Reggio’s

La semana empieza conteniendo la respiración: ¿cómo reaccionarán los mercados tras la tregua del fin de semana? Con el esbozo de reforma del mercado de trabajo, el Gobierno ha conseguido, de momento, detener en parte la hemorragia de la contestación interior. Ahora tiene la batalla más dura: convencer a los mercados internacionales de que España no es Grecia; que tiene un diagnóstico adecuado de la situación; que va a gobernar aunque sea impopular hacerlo; que va a liderar una coalición social de apoyo a las reformas necesarias; y que convocará a la oposición, con voluntad política de pactar, para que de una vez ésta comparezca con soluciones concretas y no sólo con conceptos esdrújulos.

El cierre de la semana anterior fue dramático: acumulación de pésimos datos coyunturales en materia de desempleo y de déficit público (aunque haya indicadores parciales, por ejemplo la producción industrial, que indican que algo se está moviendo), y crítica de los mercados internacionales en forma de castigo a la calidad y al precio de la deuda pública del Reino de España. A partir de hoy, los responsables económicos se van de gira por Europa con inversores institucionales y agencias de calificación de riesgo para convencerlos de que el Ejecutivo se ha puesto manos a la obra para corregir los fuertes desequilibrios.

Tropezarán para ello con una triple desconfianza. La principal, la duda sobre si existe un Gobierno eficaz y capaz de aguantar las presiones en contra de un severo plan de ajuste; el atropellamiento de medidas que se superponen unas a otras, las marchas adelante y atrás dependiendo de la reacción social que generan, han afectado a la imagen del Ejecutivo. Tener enfrente a los mercados es estar contra la pared; puede parecer bien o mal, justo o injusto y plantea un interesante debate sobre el papel hegemónico de los especuladores y las agencias de calificación de riesgos en las democracias y en la soberanía de los representantes libremente elegidos por los ciudadanos, pero es el que es y el que se ha permitido. Además, el Gobierno tiene un límite que hasta hace poco parecía una ventaja: España preside la UE y ello dificulta los cambios políticos que parecen imprescindibles para reaccionar.

La segunda desconfianza se expresa en el voluntarismo de los datos presentados en el Programa de Estabilidad enviado a Bruselas hace unos días. Pocos expertos han creído en la capacidad de crecimiento del PIB que el Gobierno atribuye para los próximos dos o tres años, toda vez que España es hoy el único país del G-20 que sigue técnicamente en recesión, después de siete trimestres seguidos de contracción. La tercera desconfianza permanece agazapada, pero en algún momento tendrá que salir: la sanidad del sistema financiero español. Se sabe, de manera agregada, que los bancos y cajas de ahorro poseen en sus tripas un riesgo promotor inmobiliario de 350.000 millones de euros, impagable en gran parte, y un stock de deuda pública española, ya deteriorada por el aumento del riesgo país, de unos 150.000 millones de euros. ¿Cómo se descompone ese riesgo entre las entidades concretas?

En las últimas semanas, el Gobierno ha iniciado un sigiloso cambio de rumbo en su política económica para evitar el estrangulamiento en su financiación. Nada se puede hacer si no hay dinero, nos lo prestan muy caro o no nos lo prestan. Ese sigilo es el que ha dado lugar a ese “déficit de explicación” al que se refería el ministro de Trabajo, para embridar la reforma de las pensiones. Zapatero ha de hacer frente a su última ensoñación sucumbida: que no va a haber recortes en la protección social. Al crecimiento espectacular del desempleo, al empobrecimiento de las clases medias que ven reducida su renta disponible y el valor de sus activos inmobiliarios, se le van a sumar a partir de ahora, de una forma u otra, antes o después, unas condiciones más exigentes para recibir las pensiones públicas (mientras las privadas, en el seno de las instituciones financieras, también han perdido parte de su valor) y una reforma del mercado de trabajo que para mejorar la posición de unos conllevará las pérdidas de derechos de otros.

Difícil tarea. De pedagogía, pero también de liderazgo y del consenso que requieren coyunturas excepcionales.

El seísmo bursátil que arrasó la economía en otoño de 2008, con epicentro en la falla de Lehman Brothers, acaba de tener otra réplica de magnitud comparable la semana pasada, cuando el sismógrafo de las Bolsas empezó a temblar con nuevo epicentro en la falla del Ibex 35, que cayó en picado, dilapidando la mitad de la recuperación lograda a lo largo del año pasado. Con ello retrocedemos al centro de la crisis cuando ya creíamos salir de ella, confirmando los agoreros pronósticos que anunciaban una recaída por los efectos de segunda ronda, derivados de la dificultad de financiar en los mercados externos el déficit estructural y la deuda soberana tanto pública como privada. Y, de nuevo, nuestro Gobierno ha sido el último en enterarse, pues su miope tardanza en advertir la inminencia de la crisis es algo que ya sucedió la primera vez. En la primavera de 2008, todos los observadores advirtieron al Gobierno de que se estaba formando una tormenta perfecta a punto de estallar. Pero Zapatero y sus ministros lo rechaza-ron negándose a reconocer la evidencia. Algo que tuvieron que hacer por fin al invierno siguiente, cuando la estampida del pánico financiero les obligó a ello. Pues bien, ahora ha ocurrido lo mismo.

Todos los observadores institucionales advertían al Gobierno sobre la necesidad de proceder a la reforma del sistema de pensiones, del mercado laboral y de la estructura del gasto público, como única forma de evitar el encarecimiento de la deuda externa. Pues de no hacerlo así, la desconfianza de los mercados en nuestra capacidad de pagarla elevaría la prima del riesgo-país. Pero de nuevo el Gobierno negó la mayor, y en lugar de reestructurar el gasto, se abrazó a los sindicatos para garantizarles que siempre respetaría su veto a las reformas estructurales. Y ante ese suicida inmovilismo, los mercados financieros acabaron por hartarse, dejando de confiar en una economía que parece incapaz de reestructurarse. El resultado ha sido la réplica del seísmo bursátil, ocupando esta vez España el foco iniciador a lo Lehman Brothers que antes desempeñaron Islandia, Irlanda o Grecia.

Todo lo cual ha obligado a Zapatero a reconocer la evidencia, aunque sea tardíamente. Igual que en 2008 tuvo que rectificar, asumiendo la crisis que hasta entonces negaba, ahora también ha tenido que hacerlo, para anunciar que abordará por fin la triple reforma estructural que los mercados y las instituciones supervisoras reclaman: el recorte del gasto público, la reforma del sistema de pensiones, a la que se oponen frontalmente los sindicatos, y la reforma laboral, que antes juró no abordar jamás. Pero lo que hace falta para convencer a los mercados son reformas estructurales de calado, y no meramente cosméticas como la mini reforma laboral presentada el viernes pasado. ¿Podría este Gobierno sacar adelante auténticas reformas como las que demandan los mercados? Los sindicatos ya han anunciado no sólo que se niegan a cooperar, sino que además van a hacer todo lo que esté en su mano por impedirlo. Lo cual deja al Gobierno inerme entre dos fuegos: los mercados que le exigen ajustes estructurales, so pena de elevar más aún el precio de la deuda española, y los sindicatos que lo impiden con su veto, so pena de paralizar la economía real con un rosario de movilizaciones preparatorias de otra huelga general.

¿Qué puede hacer el Gobierno para eludir esta doble trampa mortal? Con los mercados no se puede negociar, porque al ser una red acéfala, no hay nadie que los dirija ni pueda moverlos a razonar. En cambio, con los sindicatos sí se puede negociar, tratando no de vencerles sino de convencerles, haciéndoles entrar en razón. Así que el mejor consejo que cabe dar a Zapatero es el almodovariano “hable con ellos”. Sería suicida intentar doblegarles, pues eso despertaría sus reflejos numantinos, que destruirían tanto a Zapatero (que no llegaría vivo a 2012) como a los propios sindicatos (cuya débil afiliación les hace depender del Gobierno de turno). Pero si no se les puede doblegar, sí se les puede comprometer para que se sumen a algún tipo de acuerdo mutuamente beneficioso para todos. Un compromiso en defensa de los intereses comunes a empleados fijos, trabajadores precarios y desempleados, y en defensa del interés general, representado por el Gobierno. ¿En qué tipo de compromiso atractivo para los sindicatos cabría pensar? En alguno que a cambio de ciertos sacrificios en el presente, que puedan asumir como una inversión a largo plazo, les ofrezca esperanzas de supervivencia futura, hoy amenazada por una probable victoria del PP que supondría su pérdida del poder sindical.

