Reggio’s

Parece que nunca se dan dos situaciones políticas idénticas pero es indudable que muchas veces pueden encontrarse elementos análogos, paralelismos o semejanzas de interés que sirvan de factor común en varias de ellas. Por ejemplo, ahora nos encontramos en un momento de antagonismo hirviente, que enfrenta las figuras de José Luis Rodríguez Zapatero, en el Gobierno, y de Mariano Rajoy, en la oposición.

El caso precedente que no llegó a darse del todo por desistimiento del segundo hubiera sido en 2004 el del duelo entre José María Aznar, en el Gobierno, y José Luis Rodríguez Zapatero, en la oposición. El más sonado se produjo a partir de 1993 entre Felipe González, en La Moncloa, y José María Aznar, en Génova, y el primer episodio de la serie que estamos analizando fue el que protagonizaron Adolfo Suárez y Felipe González, desde 1979.

Recordemos que la escisión inteligente del franquismo supo sumar adherentes y tomar la iniciativa de la reforma para no padecer la ruptura, con las consecuencias evidenciadas en la revolución de los claveles para los salazaristas irredentos. Al avance hacia posiciones de progreso de los reformistas correspondió la moderación ejemplar de la izquierda. Y la suma de ambos movimientos centrípetos nos trajo la concordia y facilitó la salida por consenso de la dictadura hacia el nuevo Estado social de derecho, en forma de monarquía parlamentaria. El Rey se atuvo a su compromiso básico con todos los españoles por encima de juramentos circunstanciales a las improrrogables leyes del Movimiento. Enseguida, renunciaba a unos poderes excepcionales y buscaba cómo ayudar al advenimiento de la democracia. Había sido designado pero siempre quiso que su monarquía fuera la monarquía de todos, según los modelos de la mejor Europa y en los antípodas de otras como la alauí, tan bien aclimatada en Marruecos.

El procedimiento elegido fue el de ir de la ley a la ley, pasando por la ley. Un itinerario no siempre comprendido y muchas veces impugnado por sus lentitudes e incoherencias aparentes. Así tuvimos a nuestro Adolfo Suárez, nombrado presidente del Gobierno por el Rey de entre una terna presentada por el Consejo del Reino, que supo bordar de encargo Torcuato Fernández Miranda. Suárez se arrancó con el afán de hacer una Constitución que habrían de redactar unas Cortes surgidas de las primeras elecciones generales libres, las cuales previa legalización de todos los partidos se celebraron en 1977. Tras el referéndum constitucional Suárez quiso ser también el primer presidente elegido democráticamente y presentó su candidatura a los comicios de 1979. El Partido Socialista se sintió entonces perdedor y sus estrategas decidieron que la victoria les llegaría antes y mejor si la formación adversaria dejaba de estar encabezada por Adolfo Suárez. Por eso, se empeñaron en romper el póster de Suárez. A partir de un momento proclamaron el “vale todo” contra Suárez con las consecuencias sabidas y cuando se alzó el telón los contendientes de 1982 fueron Leopoldo Calvo-Sotelo y Felipe González.

Las victorias, si bien decrecientes, acompañaron a González en las elecciones de 1982, 1986, 1989 y 1993. En esta última ocasión los derrotados del PP de José María Aznar entraron en la desesperación y pensaron que sólo eliminando de la competición, invalidando como fuera a Felipe González, podrían ganar en las urnas. De nuevo vino el “vale todo”: las conspiraciones después denunciadas por Anson, la utilización de la lucha antiterrorista al principio jaleada para criminalizar al antagonista, las traiciones de los servicios de inteligencia y los intentos de chantaje. Así sumaron 300.000 votos más y las turbas que gritaban “¡Pujol enano, habla castellano!” aceptaron gustosas que Aznar hablara catalán en la intimidad.

La sabia decisión de Aznar de no concursar por tercera vez nos evitó saber en qué términos hubiera sido su enfrentamiento con Zapatero. Luego hemos tenido, desde el 2004 hasta 2008, la impugnación de la victoria socialista, el estribillo de nos han robado el partido, y la denominación de ZP como presidente accidental a causa de la masacre de los trenes con explosivos sin duda preparados en las inmediaciones de Ferraz por afines a Rubalcaba. Ahora, el PP de Rajoy parece haber alcanzado su máxima cota de resistencia en las afueras del Gobierno y se instala en el “cuanto peor, mejor”. Además se da una coincidencia inversa en la actitud de las dos primeras formaciones, que distingue la situación actual de las hasta ahora aquí consideradas. Porque el PP para nada quiere romper el póster de ZP, por estimar ventajosa su debilidad, al tiempo que el PSOE tiene declarado su afán de preservar a Rajoy por encima de todo como candidato porque lo evalúa de idéntica manera.

Mientras la vicepresidenta económica desembarcaba ayer en la redacción del Financial Times para tratar de ganarse el favor de sus líderes de opinión, el blog más destacado de la publicación británica llamaba al Gobierno español, y más concretamente al ministro de Fomento, “paranoico”. El blog Alphaville se hacía eco de las declaraciones de Blanco a la Cadena SER de ayer por la mañana, en que denunciaba una especie de conspiración internacional contra el euro, al que atacaban por los flancos más débiles.

“Nada de lo que está ocurriendo en el mundo, incluidos los editoriales de periódicos extranjeros, es casual o inocente”, dijo Blanco, según el cual ese “ataque al euro” es fruto de “maniobras un tanto turbias” por parte de los “especuladores financieros”, los mismos que “originaron la crisis” que, “ahora que estamos saliendo de la crisis, no quieren que se regulen los mercados para así poder volver a hacer de las suyas”.

Quizá Blanco lo expusiese con más crudeza (o con más torpeza) que otros miembros del Gobierno, pero son varios los ministros que comparten esa idea y -en cierto grado- el propio presidente la abona.

Que hay especulación es un hecho, y eso es inherente a los mercados financieros. Los datos de contratos de opciones y futuros del mercado de Chicago muestran que las apuestas contra el euro han alcanzado niveles récord. Pero frente a esa realidad, hay dos posibles respuestas.

Una es la que abraza Blanco, la teoría de la conspiración. Algunos subrayan en privado incluso el hecho de que el ex presidente del Gobierno, José María Aznar, sea consejero de News Corporation, el conglomerado de Rupert Murdoch que edita The Wall Street Journal, la publicación económica de mayor tirada. Por más que ese medio y muchos otros, Financial Times incluido, cometan en ocasiones errores de bulto que puedan perjudicar a un país (que se lo digan a Grecia, con el reciente episodio sobre las supuestas negociaciones para colocar deuda pública al Gobierno chino), ese camino es erróneo. Resulta casi ridículo tratar de ver una conjura mundial de los inversores, los economistas (Krugman, tan querido por el Gobierno, incluido) y los periódicos para tumbar el euro atacando a España. Incluso aunque los mercados estén equivocados, esa forma de negación de la realidad no hace más que restar credibilidad.

