Reggio’s

TRIBUNA: TENSIONES DIPLOMÁTICAS CON RABAT

El autor repasa los últimos episodios de la relación española con el Reino alauí y critica la debilidad de Moncloa. Asevera que el Gobierno de Mohamed VI es irrespetuoso con los derechos humanos y racista con los saharauis

Dos lamentables acontecimientos han marcado una vez más las relaciones de España con Marruecos, quedando muy clara la militante animadversión que el Reino alauí siente por nuestro país y su integridad territorial, por los derechos humanos y por los saharauis.

El acoso y agresión a unos españoles que se concentraban legalmente en El Aaiún -recordemos, Sáhara Occidental, no Marruecos- para pedir la libertad para el pueblo saharaui ha expuesto de nuevo que los métodos marroquíes para reprimir el movimiento pro saharaui se escriben en el catálogo de la opresión y el miedo. Asimismo, la crisis diplomática que provocó Marruecos hace unas semanas, y que según las autoridades de Rabat se debe a supuestos casos de racismo por parte de la Policía española en sus funciones de control de fronteras, confirma la estrategia cíclica de la dictadura del sur de atacar y obstaculizar el trabajo de las instituciones españolas en su conjunto.

Ahora el objetivo son las normales actividades de la Policía nacional, utilizando insidiosas críticas elaboradas por el típico departamento de inteligencia de una típica dictadura.

Pero antes, otras estrategias ya habían evidenciado el odio que Marruecos siente por España, y tanto su rey-sultán como sus ministerios de Interior y Asuntos Exteriores, así como su policía, su ejército y sus servicios secretos, han contribuido al intento de minar con propaganda y acciones de hostigamiento la paciencia de nuestras instituciones.

Encontramos ejemplos de todo ello en el tradicional descontrol en la inmigración ilegal hacia España, la utilización de las visitas de nuestros representantes institucionales para la distorsión geopolítica, el ridículo de la provocación militar -léase Perejil-, la sospechosa falta de colaboración en el terrible asunto del 11-M, el papel de puerta de entrada a todo tipo de drogas en Europa, el acoso permanente a las fronteras españolas en Ceuta y Melilla con situaciones de boicot y amenazas…

Marruecos ha sido y es plataforma y organizador de ese flujo incesante de ciudadanos africanos hacia nuestro territorio, ha facilitado la inmigración ilegal, la ha alentado y no ha perseguido a sus responsables. Su calculada inacción ha sido causa de miles de muertes en el Atlántico, al permitir a inservibles pateras y cayucos llenarse de personas y poner rumbo a Canarias o la Península. Por otro lado todos hemos visto a nuestro presidente del Gobierno en épocas pretéritas fotografiarse con el dictador del sur teniendo como fondo un mapa falso de Marruecos, incluyendo el Sáhara Occidental, las Canarias y Ceuta y Melilla. En una clara vulneración de la verdad geopolítica y de las relaciones bilaterales.

El Reino alauí no soportaba la firmeza de Aznar ante las felonías internacionales del Gobierno de Mohamed VI y le trató de provocar con el ridículo histórico de la toma de Perejil por parte de soldados marroquíes y su desalojo por las fuerzas de seguridad españolas.

Aún es un misterio, o quizá un secreto, la implicación de los servicios de inteligencia marroquíes en todo lo relativo con el 11-M, en la clamorosa falta de colaboración en las investigaciones y persecución de los presuntos responsables. Y está claro que el acoso a las fronteras de Ceuta y Melilla pone de manifiesto algo que se repite en formas y tácticas diferentes. La obsesión por minar la calma y la actividad de las dos ciudades autónomas es una constante en la acción de los marroquíes que proyectan su odio a España ora lanzando a subsaharianos contra las vallas fronterizas, ora boicoteando el suministro de mercancías, organizando huelgas y algaradas , ora insultando a nuestra Policía por tener mujeres en una plantilla de patrulla fronteriza que cumple con su trabajo mal que pese a quienes construyen falsas acusaciones de prácticas ilícitas.

La acusación de Rabat a España es nada menos que de racismo. Marruecos, el país más racista de todo el Magreb, se permite acusar a la Policía española de prácticas xenófobas con el fin de crear un caldo de cultivo que exalte determinadas actitudes de la militancia radical antiespañola y para mantener la tensión con nuestro país. Marruecos sabe que la diplomacia española en la actualidad es endeble, cuando no servil, y esa fragilidad, bien aprovechada, podría favorecer sus intereses.

El racismo es hoy una seña de identidad de la actuación del Gobierno de Mohamed VI. El objetivo de esa intolerable actitud son fundamentalmente los saharauis. Los habitantes de las mal llamadas provincias del sur, es decir, del usurpado y sometido Sáhara Occidental, son constantemente humillados, vejados, perseguidos y detenidos por seguir reivindicando su personalidad de pueblo y de nación. A los saharauis no se les permite, salvo que traicionen públicamente su historia, hacer una vida normal. A la mayoría de los saharauis se les ha obligado a llevar una vida en el exilio y tanto en el desierto argelino, en Tinduf, como en Mauritania, a muchos miles de saharauis la dictadura marroquí les impone por el odio racial e imperialista un destierro injusto y brutal. Marruecos ha separado a familias que han perdido todo contacto, ha construido en la invadida ciudad saharaui de El Aaiún una prisión, la cárcel negra, donde se detiene injustificadamente, se tortura y se cumplen penas establecidas en juicios sumarísimos y con falsas acusaciones a quienes se manifiestan como saharauis.

Aminatu Haidar y su significativa denuncia, la situación de los activistas saharauis pro derechos humanos detenidos y acusados por Marruecos de espionaje y traición, la falta de libertades de expresión, circulación y asociación para la población saharaui (en este caso también para la propia marroquí), la constante persecución de saharauis en los territorios ocupados por el ejército de Rabat, la construcción de un muro militar y con minas antipersona en el territorio del Sáhara Occidental, el día a día de niños y jóvenes saharauis que no conocen su patria o la conocen bajo un régimen de tortura y represión por la imposición de Marruecos… Todo esto hace que tengamos que considerar la acusación a España de racismo como un sarcasmo. Un insulto y una impostura.

Tenemos que recordar también que en Julio de 2005 una delegación en la que participamos miembros del Intergrupo del Parlamento vasco para la libertad y la paz en el Sáhara Occidental fue expulsada de malas maneras por la policía marroquí del aeropuerto de El Aaiún.

Los derechos humanos se vulneran todos los días en Marruecos y el presidente de la UE, Van Rompuy, ya lo puso de manifiesto en la última cumbre UE-Marruecos. Con los saharauis y sus defensores, a los que se persigue y fustiga; con los subsaharianos, a los que se utilizan como elemento de presión para lanzarlos a las aguas del Estrecho y del océano; con los habitantes de Ceuta y Melilla, a los que se les amenaza y boicotea; e incluso con los propios marroquíes, que sufren una férrea dictadura donde periodistas, disidentes, mujeres y librepensadores sufren todos los días un régimen de represión.

Y aun así, Zapatero mandó a Rubalcaba a Rabat a bajarse los pantalones. ¿Por qué le atraen tanto algunas dictaduras?

Carmelo Barrio Baroja es diputado del PP en el Parlamento vasco y miembro del Intergrupo Parlamentario Vasco Paz y Libertad para el Pueblo Saharaui.

visión personal

La Universidad siempre ha sido sensible a las vicisitudes políticas y sociales de los tiempos. Siempre se ha apelado a la Universidad como el foro de las libertades, el ágora donde tenían capacidad de convivencia las diferentes formas de ver y sentir la realidad social.

Si dentro del mundo universitario toman especial importancia los conceptos de libertad de cátedra y de expresión, intrínseco a los mismos se alzan el resto de libertades del ciudadano. Su negación sería la negación del mismo. Es por ello que no nos sorprende, pero sí preocupa, la obsesión que tienen algunos políticos nacionalistas por justificar su proyecto de construcción nacional, amparándose en discriminar positivamente los derechos y libertades que tienen por conveniente, pretendiendo dictar a la ciudadanía la prelación de sus derechos y la renuncia a sus libertades.

El recurso a la lengua, a la política lingüística, es un tótem agitado para llamar a filas, para marcar perfil propio, eso sí, con negación y exclusión de todo lo que tenga que ver con España y su lengua común.

La decisión del gobierno catalán de hacer realidad y plasmar en un decreto ley el acuerdo que alcanzó en noviembre de 2009 el Consejo Universitario de Cataluña, y que aplican voluntariamente las universidades catalanas desde entonces, pone a la exigencia del conocimiento de la lengua catalana un claro adjetivo identitario.