TRIBUNA: ESPAÑA, EN CRISIS

El autor reflexiona sobre el proceso de desafección de los ciudadanos de nuestro país hacia la clase política. Cree que el aura del presidente Zapatero se desvanece porque ya ha hecho todo aquello para lo que se le eligió

El liberalismo tiene muchas ventajas sobre otros ismos. Entre ellas, hay dos que merecen ser destacadas por un doble motivo: una de las ventajas nos permite entender su primacía y su esencia, la otra nos ayuda a centrar nuestro argumento y aclarar alguna confusión.

La primera ventaja es que el liberalismo no es fundamentalista, de modo que no sólo admite la discrepancia sino que es capaz de integrar lo escasamente aprovechable de otras doctrinas sin abjurar de sus principios motrices: la defensa de la libertad individual, la limitación del poder y la igualdad ante la ley.

No en vano, cuando el socialismo se liberó de las cadenas del marxismo y los partidos socialistas se tornaron en socialdemócratas, los regímenes liberales añadieron a su receta el más sabroso ingrediente del socialismo democrático (que comparte con la democracia cristiana): la justicia social. Por eso el liberalismo sobrevive y prevalece: porque no es excluyente ni intransigente, porque no convierte sus postulados en dogmas de fe y, sobre todo, porque admite la discusión sobre los argumentos y no ad hominem -como hacía el comunismo- o sobre categorías prefabricadas -como hacen el socialismo o el nacionalismo-.

La segunda razón de la supremacía liberal es que el liberalismo desconfía de la política y, sobre todo, de la clase política. Es decir, que pese a lo que tradicionalmente se nos ha hecho creer, confía en el individuo y en su capacidad para transformar la sociedad, confía en el potencial de lo que se llama la sociedad civil y el asociacionismo y también confía mucho más en los ciudadanos que en la ciudadanía, lo cual quiere decir que entiende que la sociedad es una suma de individuos autónomos y diferentes con intereses comunes y sectorializados que no conforman un monolito, que la sociedad es heterogénea y no una unidad compacta. Desconfiar de la política implica, además, desconfiar de la ideología, la propaganda, los eslóganes, la doctrina y la movilización de masas.

Igualmente, desconfiar de la clase política significa preferir los mecanismos de control que establecen los individuos sobre el poder del Estado a los controles del Estado sobre los individuos: el liberal no quiere ni comités (ni audiovisuales, ni de depuración, ni de Salud Pública, ni de evaluación del pasado), ni burocracia ni exceso de celo o paternalismo.

Desconfiar de la clase política supone asimismo renegar del establecimiento de canteras que nutren permanentemente a la política de esclavos del aparato del partido, alienados, aislados de la sociedad y que repiten consignas fabricadas en serie. El liberal aplaude con entusiasmo las iniciativas que incorporan a lo mejor de la sociedad a la vida pública. Por eso el PP cometió un gran error al retirar de la campaña de 2008 a Manuel Pizarro sólo porque el tsunami de la política con minúsculas (la refriega electoral) se lo llevó por delante. Por eso lo comete ahora cuando no le otorga un papel de relevancia.

En suma, para el liberal, el individuo es mucho más importante que el político. El liberal sostiene que el político tiene unas funciones muy concretas; que ha de resolver problemas, no crearlos; que ha de gestionar los recursos públicos, no utilizarlos; que ha de conocer la sociedad para la que trabaja, no sustituir divinidades; que ha de actuar sobre lo cotidiano, no delimitar lo trascendente; que el político debe comprender que está de paso pero las instituciones democráticas permanecen, y por ello hay que protegerlas con el mimo de lo que tiene que durar. Y para que perduren no han de tener mácula, no ha de albergarse duda sobre su transparencia, utilidad y eficacia.

Hasta aquí la teoría. Descendamos ahora a lo concreto. La crisis económica nos ha puesto a todos en nuestro sitio y ha supuesto una bofetada de realismo que obliga a reorientar el sentido de la política. Durante la campaña de 2004 (el 6 de marzo), el diario El País publicó un editorial que nos sirve de referencia para evaluar cuánto y en qué dirección ha cambiado políticamente España en apenas seis años. Lo tituló Las pequeñas cosas y en su primer párrafo se felicitaba de que por fin se hablaba en campaña de los temas «que forman parte de la vida cotidiana de los ciudadanos, de sus alegrías y sus penas». Continuaba diciendo que lo que importa a los electores son «las medidas para mejorar la calidad de vida de las personas, aquellas que les permitan construir un proyecto autónomo y les den más posibilidades de bienestar». Y por fin, antes de pasar a evaluar -sin mencionarlos pero con arrobas de intención y, por consiguiente, errando el tiro aun acertando el diagnóstico- los programas de los dos primeros partidos, concluía: «La mejora de la vida cotidiana se sustenta sobre dos ejes: las posibilidades materiales de satisfacer las necesidades corrientes y las contingencias inesperadas, y las de ejercer los derechos individuales sin cortapisas». He aquí, al cabo de todo este tiempo, el quid de la cuestión.

Pues bien, pasada una legislatura y media, da la sensación de que Zapatero ya ha hecho todo aquello para lo que fue elegido -y algunas otras cosas que no se le encomendaron- y que sus palabras no tienen -o han perdido- propiedades taumatúrgicas. Aunque sólo sea porque como argumentó el sociólogo Robert Michels a principios del siglo pasado refiriéndose al liderazgo, el progreso que personifican los líderes es unilateral. «La dirección de su superioridad es inseparable de la regresión de su inferioridad».

Lo que traducido al román paladino quiere decir que los proyectos se agotan, y que las fortalezas de un político representan el lado simétrico de sus debilidades. Que el aura de un político crece por el mismo lugar por el que luego se despeña. Que el buenismo gozó de buena salud, tuvo su público y, por supuesto, que no es algo malo en sí mismo, pero el pensamiento de Alicia se torna en un serio problema cuando no sólo colorea la realidad sino que la niega.

Total, que una legislatura y media más tarde hemos tomado conciencia de que durante algunos años la política no ha estado al servicio del individuo sino que se ha lanzado contra él, hasta que se ha tambaleado su bienestar. Se han creado debates estériles, se han atascado algunas instituciones y la política ha sido un constante surtidor de ideología en lugar de un instrumento conseguidor de acuerdos. La ideologización provoca estancamiento porque impide la discusión abierta y plural. La ideología, en el sentido de falsa conciencia de la realidad, polariza, separa y segmenta a la sociedad en compartimentos estancos. La ideología nubla el entendimiento, es hermética, adoctrina y, por tanto, anula la individualidad.

Ahora nos vamos dando cuenta de que la política ha ido por un lado, retroalimentándose a sí misma y dejando a la intemperie a los ciudadanos, y la sociedad ha ido por otro sin que se encontraran soluciones a sus problemas del día a día. Vemos cómo han estallado las pompas de jabón con las que se construyó un discurso envuelto en palabras hermosas con efecto disuasivo.

Hoy, acaso cegado por la ideología, el Gobierno no ve que la mayor libertad de la que puede gozar un individuo es la de poder elegir trabajo. El trabajo proporciona autonomía, independencia y libertad porque permite a los ciudadanos construir su propio porvenir y proyectar sus ilusiones sin hacerlas depender del Estado y de la voluntad de los políticos. De modo que las coberturas sociales al desempleo no son soluciones al problema del paro sino que constituyen la obligación moral de una clase política incapaz de proporcionarle futuro a casi un cuarto de su población. Por cierto, decir que han aumentado las cantidades destinadas a subsidios no sólo es hacer de la necesidad virtud sino que es un argumento falaz si a la vez disminuye la cantidad neta que recibe cada uno de los que han de acogerse a las ayudas.

En resumidas cuentas, un sondeo publicado por EL MUNDO refleja que el 52% de los encuestados creen que la respuesta a la crisis ha sido mala o muy mala; el 28,9 de los votantes socialistas dicen que la Ley de Economía Sostenible no servirá para mejorar la situación; y el 63,5% de los votantes socialistas y el 62,8% de los de IU opinan que los sindicatos no defienden a los parados. En definitiva, seis años después, la política luminotécnica, propia de sociedades felizmente instaladas en el postmaterialismo, se ha agotado.