La otra forma de combatir es la que protagonizó ayer el secretario de Estado de economía, José Manuel Campa. Quienes le escucharon aseguran que estuvo brillante, se expresó en perfecto inglés, reconoció las debilidades de la economía española y prometió remedio a los problemas. Expuso cifras, datos, argumentos y comparaciones. Nadie le oyó hablar de conspiración. Le preguntaron por los mercados, sí, pero su respuesta fue más suave y, a la vez, más inteligente. Los mercados con frecuencia reaccionan con exageración en el corto plazo, pero a medio y largo plazo reencuentran el equilibrio, argumentó. La deuda española no va a seguir siendo castigada con dureza si se generaliza la impresión de que no hay motivo para ello. Pero para lograrlo de poco sirve denunciar conspiraciones. Valen más los hechos y los argumentos.

TRIBUNA: LAS PENSIONES

El autor defiende la experiencia de EEUU, que en 1986 acabó con la limitación obligatoria de edad para trabajar

El Gobierno pretende retrasar la jubilación obligatoria hasta los 67 años. Se trata de una medida errónea, que en vez de resolver un problema lo que va a hacer es agudizarlo más. El sistema de la Seguridad Social se encuentra con el problema, de cara al futuro, que representa el creciente segmento de población de edad avanzada frente a un segmento de población activa comparativamente cada vez más menguado, que habrá de sostener el sistema de pensiones. Dicho de modo simple: cada vez menos personas contribuyendo y más recibiendo.

Para atajar este problema hay diferentes soluciones. La que ha elegido el Gobierno -que el trabajador tarde dos años más en comenzar a percibir su pensión de jubilación, con el propósito de que durante esos dos años siga contribuyendo (o no, dependiendo de si tiene trabajo o está en paro)- es la solución más carente de visión y la que peor resultado va a dar.

¿Por qué obligar a seguir trabajando después de los 65 años a personas que no quieren hacerlo y obligar a que dejen de trabajar a los 67 a personas que querrían -y podrían- seguir haciéndolo?

La solución no está en obligar a que todos sigan trabajando después de cumplir los 65 años, ni que todos dejen de trabajar a los 67, si desean continuar ejerciendo su profesión y están capacitados para ello. Lo que hay que hacer no es retrasar la jubilación obligatoria, sino abolirla por completo. Para las finanzas de la Seguridad Social, el resultado será el mismo, pero sin forzar a unos a seguir trabajando después de los 65 años, ni a otros a dejar de trabajar a los 67. La experiencia de Estados Unidos es ilustrativa.

En octubre de 1986, el Congreso de Estados Unidos, por un voto unánime, y con el respaldo de sindicatos y demás organizaciones laborales, abolió y prohibió la jubilación obligatoria. A partir de ese momento, quedaba eliminado por completo cualquier límite de edad para realizar una labor remunerada, lo que además iba acompañado de una estricta legislación contra la discriminación por edad en la contratación laboral y en la concesión de créditos bancarios. Como paso intermedio, a lo largo de la década anterior se habían estableciendo edades cada vez más tardías para la jubilación obligatoria (llegando a culminar en los 70 años), pero manteniendo siempre la jubilación voluntaria en los 65 años, muy diferente por tanto de lo que pretende hacer el Gobierno de Zapatero.

La experiencia de Estados Unidos en las dos décadas sin jubilación obligatoria es que un porcentaje cada vez mayor de los trabajadores (en la actualidad entre un 15% y un 20%) continúa trabajando después de los 65 años, en algunos casos hasta edades muy avanzadas. La jubilación forzosa sólo se aplica mediante test individualizados de aptitud. Para ello, la ley establece toda una serie de procedimientos que tienen en cuenta el tipo de actividad y productividad que se espera de un trabajador en una determinada etapa de desarrollo profesional, para evitar así intentos encubiertos de jubilación forzosa injustificada.

Quienes deciden continuar trabajando suelen ser las personas que más satisfacción personal obtienen en la realización de su labor, y por lo general se trata de profesionales altamente cualificados (médicos, profesores universitarios…), lo cual, por motivos obvios, constituye un beneficio añadido para el conjunto de la sociedad.

De lo que se trata es de dar libertad a las personas, no de restringírsela cada vez más, y lo que es peor, de infringir el derecho al trabajo de todos los españoles, sin discriminación posible por razón de edad, reconocido como fundamental en el artículo 35 de la Constitución. También el artículo 14 de la Constitución prohíbe discriminar entre los ciudadanos por cualquier circunstancia personal, como es el caso de la edad. Por si fuera poco, el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece, así mismo, el derecho al trabajo remunerado, sin reconocer excepciones por la edad.

La prohibición constitucional de establecer por ley la jubilación obligatoria está incluso reconocida por el Tribunal Constitucional en su sentencia 22/1981, de 2 de julio. Ha sido únicamente mediante subterfugios legales, y con la connivencia de sindicatos y patronal, como se ha logrado conculcar, mediante la noción de convenios, uno de los derechos más inviolables del ser humano, y específicamente del ciudadano español.

La eliminación de la jubilación obligatoria (manteniendo la voluntaria en la edad actual) complementada con una legislación contra la discriminación por edad en la contratación, es la mejor garantía de que, en una sociedad dinámica y cambiante como la actual, las personas van a poder encontrar su auténtica vocación profesional en cualquier momento de la vida. Una vez eliminado el temor a quedar indefinidamente en el paro por razón de edad, o el verse obligado, también por razón de edad, a cesar en la profesión que uno desarrolla con deleite, estaremos abriendo las puertas a una sociedad más productiva, dinámica y competitiva. Y de ello nos beneficiaremos todos.

Retrasar la edad de jubilación es una medida miope, que viola, además, el compromiso sobre el que muchos trabajadores han elaborado sus planes de futuro. Es, además, un falso remedio que no tiene en cuenta la experiencia positiva de países como Estados Unidos o Canadá, que abolieron ya hace décadas la jubilación obligatoria

La solución no es retrasar la jubilación forzosa, sino abolirla.

Juan A. Herrero Brasas, profesor de Ética y Política Pública en la Universidad del Estado de California.

© Mundinteractivos, S.A.

