Reggio’s

Las reformas del PP son ideológicas y generan inestabilidad en el sistema educativo

Como si se tratara de una ley de la naturaleza imposible de soslayar, cada Gobierno, al iniciar su mandato, cambia el modelo y la estructura de la educación, con los indudables trastornos que ello causa a la escuela y las familias. El del PP no podía fallar. Resulta así muy difícil que una estructura se asiente y muestre sus virtudes y sus debilidades para ir corrigiéndola con prudencia. En esta ocasión, el ministro del ramo, José Ignacio Wert, acaba de anunciar las modificaciones que planea introducir, entre las que destacan las relacionadas con la asignatura Educación para la Ciudadanía y la estructura de la Educación Secundaria.

El problema de Educación para la Ciudadanía es artificial; generado por la intolerancia de la Conferencia Episcopal y los sectores más extremistas, que tildan de adoctrinamiento la información acerca de puntos de vista diferentes sobre la familia, las relaciones interpersonales y la necesidad de respetarlos, aunque no se compartan. Es justamente esta parte de la asignatura la que se pretende revisar a pesar de que los problemas de nuestra educación no radiquen en la existencia o el contenido de esa materia y de que los conflictos suscitados, puramente ideológicos, hayan sido mínimos. A falta de mayores concreciones sobre el cambio, el contexto en que surge da pistas acerca de su orientación y de las razones que asisten a un ministro que ayer justificaba su decisión recitando un texto “adoctrinador” que ni siquiera recogen los libros escolares que ahora se pretenden modificar. En cualquier caso, los niños no son propiedad de los padres y un Estado democrático y aconfesional tiene la obligación de organizar la enseñanza teniendo en cuenta lo que beneficia a su formación integral, a veces al margen de las preferencias particulares de los progenitores o de sus iglesias.

La otra modificación, de más calado, es la reducción de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en un año, que se añade al Bachillerato, al tiempo que se mantiene la escolarización obligatoria hasta los 16 años. Tal reforma introduce una disfuncionalidad que habrá que resolver. Todos los alumnos tendrán que cursar un año después de haber culminado la ESO, aunque no vayan a completar la etapa formativa siguiente. Estaba ya aceptado el sistema que daba fin a la escolaridad obligatoria en coincidencia con el fin de la ESO y también el método de orientar el último curso de la Secundaria en función de las preferencias y aptitudes y dependiendo de que la opción a seguir fuera el Bachillerato, la Formación Profesional o el mercado de trabajo. Tal alternativa parece menos agresiva que el cambio que ahora se propone.

Nuestras escuelas y nuestros docentes necesitan apoyo a una tarea que es fundamental y es compleja. También necesitan prudencia en los cambios, que debieran ser evolutivos. No es evidente que las reformas propuestas, que el Gobierno debería explicar con detalle a la ciudadanía, vayan en esta dirección.

Mientras el PSOE se encamina hacia su 38º congreso, gran parte del debate y los comentarios en los medios de comunicación se han centrado en las diferencias que existen -si es que existen- entre los programas de los candidatos, y en quién estaría mejor situado para enfrentarse a Mariano Rajoy como líder de la oposición. Ambas son cuestiones importantes: si el partido pretende convertirse rápidamente en una alternativa creíble de gobierno necesita tanto un programa sólido como un líder capaz y con autoridad. Sin embargo, me parece que el reto más importante que afronta el próximo secretario general -ya sea Carme Chacón o Alfredo Pérez Rubalcaba- es la reforma del propio partido. El año pasado, votantes de siempre del PSOE le abandonaron no solo porque había perdido su credibilidad y sus metas, que también. Muchos votantes se alejaron por la forma de hacer política que estaban viendo en los socialistas.

Históricamente, desde luego, todos los Gobiernos, con el tiempo, acaban perdiendo su sentimiento de rebeldía y convirtiéndose en gestores del statu quo. Forma parte del péndulo natural de la política democrática. Por desgracia, los partidos que pierden contacto con las preocupaciones de sus gobernados tienden también a ensimismarse cada vez más en sus batallas políticas internas. Y entonces, la política aparece en los medios como un culebrón que narra el ascenso y la caída de distintas facciones, ideológicas, regionales o vinculadas a personalidades. Para el ciudadano medio, a todos los efectos, los que se dedican a la política de partido, tanto a nivel nacional como a nivel local, parecen más preocupados por promover sus propios intereses y carreras que por defender el bien público o cambiar la sociedad.

Los votantes dieron la espalda al PSOE en las últimas elecciones porque tenían la sensación de que el partido ya les había dado la espalda a ellos. Para recuperar su confianza, el partido tendrá que demostrar que es capaz de cambiar.

El obstáculo que afronta el PSOE es aún más complicado por las tendencias sociales y culturales que están transformando las sociedades del siglo XXI. Desde el punto de vista demográfico, ha aparecido una nueva generación de posibles votantes. Un estudio comparativo internacional llevado a cabo por el Center for American Progress ha descubierto que la llamada “generación del milenio” siente menos deferencia y “lealtad” con respecto a algún partido concreto y está menos inclinada a pensar que la política tradicional de partidos es la única o incluso la mejor manera de cambiar la sociedad. En España, además, la generación del milenio ha crecido en democracia y, en gran medida, la da por descontada, por lo que tiene menos vínculos emocionales con el PSOE como “garante” de la Transición y la modernidad del país.

Asimismo, han surgido nuevos retos y el abanico de cuestiones que preocupan a la gente ha variado. Hoy, grandes sectores de la sociedad -jóvenes y viejos, hombres y mujeres, gais yheterosexuales- están más preocupados o interesados por “cuestiones concretas” -la educación, el desarrollo, el medio ambiente, el genocidio y los crímenes de guerra, los derechos de los animales, etcétera- que por la gama tradicional de políticas que suelen abordar los partidos progresistas. Por desgracia, los grandes partidos políticos están a menudo esclerotizados y son lentos e incluso resistentes al cambio. Esta falta de voluntad de abrirse a nuevas ideas, nuevas personas y nuevas formas de hacer las cosas ha creado oportunidades para que los nuevos movimientos sociales y los partidos pequeños atraigan cada vez a más adherentes.

El PSOE debe esforzarse por atraer y aliarse con los ciudadanos que comparten su visión y sus valores en general, pero nunca han pensado que el partido es un lugar natural en el que desarrollar su activismo.

Lo bueno es que los partidos progresistas de todo el mundo ya se han enfrentado a estas dificultades en el pasado y esos retos han contribuido a reforzar su empeño y sus apoyos. Además, las derrotas históricas son muchas veces el mejor momento para iniciar el proceso de renovación. La rabia y la frustración que suelen sentir los fieles del partido, si se encauzan bien, impulsan el proceso con más fuerza, incluso aunque las perspectivas sean terribles.

