Reggio’s

CRISIS DIPLOMÁTICA POR LA EXPROPIACIÓN DE YPF

El lunes 16 de abril la presidenta argentina, Cristina Fernández, tomó la que probablemente será la medida más polémica y contundente de su segundo mandato. Ese día anunció la expropiación del 51% de las acciones de YPF, controlada mayoritariamente por Repsol. La puesta en escena del lanzamiento sorpresivo de la medida recordó, salvando las distancias, los sucesos ocurridos en el Congreso argentino en las navidades de 2001, cuando el entonces presidente Adolfo Rodríguez Saá anunció que el país entraba en default. Al igual que el lunes, quienes poblaban el hemiciclo y las tribunas vitorearon y jalearon el anuncio como si se tratara de la conquista de un campeonato mundial de fútbol y no de una cuestión de gran seriedad y trascendencia para el futuro económico de Argentina.

En medio del clímax que supuso el anuncio de la presidenta Fernández, fueron muchos los que tanto en España como en Argentina, o en otras partes del mundo, se preguntaban por qué se toma esta medida y por qué precisamente ahora. Para poder responder a estos interrogantes hay que entrar en una serie de consideraciones políticas y económicas, que son las que pueden ilustrar algo más en torno a los dramáticos sucesos de anteayer.

Previamente se especuló en tres ocasiones en torno al anuncio. La primera el 1 de marzo, coincidiendo con la inauguración por la presidente del curso parlamentario. Posteriormente, el 2 de abril, 30 aniversario de la guerra de las Malvinas, en el acto de Ushuaia y, por último el jueves 12 de abril, cuando parecía que la sentencia estaba redactada. El viaje de Cristina Fernández a Cartagena de Indias para participar en la Cumbre de las Américas relajó un poco la tensión y dio lugar, incluso, a pensar en un posible acuerdo entre las partes.

Fue a la vuelta de Cartagena, acompañada por la frustración de no haber obtenido una declaración de solidaridad con la posición argentina en Malvinas, cuando la presidenta tomó su decisión. Para ello se valió de la gran legitimidad conquistada en la última elección presidencial (54% de los votos y 40 puntos de diferencia con su rival más inmediato) y del resultado de algunas encuestas que apuntaban a que casi el 50% del pueblo argentino apoyaría una medida semejante. De ahí el énfasis puesto en exaltar las pulsiones nacionalistas, tan fuertes en un pueblo como el argentino, y tan sensibles en un tema como el energético y los recursos naturales.

Para poder avanzar en su decisión, Cristina Fernández debió resolver algunos problemas internos. Hasta ahora los principales beneficiarios de la extracción de combustibles fósiles eran los estados provinciales, pero el proyecto inicial de nacionalización implicaba trasladar toda la responsabilidad y, por ende, todos los beneficios al gobierno federal. Ante las protestas de los gobernadores, el acuerdo final fue un 51% para el estado federal y un 49% para las diez provincias productoras.

El otro problema era más serio y enfrentaba al sector más radicalizado del gobierno, liderado en este caso por el vice ministro de Economía, Alex Kicillof, y a la agrupación “La Cámpora”, a cuyo frente está Máximo Kirchner, hijo de la presidenta, con otro sector más posibilista, para no hablar de moderación. Pese a sus diferencias, aquí encontramos al ministro de Planificación, Julio de Vido, al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno y al secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini. Si bien en la decisión final la opinión de Kicillof fue decisiva, al frente de la nueva YPF la presidente colocó a De Vido y a Kicillof como interventores con plenos poderes.

El otro aspecto es el económico y aquí nos encontramos con que las previsiones de crecimiento del PIB para 2012 (3,8%) son menos boyantes que el desempeño de 2011 (8,9%). Si bien la contracción de cinco puntos no dejará de tener efectos, la fortaleza de las exportaciones de soja sigue sosteniendo a la economía nacional. Dicho esto, sin embargo, hay que apuntar a una serie de problemas que complican la gobernanza económica, comenzando por el elevado déficit energético (en 2011 se importaron combustibles por valor de 10.000 millones de dólares y una previsión para 2012 de 13.000 millones). Una cantidad muy difícil de asumir por el gobierno argentino.

A esto se suma una inflación disparada, la mayor de América Latina y una importante salida de capitales, que el gobierno quiere impedir recurriendo a medidas intervencionistas y proteccionistas. Si bien con el maquillaje de cifras del INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo), el IPC es muy difícil de medir, algunas estimaciones particulares, perseguidas por el gobierno argentino, lo cifran en el entorno del 25% al 30%, mientras las cifras oficiales insisten en una inflación de un dígito, siempre menor aunque cercana al mítico 10%. En lo relativo al control de divisas se ha limitado y regulado la compra por particulares y empresas, se han restringido hasta límites inimaginables las importaciones, libros incluidos, aunque aquí debieron anularse las trabas impuestas, y se han prácticamente prohibido las repatriaciones de beneficios de las empresas.

