Reggio’s

TRIBUNA

Los profesionales de las FF AA necesitan resolver los problemas de su vida laboral

Desde que Pedro Morenés tomó posesión como ministro de Defensa se observa cómo de manera reiterada él mismo, mandos militares en activo y algunos que ya están retirados hacen continuas referencias a la disciplina, la jerarquía y la unidad de nuestras Fuerzas Armadas. En principio, parecería adecuado hacerlo, aun a pesar de que son valores instrumentales que nadie, absolutamente nadie, pone en cuestión entre los militares. Por ello, este pertinaz abuso de su cita puede significar que pretendan que se olvide la existencia de problemas graves en el seno de los ejércitos. Parece que abusan de esos valores instrumentales como cortina de humo para evitar hablar de lo que verdaderamente preocupa a los miles de hombres y mujeres de sirven a su patria a través de su trabajo en las Fuerzas Armadas. Podría decirse además que con esta excusa se pretendería evitar el cumplimiento de las leyes y los mandatos que la soberanía popular ha dado al poder ejecutivo.

En todo caso, los retos que tiene el ministro en el campo de la política de personal no son pocos. Algunos ya fueron identificados en el programa electoral de Mariano Rajoy, hoy presidente del Gobierno de España, y lo fueron para ser cumplidos. El primero de esos retos-compromisos era la revisión de la Ley de la Carrera Militar, en base al mandato de la Ley de Derechos y Deberes, introducido en su texto final con la presión parlamentaria del Grupo Popular en el Congreso. Ahora parece que todo aquello puede resolverse desde la mera gestión; tesis, por cierto, sostenida por el equipo de Carmen Chacón. Cuestiones como los ascensos, destinos, promoción profesional, renovación de un contrato, en definitiva, aspectos ligados directamente a la vida laboral del militar y a su estabilidad en el puesto de trabajo, sobre los que existe un consenso generalizado de su equivocado diseño normativo, no pueden ser resueltas desde la mera gestión si no se cambia la ley que las regula. La gestión, al menos en las Administraciones públicas, viene regida por el principio de legalidad, por normas jurídicas contra las que solo por vía de recurso o por modificación legal se puede actuar.

Si las normas hasta ahora vigentes han generado la mayor cantidad de litigios conocida en el seno de las Fuerzas Armadas y han motivado la generación de un mandato legislativo para su reforma, no cabe otra manera de afrontar el problema que cumplir la ley y el compromiso electoral y hacerlo en el plazo legal, que expira el 1 de abril de este año.

Además de lo anterior, el ministro debe afrontar el necesario reforzamiento de estructuras centrales y únicas en materias de personal, para de esta manera cumplir con el compromiso electoral de “una Administración, una competencia”, al que él mismo hizo mención en su comparecencia parlamentaria el pasado día 26 de enero. Con este objeto, debe dar instrucciones para que las competencias del propio ministerio en personal sean ejercidas plenamente, tanto en aspectos de coordinación como de control. No es posible —y, sin embargo, está ocurriendo— que cada ejército regule a su manera cuestiones que deben ser comunes para todos los militares.

Lo que está sucediendo en los procesos de calificación profesional (IPEC) no puede continuar. ¿Cómo es posible que se regulen de manera distinta, incluso contradictoria, en el Ejército de Tierra, en la Armada y en el Ejército del Aire y que, en algunos casos, cada año cambien las pautas de elaboración, siendo como son la piedra angular para la carrera profesional del militar? El ejemplo paradigmático es la situación de los suboficiales y los soldados y marineros, precisamente los que soportan la inmensa mayoría de los requerimientos operativos de nuestras Fuerzas Armadas. ¿No afecta a la disciplina y unidad de las Fuerzas Armadas esta situación tan caótica?

No menos importante es aclarar las consecuencias que la crisis económica pudiera tener en el cierre o supresión de unidades. Todo ello afecta a los militares y a sus familias. No tiene sentido mantener los cierres y/o supresiones de cuarteles en marcha si tuvieran que realizarse otros en un futuro inmediato, con carácter general y más amplio, que podrían afectar a aquellos militares que ya han tenido que desplazar a su familia, con todo lo que ello conlleva. El compromiso electoral de poner a las familias de los militares entre las prioridades de la acción de gobierno demanda prudencia y certeza, sobre todo en la movilidad geográfica y en lo relativo a la carrera profesional.

Son retos importantes para los que el ministro debe escuchar a los militares a través del privilegiado instrumento que son las asociaciones profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas y constituir en plazo el Observatorio de la Vida Militar. Esperemos que así sea.

Mariano Casado es secretario general de la Asociación Unificada de Militares Españoles.

Hace unos años asistí en Londres a la obra teatral Copenhaguen, basada en la visita del físico nuclear Werner Heisenberg al padre del modelo atómico Niels Bohr, durante la Segunda Guerra mundial. El tema de su conversación no era baladí, pues se trataba de dilucidar si los alemanes tenían la bomba atómica o, si no, cuándo podían conseguirla. Luego Bohr pasaría esa información a los aliados.

Lo recuerdo porque ahora estamos en las mismas: ¿tienen los iraníes bomba nuclear o todavía no han llegado? Y, si no, ¿en qué estadio están? El tema preocupa, y con razón, a Israel, que podría sufrir las consecuencias de un misil nuclear en primera línea. Preocupa a España porque el 14% de nuestro petróleo viene de ahí, y preocupa a la comunidad internacional por la posibilidad de una guerra, que contra Irán no sería un paseo como Iraq.

Pero volvamos al teatro: Heisenberg, un apuesto y brillante físico, autor del Principio de Indeterminación, que no de incertidumbre, y de la mecánica cuántica matricial, visita a su mentor y amigo Bohr, el patriarca de los congresos de Solvay donde se reunían los físicos atómicos antes de la guerra, para intercambiar libremente sus descubrimientos sobre el átomo. Bohr propuso la estructura del átomo como un sistema solar en miniatura, con el protón y neutrón en el sol y los electrones girando entorno al núcleo como los planetas del sistema solar. Los ingleses Ruthford y J.J. Thompson habían abierto el camino hacia la averiguación de la estructura atómica y Bohr le dio su forma más intuitiva.

Lo de Heisenberg fue mucho más abstracto con su cálculo matricial y su hipótesis de que la observación modifica lo observado, lo cual fue el golpe de gracia o de muerte, si se quiere, a la objetividad científica, ya que si el sujeto observador modifica lo observado, no hay separación mecanicista, sino interrelación cuántica.

Cuando estalló la Segunda Guerra, la suerte estaba ya echada sobre la bomba atómica: la idiocia racista antisemita de Hitler había empujado al exilio a los mejores científicos alemanes, austriacos e incluso el italiano Enrico Fermi, inventor de la pila atómica y autor material, con Openheimer y tutti cuanti, de la bomba atómica americana.

Los aliados querían saber cómo estaba la investigación y fabricación de la bomba atómica en Alemania y el que mejor podía saberlo era Heisenberg que, junto a Von Weiszaker, fue uno de los pocos grandes físicos atómicos que no abandonaron Alemania. ¿Qué le contó a Bohr en su fatídico encuentro de Copenhague? No se sabe a ciencia cierta y la obra de teatro tampoco se compromete, pero creo, por algo que he sabido luego, que no debió ser explícito.

Cuando los aliados entraron en Alemania, hicieron prisioneros a los mejores físicos nucleares que quedaban allí y los detuvieron en Farm Hall, un manor del dieciocho cerca de Cambridge. Pues bien, esa casa fue adquirida por Marcial Echenique, profesor de urbanismo en Cambridge y buen amigo mío, que me consiguió una by-fellowship para pasar un curso en Churchill College. En ese año visité asiduamente Farm Hall y Marcial me mostró los restos del cableado que el MI5 había montado en la casa para escuchar las conversaciones de los físicos alemanes prisioneros y asegurarse de si Hitler tenía la bomba atómica o no. Fue que no, pues están grabadas las reacciones de asombro de Heisenberg y Otto Hann cuando oyeron la noticia de Hiroshima.

