Reggio’s

Cuando Larra escribió este delicioso folleto, andaban el pueblo y los políticos en largas disputas sobre los cimientos de la nación y la validez de la construcción de la casa que la nación necesitaba. Corrió entonces la voz de que se iba a reponer la Constitución de 1812. “¡Bravo!”, exclamó Larra. “Esto se llama andar camino. Aquí no se sabe sumar, pero restar, a las mil maravillas. El año 14 vino el Rey y dijo: Quien de catorce quita seis, se queda en ocho; vuelvan, pues, las cosas al ser y estado del año 8. El año 20 vienen los otros y dicen: quien de veinte quita seis, quedan catorce. Vuelvan las cosas al ser y estado del año 14”. Y así, los del año 23, que quitan tres para quedarse en el año 20; y los del 36, que quieren restar más en grande y quitan veinticuatro para quedar en el año 12. Total, “que ya te lo he dicho: tejedores: tejer y destejer. Nadie vende su tela y nadie hace tela nueva”.

Muchos años después de Mariano José de Larra, Juan Valera echó la mirada atrás y no vio en la reciente historia de España más que un “continuo tejer y destejer, pronunciamientos y contrapronunciamientos; constituciones que nacen y mueren; leyes orgánicas que se mudan apenas ensayadas apuros y miserias del Tesoro inconsistencia de las más respetadas agrupaciones, por el alejamiento de ellas de los que no viven de la política, dejando solos a los prohombres políticos de profesión, a su clientela y a los capitalistas, prestamistas y banqueros, que especulan con los ahogos del erario”.

Y concluía Valera, en un rapto de melancolía, él, lo más alejado del intelectual melancólico que pueda encontrarse en el siglo XIX: “Todo esto hace nuestra historia política algo tan sin finalidad y sin propósito y tan desengañado que da gran dolor el tener que escribirla”.

Gran dolor y cierta melancolía habrían producido a don Juan los propósitos de este gobierno de quitar diez, 15 o 30 años para volver ¿adónde? ¿Adónde quieren ir a parar los ministros de Justicia y de Educación con unas reformas que no lo son sino desandar el camino mudando leyes apenas ensayadas?

Y no se diga que se trata de políticos no leídos ni instruidos. Uno, científico social, lleva escritos, para el placer de sus lectores, sutiles análisis sobre las causas que determinan que las encuestas de opinión nunca acierten al predecir los resultados electorales; el otro, científico jurídico, experto en construir impecables, si algo relamidas, peroratas sobre el imperio de la ley, y dizque el más progresista de los políticos vivos, contando los de la oposición.

Científicos y progresistas lo serán en el arte de restar a las mil maravillas, de destejer lo ya tejido. Suprimir los plazos en la legislación sobre aborto, eliminar de la enseñanza la ciudadanía, cambiar a la brava los programas de oposiciones, introducir la obligatoriedad —o sea, la privada concertada— en el primer curso de la segunda e-ismo que ya importaba en tiempos de Larra y Valera: la especulación de capitalistas, prestamistas y banqueros con los ahogos del erario.

Sí, tal vez haya algo de eso, pero toda la retórica que acompaña a estas medidas literalmente reaccionarias, y que impregna hasta la médula el programa del que forman parte, mira más atrás, a la restauración en la moral pública y en la educación de lo que con tramposos eufemismos —tramposos por lo que ocultan— llaman protección del derecho a la vida y oferta educativa plural que permita responder a las preferencias de ideario de las familias.

Se nota que son científicos y que detestan la ideología. Pero la peor de las ideologías es la de quienes se proclaman enemigos de la ideología, porque son ellos quienes naturalizan su propia ideología: convierten en natural lo ideológico. Y en ese arte, desde los tiempos de fray Vélez hasta los de Rouco Varela, la maestra en España ha sido y es la Iglesia católica.

Por qué motivos en una sociedad secularizada, que desde hace medio siglo ha desertado sin pausa, y sin quebranto, la moral y la práctica religiosa, dos ministros cultivados pugnan por dar gusto a la fracción clerical-reaccionaria de su partido es grande misterio al que uno, como el confitero de Larra, que se había quedado dormido de confusión y pesadumbre, despertando despavorido, solo sabría responder: “¡Mi opinión, sí, mi opinión, señores, es que Dios nos asista!”.

Ultimamente, la desigualdad ha vuelto a ser tema de conversación nacional. Ocupa Wall Street dio visibilidad al asunto, mientras que la Oficina de Presupuestos del Congreso proporcionó datos rigurosos sobre el aumento del desfase salarial. Y el mito de una sociedad sin clases ha quedado en evidencia: entre los países ricos, Estados Unidos sobresale como el lugar en el que la condición económica y social tiene más probabilidades de ser heredada.

Así que ya sabíamos lo que iba a pasar a renglón seguido. De repente, los conservadores nos están diciendo que, en realidad, la cuestión no es el dinero; es un problema de moralidad. El estancamiento de los salarios y todo eso es lo de menos, el verdadero problema es el hundimiento de los valores familiares de la clase trabajadora, lo cual por alguna razón es culpa de los liberales.

¿Pero de verdad que todo es una cuestión de moralidad? No, es fundamentalmente una cuestión de dinero.

Para ser justos, el nuevo libro en torno al cual gira el contraataque conservador, Coming Apart: The State of White America, 1960-2010 (Fragmentación: la situación del EE UU blanco, 1960-2010), de Charles Murray, en efecto pone de relieve algunas tendencias sorprendentes. Entre los estadounidenses blancos con un nivel de educación secundaria o más bajo, la tasa de matrimonios y la participación de los hombres en la fuerza laboral han descendido, mientras que los nacimientos fuera del matrimonio han aumentado. Claramente, la sociedad trabajadora blanca ha cambiado en formas que no pintan nada bien.

Pero la primera pregunta que uno debe hacerse es: ¿verdaderamente están las cosas tan mal en lo que a valores se refiere?

Por lo visto, Murray y otros conservadores tienden a dar por sentado que el declive de la familia tradicional tiene repercusiones terribles para la sociedad en su conjunto. Naturalmente, esta es una postura que viene de antiguo. Al leer a Murray, me puse a pensar en una diatriba anterior, el libro de 1996 de Gertrude Himmelfarb, The Demoralization of Society: From Victorian Virtues to Modern Values (La desmoralización de la sociedad: de las virtudes victorianas a los valores modernos), que hablaba más o menos del mismo tema, afirmaba que nuestra sociedad se estaba viniendo abajo y predecía una desintegración aún mayor a medida que proseguía el deterioro de las virtudes victorianas.

Pero lo cierto es que algunos indicadores de la disfunción social han mejorado drásticamente, a pesar de que la familia tradicional sigue perdiendo terreno. Que yo sepa, Murray nunca menciona ni el descenso de los embarazos en adolescentes en todos los grupos raciales desde 1990, ni la disminución en un 60% de los crímenes violentos desde mediados de la década de 1990. ¿Podría ser que las familias tradicionales no sean tan cruciales para la cohesión social como pregonan?

Aun así, está claro que algo le está sucediendo a la familia tradicional de clase trabajadora. La pregunta es qué. Y francamente, es sorprendente con qué rapidez y con qué alegría rechazan los conservadores la respuesta aparentemente obvia: una reducción drástica de las oportunidades de empleo al alcance de los hombres con un nivel de estudios bajo.

La mayoría de las cifras que vemos sobre las tendencias salariales en EE UU se centran en las familias más que en los individuos, lo cual tiene sentido para determinados propósitos. Pero si observamos el modesto aumento en los salarios de los escalafones más bajos de la distribución de la renta, hay que fijarse en que este aumento en su totalidad —sí, en su totalidad— proviene de las mujeres, tanto porque hay más mujeres entre los asalariados como porque los sueldos de las mujeres no están tan por debajo de los de los hombres como solían estar.

Sin embargo, para los hombres trabajadores con un bajo nivel de estudios, todo ha sido negativo. El salario base, ajustado a la inflación, de los hombres que tienen terminado el bachiller han caído un 23% desde 1973. Por otro lado, las prestaciones del trabajador han caído en picado. En 1980, el 65% de los trabajadores con el bachillerato recién terminado que trabajaban en el sector privado tenían seguro médico, pero en 2009, el porcentaje había descendido hasta el 29%. De modo que nos hemos convertido en una sociedad en la que los hombres con pocos estudios tienen grandes dificultades para encontrar un empleo con un sueldo decente y buenas prestaciones. Pero, por alguna razón, se supone que tenemos que sorprendernos de que estos hombres tengan menos probabilidades de formar parte de la fuerza laboral o de casarse, y llegar a la conclusión de que ha debido de haber un misterioso cataclismo moral causado por los liberales pijos. Y Murray también nos dice que los matrimonios de la clase trabajadora, si es que se producen, se han vuelto menos felices; por extraño que parezca, los problemas de dinero hacen eso.