En los últimos meses, y acompañando una caída de casi 20 puntos en los índices de aprobación de la presidenta, el nacionalismo se hizo presente con fuerza renovada, de manera tal que el discurso (o el relato como gusta decirse en Argentina) giró en torno a la recuperación de Malvinas y la recuperación de YPF. A esta caída de popularidad no son ajenos los casos de corrupción, comenzando por el escándalo en torno a la impresión de papel moneda en que está implicado el vicepresidente Amado Boudou o el luctuoso accidente ferroviario de Once, en Buenos Aires.

Al gobierno kirchnerista la “caja” de Repsol le resulta de gran utilidad y más en los actuales momentos, cuando afronta serios problemas de liquidez. Pero esto es una cosa, y pensar que van a resolver mágicamente los problemas energéticos del país tras la expropiación de YPF otra totalmente diferente. El problema de fondo es que en Argentina no hay política energética ni la hubo con el kirchnerismo. En 2004 el presidente Néstor Kirchner creó ENARSA (Empresa Nacional de la Energía), que debía ser la encargada de impulsar el renacer estatal en el sector. Para ello debía liderar la exploración en la búsqueda de yacimientos off shore. Desde entonces poco o nada se ha hecho y ENARSA es sólo una importadora de gas y derivados del petróleo.

La falta de política energética debe aplicarse, igualmente, a los yacimientos de gas y petróleo no convencionales de Vaca Muerta, para algunos la tercera reserva internacional de shale gas, tras China y Estados Unidos. Su puesta en explotación requería de fuertes inversiones (superiores a los 25.000 millones de dólares) y una tecnología muy sofisticada, que no está al alcance de todas las empresas del sector y menos de la “nueva” YPF. Por ello, si Argentina quiere reconducir su situación energética y lograr su objetivo de autoabastecimiento, sus actuales autoridades deberían impulsar algún tipo de acuerdo con Repsol. Pero tal como están las cosas, esto último es muy difícil, si no imposible, que ocurra.

Carlos Malamud. Investigador principal para América Latina del Real Instituto Elcano y catedrático de Historia de América de la UNED.

El Gobierno alemán acaba de modificar su legislación con el objeto de excluir a los trabajadores españoles, portugueses y griegos de la prestación del llamado Hartz IV para parados de larga duración, cuya cuantía es de 364 euros, a la que se añade otra serie de beneficios sociales. Hasta ahora, los trabajadores emigrantes de los 17 países -entre los que se encuentran los tres anteriores- que firmaron la Convención Europea sobre Asistencia Social y Médica en el año 2000 tenían derecho, aunque no hubiesen trabajado nunca en Alemania, al cobro de esta ayuda, del mismo modo que los trabajadores alemanes.

Lo primero que sugiere la noticia es la gran diferencia existente entre el sistema de protección social de Alemania y el de España. Por ello, cuando desde el ámbito político o económico se cita a Alemania de cara a copiar determinados aspectos que merman derechos sociales o laborales, tal como se ha hecho en la actual reforma del mercado de trabajo, hay que contestar que las importaciones de elementos foráneos no se pueden realizar de manera individual recogiendo los aspectos más negativos de todos los países sino en conjunto, y estoy seguro de que los trabajadores españoles, por ejemplo, no tendrían ningún inconveniente en cambiar la totalidad de sus condiciones laborales y sociales por las de los alemanes.

Pero la noticia sugiere algo más, la enorme mentira en que se basa la Unión Europea. Es evidente que una cosa es la libertad de circulación de las mercancías y de los capitales y otra cosa muy distinta la de los trabajadores. Movilidad, sí, pero tan solo cuando interesa y en determinadas condiciones. Alemania se encuentra, gracias a la Unión Monetaria y a los beneficios que obtiene de ella en contraposición a otros países, por lo menos hasta ahora, en una situación económica buena, hasta el punto de necesitar importar mano de obra cualificada. La misma Merkel en su visita a España manifestó la necesidad que tiene su país de técnicos e ingenieros, animando a los jóvenes españoles con titulación a la emigración, y no es ningún secreto que jóvenes licenciados en distintas materias, especialmente ingenieros, ante la falta de trabajo en España dirigen sus pasos al país germánico. Semejante flujo migratorio constituye otro elemento de enriquecimiento de Alemania, que recibe mano de obra ya preparada, y de empobrecimiento de España, que ve cómo su inversión en educación se marcha a producir a otras latitudes. Ahora bien, Alemania no está dispuesta a admitir a otro tipo de trabajadores que llegan simplemente a buscar trabajo.