Ya en el año 2006, y posteriormente en 2008, ERC intentó que prosperara dicha exigencia, pero ésta fue rechazada por la mayoría de los rectores de las universidades, quienes optaron por considerar que el mejor camino era el de flexibilizar la exigencia convirtiéndola en un mérito.

Pero como hemos visto en estos últimos años, la política lingüística se utiliza como instrumento sancionador y de confrontación. Especialmente tras la sentencia del Estatut de Cataluña, y con la aprobación de algunas normas que ahondan en esa errática política lingüística (la ley de acogida de inmigrantes, ley del código de consumo, ley del cine), el gobierno catalán sigue dando pasos hacia el abismo de la reivindicación nacionalista, alejándose cada vez más de la realidad social.

Su intervencionismo en la Universidad se ha avivado especialmente al conocer los últimos datos que ponían en evidencia que, pese al dictado y las ingentes cantidades destinadas a tal fin, el catalán había perdido peso en las universidades catalanas.

La situación se ponía de relieve especialmente con la adaptación al espacio europeo de educación con la implantación del Plan de Bolonia. Han sido los estudios de la Plataforma per la llengua y los sindicatos de estudiantes nacionalistas los que han pedido al Gobierno que dé un paso al frente y tense más la cuerda en estos últimos meses de agónica legislatura. Pero la diferencia con 2006 y 2008 es que ahora algunos rectores han entrado al juego de las pretensiones políticas y han olvidado que el cuerpo de rectores universitarios es nacional, y que con la norma propuesta pueden producir situaciones de discriminación. Es sorprendente cómo el Tripartito y CiU juegan a la subasta de quién es más nacionalista, llevando los posicionamientos a una situación de esperpento.

Son muchos los argumentos con los que se pretenden justificar, tales como equilibrar el catalán y el castellano, la no retroactividad de la norma, así como un cierto margen a las excepciones a la imposición que, si bien será dejado al libre arbitrio del rector, no por ello dejará de estar vigilado de cerca por el gobierno de turno.

Es tan absurda la imposición que incluso profesores universitarios que se han declarado nacionalistas, como Xavier Sala i Martín, han puesto el grito en el cielo. No sin razón, el profesor de economía de Columbia, Harvard, Yale y Pompeu Fabra, que da sus clases en catalán, ha enfatizado que nadie en Estados Unidos le ha pedido que acredite su nivel de inglés, y que lo importante es la materia, no la lengua en la que se imparta.

Sin duda, la norma planteada puede revertir en nivel de calidad de la enseñanza universitaria en Cataluña limitando las expectativas de los centros y su posicionamiento a nivel mundial en contra de la excelencia y la competitividad.

La suerte de tener dos lenguas la tenemos los catalanes, que hemos disfrutado de una educación dentro de los parámetros de lo racional, dando importancia a los contenidos por encima de la lengua, que nunca debiera ser otra cosa que la expresión de una educación en libertad.

Ángeles Olano. Diputada del PP en el Parlamento de Cataluña. Portavoz de la Comisión de Economía.

El verano político ha estado amenizado por el anuncio de la celebración de elecciones primarias para la designación del candidato socialista a la presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid. Los dos únicos aspirantes serán Trinidad Jiménez, todavía ministra de Sanidad del actual Gobierno, y Tomas Gómez, secretario de la Federación del PSOE de Madrid (PSM).

Las primarias son una herramienta de ingeniería electoral importada de Estados Unidos que permite a los afiliados y simpatizantes de los partidos intervenir en el nombramiento de los candidatos a cargos públicos representativos, rompiendo así el monopolio de los aparatos burocráticos; su inconveniente principal es que las preferencias de los militantes no siempre reflejan los gustos de los votantes. La estructura de los partidos (laxa y descentralizada en América, rígida y jerárquica en España) y los sistemas de financiación y normas reglamentarias que rigen el procedimiento diferencian las primarias de uno y otro lado del Atlántico.

Ideada para democratizar a los partidos e impedir el mandarinato de sus dirigentes, la novedad ha tenido poco éxito en España, tal y como prueba la escasez de sus convocatorias. El PP continúa fiel a la práctica de que no sean los afiliados sino los órganos de dirección quienes invistan a los candidatos para las alcaldías, las presidencias de Comunidad y la presidencia del Gobierno. Así, Francisco Álvarez Cascos, pese a contar con importantes apoyos entre los militantes populares de Asturias, no podrá exigir que se celebren unas elecciones internas para designar candidato a la presidencia de su comunidad en mayo de 2011; Rajoy será el candidato del PP a la presidencia del Gobierno llueva, truene o relampaguee, a menos que un Congreso ordinario o extraordinario del partido lo impida.

Las primarias también han tenido un corto recorrido entre los socialistas por las restricciones estatutarias que las prohíben en determinados supuestos. De añadidura, la convocatoria para la presidencia de la comunidad autónoma madrileña no pretende tanto dirimir las pretensiones de dos aspirantes en igualdad de condiciones como resolver el conflicto creado entre las direcciones nacional y regional socialistas. El presidente del Gobierno apadrinó en su día la elección de Tomás Gómez, por entonces alcalde de Parla, como secretario general del PSM tras la dimisión semiforzada de Rafael Simancas, perdedor de las autonómicas de 2007; hace pocas semanas, sin embargo, Zapatero presionó -sin éxito- a su antiguo protegido para que renunciara en 2011 a la candidatura a la presidencia de la Comunidad en beneficio de Trinidad Jiménez, que perdió en 2003 la batalla por la alcaldía de Madrid cuando era una desconocida y fue impuesta como cabeza de las listas municipales socialistas por el actual presidente del Gobierno.

Zapatero intervino igualmente en la designación del candidato a las municipales madrileñas de 2007 imponiendo el nombre del novato Miguel Sebastián, premiado con el Ministerio de Industria después su previsible derrota. En ambos casos la operación de paracaidismo político perjudicó el normal desenvolvimiento de las instituciones municipales: la deserción los dos concejales socialistas electos y trasquilados -Trinidad Jiménez y Miguel Sebastián- dejó a la oposición socialista sin cabeza visible.

La resistencia de Tomás Gómez a satisfacer el deseo de Zapatero prolonga el levantisco historial de la Federación Socialista Madrileña, desgarrada en facciones movidas por las pasiones y los intereses. Pero la decisión de Tomás Gómez de forzar unas primarias cabría interpretarla también como un síntoma de que el poder o la autoridad del presidente del Gobierno está en retroceso: si el carisma de los dirigentes es una consecuencia de sus éxitos electorales, la caída en los sondeos es capaz de producir los efectos opuestos. El argumento más sólido a favor de Trinidad Jiménez y en contra de Tomás Gómez era -antes de que comenzase la trifulca- la desvaída imagen ante la opinión pública del secretario regional madrileño. Pero el anuncio de la celebración de las primarias ha reducido la ventaja de Trinidad Jiménez y proyectado la figura de su rival como un intrépido David que ha pasado del oscuro anonimato a un iluminado escenario. Por lo demás, las declaraciones de los ministros José Blanco y Alfredo Pérez Rubalcaba poniendo en berlina al modesto ex alcalde de Parla y acusándole absurdamente de ser un peón de la derecha, arroja serias dudas sobre la sinceridad de los propósitos gubernamentales de respetar la neutralidad del aparato oficial.

EL RUIDO DE LA CALLE

Veo a los gitanos en la puerta de los tribunales con su careto de guirlocheros o en los pasillos del hospital porque si se pone para el tinte uno, se ponen todos. Cumplen sus ritos: cuando llegan al juzgado, los gitanos van desarmados y son ellas las que llevan debajo del mandil las armas. Hasta que llegó Federico García Lorca, el rey de los gitanos, éstos habían tenido mala literatura y peores pragmáticas. Nuestros clásicos decían que los gitanos han venido al mundo para ser ladrones, creerse ladrones, criarse como ladrones y estudiar para ladrones.

Alguno reconoció que había dos clases de buscas, los que vivían en los palacios y los que birlaban mulas, y éstos eran menos dañinos. Camilo José Cela dice que a la gitanilla que en una tienda se guarda entre las sayas lo que ha robado se le dice mechera, pero si es una señora se le llama cleptómana.

En España a los gitanos, después de tantas persecuciones y deportaciones, se les ha aceptado, sobre todo en Andalucía. Pero otra vez, una vez más, como siempre, están arrestando y acosando a los calorros. El aire se conmueve y empalidecen los olivos, vuelve la cinta rayada con los peores manotazos de la recesión, como en los años treinta. Gobiernos europeos elegidos por los ciudadanos incendian los vertederos y los basureros donde se iban pudriendo los rumanos, los últimos europeos que se lavaban la cara en el río.