En Estados Unidos, por ejemplo, tras la derrota de John Kerry en 2004, los expertos pusieron en duda que los demócratas fueran a poder volver a tener alguna vez la mayoría en unas elecciones presidenciales, dado que muchas de las energías progresistas estaban agrupadas en torno a organizaciones ajenas al partido, como MoveOn. Sin embargo, bajo la dirección de Howard Dean, el partido emprendió un doble proceso de renovación. En primer lugar, una iniciativa de organización comunitaria permitió a los miembros y simpatizantes dar rienda suelta a sus sentimientos de frustración con el partido mientras llevaban a cabo actividades positivas que mejoraban sus comunidades (y, al mismo tiempo, dejaban claro a los escépticos que el objetivo central del partido era verdaderamente mejorar la vida de las personas). En paralelo, el partido invirtió en infraestructuras políticas modernas, como los últimos sistemas de medios sociales y gestión de datos, y amplió su presencia física en todo el país. Estas inversiones de tiempo y recursos permitieron al partido mantener un diálogo más constructivo con sus miembros y simpatizantes y cultivar y aumentar su energía y entusiasmo. El resultado fue un modelo de organización comunitaria puerta a puerta y persona a persona que despertó admiración, revolucionó la forma de hacer política, llevó a los demócratas a la victoria en las dos Cámaras del Congreso en 2006 y sentó las bases para la histórica campaña del presidente Obama en 2008.

En Europa, también, los progresistas han innovado para reanimar y fortalecer su movimiento. Con Andrea Nahles, los socialdemócratas alemanes iniciaron “conversaciones sobre temas concretos” con personas de fuera del partido para ampliar sus apoyos. El Partido Democrático Italiano y, en los últimos tiempos, el Partido Socialista Francés han celebrado primarias abiertas que atrajeron a mucha gente a las urnas y proporcionaron financiación a sus respectivas organizaciones -¡la gente pagó para participar en la votación!- e información de contacto sobre los interesados en entablar diálogo con la dirección. Tradicionalmente, los partidos parlamentarios europeos se han resistido a estas tácticas, porque piensan que esa apertura a los partidarios informales debilita la relación con ellos y los incentivos para que se conviertan en militantes. Sin embargo, en todos los casos mencionados, los miembros y militantes vieron que tenían el poder de dirigir conversaciones, tender la mano a posibles partidarios y administrar el proceso político. En vez de quedarse marginados o devaluados, se sintieron reforzados y dinamizados, con un nuevo sentimiento de orgullo respecto a su partido. En resumen, la renovación y la apertura no tiene por qué ser necesariamente una cuestión de suma cero, sino que todo el mundo puede salir ganando.

El congreso de este fin de semana debe representar también un nuevo comienzo, no un final. Si el nuevo secretario general está dispuesto a abordar la política de renovación y abrir el partido a nuevas personas, nuevas ideas y nuevas formas de hacer las cosas, el PSOE volverá a ser el garante de la modernidad de España y un ejemplo para los progresistas de todo el mundo.

Matt Browne es investigador titular en el Center for American Progress, en el que dirige la Iniciativa para el Progreso Global. Colabora estrechamente con la Fundación IDEAS y es miembro del Consejo de Policy Network. Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia.

Es frecuente que se confunda el precio de un bien con su valor. Influyen prejuicios, un conocimiento superficial o un deseo aspiracional de emulación. También es habitual malvender lo que ha costado mucho lograr. Algo de esto es lo que ha sucedido en el Consejo Europeo del pasado 30 de enero. El presidente del Gobierno iba con un importante activo -son sus palabras y las de miembros de su Gobierno- y ha malvendido el acuerdo que sindicatos y patronales firmábamos días antes.

Ante los primeros ministros conservadores equivocó el precio -una huelga general que le parece inevitable- con el valor del consenso social y la responsabilidad. Solo faltaba el señor Van Rompuy, animando a coger de nuevo “el toro por los huevos”, tal y como hizo cuando celebró la valiente, por impopular, reforma laboral del anterior Gobierno.

Anoten un detalle y denle la importancia que consideren: el acuerdo de las pensiones se rubricó el día anterior a la llegada a Madrid de la canciller alemana, encuentro muy importante para nuestro país. El día anterior al encuentro en Berlín del presidente del Gobierno con la señora Merkel y en tiempo para su primer Consejo Europeo, actos no menos importantes, sindicatos y empresarios volvimos a cumplir con nuestra responsabilidad. Esperábamos que fuese una contribución que fortaleciese la posición de nuestro país para reclamar otras políticas que no arruinen a la sociedad española y le arrebaten derechos y bienestar. Pese a lo sucedido, no cejaremos en el empeño por lograrlo.

En nuestro país se ha producido un cambio político, un Gobierno conservador ha sustituido a uno socialista. Pero la severidad de la crisis pronto ha disipado las fábulas que precedieron al cambio y no ha tardado en aparecer el personaje del Torquato Tasso de Goethe lamentando que “de lo que uno es, son otros quienes tienen la culpa”.

Tras mi primera entrevista con el presidente del Gobierno -días antes de su investidura- afirmé que lo mejor era que, por la vía del diálogo, pudiéramos contribuir a resolver los problemas, y si no fuese así, deseaba que el presidente acertara. Esta afirmación, sincera, llamó la atención de alguna de las personas que más se han empleado en propagar el odio contra las organizaciones de trabajadores. Treinta y cinco años de democracia parecen no ser suficientes para que se entienda que UGT no es la oposición de ningún Gobierno. Como tampoco somos la oposición en las empresas.

Sindicatos y patronal hemos alcanzado un acuerdo difícil, como lo fue también el de las pensiones. Pero es una decisión que podemos explicar y los trabajadores la entenderán. La falta de acuerdo, cuando nuestro país se encamina hacia los seis millones de parados, es algo que difícilmente hubiéramos podido explicar.

El acuerdo solo tiene un propósito: que el despido sea la última opción en la empresa. La contención salarial, la flexibilidad, el compromiso de que una mayor parte de los márgenes empresariales se dediquen a inversión productiva, la vigilancia de los precios de los bienes y servicios esenciales, en particular de los que son competencia de las Administraciones públicas, solo tienen un objetivo: que no se siga destruyendo empleo.

Con su firma corroboramos algo sobre lo que se ha insistido: que deberían explorarse las posibilidades de mejora que ofrecen nuestras normas laborales, reformadas recientemente. Para asuntos como el convenio de empresa, la flexibilidad en la contratación o en las empresas -si son esos realmente los problemas que se quieren resolver-, nuestra regulación permite buscar soluciones por la vía del diálogo y el consenso social.

No obstante, se pueden preguntar por qué ahora ha sido posible lograrlo con prontitud. Es posible que las distancias antes fueran mayores porque, como ustedes y Borges saben, el espacio se mide por el tiempo y hoy el tiempo, al menos el tiempo político, no sé si es más o menos breve, pero sí es distinto. No ha sido así para nosotros.

También hemos intentado preservar algo vital: la negociación colectiva. Lo saben bien quienes quieren extirparla de las relaciones laborales, el ministro de Economía encabeza el pelotón: “El sistema de negociación colectiva ha sido la principal razón de la pérdida de competitividad que hemos sufrido en la última década”. Por ahora son solo sus palabras, esperemos que no se conviertan en decisiones.