Así que una legislatura y media más tarde el Partido Popular tiene una responsabilidad semejante a la que tuvo en 1996. Entonces no le temblaron las canillas. Recién comenzado 2010, las encuestas dicen que el PP podría volver al Gobierno, eso sí, teniendo en cuenta aquello que sabiamente comentó alguien que conoce bien al PSOE por dentro: «Si mañana hubiera elecciones, nosotros ya llevaríamos seis meses en campaña», de modo que la ventaja popular no sólo es relativa sino virtual. Pero para que el PP vuelva al poder le hacen falta fundamentalmente tres cosas: ideas, convicción y determinación. Alguien debería tomar nota de que el futuro empieza hoy. Porque da la sensación de que el PP no está del todo, aunque se le espera, no tanto con entusiasmo como por necesidad.

Javier Redondo Rodelas es profesor de Ciencia Política de la Universidad Carlos III.

«La ideología, en el sentido de falsa conciencia de la realidad, provoca estancamiento»

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AJUSTE DE CUENTAS

Desde el jueves pasado cuando el Gobierno borró de un documento remitido a Bruselas (con la excusa de que se trataba «de una simulación») la propuesta de ampliar de 15 a 25 años el periodo de cálculo de la pensión de jubilación, creíamos que estos ejercicios eran privativos del Ejecutivo. Pero no es así, ahora sabemos que los sindicatos también son expertos en simulaciones.

Resulta que, al menos desde el domingo 24 de enero, los máximos líderes de UGT y CCOO, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo conocían el contenido de la estrategia gubernamental para recuperar la credibilidad internacional, incluida la reforma de las pensiones. Por lo tanto, la sorpresa que ambos mostraron el jueves 28 de enero, cuando se filtró a la agencia Colpisa que el Gobierno proponía ampliar la edad de jubilación de 65 a 67 años, no fue más que una puesta en escena, un ejercicio de disimulo.

Ahora no sabemos si el malestar expresado por los sindicatos es un simulacro, es genuino o si los sindicalistas siguen jugando a ser, como se ha dicho otras veces, los tedax del presidente del Gobierno para la crisis social. No me extraña que hasta la protesta de ese solitario parado que duerme frente a La Moncloa llegue con sordina a los oídos de Zapatero.

Uno de los primeros actos de este baile de máscaras será el acuerdo sobre la negociación colectiva, que por lo que se vio el viernes, caerá en los próximos días, quizás hoy mismo. En este salón de los espejos, la patronal también juega lo suyo. En Cepyme y en la CEOE hay un inocultable deseo de firmar una reforma laboral, aunque ésta no contemple el abaratamiento del despido o que éstos no acaben siempre en los tribunales, dos reivindicaciones muy queridas.

Los empresarios no quieren aparecer como los malos de la economía española y, aunque la reforma laboral les interesa, les importa más el acuerdo sobre negociación colectiva. Ésta tiene un alcance muy amplio entre medianas y pequeñas empresas y afecta a los contratos existentes; la reforma, en cambio, sólo lo hará con los del futuro.

De todas las máscaras, la que no puede ocultar un aire de tristeza es la del ministro del Trabajo, Celestino Corbacho, obligado a lidiar con un problema que lo desborda. Corbacho vino a Madrid para rectificar la política de inmigración. El político catalán representaba un estilo de hacer las cosas que fue capaz de ofrecer alternativas para la convivencia sin caer en el radicalismo que hemos visto en Vic.

Y ahí está Corbacho enfrentado a una vicepresidenta económica, Elena Salgado, que lo desautoriza cuando habla de economía sumergida, o que le arranca una propuesta de jubilación a los 67 años agitando el fantasma de que debería ser a los 70 años.

Missing in action (desaparecido en combate). Así ha estado Corbacho en los momentos cumbres de las últimas semanas. Ha recobrado protagonismo con la reforma laboral anunciada el viernes, porque en ésta no se ha impuesto el criterio estricto de Salgado y del secretario de Estado José Manuel Campa. Al final, Zapatero sabe que tiene que seguir bailando con lobos, aunque nadie sabe quién está redactando el guión.

john.muller@elmundo.es

© Mundinteractivos, S.A.

ESPAÑA Y LA CRISIS

Montilla ha admitido públicamente lo obvio: que la creciente impopularidad y descontrol de Zapatero “pueden influir” en el papel que hará el PSC en las elecciones catalanas, las primeras en las que los ciudadanos podrán, si así lo quieren, expresar su enfado por las erráticas políticas del Gobierno central frente a la crisis. ¿Se acuerdan de la campaña de los comicios generales del 2004? El eslogan difundido entonces en nuestros pagos no se ha vuelto a reeditar, por algo será: “Si gana Zapatero, gana Catalunya”. Ahora, los estrategas de la calle Nicaragua están sudando la gota gorda para presentar al actual president como alguien despegado, a la vez, del tripartito y del compañero Zapatero, el mismo que le nombró ministro de Industria, no hay que olvidar este detalle. ¿Gobierno amigo, el de Madrid? Mejor hablemos de otros asuntos.

Montilla será ofertado como el candidato del partido de Montilla, sin nada que le vincule a otra cosa que no sea esa imagen de seriedad que le han prefabricado y que, por mucho marketing que gasten, no producirá milagros. Asistiremos a la apoteosis liofilizada y baja en calorías del tecnocratismo socialista. Tal como está el patio, no creo que veamos mucho a Zapatero por aquí haciendo campaña. Ni a los ministros Corbacho y Chacón. Paradoja inesperada: la necesidad de marcar distancias llevará al PSC a imitar un poco esa renovadora campaña que Maragall hizo en 1999, en la que escondió a su propio partido y, sobre todo, frenó la presencia de figuras del PSOE, para cabreo de los que ahora están, precisamente, al frente del negocio.

La batalla de Catalunya será también la batalla de Zapatero, aunque Rajoy no podrá apuntarse el tanto si Montilla fracasa, porque los populares indígenas no son alternativa y, además, siguen compitiendo con Ciutadans y UPyD por el control del mercado extremista y marginal del populismo neolerrouxista. Así las cosas, el discurso del PSC para el día después es previsible: si Montilla alcanza la presidencia de nuevo (mediante la suma tripartita, que de otro modo es inimaginable), el mérito será sólo de los de casa; en cambio, si es Mas el que es investido, todas las culpas serán para Zapatero, sus ideas y sus maneras (algo que Corbacho empezó a ensayar este sábado, ante cuadros socialistas, a propósito de la reforma de las pensiones).

De momento, el socialismo catalán, acostumbrado a ir dos jugadas por delante, va blindando con cuidado sus refugios más nutritivos, en los ayuntamientos, diputaciones (o consejos de veguería, que serán lo mismo para el caso) y la futura entidad metropolitana, que sólo para esto han desempolvado el trasto. Debe protegerse la base del poder del PSC, para que cualquier eventualidad (en las elecciones catalanas y en las españolas) no conlleve más daños de los ya estimados hoy. Me apuesto un guisante -que diría el gran Puyal- a que, si hoy se hundiera el túnel del barrio del Carmel, Montilla trataría de impedir la visita de Zapatero.

CONFERENCIA DE SEGURIDAD DE MUNICH

Rasmussen confirma que la estrategia de la Alianza sobrepasa sus fronteras

La seguridad en el mundo de hoy “consiste en un compromiso activo, muy lejos de nuestras fronteras”, dijo ayer en Munich el secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen. El que fue bloque militar de Occidente en el Atlántico Norte durante la guerra fría busca desde hace años una nueva doctrina, que ya se deduce de su práctica de intervención global. Para ello debe acometer una “revolución cultural”, dijo Rasmussen, que “rompa con el pensamiento convencional”. El ejemplo es Afganistán, dijo.

Tres son los principios de la nueva OTAN: un campo de acción “más allá de sus fronteras”, cooperación para preservar la seguridad común y hacer de la Alianza un “foro para cuestiones de seguridad mundial”. El espectro de un único policía global que se apropia de atribuciones de la ONU fue conjurado por el danés con la idea de cooperar con otras potencias no occidentales, Rasmussen se refirió a China, India y Rusia – “países difíciles”, en palabras del ministro de Defensa alemán, Karl-Theodor zu Guttenberg-y con la afirmación de que, “no queremos ser un competidor de la ONU”.

“La Alianza debe ser el nudo de una red de seguridad colectiva y un centro para consultas en temas de seguridad internacional”. A continuación, la lista de “nuevas amenazas”, desde el terrorismo y la piratería hasta las consecuencias del calentamiento global. Entre los remedios: la acción militar preventiva (lo que antes se llamaba agresión), la práctica desaparición de la frontera entre armas nucleares y convencionales y toda una batería de conceptos, desde los “estados fallidos” hasta el “derecho de injerencia” en nombre del mantenimiento de la paz o de crisis humanitarias, que diluyen el derecho internacional. Rusia, el antiguo adversario noratlántico, también se ha apuntado a esta “revolución cultural”.