No exageremos las metáforas, aunque Sarkozy sea un sobrero y lleve alzas como Hitler, y Berlusconi tenga cierta traza y empaque mussoliniano, el remarque no es simétrico, sin embargo hay que advertir a ambos líderes políticos que palabras como deportar, etnia, destierro, confinamiento, proscripción, erradicar, gitanos delincuentes, inmigración, carga para la seguridad social, están repletas de significados fatídicos y ecos vergonzosos.

En Francia, la luz, el país de asilo, la tierra de la libertad, el cementerio de tantas persecuciones, deportan a seres humanos como si fueran chatarra. Parece increíble, desmantelan campamentos con churumbeles y patriarcas dentro. Setenta años después de que Hitler diera la orden de deportación de todos los judíos de Alemania y la castración de la “subraza gitana” un presidente francés ordena el destierro de miles de europeos con todos los derechos.

La poca izquierda que queda llama a este verano el de las deportaciones, el de la vergüenza. Parece que algunos ministros se desmarcan de la postura del desventurado presidente. Hay división en el gabinete. El ministro de Exteriores, un ex socialista, ha insinuado la posibilidad de dimitir. Pero como digo, están repitiéndose algunos de los sucesos de la vergüenza, de aquella pesadilla, que resucita en cualquier nación y en cualquier momento europeo. No hace tanto que hubo ajuste étnico en las naciones de Yugoslavia.

El proyecto de construcción de una mezquita cerca de la Zona Cero de Nueva York nos ofrece un ejemplo del impacto que ha tenido sobre la democracia el terrorismo islamista. La Zona Cero es la muestra de las consecuencias de aquellos ataques. Más de 2.600 personas murieron por la agresión de unos fanáticos. Ahora, muchos norteamericanos se oponen a la construcción, cerca de ese símbolo, de un centro musulmán, el cual, paradigmáticamente, se va a denominar Centro Córdoba. El nombre es una alegoría de la situación vivida en la Córdoba musulmana, donde convivían las tres religiones (musulmanes, cristianos y judíos). Al símbolo de la intolerancia religiosa de unos fanáticos islamistas se pretende contraponer la tolerancia cordobesa. Sin embargo, el nombre no es suficiente. Después de casi diez años de los atentados, sigue muy vivo en Estados Unidos lo sucedido. No parece que se pueda encontrar una solución fácil. A la dimensión simbólica, se suma la dimensión democrática, en la que se contrapone el número con los derechos. Unos alegan que la mayoría de los ciudadanos, tal y como lo acreditan las encuestas, son contrarios al proyecto, porque supone ultrajar el recuerdo de las víctimas. Mancillar el símbolo de los caídos por la democracia y por los derechos que los fanáticos aborrecen. Los miles de muertos cayeron no porque fueran responsables directos de nada que pudiese, incluso remotamente, justificar un sedicente castigo; murieron porque eran los ciudadanos de un Estado democrático cuyas libertades son consideradas como fuente de pecado en aquellas mentes fanáticas. Y este recuerdo merece sin duda mayor sensibilidad de la que se ha tenido por parte de los promotores, una falta de sensibilidad que les perjudica. Es indudable que los promotores están amparados por los derechos constitucionales: no sólo el derecho a la libertad religiosa, sino también por el derecho de propiedad.

Es elocuente que Ron Paul, representante republicano por Texas, uno de los más furibundos defensores del Estado mínimo y un crítico muy ácido de la Administración Obama, ha defendido el proyecto amparándose, precisamente, en la propiedad. Afirma que la defensa de la propiedad frente a cualquier intromisión pública conduce necesariamente a la defensa del proyecto. Sus promotores tienen el derecho a destinar su propiedad a lo que consideren oportuno, máxime cuando esa actividad está amparada por la libertad religiosa. Estamos ante un conflicto entre la sensibilidad y los derechos constitucionales. Estos también pueden doler, y doler mucho, remover muchas cosas y hacernos recordar que somos víctimas de los fanáticos. Ojalá el espíritu de tolerancia de la Córdoba musulmana se hiciera realidad. Mientras tanto, podemos observar cómo la democracia norteamericana, en el siglo XXI, pone en cuestión uno de los pilares sobre los que se edificó a fines del siglo XVIII.

¿Hay que legalizar la práctica de las trabajadoras del sexo? Los datos señalan que eso contribuiría a que se violaran más derechos básicos de un mayor número de mujeres. Más eficaz resulta criminalizar al cliente

La derecha más liberal y la izquierda más progresista están de acuerdo en una misma reforma. Hay que legalizar la prostitución. Para el liberal (hay muchas voces liberales, pero, por su estatura intelectual, recomiendo a Sala-i-Martín en La Vanguardia, 17-9-09), el Estado no puede prohibir el intercambio voluntario de servicios entre adultos a cambio de dinero. Para la progresista (ídem, Imma Mayol, EL PAÍS, 25-9-09), el Estado debe garantizar a las “trabajadoras del sexo” la salvaguarda de sus derechos. Para ambos, la regularización, al hacer aflorar una economía sumergida, reduciría tanto el tráfico ilegal de personas como los abusos y las condiciones de explotación en las que viven muchas prostitutas. Y, de paso, podríamos recaudar impuestos, que nos viene muy bien en tiempos de crisis. ¿Algo que objetar a esta conjunción de las mejores virtudes del mercado libre y del Estado regulador-protector?

Me temo que sí. La dificultad de obtener datos sobre un negocio tan oscuro como la prostitución es la perfecta justificación para que tanto el liberal como la progresista den rienda suelta a sus teorías sin tener que ofrecer evidencia empírica. Para el liberal, la bondad del mercado libre hará que mafiosos esclavistas se conviertan de un día a otro en respetables empresarios del sexo y puedan “contratar a las trabajadoras en origen y pagarles el viaje de ida y vuelta, eliminando así el negocio del traficante” (Sala-i-Martín). Para la progresista, la bondad del Estado actuará “promoviendo la existencia de espacios autogestionados, sin amos, que despojen al proxeneta de su funcionalidad” (Imma Mayol).

Pero los datos disponibles señalan que tanto la legalización de la prostitución (propuesta por liberales y progres) como la situación actual de relativa alegalidad (y defendida de facto por PSOE y PP) producen resultados peores que una tercera alternativa con pocos padrinos en nuestro país: la criminalización del cliente. Y es que tenemos evidencia cada vez más sólida de que actuar sobre la demanda de la prostitución (es decir, castigando al cliente) en lugar de sobre la oferta (es decir, regulando la prostitución, como proponen liberales y progresistas) tiene efectos positivos.

Liberales y progresistas asumen que existe una demanda varonil elevada y relativamente fija de servicios sexuales. Dicha demanda sería el resultado de diferencias entre hombres y mujeres, ya sean de índole biológica (para los liberales) o cultural (para los progresistas). Por ello, prohibir la demanda solo conduciría a un desplazamiento de la prostitución de la calle o del burdel a lugares más siniestros. Pero la experiencia de otros países desafía estas asunciones simplistas sobre la naturaleza varonil, pues la demanda -oh, sorpresa- cae en picado cuando se penaliza la compra de sexo. Por ejemplo, pocos años después de la puesta en marcha, en 1999, de una política de penalización al cliente en Suecia, se calcula que el número de prostitutas se había reducido entre un 30% y un 50%, y el de clientes entre un 75% y un 80%.

La caída de la demanda en países prohibicionistas como Suecia ahoga a la oferta, especialmente la que proviene del negocio más sucio que prolifera en el mundo globalizado actual: el tráfico de mujeres (y niñas) con fines sexuales -que representa, de acuerdo con Naciones Unidas, un 87% de los cuatro millones de seres humanos que son explotados como esclavos anualmente. Así, mientras los traficantes de esclavas sexuales logran introducir anualmente entre 400 y 600 víctimas en Suecia para saciar los apetitos sexuales de aquellos ciudadanos que son capaces de arriesgarse a una pena por comprar sexo, en las vecinas Finlandia o Dinamarca, con la mitad de la población, pero con leyes más permisivas hacia la prostitución, las mafias podrían estar infiltrando hasta 15.000 víctimas al año. Empujados por la elocuencia de estos datos, los políticos nórdicos, sobre todo finlandeses y noruegos, están optando por la “vía sueca”, empezando a criminalizar la compra de sexo.