Y un pensamiento más: el verdadero ganador en esta controversia es el distinguido sociólogo William Julius Wilson. Allá por 1996, el mismo año en que Himmelfarb se lamentaba del hundimiento de nuestros valores morales, Wilson publicaba When Work Disppears: The New World of the Urban poor (Cuando el trabajo desaparece: el nuevo mundo de los pobres de ciudad), en el que sostenía que gran parte de los alborotos sociales entre los afroamericanos, generalmente atribuidos a un desplome de los valores. En verdad se debían a la falta de trabajos manuales en las zonas urbanas. Si estaba en lo cierto, es de esperar que suceda algo parecido si otro grupo social —por ejemplo, los blancos de clase trabajadora— experimentaran una pérdida de oportunidades económicas comparable. Y así ha sido.

De modo que deberíamos rechazar el intento de alejar la conversación nacional del aumento de la desigualdad y centrarla en los defectos morales de los estadounidenses que se están quedando rezagados. Los valores tradicionales no son tan esenciales como a los conservadores sociales les gustaría hacernos creer y, en cualquier caso, los cambios sociales que se están produciendo en la clase trabajadora de EE UU son en su mayoría la consecuencia, no la causa, del drástico alza de la desigualdad.

Paul Krugman es profesor de Economía de Princeton y premio Nobel 2008.

Traducción de News Clips.

Necesitamos instituciones nuevas y mucho mejores para proteger los intereses a largo plazo de la sociedad

Las fallas generalizadas y sistemáticas en el asunto de la regulación son los problemas evidentes de los que nadie quiere hablar cuando se trata de reformar el capitalismo occidental de hoy. Sí, se ha hablado mucho de la dañina dinámica política, regulatoria y financiera que provocó el ataque cardiaco de la economía global en 2008 (con lo que comenzó lo que Carmen Reinhart y yo llamamos la segunda gran contracción). Sin embargo, ¿se trata solo de un problema de la industria financiera o es un ejemplo de una deficiencia más profunda del capitalismo occidental?

Pensemos en la industria de los alimentos, y en particular en la mala influencia que a veces tiene en la nutrición y en la salud. Las tasas de obesidad se están disparando en todo el mundo, aunque entre los países más grandes tal vez el problema es más grave en EE UU. Según los centros para el control y prevención de enfermedades de EE UU, aproximadamente una tercera parte de los adultos de ese país son obesos (indicado por el índice de masa corporal superior a 30). Lo que es todavía más sorprendente es que uno de cada seis niños y adolescentes es obeso, un porcentaje que se ha triplicado desde 1980. [Para su información, mi esposa produce un programa de televisión y de Internet llamado kickinkitchen.tv que tiene como objetivo luchar contra la obesidad infantil.]

Por supuesto, los problemas de la industria de los alimentos los han puesto de relieve enérgicamente expertos en nutrición y salud, incluidos Michael Pollin y David Katz, e indudablemente también lo han hecho muchos economistas. Además, hay muchos otros ejemplos en una amplia variedad de productos y servicios en donde se podrían encontrar cuestiones similares. Sin embargo, quiero centrarme en la relación que hay entre la industria alimentaria y los problemas más graves del capitalismo contemporáneo (que sin duda ha facilitado el auge de la obesidad en todo el mundo) y la razón por la que el sistema político estadounidense le ha dedicado muy poca atención al asunto (aunque la primera dama, Michelle Obama, ha hecho importantes esfuerzos para crear conciencia sobre el problema).

La obesidad afecta a la esperanza de vida de muchas maneras, que van desde las enfermedades cardiovasculares hasta algunos tipos de cáncer. Además, la obesidad —ciertamente la mórbida— puede afectar a la calidad de vida. Los costes no solo los asume el individuo, sino también la sociedad —directamente, a través del sistema sanitario, e indirectamente, mediante la pérdida de productividad, por ejemplo, y mayores costes de transporte (más combustible de avión, asientos más amplios, etcétera).

Sin embargo, la epidemia de obesidad no interrumpe en absoluto el crecimiento. Los alimentos altamente procesados a base de maíz, que llevan numerosos aditivos químicos, son bien conocidos por ser un importante motor del aumento de peso, pero desde una perspectiva convencional de contabilidad del crecimiento son excelentes. Las grandes empresas agrícolas reciben dinero por producir maíz (a menudo subsidiado por el Gobierno), y los procesadores de alimentos reciben dinero por añadir toneladas de químicos para crear un producto adictivo —y por tanto, irresistible—. Al mismo tiempo, los científicos reciben dinero por encontrar la mezcla exacta de sal, azúcar y químicos para hacer altamente adictiva la comida instantánea más nueva; los anunciantes reciben dinero por promoverla; y al final, la industria de la salud gana fortunas al tratar la enfermedad que inevitablemente se produce.

El capitalismo coronario es fantástico para el mercado bursátil, que incluye compañías en todas estas industrias. Los alimentos altamente procesados también son buenos para la creación de empleos, incluidos los de alto nivel en las áreas de la investigación, la publicidad y los servicios sanitarios.

Entonces, ¿quién podría quejarse? Desde luego, no los políticos, que son reelegidos cuando abundan los empleos y los precios de las acciones suben —y obtienen donaciones de todas las industrias que participan en la producción de alimentos procesados. En efecto, en EE UU, los políticos que osaran hablar de las implicaciones de los alimentos procesados para la salud, el medio ambiente o la sostenibilidad se quedarían en numerosas ocasiones sin financiamiento para sus campañas.

Cierto: las fuerzas del mercado han alentado la innovación, que continuamente ha reducido los precios de los alimentos procesados, mientras que los precios de las frutas y verduras que todos conocemos han subido. Es un punto razonable, pero pasa por alto el enorme fracaso del mercado.

Los consumidores reciben muy poca información en las escuelas, bibliotecas o campañas de salud; en cambio, los mensajes publicitarios los inundan con información errónea. Las circunstancias de los niños son especialmente alarmantes. Dado que en la mayor parte de los países hay pocos recursos para tener una televisión pública de alta calidad, los niños quedan cooptados por los canales que pagan los anunciantes, incluidos los de la industria de alimentos.

Más allá de la desinformación, los productores tienen pocos incentivos para confrontar los costes del daño ambiental que provocan. Igualmente, los consumidores no tienen muchos motivos para asumir los costes de salud relacionados con la elección de sus alimentos.

Sería suficientemente grave que nuestros únicos problemas fueran los ataques al corazón que provoca la industria de los alimentos y el fenómeno económico equivalente que facilita la industria financiera. Sin embargo, la dinámica patológica del marco regulatorio, político y económico que caracteriza a estas industrias es mucho más dañina. Necesitamos desarrollar instituciones nuevas y mucho mejores para proteger los intereses de largo plazo de la sociedad.

Por supuesto, el equilibrio entre la soberanía de los consumidores y el paternalismo siempre es un asunto delicado. No obstante, bien podríamos empezar a crear un equilibrio más sano que el que tenemos ahora mediante información pública más efectiva a través de una amplia gama de plataformas para que las personas puedan empezar a tomar decisiones de consumo y políticas mejor fundamentadas.

Kenneth Rogoff, profesor de Economía y Políticas Públicas de la Universidad de Harvard, fue economista en jefe del FMI.

© Project Syndicate, 2012.

Traducción de Kena Nequiz.

CUADERNO DE MADRID

Trellat es hoy la palabra de moda en Valencia. Desde que estalló la crisis es una de las expresiones populares más utilizadas por las tres grandes familias valencianas: los que se ponen nerviosos con sólo pensar que hablan una variante del idioma catalán; los que aceptan una relación fraterna con el catalán (con una única condición: “Hermanos, pero no primos”), y los castellanohablantes. Trellat: razón, fundamento lógico, claridad de juicio, y también resultado práctico de una acción llevada a buen término. Es el seny de los valencianos.

Convenientemente mitificado, el seny se ha convertido en algo así como el freno de mano de los catalanes. De la apología del sentido común del escolástico Jaume Balmes al servilismo de José Sazatornil en La escopeta nacional de Berlanga. Cuando en Catalunya se habla de seny, algo se pretende frenar (una radicalidad, un atrevimiento o un disparate). Trellat, por el contrario, se usa hoy en Valencia como signo de reacción. Es una reivindicación de la razón práctica ante los desaguisados económicos, políticos y morales cometidos en el interior de la burbuja inmobiliario. Trellat se está poniendo de moda como consigna y conjuro ante la actual tendencia española a escarnecer los excesos, las penas y las dificultades de los valencianos; unas, trabajadas a pulso, otras, no tanto.