TRIBUNA: VIVIENDA, HIPOTECA Y CRISIS

Durante los últimos meses he tenido la oportunidad de participar en diversos encuentros, foros y mesas redondas en las que se me invitaba a proponer soluciones a la crisis económica a partir de mi experiencia en los Juzgados de lo Mercantil. Y en todas las ocasiones he aprovechado para dar a conocer herramientas y procedimientos, como la dación en pago, que han demostrado su validez una vez se ha generalizado su aplicación. Sin embargo, también estos planteamientos han tropezado con problemas en su comprensión debidos, en gran parte, a las dificultades para realizar un diagnóstico exacto de la actual situación. Por eso, es conveniente, antes de recordar las soluciones, volver a detenerse en las causas de la crisis en la que nos encontramos inmersos.

Para ello es bueno utilizar la perspectiva histórica y comparar lo que viene sucediendo desde 2007 con la otra gran crisis del capitalismo moderno -la derivada del crack bursátil del 29- y establecer los paralelismos correspondientes. En ambos casos, nos encontramos un elemento común y desencadenante: la especulación a crédito asociada a las clases medias. Como es conocido, durante los felices años 20, el consumo a crédito característico de las clases medias, unido a los bajos intereses, generó una vorágine compradora, entre otras, de las acciones de sociedades cotizadas en Bolsa, que las hizo subir de precio en una espiral casi interminable. Luego, el calentamiento de la economía hizo el resto, subiendo los intereses de los préstamos concedidos por las entidades financieras y disuadiendo finalmente a los potenciales compradores. Esta situación terminó por reventar el mercado bursátil, al convertirse el precio de las acciones en puramente ficticio, y los bancos dejaron de prestar dinero para comprar nuevas acciones, de tal manera que ya nadie tenía o bien la capacidad o bien la intención de invertir en la Bolsa, que se desplomó.

Las similitudes con lo sucedido 80 años después son evidentes, con la diferencia de que el foco del problema se ha situado ahora en los bienes inmobiliarios, que han sustituido en nuestro país a los títulos bursátiles como principal factor de especulación y, al tiempo, principal aval de cara a la concesión de nuevos créditos. De nuevo, hemos vivido unos años de esplendor del consumo de las clases medias vinculado a los créditos que los bancos otorgaban masivamente y que los ciudadanos podían ir afrontando gracias a unos tipos de interés bajos. Y, una vez más, el despertar ha sido muy duro, con un aumento de precios que ha hecho elevar, a su vez, los créditos y las hipotecas, hasta que muchas empresas y familias han comprometido su viabilidad.

En la época de la Gran Depresión la economía de EEUU -y como consecuencia la mundial- se vio inundada de una gran cantidad de acciones fuera de mercado. Ahora ocurre lo mismo con un número creciente de inmuebles, cuyas hipotecas no han podido ser afrontadas y que vuelven a unas entidades financieras que, a su vez, no pueden venderlos a los precios de tasación, porque no encuentran comprador, y que deben restringir el crédito por la falta de liquidez. Este contexto, que podría definirse con la forma clásica del círculo vicioso, debe ser quebrado en algún punto para reactivar un mercado estancado. En este sentido, la dación en pago a favor de la entidades hipotecantes se ha revelado como un instrumento eficaz para aliviar la deuda de empresas y particulares. Sin embargo, el círculo no se convertirá en virtuoso hasta que bancos y cajas de ahorro no devuelvan al mercado esos inmuebles ya limpios de hipotecas, y eso pasa necesariamente por ajustar el precio a las actuales circunstancias. Todo ello se encierra en la tesis que ya he tenido ocasión de aplicar y defender en distintos foros con el nombre de «centrifugado de bienes hipotecados».

Si las administraciones públicas, los organismos de supervisión bancarios y, desde nuestra posición, los juzgados no nos implicamos con presteza en contribuir a este desenlace, las soluciones a la crisis, que pasan necesariamente por permitir la periodificación de las pérdidas a las entidades financieras (es decir, que las pérdidas por poner inmuebles en el mercado por debajo de los precios de adquisición no se computen ese mismo año sino en ejercicios siguientes para amortiguar así el impacto de esas operaciones sobre las cuentas) pueden llegar demasiado tarde.

Fernando Presencia Crespo es magistrado, titular del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Valencia.

© Mundinteractivos, S.A.

ANÁLISIS

España y la crisis. Los movimientos parlamentarios

A la gente le ha cambiado  la cara desde que ha oído hablar de la jubilación a los 67 años y de un nuevo cómputo de las pensiones. Esta es la novedad más verdadera. La fatídica señal está dada. Todos ya sabemos que nos espera una vejez espartana.

Algo ha cambiado y las más recientes encuestas lo reflejan: la desconfianza en el presidente del Gobierno ha subido del 71% al 76%, una cota jamás alcanzada en democracia. En Madrid, que es una fábrica de ingeniosas crueldades, ya circula el dicho de que el número de gente que hoy aprueba la política de José Luis Rodríguez Zapatero apenas supera a los que creen que Elvis Presley sigue vivo y que el hombre jamás pisó la Luna. “Hay una campaña para demonizar a Zapatero”, exclama José Blanco, mientras ensaya gestos de hombre de Estado, gestos de hombre quizá llamado al recambio.

Hay que tener en cuenta el triste tañido de las pensiones, ese súbito cambio de humor, para desmenuzar a partir de ahora los intríngulis de la política politizada: el movimiento de trincheras, el juego de astucias, las declaraciones y contradeclaraciones, los gestos, las puestas en escena…

Bajo esa perspectiva, Convergència i Unió acaba de realizar un movimiento inteligente. Entre un socialismo grogui y una derecha que tiene miedo a defender medidas antipáticas, existe un evidente espacio central que Artur Mas y Josep Antoni Duran Lleida no podían tardar tiempo en ocupar. Hubo ayer un simple movimiento de peón, secundado por los vascos: petición de comparecencia de Zapatero en el Congreso y una escueta retórica sobre la disponibilidad de CiU al pacto si la política económica es corregida.

Es lo de siempre y es novedad. Zapatero está hoy más apurado que Felipe González en 1993. La vieja guardia socialista que aún cree posible evitar la debacle ya no se lo calla. Están esperando a que CiU gane las elecciones catalanas y retome la presidencia de la Generalitat para negociar un pacto de estabilidad. “Es la única manera de salvar la legislatura”, dicen.

Zapatero se ha visto forzado a acudir al Congreso, con alto riesgo, esta vez. Mariano Rajoy también deberá moverse. Deberá concretar. El PP oscila entre el eficaz tremendismo de sus numerosos propagandistas -una verdadera máquina de picar carne- y un cimbreo táctico que no acaba de cuajar en la grácil figura de María Dolores de Cospedal: en sólo cinco días ha hablado de elecciones anticipadas, de moción de censura y de dimisión del presidente.