Se puede especular si Heisenberg no construyó la bomba porque, siendo un caballero y un humanista, no quiso poner ese arma en manos de Hitler, o si fue por falta de materias estratégicas para su fabricación o porque el propio Hitler estaba más volcado con los cohetes V-2 que en la energía atómica. Sea como fuere, los exiliados alemanes judíos, dirigidos por Openheimer y ayudados por genios como Einstein, Von Newman, Fermi, Sziland y el nutrido equipo de Los Álamos, fabricaron la bomba atómica y cambiaron el curso de la guerra.

Ahora Israel no quiere asumir riesgos y adopta una estrategia de terrorismo preventivo, liquidando científicos nucleares iraníes, que no deben ser tantos. El procedimiento es condenable, pero comprensible como mal menor. Si Persia les ataca con cabezas nucleares, el holocausto sería tremendo. Y Persia no es Iraq, donde nadie se podría creer que la tecnología estuviera al nivel de crear armas de destrucción masiva. Lo que fue una mentira de los neocon para desatar la guerra, en el caso de Irán no es tan evidente, pues su tecnología está mucho más avanzada y podrían llegar a crear cabezas atómicas.

Israel les ha aplicado a los persas la táctica inventada por el persa Hasan Sabah, jefe de la secta de los Hashisins, que asesinaban –de ahí vino ese nombre en Europa– de modo puntual a personajes claves de Oriente Medio en el siglo XII. Ahora nadie quiere una guerra pero, como decía Kavafis, podría ser una solución después de todo, vista la magnitud y persistencia de la crisis. Dios, ni Alá, no lo quieran.

El ministro de Defensa, Pedro Morenés, acaba de cumplir con la obligación de visitar al contingente militar destacado en la base de apoyo avanzado de Herat y en la base principal de Qala-i-Naw en Afganistán. Cuenta el enviado especial del diario EL PAÍS, Miguel González, que el ministro ha evitado con sumo cuidado las palabras guerra o combate, cuya omisión por parte del Gobierno de Zapatero tanto reprobaba el Partido Popular hasta ayer, cuando estaba en la oposición. Entonces los portavoces populares reclamaban que se llamara a las cosas por su nombre y que se huyera de eufemismos como los empleados por la ministra Carme Chacón para quien, como mucho, nuestros soldados se limitaban a actuar en un “escenario bélico”. Sucede que cuando se tienen responsabilidades se impone el máximo cuidado en el uso de determinadas palabras o expresiones porque las carga el diablo.

Así que el nuevo ministro en las alocuciones pronunciadas en cada una de las bases, después de ponderar la contribución de los militares al papel de España en el orden internacional y a su imagen en el mundo, que son dos abstracciones con escasa incidencia, se ha referido al servicio activo y directo que prestan a la seguridad de sus compatriotas. Es decir, que ha querido llevarles al terreno de los soldados implicados en la causa de los suyos, tan distinto del de los mercenarios, solo atentos al montante y puntualidad de la paga, única explicación de su presencia en lugares tan lejanos. Esta diferencia entre los soldados por la patria y por la paga, entre los nativos que luchan por los suyos y por lo suyo y los soldados de fortuna es básica para explicar el comportamiento y aparece ya con toda nitidez en la narración de La Anábasis, donde Jenofonte, que escribe el siglo IV antes de Cristo, da cuenta de la retirada de los diez mil.

Nuestro autor deja numerosas referencias de un deber castrense de obligado cumplimiento como es el de honrar a los muertos, y de ahí el cuidado en la recuperación y entierro de los cadáveres que ha dejado la batalla en las propias filas. En las arengas de Jenofonte hay una insistencia permanente en identificar valentía con victoria y salvación, mientras se asigna a los cobardes la perdición. Porque para arriesgar la vida en la batalla es preciso llenar la muerte de sentido. Por eso se tributan honores máximos a los muertos. Esos principios del patriotismo de proximidad, que Horacio sintetizaría después en el dulce et decorum est pro patria mori, dejan de ser activos en las aventuras expedicionarias que atraen a los mercenarios. Por eso, cuando la voluntad de los expedicionarios flaquea al arreciar las dificultades, es preciso ganárselos de nuevo con el incremento de la paga, y cuando esta se retrasa o no llega los mercenarios se dan al pillaje y a los abusos que les indisponen con la población. Recordemos las guerras de Flandes y el saco de Amberes. Por ahí llegaría Cicerón a concluir que el dinero es el nervio de la guerra.

Que tengamos el deber inexcusable de respaldar a quienes forman nuestro contingente en Afganistán y actúan allí cumpliendo las órdenes del Gobierno, en absoluto nos excusa de reconsiderar cuantas veces sea necesario el sentido de la misión que tienen encomendada. Por eso es preciso responder las preguntas de Afganistán, ¿para qué? (véase EL PAÍS del 2 de septiembre de 2008) y Afganistán, ¿hasta cuándo? (véase EL PAÍS del 11 de noviembre de 2008). Sabemos que la decisión de incrementar las fuerzas españolas allí se adoptó por el Gobierno socialista como compensación a la súbita retirada de Irak, emprendida en marzo de 2004, nada más acceder a La Moncloa el presidente José Luís Rodríguez Zapatero. En un momento dado, hubo que ofrecer a nuestro gran aliado de Washington pruebas de fiabilidad y como la guerra de Afganistán tenía las bendiciones de Naciones Unidas, allí fueron los nuestros aún en mayor número.

Pero el contingente de los Países Bajos se ha retirado sin erosionar las relaciones con Estados Unidos y aquí hemos ofrecido la base naval de Rota para esa fantasmagoría del escudo antimisiles. Así que se impone una reflexión política, económica y militar para evaluar qué sentido pueda tener todavía nuestra presencia y fijar la fecha de la retirada. Mientras, habrá que pedir el libro de reclamaciones al mando norteamericano a propósito del comportamiento inhumano de los marines que orinan sobre los talibanes muertos en combate. Una degradación repugnante, porque fotografías y vídeos ofrecen escenas en las que los soldados posan, como si luego esos testimonios fueran a hacerles acreedores al reconocimiento en sus unidades o al volver a casa.

LA CRÓNICA

La Pascua Militar, celebración instituida en 1782 por Carlos III con ocasión de la conquista de la isla de Menorca a los ingleses, que con el paso de los años ha venido a simbolizar el estrecho vínculo entre la Corona y el ejército, se celebró ayer en el Palacio Real de Madrid bajo el signo del ahorro.

En un breve discurso en el salón del Trono ante el presidente del Gobierno, los ministros de Defensa e Interior, los responsables del Estado Mayor de la Defensa, representaciones de los tres ejércitos, de la Guardia Civil, de las órdenes militares de San Fernando y San Hermenegildo y de la hermandad de veteranos, el rey Juan Carlos pidió a los integrantes de las fuerzas armadas españolas que administren de la mejor manera posible los recursos asignados, que sean cuidadosos con el material y se esmeren en su mantenimiento. El Rey animó a los presentes a afrontar la actual situación del país con “total dedicación y buen ánimo”. Era la primera Pascua Militar de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. Y la primera de Pedro Morenés como ministro de Defensa, quien sin duda conocía el ritual del día de Reyes, puesto que ejerció de secretario de Estado de Defensa durante la legislatura 1996-2000, bajo el mando del ministro Eduardo Serra.

Morenés, hijo de un linaje industrial de Bilbao -descendiente del conde del Asalto-, ubicado desde hace años en Madrid por motivos profesionales y por la amenaza terrorista en el País Vasco, ex presidente del selecto Real Club de la Puerta de Hierro, políticamente independiente y buen conocedor de la industria de armamento, centró también su discurso en el ahorro, con una advertencia: “Nunca se escatimarán medios para garantizar la seguridad de los miembros de las fuerzas armadas”.

Tras pedirles ahorro, ajuste, entusiasmo y entrega, el Rey recordó a los militares su deber de “neutralidad política y sindical”, al señalar como uno de los legados del año anterior la aprobación de la ley orgánica de Derechos y Deberes de los Miembros de las Fuerzas Armadas. Era el tercer discurso del Rey en dos semanas. Ninguna palabra, ninguna referencia, ningún acento que pudiese ser interpretado como una alusión a asuntos ajenos a la esfera militar. Acompañado de la reina Sofía, del príncipe Felipe y de la princesa Letizia, departió amablemente con Mariano Rajoy.