El viernes el Kremlin divulgó su nueva doctrina militar, repleta de despropósitos y claramente dirigida a adecuarse a la situación definida por sus antiguos enemigos. Se considera amenaza para Rusia la perspectiva de inclusión en la OTAN de nuevos miembros (Ucrania, Georgia), así como el nuevo despliegue junto a sus fronteras de misiles destinados a interceptar la disuasión nuclear rusa en Polonia, Rumanía (2015), en el Mar Báltico y en el Mar Negro, con nuevas bases allí y en Bulgaria. Se confirma el derecho a un “primer uso” preventivo del arma nuclear, igual que Estados Unidos. Se afirma el mismo derecho que la OTAN: el derecho de Rusia a utilizar sus fuerzas armadas fuera de sus fronteras, “a fin de defender los intereses de Rusia y de sus ciudadanos, así como para impulsar la paz y seguridad internacionales”. Y en último lugar, un significativo guiño al uso y abuso de la ONU, de tal forma que cuando la organización no coopere con los propios intereses pueda ser abusada mediante lo que Estados Unidos llama “coalición de quienes están dispuestos”. La acción militar rusa se contempla en el cuadro de resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, “o de otras estructuras de seguridad colectiva”. Esa fórmula sugiere la misma disposición a torearse a la ONU que se mostró en Iraq.

“Planeamos la construcción en serie de barcos de guerra, en primer lugar de submarinos nucleares estratégicos con misiles de crucero y submarinos multifuncionales”, dijo el viernes el presidente Medvedev, autor de una propuesta de seguridad europea integrada que en Occidente se ha desechado como mero “intento de dividir a la OTAN”. “Se creará un sistema de defensa espacial”, dijo Medvedev.

“Esta nueva doctrina rusa no refleja el mundo real y está en directa contradicción con todos nuestros esfuerzos por mejorar las relaciones entre la OTAN y Rusia”, respondió ayer Rasmussen, preguntado al respecto. A continuación, repitió la frase que Moscú ha venido oyendo de Javier Solana, Madeleine Albright y otros en los últimos veinte años, con el ruido de fondo de los disparos en Yugoslavia y el continuo avance y rearme junto a sus fronteras: “La OTAN no es un enemigo de Rusia”. “Esas declaraciones no son convincentes”, ha dicho el ministro de Exteriores ruso, Serguei Lavrov.

Junto a este festival militarista, pocos han reparado en la posición China, la potencia nuclear que tiene el arsenal estratégico más modesto – apenas renovado desde hace más de veinte años, pese a que su PIB se ha multiplicado por quince en ese periodo-expresada el viernes en Munich por su responsable de Exteriores, Yang Jiechi. “Mantenemos una política militar defensiva por su naturaleza y una estrategia nuclear para la autodefensa”, dijo Yang. “Hacemos nuestro el principio de usar primero el arma nuclear bajo ninguna circunstancia y mantenemos el compromiso incondicional de no usar, ni amenazar con usar, armas nucleares contra estados no nucleares y zonas libres de armas nucleares”, añadió. “El argumento de que una nación fuerte está condenada a buscar la hegemonía va en contra de la voluntad del pueblo chino”, sentenció.

Rasmussen dijo que Afganistán ilustra “el dramático cambio en la forma de actuar de la OTAN. En Afganistán se está pendiente de lo que se anuncia como la mayor operación militar desde el inicio de la guerra en octubre de 2001. Se trata de la toma de la ciudad de Marjah, un feudo talibán de 80.000 habitantes en la provincia de Helmand. La web de análisis militar Stratfor informa que podrían participar hasta 15.000 soldados, siguiendo un guión parecido al de la toma de Faluya (Iraq) en el 2004: la ciudad quedó reducida a escombros. Cuatrocientas familias de la región de Marjah ya han sido desplazadas en vísperas de la operación.

Las revoluciones se producen cuando los de arriba no pueden gobernar como antes y, al mismo tiempo, los de abajo ya no se dejan gobernar como antes”. La idea es de Lenin –cuya pericia revolucionaria estremeció al mundo–, aunque requiere un matiz: que se produzcan no significa que triunfen en sus objetivos. Lo que hoy se gesta en las calles de Irán es una revolución contra una oligarquía militarizada y corrupta parapetada tras la versión más oscurantista de la religión. Tras la revolución constitucional de 1908, la que siguió a la nacionalización del petróleo en 1953 y la que en 1979 debía poner fin al despotismo, Irán afronta el cuarto intento en cien años para instaurar un Estado de derecho.

El líder supremo de la República islámica, Alí Jamenei, ha declarado que los manifestantes opositores son “enemigos de Dios” (moharab be Khoda, en persa), una grave acusación que se castiga con la pena de muerte, además de una declaración de guerra a toda reivindicación ciudadana y un portazo a cualquier solución pacífica que pusiera fin a la crisis. Para acallar la disidencia, el régimen está combinando la violencia legal con métodos de guerra sucia como atentados y el uso de los escuadrones de la muerte, algo que ya puso en práctica durante la década de los ochenta y hasta mediados de los noventa. Si entonces se reconocía la autoría de los ataques –responsabilizando a grupos autónomos de los servicios secretos–, hoy la novedad estriba en que se culpa a la propia oposición. Así, podrá justificar el estado de sitio para aplastar las protestas con la excusa de “preservar la seguridad ciudadana”. Los detenidos bajo tortura confiesan lo que haga falta y piden ser castigados en procesos de pantomima que se antojan un remedo de los autos de fe de la Inquisición. Con la pena de muerte tipificada para una veintena de casos (desde amar sin autorización, hasta criticar a las autoridades en un blog), el terrorismo de Estado de la República islámica ha segado la vida de centenares de personas y ha arrestado a decenas de miles por todo el país, tan sólo en los últimos seis meses.

La República islámica –hoy pretoriana– lucha en dos frentes: uno contra la ciudadanía que reclama sus derechos civiles y el otro contra las voces que piden cordura desde el propio seno del sistema. En los últimos meses son sonados los síntomas de descomposición interna, como deserciones de diplomáticos en misiones en el exterior o la detención de numerosos clérigos y mandos militares. El régimen se desmorona mientras la tripulación abandona el barco, previo traslado de maletines llenos de petrodólares. Los militares islamistas (que desde la presidencia, en 2005, de Mahmud Ahmadineyad –apodado el Berlusconi iraní por su histrionismo–, controlan el poder ejecutivo además de los escalafones del Ejército y su arsenal) ya dominan el poder judicial y parte del Parlamento. Así han podido hacerse con los suculentos contratos de la construcción de grandes obras de infraestructuras del país, desde los proyectos del metro hasta los oleoductos o la venta directa del petróleo. Datos que confirman los peores presagios: que no cederán de forma voluntaria su poder sobre la segunda reserva de petróleo y gas del planeta.

Parece inevitable que el movimiento verde ascienda y amplíe los frentes de lucha ante las medidas impopulares del régimen, como el plan para eliminar los subsidios para los productos de primera necesidad. Las protestas aumentan a pesar de la represión, y a la batalla encabezada por mujeres y estudiantes de clase media que hoy reivindican los derechos civiles se unirán en breve los trabajadores víctimas de las políticas neoliberales de Ahmadineyad, cuyo Gobierno se enfrenta a un gran déficit presupuestario por la caída del precio del crudo y la gestión de la economía del país. La paralización de grandes proyectos como la refinería que se iba a levantar a orillas del Golfo Pérsico para producir 35 millones de litros de gasolina al día sólo es un aviso de lo que se avecina con el endurecimiento de las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU a causa del programa nuclear de Teherán. La privatización de cerca del 80% de las empresas estatales –banca, astilleros, líneas aéreas– y la liberalización de los precios han generando una inflación del 34% y un desempleo que afecta a unos 12 millones de jóvenes, que no reciben prestación alguna. Los datos oficiales revelan que 43 millones de iraníes vive por debajo del umbral de la pobreza, en uno de los países más ricos del planeta. Ahmadineyad aconseja a los trabajadores que coman pan y queso para luchar contra la corrupción del alma, pero no logra explicar el paradero de los 160.000 millones de dólares de beneficio de la exportación del petróleo, que se han esfumado de las arcas públicas.