Tras lo sucedido en el Consejo Europeo, tenemos el derecho a que el Gobierno acredite su voluntad de diálogo. Es su obligación tomar la iniciativa, convocar a sindicatos y patronales para esclarecer sus propósitos y, si esa es su voluntad, asentar el consenso social. Y quizás no estaría de más reflexionar sobre comportamientos recientes.

Cándido Méndez es secretario general de UGT.

¿Puede confiarse en que los Veintisiete han empezado ya a combinar la austeridad con el estímulo al crecimiento? Veamos los compromisos escritos. La Declaración de la cumbre europea del lunes en favor de Un crecimiento que propicie el empleo es un escandaloso plagio de documentos anteriores.

El nuevo texto apuesta por el empleo juvenil. Propugna “intensificar los esfuerzos para fomentar la primera experiencia laboral de los jóvenes”, “en los pocos meses siguientes a la salida de la escuela”, aumentando “sustancialmente la cantidad de contratos de aprendizaje y los esfuerzos por formar a los jóvenes en situación de abandono escolar”. Todo ello con dinero comunitario a través de “una mejor movilización de los fondos estructurales (…) concentrándolos en el fomento del crecimiento y del empleo”.

Loable. Solo que es idéntica receta a la acordada hace 15 años, el 21 de noviembre de 1997, en la Estrategia de empleo de Luxemburgo: “Ofrecer una nueva oportunidad a todos los jóvenes antes de que hayan pasado seis meses en paro, en forma de empleo, formación, reciclaje…” y mejorar los “sistemas escolares a fin de reducir sustancialmente el número de jóvenes que abandonan prematuramente la escuela”. La herramienta financiera era la misma: la “reforma de los fondos estructurales”, para “utilizar mejor los fondos al servicio del empleo”.

La Agenda de Lisboa de 24 de marzo de 2000 insistía en aumentar la “enseñanza o formación” a los jóvenes tras la Secundaria. Y su revisión, la Agenda 2020 aprobada el 7 de septiembre de 2010, propugnaba “lanzar un marco de empleo juvenil subrayando las políticas orientadas a reducir el paro juvenil mediante” (…) “aprendizajes, estadías y otras experiencias laborales”. Y también con la palanca de los fondos estructurales, mediante una “más fuerte priorización y mejor alineamiento” de los gastos de la UE.

La otra gran apuesta de la cumbre del lunes es el apoyo a las pymes, mejorando su “entorno” mediante “la reducción de las cargas administrativas y reglamentarias injustificadas” en apoyo del “crecimiento económico y el empleo”. Estupendo. Salvo que también estamos ante un cromo repe.

En Luxemburgo-1997 ya se postuló la “simplificación del entorno reglamentario y administrativo de las empresas y en particular de las pymes”, para “reducir” sus costes y cargas, “en particular las relativas a la contratación de trabajadores”. La posterior Carta europea de la pequeña empresa, de 20 de junio de 2000, apoyó “mejorar el acceso a la financiación” y “adaptar los regímenes fiscales”. Y la Agenda de Lisboa recopiaba, al reclamar “reducir los costes de la actividad empresarial y suprimir trámites burocráticos innecesarios”, así como “aliviar la presión fiscal sobre el trabajo”.

Si los líderes reiteran, lustro tras lustro, los mismos objetivos de empleo y fomento a las pymes es porque han fracasado en ellos, aunque no lo reconozcan. Quizá tanto plagio disfrazado de novedad esconda también un adanismo, el aparentar que siempre se empieza de nuevo, ese formato de demagogia para consumo de ingenuos.

No es que la asignatura sea fácil. ¿Por qué sigue siempre pendiente? En parte también por un obstáculo procesal: “El actual sistema de reparto de fondos de la UE es tan extraordinariamente incómodo que los políticos se centran solo en la verificación del gasto en vez de en la verificación de sus resultados”, según el experto en este asunto Xavier Prats (After the crisis, www.policy-network.net).

Y es cierto que algunos avances se han hecho: la creación telemática de empresas se ha extendido. La financiación del Banco Europeo de Inversiones (BEI) aumenta. El número de días para crear una empresa se reduce: el promedio europeo se acerca a 13, por 6 de EE UU, 28 de China y 119 de Brasil, según el Doing Business 2012 del Banco Mundial. Aunque España es farolillo rojo, 28 días, uno menos que India.

Y es cierto también que se avanza a trompicones. Hay, en las conclusiones del lunes, un compromiso escondido, pero prometedor: apoyar a las pymes y a las infraestructuras mediante distintas opciones “incluidas las posibilidades de que el presupuesto de la UE apalanque la financiación total del BEI”. Si lo hacen, será una revolución, multiplicará el crédito y reavivará la economía. Y archivaremos esta crítica.

Desde los indignados hasta profesores de economía, pasando por políticos, periodistas y tertulianos de todo tipo, cada vez son más los que se quejan de que la globalización y la economía de libre mercado hacen que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres, más pobres. Ante esta situación, piden un nuevo sistema económico con más intervención pública, menos libertad económica y más impuestos para los ricos.

Un aspecto curioso de estas quejas es que normalmente provienen de Europa o Estados Unidos. El problema es que nuestro egocentrismo occidental nos hace perder la perspectiva porque, si miramos el mundo en su conjunto, la pobreza y las desigualdades de renta no son cada día mayores sino ¡más bien al contrario!

Desde que el hombre inventó la agricultura, ahora hace 10.000 años hasta al principio de la revolución industrial en 1760, el 99,9% de la población de todos los países del mundo vivía en el umbral de la subsistencia. ¡Sí! Había reyes, césares, conquistadores o burócratas chinos inmensamente ricos, pero el 99,9% de los ciudadanos eran agricultores que trabajaban de sol a sol y que a duras penas podían comer, vestirse y tener una casa donde dormir. Fíjense si vivían cerca de la subsistencia que, cuando había una mala cosecha, la mitad de la población moría de hambre. Por lo tanto, durante miles de años no sólo la mayoría de la población era pobre sino que las desigualdades en el mundo eran pequeñas y constantes: todo el mundo era igual y pobre. Igual de pobre.

La cosa cambió radicalmente cuando, hacia 1760, llegaron la revolución industrial y el capitalismo. Primero en Inglaterra y Holanda. Después en los Estados Unidos y el norte de Europa. Después en Japón y en el sur de Europa. Las familias trabajadoras de lo que hoy conocemos como países ricos de la OCDE aumentaron el nivel de vida hasta el punto de tener cosas que los reyes más ricos de épocas anteriores no podían ni soñar: desde agua corriente en casa hasta electricidad, pasando por pasta de dientes, teléfonos, anticonceptivos, ipods, viajes baratos en avión, automóviles o cenas en restaurantes chinos, japoneses o italianos. La economía de mercado representó un milagro sin precedentes para la mayoría de los 1.000 millones de ciudadanos que hoy vive en estos países.