Morenés dejó claro que en Defensa se ha producido un nuevo cambio de estilo. Es un ministerio bastante sensible a los estilos. José Bono, siempre locuaz, se encariñó del artículo 8 de la Constitución, que confiere a las fuerzas armadas la defensa de la integridad territorial de España, y lo recordaba en todos los actos castrenses, hasta que en la Pascua Militar del año 2006 el teniente general José Mena Aguado, a la sazón jefe de la Fuerza Terrestre, con sede en Sevilla, alertó de las “graves consecuencias que podría acarrear el Estatut de Catalunya” para la unidad de España e invocó el artículo octavo. Mena fue arrestado durante ocho días, apartado del cargo y transferido a la reserva. Bono dimitió al cabo de cuatro meses.

Carme Chacón fue mucho más prudente en términos políticos pero trabajó a fondo la imagen pública. Acabó de construir desde Defensa el personaje que ahora compite por la secretaría general del PSOE. Morenés, cauto, poco hablador, figura ascética, parece el administrador delegado de Defensa. Deberá afrontar la cuadratura del círculo: cómo gastar menos (y pagar durante los próximos años la deuda de casi 27.000 millones en nuevo armamento) en el momento en que el repliegue de la doctrina de defensa de Estados Unidos a la zona de Asia conferirá a los países europeos nuevas e importantes responsabilidades, especialmente en el Mediterráneo y el norte de África.

El Rey don Juan Carlos y el nuevo ministro de Defensa, Pedro Morenés, han pedido comprensión a las Fuerzas Armadas para asumir el recorte del presupuesto militar durante la celebración de la llamada “Pascua Militar” y en presencia de Mariano Rajoy. Lo que nadie ha dicho en ese acto, y hubiera sido la ocasión, es que España tiene que redefinir su estrategia de defensa nacional ante la nueva situación internacional y española, que es lo que debió de decir el ministro por encargo de Rajoy, o lo que deberá hacer el Gobierno en los próximos meses. Primero definir y en su caso reducir los objetivos de la defensa nacional y la política militar y luego adaptar los presupuestos a la nueva situación.

Como ha sido la norma habitual del pasado Gobierno de Zapatero la ex ministra de Defensa, Carmen Chacón, ha dejado en la ruina el departamento que rigió sin la menor destreza ni conocimiento y no solo de la cuestión militar sino de las cuentas y presupuestos de la Defensa nacional. Entrampada hasta las cejas en compras de armas y tecnología de combate y embarcada en conflictos que nos son tan ajenos como la guerra de Afganistán, o las de Líbano o de Libia, sin olvidar aquella dramática presencia de España en Irak. Y por cierto que sea que las compras de armamentos fueran en los tiempos del ardor guerrero de Aznar nada justifica ahora que en la crisis económica tanto Bono como Chacón no hayan reducido estos gastos o renunciado a las compras o revendido, si hace falta, el material comprometido.

Al fondo de todo esto lo subyace es una mala política de defensa nacional, que viene arrastrada desde los tiempos de la guerra fría y de nuestra errónea entrada en la OTAN, sin recibir España por ello la garantía atlántica automática de defensa de Ceuta y Melilla que son los únicos puntos débiles de nuestra defensa nacional. Un pacto con la OTAN –Organización hoy obsoleta y sin funciones determinadas desde la caída del muro de Berlín- que para colmo se superpone con la relación bilateral de España con los Estados Unidos, en un tratado de cooperación militar heredado de Franco donde tampoco se incluye la defensa de Ceuta y Melilla por parte americana. Por lo que tenemos dos acuerdos o alianzas de corte militar que no nos sirven para nada, y el de la OTAN ni siquiera para haber solucionado el contencioso de Gibraltar que ha sido una base de la Alianza.

Dos acuerdos bilateral y multilateral que, para colmo, nos han metido a los españoles en un total de cuatro guerras, Yugoslavia, Irak, Afganistán y Libia, en las que España no pintaba nada, ni por nuestros intereses nacionales ni por nuestra parca capacidad económica y militar, que además nos han traído serias desgracias en pérdidas de vidas de soldados y en la masacre terrorista de Madrid del 11-M, como respuesta de los grupos de Al Queda a la presencia de España en el conflicto de Irak. Y que, para colmo y en la despedida de Zapatero y sin control parlamentario alguno, se han ampliado al escudo anti-misiles de los EE.UU. a instalar en Rota, ante el lamentable silencio del Partido Popular. Y siguiendo la tendencia “franquista” de que aquí estamos en materia militar a las órdenes de los Estados Unidos.

Cuando en realidad lo que debe hacer este país, presuntamente soberano, es revisar a fondo su presupuesto y redefinir objetivos de la Defensa Nacional (Obama lo acaba de hacer reduciendo su presupuesto), de acuerdo con la nueva situación estratégica de España que incluye las revoluciones del norte de África, y los”enemigos”terroristas y cibernéticos”. Y siguiendo también el sentimiento nacional –generalmente pacifista- y las verdaderas necesidades estratégicas y defensivas del país que se reducen, como hemos dicho a Ceuta y Melilla, cosa para lo que no nos sirven ninguno de los actuales acuerdos que España ha firmado con EE.UU. y la OTAN.

Y solo por el  “tradicional” sometimiento a Washington (lo que no ocurre en otras naciones como Francia), o por jugar España a ser una “gran potencia internacional”, lo que ya ha quedado claro que no somos, a la vista de cómo están tanto nuestra economía como nuestras finanzas. De manera que hay que redefinir no solo los objetivos y costes de la Defensa, y reducir las compras militares, sino y sobre todo diseñar una nueva política de defensa nacional.

Y además, hay que salir lo antes posible de Afganistán y provocar el relevo español en Líbano porque los españoles no estamos para más gastos militares. Ni se entiende que la UE y el FMI nos pidan ajustes fiscales y no nos exijan una reducción del gasto militar y de nuestra presencia en conflictos donde España no tiene presente ningún interés nacional.

LA CRÓNICA

La fiesta nacional española

El tiempo político discurre lentamente en dirección al 20 de noviembre y ayer el cortejo se detuvo en la estación del 12 de Octubre, fiesta nacional de España. Desfile militar con visibles notas de austeridad en la exhibición de ingenios mecanizados, cambio de ubicación de la tribuna para proteger al presidente del Gobierno de los abucheos y sobria audiencia en el Palacio Real con besamanos abreviado para no fatigar al Rey, recién operado en un pie. Jornada tranquila, jornada de espera, jornada austera, con aires de melancolía en la figura de José Luis Rodríguez Zapatero.

El cambio de ubicación de la tribuna de autoridades evitó el bochorno de años anteriores. En el 2004 -primer año del septenio de Zapatero- ya hubo pitidos. Glosados por la prensa opositora, subieron de tono en el 2005. Y así sucesivamente hasta que el año pasado ya se convirtieron en la nota dominante de la fiesta nacional española. Una costumbre. Un nuevo deporte madrileño. Un episodio galdosiano.

La ministra Carme Chacón, mujer siempre tenaz en la defensa de su papel y su territorio, ha querido que el último 12 de Octubre del PSOE renacido no tuviese como colofón una bronca monumental en el paseo de la Castellana. Zapatero regresará a León sin ese mal recuerdo. Zapatero lleva meses trabajando concienzudamente para garantizarse un retiro tranquilo en León.

Chacón ha protegido al presidente, en justa correspondencia por la ayuda que este le sigue prestando con vistas al futuro liderazgo del PSOE. Este año la tribuna de autoridades fue desplazada de la plaza de Lima (estadio Santiago Bernabeu) a la plaza de Neptuno, y se estableció una mayor distancia con el público. Resultado: una apreciable disminución del efecto bronca y una mayor y fatídica distancia escénica entre los políticos y la gente del común.