La penalización de los clientes en Noruega ha sido aprovechada además por los economistas Jakobsson y Kotsadam para estudiar lo más científicamente posible los efectos de una política pública. Es decir, mirando qué pasa antes y después de la reforma y, al mismo tiempo, comparando con otros países en los que no ha habido ningún cambio legislativo durante ese periodo. Los resultados son inequívocos: la demanda de prostitución en Noruega ha caído de forma significativa desde la criminalización del cliente. En un análisis de 30 países, estos mismos autores señalan que allí donde hay un mayor reconocimiento legal de la prostitución también existe un mayor tráfico de esclavas sexuales. O sea, exactamente lo contrario de lo que predicen el liberal y la progresista.

Las razones son obvias. Donde la compra de sexo es ilegal, los costes en los que incurren las mafias esclavistas de mujeres para garantizar a los clientes que no serán descubiertos y penalizados se vuelven demasiado altos. En conversaciones interceptadas por la policía, los propios traficantes, que no dejan de ser hombres de negocios, admiten que no vale la pena trabajar en los países prohibicionistas. Es más sencillo operar en lugares como Holanda, Alemania o España, donde, ya sea de forma legal o alegal, todo el que quiere comprar sexo lo puede hacer en un instante, de forma sencilla y sin riesgo a ser castigado.

Los estudios también apuntan a que cuando la prostitución se regula como una actividad económica más, los abusos sobre las libertades individuales de las prostitutas no decrecen, como pretenden hacernos creer liberales y progresistas, sino que aumentan. Con la regularización de la prostitución, los traficantes de seres humanos, experimentados en tergiversar la voluntad de jóvenes y de niñas, encuentran una fachada legal perfecta con la que cubrir sus actividades delictivas. Por una parte, no les cuesta “convencer” a muchas víctimas potenciales, mediante las manipulaciones físicas y psicológicas más perversas, para que se registren como trabajadoras del sexo. Por otra parte, ¿alguien espera que el crimen organizado empiece a pagar impuestos y declare sus actividades más lucrativas, como la prostitución de menores o los depravados tratamientos hormonales a los que son sometidos muchas prostitutas? Encontramos ejemplos de legalizaciones de la prostitución con resultados perversos en todo el mundo, desde Alemania a Australia, pasando por Nevada en Estados Unidos. Una consecuencia frecuente de regularizar la compra de sexo es que, mientras el número de burdeles legales crece, los negocios ilegales -por ejemplo, con prostitutas menores de edad- se multiplican.

El liberal suele comparar a las “operarias del amor” que ejercen su profesión libremente con otros trabajos regularizados que no se hacen por el amor al arte sino por dinero, como lavar urinarios. El problema es que el intercambio sexual se da, por su propia naturaleza, en un contexto de intimidad y clandestinidad, en el que algunos elementos del “contrato” quedan a la discreción de una de las partes, con consecuencias potencialmente devastadoras para la otra. Volvamos a los datos. Un estudio en nueve países encontró que del 60% al 75% de las mujeres que ejercen la prostitución han sido violadas, del 70% al 95% físicamente agredidas y un 68% presentan síndromes de estrés postraumático similares a los de los veteranos de guerra bajo tratamiento psiquiátrico. Si alguien nos mostrara que alguna profesión reconocida produce secuelas físicas, mentales y emocionales solo remotamente similares, solicitaríamos la inmediata ilegalización de la misma.

Por todo ello, hay motivos para pensar que legalizar la actividad de las “trabajadoras del sexo” (el proletario término preferido por la progresista) o el “outsourcing sexual” (el anglicismo usado por el liberal) contribuiría a que se violaran más derechos básicos de un mayor número de mujeres. Siguiendo criterios serios para evaluar políticas públicas, la única medida que parece efectiva para combatir el tráfico y la esclavitud con fines sexuales es criminalizar la compra de sexo. Ya es hora de que esta medida se estudie seriamente en España.

Víctor Lapuente Giné es profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Gotemburgo, Suecia.

TRIBUNA: SOCIEDAD Y EMPLEO

El autor sostiene que los representantes de los trabajadores deben ser firmes en su defensa de los derechos laborales

Zapatero nunca había faltado a Rodiezmo desde que en 2000 tomara las riendas del PSOE. Su no asistencia a la fiesta minera del próximo domingo ha dado mucho de que hablar en la prensa, pues se supone representa el divorcio entre el actual presidente del Gobierno y los sindicatos. Unos sindicatos que en el actual contexto de despidos, rebajas salariales y reformas laborales están en el disparadero de la opinión pública.

Tener algunos años tiene sus ventajas. Una de ellas es estar alerta cuando se otea en el horizonte que uno va a contemplar cómo se repite una historia que ya había vivido. Creo que esto es lo que me está empezando a ocurrir cuando observo el tratamiento que muchos hacen de las movilizaciones sindicales.

En los años 80 del siglo pasado también hubo huelgas muy importantes de los sindicatos, también hubo conflictos sociales muy agudos, también asistimos a una campaña de descalificaciones. Sin embargo, había diferencias notables con el momento actual.

Los sindicatos, a lo largo de la Transición, habían dado muestras de una gran cordura, de una indudable sensatez, de una inequívoca moderación. Fueron impelidos a aceptar los Pactos de la Moncloa negociados por los partidos políticos; se les invitó a no plantear problemas cuando se consensuaba la Constitución; levantaron un poco la voz en el año 80 pero el 23 de febrero del 81 exigía de nuevo moderación. Y de nuevo estuvieron dispuestos a aportar su granito de arena a cambio de ser siempre los parientes pobres de la Transición. Ellos eran el símbolo de la moderación en un país atenazado por el golpismo y por el terrorismo; un símbolo que se podía agradecer, pero del que se esperaba que no pidiera nada a cambio.

Llegaron los socialistas al Gobierno en octubre del 82 y la prioridad era consolidar la democracia, subordinar el poder militar al civil, integrarnos en Europa, y propiciar una salida de una crisis económica en la que había que reconvertir buena parte de nuestro tejido productivo. Los sindicatos aguantaron, negociaron, colaboraron. Pero llegó un momento en que pensaron que era el momento de repartir beneficios, que no se podía seguir sembrando para que cosecharan los de siempre.

Los más viejos del lugar recordarán la que se armó. Por si tuvieran alguna duda, hay muchos testimonios al respecto pero uno bien reciente puede ayudar a refrescar la memoria. En una conferencia reciente acerca de las bases socioeconómicas de la democracia, afirmaba Miguel Boyer: «Hubo que hacer una dura reconversión industrial. Con energía y con inteligencia, Carlos Solchaga es una persona a la que en una crisis económica no le tiembla la decisión y aguanta como aguantó entonces golpes de los sindicatos, entonces con Nicolás Redondo, que no era como el bendito Cándido Méndez, del que en los últimos años hemos disfrutado. Era otro personaje mucho más difícil».

Y ese fue el relato que los gestores económicos de la época, muchos de los cuadros políticos del momento, y muchos de los historiadores elaboraron y transmitieron. Se lo dijeron a sí mismos tantas veces que acabaron por convencerse de que todo aquello había sido fruto de la personalidad compleja e irascible, difícil, del líder de la UGT. Cosas así no volverían a ocurrir, se decían, porque ahora tenemos otros líderes sindicales, que son unos benditos.

Pero llegó un 12 de mayo del 2010 en que se cambió el guión, en que como no pudimos cambiar a los mercados, los mercados nos cambiaron a nosotros, y por ello era imprescindible recortar derechos sociales, abolir garantías laborales y propiciar una política de austeridad. Y se esperaba que los benditos siguieran siendo eso, benditos. Pero como no podían ni debían serlo comenzaron a resistirse y entonces comenzó también una gran operación de deslegitimación de los sindicatos; con grandes diferencias, por cierto, en relación con lo que vivimos aquellos años 80.

En aquel momento todavía se vivía dentro de lo que se llamaba familia socialista porque sindicato y partido estaban juntos, unidos en el mismo combate. Esa al menos era la retórica. Después se vio que las cosas eran más complicadas y se agudizó la autonomía sindical por un lado y el partido como máquina electoral por otro. En aquel momento el contexto era mucho más dramático para el militante socialista, que vivía escindido entre dos disciplinas. Hoy, por el contrario, los partidos tienden a una militancia mucho más difusa y a centrarse en políticas que ahondan en el radicalismo cívico y se alejan de la tradición socialdemócrata.

Desactivado el drama familiar los sindicatos se enfrentan a un problema mucho más arduo. El tiempo no ha pasado en vano. En los 80, la derecha política en España era muy débil y la derecha mediática no veía con malos ojos dar un correctivo por la izquierda al Gobierno de Felipe Gónzalez, ya que consideraban que era una buena estrategia para bajarle los humos.