El resto del mundo, sin embargo, quedaba atrás y las desigualdades entre los 1.000 millones de personas cada vez más ricas y los 6.000 millones que permanecían igual de pobres, aumentaban sin parar. Pero entre 1950 y 1960 se despertó Asia. Primero fueron los pequeños dragones exportadores de Hong Kong, Singapur, Taiwán y Corea del Sur. Siguieron los tigres de Malasia, Tailandia o Indonesia. Finalmente, en 1976 muere el dictador Mao Zedong y China (1.300 millones de ciudadanos en población actual) abandona el marxismo maoísta e, introduciendo el capitalismo, pasa a abanderar la globalización a base de exportar e invertir por todo el mundo. Poco después, India (1.200 millones) abandona el socialismo de planificación y también introduce los mercados.

A partir de 1995, la África subsahariana, con 700 millones de habitantes, también ha empezado a desarrollarse ininterrumpidamente y, ya en la última década, América Latina ha retornado al camino del crecimiento que abandonó durante la crisis de la deuda de los ochenta.

Este masivo proceso de crecimiento, que está afectando a los países donde viven los 6.000 millones de ciudadanos más pobres del mundo, ha tenido dos consecuencias importantes. Primera, la pobreza en el mundo ha caído como nunca. Segunda, las diferencias entre ricos y pobres han disminuido de manera significativa.

¿Por qué dicen, pues, los indignados y los intelectuales que los apoyan que las desigualdades son cada vez mayores? La explicación es, una vez más, el egocentrismo que los lleva a fijarse sólo en las desigualdades dentro de sus propios países. Y es cierto que dentro de los Estados Unidos la distancia entre los ricos y los pobres ha aumentado. También lo han hecho las distancias entre los españoles ricos y pobres y entre los chinos ricos y pobres.

Pero cuando uno calcula las desigualdades en el mundo global, no basta con mirar la distancia entre americanos ricos y americanos pobres o entre chinos ricos y chinos pobres. Hay que mirar también la distancia entre chinos y americanos. Utilizando jerga económica, no sólo hay que mirar las desigualdades “dentro de los países” sino también las desigualdades “entre países”. Y el espectacular crecimiento de los enormes países emergentes ha hecho que la desigualdad “entre países” haya bajado tanto que ha acabado por empequeñecer las crecientes diferencias “dentro de los países”. La suma de las dos, lo que denominamos “desigualdad global”, ha bajado por primera vez en la historia.

Nuestra preocupación por la crisis que nos afecta tan duramente es una preocupación legítima y natural. Pero no nos tiene que hacer perder ni la perspectiva de la historia ni la enormidad del planeta donde vivimos. Y en este sentido, el fenómeno económico más importante de los últimos 30 años ha sido la exposición de los 6.000 millones de ciudadanos más pobres del mundo a las fuerzas del mercado. No es ninguna sorpresa ver que la consecuencia ha sido la reducción sin precedentes de la pobreza y una igualación de los niveles de vida entre los habitantes de nuestro mundo. El capitalismo y los mercados están generando un tsunami de prosperidad global que, estoy seguro, la historia acabará bautizando como el de la gran convergencia.

Xavier Sala i Martín, Columbia University, UPF y Fundació Umbele. www.salaimartin.com

ANÁLISIS

La geometría es variable. Tan variable que el principal asunto en la agenda de ayer en el encuentro de la Moncloa es materia reservada. No un alto secreto, pero sí materia que exige prudencia. La nueva reconfiguración del mapa bancario. El viernes, el Consejo de Ministros aprobará las bases de la reforma financiera, esto es, el marco normativo para que bancos y cajas de ahorros suban unos peldaños en la escalera de la Verdad, provisionando activos inmobiliarios que hoy están en falso en sus balances. España es una gran alfombra con los bajos a tope: deudas públicas y privadas por valor de 3,2 billones de euros (deuda neta), piezas rotas de un modelo económico imposible de recomponer, mucho tiempo perdido, una planta contrafederal de diecisiete autonomías sin viabilidad a medio plazo, mucha desorientación y perplejidad, derechos adquiridos difíciles de mantener, y miles de pisos, solares y urbanizaciones inacabadas con un asiento discutible en los balances. Para reconstruir la confianza –para que nos vuelvan a prestar dinero en términos razonables–, hay que airear las alfombras y ello supone un problema político de mil demonios.

Catalunya también tiene pufos bajo la alfombra, evidentemente. En fecha muy reciente, han aparecido unos aviones bajo el tapete. Perfectamente ciclotímica, como siempre, Catalunya oscila entre una constante idealización del futuro y un áspero realismo cotidiano. Los proyectos medulares de la fase tripartita han acabado como el rosario de la aurora –el engarce Estatut-Endesa-Spanair es escalofriante–, pero no todo es un desastre. La autoridad de la Generalitat se asienta hoy sobre un realismo administrativo tan impopular como verídico. Ese realismo –la tijera– genera un capital político que el Gobierno de España no puede menospreciar ni hostigar, porque responde a la objetividad europea.

Hay capital político y hay capital financiero. Uno de los tres pilares más sólidos del sistema financiero español se halla en Catalunya. Y uno de los débiles –uno– está en Madrid. El mapa bancario va a ser reconfigurado, puesto que los bajos de la alfombra española –donde, por cierto, también hay unos 30.000 millones de deuda en armas y material militar, de difícil amortización–, no admiten más aplazamientos. Varias posibilidades están abiertas y ninguna cerrada. Nada puede darse por seguro y nada por imposible. Es una cuestión de gran envergadura política y es, a la vez, un asunto que, por su naturaleza, no puede formar del discurso político explícito. De manera que Artur Mas dijo ayer en conferencia de prensa que no ha hablado con Mariano Rajoy de las fusiones bancarias.

La incardinación –o no– de la estresada Catalunya en la modesta España que viene, será uno de los cincos o seis temas importantes de los próximos diez años en el sur de Europa. Cara al público, Mas hizo ayer cuatro cosas en Madrid: evitó meterse en ningún berenjenal; ofreció apoyo a Rajoy para las reformas en curso, con tonos de ministro económico, entre balmesiano y jansenista; reiteró que la estrategia central catalana será la reclamación de un nuevo orden fiscal (con el PSOE frontalmente en contra, gane quien gane en Sevilla); e hizo lo posible para alejarse del frente lingüístico, en el que el PP. un día u otro, apretará. Entente.

(Sin tanta zalamería como en tiempos de Zapatero, Mas fue recibido en catalán en la Moncloa. Flanqueaban a Rajoy, Jordi Moragas, jefe de gabinete del presidente y Bernard de Sicart, nuevo director de protocolo).