Alerta ante la apertura catalana, la derecha más dura y apostólica juguetea con la hipótesis de un gobierno de unidad nacional, idea que gusta al guerrismo jacobino. Oiremos hablar de ello en las próximas semanas.

Más ajedrez. Ocupando el centro mientras suena la canción triste de las pensiones, CiU también dificulta el afán de José Montilla para constituirse en único capitán de la gente seria de Catalunya. Los de la calle Còrsega sueñan de nuevo con la jugada que más gustaba a William Faulkner. El gambito. Que los socialistas acaben sacrificando Catalunya para salvar el resto de la partida.

TRIBUNA

En algunos países se advierte a quienes van a cruzar las líneas férreas que no se limiten a eludir el ferrocarril que tienen más próximo: “Un tren puede esconder a otro”, de forma que si se ignora esta recomendación podría suceder que el aparente alivio de salir de un peligro conduzca a un batacazo al ignorar el siguiente.

A estas alturas parece clara la aplicabilidad de este mensaje a la crisis. Apenas sugerida la discusión acerca de los “brotes verdes” -más florecientes a escala mundial que en latitudes cercanas- aparecen otros trenes que amenazan. Por un lado empieza a pasarse al cobro la factura de la crisis en términos de los ajustes social y políticamente delicados y necesarios para restablecer la solvencia -y la credibilidad acerca de la solvencia- de nuestras cuentas. Los mercados financieros internacionales se han recuperado y son mucho más efectivos que las recetas de la Unión Europea o del FMI en lo que se refiere a imponer disciplina fiscal.

Por otra parte aparecen cada vez más sugerencias de que la crisis que estalló hace un par de años no era la única fuente de fragilidad y que tal vez las urgencias recientes han hecho olvidar otras fragilidades que ahora pueden reactivarse, con formatos rediseñados pero igualmente peligrosos. No se trata sólo de que en buena medida se hayan transferido los “activos tóxicos” al sector público, ni únicamente a que el endeudamiento privado más allá de cualquier límite razonable se haya visto sustituido/complementado por endeudamiento público que en varios lugares amenaza con superar esa misma frontera.

Se trata también de que hemos sustituido un gasto privado orientado a actividades de baja productividad y dinamismo innovador por recursos públicos orientados en su inmensa mayoría a destinos a los que son aplicables los mismos calificativos. Cambiar de envoltorios pero no de contenidos es la vía más segura para que nos arrolle el siguiente tren… Y, signo de los tiempos, ya no es un castizo cercanías, sino un demoledor AVE.

Y a escala internacional los desequilibrios externos (principal pero no exclusivamente entre Estados Unidos y China) se habrían ajustado inicialmente a la baja como consecuencia de la contracción económica, pero hay indicios preocupantes de ausencia de los cambios de fondo requeridos para una vuelta a unos fundamentos más sólidos y de verdad sostenibles a ambos lados del Pacífico. No se trata sólo del retorno (falsamente) aliviado al business as usual, sino añadir un peligro y prematuro regreso al politics as usual que relaje prematura e insensatamente los débiles mecanismos de cooperación internacional. Por este camino la duda no es si nos pillará el tren, sino cuál de ellos lo hará primero…

Juan Tugores Ques. Catedrático de Economía de la UB.

La Tercera de ABC

Si por alguna razón, verídica o inventada, nos viéramos en la necesidad de condensar en pocas palabras la no poco complicada situación política actual de nuestro país, y sin pretensión alguna de comparación con ilustres precedentes (Ortega, Azaña) el lector me permitiera el recurso de tres palabras con similares letras iniciales, definiría así el panorama. Estaríamos ante una sociedad desilusionada. La gran carga de elementos positivos y hasta ilusionantes que, en gran parte, estuvieron presentes en casi todos los ciudadanos (no todos, claro está: los temores no estuvieron ausentes del todo aunque no se suela confesar) en los años de la transición por la forma de consenso pacífico y renuncia a los dogmatismos de unos y otros y el gran acuerdo de no hurgar en pasadas responsabilidades, bajo la regia llamada a todos para mirar al futuro en una general empresa, esa gran carga creemos que ha desaparecido. O que «la han hecho desaparecer». En su lugar, la manipulación de «lo anterior» convertido en arma para la lucha política, el no asumir bondades y maldades, los cambios inútiles de todo y hasta las cainitas revanchas de siempre. Lógicamente estos grandes olvidos han ocasionado una alta cuota de desilusión: «No es esto, no es esto», que muy posiblemente volvería a exclamar Ortega al conocer lo de la Memoria Histórica o la gran preocupación por el «enorme problema de los crucifijos».

En segundo lugar, una sociedad desunida. No caigo en lo de rota o no rota. Pero sí digo, por muy poco popular que resulte, que la fórmula utilizada para solventar la necesaria descentralización y el necesario reconocimiento de la pluralidad de formas de ser concurrentes en la Península Ibérica (esa fórmula absurdamente conocida como Estado de las Autonomías (?) ha constituido un penoso fracaso. El asunto comienza en la misma redacción constitucional. Se premiaba el llamado «hecho diferencial» que era precisamente lo que dividía y no lo que unía, se generalizaba el factor autonómico hasta extremos cercanos a lo ridículo y, sobre todo, se dejaba abierto el proceso de delegación de competencias propias del estado en las llamadas Comunidades Autónomas. Precisamente en esto último es donde hay que situar el penoso «chalaneo» que, fundamentalmente por razones electorales, hemos presenciado en estos últimos años. Las Comunidades han amenazado con esto o aquello y el Estado ha ido cediendo incomprensiblemente. Con ello es el mismo Estado central el que se ha debilitado, en momentos en que para «pesar» algo en la Unión Europea está primando justamente lo contrario y en el panorama nacional lo que ha vuelto a aparecer es el particularismo que, en expresión de Ortega, conducía a lo invertebrado. Lo que importan son los intereses de cada una de las partes, en muchas ocasiones basados en lo «peculiar» que fácilmente se inventa, y no lo que la totalidad del país requiere. Y, curiosamente, en los momentos de crisis que padecemos, nadie se ha atrevido hasta ahora a entrar a fondo allí donde en realidad habría que entrar: multiplicación de parlamentos, diputados, gobiernos regionales, legiones de Consejeros, Viceconsejeros, Directores Generales, Comités Consultivos, Defensores regionales, coches oficiales, escoltas en abundancia, derroches en actos oficiales y así hasta casi el infinito. ¿Realmente puede nuestro país mantener económicamente este gran tinglado?