Hoy las cosas son distintas porque en España hay una derecha política y una derecha mediática muy fuertes. Hoy el mundo del neoliberalismo ha erosionado en toda Europa los principios del Estado social. Por ello el ataque para deslegitimar a los sindicatos se ha desplazado. Desde el Gobierno vienen las medidas que socavan los principios en los que se sustenta el Estado del bienestar pero la retórica gruesa, la campaña para evitar el eco de las reivindicaciones, viene por parte de los sectores intelectuales y mediáticos que piensan que los sindicatos están de más. Son los que creen que ya está bien de aguantar; que no están dispuestos a pagar con sus impuestos a las organizaciones sindicales para que tengan liberados que se ocupen de las tareas organizativas; son los que defienden que no tienen sentido las actividades de formación de los trabajadores; ni la regulación de los contratos, ni la negociación de los convenios. Y todos los que defienden estas tesis son muchos y tienen mucha fuerza.

¿Cómo responder a esta campaña? Creo que es imprescindible elaborar un relato propio sobre la historia pasada y articular un proyecto para afrontar los retos que nos esperan en los próximos años. Sin ese relato y ese proyecto los sindicatos están perdidos.

Toda la lógica perversa del momento actual se resume en una entrevista hecha al mismo Boyer cuando le preguntan si tiene voluntad de volver. Elegantemente dice que no, que ya pasó su hora, que hay que dejar esa tarea a los más jóvenes, pero que, por cierto, dados los salarios en la función pública a esos puestos corremos el peligro que sólo lleguen los analfabetos. Esto lo dice la misma persona que considera imprescindible reducir el déficit público, adelgazar el Estado, imponer austeridad a esos funcionarios que ya cobran poco, pero que tendrán que apretarse aún más el cinturón.

Aquí está la clave. Los que operan en el primer tercio siguen disfrutando de unos ingresos a los que nunca llega el médico de la seguridad social, el juez, el técnico de la administración civil o el profesor de universidad, pero lo importante es movilizar todas las energías para que este sector intermedio considere que sus males no vienen de los ingresos escandalosos de los que no son analfabetos, sino que vienen de los sindicalistas que monopolizan el mercado laboral y constituyen la aristocracia obrera.

La batalla por las palabras es muy importante y la lucha contra los estigmas y los prejuicios todavía más. Mientras los sindicatos no logren movilizar al segundo tercio para su causa la batalla estará perdida. Y sólo lo harán si todos esos sectores perciben que además de defender la dignidad (algo muy importante pero insuficiente) hay alguna posibilidad de obtener alguna victoria, algún cambio en las políticas de los gobernantes españoles y europeos.

En este sentido el que la huelga de los funcionarios del pasado mes de junio fuera un fracaso puede ser una suerte porque a los benditos les va a exigir una rectificación en su estrategia de cara a la huelga general convocada para el 29 de septiembre. Es el momento de despertar y de preparar a las bases sindicales para un combate que tendrá momentos decisivos a corto plazo, pero que inexorablemente hay que saber que se juega a medio plazo.

En aquellos 80 los gobernantes tenían un margen de maniobra mayor, al tener una moneda propia; hoy los dictados vienen de fuera pero, por ello mismo, es imprescindible elevar el punto de mira y recordar que no estamos de acuerdo con este tipo de construcción europea. Cuando se discutía sobre las reformas a desarrollar en el seno de la UE los sindicatos siempre defendieron un sí crítico a los distintos procesos: de acuerdo con las reformas siempre y cuando se respetaran los derechos laborales, se preservara el modelo social europeo y se garantizara el bienestar. Era un sí condicionado a mantener un modelo que ha sido el orgullo de la cultura europea. Si ahora se va erosionando ese modelo, si se asiste a anuncios dramáticos acerca del futuro de las pensiones, de la calidad de los servicios públicos, de la edad de jubilación, hay que responder a nivel nacional y europeo con claridad y con contundencia.

Será difícil, habrá que movilizar a los que están deprimidos e insuflar ánimos a los que ven todos los procesos como algo frente a lo que nada se puede hacer; habrá que recuperar para la lucha a los que hace tiempo abandonaron esas prácticas y habrá que dar esperanzas a los que consideran que el futuro ya está escrito.

Y todo esto habrá que hacerlo en un contexto atravesado por las emociones más dispares donde se corre el peligro de aparecer como el que quiere poner palos en la rueda sin tener nada que ofrecer, o como el aguafiestas que estropea incluso los momentos gozosos. Para el interesado en visualizar este peligro, le recomiendo que busque un vídeo del telediario sin desperdicio. Se hablaba de la alegría por el triunfo de España en el Mundial cuando al reportero se le escapó «y mientras tanto, los trabajadores del Metro aguando la fiesta».

Y en eso estamos. Los benditos llamados a aguar la fiesta, a recordar que nos estamos jugando mucho, a pedir una rectificación política en Madrid y en Bruselas. Pero a esos benditos hay que recordarles un hecho sucedido no en los años 80, sino en este siglo XXI. Cuando comenzaron las primeras protestas en EEUU contra la política de Bush en Irak, cuando los intelectuales empezaron a difundir la consigna de que no estaban dispuestos a secundar cualquier estrategia contra el terrorismo, no al menos en su nombre, muchos escépticos dijeron que nadie se movilizaría, que el miedo por los actos terroristas atenazaba las reacciones, que no habría apenas oposición; y para su sorpresa todos pudimos asistir a las movilizaciones más importantes que ha vivido Europa después de la Segunda Guerra Mundial.

Si las organizaciones sindicales europeas despiertan del letargo y comprenden que incluso los benditos a veces tienen que mostrar el tigre que llevan dentro, podremos comenzar a resistir esta deriva neoliberal que amenaza con arrasar con todo y con todos.

Antonio García Santesmases es catedrático de Filosofía Política de la Uned.

La certeza moral de que la liberación de los dos cooperantes catalanes Vilalta y Pascual fue lograda a cambio de un rescate de muchos euros, de la excarcelación de un terrorista y del pago de otra buena cantidad de dinero a las instancias y personas que intermediaron en la operación ha suscitado un debate público y unas críticas que parecen desvanecerse como aparecieron, entre titubeos. Los más disconformes con lo ocurrido han enunciado el problema, pero, de manera significativa, no se atreven del todo a formular una solución distinta a la que supuestamente trazó el Gobierno. La explicación es bien sencilla: el dilema planteado ante las exigencias de los secuestradores no puede encontrar una solución definitiva y plenamente coherente por parte del Estado democrático, que, a lo sumo, deberá esforzarse en minimizar los efectos negativos que pudiera acarrear su proceder.

El Gobierno -se ha dicho- debe dar cuenta en sede parlamentaria sobre los pormenores de su actuación y la de los servicios del Estado. Incluso se ha llegado a exigir que toda esa información se aporte en sesión pública, dejando para la comisión de Secretos Oficiales del Congreso aquella que verse sobre el presumible uso de fondos reservados. Esta es la posición formal del PP. Se ha enjuiciado con severidad la gestión gubernamental de la crisis, que se confirma en las acusaciones más o menos explícitas de que el Ejecutivo ha contribuido a engrandecer Al Qaeda y a financiarla. Hay formaciones políticas y sectores de opinión que, al parecer, hubiesen sido partidarios de una actitud de firmeza frente a los secuestradores. Aunque no lo dijeron durante el secuestro; es de suponer que para evitar una polémica pública que pusiera en riesgo la integridad de los cooperantes. Pero lo más elocuente del caso es que, tras su liberación, tampoco son capaces de llevar la crítica hasta sus últimas consecuencias. Por ejemplo, Rajoy podría haber declarado que un gobierno presidido por él jamás hubiese cedido al chantaje, pero no lo ha hecho.

Es perfectamente exigible que, en el Estado de derecho, el Gobierno responda punto por punto de sus acciones ante la Cámara parlamentaria y ante los ciudadanos. Pero de llevarse la lógica al extremo, no tendría sentido la existencia de “secretos oficiales” ni de fondos reservados. Como tampoco convendría esperar al final de una determinada crisis para dar cuenta de lo que se haga en cada momento. Es perfectamente legítimo que se aspire a una democracia representativa absolutamente transparente. Lo que resulta inconsecuente es que se defienda eso únicamente cuando se está en la oposición o porque se albergan recelos hacia el gobierno de turno. El sistema democrático funciona con un grado de transparencia tan razonable como perfectible, pero se ve obligado a combinar el máximo de información con la confianza que las propias instituciones depositan en sus gestores ejecutivos.