EL ÁGORA

La entrevista de ayer en la Moncloa entre Mas y Rajoy habrá servido para acercar a las audiencias políticas y mediáticas de Madrid la figura –lejana y un tanto metálica– del presidente de la Generalitat. El perfil del president dista mucho de la calidez, impulsividad y carisma de un Jordi Pujol –cuya personalidad y obra es un patrimonio que trasciende a la propia Catalunya, como ocurrió con Josep Tarradellas–y de la familiaridad con que se manejaba en la capital de España José Montilla, ministro de Industria antes que responsable máximo de la Generalitat. Por otra parte, Mas parece un político más lineal y aritmético que el exuberante y seductor –¡qué gran y ocurrente conversador!– Pasqual Maragall, que, más como alcalde de Barcelona en los JJ.OO. de 1992 que como jefe del Ejecutivo catalán, adquirió una extraordinaria notoriedad en toda España. Frente a todos ellos, Mas asemeja una personalidad más replegada, un punto ensimismado en la difícil coyuntura catalana y, sobre todo, receloso.

El presidente de la Generalitat ya declaró en septiembre del 2010 que él no se fiaba ni de Zapatero ni de Rajoy, añadiendo que “no me puedo fiar de aquellos que organizaron la campaña contra el Estatut, no me puedo fiar de los que discuten cada día nuestra lengua y la inmersión lingüística en la escuela catalana. No me puedo fiar de los que dijeron que si Gas Natural se quedaba con Endesa se lo quedaba una empresa que estaba fuera del territorio nacional (…) de España, y de los poderes del Estado tampoco me fio, por razones obvias de estos últimos 30 años. Y sé una cosa, cuando te engañan una vez es culpa del que te ha engañado y cuando te engañan dos veces es tuya”. Mas no se ha desdicho de sus desconfianzas que sigue administrando con diligencia y a dosis propias de alquimista. Ha aumentado la distancia con Madrid apoderando con más facultades de representación e intervención a Duran Lleida que juega el papel de plenipotenciario en la línea de sus predecesores, especialmente Roca Junyent que llegó a ser tan apreciado por el moderantismo hispano que tuvo una calentura electoral que acabó en fiasco.

En mayor o menor medida, sin embargo, los presidentes de la Generalitat de Catalunya son políticos muy importantes en toda España y especialmente escrutados en Madrid. El establishment político y empresarial necesita tomarles la medida y a Artur Mas no se la ha tomado por el momento. Sin embargo, los más perspicaces en la meseta tienen apuntados dos compromisos del president, ambos trascendentes: el primero, que el futuro de Catalunya lo deben decidir los catalanes por una mayoría que él sitúa en el 60%; el segundo, que el pretendido pacto fiscal es una alternativa contemporánea viable a las formulaciones tradicionales del independentismo porque garantiza la suficiencia financiera de Catalunya. Bien visto, Mas es una nacionalista catalán que resetea el catalanismo cuando soplan vientos, políticos y económicos, de fronda. Sin entender la actual crepitación interior y angustiada del nacionalismo, no se dimensionará correctamente a Mas.

Si gana Chacón

Una victoria de Carme(n) Chacón en el 38.º congreso del PSOE que mañana comienza en Sevilla tendría una significación política prácticamente inédita en la izquierda española. Una dirigente del PSC asumiendo la secretaría general del PSOE provocaría, quizá, como argumentaba Francesc de Carreras en este diario, una cierta esquizofrenia, pero sobre todo reformularía las relaciones entre los dos partidos. La forma en la que los socialistas de Catalunya y del resto de España caminan juntos es uno de los nudos gordianos del catalanismo político de izquierda. No es arriesgado suponer que Chacón al frente del PSOE retaría al ingenio de los socialismos catalán y español.

Si gana Rubalcaba

Si fuese Alfredo Pérez Rubalcaba el que se hiciese con la victoria en Sevilla, los dirigentes del PSC recién designados tendrían mayor margen de maniobra y una relación con el PSOE más confortable, menos exigente. El actual statu quo se mantendría gestionado por una dirección de los socialistas de Catalunya que no amenaza los lazos federados con el PSOE, pero que plantea determinadas reservas a la acción conjunta con él en determinadas materias, todas ellas referidas a Catalunya, que plantea a la política general asuntos tan delicados como el pacto fiscal.

ANÁLISIS

Menos entidades y más grandes. Esta será una de las principales y más evidentes consecuencias, buscada conscientemente, de la reforma del sector bancario que el Gobierno pone en marcha mañana viernes. Luis de Guindos, el ministro de Economía, ha delineado el proyecto, en gran medida cambiando las ideas de algunos de sus compañeros de Gabinete, como Cristóbal Montoro, responsable de Hacienda, más partidario del esquema del banco malo.

Partiendo del principio de que uno de los grandes males de la economía española es el inacabado saneamiento de sus entidades bancarias, Guindos ha diseñado un modelo que pretende, primero, transmitir a los mercados internacionales la imagen de que la banca que quede tras la aplicación de la reforma estará limpia como una patena, por encima de cualquier duda sobre su solvencia y, segundo, que haga desapreciar del sistema, vía fusiones, las entidades zombis.

Todos los implicados saben ya, con un porcentaje de error de poca magnitud, cuánto les apretará el zapato. Y, por eso, Mariano Rajoy y Guindos esperan que el baile de operaciones comience de inmediato. No hay mucho que pensar, presumen en los pasillos del poder político: o se alcanzan esos niveles de cobertura del riesgo en solitario, o hay que fusionarse. Lo que no es posible es quedarse quieto sin hacer nada.

Emilio Botín, el presidente del banco español más importante, ya se ha alineado a favor de la propuesta del Gobierno y de paso ha aprovechado para intentar pasar página de su estrecha relación con el anterior ejecutivo de Zapatero. En general los grandes bancos, Santander, BBVA o Caixa Bank, especialmente, son los que más tienen que ganar, y por eso la ven con buenos ojos. El resto deberá adaptarse por diferentes vías.

Volviendo al principio, la economía española quedará estructurada en torno a un pequeño manojo de entidades sistémicas y con menos competencia, una situación con aristas inquietantes, que pondrá a prueba la regulación. También ayudará a saber si la sequía de créditos que padece la economía es consecuencia de los problemas de la banca o de una crisis a la que no se le ve el fin.

TRIBUNA EDUCACIÓN: JOSÉ ANTONIO MARINA

El autor cree que la reforma educativa propuesta por el Gobierno no mejora sustancialmente el sistema de enseñanza

Aboga por el consenso político y por introducir métodos docentes más eficaces para combatir los males de la escuela

Hace años, escribí un artículo titulado El diplodocus dormido, en el que comparaba nuestro sistema educativo con un poderoso diplodocus… dormido. Todo es gigantesco: más de siete millones de alumnos; más de 650.000 profesores; el 4′5% del PIB. ¿Por qué sigue dormido? ¿Qué hay que hacer para que despierte?

En el sistema judicial estadounidense hay una figura admirable: el amicus curiae. Se llama amigo del tribunal a las personas o instituciones que quieren ayudar a los jueces mandándoles información relevante para algún caso. Me gustaría ser un amigo de la Administración educativa. Deseo que el nuevo ministro, José Ignacio Wert, tenga éxito, igual que se lo deseé a sus antecesores. En una sociedad como la española, con una larga y nefasta tradición de enfrentamientos ideológicos sobre la Educación -no olvidemos que la discusión sobre el articulo 27 de la Constitución estuvo a punto de romper el consenso constitucional-, he intentado mantenerme a salvo de las disputas de partido o de confesiones religiosas. Mi único interés es defender a mis alumnos reales o posibles. Nuestro sistema educativo no los está tratando bien. Está limitando sus posibilidades. Son víctimas y no culpables.