En Catalunya suele hablarse del entrellat con un significado muy distinto: enigma, intríngulis, misterio, laberinto. (una persona con seny siempre logrará resolver el entrellat). Trellat tiene hoy en boca de los valencianos un eco reformista ante las simplificaciones de derecha y de izquierda, por ejemplo, un reciente reportaje de La Sexta sobre la supuesta querencia levantina por la corrupción, que ha levantado ampollas.

El importante editorial del diario Las Provincias del pasado 19 de enero con el título “Valencia es mucho más” iba en búsqueda del trellat: “Resulta casi obvio señalar que, a la vista de los resultados, muchas cosas se han hecho mal. Y no se trata en esta hora difícil para los valencianos de ocultar ni los problemas ni las equivocaciones. La sociedad no lo permitiría. Los ciudadanos reclaman responsabilidades y exigen explicaciones acerca de cómo se ha llegado a este agujero negro en que se halla sumida su región. Los casos de corrupción –llámense Gürtel, Emarsa, Brugal o cualquier otro– y los de despilfarro –un aeropuerto de Castellón sin aviones ni pasajeros o el redundante Ágora– precisan de luz y taquígrafos, de claridad y puertas abiertas para que la justicia pueda hacer su trabajo (como está ocurriendo), para que el Estado de derecho, con todas sus garantías, funcione y demuestre que goza de buena salud (…) A partir de estos errores evidentes, Valencia ha sido conducida ante la opinión pública de toda España y ha sido acusada, juzgada y sentenciada. La condena es el escarnio (…) Los errores de una clase política que no ha sabido estar a la altura de las circunstancias se trasladan a toda la sociedad, a los ciudadanos, a las empresas, a las instituciones. Lo valenciano está de capa caída ante los ojos del resto de los españoles (…)”.

El manifiesto “Más sociedad civil”, lanzado el pasado domingo por veinte empresarios y profesionales con apellidos, algunos de ellos, vinculados a la burguesía tradicional valenciana, tiene trellat y muchas adhesiones, El creciente protagonismo de las organizaciones empresariales en el debate público y en la reivindicación del corredor ferroviario mediterráneo contiene trellat, y más lo va a tener un próximo pronunciamiento del empresariado valenciano pidiendo una revisión del actual modelo de financiación de las autonomías (ya saben, el gen mediterráneo de la deuda con el que un día nos sorprenderá la revista Science: las tres comunidades más endeudadas, Catalunya, Valencia y Baleares, contribuyen a la solidaridad interna española, pivotan sobre la pequeña y media empresa, no viven bajo la sombra de los ministerios y se hallan lejos del fuero).

Tienen trellat los esfuerzos para evitar la evaporación del Banco de Valencia y las críticas cada vez menos veladas a Rodrigo Rato por la manera como Bankia está gestionando los intereses valencianos, toda vez que la asimilación de Bancaja ha permitido a la antigua Caja Madrid acceder a más ayudas del FROB. Con una base de 47.000 pequeños accionistas, el Banco de Valencia se está convirtiendo en casus belli.

Hay trellat en la afirmación oída el pasado martes en un amable almuerzo compartido con la plana mayor de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE): “Para Valencia comienza a ser importante un mayor equilibrio entre Madrid y Barcelona”.

Y tendrá trellat un enfoque más inteligente y menos pasional de la cuestión del agua, verdadera piedra de toque de las complejas relaciones entre valencianos y catalanes. En Catalunya, concretamente en Lleida, hay ideas interesantes al respecto, elaboradas por la gente del Compromís per Lleida: el agua como mutualidad entre territorios. Ideas para resolver el entrellat y abrir nuevas perspectivas. Que es lo que hoy, de verdad, importa.

Los márgenes de la vida privada para quien es protagonista de la vida pública son asunto de difícil resolución

Se llamaba Mimi, tenía 19 años, era becaria en la Casa Blanca y ahora dice que entregó su virginidad al presidente Kennedy. Desde entonces, el secreto con que Kennedy logró llevar su intensa vida extramatrimonial resulta aún más inexplicable. Todos dicen que lo sabían pero nadie dijo nada. Clinton tuvo otro tratamiento. Incluso el rumor sobre una relación extramatrimonial de Eisenhower, durante la guerra, con su chófer y secretaria, la superdiscreta Kay Summersby, no pudo con la solidez de su matrimonio con Mamie, ni tuvo titulares en la prensa del momento. Muchos ciudadanos norteamericanos ignoraban que el presidente Roosevelt estaba incapacitado por la polio. Con un esfuerzo sin igual, logró caminar, agarrándose del brazo de su hijo. Tuteló el New Deal, lideró a su país en la guerra tras Pearl Harbour. Fue uno de los grandes presidentes. La debilidad de Churchill no fueron las mujeres: lo que le gustaba eran el champán y el whisky en cantidades notables. Sin abandonar casi nunca el cigarro puro, logró que el Reino Unido resistiera la embestida de Hitler. Hoy seguramente sería un político marginal, demasiado políticamente incorrecto, un tipo pintoresco.

Se seguirá discutiendo si Kennedy fue un gran presidente. Cuba, la guerra fría, los derechos civiles ocuparon sus jornadas, combinando interludios de intimidad sexual con una apreciable variedad de mujeres. Entre todas, Marilyn Monroe zarandea sus caderas embutida en lamé y le canta Happy Birthday a su amante presidencial. Todo eso simplifica la imagen actual de Jack Kennedy pues, siendo la anécdota el material de la historia, también la reduce mucho. Ahora mismo, la familia Eisenhower se ha incomodado con una versión excesivamente rústica que se quiere dar de uno de los grandes presidentes de EE.UU. al construirle un memorial en Washington. Eisenhower se esforzaba en dar una imagen plana, del todo asequible, siendo como era un político de astucia maquiavélica con un control permanente de las cosas aunque pareciera estar jugando al golf todos los días. Supo aparecerse como la antítesis del liderato de voluntad cuando en realidad gobernaba de modo inexpugnable. Tuvo dos mandatos y su lema acabaría siendo “Nunca lo pasasteis tan bien”. Tuvo de rústico lo que De Gaulle de modesto.

¿A qué viene que ahora Mimi, Mimi Alford, se acuerde de aquel verano de 1962 en que fue invitada a nadar en la piscina de la Casa Blanca y luego a unas copas? Acabó consintiendo perder la virginidad –cuenta en un libro– en la habitación de Jackie Kennedy. La historia duró lo que duraban estas cosas con Kennedy: unos meses. En aquel 1962, el astronauta John Glenn dio varias vueltas alrededor de la Tierra, tuvo lugar lo que el régimen de Franco llamó contubernio de Munich, el mundo tembló con la crisis de los misiles en Cuba, Argelia se independizaba, se casaban Juan Carlos y Sofía, comenzó el Vaticano II, murieron Faulkner y Marilyn.

El republicano Newt Gingrich ha pugnado en las primarias sin importarle mucho las revelaciones sobre sus infidelidades matrimoniales en el pasado. Ha dado unos capotes despampanantes y los adictos al Tea Party le han comprendido. Algunos seguramente son los mismos que clamaron contra la libido insaciable de Clinton. Gingrich dice que la irresponsabilidad de Clinton no fue la agitación sexual sino mentir. Algo está cambiando, aunque sin llegar a la práctica complacencia del electorado francés con la vida privada de los presidentes de la República. Caudaloso caso Mitterrand.

Los márgenes de la vida privada para quien es protagonista mayor o menor de la vida pública es un asunto de difícil resolución geométrica o jurídica. La ciudadanía tiene derecho a saber, el cuarto poder tiene la obligación de informar, el secretismo es impropio de una democracia, pero, ¿en qué medida una personalidad pública no tiene derecho a la vida privada? ¿Hasta qué punto su vida privada tiene que quedar desprotegida ante la intromisión y la pugnacidad de los paparazzi? Las grabaciones ilegales practicadas por la prensa de Murdoch han llevado a un extremo de degradación.

En sus merodeos sexuales, ¿estaba Kennedy siempre localizable en caso de crisis grave? ¿La deslealtad con su mujer y su vida familiar importa o no importa en quien tiene que ser leal a su juramento y a la verdad? En el caso de los periodistas, ¿no tienen otra cosa mejor que hacer que fotografiar al príncipe Carlos de Inglaterra bajo la ducha? La becaria Mimi cedió a los poderes seductores de Kennedy –según cuenta– entre daiquiris. Ella llevaba la colonia 4711. Él no la besó en los labios. Luego, tomaron abundantes baños, juntos. Fueron al rancho de Bing Crosby. Un epílogo para añadir a las biografías de Kennedy, si en algo fuese cierto. Quién sabe a qué se debe que, con 69 años, Mimi Alford haya decidido contar sus experiencias sexuales del verano de 1962. Puede ser un compromiso nobilísimo de la verdad o también consecuencia inevitable de lo caro que se ha puesto vivir el retiro en Florida.