Las manifestaciones al respecto del Gobierno alemán constituyen un buen ejemplo de hipocresía y fariseísmo. El portavoz del Ejecutivo, Steffen Seibert, afirmó que el Gobierno de la canciller Angela Merkel está plenamente a favor de los movimientos de los ciudadanos comunitarios, pero para que esto siga siendo posible, señaló, hay que evitar malas prácticas y abusos. Por lo visto, el derecho a la libertad de movimientos intracomunitarios constituye un abuso de los ciudadanos, y hay que considerar mala práctica el hecho de que Alemania cumpla los compromisos que adquirió cuando firmó la citada Convención Europea, o la sentencia judicial de 2010 que la forzaba a ello. En el colmo del cinismo, el portavoz del ministerio de Trabajo, Jens Florsdorff, ha pretendido justificar la medida por el hecho de que en la situación anterior se trataba de forma desigual a los ciudadanos europeos, ya que los de aquellos diez países que no habían firmado la citada Convención no podían beneficiarse de tal prestación. Parece ser que la forma de arreglar el dispar tratamiento es igualando por abajo. Muy propio del neoliberalismo económico. Es la misma táctica que se sigue en España para uniformar los distintos tipos de contrato, reducir la indemnización por despido de manera que todos los contratos sean temporales.

No obstante, quizá lo más esclarecedor de esta noticia sea que nos pone sobre la pista de la falsedad del discurso de la señora Merkel, ¿Cómo es posible hablar de unidad fiscal en Europa, cuando se limita para los no alemanes esta pequeña ayuda, tanto más insignificante cuanto que apenas la solicitaban los emigrantes? A la única unión fiscal que está dispuesta la canciller es al sometimiento de todos los países a la disciplina fiscal que ella quiera imponer. Alemania nunca aceptará una verdadera unión fiscal, que representaría una importante transferencia de fondos de los países ricos a los menos prósperos, pero por eso mismo los gobiernos de estos últimos países nunca deberían haber aceptado una unión monetaria en estos términos, y por esa razón también esta antes o después se deshará.

www.telefonica.net/web2/martin-seco

La reunión sobre cambio climático (COP17) en Durban concluyó con un resultado fatídico: ya no existe algo que se pueda llamar un régimen global sobre cambio climático. En esta conferencia se desmanteló lo que quedaba del Protocolo de Kioto. Ese tratado adolecía de muchos defectos, pero por lo menos consagraba el principio de obligaciones vinculantes para los países que más han contribuido a generar el problema del cambio climático. El PK expira el año entrante y no tenemos ya nada con qué remplazarlo.

A pesar de este saldo negativo, la prensa de negocios presenta las conclusiones de la COP17 como un triunfo de la diplomacia internacional. ¿Qué fue lo que pasó? En las primeras horas del domingo se llegó a un acuerdo para mantener las negociaciones abiertas con miras a alcanzar un tratado con metas firmes y vinculantes en 2015. Ese tratado entraría en vigor en 2020. Además, se acordó fortalecer el Fondo verde para el clima, una bolsa de recursos para cubrir los costos de adaptación y reducción de emisiones de los países pobres. Nada de esto representa necesariamente buenas noticias.

Para empezar, la idea de negociar un tratado con compromisos vinculantes para 2015 representa un atraso extraordinario en el tema del cambio climático. Los científicos ya nos han alertado sobre la necesidad de estabilizar la acumulación de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera. Casi existe un consenso entre los científicos sobre la necesidad de mantener un nivel de 350 partes por millón de CO2. Alcanzar ese nivel lo antes posible es considerado necesario para mantener el cambio climático global en el rango de hasta dos grados centígrados. Ya de por sí ese aumento de temperatura tendrá serias consecuencias para la agricultura mundial (en especial en los países pobres), eventos meteorológicos extremos más frecuentes, elevación en el nivel de los océanos, sequías e inundaciones más severas, deshielo de glaciares, etc.). Pero parece que permitiría evitar una catástrofe aún mayor.

Lo realmente grave es que en 2010 se alcanzó el nivel de 389 ppm y un regreso a las 350 ppm se antoja casi imposible en las condiciones actuales. Es decir, para cuando comenzó la reunión de Durban ya era tarde.

Eso no es todo. Estados Unidos, con su habitual arrogancia, ha anunciado que una de las características claves del nuevo acuerdo (para 2015) será la verificación. Aquí no se trataría de llegar a acuerdos como el de Kioto, donde el inventario nacional de emisiones de cada país era tomado como un documento fidedigno sobre la generación de gases de efecto invernadero. Nada de eso. Para Estados Unidos el nuevo acuerdo tendrá que tener un régimen de verificación para evitar que algunos países hagan trampas. Por supuesto, la arquitectura de ese sistema de verificaciones será algo complicada. Pero además, habrá que ver cómo reciben esta noticia países como Brasil, China e India, que el nuevo acuerdo buscaría incorporar. Esas negociaciones se van a poner muy difíciles. Quizás eso es precisamente lo que busca Washington.

Sobre el Fondo verde para el clima hay que decir que los 100 mil millones de dólares que contempla ese fondo serán brutalmente insuficientes para hacer frente a las necesidades de los países subdesarrollados. Pero, más allá de eso, esa cifra ni siquiera ha sido depositada o entregada. Por el momento todavía se trata de promesas. Para información detallada véase www.climatefundsupdate.org.

Por otra parte, buena parte de las negociaciones en Durban, y del acuerdo final, tienen que ver con la administración de esos recursos. Estados Unidos insistió durante la mayor parte de la conferencia que el fondo debería ser manejado por el GEF en el Banco Mundial. Esa fue una maniobra de negociación para buscar concesiones sobre otros aspectos del acuerdo. Al final se aceptó que el manejo del fondo estaría bajo una oficina en el marco de la Convención marco sobre cambio climático de las Naciones Unidas. Pero en el nuevo acuerdo de 2015 todo puede cambiar.

Como tiro de gracia, Canadá anunció un día después de la COP17 que se retiraba unilateralmente del Protocolo de Kioto. Su proyecto para explotar las arenas bituminosas de Alberta ya no tiene ningún obstáculo. Muy malas noticias en materia de cambio climático y testimonio de un colosal fracaso alrededor de la Convención marco sobre cambio climático.

Para los países más pobres del planeta, y en especial para África, el resultado de la COP17 es un insulto. Es testimonio de la arrogancia y cinismo de los países poderosos. A la codicia de Estados Unidos y Europa en África, ahora hay que sumar la de China y hasta Brasil, que ya implantan nuevos mecanismos de dominación y de saqueo de recursos. A la violencia asociada a estas incursiones, ahora hay que añadir la del cambio climático. África es el continente que más va a sufrir por el aumento de la temperatura global. La trágica ironía es que aquí es donde se terminó de hundir el régimen global sobre cambio climático.

Alejandro Nadal es miembro del Consejo Editorial de SinPermiso.

La Jornada, 14 diciembre 2011

Hay alternativas más justas y eficaces. Como incrementar los ingresos con una fiscalidad dirigida a los que más ganan, más tienen y más contaminan. O reducir gastos militares, eclesiásticos y de infraestructuras ruinosas.

Asistimos a una crisis mucho más profunda que la crisis financiera. Es la crisis de un modelo de desarrollo ambientalmente insostenible, de un modelo económico socialmente injusto y de un modelo político en el que los partidos gobernantes, supeditados a los poderes económicos, han pervertido la esencia de la política y de la democracia -que, no olvidemos, significa gobierno del pueblo- cambiando el gobierno de la ciudadanía por el de los mercados financieros. Tenemos la convicción de la necesidad de una renovación radical de la política, en España y en el mundo, para regenerar la democracia y hacer que la economía esté al servicio de las personas de acuerdo con las necesidades reales de la sociedad y los límites de la biosfera. Estamos en ello.

Compartimos la visión de quienes consideran que la izquierda ahora gobernante tiene un problema mucho más grave que el del avance electoral de la derecha, que es su falta de horizonte y su incapacidad de imaginar otra receta que la de aceptar las presiones antisociales y degradar los derechos públicos y las condiciones laborales. A su vez, hoy no basta con las opciones tradicionales a su izquierda que no solo no han llegado a recoger el voto ofendido sino que han envejecido como alternativa. Si queremos ir más allá, no solo queremos detener a la derecha, sino también cambiar la izquierda.

Porque las respuestas del siglo pasado no sirven para el siglo XXI y porque a los ideales solidarios hay que sumar nuevos valores: la equidad entendida como igualdad de oportunidades y protección social; el ahorro, la mesura y la eficiencia en el uso de los recursos; la responsabilidad para con las personas y la sociedad, con los animales y con las generaciones futuras; el equilibrio en las relaciones con la naturaleza; la independencia de las instituciones públicas respecto a los poderes económicos; la gestión transparente, honesta y eficiente de lo público al servicio de la ciudadanía, la democracia participativa y deliberativa; el pacifismo activo… para abrir caminos hacia otro proyecto realista de sociedad y de civilización en el que sea posible la convivencia pacífica y el bienestar humano para toda la población, ajustando el desarrollo a los límites físicos y biológicos del planeta, en un mundo que, aunque no perfecto, sea viable para todos y más justo.

Estos valores, sobre los cuales debería ser posible encontrar en la sociedad un amplio entendimiento -más allá de las percepciones ideológicas tradicionales-, deberían configurar una línea de salida concreta a la crisis económica actual, que no solo ha provocado ya cinco millones de desempleados en nuestro país y 200 millones en todo el mundo, sino que amenaza con desmantelar el Estado de bienestar, los derechos laborales y la protección social en Europa y con arruinar las perspectivas de una globalización equitativa a escala mundial.

Esa salida es posible: hay otras alternativas más justas y eficientes para superar la crisis. Alternativas como incrementar los ingresos con una adecuada fiscalidad dirigida a los que más ganan, más tienen y más contaminan; modulando la reducción del gasto reduciéndolo de las subvenciones a las actividades contaminantes, de las inversiones en infraestructuras ruinosas -AVE sin pasajeros, aeropuertos sin aviones, autopistas solitarias-, de los gastos militares y eclesiales, etcétera… en vez de quitárselo a los pensionistas o a los empleados públicos, que educan a nuestros hijos, curan a nuestros enfermos y cuidan a nuestros mayores.

Las empresas, por su parte, lo que realmente necesitan no es más flexibilidad para despedir, sino más crédito para producir y contratar.

Es otro enfoque, perfectamente viable. Es necesaria una nueva política económica que tenga como objetivo la creación de empleo, especialmente en la economía verde y en los servicios sociales.

Pero este nuevo enfoque requiere abrirse camino a escala europea, porque no hay soluciones Estado por Estado. No habrá protección de la sociedad frente a los mercados financieros mientras no haya una respuesta diferente de las autoridades europeas: solo una mayor unidad política, económica y fiscal europea -con bonos europeos para una financiación de las deudas soberanas a menores tasas de interés y a más largo plazo, con una agencia europea de calificación y con una tasa a las transacciones financieras- impedirá que el manejo de la deuda griega y la de los demás países periféricos por parte de los mercados financieros acabe por llevar al euro al colapso y a Europa a la ruina.

Los Verdes europeos, con los que nos identificamos, se están batiendo en el Parlamento Europeo por soluciones similares y han propuesto un green new deal para Europa, porque solo la economía verde y baja en carbono permitirá avanzar hacia otro modelo productivo y de consumo frente a una crisis que no es solo financiera y económica, sino también energética, climática y ecológica.

La peculiar situación española, con un desempleo insoportable, aconseja emprender esa dirección. Posibilidades no faltan: España cuenta con un potencial extraordinario en el desarrollo de las energías renovables, con la mayor superficie cultivada de agricultura ecológica, con capacidades tecnológicas en sectores emergentes, con excelentes profesionales en salud, investigación científica y educación, con una sociedad civil emprendedora… que podrían llevar a construir un desarrollo diferente y con pleno empleo. Pero con trabajos menos vulnerables y más sostenibles: solo las actividades generadoras de empleos verdes, como las energías renovables, la agricultura ecológica, el transporte sostenible, la rehabilitación de edificios, etcétera… podrían generar dos millones de nuevos empleos e importantes beneficios sociales, ambientales y económicos.

Recientemente, el autor de ¡Indignaos!, Stéphane Hessel, nos decía que ahora es el momento de pasar de la indignación al compromiso, cada quien desde su ámbito. Quienes suscribimos este artículo lo hacemos desde el ámbito de la política. Hemos acogido receptivamente las movilizaciones sindicales contra la reforma laboral, las reflexiones y propuestas de las gentes de la cultura y escuchado con atención las demandas indignadas de las plazas tras el 15-M, con las que coincidimos. Pensamos que no solo deben cambiar las políticas, sino también la política. Hacen falta reformas electorales y constitucionales de gran calado, una nueva transición para una mejor representación de la ciudadanía, más activa y directa, el fin del bipartidismo y de la partitocracia, un nuevo empoderamiento popular y un republicanismo participativo en el que el poder esté más repartido, con partidos más democráticos, transparentes y refractarios a la corrupción, con organizaciones sociales y ciudadanas más representativas y con más poder de consulta, control y codecisión, donde la iniciativa legislativa popular y los referendos locales, autonómicos y estatales sean instrumentos habituales y normalizados de ejercicio de la democracia… Una democracia que no lo fíe todo a lo representativo, sino que para ganar legitimidad se le añadan instrumentos de democracia participativa y deliberativa.

El desafío no es menor. El momento histórico y la demanda de la sociedad nos exigen algo nuevo e intentarlo hacer en el sentido más amplio y unitario posible. En este contexto queremos contribuir dinamizando un amplio movimiento político que promueva salidas viables, y, por tanto, distintas de la crisis que padecemos, en clave de equidad social, sostenibilidad ambiental y de mayor democracia. Queremos contribuir a construir un nuevo espacio político plural que ofrezca un cauce de participación a las personas que no se resignan a contemplar pasivamente esta situación; especialmente, queremos crear un espacio de activismo político para las generaciones emergentes y de construcción de alternativas para todas las personas que estén dispuestas a comprometerse generosamente para encontrar, individual y colectivamente, soluciones de actualidad a los desafíos de nuestro tiempo. Ese es nuestro compromiso.