Debemos mejorar un sistema estancado, insuficiente para mantener nuestro nivel de vida económico y ético en los tiempos que vivimos. Un sistema que no alcanza una buena calificación en ninguna de las evaluaciones a que se somete. Los criterios de evaluación son cuatro: el índice de fracaso escolar, el índice de abandono escolar, la medición internacional de competencias (PISA, ejemplo), y la empleabilidad de los jóvenes. Nuestros resultados no son buenos y, en algunos aspectos, rematadamente malos.

El martes, el ministro de Educación y Cultura presentó sus planes. Creo que fue precipitado, porque tenía muy poco que decir. El mundo educativo es extraordinariamente complejo, difícil de entender para un profano. Les pondré un ejemplo. Antes he distinguido entre fracaso escolar y abandono escolar. ¿Cuál es la diferencia? El fracaso escolar se mide por el número de alumnos que no consiguen la titulación de Enseñanza Secundaria Obligatoria. El abandono escolar se mide por el número de alumnos que, después de terminar la ESO, no siguen los estudios superiores. En ambos casos, tenemos cifras insoportables. Además, el ministro tiene que contar con que es un tema muy ideologizado, y convendría que superara ese enfrentamiento. La precipitación en la presentación del programa ha quedado de relieve en los titulares de la prensa de ayer. Parece que el asunto transcendental de nuestra Educación fuera la asignatura de Educación para la Ciudadanía. ¿A qué viene resucitar un debate absurdo, ideologizado, torpe y anacrónico? Estaré encantado de que se suprima esa asignatura y se recuperen los cursos de Ética que había antes de la LOGSE. Y es necesario hacerlo, porque en algún momento tendrán que oír hablar nuestros alumnos de ética, es decir, de principios morales universales, y no confesionales o familiares. Pero da la impresión de que lo importante es volver a armar la gresca educativa, y olvidarnos de todo lo demás. Anunciar como gran iniciativa cambiar la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos por otra asignatura que se llame Educación Cívica y Constitucional me parece una broma. Pero no voy a seguir en este debate, porque lo importante está en otro lugar.

¿Y qué ha dicho el ministro, además de esto? Pues que debemos buscar la excelencia educativa, y que los socialistas se equivocaron al anteponer la igualdad a la eficacia. Estoy de acuerdo, pero aquí nos encontramos con una patología de nuestra vida política: la arbitraria adjudicación de los valores. Familia, derecha. Divorcio, izquierda. Excelencia, derecha. Igualdad, izquierda. Progreso económico, derecha. Justicia social, izquierda. Derechos, izquierda. Deberes, derecha. Libertad, izquierda. Orden, derecha. Hedonismo, izquierda. Esfuerzo, derecha. Espontaneidad, izquierda. Disciplina, derecha. Innovación social, izquierda. Conservadurismo, derecha. Utopía, izquierda. Realismo, derecha. Estado, izquierda. Mercado, derecha.

Este maniqueísmo es infundado, no resiste el menor análisis histórico, filosófico o sociológico, pero es mantenido como elemento de marketing por todo los implicados. Hay una propuesta sensata: socialismo de las oportunidades y aristocracia del mérito. Y no parece que haya que darle más vueltas.

Volvamos al ministro. Ha propuesto la eliminación del cuarto curso de la ESO, para sustituirlo por un primer curso obligatorio de Formación Profesional o de Bachillerato. ¿Y para qué meterse en este berenjenal que exige una acomodación legislativa complicada? No me parece ni bien ni mal: es que no lo entiendo. Se lo explicaré de nuevo a los lectores profanos. En España, la enseñanza obligatoria termina a los 16 años. A partir de ahí, el alumno puede no seguir estudiando, estudiar Bachillerato o estudiar Formación profesional. Si se adelanta el Bachillerato un año, se convierte en obligatoria una enseñanza que era voluntaria, y el Estado tiene que financiarla incluso en los colegios concertados. ¿Va a financiar todo el Bachillerato en todos los centros? ¿Qué ventaja educativa reporta este cambio?

Tenemos, en efecto, el problema de que muchos alumnos no quieren estudiar y están obligados a permanecer en el aula hasta los 16 años, pero la LOCE de Pilar del Castillo había buscado una solución más sencilla y equitativa. Había un itinerario en los dos últimos cursos de secundaria, más enfocados a lo profesional. Pero al final, todos los alumnos recibían la misma titulación, con lo que, pasado el sarampión adolescente, muchos podían redirigir su futuro hacia estudios superiores. El Partido Socialista se opuso a este plan, con argumentos muy endebles, y triunfó.

Con toda razón, el ministro se ha preocupado por la Formación Profesional. Ha optado por el modelo alemán. Hablaré de nuevo para las personas ajenas a la Educación. La Formación Profesional puede concebirse de dos maneras: educación profesional escolar o educación profesional laboral. Aquella se da en la escuela y ésta en los centros de trabajo. El modelo alemán se centra en la empresa -retoma la figura del aprendiz- pero con la obligación de que acudan al centro escolar un promedio de 15 horas a la semana. Ventajas: la educación en la empresa es muy eficaz. Inconvenientes: que los empresarios tienen que ofertar puestos de aprendiz y, por lo tanto, la orientación educativa está a merced de lo que las empresas necesiten. ¿Qué pasa si los empresarios no ofertan plazas? Que no hay educación profesional. La oferta de plazas de la enseñanza pública está a expensas de las necesidades y los intereses de las empresas, que van a pagar. O lo que es igual, la capacidad del Estado para organizar la Formación Profesional es muy escasa. ¿Qué pasa si esa empresa quiebra? Que el alumno ha tenido formación sólo para esa empresa y le resulta difícil la recolocación.

Este modelo ha funcionado muy bien en Alemania, pero en los últimos años está aumentando la educación profesional escolar. Me parece estupendo pedir colaboración a los empresarios para fomentar los puestos de aprendices, pero sin depender únicamente de ellos. Necesitamos una Formación Profesional para el futuro, y no sólo para el presente.

Hay otras iniciativas que me parecen excelentes: la enseñanza generalizada en inglés, y un MIR para capacitar a los docentes. Hay, sobre todo, una buena noticia: no habrá otra nueva ley educativa. Pero me atrevería a darle un consejo al ministro. De lo que se trata es de mejorar todo el sistema, de iniciar un proceso de cambio. Y para eso debemos aprender de las experiencias que han funcionado en otros países. Voy a mencionar sólo dos estudios. El Informe Mckinsey lo dejó claro, después de analizar las políticas educativas de 20 países. ¿Cómo se convierte un sistema de bajo desempeño en un sistema de éxito? Mejorar el desempeño es mejorar la experiencia de aprendizaje en el aula. Y esto depende de mejorar la manera de enseñar más que los contenidos curriculares. Lo que hay que mejorar son los profesores, las técnicas de enseñanza, la autonomía y estructura de los centros, los equipos directivos. Es un problema de gestión, de movilización, de formación. Un sistema educativo puede cambiar en cinco años.