Estados Unidos necesita seguir contando con la cooperación iraní en Irak y Afganistán y no tiene recambio ante una caída repentina de la República islámica, algo que sacudiría la región y la convaleciente economía mundial. El vacío de poder en Teherán no interesa a Washington, aunque el precio a pagar sea convivir con un Irán en el club nuclear, como decía Zbigniew Brzezinski y muy a pesar de Israel. Barack Obama observa la marcha de los acontecimientos mientras sigue manteniendo contactos con Teherán, desconcertando a quienes creían en el aparente antagonismo entre ambos gobiernos. Por su parte, la disyuntiva de la República islámica está entre llegar a acuerdos puntuales con Occidente sobre el programa nuclear y dedicarse a aplastar el movimiento ciudadano o, con el mismo fin, buscar un enfrentamiento bélico que le sirva de cortina de humo.

A las ansias de la dictadura militar, que amenaza con ahogar el movimiento verde en su propia sangre, se le añade la falta de organización de dicho movimiento y un liderazgo sincero. Mir Hosein Musavi, al que le va muy grande dirigir una revolución, se niega a formar un frente unido de fuerzas opositoras, pretendiendo trapichear con el núcleo duro del régimen, con el que no sólo comparte la fe en un mismo Hacedor.

Nazanín Amirian es profesora de Ciencias Políticas en la UNED.

Muchos lectores conocerán el chiste del hortelano que, cansado de que los frutos de sus árboles desaparecieran durante la noche, se apostó al pié de uno de los más cercanos a la finca colindante, y cuando oyó que alguien trepaba por el mismo con intención de saltar al otro lado, se abalanzó para agarrarlo. En su intento, consiguió prender al intruso por sus partes nobles y mientras forcejeaba para que no se escapara, le preguntaba a voz en grito quién era. Extrañado por la falta de respuesta y por la ausencia de cualquier expresión de dolor, forzó el apretón y amenazó con seguir apretando si no obtenía respuesta. Al cabo, pudo descifrar un susurro entrecortado que provenía del amenazado y que decía: sssoy el mu-do…

La historieta refleja lo sucedido con la reforma laboral del Gobierno. Acuciado por los analistas económicos, por la prensa internacional, por los organismos reguladores, ha soportado los ataques y el dolor porque no podía decir nada. En este caso, no por su mudez sino por la mordaza sindical que le impedía hablar. Cuando la presión ha sido excesiva, lo más que ha conseguido es apartar levemente dicha mordaza e identificarse a través de unas medidas que son un susurro y no un grito contundente y claro.

El Gobierno no ha dado a luz una reforma, sino un documento de ideas y propuestas, a debatir entre y con los agentes sociales. No creo que sea lo que los mercados esperaban ni lo que nuestra economía y nuestra situación social necesitan. Primero, por el método. Pensar a estas alturas que del diálogo social puede salir algo significativo son ganas de hacerse trampas en el solitario. El diálogo social ha perdido su oportunidad y es hora de gobernar y no de enredarnos de nuevo en propuestas y contrapropuestas, en líneas rojas y en malos remedos de Mister No.

Aparte de que el problema que tenemos en estos momentos es el del desempleo, que es un problema social, pero también económico, porque sin una recuperación del empleo no habrá posibilidad de verdaderos avances hacia el equilibrio de las cuentas públicas. Y si algo ha quedado claro es que los sindicatos ni representan a los desempleados ni han asumido su defensa más allá de la pura retórica, por lo que es el Gobierno quien tiene que adoptar las decisiones necesarias al respecto.

Y segundo, por el contenido. Aviso a navegantes: “no entra en las intenciones del Gobierno poner en cuestión la regulación actualmente vigente” del contrato indefinido. ¿Qué reforma va a haber entonces? Generalizar las posibilidades de contratación indefinida con indemnización reducida (treinta y tres días de salario por año de servicio, con el tope de veinticuatro mensualidades, en vez de cuarenta y cinco días y cuarenta y dos meses) en los despidos por circunstancias objetivas considerados improcedentes, no va a cambiar sustancialmente el panorama de la contratación laboral.

Promover la inserción laboral de los jóvenes, ignorando el problema de fondo que es el de la falta de cualificación, y por tanto de productividad, derivada del fracaso escolar y de la lamentable situación de la educación, y volver a insistir en las políticas de subvenciones e incentivos, es volver a tropezar, por enésima vez, con la misma piedra.

El empleo no se crea con incentivos, sino generando las condiciones para que se cree. Y esas condiciones exigen unas nuevas reglas de contratación y de despido, una revisión de los actuales controles administrativos y judiciales de las decisiones empresariales y un marco normativo para la gestión de las relaciones laborales en la empresa mucho más flexible y adaptable sin costos económicos añadidos.

Por último, confiar en la negociación colectiva para introducir la necesaria flexibilidad, sin cambiar su regulación legal, el anticuado modelo corporativo que seguimos padeciendo, y en particular el carácter normativo atribuido al convenio colectivo y su famosa ultraactividad, es pedir peras al olmo.

El conflicto de los controladores, cuyo nudo gordiano ha resuelto el Gobierno a la manera del gran Alejandro, debería haber servido para comprobar que desde la propia negociación colectiva es muy difícil alumbrar una nueva situación y adaptarse a las exigencias del entorno.

Federico Durán. Catedrático de Derecho del Trabajo y socio de Garrigues.

No soy sospechoso de simpatizar demasiado con Rosa Díez ni con el partido por ella fundado, UPyD. De hecho discrepo en algunos puntos esenciales de su ideario, como el que hace referencia a la preeminencia de la voluntad democrática, manifestado a través de iniciativas legislativas parlamentarias, frente al derecho natural, que es aquél que asegura la continuidad y armonía social (punto 55, página 23 de su ponencia política, cuyo enlace les adjunto). Sin embargo, como lo cortés no quita lo valiente, he de reconocer en ella dos grandes virtudes, una de las cuales me afecta personalmente. ¿Cuáles son?

En primer lugar, su oportunismo, en el sentido menos peyorativo del término. Igual que Esperanza Aguirre logró transformar su imagen de tonta de los Gobiernos de Aznar a Dama de Hierro de la política madrileña, Rosa ha conseguido ser alternativa a los dos grandes partidos pese a un pasado pleno de derrotas electorales. Y lo ha hecho adueñándose de aquellos conceptos que deberían ser columna vertebral de cualquier interesado en la unidad y el futuro de España. Además, me gusta en segundo término su renuncia a la endogamia que caracteriza a la gran mayoría de las formaciones nacionales, permitiendo incluso que un modesto servidor  acuda, en su condición de observador independiente de la realidad, a algún acto de UPyD sin cortapisa alguna al discurso a realizar o la temática a tratar. Y les garantizo que no le regalé, ni mucho menos, los oídos con mi intervención.

Aprovechando su reciente visita a El Confidencial, que ha coincidido con unos datos de la encuesta de CIS realmente buenos para UPyD, me he parado a bucear en el programa económico de su equipo, recogido en la ponencia a la que antes he hecho referencia y que nace del Primer Congreso Nacional, celebrado en Madrid entre el 20 y el 22 de noviembre del año pasado. Un documento en el que busco respuesta a las siete grandes Reformas a las que hacía referencia en mi encuentro con los lectores del viernes -a saber: de la Administración Pública, del Mercado Interior, Laboral, Educativa, Tributaria, Financiera y de la Seguridad Social- con objeto de ver las propuestas que realiza. En un momento como el actual, cualquier tercera fuerza que quiera consolidarse en tal posición ha de abordar estas cuestiones con la suficiente solvencia y ausencia de demagogia.

Lo primero que se percibe, a primera vista, es una honda preocupación por la cuarta de ellas, la de la educación, que aparece de modo transversal a lo largo de sus 71 páginas y a la que dedica un apartado específico de sus conclusiones, el Título Tercero. Una sección que, más allá de la anécdota de la defensa de una educación de la ciudadanía “constitucional” o el rechazo a la presencia de signos religiosos en las aulas (punto 127, página 50), es un compendio tal de sentido común que debería ser puesto en el frontispicio de cualquier renovación del sistema, tanto escolar como universitario, que se quisiera abordar. Se nota dónde tiene sus caladeros de militancia. Auditorías de calidad internas y externas, aumento del nivel de exigencia, limitación de permanencia, autoridad del profesorado, modificación de los requisitos de acceso al mismo, lucha contra el acoso e integración frente a multiculturalidad, entre otros, en el colegio; Bolonia con condiciones, homologación académica, eliminación del exceso de capacidad, movilidad de alumnos y profesores, pruebas de acceso y separación de docencia e investigación, por poner sólo unos ejemplos, en la facultad. Les recomiendo encarecidamente la lectura de sus 11 páginas, de la 47 a la 57.