Chacón, verdaderamente hábil en el manejo de la agenda mediática, no desaprovechó en absoluto la jornada. En videoconferencia con las tropas desplazadas al exterior -la videoconferencia es una escenografía electrónica que siempre le sienta bien a los telediarios-, la ministra anunció el regreso a casa de los cuatro cazabombarderos F-18 que operaban en la base italiana de Decimomannu (Cerdeña) dentro de la misión de la OTAN de apoyo a los rebeldes libios. El coronel Gadafi ya ha caído y el país que contiene la mayor bolsa de hidrocarburos del Mediterráneo está entrando en una nueva e incierta fase. Francia y el Reino Unido van a ejercer la tutoría del nuevo poder y acaso cedan un cierto espacio de maniobra a Italia, antigua fuerza colonial en la Tripolitania, que en cuestión de semanas tuvo que pasar del apoyo a Gadafi al alineamiento con los rebeldes. En este episodio neocolonial -decisivo para la evolución del norte de África-, España apenas tiene papel. El Gobierno Zapatero, sin embargo, no podía rechazar la petición francesa y británica de una simbólica ayuda militar. Aunque los aviones españoles no han bombardeado Libia -siempre según el relato oficial-, han contribuido a dar un formato europeo a una operación de la que Alemania ha querido estar ausente.

Chacón interpretó ayer la más preciada partitura del zapaterismo: tocó retirada. Chicos, nos vamos a casa. Y adornó la jornada con reiterados mensajes de austeridad y recorte de gasto en los ejércitos. Maestría mediática en vísperas de una nueva movilización del 15-M.

Hace unas semanas, la ministra de Defensa cerraba con el secretario de Defensa de Estados Unidos, Leon Panetta, la incorporación de la base de Rota (Cádiz) al nuevo escudo antimisiles de la defensa occidental. Una decisión de gran calado estratégico que restablece la alianza preferencial de España con Estados Unidos y modifica el cuadro de relaciones con el Reino Unido (Gibraltar), Marruecos y Francia, sobre el telón de fondo de Ceuta y Melilla. Una jugada de ajedrez que no ha pasado por el Parlamento y en la que Chacón ha evitado la foto, ya que en ese cuadro no se tocaba retirada. El retrato se lo hizo Zapatero en el cuartel general de la OTAN en Bruselas, indicando así su deseo de seguir trabajando para que su amiga Carme sea la futura líder del PSOE.

En la tribuna de autoridades, Alfredo Pérez Rubalcaba y Mariano Rajoy departieron durante varios minutos. Asuntos triviales, al parecer. Era visible en ambos el deseo de transmitir tranquilidad y sosiego. En la recepción, Zapatero no quiso hablar con la prensa. Esta vez no. Su esposa, Sonsoles Espinosa, le empujaba suavemente hacia la puerta. Melancólico, el presidente parecía compartir los deseos de su señora. Ya nos vamos yendo. Gravedad y tristeza entre los invitados socialistas; prudente preocupación entre los populares. Saben lo que les espera. María Dolores de Cospedal fue la dama más rutilante y sonriente de la jornada.

El pasado 5 de octubre, el presidente del Gobierno anunció que la base naval de Rota acogerá, probablemente a partir de 2013, coincidiendo con el fin de la última prórroga del Convenio de Defensa hispano-estadounidense, ciertos elementos de la última versión (versión Administración Obama) del “escudo antimisiles” programado por Estados Unidos y asumido como “valor propio” por la OTAN en su último Concepto Estratégico de noviembre de 2010. Un anuncio que ha suscitado, como era previsible, comentarios a favor y en contra. Los partidarios centran sus argumentos en la seguridad que el escudo antimisiles proporcionará a Europa frente a ataques con misiles de gran alcance, ya que este es el objetivo del escudo: detectar e identificar la trayectoria de misiles para poder interceptarlos con otro misil antimisil antes de que llegue a su objetivo (supuestamente en Europa).

Pero, analicemos, ¿quién lanzaría esos misiles? Bueno, en primer lugar, podría pensarse en las grandes potencias nucleares que ya disponen de misiles capaces de alcanzar cualquier punto del planeta, Rusia y China, a quienes, sin embargo, se les está asegurando que no se está pensando en ellas. Pero que no por ello dejan de sentirse molestas ante lo que tiene todo el aspecto de ser una incitación a la carrera de armamentos tipo lanza-coraza (misil-misil contramisil en nuestros días).

En quien se dice que se está pensando es en potencias menores de alguna forma enfrentadas a Occidente y con programas nucleares y misilísticos en desarrollo. Irán y Corea del Norte en concreto. Países que, efectivamente, podrían ser capaces de amenazar con misiles, quizás incluso dotados de cabezas nucleares, a Europa. Sí, efectivamente, pero a largo plazo, quizás dentro de 15 o 20 años. Ahora bien, en temas de seguridad, ¿es útil prever a 15 o 20 años? ¿Sirvieron para algo las previsiones a 15 o 20 de los años sesenta y setenta para intuir la caída de la URSS? ¿Sirvieron para algo las previsiones a 15 o 20 años de los años ochenta después de la caída del muro de Berlín? ¿Sirvieron para algo las previsiones a 15 o 20 de los años noventa tras los atentados del 11 de septiembre de 2001? ¿Han servido para algo las previsiones a 15 o 20 años de la primera década del siglo XXI para entender por qué hay que estar retirándose de Irak y Afganistán sin haber alcanzado los objetivos que se pretendían? ¿No estaremos, una vez más, preparando una seguridad que no se va a corresponder con las necesidades del futuro? No, no parece convincente que sea la seguridad la que justifique el escudo. En todo caso, solamente lo racionaliza.

Entonces, si no es por seguridad, ¿en función de qué podemos entenderlo? En función del juego político. Desde el final de la Guerra Fría, Estados Unidos se rige por un principio: que no pueda aparecer en el mundo ninguna potencia o coalición de ellas que pueda retar su hegemonía militar. Y uno de sus instrumentos para conseguirlo es la tecnología, a cuya cabeza ya estaba tras el derrumbamiento de la URSS. Pero no sólo hay que seguir en cabeza, sino además arrastrar a las demás potencias por el camino de la carrera tecnológica (no necesariamente numérica) de armamentos, incitándolos permanentemente (por miedo a la excesiva distancia o en nombre de la alianza mutua) a gastar cada vez más y a resolver cada vez más por medios militares todo tipo de crisis. Un paradigma que le dio muy buen resultado frente a la Unión Soviética, especialmente tras el órdago lanzado por el presidente Reagan con su célebre Guerra de las Galaxias, de la que el escudo antimisiles actual de la Administración Obama no es sino su continuación a través del de la Administración Bush, con formas y presupuestos cada vez más realistas y, por tanto, con escudos cada vez más factibles.

¿Por qué entonces lo ha asumido también la OTAN? Por algo que yo llamaría “el síndrome del primo de Zumosol”, uno de los pilares en los que sigue sustentándose el vínculo o alianza trasatlántica entre Estados Unidos y Europa. Ya que las acciones de Estados Unidos para mantener su hegemonía militar benefician en términos generales a los países europeos, con la ventaja añadida de poder seguir representando el papel de poder blando basado en la influencia y la persuasión, mientras Estados Unidos juega el papel de Marte, más tendente a la acción violenta y al poder duro, dejémoslo que nos arrastre mientras siga llevando el peso principal, siga apareciendo como el gran imperialista y no nos exija por encima de ciertos límites.

Juntemos estos razonamientos y quizás podamos vislumbrar por qué España (podía haber sido otro país europeo cualquiera) se compromete a contribuir a un escudo sobre el que probablemente no va a tener ninguna capacidad de decisión y en el que ni siquiera va a poder participar a pesar de disponer de cuatro fragatas dotadas del sistema antiaéreo antimisiles Aegis. El mismo del que van a estar dotados los cuatro buques estadounidenses que se van a incorporar a Rota a lo largo de 2013 y 2014.

Enrique Vega. Analista de conflictos y su gestión internacional.

ANÁLISIS

El final de carrera de José Luis Rodríguez Zapatero es profundamente irónico, a la vez que muy aleccionador. Es un final de novela francesa. Es un remate digno de las Ilusiones perdidas de Balzac. Lucien de Rubempré regresa a su Angulema natal después de haber escalado París. Ha conocido el poder y ha acariciado la gloria. Ha engañado a unos y a otros. Ha dejado a muchos de sus amigos por el camino. Ha conocido los engranajes de la política burguesa y no ha hallado la manera de controlarlos.