Un reciente artículo publicado en la revista de referencia científica Nature señala que desde el 2005, año en que la producción global de crudo se situó en torno a los 74 millones de barriles diarios (mbd), hemos entrado en un prolongado periodo de estancamiento, puntuado por subidas y bajadas, pero sin superar un techo cercano a los 75 mbd alcanzados en el 2010. Una tendencia que contrasta con el aumento de la producción experimentado desde finales del siglo pasado.

El trabajo que les comento, firmado por James Murray, un científico de la Universidad de Washington, en Seattle, y David King, director de la Smith School of Enterprise and the Environment de Oxford y ex consejero científico del Gobierno Británico, también presenta otra interesante conclusión. La comparación entre precios y producción de crudo, desde 1998 hasta la actualidad, permite constatar que el inicio del estancamiento en la producción detectado a partir del 2005 coincide con una abrupta transición entre dos épocas: una, en la que el suministro respondía de forma elástica ante cualquier incremento de precios causado por un aumento de la demanda, y otra, inelástica, caracterizada por una amplia fluctuación de los precios en respuesta a cualquier pequeño cambio de la demanda.

La economía del petróleo podría, por tanto, estar adentrándose en un pantanoso terreno de volatilidad extrema. La pregunta es: ¿por qué no hemos detectado este posible problema con la antelación necesaria para gestionarlo de forma adecuada? Seguramente, los motivos son muchos y variados, pero hay uno que merece ser destacado: el de la escasa fiabilidad de las estadísticas sobre el petróleo. Estas constituyen un claro ejemplo de contabilidad creativa. Les citaré sólo dos ejemplos.

El primero es la práctica de diversos organismos de referirse en sus análisis, no a la producción de petróleo, sino a la de combustibles líquidos. Estos últimos incluyen: el crudo, los petróleos no convencionales, los líquidos del gas natural (LGN) y los biocombustibles. Con esta nueva contabilidad se consigue transmitir el mensaje de que todo va bien: el suministro de líquidos, expresado en millones de barriles diarios, aumenta, adaptándose aparentemente a una demanda creciente. Sin embargo, se omite una información esencial: el contenido energético de un barril de crudo no es el mismo que el de otros líquidos, de forma que, por ejemplo, un barril de LGN tan sólo reemplaza 0,7 barriles de un crudo estándar. Si tenemos en cuenta esta equivalencia, y que el crudo representa un porcentaje cada vez menor del total de la producción global de líquidos, resulta que si expresamos esta en unidades energéticas, no en barriles, hace ya seis o siete años que dicha producción está estancada. Y la situación se agravará en el futuro, ya que las proyecciones apuntan a que la aportación de los LGN al suministro global de líquidos pasará de un 13,5% en el 2010, al 16,1% en el 2020 y al 17,8% en el 2035.

El segundo ejemplo de contabilidad creativa es la de referirse a las reservas de petróleo en número de barriles, sin especificar el contenido energético neto de los mismos. Dicho contenido resulta de la diferencia entre la energía bruta suministrada por un barril y la consumida en el proceso de extracción.

Sin duda, el petróleo fácil y barato es cosa del pasado: la producción se está desplazando a áreas menos accesibles y más remotas, necesitamos perforar a mayores profundidades y cada vez dependemos más de los petróleos no convencionales que requieren de unas técnicas de extracción más agresivas y costosas. Por todo ello, la energía invertida en el proceso de producción de un barril está aumentando, lo que significa que, independientemente de que las reservas mundiales puedan crecer en número de barriles, la energía neta disponible está disminuyendo de forma acelerada.

No hace falta ser un experto en física para darse cuenta que la industria energética no debería medir su producción en unidades de volumen, sino en unidades de energía.

El uso de malas prácticas de contabilidad, como las comentadas en este artículo, constituye una bomba de relojería. Si la información sobre las que basamos nuestros análisis y prospectivas está maquillada, lo normal es que un buen día la realidad se nos desvele en toda su crudeza y que la burbuja nos estalle, una vez más, en las narices.

Mariano Marzo. Catedrático de Recursos Energéticos de la Universitat de Barcelona (UB).

El ojo del tigre

Las elecciones autonómicas, convocadas para el próximo 25 de marzo de 2012 (25-M, para decirlo de acuerdo con el lenguaje tecnocrático de la nueva democracia española), indican, principalmente, que en esta autonomía asturiana quien marca los tiempos políticos es su presidente. Este privilegio personal seguramente lo heredó de quien fué su maestro su maestro doctrinal Manuel Fraga, quien, en otros tiempos que son el gran antecedente didáctico de los actuales, frenaba en seco las urgencias aperturistas de aquellos que, siendo aún fieles a Franco, osaban sincerarse con aquel fogoso ministro de Información y Turismo (es decir, ministro de Propaganda) cuando conseguían entrar en su despacho para expresarle las prisas que tenía este país para asegurarse una normalidad democrática tan peligrosamente pendiente, como nunca lo había estado antes, de un finísimo hilo: el de la declinante senectud del superhéroe del 18 de julio: Franco. El hombre no acababa de morirse; con lo cual, el aperturismo político que postulaba la derecha civilizada no avanzaba.

Álvarez-Cascos se formó ideológica y políticamente en aquella inquieta España, que ya no era una sociedad compacta, inasequible al desaliento, tal como lo había sido con el glorioso Movimiento Nacional. El franquismo se había convertido en un régimen protagonizado por varias familias políticas: los monárquicos legitimistas (partidarios de don Juan de Borbón); los falangistas que arropaban a Girón, su líder natural, apretujándose dentro del bunker; los juancarlistas; los aperturistas, partidarios de una reforma políticamente próxima a la democracia… Como le decía uno de aquellos reformistas al corresponsal en España de la revista francesa L’Express: Los barrotes de la jaula se han separado un poco, pero la jaula no ha cambiado…

Cascos aprendió el arte de la política dentro de aquella jaula, y el oficio de mandar en un medio espeso de maquiavelismo franquista que se respiraba entre aquellos barrotes; rodeado de reformistas, por un lado, y de inmovilistas atrincherados en su bunker, por el otro. En el adoctrinamiento de Cascos se mezclaron ciertos valores de los primeros, y repentinos tics de los segundos. El resultado es el que tenemos a la vista: un político muy complejo. Difícil de predecir; fácil de entender. Difícil, porque se acostumbró a manejar él solo los tiempos; con lo cual, resulta imposible adivinar cuál será su próxima decisión. Fácil de entender porque cada una de sus decisiones fundamentales suele ir acompañada de un rotundo: Porque lo digo yo. Es el tic más frecuente de la época de hierro del glorioso Movimiento Nacional, incluso cuando ya tenía los barrotes de la jaula bastante separados.

Cuando el impetuoso presidenta forista del Principado de Asturias decidió que el 25 de marzo fuera día electoral, no fue por una repentina ocurrencia sino por una calculada salida del atasco en que estaba atrapado su Gobierno. Era rehén de un cúmulo de intereses de los otros partidos. Con su habitual capacidad para dramatizar la situación -capacidad muy propia de la cultura política recibida…-, denunció aquella situación como una consecuencia de un pacto secreto entre su antiguo partido PP y el PS(O)E. Una actualizada, e imaginada, conjura judeomasónica. Lo de siempre. A Cascos -como antes a Franco- sus ocurrencias siempre le dieron buenas oportunidades para seguir sentado en la cúspide de su pirámide orgánica. No digamos que, esta vez, Cascos se equivocó porque, a lo mejor, resurge como un auténtico caudillo de entre la próximas papeletas electorales de la primavera que viene. Al PP le interesa limar las asperezas que ahora mismo le impiden una relación natural, normal, fraternal con FAC. A los foristas -hermanos del PP separados ¿circunstancialmente…?-, lo mismo. No digo que acaben bailando agarrados, Cascos y Cherines, la próxima música poselectoral. Pero sí, quizás, tarareando su estribillo.

Cascos tiene suerte, como la que tenía el Faraón que reposa en Cuelgamuros. Los dos son inasequibles al desaliento. Es muy difícil eclipsarlos. En la década de los años sesenta, y los inicios de la siguiente -hasta el día 20 de noviembre de 1975-, la mayoría de los españoles pensaban que Franco era inmortal. Hablando de este asunto dos viejos amigos -el periodista Haro Tecglen y el actor Fernán-Gómez- decía el periodista: A lo mejor es verdad que debajo de esa lápida del Valle de los Caídos algo hay. Porque fíjate e Álvarez-Cascos, es una reencarnación. Ocurría esta conversación en un hotel de Madrid, en el año 1977. Quién la asegura a usted que no estamos ahora en vísperas de confirmarse lo que, entonces, sospechaba el rojo de Haro Tecglen. No pierda usted de vista el próximo 25.M.