Y, en tercer lugar, una sociedad desorientada. Aquí es donde, en realidad, queríamos llegar con el título que encabeza estos párrafos. Y por qué la causa de esta orientación. Es decir, cuál es la razón de esta ausencia de creíbles soluciones. Si uno presta atención a lo que es posible oír en la calle, tiene que echarse a temblar: «es que todos son iguales», y «los otros harán los mismo» y lo más hiriente, «y si yo pudiera también lo haría».

El origen del problema quizá también hay que buscarlo en el mismo texto constitucional. Desde el principio se sentaron dos afirmaciones o supuestos: íbamos a una democracia representativa y, en la misma, los principales sujetos de la representación y de la participación eran los partidos. Llegaba el momento de «desquitarse». Por ello, a la hegemónica regulación del art. 6º y de todos aquellos supuestos de nombramientos por el Parlamento, los partidos, con el apoyo de la vigente Ley Electoral, se han convertido en los únicos protagonistas de la vida política. Y ello a través de los más variados caminos: distribución por cuotas según votos en el hemiciclo, sumisión total en el seno de los grupos parlamentarios, fuerte disciplina de voto, listas cerradas y bloqueadas, etc. Los partidos han roto el natural ámbito que la misma democracia posee y, a veces con la sumisa tolerancia de los sindicatos, y han implantado su reinado. Es decir, hemos entrado en la situación de partitocracia, con toda la gravedad que esto comporta. La buena y objetiva cabeza del prof. Alejandro Nieto ha llegado a afinar todavía más las definición: estamos en «una oligarquía económico-política». A la vez e igualmente desde los momentos de la elaboración constitucional, se ahogan sin piedad los posibles supuestos de participación directa de los ciudadanos. Se quería una democracia de partidos y casi únicamente de partidos. Y ello no solamente en la cicatera regulación del referéndum: se llega hasta la imposibilidad de que sean los ciudadanos quienes puedan instar una posible reforma de la Constitución.

¿Entonces? Pues, a mi entender, lo que en el título hemos anunciado. Cerrados todos los posibles cauces (y creemos que este problema no se solventa con una reforma constitucional del tipo que fuere) lo que queda es la voz y la actitud de los ciudadanos. Resulta urgente reforzar la vigencia de una auténtica cultura cívica, sedimento de todo régimen político que aspire a la continuidad. Es preciso salir, a la vez, de la panmediocridad que sufrimos. Si la sociedad es mediocridad consentida, mediocre será todo cuanto de ella salga: políticos, educación, Universidad, arte o pensamiento. Y como las vías establecidas han quedado cerradas para ello, según hemos resumido, los ciudadanos, a la postre oficialmente propietarios de una hurtada soberanía, tienen y pueden llevar a cabo la labor de despertar dormidas conciencias. De fomentar el espíritu crítico. De denunciar el gran engaño de lo «políticamente correcto». Y si esto es lo que cada uno puede hacer en su ámbito y en el de sus posibilidades, resulta mucho más efectiva para este despertar de la alienada o egoísta sociedad, la proliferación de grupos expresamente dedicados a este menester.

En estos últimos años, nuestro país ha conocido ese pluralismo asociativo que el gran Tocqueville señalara como característica de la democracia en América. Pero ocurre que, en su casi totalidad, estos grupos y asociaciones se están limitando a la reivindicación de sus propios intereses. Y no es eso. Hay que ir más allá, como en otras ocasiones ha ocurrido en nuestra historia política. Recuérdese la lucha contra el francés allá en la guerra de la independencia. O los Manifiestos civiles y militares en 1869. O el papel divulgador en favor de la república que hicieron en unión unos valiosos intelectuales, aunque algunos quedaran frustrados por lo que después vino. No importa. Lo que ahora aparece en nuestro panorama es la idea de los Foros, los Clubes, de las Fundaciones. Pensando y pregonando que «esto» no puede seguir así. Y que si sus voces de denuncia no obtienen eco «en las alturas», sencillamente estaremos perdiendo o malogrando una nueva oportunidad histórica.

Manuel Ramírez. Catedrático de Derecho Político.

Carta abierta a Javier Fernández

«Carácter o tradición son, pues, las fuerzas de la resistencia; por mucho que, de frente o de soslayo, se haga en contra suya, siempre estarán presentes, tirando hacia atrás. La inteligencia activa y crítica, presidiendo en la acción política, rajando y cortando a su antojo en ese mundo, es la señal de nuestra libertad de hombres, la ejecutoria de nuestro espíritu racional. Un pueblo en marcha, gobernado con un buen discurso, se me representa de este modo: una herencia histórica corregida por la razón». (Azaña)

Se cumplía el 60.º aniversario de la muerte de Azaña. Y unos cuantos asturianos organizamos un viaje a Montauban a rendir homenaje al estadista republicano. Principiaba noviembre, tiempo de castañas y sidra dulce en nuestra tierra. Y en el PSOE asturiano se libraba, empero, una batalla ciertamente agria. Poco más de un año hacía de la única mayoría absoluta conseguida por Areces, y las tensiones eran muy grandes, tras las trifulcas con nombramientos que fueron fugaces en Cajastur y tras aquella escenificación de desencuentro en Rodiezmo con Zapatero como testigo de unos silbidos dirigidos a Villa que causaron furor. Usted, que hasta entonces había sido consejero de Industria, optaba a la secretaría de la FSA frente a don Álvaro Álvarez. Cuando regresábamos de Francia, tuvimos noticia de su victoria.

Y, a propósito de Azaña, yo me había permitido recordarle a don Vicente en un artículo una lapidaria frase del autor de «La Velada en Benicarló»: «Lo más difícil de administrar es una victoria política». Y lo había hecho, comprobando que Areces se había lanzado de lleno a lo que eran instrumentos de poder. Parecía entonces que el PSOE podía repetir una historia de disensiones como la que había tenido lugar en el PP. Sin embargo, desde que usted asumió la secretaría general de la FSA, hubo, si no armonía, sí al menos el entendimiento necesario para no incurrir en aquello.

Se le comparó a usted con frecuencia con el señor Martínez Noval, en el sentido de que no iba a dar el paso de liderar la candidatura socialista al Gobierno de Asturias y que, llegado el momento, al igual que había sucedido con su antecesor, usted podría llegar a ser nombrado ministro. A lo que se ve, esas especulaciones no se cumplirán y sucederá justamente lo contrario. A la tercera, en su caso, iría la vencida, pues, no habiéndose presentado ni en 2003 ni en 2007, sí parece que lo hará en 2011.