Sería fantástico que hubiese una posición determinada, un manual de instrucciones fijado para afrontar aquellas crisis que impliquen un chantaje a cuenta de la vida de personas. Pero eso resulta prácticamente imposible. El mensaje de “no secuestren a españoles porque no obtendrán nada a cambio” sólo adquiriría credibilidad tras la muerte de algunos rehenes – cooperantes, turistas o funcionarios-que el gobierno se niegue a canjear a cambio de concesiones. A ese precio es impensable un compromiso compartido por las instituciones y por todos y cada uno de los ciudadanos. Compromiso que tampoco valdría de mucho si el acuerdo no se extendiera al conjunto de los países hasta universalizarse como pauta general e inmutable.

Lo ocurrido puede dar la sensación de que el Estado predica una cosa y hace la contraria. No es del todo cierto, porque los gobiernos tienden más bien a mantener un espacio de ambigüedad preventiva. Ambigüedad que resulta menos nociva cuando se administra con discreción que cuando da lugar a expresiones contradictorias, como esa de que “la única estrategia no debe ser pagar rescates”, dirigida por Sarkozy a sus embajadores, reconociendo implícitamente que llegado el caso ha de considerarse la cesión. Sería ideal que el Estado democrático pudiera funcionar sin ese espacio de ambigüedad preventiva. Pero no parece que sea factible frente a enemigos que no atienden a convención alguna. En un país con otra tradición, gobierno y oposición compartirían la suficiente información sobre la liberación de Pascual y Vilalta como para hurtársela juntos a la opinión pública. Aquí solo es de esperar que nadie se caliente la boca como para verse obligado a denunciar al Gobierno ante los tribunales por complicidad con Al Qaeda.

TRIBUNA

El caso HSBC es noticia por las cuentas bancarias no declaradas por algunos ciudadanos españoles. La Agencia Tributaria (AEAT) ha decidido actuar, pero sorprende el trato dispensado al invitarles previamente a regularizar; trato que no se justifica ni por las dudas legales que puedan existir sobre la validez en España de la información obtenida por medios ilícitos ni por el hecho que, según parece, los datos de que se disponen son incompletos. Sea como fuere, casos como el de HSBC invitan a la reflexión.

Primero, porque evidencian una cierta incompetencia de la Administración en la lucha contra el verdadero fraude ya que, de hecho, las actuaciones en curso son el fruto de la acción de un tercero ajeno a la AEAT y no de la política de esta última contra el fraude. Y segundo, porque una vez más se constata que la información que Hacienda no tiene no existe, circunstancia que preocupa, y mucho, porque significa que las actuaciones de la AEAT se centran básicamente en quienes declaran.

En definitiva, no se dedican los recursos necesarios a investigar lo oculto sino en comprobar lo ya declarado, actividades, sin embargo, que son muy distintas. Comprobar es verificar que lo declarado es correcto, y para ello el punto de partida son los datos declarados y los que la AEAT dispone, sin perjuicio de los que se descubran en el transcurso de la propia comprobación. Por el contrario, investigar es averiguar hechos, actos o negocios que no sólo no se han declarado, sino de los que la Administración no dispone de ninguna información.

Pero lo preocupante no es ya únicamente que esta última actividad no sea la habitual, sino que el éxito de la comprobación no sea tampoco atribuible íntegramente a la AEAT, sino fundamentalmente a los contribuyentes, a los que la normativa les impone desproporcionadas obligaciones de información y control cruzado. Por incomprensible que parezca, la denominada lucha contra el fraude se alimenta de una desmesurada presión sobre quienes cumplen, de interpretaciones al límite de una ley hecha más bien para alimentar la conflictividad, de un sistema en el que la duda razonable, se diga lo que se diga, es favorable a la Administración y de las desorbitadas facultades que la ley concede a la Administración y que parecen concebidas como si lo habitual fuera el fraude.

Pero sin negar el resultado que para esta tiene este sistema, la ausencia de investigación y los pleitos cuyo origen son la deficiente legislación protegen a quienes defraudan y desaniman a quienes cumplen. El caso HSBC creo será, de nuevo, un ejemplo más. A pesar de ello, no hay que olvidar que el principal antídoto frente al fraude es la asfixiante, rápida y ejemplar presión sobre quienes incumplen. Y, por favor, dejemos ya de repetir el temor a la fuga de capitales, ya que acabaremos dando las gracias a quienes más tienen aunque no sean quienes más paguen.

Antonio Durán-Sindreu Buxadé. Profesor de la UPF y socio director de Durán-Sindreu Abogados.

La mayoría de catalanes hemos pensado alguna vez que nuestra nación tiene muchas dificultades para formar parte de un Estado cuya Constitución ayudamos a redactar. Una Constitución que explicita realidades políticas diferentes cuando menciona la existencia de “nacionalidades y regiones”.

En un mundo internacionalizado aquello que es propio, próximo y único es lo que nos identifica y nos arraiga. Respecto a Cataluña: las instituciones históricas, la lengua y la cultura, la tradición jurídica. Quien lo ponga en duda estará ignorando la historia y esta es tozuda y reaparece con más fuerza cuando es negada.

Como miembro del Gobierno de Cataluña asistí a la manifestación del 10 de julio. Desde 1977 nunca se había reunido tanta gente en una manifestación.

De aquella protesta yo quiero recordar a una familia completa de la que estaban presentes cuatro generaciones: desde la abuela en silla de ruedas hasta la bisnieta que llevaba la senyera como capa. Todos mostraban una indignación democrática por la decisión de un tribunal deslegitimado que cuestiona aspectos sensibles del Estatut pero, sobre todo, por las actitudes contrarias a la legítima aspiración de Cataluña de incrementar su nivel de autogobierno.

Desde entonces, he leído y releído los estudios de opinión y la conclusión es que el 10 de julio había un pueblo diverso. Es cierto que el clamor por la independencia fue protagonista, pero también es cierto que la ausencia de otras consignas dejó sin voz a la gran mayoría del pueblo.

En cifras, alrededor del 60% cree que el autogobierno es un sistema que aún puede desarrollarse más en Cataluña. Pero ha crecido el número de ciudadanos que opina que es necesario volver a un Estado centralista, del 6% al 15%, y ha aumentado el de aquellos que se decantan porque Cataluña sea un Estado independiente, del 15% al 25%.

“Es una hora grave”, decía el presidente Montilla el 16 de julio, porque el largo proceso del Estatut ha mostrado una dura ofensiva del nacionalismo español, que se expresó claramente durante la etapa de José María Aznar en La Moncloa (gracias al pacto del Majestic con CiU) y que no ha parado de avanzar.

Mientras, el pensamiento independentista arraiga y se radicaliza, sin concretar a través de qué vía se podría llegar a la independencia

Hay que hablar claro, el independentismo cada vez más fraccionado no concreta nunca su propuesta y corre el riesgo de generar odio hacia España, igual que el centralismo reaccionario lo genera hacia Cataluña.

Rechazo el centralismo reaccionario, el autonomismo uniformador, el independentismo que no explica cómo se llega a la independencia y la ambigüedad del nacionalismo que se mueve desde hace años con la etiqueta del “soberanismo” que no quiere decir nada, que solo busca votos. En los 23 años que gobernó CiU no propuso nunca aumentar el nivel de autogobierno reformando el Estatut.

Queda el trabajo duro, nada fácil, de fortalecernos en el espíritu del pacto institucional y reclamar y proclamar que aquel Estado plurinacional, pluricultural y plurilingüístico solo puede existir si las fuerzas del progreso abrazan con más fuerza que nunca el objetivo del federalismo. El primer paso tiene que ser el compromiso del Gobierno central de hacer posible la meta que marcaba el Estatut de 2006 y no dar por cerrado ningún proceso de descentralización,

El segundo paso es la aceptación explícita de naciones en el seno del Estado, Y el siguiente es el establecimiento de mecanismos de conexión real entre estas realidades nacionales y las instituciones dependientes del Gobierno central.

Por definición, los Estados realmente federales son asimétricos, ya que las instituciones de cada realidad política evolucionan a ritmos diferentes (naciones en España, Estados en el caso de Estados Unidos, landers en el caso de Alemania), tan asimétricos que en Estados Unidos por el mismo delito algunos Estados aplican la pena de muerte y otros no.

En este momento el PSC tiene que alzar la voz clara y unánime en favor del federalismo, garantizando la unidad civil de nuestro pueblo, que es lo que nos ha hecho realmente fuertes. Pero es también la hora grave y exigente de los progresistas de todas las tierras de España, especialmente del PSOE, recuperando la vinculación inseparable del pensamiento progresista con el reconocimiento de las realidades nacionales. Y lo es mucho para CiU porque no puede seguir en el reino de las ambigüedades apoyando el Estatut y renegando de él a la vez, coqueteando con el independentismo sin querer llegar a la independencia, sin rechazar a quienes crearon la actual crisis institucional por haber llevado el Estatut al Tribunal Constitucional, es decir, sin atacar nunca al PP sencillamente porque cree que así ganará las elecciones.