Es imposible controlarlos. El sistema ha podido con él. Apenas ha logrado sobrevivir a los vértigos de una ciudad implacable con el hombre de provincias. “En vez de matarme, he vendido mi vida. Ya no me pertenezco; más que el secretario de un diplomático español, soy su criatura”, dice Lucien al final de la novela.

Rodríguez Zapatero regresa a su ciudad sin la tristeza de Rubempré en Angulema. Regresa a las callejuelas del Barrio Húmedo de León con la sonrisa incólume.

Sonríe, sonríe, sonríe. Todo el andamiaje político e ideológico con el que logró convencer a media España -y a algunos europeos- de que un nuevo tiempo había comenzado se ha venido abajo y él sonríe. Sonríe, sonríe, sonríe.

Estos días hay muchas chanzas a propósito del último golpe escénico del zapaterismo: ese viaje al cuartel general de la OTAN en Bruselas para aceptar el despliegue del escudo antimisiles de Estados Unidos en la base aeronaval de Rota. Sarcasmo y amargura en la casa de las izquierdas. Un final cómico y humillante en opinión del periodismo que necesita creer en los milagros: anteayer, ZP; ayer, san Martín de Porres-Obama; hoy, el movimiento de los indignados…

El sarcasmo es fácil.

El hombre que en el desfile del 12 de Octubre del 2003 permaneció sentado ante la bandera norteamericana, acepta, sin debate previo, la instalación en territorio español del más moderno sistema balístico de la primera potencia del mundo. Hace un mes, el republicanista Zapatero activó la reforma exprés de la Constitución, mofándose de quienes le habían dado apoyo en el Parlamento en horas díficiles. (Esos pérfidos nacionalistas catalanes que ahora, extraviados también ellos en un raro bucle, se mofan de los andaluces, recortan a destajo y se lo gastan todo en Aromas de Montserrat y promoción del catalán). Rubempré regresa a casa después de haber regalado los oídos a José María Aznar en ese café en la Moncloa en el que -a finales de julio- le prometió abogar por la gran entente nacional PP-PSOE. No hay que ser muy perspicaz para entender su juego. Repudiado por el mayor diario de centroizquierda del país, obligado por su partido a adelantar las elecciones bajo la amenaza de congreso extraordinario y aborrecido por más de media España, ha decidido suscribir unas cuantas pólizas de seguro. Sabe muy bien qué final pueden tener los débiles en España.

Sabe cómo funcionan los crueles engranajes en fase de desbandada -fíjate en la emboscada que le acaban de tender a José Blanco- y desea vivir tranquilo en León. Ha puesto todo su talento táctico al servicio de una retirada segura y ordenada. Le respetarán.

El despliegue del escudo antimisiles en Rota es muy importante en términos militares y políticos. Resuelve un problema urgente de Estados Unidos y revaloriza la posición geostratégica del sur de España ante Gran Bretaña (Gibraltar), Marruecos y Francia. Y alegrará la vida gaditana, muy castigada por el paro. En marzo del 2012, el PSOE se jugará la existencia en las elecciones de Andalucía.

El último golpe de escena de Zapatero ha provocado hilaridad, pero es uno de los giros tácticos más inteligentes de Rubempré. Perdida la batalla y la fama, se protege él, refuerza a España ante Washington en plena pesadilla financiera, y ofrece un as a la mujer que quisiera ver al frente del PSOE. La ministra de Defensa ha evitado la foto en el cuartel de la OTAN, pero es partícipe del pacto con los americanos. Personaje stendhaliano -Julien Sorel en femenino-, Carme Chacón alimenta sus bazas. Espera, aguarda, cuida el mohín y ejecuta la última gran pirueta del socialismo mediático: de día adula al 15-M, de noche engarza misiles intercontinentales.

Empecemos por la cuestión más obvia: si los gobiernos incurren en deudas en el proceso de ejecución de programas ya aprobados por el Congreso, ¿por qué debería el Congreso disponer de una opción adicional –negarse a levantar el techo de endeudamiento— para frenar al gobierno en su tarea de poner por obra esos gastos parlamentariamente autorizados?

La respuesta es evidente, cuando se atiende a la historia de la introducción de este control suplementario en casi todos los países del mundo. A lo largo de la historia moderna, la guerra ha sido la causa principal del crecimiento de la deuda nacional. El grueso de los Estados operan en equilibrio fiscal durante los tiempos de paz, financiando su gasto y su inversión a través de impuestos y de tasas cargadas a los usuarios de servicios públicos. Las emergencias bélicas empujan ese equilibrio hacia el déficit; a veces, para guerras defensivas; a veces, para llevar a cabo agresiones.

En Europa, los controles parlamentarios del gasto público se concibieron para prevenir las declaraciones de guerra dimanantes de la ambición de los poderosos. Tal fue el gran argumento de Adam Smith contra la deuda pública: pretendía que las guerras se financiaran pagándolas al contado. Escribió que si la gente percibía inmediatamente el impacto económico de la guerra –amortiguado y pospuesto por los empréstitos—, estaría menos inclinada a apoyar aventuras militares.

No ha sido esa, obvio es decirlo, la posición del Tea Party; ni la de los Republicanos. Lo que hace tan llamativa la crisis del techo de deuda del pasado 2 de agosto en los EEUU es su aparente disociación respecto del gasto bélico. Es verdad que más de un tercio (350 mil millones de dólares) de los 917 mil millones de recortes del gasto corriente son para partidas del Pentágono. Pero eso simplemente desacelera la notoria escalada de la tasa de gasto militar acontecida entre Irak y Afganistán y Libia.

La cosa resulta aún más llamativa, habida cuenta de que el mes pasado el congresista Demócrata Dennis Kucinich y el congresista Republicano Ron Paul trataron de obligar al presidente Obama a prestar obediencia a las condiciones establecidas por la Ley de Poderes de Guerra y pedir al Congreso la aprobación de su guerra en Libia, según es preceptivo cuando una intervención bélica dura más de tres meses. Ese intento de someter al Estado de Derecho a la presidencia imperial resultó infructuoso. Obama replicó que bombardear a un país no era un acto de guerra. Sería una guerra, sólo si hubiera soldados muertos. El bombardeo de Libia se hacía desde el aire, a larga distancia, y tal vez con vehículos aéreos no tripulados. De modo que una guerra incruenta –incruenta para el agresor, claro— no sería propiamente una guerra.

Para este tipo de situaciones fue precisamente introducida la normativa del techo de deuda en 1917. El presidente Wilson había metido a los EEUU en la Gran Guerra, rompiendo su promesa electoral de no hacerlo. Los aislacionistas en los EEUU buscaron limitar el compromiso bélico norteamericanos imponiendo la necesidad de supervisión y aprobación por parte del Congreso del techo de deuda. Esa salvaguarda, huelga decirlo, fue concebida para ser usada contra el gasto discrecional que se daba sin aprobación del Congreso.

El actual incremento de la deuda del Tesoro estadounidense resulta de dos formas de acción bélica. La primera, abiertamente militar, es la guerra del petróleo librada en el Oriente Próximo, desde Irak y Afganistán (Oleoductistán) hasta la Libia rica en crudo; esas aventuras terminarán costando entre 3 y 5 billones de dólares. La segunda forma, harto más cara, es la guerra, más encubierta y más costosa, que Wall Street está librando contra el resto de la economía, exigiendo que las pérdidas de los bancos y de las entidades financieras pasen directamente al debe de la contabilidad pública (al “contribuyente”). Los rescates y la “barra libre” para Wall Street –no por casualidad, la principal fuente de financiación de las campañas electorales de los congresistas— cuesta 13 billones de dólares.

Resulta asombroso que, en el asunto del techo de deuda, Obama se centre principalmente en alertar de que habrá que recortar la financiación de la Seguridad Social, además de la de Medicare y otros programas sociales. A pesar de ser público y notorio que las cotizaciones federales deducidas de los salarios han venido invirtiéndose regularmente en títulos del Tesoro durante más de medio siglo, Obama ha llegado incluso a decir que el gobierno norteamericano podría dejar de pagar esta misma semana los cheques de la Seguridad Social.