Juan López de Uralde, EQUO, comisión promotora; Inés Sabanés, EQUO; Joan Herrera, secretario general de ICV; Mónica Oltra, diputada de las Cortes Valencianas por Compromís; David Abril, secretario general de Iniciativa Verds (Baleares) y Mario Ortega fue coordinador de Los Verdes de Andalucía.

Siempre que entramos en una profunda crisis surgen teorías que cuestionan el crecimiento económico como base del progreso y la calidad de vida. En los años setenta, varios autores aunaron el concepto de decrecimiento y el Club de Roma publicó los límites del crecimiento, todo ello enmarcado en la crisis del petróleo. Sin embargo, en los años ochenta apareció el concepto de desarrollo sostenible que creía poder aunar crecimiento con respeto al medio ambiente y límites al uso de las energías no renovables. Hoy, empero, sumergidos en otra crisis, el decrecimiento como paradigma resurge entre académicos y enfoques políticos alternativos. Se trata, en palabras de Martínez Alier, de disminuir el tamaño de los flujos de recursos como la única manera de garantizar que estos no se agoten, lo que debe ir acompañado del fortalecimiento de los valores sociales y ecológicos. Sin embargo, el decrecimiento debe definirse con mayor claridad y sus implicaciones en los ingresos y el empleo deben considerarse con mucho detenimiento.

De todos modos, es interesante vincular las ideas que circulan alrededor del decrecimiento con la ciudad y el urbanismo, pues parece un término excelente para proyectar el futuro de nuestras urbes. El decrecimiento se sustenta en ocho erres: revaluar, reconceptualizar, reestructurar, relocalizar, redistribuir, reducir, reutilizar y reciclar. Y todas ellas deberían tener una imagen en las ciudades. Revaluar y reconceptualizar lo urbano para que no siga siendo un depredador de suelo. Las ciudades sin crecimiento poblacional tienen que tener límites fijos para volver a saber dónde empieza y dónde acaba la ciudad. Reestructurar, relocalizar y redistribuir las distintas actividades y servicios cotidianos en el interior de la ciudad con el fin de reducir la dependencia de los vehículos mecánicos y promover la proximidad. Con ello reduciríamos la energía consumida y las emisiones de CO². Reutilizar y reciclar el parque de viviendas con el fin de evitar nuevas construcciones, ahorrar en materiales, valorar la historia y minimizar el parque de viviendas vacías y de segunda residencia. Y sin que ello menoscabe la posibilidad de reinventar, reescribir y revivir lo urbano, un hábitat humano que se desarrolló para hacernos más libres y para que las ideas fluyeran de forma más ágil.

Carme Miralles-Guasch. Profesora de Geografía Urbana.

LA CRISIS ECONÓMICA: ANÁLISIS

José Luis Rodríguez Zapatero se rindió ayer ante lo evidente. Desde antes del verano de 2010 ya era un zombi, un muerto viviente. Con esa dureza lo retrató hace un año el líder de CiU Josep Antoni Duran Lleida en un debate parlamentario donde la abstencion de los nacionalistas catalanes permitió al Gobierno salvar la cara. Al final, la famosa «geometría variable», el tiqui-taca parlamentario de la segunda legislatura de Zapatero, se convirtió en una siniestra pesadilla.

El acceso de Zapatero al poder no fue sólo el fruto de una convulsión mayor (la matanza del 11-M), sino del espíritu de nuevos ricos que se apoderó de España al final de la segunda legislatura de Aznar. El boom inmobiliario, el dinero fácil, los tipos de interés reales negativos, la entrada en el euro: todo contribuyó a olvidar los estrictos deberes que el profesor Barea y el severo Aznar nos habían impuesto en su primer mandato.

La Economía es la disciplina que trata de la mejor administración posible de unos recursos escasos ante necesidades humanas crecientes. Aquél que olvida que somos esencialmente pobres (por nuestros escasos recursos) sólo está mostrando un olímpico desprecio por esta ciencia. Zapatero ni siquiera se interesó por disimular sus carencias porque recibió un legado difícil de mejorar: la economía crecía al 3,1%, el paro llegaba al 11,08% y el déficit publico apenas era del 0,3% en 2004.

Para paliar su escaso crédito económico, Zapatero fichó al ex ministro y comisario europeo Pedro Solbes, al que encargó traducir en numeros sus objetivos políticos. Pero en la primera legislatura ni siquiera se ocupó de acudir a las «dos tardes» de clases que le recomendó su amigo Jordi Sevilla, ministro de Administraciones Públicas. Al final, Sevilla salió del Ejecutivo mientras Solbes se dedicaba a escenificar una lucha continua con el presidente porque su caracter dispendioso amenazaba el equilibrio fiscal.