Son muchas las incógnitas que con su más que posible decisión se abren. En todo caso, hablamos del mismo partido que ha venido gobernando Asturias desde la preautonomía a esta parte con la excepción de la etapa de Marqués. De un partido omnipresente en esta tierra, concejo a concejo, comarca a comarca que, al margen de las intenciones que usted pueda tener, no cambiará de la noche a la mañana. Y, en el ámbito estatal, hablamos de un partido que ahora mismo es el sustento de un Gobierno cuya credibilidad va a menos a pasos agigantados, lo que, de aquí a mayo de 2011, es imposible que no tenga su influencia en Asturias.

En todo caso, don Javier, barrunto que no será muy fácil mantener la paz interna en el PSOE astur en tanto no se llegue a un acuerdo con Areces, cuyo entorno esgrime su trayectoria ganando elecciones en esta tierra de 1999 a esta parte. Cierto es que, como antes recordaba, sólo una vez obtuvo la mayoría absoluta y que en las dos ocasiones anteriores tuvo como principal adversario a don Ovidio Sánchez, dándose además la circunstancia de que la diferencia de votos no fue en modo alguno ostensible.

Convencido estoy de que hay una parte no pequeña de la sociedad asturiana que ya siente cierto hartazgo ante el arecismo, ante sus chiringuitos, sus obras faraónicas, su nepotismo y un largo etcétera. No es menos cierto que, dada su discreción, en Asturias no se tiene un profundo conocimiento de su visión política de esta tierra, aunque sí hay constancia de que no siente especial simpatía por todo lo que guarde relación con el asturianismo, ni tampoco es un apasionado de aquello que en la primera legislatura de Zapatero dio en llamarse la España plural.

De todos modos, don Javier, estoy seguro de que, sin grandes entusiasmos, entre los muchos sectores descontentos que hay en Asturias, puede haber expectativas no del todo desfavorables hacia usted tras la experiencia del arecismo.

Por ver está, de otro lado, quién será su principal adversario en las elecciones de 2011. Desde luego, salir de su despacho de la FSA para enfrentarse a Álvarez-Cascos sería un gran reto. Y, de otro lado, don Javier, habría que preguntarse si el partido de doña Rosa Díez tendrá presencia en nuestro Parlamento, así como el asturianismo.

De confirmarse su candidatura, la tarea que le espera está llena de retos, y, puestos a soñar, sería fantástico que hubiese en usted un afán de renovación que empezaría por su partido y que redundaría en la sociedad asturiana.

Pero ya se sabe que los sueños y la realidad política, incluso para la llamada izquierda, hace tiempo que no forman pareja, no ya de cama, sino ni tan siquiera, ¡ay!, de tentativa de baile.

Ya ve.

A veces, para ver de cerca hay que mirar lejos. La situación política y las elecciones en el Reino Unido, que se celebrarán probablemente el 6 de mayo, ofrecen analogías con la situación en España que merece la pena considerar.

En ambos países, hay gobiernos socialdemócratas y oposiciones conservadoras, y se dan más similitudes entre los primeros que entre las segundas. Al contrario que el PP de Mariano Rajoy, los conservadores de David Cameron no recurren al sistemático acoso y derribo, con el exabrupto y la descalificación como armas principales, para segar la hierba bajo los pies de Gordon Brown. Tienen tajo de sobra con las heridas de la recesión (que comienza a remitir), las rebeliones internas del laborismo y la incapacidad del líder de estos para levantar al partido del diván del psiquiatra.

Los sondeos prevén un relevo de Gobierno en Londres. Brown no goza de la limpieza de sangre que da ganarse el cargo en las urnas y su partido lleva más de 12 años en el poder. Parece llegada la hora de la alternancia, mecanismo de saneamiento clave en democracia. La situación es diferente en España aunque, según las últimas encuestas, Zapatero también lo tiene crudo. La crisis no le da tregua, pero a su favor juegan varios factores: que lleva menos de seis años en el poder, que tiene más de dos por delante para recuperar terreno, que su liderazgo en el PSOE es firme y que la alternativa del PP asusta a media España.

En el Reino Unido, las diferencias entre los dos grandes partidos ya no son lo que eran. Los tories han abjurado de las recetas más duras del thatcherismo y se apuntan a un difuso “conservadurismo compasivo”. En el otro bando, con el nuevo laborismo, Blair renegó de la tradición izquierdista del partido. Sin embargo, ante el varapalo que se vaticina, Brown intenta recuperar señas de identidad, si no para ganar sí al menos para evitar una derrota humillante. De ahí promesas como acabar por ley con la pobreza infantil en 2020 o reducir un 50% el déficit para 2014. Tiene razón Timothy Garton Ash: una cata de vinos a ciegas sobre políticas económicas, sociales y de seguridad de ambos partidos mostraría que el 80% de las mismas es intercambiable.

¿Ocurre lo mismo en España? A simple vista, no. Rajoy hace sonar las trompetas del Apocalipsis y promete revocar el entramado legislativo socialista que, según él, lleva el país al caos. El pasado muestra, sin embargo, que una vez en el poder el PP saca el pragmatismo del armario, pacta con los nacionalistas si lo necesita, no revoca avances sociales y no revoluciona la economía. Pese a la crispación actual, un relevo en La Moncloa no tendría por qué ser un tsunami.

Otra similitud es el progresivo desapego popular hacia la política, manchada por una corrupción que en España afecta a casi todos los partidos, aunque su paradigma es el caso Gürtel, que se ceba en el PP. En el Reino Unido no hay metástasis, pero asquea la obscenidad que supone que muchos diputados abusaran de sus privilegios para llenarse el bolsillo.

Allá, y acá, hay un debate sobre el sistema electoral, aunque menos marcado en España, donde sólo lo promueve abiertamente el principal perjudicado, Izquierda Unida. Es una fórmula proporcional corregida que deja las listas en manos de las direcciones de los partidos, que suelen ver la discrepancia con malos ojos. Diputados y senadores tienen una relación más estrecha con las direcciones de los partidos que con los ciudadanos que les eligieron. Otra consecuencia es la dificultad de conseguir mayorías absolutas y la necesidad de formar Gobiernos minoritarios, lo que lleva a una cultura del pacto que tiene muchos detractores, pero también defensores convencidos de que ayuda a fortalecer la democracia y el consenso.

En el Reino Unido se elige un diputado en cada distrito: el que queda primero, gana. Eso permite Gobiernos sólidos, una relación sana y fluida entre diputados y ciudadanos y que el Ejecutivo tenga que negociar sus iniciativas con el grupo parlamentario. Sin embargo, el sistema, que facilita mayorías absolutas, provoca graves distorsiones.

He aquí un ejemplo, el de los comicios de 2005: con el 35,3% de los sufragios, los laboristas obtuvieron el 55,2% de escaños. En el extremo contrario, los socialdemócratas lograron el 22,1% de votos y sólo el 9,6% de diputados. Además, el trazado de los distritos favorece a los laboristas, lo que puede provocar otra anomalía: que los tories tengan más votos, pero menos parlamentarios. En teoría, es posible incluso la aberración de que un partido monopolice los Comunes si, en cada distrito, queda en primer lugar, aunque sea por tan solo un voto.