Algo más etéreo es el contenido del Título IV, que versa sobre el cambio de modelo económico. Menos concreción y una larga serie de lugares comunes en el trabajo coordinado por el colaborador quincenal de Cotizalia con su Hablando Claro, Alvaro Anchuelo. No es un reproche; es tal la profusión de temas y los matices asociados a los mismos que, probablemente, sea imposible un mayor grado de precisión en un papel de este tipo que no es, ni pretende ser, programa electoral. Aún así, sobre los principios de competencia, eficiencia, equidad (equiparación salarial entre sexos y fomento de las ayudas a la infancia) y sostenibilidad medioambiental “para transmitir un planeta habitable a las generaciones futuras”, UPyD realiza las siguientes propuestas, que recojo en sus titulares (el orden es el del documento). Con ellas, que quedan sometidas a su juicio certero, les dejo por hoy. Buena semana a todos.

1. Defensa del libre mercado. El Estado ha de participar para corregir sus fallos y ayudar a la redistribución de la renta. Es complementario y no sustituto de la iniciativa privada.
2. Vinculación de las decisiones de carácter económico a la sostenibilidad económica del modelo a largo plazo, superando el cortoplacismo imperante en gobiernos y empresas.
3. Recuperación del papel del gobierno central frente a los autonómicos, aumentando así el margen de maniobra de aquél y el control sobre éstos. Destaco por su certeza: “con la actual organización territorial, es prácticamente inviable el desarrollo de una política para impulsar la salida de la crisis, pues el estado no dispone de los recursos suficientes y se ve impelido a malgastarlos en dar satisfacción a los intereses espurios de los gobiernos regionales” (punto 150, página 60).
4. Reforma financiera. Recogida en los apartados 152 a 156 recoge las tendencias internacionales sobre la materia. Evitación de riesgo sistémico, protección de la clientela, estandarización de productos, mejora de ratios de capital y liquidez de la banca, prohibición de los off balance y de la excesiva concentración de riesgos por parte de la misma, supervisión supranacional.
5. Reforma urgente del marco regulador de las Cajas de Ahorro que reduzca la participación de las AA.PP. en sus órganos de gestión. Mantenimiento de su carácter social.
6. Coordinación a nivel nacional de la política fiscal. Establecimiento de techo de déficit en el 3% de Maastricht. Preferencia siempre de la reducción del gasto corriente, especialmente en el ámbito regional y local, frente a las subidas de impuestos. Persecución del criterio de eficiencia en la programación de las inversiones públicas “de manera que incidan positivamente sobre la productividad del sector privado de la economía” (punto 162, página 64). Mejora de las prestaciones sociales, especialmente de las no contributivas, y de la calidad de los servicios públicos.
7. Simplificación tributaria. Eliminación de la dualidad progresividad (trabajo)/proporcionalidad (capital) del IRPF. Búsqueda de la equidad como objetivo prioritario. Revisión del marco fiscal de los autónomos. Lucha contra el fraude fiscal con dotación adecuada de medios. Financiación privada de partidos y sindicatos.
8. Preeminencia de los principios de simplicidad, multilateralidad, solidaridad, suficiencia, corresponsabilidad y transparencia en la financiación autonómica con una sola meta: la igualdad entre los ciudadanos de todas las regiones del estado. Refuerzo de la recaudación central frente a la de las comunidades. Rechazo a cesiones tributarias de más del 50% de un determinado tributo. Equiparación fiscal de los distintos territorios con objeto de salvaguardar la unidad de mercado.
9. Reforma de la financiación local. Mayor participación de los Ayuntamientos en los tributos del estado y de las CC.AA.
10. Simplificación contractual en el mercado de trabajo. Unificación de sistema salarial y coste de despido, que deberá abaratarse. Mejora de las políticas activas de empleo a través de la formación y los incentivos, como reducción de las cuotas a la Seguridad Social por las nuevas contrataciones. Modificación del marco normativo de la negociación colectiva para adecuarlo a la realidad individual de las empresas. Mayor flexibilidad. Fomento de la conciliación.
11. Alargamiento voluntario de la vida laboral, mejora de los incentivos fiscales para la constitución voluntaria de fondos de pensiones privados, penalización fiscal a las prejubilaciones y eliminación de privilegios de determinados colectivos, como los parlamentarios, son los ejes de su reforma del sistema de pensiones.
12. Cambio de modelo energético alrededor de cuatro ejes: menor dependencia, mejora de eficiencia, rebaja de costes y limitación del impacto medioambiental. Hacer del mismo elemento dinamizador de la economía (empleo, I+D). Sí a la energía nuclear. Reducción de costes operativos en la producción renovable y eliminación progresiva de las subvenciones al sector. Fomento del ahorro. Aumento de la competencia a través de la simplificación tarifaria.
13. Restauración de la unidad del mercado interior mediante la eliminación de las barreras a la libre circulación e instalación de empresas y ciudadanos, especialmente lingüísticas. Unificación estatal del régimen de concursos públicos. Armonización normativa.
14. Liberalización de la economía. Aumento de la competencia. Control de las prácticas oligopolísticas. Simplificación del régimen administrativo para la creación de empresas.
15. Transformación del sistema nacional de innovación vinculando investigación con empresa. Participación de la financiación pública en proyectos y establecimiento de incentivos fiscales a la i+D+I. Estímulos para el retorno a España del talento profesional español que desarrolla su actividad en el extranjero.
16. Dinamización del mercado de alquiler con especial énfasis en la protección jurídica del arrendador.

Más en http://twitter.com/albertoartero y en la cuenta de Alberto Artero en Facebook.

La Presidencia europea, obligando a Zapatero a comparecer en importantes foros, ha resultado letal. La percepción sobre la situación de la economía española,  como había explicado desde esta misma página, había empeorado sustancialmente desde principio de año, pero las intervenciones de Zapatero han convencido al mundo financiero internacional, aún sin comprender bien la profundidad de nuestros desajustes, de que España, la quinta potencia económica del euro, está en manos de un irresponsable absoluto, y se han encendido todas las alarmas.

¿Cómo es posible que, cuando el mercado mundial acababa de cerrarse para toda la banca española, exceptuando el Santander, BBVA y La Caixa, pudiera seguir afirmando ante la flor y nata de las finanzas internacionales que nuestro sistema financiero es el más sólido del mundo, como si estuviera en un mitin de partido y menospreciando a todos los demás? En Davos, Zapatero ha dado la puntilla a nuestra credibilidad internacional. En España, una semana a propuesta por día retirada a los cinco minutos, que llevaría al Sr. Toxo a exclamar “¡son una pandilla de aficionados!”, ha mostrado a la opinión la insolvencia absoluta del Gobierno. Zapatero está acabado, pero falta saber cuánto tardará en asumirlo y el inmenso daño que va a causar en el intermedio.

Hoy está la Sra. Salgado en Londres. Ha venido de urgencia a explicar lo inexplicable a unos mercados que saben que todo es mentira, desde los balances bancarios a las medidas del Gobierno. ¿Y que les dirá? ¿Que no saben ni por dónde empezar, que son incapaces de controlar el despilfarro y la corrupción masivas y que las AAPP necesitarán emitir deuda bruta por el 30% del PIB? ¿Que en cada pueblo y en cada  capital los ayuntamientos son ya la primera empresa por número de empleados y por volumen de gasto, a lo que se añaden las empresas municipales y autonómicas, 4.000, lo más corrupto entre lo corrupto, diseñadas para ocultar deuda, despilfarrar y dar empleo a familiares y amigos, sin necesidad de responder de nada? ¿Que en 2010, sin financiación, sin inversión pública, sin competitividad y con la mayor subida de impuestos estatales y locales de la historia, se iniciará la recuperación?

Y luego el programa de estabilidad, ¡otro más! ¿y van? ¿Les va decir que el gasto corriente se reducirá en 2,9 puntos y los ingresos se recuperarán 3,7 puntos? Se caerán por el suelo de risa. Ya nadie cree las cifras de España.

¿Voluntarismo o estupidez pura y simple?

Gasto -50.000 millones,- 40.000 del Estado. ¿Y de dónde? Veamos quien gasta qué.