A las mismas conclusiones llega Michael Fullan, un especialista en evaluar reformas educativas. Necesitamos iniciar un proceso de cambio educativo, y hay que tener una clara hoja de ruta. El cálculo temporal es parecido: cinco o seis años es suficiente para lograrlo. Nosotros llevamos siglos sin conseguirlo.

Tenemos claro que necesitamos formar personas competentes, buenos ciudadanos, capaces de elaborar sus proyectos de futuro, resistentes, innovadores, responsables. Tenemos un presupuesto educativo escaso pero suficiente si se gestiona bien, tenemos buenas estructuras educativas. ¿Qué nos falta? Gestionar el cambio educativo. Introducir procesos de mejora, de rediseño, de transformación. Estos procesos complejos tienen sus propias dinámicas que, a costa de muchos fracasos, conocemos ahora. En conclusión: hay que despertar al diplodocus.

José Antonio Marina es filósofo, ensayista y autor de títulos como La educación del talento o La inteligencia fracasada.

A FONDO

El título de este artículo es precisamente la declaración que Angela Merkel realizó a finales de la semana pasada, y de la cual numerosos medios de la prensa escrita y radiofónica se hicieron posteriormente eco. Traigo esta frase a colación porque confirma lo que se observa en este trimestre, y en los anteriores, en el Observatorio Laboral de la Crisis que desde la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) actualizamos cada trimestre. En este Observatorio, complementamos la información que el INE publica trimestralmente sobre la nueva situación del mercado laboral según los datos actualizados de la EPA. Nuestra labor en el Observatorio es utilizar unos datos complementarios, difundidos también por el INE, mediante los cuales realizamos un seguimiento de la situación laboral de los trabajadores en nuestro país.

Uno de los aspectos centrales del Observatorio es la pérdida de empleo de los trabajadores ocupados. Se sigue a aquellos trabajadores que tienen un trabajo en el trimestre anterior y se observa su estado laboral en el trimestre actual. Destacaré aquí la relación entre la pérdida de empleo y la edad de los trabajadores. El primer dato a destacar es que de cada 100 trabajadores entre 16 y 24 años que tenían un empleo en el trimestre anterior, 18 han perdido su empleo en este trimestre. Esta pérdida se reduce a 8 de cada 100 si el segmento de edad se sitúa entre los 25 y los 34 años. Finalmente, disminuye a alrededor de 5 de cada 100 para individuos mayores de 35 años. Esta mera observación de los datos indica que los jóvenes pierden sus empleos con mucha mayor facilidad que los trabajadores de mayor edad. Esta mayor pérdida de sus empleos es claramente una de las razones, aunque no la única, de que la tasa de desempleo juvenil se sitúe en el 48%.

Factores decisivos

¿Por qué los jóvenes pierden su empleo con más facilidad que los trabajadores de mayor edad? ¿Es la juventud en sí misma la que provoca que se produzca este hecho o es alguna otra característica, como el tipo de empleo, la educación, el sector en el que trabajan, lo que provoca esta mayor pérdida de empleo? Por fortuna, esta pregunta puede fácilmente contestarse mediante la aplicación de técnicas sencillas que nos permiten estimar y cuantificar, bajo ciertos supuestos, qué factores y en qué medida cada uno de ellos afecta a la probabilidad de que un trabajador pierda su empleo. Entre los posibles causantes se introducen aspectos como la edad, la educación, la nacionalidad, el género, el sector de actividad, el tipo de contrato y la antigüedad en el empleo y se mide qué factor o factores y en qué magnitud cada uno de ellos afecta a la probabilidad de perder un empleo.

Al realizar este ejercicio, se observa que la edad deja de ser en sí misma un posible causante de pérdida de empleo en el momento en el que se tiene en cuenta el tipo de contrato que tiene un trabajador, así como la antigüedad en el puesto de trabajo. Se concluye en consecuencia que los jóvenes pierden sus empleos más fácilmente que los de mayor edad fundamentalmente porque tienen empleos más precarios que el resto, con contratos temporales de muy corta rotación, y no porque sean más jóvenes.

Pero no olvidemos que la contratación temporal en nuestro país, y en consecuencia la altísima rotación laboral de quien tiene este tipo de contratos, es un resultado de nuestra regulación laboral, en la que, de facto, se permite la contratación temporal aunque el puesto para el que se contrata al trabajador sea “sin fin definido”, es decir, indefinido. Mientras no se frene este abuso de la contratación temporal, y se sustituya esta práctica por la contratación indefinida con indemnizaciones de despido más bajas que las actuales para las nuevas contrataciones seguiremos en la penosa situación actual, donde la gran mayoría de los jóvenes con contratos temporales (el 61%) son utilizados como un “colchón” con continuas entradas y salidas del mercado laboral, lo que les enfrenta a la imposibilidad de llevar a cabo una trayectoria laboral más estable y prometedora.

Sara de la Rica. Catedrática de Economía de la Universidad del País Vasco, FEDEA.

Rubalcaba se ha comportado en los últimos días como si fuera el perdedor del cónclave

Se juega el PSOE en el congreso que comienza mañana su perspectiva como partido de Gobierno? ¿Está en cuestión, estratégicamente hablando, su capacidad para representar en términos de poder a millones de electores que se sitúan en una posición de centro y de izquierda? La vieja guardia del partido, representada por Felipe González, piensa eso.

Más precisamente: que si ganase Carme Chacón, la tendencia hacia la fragmentación del voto de centro y de izquierda, ya observada en las elecciones del 20-N y en otros países europeos, iría en aumento. Este fantasma se ha paseado por otros partidos socialdemócratas después de fuertes derrotas.

Sin ir más lejos, ya ha ocurrido en Francia y Alemania. Y en repetidas ocasiones. Sin embargo, a pesar de derrotas catastróficas en ambos países, esos partidos se han reconstruido, ya disputan el poder regional a los partidos de centro derecha dominantes y amenazan con ser la alternancia a nivel de los gobiernos nacionales en Francia este mismo año (elecciones presidenciales y legislativas) y en Alemania, en 2013 (elecciones legislativas).

Alfredo Pérez Rubalcaba ya se planteaba este problema de la viabilidad del PSOE como partido de Gobierno al abordar su candidatura para las generales. Intentó persuadir a Zapatero de que el congreso debía celebrarse antes de esos comicios, incluso con anterioridad a fijarse la fecha del 20-N. Quería acudir como candidato del PSOE en toda regla: como secretario general. Pero Zapatero se resistió. Y no hubo nada más que hacer.

Haber resuelto el tema de la secretaría general con anterioridad hubiese eliminado la contienda que se dirime a partir de mañana. Si, con la derrota sufrida en las urnas, Rubalcaba ha decidido optar por el liderazgo, ¿puede caber alguna duda de que investido antes de la derrota como secretario general, como quería, hubiese seguido después de ella al frente del partido? No. Rubalcaba quería evitar que la derrota, por más que se apuntara a la cuenta de Zapatero, le desgastase para conseguir la secretaría general en el congreso del partido.

