Reggio’s

TRIBUNA

El delicado momento económico que vivimos exige las mayores dosis de responsabilidad y realismo tras la rienda suelta a las emociones que acompaña toda noche electoral. Nuestra solvencia como país se halla amenazada por el acoso cada vez más insistente a que nos someten los mercados, buscando la excusa del desequilibrio de las haciendas territoriales para abrir brecha. Primero apuntaron al déficit público, luego a los pasivos latentes de las pensiones, más tarde a supuestos descosidos en el sistema financiero. Mojada esta pólvora para munición de grueso calibre, ahora se afanan por esparcir la especie de un abultado endeudamiento oculto en las finanzas autonómicas y locales, atribuido a los pagos pendientes no contabilizados. Basta con ojear el boletín estadístico del Banco de España para descubrir lo que hay de cierto en estos rumores interesados.

La situación es más preocupante si cabe que la presentada por un prestigioso diario británico. Este concepto, no contabilizado en las cifras de déficit o deuda que miden nuestra convergencia con los objetivos de estabilidad de la UE, asciende a un 3,3% del PIB en las CCAA y un 2,3% en las corporaciones locales, al cierre de 2010. Tan abultados montantes constituyen un síntoma inequívoco de las dificultades para cuadrar las cuentas que padecen estas administraciones. Pero no responden a ejercicios deliberados de ocultación y tampoco pueden en una libre interpretación asimilarse a déficit no computado del año. Sólo un 0,9%, equivalente al incremento neto global, podría corresponder de forma aproximativa a esta noción. Con todo, ignorar este mar de fondo que apunta a una mayor desequilibrio del declarado y cuestiona la credibilidad de las cifras resultaría una temeridad.

Prudencia

Por ello, a corto plazo, toda prudencia en la administración de la victoria en las urnas se antoja escasa. Culpar del desaguisado en las finanzas al adversario desalojado del poder no deja de constituir una natural y legítima inclinación, especialmente si los nuevos gestores heredan más compromisos adquiridos de los descontados. La cercanía de las elecciones generales tampoco invita a la contención o la indulgencia para el contrario. Pero este ejercicio de clarificación conviene publicitarlo cuidadosamente para no arrojar sospechas generalizadas sobre la credibilidad de nuestras cuentas públicas. No se trata de recabar un silencio que ampare desviaciones constatadas, sino de evitar engordar la salsa con alusiones genéricas y no documentadas a la proliferación de agujeros. Dar pábulo al clima de desconfianza del que se alimentan los especuladores sólo contribuiría a fragilizar más todavía nuestro crédito externo en una coyuntura de riesgo como la actual.

Los problemas de cuadrar este año las cuentas palidecen frente a las crecientes dificultades previsibles en ejercicios venideros. La notoria insuficiencia de recursos se salvó in extremis en 2010 y 2011 mediante una moratoria extraordinaria en la devolución de impuestos equivalente a una transferencia total de 3,3% del PIB. A partir de 2012, este efecto cambiará de signo, ejerciendo una presión añadida en un contexto nada favorable. La creciente participación en los ingresos impositivos no se ha traducido en mayor recaudación ante el acentuado desplome de figuras sensibles a la actividad inmobiliaria, al tiempo que la inexorable tendencia al alza del gasto estructural acentúa el desequilibrio. Asegurar la senda de consolidación fiscal con un presupuesto del Estado al límite de su capacidad y con limitado músculo para compensar desviaciones significativas en las restantes administraciones se antoja un ejercicio harto complejo.

La fórmula de no gastar más de lo que se ingresa constituye un enunciado necesario, pero no del todo suficiente para asegurar la sostenibilidad de las finanzas territoriales. No basta sólo con instaurar el equilibrio como objetivo irrenunciable. Resulta indispensable emprender reformas para moderar el crecimiento de gastos obligatorios como el sanitario, educativo o de personal, amén de reducir la presencia en actividades ajenas a la estricta esfera pública y eliminar duplicidades entre las distintas administraciones. Sólo así se evitará incurrir en nuevos desajustes estructurales con su inmediato traslado a nuevas reivindicaciones para compensar descuadres. Cuanto antes abandonemos el espejismo de que todo sale gratis, tanto mejor. Instalados en la superchería de que las prestaciones se financian por generación espontánea, olvidamos que se cubren con nuestros impuestos o a beneficio de inventario para futuras generaciones. Acabar con la ensoñación de vivir por encima de las posibilidades más allá de un tiempo prudencial representará un desagradable despertar. El momento, hoy por hoy, no se presta a tamaña terapia colectiva. Pero cuanto antes se adopten medidas correctoras de calado, menor será el riesgo de ser penalizados por unos mercados siempre al acecho de cualquier debilidad. Éste y no otro constituye el verdadero reto para la financiación autonómica y local.

Juan Pedro Marín Arrese. Economista.