Presupuesto de Gastos 2010 Administraciones Públicas.

(millones de euros)

Administración Central (Estado y OO.AA)……………………………….131.217

Seguridad Social………………………………………………………….. 120.587

Comunidades Autónomas………………………………………………… 163.805

Entidades Locales…………………………………………………………   71.474

Administraciones Públicas…………………………………………………487.083

Descontando la Seguridad Social, que es una “caja aparte”, o debería serlo, y los fondos de la Administración Central, destinados al Servicio Público de Empleo (SPEE), y al Fondo Estatal de Empleo (FEESL), 21.000 millones, los gastos del Estado son sólo el ¡32,1%! del gasto total, 110.212 millones, algo que no ocurre en ningún otro país.

Y de ese total hay que descontar las partidas de obligado cumplimiento, intereses de la deuda pública, aportaciones a la UE, clases pasivas, etc, con lo que las dotaciones para actuaciones directas ascienden a 56.970 millones, 17.500 en salarios, que es de donde Zapatero ha dicho, sin mirar un papel, que va a recortar ¡40.000 millones! Realmente de traca. Pero además, los dos tercios de obligado cumplimiento y el SPEE están infravaloradas en 10.000 millones como mínimo. La deuda y el paro van a costar eso de más.

Y entonces, de la irrisoria cifra para financiar España, ¿qué se puede recortar? Se deben eliminar los Ministerios de Vivienda, Igualdad y Cultura, 2.321 millones, pero como al menos la mitad de sus funciones habrían de trasferirse a otros ministerios, el ahorro neto serían unos 1.200 millones; se debe eliminar el 80% de la Ayuda al Desarrollo, lesbianas de Zimbawe, tiranos del tercer mundo, etc, 4.000 millones; no se debe, pero si no hay más remedio habrá qué reducir las inversiones reales a la mitad,  4.700 millones, a costa de más paro y menor competitividad. Y lo que están barajando, bajar el 10/15% el sueldo a los funcionarios del Estado, como en Irlanda, mientras los autonómicos, asesores y familiares, que ganan entre un 40% y un 300% más, siguen chupando, 1.750/ 2.625 millones. Pero como hay 10.000 millones de infravaloración, después de dejar al Estado sin recursos para garantizar el funcionamiento de la nación, ¡entre 1.700 y 2.500 millones de ahorro!

Por tanto, o se entra a saco en el despilfarro y la corrupción del sistema autonómico y local, responsable de los dos tercios del gasto total, o no hay nada que hacer. España no puede tener un funcionario, asesor o liberado sindical por cada cinco activos, y cada activo manteniendo un parado, un jubilado o un funcionario; ni 4.000 empresas municipales y autonómicas que derrochan sin límite ni control alguno. En conjunto, España no puede tirar cada año 90.000 millones de euros en puro despilfarro. O se acaba con eso o eso acaba con España.

¿Y qué viene ahora?

Una vez que la confianza en nuestro sistema financiero se ha evaporado, igual que en nuestra economía y en la capacidad mental de Zapatero, puede ocurrir cualquier cosa. Por ello solo me aventuraré a subrayar lo más obvio, aunque hay algo seguro: Zapatero tiene que irse, el PSOE tiene hombres valiosos y sensatos; con Zapatero, cualquier solución es ya imposible, el deterioro a partir de ahora puede ser muy rápido.

El cierre de los mercados a bancos y cajas, justo cuando se avecina un tsunami de refinanciaciones y morosidad es en sí mismo un desastre. Queda el BCE durante un tiempo, para trampear deuda a largo con préstamos a corto. Sin embargo, la financiación a la economía real sufrirá un estrangulamiento brutal, lo que hace imposible recuperación alguna. La deuda del Estado de momento seguirá colocándose con los CDS al alza. La estrategia suicida  y única en el mundo seguida en 2009, de colocar el 70% de la deuda a menos de un año, nos costará muy caro en 2010. Pero en algún momento del año, el problema puede no ser el coste, será quien querrá prestarnos.

Después de volar 14.000 kilómetros, sin que Obama le invite ni a tomar un café, afirmaría que “su mensaje económico ha calado en EEUU”. El viernes, después de la reunión con sindicatos y empresarios, afirmaría: “No voy a gobernar para los mercados, sino para los ciudadanos”, sin anunciar medida alguna. Ante las advertencias de Campa y todos los expertos de Hacienda sobre la histéresis del mercado de trabajo, es decir, una situación en la que el empleo cae más que la actividad económica, el paro se hace permanente, y la ocupación ni siquiera se recupera cuando la economía mejora, Zapatero dice que eso no va a ocurrir porque lo dice él. Ha perdido el norte, si alguna vez lo tuvo, nos lleva directamente al desastre.

Roberto Centeno. Catedrático de Economía de la Escuela de Minas de la UPM.

Cuando Europa se ve enturbiada por temores asociados a la deuda, importa percatarse de que la crisis en el mayor de los países PIIGS (Portugal, Irlanda, Italia, Grecia, España) no tiene nada que ver con la irresponsabilidad fiscal. Al romper la crisis, España tenía superávit presupuestario; sus deudas, como puede verse en el cuadro de arriba, eran pequeñas en relación con el PIB.

¿Qué pasó, pues? España es materia para una lección sobre los problemas que entraña una unión monetaria sin integración fiscal y laboral. Primero hubo un gigantesco auge en España, en buena medida espoleado por una burbuja inmobiliaria (y financiado por flujos de capital procedentes de Alemania). Ese auge trajo consigo la subida de los salarios. Luego estalló la burbuja, dejando al trabajo español sobreapreciado en relación a Alemania y Francia y disparando el desempleo. Provocando también enormes déficits presupuestarios, sobre todo a causa del colapso de los ingresos, pero también debido a los esfuerzos hechos para limitar el incremento del desempleo.

Si España dispusiera de moneda propia, sería la ocasión de devaluar; pero no es el caso.

Por otro lado, si España fuera como Florida, sus problemas serían harto menos graves. El déficit presupuestario no sería tan grande, porque los gastos de seguridad social vendrían a cubrirse desde Bruselas, como la Seguridad Social y Medicare vienen de Washington. Y habría una válvula de seguridad en materia de desempleo, porque muchos trabajadores emigrarían a regiones con mejores perspectivas. (Tampoco los salarios habrían subido tanto al comienzo: la inmigración lo habría evitado.)

El caso es que nada de eso tiene que ver con un gobierno manirroto; lo que pasa es que España refleja los problemas inherentes al euro, que ahora más que nunca aparece ante nuestros ojos como una unión monetaria llevada demasiado lejos.

Paul Krugman fue Premio Nobel de economía en 2008

Traducción para www.sinpermiso.info: Roc F. Nyerro

http://krugman.blogs.nytimes.com/2010/02/05/the-spanish-tragedy/

En su novela El mal metafísico , de 1916, Manuel Gálvez describió la bohemia porteña de principios del siglo pasado. Esos bohemios, algunos de ellos estudiantes crónicos o periodistas a tiempo parcial, eran aspirantes a escritores, pintores o reformadores sociales. Vivían muy pobremente, en pensiones o cuartuchos miserables. Quien me recomendó la novela, un distinguido profesor de robótica, nada bohemio, me contó que medio siglo después vivió en un ambiente semejante en la ciudad de México.

Esos bohemios veinteañeros leían y discutían acaloradamente a Rubén Darío o Paul Verlaine, Kropotkin o Nietzsche, y otros innovadores o iconoclastas. Todos ellos creían tener ideas avanzadas, aunque no pasaban del descontento con el orden social que conocían. Y ninguno de ellos advirtió que Nietzsche era uno de los peores enemigos del progreso social que todos ellos anhelaban, pero ninguno conseguía definir.

Viel, uno de los personajes de la novela, les echa en cara a sus compañeros: “Ustedes, los artistas, los literatos, no tienen razón de ser en este país. Créanme, muchachos; son enfermos, inadaptados, enfermos del mal metafísico, la enfermedad de crear, de soñar, de contemplar”.

Viel opinaba que “este país necesita hombres de acción, trabajadores, economistas?”. El poeta Riga, en cambio, opinaba que los soñadores son indispensables, porque “poblaban el ambiente, fecundaban otras almas, creaban en la atmósfera social y moral del país un pequeño rincón de idealidad”.

Yo apruebo a Riga, porque hay cosas inútiles, tales como la poesía, la cosmología, la arqueología, la matemática y la filosofía, que son la marca de la alta civilización. Y también porque no hay gran empresa sin gran visión.