El símil del Madrid-Barça

Y haber desgaste, haylo. Las metáforas del fútbol, que le son tan caras, delatan a Rubalcaba. El 28 de enero, después del acto de Madrid en el que González escenificó su apoyo a Rubalcaba, este viajó a Barcelona. Y, allí, dijo: “Me siento un poco como el Real Madrid cuando vino a jugar al Camp Nou cuando el resultado no le era favorable”. Es decir, Rubalcaba se sentía “un poco” como el Madrid que en el segundo tiempo empató al Barça. Una conclusión es que la entrada de Felipe al campo de juego había contribuido, todo lo más, a ese empate.

Quizá porque era evidente esta posición a la defensiva, que recordaba a la que adoptó en el debate televisivo con Mariano Rajoy, Rubalcaba cambió en tres días su visión del partido: “Esta semana me siento más animado. Igual la ventaja del Madrid sobre el Barcelona es un anticipo de lo que pase en el congreso”. En esta nueva versión, parece que González, la única estrella, aparte de los dos candidatos en liza, sí estaría ayudando al desempate. Los dos rivales, a través de sus colaboradores, aseguraban ayer tener la misma ventaja mínima, el uno sobre la otra y viceversa, de unos 80 delegados. Aunque es difícil saber por quién doblan las campanas, Rubalcaba se ha comportado en los últimos días como si lo hicieran por él.

Apartir de la propuesta de aumentar los impuestos del IRPF que ha hecho el Gobierno del PP, se ha generado un gran número de reportajes en los medios de información que han comparado lo que pagan los ciudadanos de este país en impuestos sobre la renta personal con lo que pagan los ciudadanos de otros países. Y una observación muy generalizada es que, con el incremento nada menos que de siete puntos en la carga impositiva de las personas con mayores rentas, el tipo nominal superior (52%) ya es casi lo que pagan sus homólogos, los ricos, en Suecia. Con este entendimiento se concluye que, aun cuando estamos pagando impuestos como los suecos, nuestros beneficios y servicios públicos del Estado del bienestar están mucho menos desarrollados que los de aquel país, lo cual se atribuye erróneamente a un supuesto despilfarro del gasto público social. La prensa ha estado llena estos días de denuncias de cómo España no ha estado gastando bien su erario público social, como justificación para realizar recortes sustanciales en tal gasto.

En este argumento, sin embargo, se olvidan varios hechos, siendo el más importante el que los ingresos al Estado son mucho más bajos en España (32% del PIB) que en Suecia (54%) debido, precisamente, a que los españoles (y sobre todo las rentas superiores) pagan muchos menos impuestos que los suecos. Es cierto que la escala nominal en las gravaciones del IRPF nos acerca ya ahora al nivel sueco. Ahora bien, hay que aclarar inmediatamente que este aumento impositivo, aún siendo positivo por generar mayores recursos al Estado, será dramáticamente insuficiente para corregir el enorme déficit de ingresos al Estado. España es el país de la UE-15 que tiene menos ingresos al Estado debido, en parte, a la baja carga impositiva real de las rentas superiores.

Veamos los datos. Uno, es la enorme divergencia que existe entre carga nominal (lo que aparece en los libros) y carga real. Esta diferencia aumenta con el nivel de renta. Los superricos de España no pagan un 52% de sus ingresos al fisco del Estado (sea este central o autonómico). Los porcentajes reales son mucho más bajos que el 52%. Y una causa es que tienen muchas deducciones y maneras de evitar impuestos, de forma que su nivel real es mucho menor. Es más, además de deducciones, sus ganancias se derivan mayoritariamente de las rentas del capital, que se gravan mucho menos que las rentas del trabajo (alrededor de un 21% nominalmente). Mucho más bajo en la realidad.

Pero, además de ello, hay otra manera de evitar el fisco: no declarando la renta. El fraude fiscal alcanza dimensiones enormes. Según profesionales de la propia Agencia Tributaria del Estado, el fraude fiscal alcanza unas dimensiones de alrededor de 90.000 millones de euros, procedentes en su mayoría (el 72% del fraude fiscal) de las grandes fortunas, de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año, y de la banca. Y ahí está uno de los orígenes de los escasos ingresos al Estado en España. Los superricos no pagan lo que pagan los superricos en Suecia, donde el fraude fiscal es mucho menor, la gravación de las rentas del capital son mayores y las deducciones apenas existen. En España las deducciones, como herramienta fiscal, favorecen sobre todo a las rentas superiores, las cuales tienen a su disposición toda una batería de ayudas legales que les enseñan cómo no pagar impuestos.

Otra gran diferencia con Suecia es la desigualdad de rentas existente en ambos países. Las desigualdades son mucho mayores en España que en Suecia. Así, en España, el ciudadano promedio que paga el tipo máximo, ingresa nominalmente 13 veces lo que ingresa el ciudadano medio y corriente que trabaja y paga impuestos a través de su nómina (y esta diferencia es incluso mayor cuando se consideran los ingresos reales, en lugar de los nominales). Tal diferencia en Suecia es mucho menor. Además, la tasa impositiva nominal para los que en España cobran más de 300.000 euros al año (el 52%, tipo impositivo máximo) se aplica en Suecia a los que ingresan dos veces lo que ingresa el ciudadano medio. De ahí que la mayoría pague más impuestos aunque sus tasas nominales de gravación sean casi iguales a las de España. La igualdad de rentas entre la población aumenta los ingresos al Estado.

Y una última razón de la enorme diferencia de ingresos al Estado entre Suecia y España es que hay mucha más gente trabajando y pagando impuestos en Suecia. El porcentaje de la población adulta que trabaja y paga impuestos es mucho más alta que en España. Y ello como consecuencia de la mayor participación laboral de la mujer en Suecia (70% versus 52% en España). La red de servicios a las familias (que quiere decir mujer) en Suecia facilita la integración de la mujer al mercado de trabajo. Y ello no ocurre en España.

En España, el enorme dominio de hombres procedentes de la burguesía, pequeña burguesía y clase media alta en los procesos de toma de decisiones económicas en el Estado, explica que se invierta mucho más en el AVE (tren de alta velocidad utilizado predominantemente por estas clases sociales) que en escuelas públicas de infancia y en servicios domiciliarios a las personas con dependencias, que al ayudar a la integración de la mujer al mercado de trabajo y a la creación de empleo, estimulan la economía mucho más que aquellas inversiones en el AVE. No es casualidad que los países donde las clases más pudientes (y los hombres) tienen mayor dominio sobre el Estado sean países (como España) más desiguales, con menos carga fiscal, mayor fraude fiscal y menor eficacia y equidad en sus políticas públicas, que países donde las clases populares han tenido históricamente mayor dominio sobre el Estado (Suecia). Así de claro.

Vicenç Navarro. Catedrático de Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra.