Reggio’s

La utilización de la Justicia (con mayúscula, ya que me refiero a los distintos órganos jurisdiccionales) por parte de la política se ha cobrado ya una víctima en los últimos años, el Tribunal Constitucional, y amenaza ahora a una segunda, el Tribunal Supremo.

La esperada sentencia sobre el Estatut de Catalunya ha desbordado todos los límites de las garantías judiciales -por ejemplo, las infundadas recusaciones- y de la libertad de expresión. Calumnia que algo queda: y efectivamente ha quedado. Pero en las últimas semanas el Constitucional ha pasado a un segundo plano y las cabeceras informativas están ocupadas por el juez Garzón, el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial.

Garzón no es la primera vez que es objeto de una querella judicial. Hoy leo en el periódico que le han interpuesto más de cuarenta. No nos escandalicemos, es natural. Garzón es un juez de instrucción que se ha enfrentado a los más peligrosos clanes del crimen organizado: terrorismo de ETA y terrorismo islámico, narcotráfico, delincuencia económica, corrupción política y crímenes de Estado. Garzón no es sólo el juez español más conocido, sino el juez -español o extranjero- más admirado del mundo. Y con toda la razón. ¿Cómo no va a tener un personaje así infinidad de enemigos?

La noticia, por tanto, no es que se haya interpuesto alguna querella contra Garzón, sino que, por primera vez, el Tribunal Supremo ha admitido a trámite, contra el parecer de la Fiscalía, tres querellas contra él por el delito de prevaricación. Comete este delito el juez que dicta una resolución injusta, bien a sabiendas o bien por imprudencia grave o ignorancia inexcusable, graduándose la pena según sea la causa. La admisión a trámite, como es obvio, no prejuzga la pena, ni la existencia de delito: sólo significa que hay ciertos indicios que merecen una investigación. Por tanto, tranquilos: Garzón sólo ha sido imputado, tan sólo está sometido a investigación judicial.

Ahora bien, en tal situación se le puede suspender de su cargo de forma cautelar. Este parece ser el objetivo latente en las querellas: apartarle, aunque sea temporalmente, de sus funciones en la Audiencia Nacional. Y esta decisión la debe tomar el Consejo, el órgano de gobierno de los jueces.

Por tanto, un órgano político, no un órgano jurisdiccional. En el caso, inevitablemente, se mezcla todo.

La verdad es que las tres querellas apenas tienen consistencia. La primera, relacionada con la exhumación de los cadáveres en aplicación de la ley de memoria histórica, creo que no tiene justificación alguna. A mi modo de ver, Garzón se equivocó, así lo expuse razonadamente en estas mismas páginas (”Enterremos a los muertos”, La Vanguardia,4/ IX/ 2008). Pero del error a la prevaricación hay un abismo: ahí no había ni imprudencia grave ni ignorancia inexcusable, menos aún era una resolución injusta a sabiendas. Simplemente, creo que Garzón aplicó mal la nueva legislación de delitos contra la humanidad a una realidad que no correspondía. Pero es una materia discutible y hay opiniones contradictorias.

La segunda querella es ridícula: se trata de unos cursos en los que participó Garzón en la Universidad de Nueva York, financiados en parte por el Banco Santander, sin haberse abstenido posteriormente en una causa contra el señor Botín. Todo curso, seminario o congreso está financiados por alguien, normalmente por grandes empresas, bancos y cajas. Nadie sabe ni recuerda el nombre de los patrocinadores. Los datos aportados por la Universidad de Nueva York, exculpatorios para Garzón, creo que darán un carpetazo definitivo al asunto.

La tercera querella, muy reciente, ofrece más dudas. Se trata de las escuchas telefónicas entre un acusado en prisión por el caso Gürtel y su abogado. Aunque la redacción de la ley penitenciaria que regula este supuesto no es clara, la interpretación del TC, con buenas razones, la ha reducido a delitos de terrorismo, que no es el caso. Habrá que esclarecer los hechos y escuchar los argumentos de las partes. Pero aun en el supuesto de intervención telefónica por orden del juez, la ineluctable conclusión no sería que ha prevaricado, sino que la prueba es nula.

Por tanto, estas son las tres querellas, ninguna resuelta todavía y tramitadas conforme a la ley. Las garantías procesales son amplias y no hay que temer a la máquina judicial cuando uno está libre de culpa. Plantear el caso como un enfrentamiento entre derechas e izquierdas me parece equivocado: las piezas no encajan. No encaja, por ejemplo, el papel del juez Luciano Varela y de la señora Margarita Robles, actual miembro del CGPJ. Seguramente lo cierto es que ahí se mezclan cuestiones políticas y corporativas. Garzón tiene enemigos en muy diversos frentes. Todos nos podemos equivocar, también Garzón. Pero errar, en principio, no es delito.

A lo que sí hay que temer, en cambio, es al desbarajuste informativo que acaba desprestigiando al poder judicial, es decir, a jueces y magistrados, y deteriora la confianza en el Estado de derecho. Los medios no pueden tratar los conflictos jurídicos como conflictos políticos, dado que su naturaleza es distinta. Y si hay algún punto de conexión hay que explicarlo con exactitud, deslindando una esfera de la otra. Y si hay ilegalidades buscar a las personas responsables, no cargarse las instituciones. Serenidad, y no barullo, es lo que necesita en España la Justicia con mayúsculas.

FRANCESC DE CARRERAS, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.

El Cercle d´Economia preguntará a todos los partidos políticos cómo se proponen afrontar los temas que nos atenazan: España, reformas estructurales, déficit fiscal, Estado de bienestar, diversidad, política y administración pública. No sé si los dirigentes se referirán a la metamorfosis sistémica que atravesamos y -si es así- qué principios constituyentes, ideas de largo recorrido y futuro preconizarán.

Obviamente, cada dirigente defenderá su parcela; nadie expresará dudas; nadie admitirá que su preocupación son las próximas elecciones. Tratarán de parecer distintos. Se basarán en el disenso. No buscarán acuerdos ni apuestas a largo plazo, ni considerarán la posibilidad de actuar juntos. Predicarán consenso, pero harán poco para conseguirlo. Los neoconservadores explotarán su autoritaria modalidad de anticonsenso: sólo es aceptable su propuesta.

El consenso es decisivo en una situación geopolítica como la catalana. Su soberanía está repartida entre instituciones autonómicas, españolas y europeas. Las herramientas del gobierno autonómico son escasas. Las demás instituciones no presentan soluciones convincentes. Ningún gobierno parece saber cómo crear empleo y mantener los niveles de bienestar. Todo indica que sin una estrategia de largo recorrido y un amplio acuerdo social no hay salida. La sociedad civil sabe que las recetas pasan por el consenso; pero no sabe cómo fabricarlo. Su principal herramienta -la política- está privatizada por quienes viven de ella y la han convertido en sinónimo de disenso.

Consenso para modernizar lo que ha envejecido, para poner en primer plano el genio emprendedor y participativo de la gente, para revalorizar el pensamiento libre, para recuperar el sentido estratégico de las decisiones, para aprender a pensar el futuro. Consenso para reiniciar una nación capaz de ubicarse en un planeta que ha convertido su globalidad en la nueva unidad de medida. La unidad de referencia ya no es la nación, sino el mundo. El futuro de una nación pequeña sólo puede ser pensado si es capaz de ser una nación abierta al mundo. La unidad mundo exige un pacto que permita construir un Estado eficiente. La España de hoy no lo es. La relación de Catalunya con España es una cuestión de sentimientos y de intereses.

Las procedencias se han universalizado y los vínculos de pertenencia se han debilitado. En cada barrio está el mundo entero. Sólo un renovado consenso político y social permitirá establecer nuevas reglas que garanticen la convivencia y reinstauren el respeto entre los ciudadanos sea cual sea su nacionalidad, cultura o etnia. Consenso para volver a dar valor al sentido de comunidad. Los individuos sólo prosperamos en comunidades fuertes donde los unos apoyan a los otros. Consenso para elegir el mejor camino para mantener nuestro bienestar, para refundar una economía sostenible y próspera, para priorizar la inversión en infraestructuras, educación, universidades, cultura, investigación y salud; para aprovechar la revolución tecnológica, para reformar el mercado laboral y la seguridad social, para hacer un país competitivo, para hacer más eficientes los gobiernos.

Consenso para defender el Estatuto que ratificaron los catalanes. Para construir un nuevo catalanismo que evite la previsible batalla fratricida entre independentistas y federalistas. Ambos tienen un largo camino conjunto por recorrer. Consenso para definir una vía catalana para España.

La España autonómica está a punto de fracasar. Nadie ganará. Catalunya sólo se autogobernará plenamente en una España democrática y avanzada. Pacto para componer un proyecto catalán para España.

Consenso para recuperar la política, herramienta imprescindible para la comunidad. Los ciudadanos rechazamos el gremialismo de los partidos, pero no la política. Queremos líderes nacionales antes que líderes de partido. Queremos participación cívica, políticas públicas eficientes, pactadas, que den oportunidades y estén pensadas para agrandar el bienestar. Políticas que se fundamenten en una ciudadanía comprometida y responsable de su libertad. Queremos una política construida sobre ideales, capaz de mirar al futuro, basada en el consenso. Queremos que nos gobierne quien mejor sepa sintetizarlo. La sociedad votará a quienes mejor razonen qué pactos van a buscar y a quienes ofrezcan mayor credibilidad sobre sus convicciones de ruptura con los sistemas partidistas vigentes. Nuestro futuro exige abandonar las etiquetas generales y fabricar llaves más artesanas basadas en el consenso y la renovación de los viejos idearios. Los resultados electorales dirán qué concentración gubernamental será posible; pero sin duda impondrán una amplia concertación social. Catalunya necesita recomponer su pactismo y establecer un consenso general que oriente la redefinición del proyecto de país. Catalunya exige hoy -es decir, después de las elecciones- unos pactos generales para afrontar el futuro; rigurosos, pensados para el medio plazo, rompedores de las viejas ensoñaciones y corsés ideológicos que nos atenazan. Las épocas de metamorfosis exigen ideas y consenso. Sólo pensando y pactando recuperaremos la confianza, la complicidad y la esperanza en el futuro.

opinio@ferranmascarell.com

El Gobierno no explota sus propias fortalezas. No creo que existan muchos Gobiernos en el mundo que cuenten en sus filas con un catedrático de Filosofía que ha enseñado materias como metafísica, retórica y hasta teodicea. En todas esas cosas es experto Ángel Gabilondo, que, además, se explica con mucha eficacia. Por eso no se comprende, no ya que no se le haya asignado la portavocía del Gobierno -no es preciso ser Walter Cronkite para hacerlo mejor que la actual ocupante del cargo-, sino, y es a lo que voy, que no se le haya encargado una tutoría de urgencia sobre sus colegas de Gobierno (presidente incluido) para poder enfrentarse a la crisis desde las bases lógicas adecuadas.

Porque lo que sucede en el tratamiento de la crisis es que el Gobierno se niega a hacer un pacto -siquiera sea un pacto de mínimos- con la realidad. Ese pacto es previo a cualquier otro que se pretenda abordar con interlocutores políticos, sociales, económicos y, sobre todo, con la ciudadanía.

¿En qué consiste ese pacto con la realidad? Muy sencillo. Comienza por ofrecer un relato de la crisis en los términos en los que aquélla cursa y no, como lo está haciendo, bajo la forma de un cuento moral, que ni siquiera es como los de Eric Rohmer, elíptico y elegante, sino más bien tosco y maniqueo.

La cuestión decisiva no es quiénes sean los culpables de la crisis y quiénes tengan que pagarla. La cuestión es cómo se ponen las condiciones para superarla, y a partir de una narrativa precisa de esas condiciones se puede entrar a discutir el trade-off social para repartir los costes.

El Gobierno, en cambio, se ha instalado en el cuento de que los más débiles no deben pagar las consecuencias de una crisis de la que no son responsables, pues aquélla se debe únicamente a la codicia de banqueros y especuladores. En consecuencia, prohibido hablar de temas que se perciben socialmente como costosos para las capas menos favorecidas de la sociedad: no a una reforma laboral exigente, no a la congelación de los sueldos en el sector público, mucha cobertura social (mientras aguante) y nada de decretazos.

Al margen de la simpleza del argumento sobre los responsables -la sociedad es más madura que sus dirigentes: la gente entiende perfectamente que ha vivido por encima de sus posibilidades y sabe que las consecuencias de la resaca le afectan-, lo fundamental es que ese relato no lleva a parte alguna. En la medida en que la cláusula de salvaguarda social enerva la toma de decisiones imprescindibles (tales como una reforma laboral en serio o como un pacto de rentas sensible en el sector público), que servirían para contener, entre otras cosas, la sangría del desempleo, produce resultados literalmente opuestosa los que dice pretender. Esa cláusula funciona en los mítines pero no en la realidad, puesto que nada hay más destructivo para quien la sufre que una espiral de desempleo como la que se ha creado.

La fantasía no da más de sí. Ya, a trancas y barrancas, se empieza a hablar de iniciativas como el aumento de la edad de jubilación o la ampliación de los años que sirven para el cómputo de la pensión o la congelación del sueldo de los funcionarios. Iniciativas, como los corazones de Jardiel, con freno y marcha atrás.

Pero aunque, por exigencias del guión, se cambie algo la letra, se sigue tocando la melodía equivocada. El Gobierno, ha abordado así el Acuerdo Político para la Recuperación del Crecimiento Económico y la Creación de Empleo, o sea, lo que los medios han llamado el Pacto de Estado, aunque esté a años luz de merecer tal denominación, sin haber abordado antes el imprescindible pacto con la realidad.

El pacto con la realidad hubiera supuesto de entrada reconocer la condición castiza de nuestra crisis y dejar ya el discurso exculpatorio de la crisis ajena. Por inverosímil que parezca, todavía el Gobierno sigue hablando en su documento de las “características y consecuencias de la crisis económica internacional y de su impacto singular en la economía española”, es decir, que lo que pasa en España es la consecuencia de los vientos que vienen de fuera. Equivocando el mal es imposible acertar el remedio. La crisis financiera internacional no ha venido más que a agravar nuestra propia crisis económica (burbuja inmobiliaria y pérdida de competitividad) y financiera (sobreendeudamiento de familias y empresas). Por eso, por lo que tiene de castiza, nuestra crisis es más costosa socialmente (la tasa de paro dobla la media de la UE) y de peor pronóstico temporal (única de las grandes economías con retroceso del PIB en este año) que la de quienes nos rodean.

La segunda exigencia del pacto con la realidad es tan importante como la anterior y atañe a la condición socialmente onerosa de las soluciones.

De nuevo, el documento del Gobierno, la supuesta base para un acuerdo político, elude cualquier medida concreta que suponga sacrificios para los destinatarios: reformas del marco laboral, pactos de rentas a la baja, costes fiscales de la consolidación, posibles recortes en la gratuidad universal de las prestaciones sociales.

Y todos esos costes son ineludibles. Ni los créditos del ICO, ni el IVA reducido de la rehabilitación de viviendas (entre paréntesis: no estoy yo muy seguro de la eficacia de ese incentivo, toda vez que muchos aplicaban ya por su cuenta un “tipo superreducido” del 0%, bajo el socorrido expediente de no emitir ni requerir facturas), ni el coche eléctrico, ni la Ley de Organizaciones Profesionales Agroalimentarias (por poner un ejemplo entre tantos de parecido nivel como hay en el documento del Gobierno) nos los van a ahorrar.

En la mayor parte de las cosas que el Gobierno propone lo difícil no es llegar a un acuerdo, sino discrepar de él. Pero no es ése el problema. El problema es la irrelevancia o, en el mejor de los casos, la poquedad de esas medidas para enfrentar el reto que tenemos. El problema es que se propone un acuerdo sobre lo que no es problemático ni, en la mayor parte de los casos, lo requiere, y, en cambio, se soslayan aquellas cuestiones en que el acuerdo político sería imprescindible. Las que cuestan de verdad. Las que suponen repartir sacrificios y no caramelos.

En lo más recóndito de sus corazones, estoy seguro de que los responsables de los dos principales partidos saben cuáles son aquellas cuestiones. Pero, dado lo antipáticas que aquéllas son, están como los butroneros del chiste (”Pasa tú que a mí me da la risa”). Pero a cada uno le toca lo que le toca. Y, en esta situación, al Gobierno le toca justamente dar la cara primero, aun a riesgo de que, como en el chiste, se la puedan partir.

La cosa está clara: o le hablamos a la gente como a personas mayores que entienden que conseguir mejores bases para el bienestar de sus hijos exige que sacrifiquen ellos la parte menos sostenible de su propio bienestar, o seguimos enredados en el cuento moral que no nos lleva a ser felices ni, desde luego, a comer perdices, sino que nos puede dejar más bien como a la Bella Durmiente. Esto sólo lo arreglamos entre todos, sí, pero dando el callo, sacrificándonos, y llamando a las cosas por su nombre.

José Ignacio Wert es sociólogo y presidente de Inspire Consultores.

«La democracia que sólo instituye los órganos políticos elementales, como son los comicios, el Parlamento, el jurado, no es más que aparente democracia. Si a quien se le da el voto no se le da la escuela, padece una estafa. La democracia es fundamentalmente un avivador de la cultura. En los países donde el sufragio no ha ido antes a la escuela, se busca el descrédito y la falsificación de la democracia. Pero no se haga de esto un argumento para retirar los derechos políticos, so pretexto de que los ignorantes no pueden usarlos. Ésta es la argucia preparada, esperada por los enemigos de la libertad, que para algo dejan a los pueblos pudrirse en las tinieblas. Nada se aprende a hacer si no es haciéndolo. ¿Se prohíbe andar al niño mientras no sepa andar?» (Azaña).

«Principio de educación: la escuela, como institución normal de un país, depende mucho más del aire público en que íntegramente flota que del aire pedagógico artificialmente producido dentro de sus muros. Sólo cuando hay ecuación entre la presión de uno y otro aire la escuela es buena». (Ortega).

Alguien recordaba estos días, al cumplirse cien años desde que la mujer en España pudo acceder a los estudios universitarios, que en su momento Concepción Arenal se vio obligada a disfrazarse de hombre en el aula universitaria, así como las amargas y lúcidas reflexiones de doña Emilia Pardo Bazán sobre el particular. Cien años después de aquella conquista, lo que tenemos es un sistema de enseñanza que resulta insuficiente, sobre todo, en cuanto a su nivel de exigencia.

Hablemos claro: el llamado derecho a la educación no puede ni debe ser sinónimo de aparcar a niños y adolescentes en los centros de enseñanza. O partimos de la base de que la escuela y los institutos son sitios donde se va, sobre todo, a aprender, o estamos hablando de muy distinta cosa. Todo lo demás es demagogia.

Y es que, con la testarudez propia que arrojan una y otra vez los datos del llamado «informe Pisa», con el desprestigio que sufre la profesión docente, con la estulticia de una jerigonza que atenta contra el idioma y que insulta a la inteligencia, no se puede seguir aplazando una reforma a fondo en nuestro sistema de enseñanza.

Dar el voto y negar la escuela, como dice Azaña en el texto que encabeza el presente artículo, es una estafa en toda regla. Quizá no lo sea menos la existencia de una escuela que renuncia a la exigencia y al aprendizaje, que, tras aquella nociva y perniciosa LOGSE, en la que el esfuerzo se quedó proscrito y se pretendió hacer del profesorado una especie de colectivo bufonesco, la cadena de despropósitos no hizo más que incrementarse.

Habría que preguntarse si una sociedad que encumbra a personajes zafios que logran audiencias millonarias en programas televisivos concede al saber la importancia que en realidad tiene. Habría que preguntarse, por tanto, qué espera esa sociedad de la escuela. Habría que preguntarse también por qué hay un empeño tan grande en llamar educación a lo que en principio sería enseñanza. ¿Acaso se puede negar que son los medios, especialmente la televisión, quienes educan en lugar de la escuela? Y, siendo esto así, ¿cómo hay tantos discursos que, con un cinismo hiperbólico, se atreven a hablar de la «educación en valores» que debe dar fundamentalmente la escuela? ¿Valores en la escuela frente a una sociedad que, como hemos dicho, enaltece la chabacanería, frente a una sociedad cuya vida pública es un relato casi continuo de corruptelas, frente a una sociedad que no apuesta claramente por la excelencia?

A propósito de la cita de Ortega, ¿puede la escuela aislarse por completo de la sociedad en que vive, como una especie de oasis, frente a todo lo que la rodea?

Hubo un tiempo en que no se ponía en tela de juicio que el conocimiento no sólo era un instrumento imprescindible para la emancipación de las personas, sino que además nos hacía mejores. Pero no son ésas, por decirlo al orteguiano modo, las ideas y las creencias de nuestro presente.

Se hablaba, y se sigue haciendo, de la atención a una diversidad en el alumnado que no sólo existe, sino que es cada vez mayor. Se hablaba y se sigue hablando de la falta de medios, lo cual no deja de ser en gran parte cierto. Pero ¿por qué no se habla también de la falta de autoridad del profesorado en el aula? ¿Por qué se rehúye lo más obvio, es decir, que, mientras se pueda reventar el desarrollo de una clase impunemente, no es posible una enseñanza de calidad? ¿Por qué se soslaya que hablar de «resultados» en la tarea docente es tan demagógico como peligroso? ¿Cabe aberración mayor que considerar buenos resultados los aprobados generales?

¿Por qué no se quiere caer en la cuenta del grave problema que representan en la enseñanza los sindicatos del sector como palmeros de las humillaciones y de la falta de autoridad, como gentes que no imparten clase y se reconvirtieron en vendedores de lotería en Navidades en los centros docentes? ¿Es necesario explicar a estas alturas que, más que el dinero, lo primero que podemos reivindicar son condiciones dignas de trabajo?

El estado de la cuestión ha llegado a un extremo tal de deterioro que obliga a un pacto que apueste sin fisuras por una reforma educativa copernicana basada en el esfuerzo y en el respeto a unas normas de convivencia mínimas. ¿Se puede hablar de educación cuando no tiene consecuencias saltarse las normas de comportamiento que alteran el desarrollo de una clase? ¿Se puede hablar de la escuela como un ámbito ajeno al saber? Pues es éste, sin exageraciones, el actual estado de cosas.

Y yo me conformaría con que en estas cuestiones hubiese un acuerdo total. Todo lo demás, podría, aunque no mucho, esperar. Y juramentémonos todos para que el pacto, de alcanzarse, sea algo más que una cosmética para salir del paso. Y juramentémonos también para que las puertas estén siempre abiertas para aquellos alumnos que en un momento dado abandonan los estudios: siempre tiene que haber un camino de vuelta. Y, de otro lado, hablando de diversidad, que haya medios, no para segregar a los alumnos, pero sí para que los que tienen la suerte de fascinarse ante la aventura que supone aprender no se vean obligados a renunciar a ese itinerario de fascinación que supone ir, como también dejó escrito Ortega, «de sorpresa en sorpresa».

Confieso que entre todas las grandes compensaciones que tiene la docencia, acaso la mayor de todas sea ver esos ojos abiertos como platos de los alumnos que se estrenan en lo que es apasionarse y asombrarse por conocer y comprender.

No nos pidan ni les pidan que renunciemos y renuncien al eureka nuestro de cada día que, contra éstos y aquéllos, nunca dejó de entonarse, pero tiene que ir a más.

El ojo del tigre

Al juez Baltasar Garzón lo han declarado pieza de caza mayor. Los discípulos del fantasmagórico bunker abrieron sus armeros, sacaron sus escopetas, las cargaron con cartuchos rellenos de postas, se tiraron al monte y comenzaron el acoso a la codiciada pieza. Abajo, en este valle de lágrimas, se oyen los gritos que lanzan los ojeadores en la montaña, los ladridos de la furiosa jauría y los disparos de los monteros. Es una fiesta nacional. Quien se cargue al implacable juez de la democracia (intransitiva) española, pasará a la Historia como un héroe de la cinegética nacional. La Historia de España es una antología de relatos de caza…

La derecha carpetovetónica, cuyo principal forraje político se lo facilita una prestigiosa fábrica de piensos ideológicos transgénicos (FAES), cuyo presidente ha descubierto, por fín, el Trifinus Melancólicus de la Transición española. Esa factoría también le suministra forraje dialéctico a la derecha agremiada bajo el amparo de las siglas PP; la cual, es la que jalea a los cazadores que participan alborotada y alborozadamente en esa indescriptible caza mayor…

Pero aquí –es decir, en este país- no ocurre nada que no tenga unos claros antecedentes paleopolíticos que lo explican todo. La cacería del juez que osa juzgar a dictadores y persigue a quienes cometan delitos de lesa humanidad, no es una idea que haya surgido espontáneamente entre el espeso gremio de los afiliados al club del cartucho con posta del 12, sino que obedece a un proceso finamente maquinado para evitar que el transcurso de la historia contemporánea no fluya sin que se recuerde que en este país hubo una época –no muy lejana- en la que los hombres, llamados de bien, insistían en reafirmarse en los valores permanentes en la doctrina ortodoxamente españolista y de las JONS… Hombres que se sentían uno solo cada vez que se identificaban con el penúltimo de los apóstoles del Movimiento Nacional (José Antonio Girón de Velasco). Digo que el penúltimo porque el último –por ahora- es José María Aznar y López, prometedor ideólogo.

Aquel presidente de los Excombatientes de la Cruzada Española fue el único que se atrevió a enfrentarse al Espíritu del 12 de febrero, que acababa de echar a volar el último presidente del Gobierno franquista casi sin Franco en la Tierra… Arias Navarro acababa de exponer durante un pleno de las Cortes Españolas la nueva tesis doctrinal que preludiaba la Transición final: “No excluimos sino a aquellos que se autoexcluyan en maximalismos de uno u otro signo, por la invocación a la violencia, por el resentimiento y el odio, por la pretensión bárbara de partir de cero…” (12-febrero-1975).

El Gironazo retumbó poco después, en el alma de los españoles mientras el cielo empezaba a cubrirse de negros nubarrones, que hacían presagiar lo peor. Algunos llegaron a pensar que nunca más podrían volver a cantar, prietas las filas, el Cara al sol. Tronaba el líder de los excombatientes: “A José Antonio no se le quiere secuestrar ideológicamente: se lo proscribe. Nosotros queremos devolver al hombre a su auténtico destino, y queremos salvar a la Patria de la confusión…”. Estas apostólicas palabras habían sido lanzadas tras estas otras no menos apostólicas: “Queremos reafirmarnos en los valores permanentes de nuestra doctrina y de nuestro estilo. Lucharemos hasta la extenuación”. Unos meses después, cuando Arias Navarro había vuelto a lanzar al aire, en Barcelona, el Espíritu del 12 de febrero, en la revista Fuerza Nueva –el Evangelio según Blas Piñar…- se publicaba un artículo del líder del grupo, titulado: Señor Presidente. En él se decía: “Nos autoexcluimos de su política. No podemos, después de lo que se ha dicho, colaborar con usted, ni siquiera en la oposición. Nosotros no queremos obedecerle, ni acompañarle…”. (A veces, escuchando al líder del PP, da la impresión de que la derecha carpetovetónica se inspira en aquel fogoso líder ultraespañolista. ¿O no…?).

Aquel nubarrón fascista, conocido como el Gironazo, alteró el clima de la primavera política, que había sido diseñada como el florecimiento de la democracia; consiguió volver a oscurecer la posibilidad de una convivencia nacional basada en la razón y no en la pasión. Ahora cazar a Garzón es la recuperación del Gironazo. Es lo mismo que negar nuevamente la probabilidad de que sobre la historia más trágica de la España del siglo XX –y su sucursal: el siglo XXI- vuelva a brillar el sol de la justicia social. Los catecúmenos del Gironazo son los que, ahora, escopeta en ristre acorralan al juez que quiere zanjar definitivamente el reparto equitativo de la herencia que representa la “Ley de la memoria histórica”.

Lorenzo Cordero. Periodista.

Han transcurrido ya casi dos semanas desde el cataclismo que resquebrajó una extensa franja del sur de Chile, arrebató la vida a cerca de 500 personas, destruyó más de un millón de viviendas, arrasó numerosas localidades costeras y ciudades tan importantes como Concepción, Talcahuano o Constitución y arruinó un sinfín de infraestructuras, incluso en Santiago. El seísmo y el posterior tsunami, seguidos por sus incesantes réplicas, devastaron las regiones del Maule y el Biobío, pero también han dejado al descubierto la falacia del mito chileno, proyectado por el poder político, mediático y económico, alimentado por los medios de comunicación y los gobiernos de Occidente, jaleado recientemente con su ingreso en el exclusivo club de la OCDE o con sus relaciones comerciales privilegiadas con Estados Unidos y la Unión Europea.

Como en tantas otras ocasiones a lo largo de su historia republicana, las élites chilenas intentan presentarse como la excepción en una América Latina supuestamente atrapada hoy entre el autoritarismo y el neopopulismo. Se trataría de un país con un sólido desarrollo democrático, confirmado aparentemente por la victoria de la derecha en las elecciones presidenciales de enero. Y de una nación que se habría anticipado, debido a la mano dura de la dictadura militar, en la aplicación de las recetas que conducirían al éxito: la privatización de la sanidad, las pensiones, la educación y los principales servicios (electricidad, agua, transportes, carreteras…), la laminación de los derechos de los trabajadores y los sindicatos y la sacralización del poder económico y financiero.

El terremoto tuvo su epicentro también en las entrañas de este mito. En los últimos días hemos podido contemplar el hiriente desamparo de centenares de miles de ciudadanos de un país que carece de una red pública eficaz de asistencia, a pesar de la persistente amenaza de estas catástrofes naturales, y cuyo Gobierno decretó tempranamente el despliegue de miles de efectivos de las Fuerzas Armadas y de Carabineros y el toque de queda para restaurar el orden y proteger la propiedad privada.

En cambio, el Ejecutivo que preside Michelle Bachelet tardó unas interminables 72 horas en lograr repartir alimentos en Concepción (la segunda ciudad más populosa del país), por lo que muchas personas no tuvieron más remedio que recurrir al pillaje para sobrevivir, en un escenario dramático en el que, a la ausencia durante días de luz eléctrica y agua potable (servicios en manos de compañías privadas), se sumaba la carencia de equipos humanos suficientes para rescatar a las personas atrapadas por los derrumbamientos o atender a los heridos. Estos sucesos han sido utilizados para sustituir el debate sobre el modelo de sociedad que se derrumbó el 27 de febrero por los retóricos llamamientos en pro de la unidad nacional para la reconstrucción del hermoso sur del país, simbolizados en el “Fuerza Chile” de la presidenta y en el larguísimo telemaratón conducido por el inefable Don Francisco entre el viernes y el sábado.

José Luis Ugarte, profesor de Derecho de la Universidad Diego Portales, reflexionaba estos días: “¿Por qué en Chile apenas el orden se retira –cuando el brazo armado de la ley deja de atemorizar– los sectores más pobres se sienten con el legítimo derecho de saquear y tomar aquello que de otro modo –legalmente– no alcanzan? Porque la sensación de injusticia y de exclusión altamente extendida entre los pobres hace que nuestra sociedad esté pegada con el mismo pegamento que esos edificios nuevos que hoy se derrumban. El terremoto ha desnudado al capitalismo chileno, mostrando vergonzosamente sus pies de barro. Ni nuestra mejor propaganda ni la de los organismos financieros puede esconder que a la hora de repartir entre todos nuestros beneficios nos parecemos más a los países africanos que a los del Primer Mundo, con los que nos gustaría compararnos”.

La historia de Chile está marcada también por los terremotos. El 24 de enero de 1939, un seísmo de 8,3 grados en la escala de Richter con epicentro en Chillán (a 112 kilómetros de Concepción) destruyó prácticamente la misma región ahora devastada y segó la vida de casi 6.000 personas. Eran las primeras semanas de Gobierno del Frente Popular y el presidente Pedro Aguirre Cerda impulsó la creación de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) para coordinar los trabajos de reconstrucción.

En muy poco tiempo, la CORFO se convirtió en uno de los ejes del desarrollo económico y social al promover el crecimiento de la industria y las infraestructuras públicas. Mascarones de proa como la Empresa Nacional de Electricidad, la Compañía de Aceros del Pacífico, la Industria Azucarera Nacional o la Empresa Nacional de Telecomunicaciones nacieron bajo su alero y nos remiten a un tiempo histórico en el que el Estado, legitimado por la sociedad democrática, ejercía un papel preponderante del que le despojaron, para reemplazarlo por el dios Mercado, la dictadura de Pinochet y sus políticas neoliberales, cuyas directrices principales han mantenido los cuatro presidentes de la Concertación a lo largo de estos últimos 20 años.

Mañana, la socialista Michelle Bachelet traspasará la banda presidencial al derechista Sebastián Piñera, cuyo consejo de ministros estará integrado por un elenco de empresarios, economistas adscritos a la ortodoxia monetarista y políticos conservadores afines al Opus Dei y otros grupos integristas. Ante esta perspectiva, el presidente del Partido Comunista y diputado electo, Guillermo Teillier, ha llamado a la constitución de un gran frente político y social por “la reconstrucción de Chile”, pero no sólo por la reparación de los daños causados por el terremoto y el tsunami, sino también por la “reconstrucción democrática de Chile”.

Mario Amorós es doctor en Historia y periodista. Autor de ‘Compañero Presidente. Salvador Allende, una vida por la democracia y el socialismo’

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) resolverá en estos días acerca del recurso presentado contra la decisión del actual juez instructor del caso Gürtel, el magistrado Antonio Pedreira, de avalar la intervención de las comunicaciones de los internados en centros penitenciarios. Se trata de una resolución muy importante no sólo porque puede afectar a la instrucción del Gürtel, sino también por las consecuencias que se derivarían de un pronunciamiento que impidiera futuras intervenciones judiciales.

La pretensión anulatoria parte de una interesada confusión entre las facultades que corresponden a la autoridad administrativa en los centros penitenciarios y las que corresponden a la autoridad judicial en el curso de la investigación de actividades delictivas, promoviendo una interpretación sesgada del artículo 51.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP). En realidad, este precepto se limita a establecer una excepción a las facultades que el apartado 5 de mismo artículo reconoce a la autoridad penitenciaria para intervenir las comunicaciones de los reclusos. El 51.2 limita esas facultades de la autoridad penitenciaria cuando se trata de comunicaciones entre los presos y sus abogados, indicando que “no podrán ser suspendidas o intervenidas salvo por orden de la autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo”.

El artículo 51.2 se interpretó inicialmente por el Tribunal Constitucional (TC) en el sentido de que la intervención necesitaba autorización judicial, salvo cuando se tratara de supuestos de terrorismo, en los que podría decidirla la autoridad administrativa (STC 73/1983) y posteriormente en el sentido de que tampoco en esos supuestos podía la autoridad administrativa decidir la intervención, pues esta sólo podía ser autorizada por el juez (STC 183/1994). En ambos casos, el TC está delimitando las facultades de la administración penitenciaria, no las facultades del juez en el curso de una investigación criminal. Lo que pretenden los recurrentes, sin embargo, es que el artículo 51.2 LOGP se utilice para limitar las facultades constitucionales de los jueces, impidiendo –salvo en los casos de terrorismo– la autorización de las intervenciones sobre las comunicaciones entre presos y abogados para la investigación de delitos.

De prosperar este criterio, radicalmente contrario a las facultades judiciales reconocidas en el artículo 18.3 de la Constitución, a la legislación vigente y a la doctrina del Tribunal Constitucional, los establecimientos penitenciarios españoles se convertirán en zonas de impunidad en las que los confinados podrán seguir cometiendo delitos si cuentan con la complicidad de abogados que estén dispuestos a traicionar su código deontológico y a incumplir la ley. Los jueces se verán frente a la paradoja que supone que la detención de presuntos delincuentes no sirva para evitar la destrucción de pruebas y asegurar la acción de la Justicia, sino para todo lo contrario: para que los detenidos puedan seguir desarrollando actividades delictivas sin posibilidad de control alguno por parte de la autoridad judicial.

Francisco Balaguer Callejón. Catedrático de Derecho Constitucional

Estamos asistiendo a roces producidos por el rápido asentamiento de la población inmigrante, pero no a enfrentamientos xenófobos ni a choques de integración. El telón material es la competencia por los recursos escasos, y la falta de oxígeno en la crisis está generando actitudes de saturación. Para que sean choques de integración hace falta que los inmigrantes reivindiquen la igualdad y organicen su densidad social; y para calificarlos de conflictos xenófobos sería menester que el motivo principal no fuera el empleo, las plazas escolares o la inseguridad urbana, sino la imposición de la identidad nacional. Analicemos actitudes y conductas.

Empecemos por la encuesta del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) que se realizó en septiembre de 2008 y cuyos resultados se acaban de hacer públicos. En este estudio se registra un aumento en las actitudes de rechazo hacia los inmigrantes respecto del sondeo levantado el año anterior. La investigación refleja que el malestar de saturación tiene dos fundamentos: la reacción ante las consecuencias de la crisis y frente al asentamiento de los inmigrantes.

El análisis de OBERAXE clasifica a los españoles en tres tipos según cuáles sean sus actitudes respecto de los inmigrantes. El 37% es reacio, un tercio se muestra tolerante y el 30% restante aparece ambivalente. El cambio más significativo es que los tolerantes han aumentado un 4% respecto del año anterior. El grupo que mengua ha sido el de los ambivalentes y, aunque los reacios siguen siendo los más numerosos, lo cierto es que conservan su peso. De modo que, en el primer año de crisis, se fueron decantando las posiciones a favor de los tolerantes.

Hace tres años el tipo ambivalente era muy mayoritario (46%), mientras que los reacios no llegaban al tercio y los tolerantes representaban menos de la cuarta parte. Así que, entre noviembre de 2005 –después de la regularización masiva– y septiembre de 2008 –en pleno golpeo del desempleo sobre los españoles–, la ambivalencia ha disminuido sustancialmente al tiempo que aumentaban seis puntos los reacios y 11 los tolerantes. Estos datos traducen, mas allá de la incomodidad que puedan producir las etiquetas, que el asentamiento de los inmigrantes ha sido mas tolerado que repudiado.

Así que roces y actitudes traslucen las consecuencias de la crisis y dan fe de cómo se percibe el proceso de instalación. Porque, a la par que crecían los dos tipos polares de actitudes respecto de los nuevos habitantes, aumentaban los niños en las escuelas, los permisos de residencia permanente, los matrimonios mixtos y los nacidos de madre extranjera. En una frase, las ideas se han ido aclarando conforme ha aumentado la convivencia. El roce exterioriza que los inmigrantes comparten derechos y tienen las mismas necesidades.

De unos meses a esta parte también asistimos a comportamientos de rechazo que tienen lugar en varias localidades. Estos sucesos saltan precisamente allí donde el asentamiento está más avanzado y la crisis muerde con fuerza. Los roces son también señal de integración.

Antonio Izquierdo. Catedrático de Sociología.

Ya nos había avisado Marx de que alcanzar el progreso no iba a ser un proceso histórico lineal. En los últimos 30 años, a las violaciones tradicionales a los derechos de la mujer, basadas en una arraigada convicción en su inferioridad, se ha sumado el modo de hacer de una nueva Santa Alianza. Compuesta por la versión más agresiva del neoliberalismo y de los fundamentalismos reaccionarios, su asalto a las conquistas sociales a nivel mundial ha supuesto la pérdida de los derechos más básicos para millones de mujeres.

En su afán de minar las fronteras de la URSS, EEUU apoyó a la ultraderecha religiosa –desde Irán y Afganistán hasta Polonia– para poner fin a aquellos estados semi laicos. Estrategia que se llevó por delante la posición pública de la mujer, su acceso al empleo y a la educación, sus libertades sociales y personales.

La violación de los derechos humanos de la mitad de la humanidad nace precisamente ahí donde algunos ven victorias. Y las mujeres más afectadas por esta regresión han sido las que habitan en tierras musulmanas y las del bloque ex socialista.

Declarar a la mujer como “un ser medio humano” ha sido la seña de identidad de aquellos hombres que tomaron el poder en nombre de Dios, confundiendo el pasado con el presente. El nuevo totalitarismo ha permitido la adaptación de la vieja Inquisición (con tormentos públicos incluidos) sin que se remuevan las estructuras de su Historia. Han llegado a reglamentar hasta el color de los tejidos, legalizado la pedofilia al reducir la edad nupcial de niñas, santificado la violencia de género, apartado de la toma de decisiones por su divinizada inferioridad. Así fue posible la resurrección de la caza de brujas, esta vez de cientos de miles.

En el bloque ex socialista, cuyas mujeres gozaban de mayor igualdad que las occidentales, el ajuste estructural acabó con la “teoría socialista de la emancipación” y con la amplia red de apoyo estatal a las mujeres, restaurando en su lugar los antaño roles cavernícolas del hombre como proveedor de sustento y de la mujer dedicada al cuidado de la cría.

Polonia sustituyó el socialismo por el capital-catolicismo y desmanteló las garantías estatales que disfrutaban las mujeres, como disponer de guarderías, de empleo fijo o de subsidios a la vivienda.

La tasa de desempleo femenino, que es diez veces mayor que la de los hombres, les fuerza a muchas convertirse en amas de casa, inmigrantes, o carne blanca del mercado de “contactos”.

Para las mujeres de la RDA, la reunificación de Alemania supuso, de estar contratadas en casi un 90%, a pasar a formar parte del 62% de los parados del país. En Oriente Medio y los países poscomunistas, hoy hay menos mujeres en los cargos públicos que hace 40 años.

China, que con su revolución había demostrado cómo en pocas décadas la economía socialista había sido capaz de paliar las desigualdades (frente a la India, otro gigante), hoy obliga a sus mujeres a pagar el precio del desenfrenado desarrollo económico del país a beneficio de los mercaderes.

Las cifras son contundentes: la femenización de la pobreza, que excluye a quien la padece del desarrollo personal, la formación, la política, el arte, el ocio, la amistad o el amor, es el motivo de que la mayoría de los 1.020 millones de almas que duermen con el estómago vacío, así como de 20.000 personas que mueren al del hambre, sean mujeres. En un lugar como el África Subsahariana, ellas producen el 80% de los alimentos, mientras poseen tan solo el 1% de la tierra.

En acecho, los patrones de industria bélica, que ofrecen salidas a su desesperación: unos 59.000 efectivos femeninos han sido desplegadas en las guerras contra Afganistán e Irak.

La mayoría de los 125 millones de los excluidos del privilegio de vivir la magia de las letras son mujeres. Es así como las engañan para que firmen documentos en los que regalan sus pocos bienes o, incluso, renuncian a la custodia de sus hijos.

Cientos de miles mueren al año durante el parto, dejando huérfanos a millones de niños. Muchas son “niñas-esposas” de 12-14 años, víctimas de la prolongación de infanticidio femenino; 130 millones son sometidas a la mutilación genital.

Aquellas que consiguen huir de las guerras, del hambre y de la opresión, convirtiéndose en el 80% de los errantes del mundo, viven el terror y vejación en los campos de refugiados.

El feminicidio de la Ciudad Juárez es sólo una macabra muestra de cómo la impunidad es una aliada imprescindible que facilita el secuestro, la tortura, la violación y el tráfico de millones de mujeres a nivel mundial, algunas de tan solo 7 u 8 años. Detrás se encuentran hombres honorables de los cinco continentes.