En las democracias opera un doble rasero radical. Los inversores de Wall Street no tienen, ciertamente, esa inquietud. En efecto, las tasas de interés que rinden los bonos del Tesoro a largo plazo han bajado este último mes, y especialmente esta última semana. Eso quiere obviamente decir que los tenedores institucionales de deuda pública esperan cobrar. ¿Sólo los ahorradores de la Seguridad Social tenían que temer, o es que acaso pretendía Obama amedrentarles para presentarse a sí mismo como el héroe que viene en rescate de su Seguridad Social logrando el Gran Acuerdo en el Congreso?

Wall Street estaba en lo cierto. No había una crisis real. La autorización para levantar el techo de deuda no es la ocasión adecuada para debatir la política fiscal a largo plazo. Desde 1962 –precisamente cuando la Guerra de Vietnam empezaba su escalada—, se ha levantado 74 veces. Esto es, un promedio de una vez cada ocho meses. Es como ir al notario público: sólo para garantizar que el presidente no está haciendo algo mal. El señor Obama podría haber solicitado un voto limitado sólo a eso, sin restricciones. Nunca antes se habían incluido restricciones así. Y aún más llamativo: no hubo el menor intento de imponer una restricción para que la administración Obama no gastara más fondos en Libia sin obtener antes del Congreso una declaración oficial de guerra.

Obama habría podido invocar la 14ª Enmienda para pagar. Habría podido hacer suya la propuesta de Scott Fullwiler y otros economistas de la Universidad de Kansas para que el Tesoro emitiera unos cuantas monedas por valor de 1 billón de dólares y pagar a la Fed por los títulos del Tesoro. Pero no; el señor Obama se tiró de cabeza al ruedo, y entró en el debate sobre cómo recortar la Seguridad Social y Medicaire en el fragor de la guerra de clases que se está librando en EEUU, evitando el debate sobre la extensión de la guerra del petróleo al África septentrional.

La primera gran victoria obtenida por el sector financiero en la guerra de clases que se libra sobre suelo norteamericano fueron los recortes fiscales “temporales” a los ricos bajo la administración Bush. Obama no ha rectificado esa agresión, a fin de restaurar el equilibrio presupuestario. No se han abolido los recortes fiscales a los archiricos; no se han cegado los agujeros fiscales. El fardo del reequilibrio presupuestario se ha cargado sobre las espaldas de lo que constituyen las propias bases sociales del Partido Demócrata: trabajadores urbanos, minorías raciales y étnicas, los litorales del Este y el Oeste. Y sin embargo, los Demócratas se partieron por la mitad (95 a 95) en el voto para levantar el techo de deuda yugulando el gasto social del que es beneficiario principal el grueso de su electorado.

Su electorado, no los financiadores de sus campañas electorales. Tal parece la clave explicativa del modo en que se ha desarrollado la crisis de la deuda. Aun cuando se dio una resuelta oposición de destacados Demócratas (como Maxine Walters Waters, Dennis Kucinich, Henry Waxman, Barney Frank, Edolphus Towns, Charles Rangel y Jerrold Nadler) y de algunos Republicanos [cercanos al Tea Party] (como Ron Paul, Michele Bachmann y Ben Quayle), lo cierto es que el grueso de la oposición por principios vino del lado de los Republicanos tradicionales. Paul Craig Roberts, el antiguo asesor del Secretario del Tesoro de Reagan, criticó el acuerdo como excesivamente derechista y a tal punto favorable a los ricos, que amenazaría con llevarnos derechamente a la depresión económica.

La esencia de la economía clásica de mercado libre era la restricción del poder ejecutivo, en una época en que el poder para declarar la guerra constituía la mayor amenaza para los intereses nacionales. Así como las cámaras bajas de las legislaturas bicamerales se hicieron con el poder para comprometer a las naciones con una deuda nacional permanente –antes del siglo XVI, las deudas reales morían con el monarca que las había contraído—, así también los parlamentos afirmaron su derecho a bloquear las actividades bélicas.

Pero ahora que las finanzas constituyen la nueva forma de librar guerras –internamente, no en el exterior—, ¿dónde está el poder capaz de restringir el poder del Tesoro y de la Reserva Federal para obligar a los contribuyentes a rescatar los intereses financieros enquistados en la cúspide de la pirámide económica? La Fed y otros bancos centrales se jactan de que su “independencia” es un “hito de la democracia”. Lo que parece es más bien un jalón en la transición hacia una oligarquía financiera. Y ahora que las finanzas se han amalgamado con la industria petrolera y con los grandes monopolios y los privatizadores del dominio público, la necesidad de algún tipo de supervisión parlamentaria  resulta tan perentoria como lo fue en su día la del poder de los parlamentos sobre el gasto militar.

En el debate sobre el techo de deuda no se oyó la menor alusión a este principio básico. Hasta los críticos  que votaron a favor con la nariz ostensiblemente tapada –para dar plausibilidad a las previsibles críticas que oportunamente se reservan para la siguiente campaña electoral—, hasta éstos actuaron como si estuvieran salvando a la economía. La cruda realidad es que ahora hay menos esperanzas de reconstrucción de la infraestructura, una de las promesas del presidente. Los recortes en el reparto de los ingresos federales serán un duro golpe para los estados y los municipios, y los obligarán a vender todavía más suelo y más carreteras y a poner en almoneda otros activos en el dominio público, a fin de poder equilibrar el presupuesto mientras la economía de los EEUU sigue hundiéndose en la depresión. Lo único que ha hecho el Congreso es añadir deflación fiscal a la deflación por sobreendeudamiento, debilitando todavía más el empleo.

¿Cómo explicarán todo esto en las elecciones de noviembre de 2012?

Michael Hudson es ex economista de Wall Street especializado en balanza de pagos y bienes inmobiliarios en el Chase Manhattan Bank (ahora JPMorgan Chase & Co.), Arthur Anderson y después en el Hudson Institute. En 1990 colaboró en el establecimiento del primer fondo soberano de deuda del mundo para Scudder Stevens & Clark. El Dr. Hudson fue asesor económico en jefe de Dennis Kucinich en la reciente campaña primaria presidencial demócrata y ha asesorado a los gobiernos de los EEUU, Canadá, México y Letonia, así como al Instituto de Naciones Unidas para la Formación y la Investigación. Distinguido profesor investigador en la Universidad de Missouri de la ciudad de Kansas, es autor de numerosos libros, entre ellos Super Imperialism: The Economic Strategy of American Empire.

Traducción para www.sinpermiso.info: Mínima Estrella

New Economic Perspectives, 3 agosto 2011

Al anunciar una retirada sustancial  de tropas estadounidenses de Afganistán, el presidente Obama ha acabado por reconocer que los talibanes afganos no pueden ser derrotados en el plano militar y que la única forma de salir de los campos de la muerte de Afganistán consiste en una solución política con la participación de los talibanes.

Pese a sucesivas negaciones y afirmaciones de las autoridades estadounidenses en el sentido de que la suerte en el plano militar se ha vuelto en contra de los talibanes, el caso es que la evaluación de los hechos por parte de los servicios de inteligencia estadounidenses arroja un sombrío panorama de la guerra afgana que ha venido a contradecir al presidente Obama y al ya ex secretario de Defensa, Robert Gates.

El nuevo cambio en la estrategia estadounidense da cuenta de una cruda realidad: no hay solución militar a la contienda civil en Afganistán.

Aunque los mandos militares estadounidenses informan de limitados progresos en sus operaciones contra los talibanes, diciendo que se ha producido un cambio importante favorable a la coalición de la OTAN, especialmente en las provincias de Helmand y Kandahar, concluyen que no hay posibilidad de que los talibanes sean derrotados. En todo caso -añaden-, sólo debilitados y privados de la fuerza necesaria para apoderarse del país.

Las fuerzas de la coalición han infligido importantes pérdidas a los talibanes, sobre todo a nivel de sus mandos intermedios y lugartenientes de campo. Las incursiones nocturnas de las fuerzas especiales estadounidenses han causado notables bajas entre los mandos talibanes.

Desde el punto de vista táctico, Estados Unidos ha ganado la guerra. Desde el punto de vista estratégico, los talibanes siguen siendo una fuerza temible, pues son una especie de ejército campesino que libra una guerra de tipo asimétrico que sigue contando con un respaldo considerable en el seno del país.