Es una hora grave, pero también es la hora de otro tipo de política, de perder el miedo a las palabras, de hablar claro, de hacer lo que se dice, de un nuevo esfuerzo estimulante, porque el pesimismo y la negación no ayudan a avanzar. Y Cataluña necesita, urgentemente, avanzar.

Montserrat Tura i Camafreita es consejera de Justicia de la Generalitat de Cataluña.

La necesidad de modificar el sistema viene dada por el envejecimiento de la población que, aunque algo atenuado por la inmigración, afecta al conjunto de la Unión Europea y es más acentuado en España.

El anuncio de una reforma del sistema de pensiones despierta siempre fuerte temor entre los ciudadanos, ante la posibilidad de que pueda afectar a su modo de vida durante un periodo que podría suponer una cuarta parte de su existencia en el caso de la jubilación, o incluso más si se trata de una situación de incapacidad o viudedad. Por ello, y puesto que los cambios en la Seguridad Social modifican las expectativas que se van construyendo a lo largo de la vida laboral sobre la base del esfuerzo de cotización y de una legislación que se considera estable, en todo proceso de cambio, para hacerlo lo más comprensible posible es conveniente explicar, al menos, estas cuatro cuestiones: 1) ¿qué tipo de reforma se plantea? 2) ¿por qué es necesario realizar modificaciones? 3) ¿qué es lo que puede variar? y 4) ¿a qué ciudadanos puede afectar?

1) En cuanto al tipo de reforma, los dos planteamientos que suelen enfrentarse en los debates sobre el futuro de las pensiones se centran en el modelo que el sistema debe adoptar. Algunos -presuponiendo su inviabilidad futura- proponen la sustitución del vigente modelo de reparto por otro de capitalización individual. Otros, por el contrario, consideran que el actual sistema de pensiones, solidario y de prestaciones definidas, es el que mejor cubre las necesidades presentes y futuras de nuestra sociedad, pero estiman necesario que se adapte a las variaciones que se producen en el entorno demográfico, económico o social, introduciendo modificaciones paramétricas que refuercen su estabilidad y permanencia en el tiempo. Todo parece indicar que la reforma que plantea la Administración prevé la modificación de determinadas variables sin alterar la esencia del sistema, por lo que el cambio que se propone sigue la misma dirección de los que se han realizado anteriormente en el periodo democrático y está en concordancia con las recomendaciones establecidas en el Pacto de Toledo.

2) ¿Por qué es necesaria la reforma? En mi opinión, porque hay que afrontar el problema del envejecimiento de la población. Esta tendencia demográfica, algo atenuada por la inmigración, afecta al conjunto de la Unión Europea, pero en el caso de España está más acentuada como refleja la evolución de la proporción de personas de 65 o más años sobre la población total que ha pasado de representar el 11,2% en 1981 al 18,1% en el 2010 y se estima alcanzará previsiblemente el 20,6% de la población en 2020. Son datos que inciden negativamente en la tasa de dependencia (relación entre la población de 16 a 64 años y la de 65 o más) que influye, a su vez, junto con la tasa de actividad, en la proporción activos/pasivos de la Seguridad Social y, en consecuencia, en la estabilidad del sistema de pensiones. Por otra parte, en España el aumento de la esperanza de vida al nacer ha sido, afortunadamente, muy intenso en las tres últimas décadas, pasando en los hombres de 72,1 a 78,6 años y en las mujeres de 78,1 a 84,9, en el periodo 1980-2010. Esta prolongación de la esperanza de vida sigue una tendencia creciente que, previsiblemente, en un horizonte de unos 25 años puede plantear tensiones económicas importantes por la relación entre el tiempo durante el que se contribuye y el tiempo durante el que se percibe la prestación, lo cual afecta al sistema de pensiones.

3) ¿Qué cambios pueden afrontarse ante este horizonte demográfico? Entre otros, aumentar la proporcionalidad entre el esfuerzo de cotización realizado a lo largo de la vida laboral y la cuantía de la pensión, fortaleciendo el carácter contributivo del sistema. Esto se lograría considerando un periodo mayor que el actual de 15 años para calcular la base reguladora sobre la que se aplica el porcentaje para determinar la pensión. Esta medida ponderaría mejor el esfuerzo contributivo a lo largo de la vida profesional y, además, corregiría el perjuicio que provoca la legislación en vigor a los trabajadores con 50 o más años que cesan en el trabajo y pasan al desempleo, cuya pensión en la actualidad se fija en función de las bases de cotización de los últimos 15 años que son, en la mayoría de estos casos, las más bajas de su vida laboral.

Junto con la medida anterior convendría establecer un mayor equilibrio actuarial entre el tiempo de cotización y el que se percibe la prestación, lo cual lleva a tener que plantearse, en primer lugar, medidas que tiendan a hacer coincidir la edad real de jubilación con la legal (65 años) ya que en 2009 el 41% de las personas que accedieron a la jubilación tenían menos de 65 años, por lo que el promedio de la edad de entrada en la jubilación en ese periodo fue de 63,8 años frente a los 65 establecidos con carácter general. En segundo término, promover la prolongación voluntaria de la vida activa laboral con medidas que sean más eficaces que las que están en vigor (solamente el 0,4% de los afiliados ocupados del Régimen General son mayores de 65 años). En tercer y último término, debería estudiarse la posibilidad de retrasar la edad legal de retiro, considerando esta como una edad general de referencia que tendría que ser aplicada con flexibilidad teniendo en cuenta las distintas características de las condiciones de trabajo.

4) ¿A quién pueden afectar estas reformas? En materia de Seguridad Social los cambios se aplican paulatinamente a lo largo de periodos de tiempo muy dilatados y exclusivamente a los nuevos beneficiarios de las prestaciones. Por tanto, las reformas no afectan a los que ya son pensionistas, y a los afiliados activos únicamente cuando devenguen la pensión y solo en aquella parte de la reforma que esté aplicándose en esa fecha.

Esta secuencia de implantación de las reformas pone de manifiesto que, teniendo en cuenta que cada año se generan en torno a 260.000 nuevas pensiones de jubilación frente a las más de ocho millones reconocidas, el efecto económico de los cambios tiene una incidencia muy limitada en el corto plazo y sólo transcurridos aproximadamente 20 años mostraría plenos efectos. Por ello, las reformas deben plantearse pensando en resolver los problemas demográficos que pueden presentarse en el futuro.

Cuestión distinta es la “congelación” de las pensiones contributivas de cuantía superior a las mínimas en el año 2011. Esta medida, que por su carácter coyuntural no cabe encuadrar en el concepto de “reforma” del sistema de pensiones, sí reduce de modo inmediato el importe del gasto y sí afecta a los pensionistas actuales, ya que la eventual pérdida de poder adquisitivo que podría producirse es difícil de recuperar en el futuro (las sucesivas revalorizaciones de pensiones se aplican sobre las anteriores, por lo que tiene un efecto acumulativo) cuando vuelva a crecer la economía nacional. Por eso, tal vez el ahorro que esta medida supone, en torno a 1.500 millones de euros, podría haberse logrado por otras vías, como por ejemplo aplicando a este fin una pequeña parte de las reservas constituidas (2,5%) que, conforme a lo recogido en el Pacto de Toledo, tienen como finalidad el que puedan utilizarse en los momentos bajos del ciclo económico.

Abordadas las cuestiones anteriores, que es preciso exponer con detalle a los ciudadanos, quedaría pendiente aún una última cuestión: ¿cuál es el ámbito adecuado para estudiar y adoptar, con consenso político, las reformas que den estabilidad al sistema de pensiones y, en general, a la Seguridad Social? La respuesta no puede ser otra que el Pacto de Toledo. Este acuerdo, aprobado por el Congreso de los Diputados en abril de 1995, ya preveía que “el sistema de pensiones debe prepararse para hacer frente, sobre todo en el largo plazo, a un incremento de sus obligaciones con las próximas generaciones de pensionistas. Garantizar el fiel cumplimiento de las expectativas debe constituir un compromiso firme de toda la Nación y deben asegurarse las condiciones que permitan su financiación…”. El Pacto de Toledo, que fue renovado en el año 2003, ha marcado hasta la fecha el camino de adaptación de nuestro sistema a los distintos cambios que a lo largo del tiempo se producen en la sociedad, en un ambiente de corresponsabilidad política y siguiendo una tendencia que converge con la evolución de los sistemas en los países de la Unión Europea.