La escasa presencia mujeres en puestos de poder –en sí un avance– no ha sido ningún consuelo. Ahmadineyad, mientras criticaba al marxismo de promover la “perversa” idea de igualdad entre las personas, colocaba en su gabinete a mujeres para que defendieran la discriminación positiva del hombre en las universidades, con el fin de reducir la presencia de las mujeres en esos centros, un asunto que les trae de cabeza. Ni qué decir de las Condoleezza Rice o las Imelda Marcos, entre otras.

Sin un programa a favor de los derechos de las desfavorecidas, la mera presencia de la mujer en la toma de decisiones no es más que una mera operación de maquillaje o de nepotismo.

En Occidente, por otro lado, las carencias en los derechos de las mujeres inmigrantes se han despolitizado para vincularlas, sospechosamente, a un debate sobre “cultura y estilo de vida”.

Y a las que viven en los relativos (aun) paraísos: ¡atentas!, porque las conquistas sociales son absolutamente reversibles.

Nazanín Amirian es profesora de Ciencia Política de la UNED.

Hoy se cumple el centenario del acceso de las mujeres a la universidad española en condiciones de igualdad con los hombres. Fue el 8 de marzo de 1910 cuando una Real Orden firmada por el ministro de Instrucción Pública, conde de Romanones, derogaba otra anterior en la que las alumnas que deseaban matricularse oficialmente en la universidad tenían que pedir un permiso especial.

Hay que recordar que en España, más que el derecho al voto, el núcleo de la polémica feminista fue la educación de las mujeres, y que hace un siglo los condicionamientos socioeconómicos del país no daban para que hubiera muchas aspirantes a universitarias. Por eso mismo es reseñable que, pese a las dificultades, hasta 1910, varias decenas de mujeres lograran licenciarse, poniendo de manifiesto su gran tenacidad y enorme deseo de estudiar. Entre ellas, es un deber y un placer otorgar el reconocimiento debido a las primeras doctoras, que lo fueron en Medicina, en 1882; Dolores Aleu Riera y Martina Castells Ballespí (Consuelo Flecha, 1996).

En estos cien años ha habido avances y retrocesos; ahora nos encontramos en una situación en la que el número de estudiantes de ambos sexos en la universidad se ha igualado, e incluso hay más chicas. Pero, según estudios de Paloma Alcalá y Eulalia Pérez Sedeño, si las curvas que recogen el número de hombres y mujeres en la universidad coinciden en la entrada, las dos ramas se van separando en las categorías que van ascendiendo en el rango universitario, conformando una gráfica de tijera, reflejo cuantitativo del famoso techo de cristal o, como estas profesoras prefieren llamarlo, asfalto pegajoso.

Consciente de que éste es un problema común, la Unión Europea publicó el informe ETAN, elaborado por un grupo de expertos de evaluación tecnológica. En este informe, en el que la desigualdad de género se identifica con una inadmisible pérdida de talentos científicos, se proponen, entre otras, las siguientes orientaciones: desagregar los datos del sistema científico por sexos; exigir paridad en los tribunales de evaluación; arbitrar fórmulas para la conciliación familiar dirigidos a investigadores e investigadoras, por igual; apoyar e impulsar los estudios de género y su inclusión en el currículo; promover campañas para el cambio de estereotipos de género en la ciencia; y crear unidades de mujer y ciencia.

En España, en donde los estudios científicos con perspectiva de género no acaban de ser incorporados digna y adecuadamente ni en los cuerpos disciplinares, ni en las áreas y planes docentes, ni en los procesos de evaluación investigadora, se ha puesto en práctica alguna de estas medidas, entre otras, la creación de observatorios de igualdad en los centros universitarios. Todavía no sabemos la capacidad y operatividad transformadora de estos centros, pero, al hacer balance de estos cien años, se constata la lentitud de los procesos que llevan de la igualdad formal a la igualdad real, y también la necesidad de seguir profundizando en la observación y análisis del lugar que ocupan mujeres y hombres en la institución universitaria.

Carmen Magallón. Doctora en Físicas y directora de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz.

AJUSTE DE CUENTAS

La familia Ruiz-Mateos se llevó ayer una gran decepción al conocer la sentencia que desestimaba el recurso en el que se solicitaba la retasación del 78% de las acciones de Galerías Preciados. El chasco fue aún mayor si se considera que tres filtraciones judiciales, esta misma semana, apostaban que el recurso de los Ruiz-Mateos iba a ser estimado parcialmente.

La estrategia diseñada por el abogado Juan Manuel García Gallardo ha sufrido un importante revés, aunque la familia Ruiz-Mateos anunció ayer que llevará el asunto hasta el Tribunal Supremo. «¿Cuál es la contraprestación que el Estado pagó por la expropiación de Galerías Preciados, una sociedad que tenía balance positivo?», se preguntaba ayer el letrado. La respuesta, de momento, es nada.

Pero se ve que en el fallo del tribunal madrileño ha pesado de manera importante la sólida contestación al recurso elaborada por la Abogacía del Estado donde se establecieron dos motivos centrales para desestimar la retasación. Primero, que la ley con que se expropió el grupo incluía un procedimiento específico para tasarla: que se compensarían las sociedades con balances positivos con aquellas con balances negativos (esto habría dado un valor para Rumasa de 261.129 millones de pesetas). Y segundo, que los justiprecios fijados para los accionistas minoritarios no eran válidos para Rumasa.

Sabido es que los Ruiz-Mateos no dan nunca una batalla por perdida. Además de ir hasta el Supremo con este asunto, seguirán peleando la vía de los justiprecios y las otras 199 retasaciones pendientes.

Lo que presumiblemente pierda fuelle es el entusiasmo que los bancos de negocios habían mostrado por el pleito. Este mismo martes la familia había recibido una nueva oferta económica de un grupo interesado en el resultado de un eventual juicio. Bien es verdad que, ante la proximidad de este fallo, la operación más seria, la que inicialmente implicó a un ex ministro del Gobierno alemán, estaba congelada desde hace semanas.

Estos contratiempos judiciales no son raros para los Ruiz-Mateos. Llevan 27 años dando la pelea por lo que consideran suyo. Una parte de la población los ve con gran simpatía. Sí es cierto que a medida que se agotan las instancias judiciales, la familia vuelve a diciembre de 2004, cuando creyeron que todo se había acabado con la sentencia del Supremo que fijó en cero pesetas el valor de las acciones de Rumasa.

Lo que sí aseguraban ayer con rotundidad es que el horizonte judicial de Rumasa no tiene nada que ver con el de Nueva Rumasa. Un portavoz de la familia señaló que siempre se ha tratado de cuestiones independientes. «Lo tangible, lo real, es Nueva Rumasa. Allí hay más de 10.000 empleos. Lo otro es un ajuste de cuentas con la historia».

john.muller@elmundo.es

© Mundinteractivos, S.A.

Es una auténtica paradoja: un Gobierno socialista pilota una política que va a convertir TVE en algo marginal en beneficio de un previsible duopolio –formado por las concentraciones entre Antena 3 y La Sexta, y Telecinco y Cuatro-, sólo tres años después de haber elaborado una ley  (la de 5 de junio de 2006) que, por primera vez, permitía a TVE un alto grado de independencia respecto del Gobierno y que era el resultado del dictamen emitido por un comité de “sabios” con cuyos criterios generales se inspiró la normativa del Ejecutivo.

¿Recuerdan a Fernando Savater, Victoria Camps, Emilio Lledó, Fernando González Urbaneja y Enrique Bustamante que se estrujaron las meninges para ofrecer un esquema de TV pública a Rodríguez Zapatero? Se creó un nuevo modelo y cuando TVE se encontraba en el mejor momento de credibilidad y de programación general –la más digna de todas con esa excepción clamorosa del procaz John Cobra—, la vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega, por iniciativa propia o vicaria, y tras opacas reuniones con UTECA, derribó la ley de 2006 y la sustituyó por otra de 28 de agosto de 2009 en la que TVE dejaba desde enero de 2010 de financiarse de forma mixta, es decir, a través de transferencias presupuestarias y publicidad.

Desde el 1 de enero TVE recibe fondos del presupuesto y otros procedentes de las operadoras telefónicas (0,9% de sus ingresos brutos de explotación), de las TV privadas en abierto (3%) y de las TV privadas de pago (el 1,5%), además de otras fuentes menores. Pero en el bienio 2010-2011 TVE tiene un techo de ingresos de 1.500 millones de euros que se incrementará sólo un 1% en el bienio siguiente. Y a partir de 2014, los la facturación aumentará según el IPC.

Pero TVE ha liberado para el mercado la muy respetable cantidad de 560 millones de euros que irán a parar, como bien contaba en EC Daniel Toledo el pasado jueves, a Telecinco-Cuatro (116 millones) y a Antena 3- La Sexta (68), es decir, el 65% de la publicidad que captaba TVE financiará a las privadas, un 20% a otros medios y un 15% se diluirá o se perderá. Este sistema de financiación está sometido al análisis de legalidad europea en la UE.

La Unión de Bancos Suizos (UBS) en España ha elaborado este informe que apunta también a un incremento de las tarifas publicitarias por las privadas (entre un 10 y un 20%) y al aumento de su valor en Bolsa. Por si fuera poco, la elaboración de muchos espacios de la programación de TVE se contrata con productoras vinculadas a las televisiones privadas. Precisamente por eso, los trabajadores de la Entidad fueron a la huelga el pasado miércoles.

Las privadas quieren más

Pero ahí no paran las cosas: la ley de agosto de 2009 impone a TVE tales obligaciones de servicio público y tal corsé financiero que su liderazgo actual en audiencia va a ser fugaz. Sencillamente porque no habrá dinero para sostener una programación comercial de calidad que el presidente de UTECA ya ha advertido debe suprimirse en TVE para –a lo que se ve—dedicarse en exclusiva a retransmitir los plenos parlamentarios y a emitir películas descatalogadas, para así no sólo zampar más tarta publicitaria sino impedir que TVE tenga la remota posibilidad de competir en audiencia como viene haciéndolo con notabilísimo éxito.

El Gobierno socialista se ha arrepentido de su medida más sensata  de cuantas se habían tomada sobre la TV pública y ha pasado a reducir sus posibilidades financieras de forma drástica, y cebar con los ingresos publicitarios  de TVE los ya abundantes de las privadas que, a punto de concentrarse, conformaran un duopolio, y una de las dos empresas será de capital extranjero: Mediaset,  propiedad de Silvio Berlusconi.

Con la aprobación del PP, el Gobierno sustituyó al Presidente de la Corporación, Luis Fernández, que obviamente dimitió, nombrando a Alberto Oliart, un político de la Transición y sin otras expectativas que gestionar disciplinadamente las escaseces progresivas de TVE. Ente que también en la primera legislatura socialista y bajo la dirección general de Carmen Cafarell, presentó, y fue aprobado, un abultado y muy generoso ERE que se consideró como la solución a todos los males de la emisora del Estado. ¿Qué ocurrirá ahora con el departamento comercial de  TVE? ¿Venderá Oliart, como dice necesitar, los derechos del motociclismo? ¿Fusionará La 2 con Cultural.2?

En definitiva: ¿Cuánto tiempo transcurrirá hasta que veamos languidecer irremisiblemente la TV pública en España dejando todo el campo libre a la ya probada deontología y responsabilidad social de las programaciones de algunas privadas en la mente de todos? ¿Repara el Gobierno que al debilitar hasta estos extremos la TV pública y no poner mano sobre las autonómicas –que campan por sus respetos— pierde el Estado otro elemento de cohesión de los que no está sobrado? ¿Cómo compatibiliza el Ejecutivo su socialismo militante con recebar las cuentas de entidades privadas en detrimento de lo que es todavía “un servicio público”? Y en todo caso, ¿por qué tantas limitaciones a la programación de la TV pública? ¿Para, además de ingresos adicionales, trasvasar audiencia a las privadas y completar así el negocio de estas empresas con tan educativas y edificantes programaciones comerciales? ¿Está optando el Gobierno, sin decirlo, por el modelo de audiencia de la TV pública estadounidense (casi inexistente) en vez de hacerlo por la continental europea (potente y con distintas fórmulas de financiación)?

Un fraude político

Lo que ha ocurrido –y lo que va ocurrir con  TVE— es un fraude político, no sólo para el electorado socialista, sino para la sociedad española en su conjunto, a la que se priva de un instrumento de culturización, información, programación digna y patrimonio intangible común. Este Gobierno habrá de explicar con pelos y señales por qué en 2006 elaboró un modelo que, además funcionó, y en 2009 lo destruyó en pleno mes de agosto por decreto ley. Es imposible no sospechar segundas y terceras intenciones en la operación que dirigió Teresa Fernández de la Vega al margen y con desprecio de los máximos responsables de TVE que han migrado a compañías privadas porque eran, y lo son, buenos profesionales.

Si esta operación abrupta y sobrevenida termina en la previsible irrelevancia de  TVE, la responsabilidad por entero será –otra más— del Gobierno de Rodríguez Zapatero. Mientras, Feijoo, Camps, Aguirre, Griñán, Montilla, López y Valcárcel siguen con TV autonómicas convertidas la mayoría –todas quizá y de modo inevitable- en terminales gubernamentales y con caño libre de financiación. El Estado como tal queda desapoderado de un instrumento decisivo de nacionalización democrática, mientras que las comunidades autónomas continúan fortaleciéndose, conformándose así un modelo de distribución de poder por completo desequilibrado. Al tiempo, RNE pierde delegaciones territoriales y la agencia EFE (con presencia en decenas de países y que promociona la lengua española) atraviesa por enormes dificultades incardinada en la SEPI.

Conclusión: el denostado –pero a lo que se ve también inteligente— Silvio Berlusconi, la supuesta antítesis de Zapatero, con una previsible cuota de mercado publicitario televisivo para su Telecinco (absorbida Cuatro) del 45%, será en este país todo un poder fáctico y ya sin los muy precarios equilibrios que suponía la presencia de Vocento en el accionariado de la cadena que dirige con mano de hierro Paolo Vasile.

No parecía coherente que el PSOE destruyera –otra cosa era racionalizar— el sistema de medios públicos de comunicación. Hasta eso ha conseguido y no precisamente por ahorro o por convicción, sino por motivos más prosaicos: granjearse apoyos para continuar en el poder. Este socialismo dispone de una capacidad de incoherencia destructiva sobrecogedora. Y el presidente del Gobierno italiano y dueño de Mediaset le ha tomado la medida a Rodríguez Zapatero con la rapidez del rayo. Francia, Reino Unido, la propia Italia, Alemania… por supuesto, tienen fuertes y eficientes televisiones públicas. Y total libertad de expresión. Allí parece que gobierna gente más seria.