Lorenzo Cordero. Periodista.

CARTA DEL DIRECTOR

La azarosa vida del franciscano inglés Guillermo de Ockham, a caballo entre los siglos XIII y XIV, a mitad de camino entre las disputas teológicas sobre la pobreza evangélica y el pulso político entre el Papado y el Sacro Imperio Romano Germánico, merecería como poco una miniserie de televisión. No en vano Umberto Eco se inspiró en él para forjar la figura de su tocayo el monje detective Guillermo de Baskerville. Pero su nombre no ha pasado a los libros de citas por la proposición «inocente» que le hizo a Luis IV de Baviera -«Defiéndeme con la espada y yo te defenderé con la pluma»- sino por un axioma filosófico que vino a revolucionar las reglas de la lógica: «Pluralitas non est ponenda sine necessitate». O lo que es lo mismo: «La pluralidad no debe ser postulada sin necesidad».

El resumen del resumen de este planteamiento también conocido como «principio de parsimonia» es que, cuando caben varias explicaciones para interpretar un fenómeno, lo correcto es optar por la más simple. Es decir que es vano, pretencioso y absurdo «alcanzar con lo más lo que puede ser alcanzado con lo menos».

Aunque en su Historia de la filosofía occidental Bertrand Russell define a Ockham como «básicamente un filósofo secular», la importancia que le atribuye no estriba tanto en su carácter de puente entre el escolasticismo y la lógica moderna sino en su condición de restaurador de la pureza aristotélica frente a la complejidad y exuberancia de la teoría de las «entidades» postulada por Platón y sus discípulos.

De hecho fue esta contraposición la que mucho tiempo después de su muerte llevó a acuñar el concepto de la «navaja de Ockham», en la medida en que su enfoque simplificador servía para «afeitar las barbas de Platón» con toda su proliferación ontológica.

Prácticamente no hay ninguna disciplina del saber, desde la lingüística a la biología pasando por la estadística y la informática, en la que la «navaja de Ockham» con su principio de economía, o si se quiere con su aparente ley del mínimo esfuerzo, no haya hecho valiosas aportaciones a la civilización humana. Incluso uno de los primeros episodios de la serie House tomó prestado ese nombre para contar la historia de un paciente que parecía ser víctima de una enfermedad muy sofisticada cuando en realidad le habían recetado una medicina equivocada para la tos.

El problema es que la «navaja de Ockham» puede convertirse siempre en un arma de doble filo ya que en toda discusión cada una de las partes suele alegar que en el fondo su explicación es la más sencilla. Véase si no el debate entre defensores de la evolución de las especies y creacionistas en el que unos y otros esgrimen la cuchilla del franciscano medieval para rasurar en seco tanto la poblada barba marrón del Darwin de las exploraciones como la venerable barba blanca del Dios de la Historia sagrada.

Esto es lo que explica que la única excepción a esa regla de utilidad multiusos, el único coto vedado a ese tirar por la calle de en medio haya sido el Derecho, siempre que ha estado basado en sus llamados «principios generales»: las garantías procesales, la presunción de inocencia o el principio acusatorio basado en la carga de la prueba. Para hacer justicia es imprescindible profundizar en la especificidad de los hechos y aportar las evidencias concretas que han de avalar toda condena.

Sensu contrario, el fulgor estereotípico de la «navaja de Ockham» en cualquier estrado judicial es poco menos que un infalible detector de la arbitrariedad, la superstición y el abuso de poder. Véase si no lo producido por la Inquisición, los tribunales revolucionarios desde la guillotina a los procesos de Moscú, los tribunales islámicos encargados de la aplicación de la sharia, el Comité McCarthy o éste tan contemporáneo deudor de todos ellos llamado Tribunal de Arbitraje Deportivo o TAS.

No exagero ni un ápice. La doctrina de la «responsabilidad objetiva» funciona con el mismo inexorable automatismo que aplicaron sus predecesores. La detección de una sustancia prohibida en el organismo de un deportista equivale a la del maligno en los perseguidos por brujería, a la de la ideología perversa ora en los contrarrevolucionarios ora en los comunistas, o a la del fruto de la relación pecaminosa en el cuerpo de esas mujeres que deben ser lapidadas incluso si han sido violadas.

Éste es el silogismo: en el cuerpo de Contador había clembuterol, el clembuterol es una sustancia prohibida, ergo Contador es culpable. Aunque como toda institución que quiere que se sienta su poder rodea sus procedimientos de la máxima parafernalia, el TAS acaba de demostrar que en el fondo le resulta irrelevante la causa de la presencia de los 50 picogramos en el organismo de nuestro campeón. ¿Por qué estaba esa sustancia ahí aun en proporción infinitesimal? Pues simplemente porque había entrado sin que el interesado lo impidiera. Y a partir de esta premisa al tribunal le da igual que procediera de un acto deliberado de dopaje, de un filete de ternera tratada con anabolizantes o de un suplemento alimenticio contaminado. «Pluralitas non est ponenda sine necesitate».

Contador ha sido condenado sobre la base de una probabilidad -la hipótesis de que el clembuterol estaba en una de las barritas que ingirió- y encima por no hacer nada; es decir por la pasividad, que el TAS tipifica como «negligencia», consistente en no haber evitado el ingreso de la sustancia prohibida en su cuerpo. ¿Cómo podía haberlo hecho? ¿Acaso analizando esos suplementos perfectamente legales que ingería antes de probar cada bocado en un imaginario laboratorio de campaña tan sofisticado como el de Colonia al que el Tour mandó sus muestras de orina?

La siguiente perplejidad que genera la sentencia hecha pública el lunes es el despropósito de haber dedicado tantos esfuerzos y dinero -detectives de una y otra parte incluidos- a las pesquisas sobre la carne contaminada. Visto lo visto todo indica que Contador ha actuado con gran ingenuidad al perseguir la quimera de intentar probar que el clembuterol estaba en aquellos filetes adquiridos en Irún, pues sólo ha dado pie a chistes fáciles para vagos mentales y, se descubriera lo que se descubriera, habría resultado estéril pues la «navaja de Ockham» de la «responsabilidad objetiva» y la «negligencia» habrían seguido esperándole a la vuelta de la esquina. La sentencia no dice que Contador tomara esas barritas alimenticias a sabiendas de que tenían clembuterol sino que supone, imagina, elucubra que estaban igual de «contaminadas» que lo habría estado el filete.

Similar desazón intelectual produce el hecho de que a pesar de todas sus incertidumbres el TAS aplique al ciclista la misma sanción máxima que le habría correspondido si hubiera sido cogido in fraganti en plena autotransfusión. Este desenlace viene a avalar la tesis paradójica de la instructora del expediente abierto por la Federación Española de Ciclismo de que al proponer suspenderle por un año -lo cual no llevaba aparejada multa alguna- estaba en realidad tratando de protegerle de una ruinosa suspensión por dos. Ahora el TAS se habría ensañado con la rebeldía de Contador de no aquietarse con un reconocimiento de culpabilidad aun sintiéndose inocente y a la vez habría dado una lección a la Federación Española por haber osado introducir en su resolución absolutoria los elementos de racionalidad procesal que demandaron desde Zapatero y Rajoy hasta Ángel Juanes y Enrique Gimbernat.

La prueba definitiva del completo desinterés del TAS por el bien jurídico a proteger -la equidad de la competición frente a las ventajas tramposas adquiridas mediante estimulantes prohibidos- la encontramos en las penas accesorias que acarrea su sanción. Arrebatarle a Contador el Giro que ganó limpiamente en 2011 bajo el microscopio de una veintena de análisis y la lupa suspicaz de crítica y público, en función del positivo por clembuterol en el Tour del año anterior, es un acto de sadismo despótico más propio de los organizadores de las peleas de gladiadores del circo romano que de las autoridades deportivas del siglo XXI.

Tal vez ése sea el mensaje que en el fondo tratan de transmitir la Unión Ciclista Internacional y la Agencia Mundial Antidopaje a través de su tribunal: demostrar quién manda aquí. Dejar claro que en el deporte profesional existe una superestructura de poder con arbitrio absoluto sobre las vidas y haciendas de los sometidos a su autoridad. La lucha contra el dopaje se convierte así en la ratio última que lo justifica todo. Como la amenaza de la herejía, la connivencia de los enemigos de la Revolución con el enemigo exterior, los peligros de la secularización de los creyentes o el riesgo de la infiltración comunista para la seguridad nacional. A grandes males, grandes remedios. Y siempre hay a mano un barbero de hierro con su «navaja de Ockham» bien afilada.