La cuestión es ahora sustancial, ya que no se descarta un hung parliament, con mayoría simple de los tories. Eso dejaría la llave del Gobierno en manos de los liberal-demócratas de Nicholas Clegg, los más perjudicados por el actual sistema, como le ocurre a Izquierda Unida en España. Por eso llevan décadas reclamando un sistema proporcional con listas abiertas.

La necesidad de la reforma ya se planteó en 2006 en el informe de un grupo de expertos, y la rescató hace poco un comité parlamentario. Brown sólo promete un referéndum sobre el voto alternativo, que mantendría los distritos uninominales, pero permitiría establecer preferencias sobre todos los candidatos y haría posible la elección de uno de ellos con mayoría absoluta. Un lío que sería largo de explicar. Y un parche que no toca el problema de fondo (la falta de proporcionalidad), que ni laboristas ni conservadores quieren resolver, pero que resurgirá si Clegg es clave para formar Gobierno. Él afirma que su partido no está en venta, pero en política todo depende del precio.

España no es el Reino Unido, pero ambos países deberían mirarse en el espejo del otro: los británicos, en busca de más proporcionalidad; los españoles, en busca de mayor cercanía entre políticos y ciudadanos.

Luis Matías López es periodista.

Hay muchas razones para desear que no instalen un Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en el patio trasero de tu casa. Por ejemplo, prefieres dedicar tu patio a cultivar flores. Así que, si estás en esa situación, es comprensible que prefieras que tus concejales no se apunten a la carrera por conseguir el ATC, por la misma razón que te opondrías a la instalación de una batería de aerogeneradores: no quieres que te alteren el entorno. Y si lo hacen, tienes derecho a negociar compensaciones. También puedes oponerte al almacén de residuos porque crees que es altamente peligroso, o simplemente porque eres antinuclear. Las tres opciones son legítimas, aunque la más racional es la primera (sopesar las compensaciones, con información adecuada). La segunda se basa en información, en mi opinión, errónea; y la tercera es inconsistente: si eres antinuclear deberías ayudar a resolver el problema del almacenamiento de residuos.

Estas reflexiones deben haber sido muy comunes entre los vecinos de los municipios que se han planteado presentar su candidatura para acoger el ATC. Todos los que han participado en el proceso merecen respeto. En esto España ha mejorado mucho. Durante años ha sido imposible dar una respuesta adecuada al problema del almacenamiento de los residuos de las centrales nucleares y en cambio ahora, por primera vez, se vislumbra una solución eficiente, segura y consensuada. Sin embargo, aún quedan rastros de irracionalidad en el proceso de decisión colectiva sobre estos temas.

En primer lugar, hay un conflicto entre la política de compensaciones económicas y la gestión correcta de la información científica para hacerla accesible a los ciudadanos. Ciertamente las compensaciones pueden ayudar a que se tomen decisiones con criterios racionales. Pero también contribuyen a complicar la situación. El argumento más obvio reza así: a falta de otra información, si las compensaciones son tan altas debe ser que el riesgo que se asume es muy serio. Sin embargo, esto no es cierto: la probabilidad de que el ATC cause la muerte de una persona por contaminación radiactiva es, sin duda, menor que la de que esa persona muera atropellada por un tractor agrícola. La importancia de las compensaciones no tiene nada que ver con la gravedad del riesgo real, sino con el riesgo imaginado, que es muy alto precisamente porque no se utiliza de forma adecuada la información científica relevante.

En segundo lugar, resulta impresentable la frivolidad con la que casi todas las fuerzas políticas han afrontado este proceso. Partidos que defienden la energía nuclear amenazan a sus ediles si participan en un concurso abierto que esos mismos partidos reclamaron que se pusiera en marcha. Presidentes de comunidad autónoma, relevantes personalidades del partido gobernante, que podrían alardear de estar contribuyendo a solventar un problema importante para toda España, aducen ahora cuotas de solidaridad territorial (solidaridad ¿frente a qué?) para escurrir el bulto.

Tenemos derecho a rechazar un ATC en nuestro patio trasero, pero por favor, que sea sin hipocresía, con buenas maneras, información adecuada y razones dignas.

Miguel Ángel Quintanilla Fisac. Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia.

El ministro de Fomento y vicesecretario general del PSOE, José Blanco, dijo ayer que la fuerte caída de la bolsa española la semana pasada se debió al “ataque” de los especuladores financieros, que hicieron “maniobras un tanto turbias” para castigar al euro y a las economías más débiles de la zona euro. Pero ¿quiénes son esos ‘especuladores’ malvados a los que se refería el ministro de Fomento? ¿Cómo se llaman? ¿Cuánto dinero manejan?

Por las mesas de operaciones de los principales brokers internacionales han sonado en las últimas sesiones los nombres de Brevan Howard, Moore Capital y Paulson & Co, entre otros, hegde funds que manejan más de 500.000 millones de euros y están entre los diez primeros del ranking. La cifra total de la industria es casi el doble.

“Han sido hedge funds específicos de macroeconomía, que están tomando posiciones contra el euro y contra los CDS (seguros de cobertura contra impagos) de España”, explican desde un broker extranjero, que intermedia cerca del 7% del volumen diario de la bolsa española. “Cuándo estos tipos se ponen cortos contra alguien, no hay nada que hacer. Ya lo sufrimos los bancos de inversión a finales de 2008 cuando entidades como Merrill Lynch y Morgan Stanley vieron como sus CDS superaron la cota de los 2.000 puntos”.

La de España ha pasado de apenas 120 puntos a más de 160. “Si se ceban contra la deuda española, no van a parar. O se envían mensajes contundentes y se toman decisiones drásticas, como ha hecho Irlanda, o seguirán los ataques”, explican desde una entidad española que pide mantener el anonimato.

Más lejos van en un banco estadounidense, que en su día sufrió el ataque de los especuladores.  “Esto pinta muy feo y se pondrá peor, aunque hay empresas que han quedado a precios muy baratos”, argumenta. “El Gobierno no tiene credibilidad en los mercados. Yo ni he mirado la presentación porque no creo que este Gobierno tenga carácter para tomar decisiones dolorosas, como reducir el número de funcionarios, sus salarios, además de hacer una reforma laboral para mejorar la competitividad”

Otro operador es más crítico. “No quiero contribuir a la falacia de que los hedge funds están atacando a España de forma indiscriminada. A los que está señalando el Gobierno como los malos de la película son los mismos que el año pasado hicieron subir al Ibex un 29% contra todo pronóstico”, sentencia. Añade que entonces no se escuchó a ninguna voz del Gobierno quejándose de las posiciones largas de los hedge en empresas españolas, algunas de las cuales subieron más de un 70% desde mínimos.