Informes diplomáticos sobre la estrategia estadounidense en Afganistán filtrados durante los últimos años trazan un panorama aún más sombrío de un país desgarrado por la guerra. De forma reiterada, el anterior embajador de Estados Unidos en Afganistán, Karl W. Eikenberry (sustituido recientemente por Obama), lamentó la dificultad de alcanzar un nivel de éxito continuado contra la insurgencia y la corrupción dominante al más alto nivel del régimen afgano, describiendo al presidente Hamid Karzai como figura errática, paranoide y escasamente fiable.

Aunque el presidente Obama y sus mandos militares afirman que han quebrantado el ímpetu talibán, los documentos clasificados muestran a las claras la sensación de inutilidad y renuncia de las autoridades estadounidenses. En una valoración de la situación en que daba cuenta de la preocupación por los resultados de la ofensiva de la coalición en la provincia sureña de Kandahar, el embajador Eikenberry concluía: “Prescindiendo del grado de eficacia de nuestra acción militar, los insurgentes ocuparán prontamente cualquier vacío de gobierno; además, sin atribuciones políticas, un éxito de la contrainsurgencia, por ejemplo, no pasará de ser un esfuerzo como los anteriores sin mayores consecuencias”.

Irónicamente, pruebas fehacientes indican que la política interna estadounidense, así como los condicionantes ideológicos e institucionales, jugaron un papel clave en la decisión del presidente Obama de ordenar un envío adicional de tropas en el 2009. Cabe citar al respecto el afán de Obama por mantener su promesa de la campaña presidencial, la deferencia hacia los puntos de vista de los militares en el sentido de que la reducción de efectivos equivalía a una pérdida de prestigio estadounidense y el caso omiso prestado a los consejos de asesores y expertos.

Actualmente, Obama intenta dar fin al costoso compromiso de Estados Unidos en Afganistán -que ya es el más dilatado de la historia de Estados Unidos-, un compromiso que ha eclipsado el de la aventura de la Unión Soviética en el área. La sociedad estadounidense ha reaccionado contra la guerra optando en este caso por ir en contra de la base progresista de Obama. Los costes anuales de la guerra de Afganistán superan los cien millardos de dólares, una enorme suma tratándose de un país que hace frente una grave crisis económica. En Estados Unidos, todas las políticas presentan una vertiente local. La decisión de Obama de empezar a reducir tropas pretende enviar un claro mensaje a sus bases y a la sociedad estadounidense en general en el sentido de que escucha su voz. Una guerra impopular representa un caso de responsabilidad en el caso de un presidente como Obama, que piensa en un segundo mandato.

El plan de Obama y de sus generales consiste en confiar en incursiones de fuerzas especiales para seguir desequilibrando a las fuerzas talibanes, matar y capturar a sus mandos y debilitar su capacidad de ataque. Las operaciones de fuerzas especiales se han desplegado ampliamente y han aumentado enormemente (alrededor de trescientas al mes). Los ataques de aeronaves no tripuladas se despliegan asimismo ampliamente, en mayor medida en Pakistán que en Afganistán. Aunque técnicamente eficaces, tales tácticas no dejan de ser polémicas tanto política como moralmente. Las incursiones y los ataques provocan numerosas víctimas civiles, quebrantan la inviolabilidad de viviendas y dormitorios y provocan la antipatía de la misma sociedad que Estados Unidos trata de ganarse; son un arma de doble filo que, a largo plazo, más que ayudar perjudica.

Otro ingrediente de la política estadounidense consiste en confiar en los señores de la guerra y jefes tribales para impedir el regreso y el resurgimiento de los talibanes. Tal método socava la autoridad central de las instituciones del Estado y la cohesión del propio país afgano. Evidentemente, Estados Unidos parece haber renunciado al fomento y promoción de la democracia en este país desgarrado por la guerra, un testimonio de los límites de la potencia estadounidense y de la intervención extranjera.

La reconciliación y estabilidad en Afganistán exigen la conclusión de un acuerdo político extensivo a toda la región, que atienda adecuadamente los legítimos motivos de agravio de las comunidades tribales y su sentimiento nacionalista islámico, como también las preocupaciones geoestratégicas de Pakistán, Irán e India. Los observadores coinciden también en afirmar que la reforma del sistema político y legal, junto con la integración de la región tribal en un contexto más amplio y el levantamiento de la población de su situación de extrema pobreza, es esencial para alcanzar una paz duradera. A menos que la coalición occidental invierta en las áreas tribales y proteja a la población civil – y hasta que lo haga-, los talibanes seguirán aprovechando los aspectos vulnerables de los pastunes e imponiendo su propio sistema extremista.

Un acuerdo negociado con las tribus pastunes (susceptible de llevar a los talibanes al seno del gobierno) abocaría muy probablemente a la expulsión de militantes extranjeros del área e incluso de elementos talibanes extremistas. El caso de Iraq es intructivo al respecto. El desafío estriba en dar una genuina opción a las tribus pastunes en el marco político y económico y en ganar sus espíritus y corazones.

Es de esperar que el término de la guerra estadounidense en Afganistán permita a los distintos grupos y comunidades en conflicto dar comienzo a la difícil tarea de poner su casa en orden. Una tarea, ciertamente, plena de riesgos y, también, de oportunidades.

Fawaz A. Gerges, director del Centro de Estudios sobre Oriente Medio de la London School of Economics.

Traducción: JoséMaría Puig de la Bellacasa.