Eran días de vino y rosas gracias al boom inmobiliario que le había legado el PP. Los alcaldes estaban felices porque las recalificaciones y el impuesto de transferencias llenaban las arcas municipales. Los presidentes autonómicos estiraban el brazo más que la manga. La recaudacion fiscal crecía cada semestre. La izquierda, parte de ella acampada en el PSOE, consideraba antisocial el déficit cero. Zapatero, presa de un ataque de creatividad legal, inventaba subsidios y otorgaba nuevos derechos según conocía los problemas humanos en cócteles y recepciones: promovió el famoso cheque-bebé de 2.500 euros tras un encuentro con una literata embarazada.

El examen forense de esa primera legislatura muestra que cada día que permaneció mirando cómo crecía la burbuja inmobiliaria, sólo se engordaba la lista del paro del futuro. Hoy, expertos del PSOE que participaron en ese Ejecutivo creen que el superávit público debió ser del orden del 8% para paliar algo el pinchazo inmobiliario, además de adoptar otras medidas para frenar el endeudamiento de empresas y familias.

En la campaña de 2008, tanto Zapatero como Mariano Rajoy prometieron el pleno empleo. Claro, la tasa de paro estaba en 10,44% y bajando. Pero ya había síntomas muy graves. Los ciudadanos, sin embargo, le votaron. La mayoría de los expertos coincide en que la crisis financiera comenzó en el verano de 2007 con un súbito corte de liquidez en los mercados mundiales. En marzo de 2008 quebró Bear Sterns y la crisis subprime estaba en su apogeo. El presidente negaba la realidad: «La crisis es una falacia, puro catastrofismo», dijo en enero de 2008. «Lo de que hay crisis es opinable», insistía en junio.

A finales de 2008, Zapatero constató que la situación era grave. Logró situar a España en el G-20, pese a la extrema debilidad de nuestra politica exterior. En 2009, Solbes, que había perdido todo su crédito con unos Presupuestos fallidos que arrojaron un déficit de mas del 10% del PIB, dejó el Gobieno.

El acto final de Zapatero, cuando se convirtió en zombi, fue en mayo de 2010, cuando aplicó los recortes sociales de los que había renegado toda la legislatura. Entonces, creía que contaba con la complicidad de los grandes empresarios y los agentes sociales, y que eso le permitiría llegar hasta marzo de 2012. Se equivocó. Tras el 22-M, quedó claro que su ciclo político había terminado.

La semana pasada ya se vio que habría adelanto electoral. Los ministerios recibieron la orden de aparcar los preparativos para formular los Presupuestos de 2012. Eso quizá explique la elección del controvertido 20-N. Para votar ese día se debía convocar el 26 de septiembre. Cualquier fecha posterior (tambien se consideró el 27-N) llevaba a convocar con fecha posterior al 30 de septiembre y eso significaba que el Gobierno debía, al menos, formular los Presupuestos ante el Parlamento. Un trabajo al que ahora han renunciado.

El escenario no es tan óptimo como dice Zapatero. El calendario le obliga a prorrogar los Presupuestos de 2011 con un déficit previsto del 6%, y deja al nuevo Gobierno una papeleta muy difícil. Esto ya ocurrió en Cataluña en 2010, cuando Montilla prorrogó las cuentas públicas; y Cataluña no ha tenido Presupuestos para 2011 hasta hace una semana, con la mitad del ejercicio ya ejecutado.

El aire envenenado que estos días respiran millones de españoles no es producto de un anticiclón y, aunque estemos esperando que lleguen las lluvias para que los niveles de polución bajen, la contaminación va a seguir ahí. Los índices, eso sí, oscilarán según la meteorología. Los medios de transporte, básicamente privados, emiten una cantidad sinfín de partículas que vician a diario el aire que respiramos, todos, y es una contaminación que nos mata. La comunidad médica al unísono lo ratifica informe tras informe, pero no parece que nos demos por aludidos. Por supuesto nosotros no nos sentimos responsables, aunque el humo salga de nuestros coches. Y poco nos importa apoyar medidas colectivas serias y a medio y largo plazo que puedan ir rebajando estos niveles de toxicidad. Tampoco los responsables políticos se sienten muy aludidos y parece que a lo que temen es a las multas de Bruselas por los índices máximos de contaminación.

Sin embargo, en muchas ciudades europeas desde hace años se van implantando medidas que, aunque despacio, van cambiando hábitos de movilidad de los ciudadanos, sobre todo en lugares donde se pueda prescindir del coche privado en los desplazamientos cotidianos. Las medidas tienen que ser multisectoriales, combinar distintas estrategias y adaptarse a los ritmos locales. Pero, a diferencia de lo que pasa en España, hay una política pública que tiene objetivos concretos.