Ocho mil millones de dólares contra el euro

Paulson & Co, una de las firmas más activas durante la semana pasada, gestiona 27.000 millones de dólares hasta septiembre de 2009, según Dealbook. Entre otros de los que se han puesto cortos están los fondos de alto riesgo de Goldman Sachs y de JP Morgan, según aseguran fuentes financieras. Financial Times ha publicado que durante la semana pasada se apostaron 8.000 millones de dólares contra el euro, la mayor concentración de inversores bajistas de la historia contra la moneda única.

“Es lo mismo que les pasó a los bancos de inversión a finales de 2008 o al Banco de Inglaterra hace diez años. Contra eso poco se puede hacer salvo esperar a que vayan cerrando sus posiciones”, señala un experto banquero de inversión. Pero matiza que “no hay que olvidar que son los mismos que hicieron ganar mucho dinero a los ejecutivos de las empresas y de la banca en general cuando apostaban todo lo contrario”.

Blanco pidió ayer una regulación contra estos agentes del mercado, los mismos que en octubre de 2007 llevaron al Ibex al récord histórico, por encima de los 15.800 puntos. Pero en ese momento, José Luís Rodríguez Zapatero opinaba que “el máximo histórico alcanzado por la bolsa española pone de manifiesto la fortaleza de la economía, de las empresas y de las instituciones financieras del país. A su juicio, “la fortaleza de la economía española y la solvencia de las instituciones financieras ha hecho que nuestro país no tenga una afectación singular” y un buen ejemplo de ello es la evolución del mercado de valores en España en los últimos días y semanas, aseveró.

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Corre por los mentideros de la Villa y Corte una especie mediática que, con el tiempo y su recurrencia, ha superado la categoría de bulo para adornarse de los ropajes de la certidumbre. A José Manuel Vargas, consejero delegado de Vocento, le huele el culo a pólvora; su continuidad en el puesto es extremadamente frágil y depende de un hilo fino que está a punto de romperse; las familias accionistas quieren salvar los muebles que queden antes de que sea demasiado tarde, constatación de un delicado presente y de un peor futuro; y la fragmentación del grupo resulta, de esta suerte, inevitable. ¿Fantasía o realidad? El tiempo dirá. Pero, analizando objetivamente los datos, esta leyenda urbana tiene más visos de concretarse que de disolverse en el proceloso mundo de la rumorología varia que apenas recuerda la historia.

Vocento no deja de ser la imagen bursátil de un fracaso. El fruto frustrado de un sueño que pretendía aglutinar, bajo un paraguas multimedia, a esa parte de la población española que se define como liberal y conservadora, tradicional en los principios y poco intervencionista en los negocios, consumidora habitual de ABC y algunos diarios regionales señeros. Un guiso formado por esos dos soportes fundamentales, encargados de acotar el perfil objetivo de audiencia, y aderezado progresivamente con la participación en una Telecinco en las antípodas del recato debido, otras aventuras televisivas de consumo limitado como las frecuencias de la TDT, la aventura de Punto Radio que nunca ha llegado a cuajar y su condición de socio mayoritario en determinados proyectos digitales, de comunicación y de producción de contenidos. Batiburrillo de unidades aisladas, como se ve en el siguiente cuadro, que nunca han dado la sensación de ofrecer una oferta integrada e integradora a su target.

Sin embargo, la mala evolución operativa de los negocios principales y las discrepancias en el seno del Consejo han situado tal ilusión colectiva de partida en vía muerta. Agobiado por la necesidad de evitar las pérdidas, aligerar la carga financiera  y mantener el dividendo, el equipo directivo no ha dudado en liquidar sus acciones en la filial de Mediaset (renunciando a la utopía inicial y a… un enorme flujo de caja recurrente derivado de su abultada remuneración al accionista, casi 11 millones de euros en 2009) y vender activos inmobiliarios con objeto de obtener los extraordinarios suficientes para salvar las cuentas. Mientras, la actividad ordinaria ha continuado con su progresivo deterioro, al que han contribuido locuras de grandeza como las fuertes inversiones promocionales en ABC, a razón de más de un millón de euros mensuales, periódico cuyo techo real de audiencia por afinidad probablemente no supera los 200.000 ejemplares y más desde la irrupción por la derecha de la nueva Gaceta. De ahí los casi 20 millones de euros de agujero, ex extraordinarios, en el EBITDA del periódico a septiembre del año pasado. En esa fecha, sólo los diarios regionales, la venta de contenidos, el B2B de Internet y la distribución e impresión presentabas cifras de beneficios razonables.

Un problema, el derivado de la crisis de los medios tradicionales y las funestas consecuencias de los errores propios de ejecución, al que el Grupo se enfrenta en una situación de división absoluta entre sus accionistas lo que impide el consenso necesario ante cualquier estrategia que, en un momento dado, se quiera desarrollar. Las hostilidades entre los Ybarra y los Bergareche son públicas y notorias, con los Luca de Tena como espectadores de excepción. Un enfrentamiento que amenaza con llevarse a Vocento por delante y cuya única salida plausible, a día de hoy y salvo milagro improbable, es la fragmentación de la compañía a través de una liquidación ordenada de la cartera de participadas, la vuelta de la desmantelada periodísticamente ABC a la familia fundadora –que necesitaría apoyo externo para acometer tal operación-, la permanencia de la rama vasca de prensa en poder de los Bergareche y así sucesivamente. El problema sucesorio al que se enfrentan estas familias, con pocos miembros interesados en la toma del relevo cuando llegue el momento, y la todavía sana situación financiera, comparativamente hablando, podrían acelerar el proceso.

Desde ese punto de vista, Vocento ya no requiere tanto un gestor como Vargas sino más bien alguien especializado en el desmantelamiento ordenado del holding empresarial. Y es una pena porque el proyecto tenía todo el sentido del mundo. Sin embargo, como tantas otras veces en la vida, se ha cumplido el viejo aforismo de entre todos la mataron y ella sola se murió. Estamos viendo los últimos estertores del Grupo que puede se traduzcan en una huida hacia adelante que lleve a McCoy a tragarse con gusto sus palabras, si es para bien de los minoritarios. Pero va a ser que no. Lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible. Los matrimonios de conveniencia se mantienen en tanto hay un interés común que defender, en este caso, el flujo de pasta al bolsillo. Si éste se agota… Descanse Vocento en paz.

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