Nuestro Gobierno se ha equivocado obsesionándose con el humo en lugar de buscar el origen del fuego. El valor del episodio de los guiñoles de Canal+ Francia es sólo sintomático. Sirve para poner en evidencia que con las actuales normas cualquiera -Nadal, Gasol, Casillas- podría ser víctima de la misma alcaldada que acaba de golpear a Contador. La utilización de sofisticados instrumentos capaces de detectar cantidades infinitesimales de cualquier sustancia combinada con una doctrina de la «responsabilidad objetiva» que no establece un umbral mínimo de lo que debe considerarse doping deja a todo deportista de élite inerme ante cualquier maniobra contra él o su país. ¿No ha puesto por escrito el propio director del laboratorio de Colonia en una revista científica que hasta el agua del grifo puede contener clembuterol en proporciones como las detectadas a Contador?

Estamos ante un problema político como lo son todos los relacionados con los derechos humanos. Con un presidente tan aficionado al ciclismo y un ministro teóricamente responsable del deporte, este Gobierno debería reaccionar y tomar la iniciativa respecto al fondo del asunto. Aunque la tibieza con que Wert ha abordado las perentorias reformas educativas no es un buen augurio de su brío y competencia, a él le correspondería impulsar una ofensiva internacional para establecer la seguridad jurídica en el ámbito del derecho deportivo.

Como bien ha dicho uno de los tres representantes españoles en la Agencia Mundial Antidopaje, el ex futbolista Alberto López Moreno, «ahora es el momento de plantear la revisión del principio de responsabilidad objetiva». Qué bochornosa resulta en cambio la actitud de Jaime Lissavetzsky quitándose de en medio para llevar a término de forma no conflictiva su mandato como miembro nada menos que del Comité Ejecutivo de esa AMA dictatorial. Los estamentos deportivos están llenos de Lissavetzkys para los que hasta los legendarios calificativos de José María García se quedan cortos. Forman lo que uno de los jueces del TAS que han condenado a Contador definió en un revelador aparte al final de las sesiones como «el sistema». Y ya se sabe que el único fin de todo «sistema» es su autopreservación.

El deporte es demasiado importante en nuestras vidas como para aceptar que se convierta en un Guantánamo jurídico en el que no rigen los principios generales del Derecho. Si una sala del Tribunal Supremo decide condenar a Garzón y un jurado popular absolver a Camps tienen que hacerlo basándose en unos hechos probados. Mientras la unanimidad de siete magistrados de muy diversa ideología avala la primera sentencia, la división del jurado popular reclutado en la autonomía que gobernaba el justiciable pone en duda la segunda. Afortunadamente existen los recursos y por ejemplo estoy seguro de que el Supremo revertirá el chapucero archivo del caso Manzano. Pero incluso los errores judiciales son asumibles como diezmo inevitable de la imperfección humana siempre que se produzcan dentro de los márgenes de una legalidad compatible con los valores constitucionales.

Lo que es insoportable es tener delante un parque de atracciones en el que a la salida del túnel de la risa se aplica aquella justicia sumaria de la Reina de Corazones basada en el principio del «date por jodido». Despleguemos, pues, la «antinavaja de Kant» y repliquemos a los tiranos del deporte que «la variedad de seres -o de realidades, o de tipos de responsabilidad- no debería ser neciamente disminuida». He aquí una causa noble por la que movilizarse.

pedroj.ramirez@elmundo.es

PREGUERÍAS

Este es el mayor terremoto no sólo económico sino también político y social que se ha producido en España desde mucho antes de la Constitución. Nunca el marco laboral español había estado tan abierto en canal y nunca un gobierno se había atrevido a remover tan brutalmente las aguas ya muy agitadas de la vida de nuestro país.

Por supuesto, la vida política ha sido removida con igual brutalidad, porque lo que anunció el viernes la ministra de Empleo coloca al Gobierno al borde del precipicio y ahí lo va a mantener hasta que no se empiecen a atisbar los primeros resultados positivos de esta reforma que mañana mismo entra en vigor. Si es que llegan a atisbarse, porque justamente ahí está la tremenda incógnita. Y ni el equipo de Mariano Rajoy está seguro de lograr el éxito ni tampoco los sindicatos lo están de que estas medidas garantizan el fracaso en la lucha contra el paro.

Por esa razón, y aunque la inquietud es extraordinaria entre los trabajadores fijos -es decir, entre los privilegiados que hoy tenemos un empleo y un salario estables- los líderes sindicales no se han atrevido a echar los pies por alto y convocar de inmediato una huelga general.

No tienen la certeza de que la inmensa mayoría de los españoles que ahora están trabajando acudan a una convocatoria así. Y mucho menos la tienen de que los parados, jóvenes y viejos, acudan a ese llamamiento porque saben bien que es a ellos -a ellos sí- a quienes estos importantísimos cambios en la legislación laboral les abren un resquicio para la esperanza.

De modo que ahora mismo lo que hay es una partida extraordinariamente arriesgada que no se va a terminar hasta por lo menos pasado un año y medio -o dos, o incluso tres, como advirtió recientemente la señora Merkel- desde hoy. Y, mientras ese tiempo transcurre, el Gobierno entra en una situación de clara fragilidad política que no va a poder ser atenuada por el hecho de gozar de la tranquilidad parlamentaria que le proporcionan sus 186 escaños.

Los ataques procedentes de las filas de la oposición encontrarán eco entre los ciudadanos. No sólo por lo dicho antes, porque los trabajadores fijos se sienten desde ayer en la cuerda floja. También porque quienes esperan encontrar empleo gracias a estas medidas no van a poder confirmar durante mucho tiempo que surten efecto positivo y no van a tener motivo alguno apoyarlas.

A partir de ahora las acusaciones que se les lancen desde las filas de la izquierda y de los sindicatos tendrán como denominador común el recordatorio de que Mariano Rajoy y sus ministros no sólo han engañado a sus electores sino que se han convertido en los mayores conculcadores de la historia de los derechos laborales de los españoles. Y, por parte del Gobierno, no habrá una respuesta posible que se apoye en datos precisos. Contará, probablemente, con el respiro político que le proporcione el respaldo de Convergència i Unió y, tirando ya por lo alto, a lo mejor incluso hasta del PNV. Pero, por lo que se refiere a resultados, sólo se podrá abrir paso desde el banco azul del Congreso la formulación de una esperanza. Y el problema es que esa esperanza, la de que, al final, esta cirugía mayor termine por sanar a este enfermo casi desahuciado, va a tener que convivir con cifras galopantes de paro.

Porque sería muy ingenuo pensar que, con la liberalización de las condiciones para el despido, multitud de empresarios que ahora están aguantando pérdidas porque no pueden asumir el coste económico de prescindir de algunos empleados, no alivien sus cuentas de resultados por la vía que se les acaba de abrir. Esto sucederá enseguida. Y sucederá mucho antes de que llegue el segundo movimiento que el Ejecutivo intenta provocar, que es que los pequeños empresarios se acojan a las bonificaciones ofrecidas en esta reforma, se decidan a empezar a contratar a jóvenes o a parados de larga duración y se inicie así un cambio de la espiral hacia el infierno en la que estamos viviendo.

Así que habrá más paro, mucho más paro, en los próximos meses. Y, el hecho de que el presidente lo haya advertido ya, no va a conseguir suavizar ni la incertidumbre de unos ni la indignación de otros.

La incógnita es cuánto va a aguantar la sociedad española en estas condiciones. El miedo al futuro es ahora mismo mayor que le miedo al presente, que ya es decir. Pero el Gobierno sabe que está metido en una carrera no sólo contra el tiempo sino también contra la paciencia y la capacidad de resistencia de los españoles.

Puede que los sindicatos no consigan en estos momentos reunir las fuerzas suficientes para convocar una huelga que, por otra parte, tampoco en este instante tendría efectos políticos demoledores sobre el equipo de Rajoy. Y puede incluso que tampoco se atrevan en este instante a agitar las calles del país en términos tan rotundos y violentos como los que se están viviendo en Grecia. Pero este proceso va a ser tan dramáticamente tenso como esas escenas cinematográficas en las que alguien -siempre el bueno de la película- se ve en la tesitura de decidir qué cable corta, el rojo o el azul, para desactivar la bomba de relojería que está a punto de estallar. Esa cuenta atrás resulta tan angustiosa como lo va a ser en España la espera hasta ver si, efectivamente, tras la sangre provocada se comprueba que, en efecto, se inicia la cicatrización de la herida.

Si así fuera, y ojalá que suceda, el Gobierno de Rajoy y, sobre todo el país, estarán salvados. Por el contrario, y dependiendo de cómo actúen desde hoy, los sindicatos y los partidos de izquierda, quedarían seriamente debilitados.

Pero si la apuesta falla, no habrá mayoría parlamentaria que pueda resistir el empuje de la rebelión ciudadana contra el PP y contra los responsables de esta reforma. Y no sería sólo porque su proyecto para sacar a España de la crisis habría fracasado. Es que España misma quedaría hundida. Y, en ese caso, las fórmulas de PSOE o de IU recuperarían el prestigio y el vigor del que en estos momentos carecen.