TRIBUNA

En el discurso de junio en que anunciaba una retirada sustancial de tropas estadounidenses de Afganistán, Obama dijo que EE.UU. había logrado en gran medida sus objetivos en Afganistán. “Cuando anuncié en West Point –dijo– el envío adicional de 30.000 soldados a Afganistán en diciembre del 2009, fijamos unos objetivos claros: volver a centrarnos en Al Qaeda, lograr dar marcha atrás al ímpetu de los talibanes y entrenar a las fuerzas de seguridad afganas para defender su propio país… Esta noche puedo decirles que estamos cumpliendo este compromiso… estamos cumpliendo nuestros objetivos”. Obama ha reconocido implícitamente que la estrategia de EE.UU. es equivocada por estar basada en dos premisas falsas: 1) que los talibanes afganos y Al Qaeda actúan máso menos como una entidad única, 2) que los talibanes pueden ser derrotados militarmente, además de otra premisa implícita relacionada con el carácter indispensable del poder estadounidense para promover la democracia en un país. Empecemos con la relación entre los talibanes afganos y Al Qaeda. Uno de los principales motivos impulsores del envío adicional de soldados estadounidenses fue que la política exterior de Obama veía a los talibanes a través de la lente de Al Qaeda y de la guerra mundial contra el terrorismo. Sin embargo, uno de los principales objetivos del movimiento talibán afgano es salir de la lista de individuos y organizaciones terroristas y obtener el reconocimiento internacional como fuerza legítima de carácter nacional islamista. El conflicto en Afganistán es mucho más amplio y complejo de lo que puede ser una entidad llamada Al Qaeda; por el contrario, implica una temible coalición de tribus pastunesyunmovimiento islamista no alineado, contrarios a la que consideran (con razón o sin ella) como una amenaza extranjera a su identidad y forma de vida. Cabe razonar, por ejemplo, que los talibanes son un “ejército campesino” del lado afgano. La guerra ha atraído a cientos de militantes islámicos de Cachemira, del mundo árabe e incluso de Asia central. Al Qaeda es prácticamente un elemento muy reducido de esta coalición (hay de veinte a cincuenta agentes operativos de Al Qaeda en Afganistán), una especie de efecto secundario. Los de veinte a cincuenta agentes operativos de Al Qaeda en Afganistán no pueden impulsar, y menos aún encabezar, una insurgencia potente, pese a todas las especulaciones que dicen que Al Qaeda puede multiplicar determinadas fuerzas sobre el terreno. Como ya se ha dicho, han dejado claro que no son menester combatientes extranjeros porque ya disponen de ellos en abundancia. En los últimos tres o cuatro años, los talibanes afganos casi han cuadruplicado su número, pasando de 7.000 a más de 25.000 efectivos, según los servicios de inteligencia de EE.UU.; han ganado más adeptos entre las tribus pastunes, mayoría en Afganistán, así como entre otros grupos étnicos en el norte, como los uzbekos y tayikos, que también se sienten ofendidos por la presencia de tropas extranjeras en su país. Sin embargo, Obama presentó su decisión de desplegar el envío de un contingente adicional de 30.000 soldados e infantes de Marina a principios del 2010 (lo que ha aumentado el número de soldados estadounidenses en Afganistán a cerca de 100.000) como una iniciativa necesaria en el plano de la propia realidad interna, la de proteger a los ciudadanos estadounidenses de los ataques de Al Qaeda. Como en el caso de la guerra de Iraq, el envío adicional de tropasaAfganistán se presenta como una actuación consistente en llevar la batalla a campo enemigo en lugar de ser atacado en su casa. Pero el envío adicional guarda mayor relación con un movimiento talibán en auge que con un declive de Al Qaeda e intenta socavar el impulso talibán, apartarlo de Al Qaeda y dividirlo en partes más manejables para facilitar un acuerdo político. No obstante, en sus discursos a las tropas en casa y en Afganistán, Obama equiparó a los talibanes con Al Qaeda. Existen menores vínculos operativos entre los talibanes en Afganistán y algunos agentes operativos de Al Qaeda, que aportan iniciativas e instrucción sobre la fabricación de artefactos explosivos y su colocación en las cunetas de las carreteras. Los talibanes afganos han sabido distinguirse de los de Al Qaeda y de los talibanes pakistaníes, aunque en la práctica no siempre siguen las directrices emitidas por los líderes. El mulá Omar es más moderado que otros elementos talibanes (hecho que muchos lectores encontrarán difícil de creer) como el mulá Dadullah actualmente fallecido, de Quetta Shura, pionero en ataques suicidas en Afganistán. Por tanto, resulta erróneo meter en el mismo sacoaAl Qaeda, grupo transnacional y fuerza yihadista sin fronteras que lleva a cabo una campaña terrorista en todo el mundo, y a los talibanes, insurgencia local, nacionalista e islamista cuyo punto de mira siempre ha sido el frente afgano. Algunos elementos talibanes coquetean con Al Qaeda pero el relativo consenso entre los especialistas en los talibanes indica que si los talibanes regresan a Afganistán de un modouotro, lo más probable es que traten de expulsar a Al Qaeda de su país. No nos equivoquemos: los pastunes no sienten aprecio por Al Qaeda, que llevó el desastre a los talibanes cuando dieron cobijo a Al Qaeda en la década de 1990. Según Douglas Saunders del diario canadiense Globe and Mail, elmulá Omar sigue siendo “muy contrario” a Al Qaeda y la mayoría de mandos aliados en Afganistán con los que ha conversado Saunders consideran “muy improbable” que Al Qaeda pueda establecer una base allí incluso si los talibanes se apoderan del terreno. Richard Barrett, destacado especialista en Afganistán, dice de los talibanes: “No quieren que Al Qaeda merodee por allí”. Tal conclusión quedaba afirmada implícitamente por el mulá Mohammed Tayyab Agha, jefe de la dirección político talibán, en una entrevista publicada por el diario panárabe Al Hayat, con sede en Londres: “El mundo debe reconocernos antes de pedirnos que nos comprometamos a algo”. El actual matrimonio de conveniencia entre los combatientes talibanes y los operativos de Al Qaeda se mantendrá mientras Occidente les confunda y mezcle y libre una guerra total contra ellos. Pero los talibanes en Afganistán observan a Al Qaeda cual espada sobre su cabeza, según fuentes cercanas a los talibanes. La clave estriba en que Occidente no confunda a los talibanes y a los pastunes con Al Qaeda, sino que intente distinguirlos, como hizo con los miembros de una tribu iraquí suní en Anbar. Si hay alguien que conozca el estadode las relaciones entre los talibanes y Al Qaeda en el pasado y el presente es Abu al-Walid al-Masri, figura legendaria entre los árabes afganos y primer extranjero en jurar fidelidad al mulá Omar en los años noventa. En una entrevista on line con el australiano Masri –que trabajó estrechamente con Omar y otros jefes talibanes y era próximo aBin Laden y a sus seguidores–, dijo que las diferencias entre Al Qaeda y los talibanes son ahora mayores que antes de la invasión estadounidense de Afganistán en el 2001. Es rotundo: los talibanes ya no acogerán positivamente a Al Qaeda, que les apuñaló por la espalda en Afganistán. Según Masri, el retorno de Al Qaeda a Afganistán pondría en peligro el futuro régimen de los talibanes, porque “la mayoría de la población está en contra de Al Qaeda”. La muerte de Bin Laden en Pakistán aporta otro motivo para que los talibanes se distancien de Al Qaeda, aunque sería vano y estéril esperar que Omar y sus seguidores se desvincularan formalmente de los árabes afganos. La muerte de Bin Laden proporcionó a Obama un precioso capital político y lepermitió iniciar el proceso de retirada de tropas estadounidenses de los campos de la muerte de Afganistán. “Estamos iniciando esta retirada desde una posición de fuerza”, dijo Obama a la sociedad estadounidense en un discurso desde la sala Este de la Casa Blanca en junio. “Al Qaeda está más presionada que en cualquier momento desde el 11-S”. Obama dijo que una intensa campaña militar había paralizado la primitiva red de Al Qaeda en la región, dejando a sus líderes muertos o huidos en la escarpada frontera entre Pakistán y Afganistán.

Fawaz A. Gerges, director del Centro de Estudios sobre Oriente Medio de la London School of Economics.

Traducción: José María Puig de la Bellacasa.

TRIBUNA

La reforma laboral está otra vez en el limbo. Acaba de cumplir su primer año con el reconocimiento tácito del Gobierno de que no ha sido eficaz. También ha pasado el plazo para regular la introducción del fondo de capitalización a la austriaca para completarla, y el Gobierno da marcha atrás. Resultaría muy costoso, no es asumible ahora. Culmina así esta no-reforma laboral, como las anteriores, con una huida hacia adelante. Vuelta a empezar. ¿Cogerá el próximo Gobierno el toro por los cuernos? Cuidado con la tentación. Soluciones como el contrato fijo con 20 días de indemnización que pide CEOE, y coexistiría con los contratos temporales, tampoco resolverían los problemas más flagrantes de nuestro mercado de trabajo.

La excesiva rotación laboral que tanto daño hace a la economía no se debe sólo a la estacionalidad, sino a las tasas de separación por no renovación entre los trabajadores que ya llevan años en sus empresas. La dualidad seguirá incentivada por ley mientras los contratos tengan una duración determinada y distintas indemnizaciones por despido. Esta dualidad sólo se puede resolver eliminando los contratos temporales y creando un único contrato con indemnización creciente por antigüedad. En segundo lugar, España se caracteriza por la aplicación de la regla del LIFO (último entrante, primero en salir). Eso explica la especial incidencia de la crisis sobre los más jóvenes. Un modelo contractual en el que los aumentos de las indemnizaciones por despido se sigan concentrando en un único salto no resolvería el problema. Complementariamente, el problema puede moderarse implementando un fondo a la austriaca. Es decir, si una parte de la indemnización se ha ido pagando antes de que llegue el momento de ajustar la plantilla, el coste marginal del despido se reduce para todas las edades, y no sólo para los más jóvenes.

En estos momentos, de mayor necesidad de reasignación de los recursos para cambiar de modelo productivo, debería pensarse cómo incentivar la movilidad voluntaria. El actual modelo de indemnizaciones por despido la limita, impidiendo su portabilidad cuando a otras empresas. Esta sería otra ventaja, quizás la más conocida del modelo austriaco, otro motivo para incorporarlo a nuestro modelo contractual. La propuesta de CEOE no resuelve ninguno de estos problemas. Sólo un modelo como el propuesto por Fedea (en el “Manifiesto de los 100″) que combine un contrato único con indemnizaciones crecientes con la antigüedad completado con un fondo de capitalización a la austriaca podría hacer frente a estos tres problemas. Y, contrariamente a los cálculos realizados por el Gobierno, esta solución no tiene por qué resultar mucho más costosa que el sistema actual.

Florentino Felgueroso. Universidad de Oviedo y Fedea. En colaboración con José Ignacio Conde-Ruiz (Universidad Complutense y Fedea) y José Ignacio García-Pérez (UPO).