Los viajes de descubrimiento, en particular los de Colón y Magallanes, fueron alentados por la ambición de “descubrir” mundo. La conquista y la colonización fueron alentadas principalmente por la codicia. En particular, a los Reyes Católicos el Nuevo Mundo sólo les interesó como fuente de dinero para derrochar en sus agresiones a los Países Bajos. Sólo hubo unos pocos misioneros, tales como el franciscano Fray Toribio de Benavente, a quien los indios mexicanos llamaban Motolinia (”el pobrecito”, en náhuatl), que tuvieron la ilusión de convertir a los aborígenes y protegerlos de la brutalidad de conquistadores y encomenderos.

Los colonos que fueron a “poblar” las colonias americanas (como si hubieran estado despobladas) lo hicieron sólo por afán de lucro. Y fueron poquísimos: examinando los Archivos de Indias, Fernand Braudel y sus colaboradores encontraron que en el curso del siglo que siguió al “descubrimiento” del Nuevo Mundo viajaban de España a América solamente unas 1000 personas por año. O sea, menos de un vigésimo de los europeos que emigraron a Hispanoamérica entre 1860 y 1940.

Todos concordamos en que los grandes líderes de la emancipación americana tuvieron una visión original de sus respectivas patrias: las soñaron soberanas y, por lo tanto, capaces de desarrollarse en provecho de sus propios pueblos. Algunos de los patriotas no se proponían más que desmantelar el monopolio europeo sobre el comercio exterior. En cambio, unos pocos, en particular Thomas Jefferson y Simón Bolívar, tuvieron visiones grandiosas: el primero, de una gran nación moderna en un pie de igualdad con los países europeos, y el segundo, la visión de una Hispanoamérica unida.

Los visionarios norteamericanos realizaron su visión, aunque dos décadas después ella quedó obsoleta cuando Francia abolió la esclavitud y la servidumbre, mientras que los plantadores norteamericanos del Sur siguieron explotando a esclavos durante un siglo más.

Pasada la primera década de construcción de lo que se llamó una nueva y gloriosa nación (título de la película que los pibes del barrio mirábamos todos los 25 de mayo), los patriotas iberoamericanos se dedicaron a fusilarse entre sí, a medrar con la injusticia social y a hipotecar su país al extranjero. En cambio, los norteamericanos construyeron una nación moderna con una rapidez pasmosa, y se dividieron en dos recién cuando sus vecinos del Sur empezaban a sofocar las guerras civiles.

No opinaré sobre los grandes visionarios argentinos porque no quiero inmiscuirme en las querellas rosista/sarmientista ni gorila/peronista, que me parecen caducas y, por lo tanto, infructuosas. Me referiré, en cambio, a otro gran país latinoamericano: México, segunda patria de muchos argentinos.

México tuvo más suerte que la Argentina en un respecto y menos en otro. Produjo cuatro grandes líderes -Benito Juárez, Francisco Madero, Emiliano Zapata y Lázaro Cárdenas- que bregaron exitosamente por tres grandes causas: soberanía nacional, reforma agraria y educación moderna y universal. Dos de esos prohombres, Madero y Zapata, fueron asesinados por sicarios al servicio del gran triunvirato que detentaba el poder económico: los terratenientes, la Iglesia Católica (la principal terrateniente del país) y las empresas extranjeras, principalmente americanas, británicas, alemanas y francesas, que habían explotado las riquezas del país durante la larga noche de Porfirio Díaz.

Los gobiernos mexicanos fueron exitosos en la medida en que permanecieron fieles, al menos de palabra, a esa grandiosa visión del indio Juárez. Pero la realización parcial de esta visión costó más de un millón de muertos, sobre todo en la guerra de los llamados cristeros contra los gobiernos reformistas, en la que muchísimos indios tomaron las armas en favor de sus explotadores.

Terminado el sexenio del Tata Lázaro, como los indios solían llamar al General Cárdenas, empezó la ristra de gobiernos del famoso PRI. Aunque éstos no eran reaccionarios, beneficiaban principalmente a los nuevos ricos y a los políticos que esperaban ordeñar al Estado. Desde entonces se acabaron los partidos con grandes proyectos nacionales. Sin embargo, algo quedó, además de la retórica “revolucionaria institucional”: la ayuda estatal a los indigentes y el apoyo a la educación y la cultura.

Obviamente, los ideales no bastan para reformar una organización moderna: también hacen falta conocimientos especiales que sólo pueden obtener las ciencias y técnicas sociales, tales como la sociología, la economía y el derecho. Sólo fuertes dosis de tales conocimientos pueden reemplazar el “mal metafísico”, del que hablaba Manuel Gálvez, por la gestión responsable y eficaz del bien común.

Recordemos dos casos que, aunque muy diferentes, se parecen en que ponen en evidencia la necesidad de construir una visión inteligente del porvenir en lugar de dejarse arrastrar por la corriente o de escuchar los llamados de individuos aquejados de mal metafísico.

El primer caso es el de los autores de las dos revoluciones rusas de 1917. La primera fracasó porque los socialistas de Kerensky no ofrecieron lo que quería la gente: paz y pan. La segunda revolución, encabezada por Lenin, no fue guiada sino por dos objetivos: la paz y el desmantelamiento del orden semifeudal. Los bolcheviques no tenían una visión de la nueva sociedad porque creían que ella vendría espontáneamente. Siguiendo a Marx y Engels, creían que planear el futuro era sueño utópico.

Los dirigentes soviéticos tardaron un decenio en elaborar y poner en práctica los Planes Quinquenales que transformaron a una sociedad atrasada en una potencia moderna. Pero su visión estrechamente economista les impidió ver que la gente necesita mucho más que fábricas, centrales eléctricas y escuelas modernas. Todos sabemos lo que costó la estrechez de la visión comunista.

Mi segundo ejemplo es el del socialismo argentino de antes. Hace exactamente un siglo el neurocirujano Juan B. Justo publicó un libro notable, en el que exponía una visión moderna basada sobre las investigaciones sociológicas del propio autor: Teoría y práctica de la historia . El Maestro Justo, como solían llamarlo sus compañeros, no padecía del “mal metafísico”: no soñó utopías, sino que estudió la realidad que tenía a su alcance y propuso maneras prácticas de mejorarla, tales como cooperación, educación laica y, sobre todo, sufragio universal. El Partido Socialista argentino se autodenominaba “el partido del sufragio universal”, no “el partido de la justicia social.”

La visión de Justo no se llevó a la práctica. Unos culparán al escaso desarrollo industrial; otros, a la Sociedad Rural; otros más, a la Unión Industrial Argentina, y casi todos al imperialismo inglés. Yo creo que la culpa fue de todos esos factores, así como del propio Partido Socialista, que se conformó con sacar muchos votos en la Capital Federal y con controlar a un puñado de sindicatos de la aristocracia trabajadora urbana. Guardó en su ropero la bandera de la justicia social.

En cambio, el general Perón tuvo una visión mucho más amplia y audaz, robó la bandera de la justicia social, fue más astuto, no tuvo escrúpulos, y gozó del apoyo de las Fuerzas Armadas y de… Pero ya metí la pata donde me había propuesto no meterla. Termino, pues, antes de que los gorilas y chimpancés despedacen a este mono Tití.

¿Usted se siente cómodo en la mediocridad y teme a quienes prometen o amenazan cambios? Apoye a los partidos sin otro programa que ganar las elecciones, o que padecen del “mal metafísico”, o sea, el macaneo y la verborragia.

¿Usted anhela el progreso de la patria? Apoye a los partidos con una visión clara y fundada, que incluya menos pobreza y mayor riqueza cultural. Aunque para poder identificar a tales partidos, usted mismo tendrá que esbozar una visión promisoria. Pero, puesto que no lo logrará por sí solo, tendrá que juntarse con otros en un centro de estudios de la realidad a algún nivel: vecinal, provincial, o nacional. Primero conocer, luego programar y, finalmente, actuar.

Mario Bunge es el más importante e internacionalmente reconocido filósofo hispanoamericano del siglo XX. Físico y filósofo de saberes enciclopédicos y permanentemente comprometido con los valores del laicismo republicano, el socialismo democrático y los derechos humanos, son memorables sus devastadoras críticas de las pretensiones pseudocientíficas de la teoría económica neoclásica ortodoxa y del psicoanálisis “charlacanista”.

La Nación, 2 febrero 2010