Adolfo Jiménez Fernández es economista y secretario general de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social.

TRIBUNA

El debate sobre terrorismo y Estado de Derecho es tan antiguo como los crímenes que piratas y terroristas llevan cometiendo siglos. Desde la toma de rehenes para rescate por corsarios al megaterrorismo en red del siglo XXI, las cuestiones centrales han sido similares: cómo se gestiona una crisis terrorista, especialmente si se trata de un secuestro. Pero esta polémica se intensifica y adquiere varias dimensiones, la política, la de opinión pública, la ético-moral y, por supuesto, la legal. Todos estos aspectos forman parte de un problema complejo, en el que sin embargo, conviene tener las ideas claras.

Como ejemplo de la importancia que adquiere el debate sobre el terrorismo en el siglo XX, basta leer el discurso pronunciado por Theodore Roosevelt en el funeral del asesinado presidente McInley -el de la Guerra de Cuba- al que sucedía al frente de la Casa Blanca. Buena parte de los ejes centrales de ese discurso los podríamos encontrar en cualquier declaración de un Gobierno en nuestro siglo. ¿Entonces por qué la controversia, si los Gobiernos democráticos saben que frente al terror sólo cabe la firmeza democrática, dentro de la ley y el Estado de Derecho? Pues simplemente porque en este siglo se empieza a atisbar una preocupante relajación de esa indispensable firmeza.

En la era de los secuestros aéreos, los Gobiernos no negociaron con terroristas y eso tuvo un efecto muy claro y positivo: el declive de ese tipo de delitos, gracias también a la mejora de las medidas de seguridad. Cuando el terrorismo cambia, y el secuestrador no tiene ya como objetivo salvar su propia vida, la negociación no existe, se secuestra para asesinar. Pero los secuestros de personas tienen varios objetivos. Primero, el de propaganda; segundo, el de la presión y el chantaje, extender la sensación de inseguridad; tercero, desestabilizar al país o región en el que operan; y por último, obtener fondos para financiar sus redes criminales. Por ello los sindicatos del crimen y las organizaciones terroristas son cada vez más parecidas y se imitan mutuamente.

Las mafias se hacen cada vez más violentas para que el chantaje, la intimidación y la extorsión sean cada vez más eficaces. De ahí que algunos cárteles de droga que operan en México hayan adoptado técnicas de asesinato de los grupos terroristas yihadistas, decapitación por cuchillo de monte, asesinato aparentemente indiscriminado, el secuestro para intimidar a las fuerzas de seguridad o la tortura, todo ello publicitado de manera explícita para ser más efectivos en su barbarie.

Las organizaciones terroristas, e incluso las células individualmente consideradas, se dedican a la comisión de los delitos más lucrativos para obtener el mayor beneficio posible para financiar sus estructuras, y de forma creciente para enriquecer a sus cúpulas. De ese modo el terrorismo se ha convertido en uno de los principales sindicatos criminales dedicados al tráfico de drogas (Las FARC -que es el mayor productor y exportador de cocaína del mundo- y el ELN en Colombia, los talibán en Afganistán), de armas, seres humanos, fraude, chantaje, ciberdelito y robo y falsificación de tarjetas de crédito. Y por supuesto al secuestro, que se ha convertido en uno de los más lucrativos.

Sólo en Europa, a lo largo del año 2008 el fraude criminal en cajeros automáticos ascendió a la escalofriante suma de 600 millones de euros. Los datos de 2009 son mucho peores. Cabe preguntarse qué proporción de ese dinero ha acabado en manos de organizaciones terroristas. Los que operan en el Sahel son, además, bandidos y traficantes, lo que produce confusión en muchos ingenuos que creen que los bandidos no son terroristas. Pues bien, son las dos cosas, y sus delitos sirven para su lucro personal y para dar autonomía financiera a las células y campamentos.

El centro de la polémica es si se debe o no pagar rescate a piratas y terroristas. Rotundamente no, y no sólo porque es una actividad ilegal y tipificada en nuestro Código Penal, sino porque la cesión ante el terror tiene unas gravísimas consecuencias en cascada. La primera y más obvia es que financia la industria criminal, y a las organizaciones y sus estructuras. Segundo, anima al autor a seguir haciéndolo ante su éxito, y a otros a lanzarse a esa empresa criminal. La tercera es el logro de un muy eficaz y perturbador efecto de propaganda, primero hacia sus propias huestes que se sienten arengadas con su éxito, y por otra parte en la publicidad que la organización terrorista obtiene en el mundo entero, lo que necesariamente redunda en beneficio de la sensación de inseguridad que buscan sembrar, dando la sensación de ser poderosas organizaciones.

El éxito es celebrado e instrumentalizado como una gran victoria del grupo. Si además consiguen poner en evidencia al Gobierno que negocia y que ha cedido, cosa que siempre intentan, logran trasladar una sensación de poder y de legitimidad, pues no en vano piensan y tratan de transmitir que un Estado democrático los ha sentado en la mesa de negociación como un igual, como un actor político legítimo.

El último razonamiento es el del peligro en que se pone a nuestros nacionales, como los propios sindicatos policiales han denunciado. Un país que negocia y paga es considerado un objetivo fácil. Por otra parte, también se pone en peligro a los nacionales de otros estados, pues ninguno llevamos pintada en la frente la bandera de nuestra nacionalidad.

En definitiva, el pago de rescate es una derrota de la democracia, del Estado de Derecho, y una agresión frontal al imperio de la ley. La satisfacción indudable por las vidas salvadas no puede nublar nuestro entendimiento, y el Gobierno socialista no puede pretender celebrar como un éxito lo que es una derrota colectiva de nuestra democracia, la cesión ante el terror. Cuando una organización criminal, terrorista o mafiosa secuestran a un ciudadano, y el Estado de Derecho cede y paga, nos han secuestrado y vencido a los 47 millones de habitantes, y con nosotros, al resto de democracias del mundo.

Este nuevo siglo apunta maneras muy preocupantes, habrá un creciente número de regiones o zonas de alto riesgo, verdaderos territorios sin ley, orden, seguridad o libertad. Un número importante de regiones como amplias zonas del Sahel; la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela por la connivencia entre las FARC y el régimen de Hugo Chávez, Somalia y la aguas del Cuerno de África, llegando hasta casi la punta oriental de la Península Arábiga, donde ya hemos tenido dos serios sustos los españoles -Playa de Bakio y el Alakrana-, el Estrecho de Malaka donde operan piratas asesinos, zonas del Caribe y de algunas costas del Golfo de Guinea, donde piratas y delincuentes extremadamente violentos asaltan ciudades y sus bancos desde el mar.

Ante este sombrío panorama, los estados deben reestablecer la inflexible norma de firmeza y rigor legal y democrático frente al terror y la delincuencia organizada.

Si no queremos acabar en un mundo caótico, en el que regiones enteras sean verdaderos reinos de la barbarie, hay que tomar medidas ya, y una de las primeras debe ser no negociar nunca más con organizaciones terroristas, salvo su rendición, y jamás pagar rescate por un secuestro, y menos si lo hace un Estado democrático.

Lo que tampoco se puede aceptar es que los países avanzados se mantengan en apariencia firmes ante el terror pero sin embargo fuercen a los más débiles, que son quienes sufren de manera más directa el azote del terror en ciertas regiones, a hacer concesiones que ellos no harían jamás. Esto, además de una inmoralidad, es seguramente un delito y supondría, sin duda, una repugnante cobardía.

Muchas veces los Gobiernos prefieren la salida fácil de no antagonizar a una parte de su opinión pública, lo que les proporciona una cierta tranquilidad entre ciertos sectores de la ciudadanía, pero a un coste inasumible por el conjunto de las democracias más avanzadas y del resto de la comunidad internacional. Esta polémica que ha trascendido ya a nuestras fronteras debe permitirnos hacer el diagnóstico adecuado, debemos intensificar la cooperación internacional, reforzar la capacidad de respuesta de los estados y apoyarnos unos a otros. Sólo es posible una firme actuación, incluso con el legítimo uso de la fuerza, para defender a nuestros nacionales, su seguridad y libertad. Por ello debería ser una prioridad irrenunciable potenciar los servicios de inteligencia e información y de las fuerzas especiales, para así poder enfrentarnos con mayores garantías de éxito a las crisis que estos convulsos tiempos nos auguran.

Gustavo de Arístegui y San Román es diplomático, diputado por Zamora, portavoz de Asuntos Exteriores del PP en el Congreso y autor del libro Contra Occidente (La Esfera de los Libros).