos países de beneficiaron de la incorporación de China al comercio internacional con su particular propuesta de trade off de bienes baratos y reciclado de divisas.

Sin embargo, como ha quedado demostrado, mientras los bancos canadienses han salido prácticamente limpios de polvo y paja de todo este berenjenal, los estadounidenses siguen con su particular purga de pecados pasados. ¿Cuál es el truco? It´s politics. Krugman cita hasta tres elementos diferenciales esenciales: uno, limitación del riesgo a asumir por las entidades financieras, a través del establecimiento de un techo a su capacidad de apalancamiento; dos, contención de los procesos de titulización; tres, protección de la clientela hasta el punto de restringir notablemente la actividad hipotecaria sin las suficientes garantías de pago o subprime. En definitiva, mantener el negocio bancario dentro de los estándares de balance y cuenta de resultados que impiden que de su actividad se derive un riesgo sistémico para el conjunto de los agentes económicos. Ay si todo el orbe hubiera imitado el modelo canadiense, otro gallo nos cantaría.

Al final, concluye Krugman no se trata más que de devolver a la banca a su ser, a su odioso y aburrido ser. ¿A qué se refiere? Aunque no lo explicite, a su consideración de mero intermediario entre el ahorro y la inversión en sus distintas vertientes, desde la más general de depósitos y crédito hasta la más sofisticada de colocación y suscripción o comisionista de una venta. A la necesidad de que devenga en una industria mejor regulada, hasta el punto de asimilarse a una utility, en la que la rentabilidad sobre los recursos propios se reduzca drásticamente y sea función de la propia capacidad para gestionar los estados anuales dentro de un estrecho corsé. En la que los beneficios recurrentes primen sobre los cíclicos y los extraordinarios respondan a tal denominación. Una vuelta forzosa a los orígenes que termine con todo lo excesivo que rodea al sector, desde su concentración de riesgos o su exagerada participación en el PIB de determinadas naciones, a los bonus multimillonarios que superan las siete cifras.

Probablemente, los lobistas parlamentarios de Estados Unidos impidan que una reforma de tal alcance salga adelante. Habrá que confiar en el criterio de instituciones supranacionales como el Banco Internacional de Pagos para imponerlas, aunque su precedente con Basilea II no sea muy halagüeño. Sin embargo, tales medidas parecen la única vía para ajustar la dimensión de la economía financiera a la actividad productiva, que sufrirá en el envite. Y de qué manera. Mal necesario. De lo contrario volveremos a hablar dentro de no tanto de la necesidad del modelo sueco con su visión global del desastre, su propuesta de creación de un banco malo, su potenciación de las entidades sanas y su recuperación en el tiempo de las consecuencias de la debacle. Sería muy triste que, después de lo que hemos vivido, ése sea el destino que nos espere, ¿no creen? Pues eso.