Ahora que estamos en mitad de la tormenta, cobra todo su sentido lo que un día, nada más llegar al cargo, aseguró en una conversación privada Soraya Sáenz de Santamaría: «Nosotros no hemos venido aquí a quedar bien con todo el mundo, sino a hacer lo que hay que hacer. Y estamos dispuestos a quemarnos en la tarea». Ante el cuadro de mandos están ya. El detonador está activado. El reloj ha iniciado la cuenta atrás. Recemos a lo que sea para que corten el cable adecuado, por dios, y que lo corten antes de que la bomba estalle y saltemos todos por los aires.

victoria.prego@elmundo.es

LUCES LARGAS

A veces, desde los gobiernos, cuando no se sabe cómo resolver un problema, se cambia una ley. Con ello, se desvía la atención pública desde la dificultad insoluble, a la más posible reforma legal, transmitiendo una sensación de efectividad y de resolución aunque, con demasiada frecuencia, se trate de toreo de salón acompañado por olés enlatados del público forofo.

Las dificultades de las autoridades españolas para revertir la sangría del paro -Rajoy acaba de anunciar en el Parlamento que este año seguirá subiendo- les ha llevado a aprobar cuatro reformas laborales en el espacio de 20 meses. Con ello se ha demostrado dos cosas: que no hemos sido capaces de encontrar, hasta ahora, una solución estable a la regulación necesaria en este momento del mercado laboral y que, aunque todos los ministros del ramo dicen lo obvio, que una reforma laboral, per se, no genera empleo, todos pretenden encontrar una respuesta al paro en las leyes laborales.

Establecer una normativa para las relaciones laborales de un país, o cambiarla, no es una cuestión técnica, imparcial, objetiva, indiscutible o exenta de ideas y de creencias, como hemos visto con los avatares experimentados por propuestas como el contrato único hasta descubrir, tres años después de formulada, que es inconstitucional según la ministra de Trabajo. Hablamos de mucho más que de un mercado de tomates. Hablamos de personas, de su productividad y contribución al valor añadido, pero también de su medio para ganarse la vida y, con demasiada frecuencia, de su principal fuente de autoestima y realización personal. Por todo ello resulta fundamental responder a la siguiente pregunta: ¿cómo se mide el éxito de una normativa laboral y de su reforma?

Sin duda, una manera de medirlo es que tenga una elevada, o mayor, flexibilidad para convertir en creación de empleo la fase alcista del ciclo y conseguir fácil adaptación del mismo, en la bajista. Desde ese punto de vista, los cuatro millones y medio de empleos creados en España entre 2000 y 2007 no deberían hacernos olvidar que, a pesar de ello, tanto la tasa de desempleo como la temporalidad del empleo creado eran demasiado elevadas para el contexto europeo. Como el hecho de que entre 2007 y 2011 se haya destruido 2,6 millones de empleos, evidencia que las empresas tienen pocas alternativas para ajustar costes ante la crisis, salvo la de despedir trabajadores.

Sin embargo, aunque la normativa laboral debe favorecer una mejor traducción del crecimiento en empleo estable, así como ofrecer opciones que permitan abaratar costes manteniendo la relación laboral, durante la crisis, el volumen de ocupación y sus características principales depende del tipo de empresas que tengamos y de cuales sean los sectores económicos principales que impulsen el desarrollo. Una economía liderada por grandes empresas industriales, con fuerte componente de innovación, no genera el mismo sistema laboral que otra cuyo motor sean pymes en sectores estacionales como turismo o construcció. El informe de la Comisión Europea sobre el bajísimo nivel de nuestra inversión privada en I+D+i tiene tanto o más que ver con nuestra EPA que la reforma aprobada el viernes por el Gobierno.

Vincular el éxito de una reforma laboral a su impacto sobre el empleo creado o mantenido resulta, pues, parcial, por cuanto necesita que transcurra todo un ciclo económico para valorarla, teniendo presente, además, que sobre ello influye, igual o más que la normativa laboral, otros factores estructurales de la economía a los que no es ajeno la clase empresarial existentes. A pesar de la crisis, hoy trabaja en España más gente que en el 2000, sin que por ello hayamos creído en la idoneidad de la regulación laboral.

En este sentido, sostengo que España arrastra un problema estructural de oferta productiva insuficiente que influye sobre el mercado laboral haciendo posible un equilibrio de subempleo, inflación y déficit comercial, que compatibiliza elevadas tasas de beneficios empresariales con paro localmente resistente.

La segunda manera de medir el éxito de una reforma laboral es evaluando el nuevo equilibrio conseguido entre la partes contratantes respecto al modelo que se persiga. Las leyes laborales interceden entre quien contrata (empresario) y quien es contratado (trabajador), de tal manera que protege más a la parte considerada proporcionalmente más débil en la relación. Ese es el sentido, por ejemplo, de la tutela judicial, de legislar sobre una negociación colectiva obligatoria que fortalezca la capacidad negociadora de los trabajadores ante el elevado poder de los empresarios o de fijar un coste del despido, que forma parte del patrimonio implícito de los trabajadores, y que no puede ser el mismo ante causas justificadas o por nepotismo empresarial injustificado. Toda reforma que afecte a estas cuestiones y todas lo hacen, debilita a una parte contratante frente a la otra, con la consiguiente repercusión sobre los costes empresariales y la distribución de rentas. De ahí la importancia de insertar, o no, una reforma laboral en el contexto más amplio de un diálogo social tripartito donde se pueda intercambiar cesiones en unas cuestiones, por reivindicaciones conseguidas en otras.

Desde ese punto de vista, esta reforma se inscribe en el programa de reducción de costes, al que llamamos devaluación interna, que la crisis nos obliga a hacer dado que no podemos recurrir a la devaluación de la moneda. Y, de nuevo, insisto en que resulta más equitativo conseguir ese objetivo mediante una rebaja de las cotizaciones sociales que introduzca impuestos generales sobre la riqueza colectiva como fuente alternativa de financiación de las pensiones.

Tengo la convicción de que la última reforma no será la última. Primero, porque «el discurso de la reforma», incluso con amenaza de huelga general, resulta políticamente rentable. Segundo, porque medido el éxito por el empleo creado, se generará insatisfacción durante los próximos meses. Tercero, porque hay sectores empresariales influyentes que quieren aprovechar la mayoría absoluta conservadora para seguir desequilibrando la relación contractual laboral, todavía más a su favor. Y si no, al tiempo.

Jordi Sevilla Segura (Valencia, 19 de marzo de 1956), político español miembro del PSOE y economista, ex ministro de Administraciones Públicas del gobierno de España (2004-2007).

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Valencia, es funcionario por oposición, pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado.

CONTRA CORRIENTE

El mercado de trabajo constituye el elemento diferencial de la economía española respecto a la europea y a la del resto de los países desarrollados. Con matices, sus problemas presupuestarios y financieros son parecidos, pero no lo es la existencia de un marco de instituciones laborales que no logra reducir el desempleo a niveles similares a los del resto de las economías industrializadas en las expansiones y genera un paro brutal en las recesiones. Por añadidura, la legislación vigente es un factor determinante de la rigidez a la baja de los salarios y, en consecuencia, de la crónica pérdida de competitividad de la economía nacional. Desde esta perspectiva, la reforma del jurásico entorno laboral patrio es una pieza clave para dotar de credibilidad a la política económica del gobierno y obtener la confianza de los mercados. Es la prueba del algodón para juzgar el espíritu reformista del gabinete.

En ese contexto hay que introducir un cambio radical en el modelo español de relaciones laborales. Esto supone desmantelar el aparato regulatorio que impide el correcto funcionamiento del mercado de trabajo. De otro modo, la competitividad no mejorará, la economía no crecerá y no se creará empleo. Además, esa terapia liberalizadora viene impuesta por la participación en el euro. Para sobrevivir y prosperar en una unión monetaria es preciso dotar de flexibilidad a las instituciones del mercado de trabajo para que se ajusten a las fases bajas del ciclo sin pérdidas masivas de producción y de puestos de trabajo. La cuestión es si el Ejecutivo y los mercados entienden el adjetivo «radical» en los mismos términos. ¿Cuál es el test de estrés para evaluar el éxito o el fracaso de una reforma laboral en España?

De entrada, las empresas han de tener libertad para descolgarse de los convenios territoriales o sectoriales cuando lo consideren oportuno. De acuerdo con la Constitución, la negociación colectiva es un derecho individual ejercido de manera colectiva. Ahora bien, el principio que fundamenta el descuelgue es extensible también a los propios trabajadores. Éstos deberían poder pactar sus contratos sin verse obligados a aceptar lo establecido en los convenios de empresa. En cualquier caso, la descentralización de la contratación colectiva, aunque se restrinja al ámbito empresarial, es una condición básica para adaptar salarios y condiciones laborales a la realidad de las compañías y a la productividad de sus empleados.

Por otra parte hay que dinamitar la ultraactividad, esto es, las cláusulas normativas que regulan toda una serie de aspectos esenciales de la relación laboral cuya vigencia se prolonga desde la extinción de un convenio hasta la firma de otro nuevo. Esta figura concede a los sindicatos una posición dominante y un poder de veto en cualquier proceso negociador. Su efecto es la consolidación de un conjunto de condiciones laborales que persisten con independencia de la situación de las empresas y de la evolución de la economía. Por ello, la prórroga forzosa de los convenios ha de ser eliminada. Si éstos expiran sin acuerdo de las partes, la ley establecería los criterios mínimos que regirán las relaciones contractuales durante el periodo de transición a fin de reducir la incertidumbre y la inseguridad para las empresas y los trabajadores en ausencia de un nuevo convenio.

De igual modo es básico unificar las indemnizaciones por despido para todos los contratos indefinidos, antiguos y nuevos, reduciéndolas a 20 días por año trabajado, la media en la UE. Esto es fundamental para eliminar la injusta e ineficiente dualidad del mercado de trabajo. Además, la flexibilización y abaratamiento del despido rompería la rigidez salarial impuesta por el poder de mercado de los insiders, los empleados fijos, e impulsaría la creación de empleo estable en los auges y se destruirían menos puestos de trabajo en las recesiones. Esto implica también que todos los despidos, individuales y colectivos, se realicen sin autorización administrativa o judicial previa y se consideren procedentes, salvo en el caso de lesión manifiesta de los derechos fundamentales.

Un trabajador desempleado ha de tener garantizados unos ingresos mínimos para subsistir si pierde su empleo. La cuestión es si el diseño del seguro de paro incentiva la temporalidad del desempleo o prolonga éste más allá de lo necesario. La teoría económica y la evidencia empírica arrojan un resultado contundente: cuanto más generosa y más duradera sea la prestación, menores son los incentivos para que los parados busquen trabajo. Por ello, es necesario reducir su periodo de percepción del subsidio y/o endurecer los criterios para tener derecho a percibirlo y limitar de manera drástica las cláusulas de excepción que permiten a los parados rehusar una oferta de trabajo.

En España, las cuotas a la Seguridad Social son las más elevadas del mundo industrializado tras las de Francia. Son un impuesto sobre el empleo que encarece la contratación y, por tanto, reduce la demanda de mano de obra, en especial, la de menor cualificación y/o menor experiencia laboral. Al mismo tiempo, genera en el lado de la oferta una presión salarial al alza debido a la existencia de una importante cuña fiscal, esto es, la diferencia entre el coste laboral total pagado por el empresario y el salario percibido por el trabajador. A su vez, las cotizaciones elevan los costes laborales unitarios, aprecian el tipo de cambio real y erosionan la competitividad de las empresas. Por eso, su reducción equivaldría a una «devaluación interna» que favorecería la competitividad.

El mercado de trabajo español es el paradigma de los desastres causados por la intervención del Estado en la economía. Sus rigideces distorsionan la correcta asignación de los recursos y consolidan una estructura de costes incompatible con la creación de empleo estable. El Gobierno tiene la oportunidad y la mayoría suficiente para acabar, de una vez por todas, con un marco de relaciones laborales heredado del franquismo e incompatible con las reglas de funcionamiento de una economía de mercado. Si la reforma conduce a una huelga general que, al menos, sirva para algo.

Lorenzo Bernaldo de Quirós (Avila 1959) es presidente de Freemarket Internatinal Consulting. Es también Académico del Cato Institute, Director de la Fundación Internacional para la Libertad, presidida por Mario Vargas Llosa y Vicepresidente del Instituto von Mises.

Bernaldo de Quirós es miembro del Consejo Editorial del diario El Economista y colabora de manera habitual en los principales medios de comunicación nacionales.

Ha sido Asesor Económico del Círculo de Empresarios, Director de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid y Director de Relaciones Institucionales de la Confederación Española de Empresas del Metal.

Entre otras publicaciones ha escrito libros como “El socialismo es el Problema” (1986), “Proceso al Estado” (1988), “Por la Europa de la Libertad” (1990), “Nuevos Tiempos (1990) o “El Modelo Económico Español”, 1996-2004″ (2005).
Además de ser autor de numerosas monografías de carácter económico.

Hace no mucho tiempo, siguiendo las huellas de Jonathan Swift y su panfleto The Art of Political Lying, publicado en 1712, escribí acerca de los grandes mentirosos y mencioné la vieja disputa entre moderados y rigoristas. Los primeros conceden que, en última instancia, es aceptable decir algunas mentiras (por ejemplo, en aras de la diplomacia o la cortesía), en tanto que el segundo grupo siempre ha mantenido que no se debe mentir: ni siquiera para salvar la vida de una persona.

El clásico acertijo del “asesino en la puerta” fue planteado por San Agustín, quien era un rigorista: un pobre hombre busca refugio en tu casa, y tú accedes a ocultarlo en tu hogar. Al cabo de un rato el asesino llega y pregunta acerca del paradero del hombre que está buscando. ¿Qué es lo que haces? El sentido común nos dice que debemos mentir y decirle al asesino que ignoramos el paradero del otro hombre, o que lo vimos encaminarse hacia otra parte. Pero el rigorista te dirá que, dado que no debemos mentir bajo ninguna circunstancia, debes confesar al asesino que el hombre está oculto en tu propia casa.

Naturalmente, con el tiempo han cambiado las convenciones al respecto, y este acertijo parece menos severo hoy en día: una persona puede simplemente abstenerse de dar la información al asesino, sin mentir abiertamente. No obstante, en general los rigoristas nunca han abandonado su completa oposición a mentir.

Esto nos lleva a Immanuel Kant, uno de los más renombrados defensores de la posición rigorista. Kant, quisiera señalar, fue también una de las grandes mentes en la historia de la filosofía. Pero en ocasiones emitía declaraciones que, como Homero, nos dejan desconcertados todavía hoy en día. Una de las más conocidas fue su condena de la música como una forma inferior de arte, en The Critique of Judgement (1790). Según escribió entonces, la música no es más que un arte “agradable” porque “sólo juega con las sensaciones” –a diferencia de las artes “formativas”, como la pintura, la escultura y la arquitectura, que dejan una “impresión más duradera”–. También señaló que la música altera a aquellos que no desean escucharla: la comparó con el pañuelo perfumado que los hombres acostumbraban llevar en los bolsillos y sacaban de vez en cuando, forzando a otros a inhalar involuntariamente su aroma.

Sin embargo, en el tema del asesino que pregunta si el hombre que pretende convertir en su víctima está en tu casa, Kant ofreció un argumento extraordinario. En en ese ensayo titulado On a Supposed Right to Lie From Altruistic Motives (1797), escribió: “Si por decir una mentira has prevenido un asesinato, te has hecho legalmente responsable de todas las consecuencias; pero si te has atenido rigurosamente a la verdad, la justicia no puede castigarte en modo alguno, cualesquiera que sean las consecuencias imprevistas. Después de contestar honestamente la pregunta del asesino acerca de si su víctima potencial está en casa, puede suceder que esta haya huido de la casa para no toparse con el asesino, y en consecuencia el asesinato no se comete. Pero si hubieras mentido y dicho que no estaba en casa cuando realmente se había escapado sin que tú lo supieras, y si el asesino se lo hubiera encontrado al salir y lo hubiera matado, tú podrías ser acusado justamente de su muerte. Porque si hubieras dicho la verdad tal como la conocías, quizá el asesino hubiera sido aprehendido por los vecinos mientras buscaba en la casa y, en consecuencia, el crimen se hubiera prevenido. Por tanto, quien diga una mentira, por más bien intencionada que esta pueda ser, debe responder por las consecuencias, por más imprevisibles que estas sean, y cumplir la condena por ellas incluso ante un tribunal civil”.

Espero que el bueno de Kant nunca haya sido castigado por mentir debido a “motivos altruistas”. En cuanto a su fe en esos hipotéticos vecinos, si tuvieran el mismo valor que Kant, entonces la víctima potencial estaría condenada.
¿Por qué estoy narrando nuevamente esta historia, que hubiera sido generoso (para el legado de Kant) olvidar? Siempre me siento fascinado por la estupidez, pero cuando expresiones de estupidez aparecen en los escritos de hombres verdaderamente grandes, es como ser sacudido por una visión redentora: el hecho de que incluso los genios pueden decir tonterías es una fuente de gran consuelo.

Umberto Eco. Escritor y filósofo italiano experto en Semiótica.