En Barcelona, el nuevo Gobierno autonómico ha decidido, a pesar de todos los conocimientos científicos que relacionan incrementos de velocidad con aumento de contaminación y de accidentes de tráfico, eliminar el límite de circulación de 80 kilómetros por hora. Parece que los motivos son sólo ideológicos y no tienen ninguna base científica; están enraizados en razonamientos ya obsoletos, que identifican más velocidad con más prestigio social, aunque ello implique más accidentes, más contaminación y más consumo de energías no renovables.

Sin embargo, la realidad es muy tozuda y el anticiclón nos ayuda a recordarlo en un ámbito, además, donde todos somos víctimas, como es la contaminación atmosférica. Da igual dónde vivas, a qué colectivo social pertenezcas, qué trabajo tengas. El aire es común y las consecuencias de respirarlo las compartimos todos.

Carme Miralles-Guasch es profesora de Geografía Urbana

El actual modelo de producción agrícola y ganadero industrial contribuye a profundizar en la crisis ecológica global con un impacto directo en la generación de cambio climático. Aunque a primera vista no lo parezca, la agroindustria es una de las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero.

Así lo ha puesto de relieve la campaña No te comas el mundo, en el marco de las movilizaciones de estos días con motivo de la reunión de las Naciones Unidas en Barcelona sobre cambio climático, previa a la crucial cumbre de Copenhague (COP15) de diciembre, donde debe aprobarse un nuevo tratado que sustituya al de Kyoto.

Según la campaña, entre un 44 y un 57% de las emisiones de gases de efecto invernadero son provocadas por el actual modelo de producción, distribución y consumo de alimentos. Una cifra que resulta de sumar las emisiones de las actividades estrictamente agrícolas (11-15%), la deforestación (15-18%), el procesamiento, transporte y refrigeración de los alimentos (15-20%) y los residuos orgánicos (3-4%).

Y es que no podemos olvidar los elementos que caracterizan a este sistema de producción de alimentos: intensivo, industrial, kilométrico, deslocalizado y petrodependiente. Veámoslo en detalle.

Intensivo, porque lleva a cabo una sobre-explotación de los suelos y de los recursos naturales que acaba generando la liberación de gases de efecto invernadero por parte de bosques, campos de cultivo y pastos. Al anteponer la productividad al cuidado del medio ambiente y a la regeneración de la tierra, se rompe el equilibrio mediante el cual los suelos capturan y almacenan carbono, contribuyendo a la estabilidad climática.

Industrial, porque consiste en un modelo de producción mecanizado, con uso de agroquímicos, monocultivos, etc. La utilización de grandes tractores para labrar la tierra y procesar la comida contribuye a la liberación de más CO². Los fertilizantes químicos utilizados en la agricultura y en la ganadería moderna generan una importante cantidad de óxido nitroso, una de las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero. Asimismo, la quema de bosques, selvas… para convertirlos en pastos o monocultivos acaba afectando gravemente a la biodiversidad y contribuye a la liberación masiva de carbono.

Kilométrico y petrodependiente, porque se trata de una producción de mercancías deslocalizada en busca de la mano de obra más barata y de la legislación medioambiental más laxa. Los alimentos que consumimos recorren miles de kilómetros antes de llegar a nuestra mesa con el consiguiente impacto medioambiental. Se calcula que, en la actualidad, la mayor parte de los alimentos viajan entre 2.500 y 4.000 kilómetros antes de ser consumidos, un 25% más que en 1980. Nos encontramos ante una situación totalmente insostenible donde, por ejemplo, la energía para mandar unas lechugas de Almería a Holanda es tres veces superior a la utilizada para cultivarlas, a la vez que consumimos alimentos que provienen de la otra punta del mundo cuando muchos de estos se cultivan también a nivel local.

Este modelo de alimentación kilométrica y viajera, así como el alto uso de agroquímicos derivados del petróleo, implica una fuerte dependencia de los recursos fósiles. En consecuencia, en la medida en que el modelo productivo agrícola y ganadero industrial depende fuertemente del petróleo, la crisis alimentaria, la crisis energética y la crisis climática están íntimamente relacionadas.

Pero, a pesar de estos datos, podemos parar el cambio climático, y la agricultura campesina, local y agroecológica –como señala el centro de investigación GRAIN– puede contribuir de forma determinante a ello. Se trata de devolverle a la tierra la materia orgánica que se le ha quitado, después de que la revolución verde haya agotado los suelos con el uso intensivo de fertilizantes químicos, pesticidas, etc. Para hacerlo, hace falta apostar por técnicas agrícolas sostenibles que pueden aumentar gradualmente la materia orgánica de la tierra en un 2% en un periodo de 50 años, restituyendo así el porcentaje eliminado desde la década de los sesenta.

Es necesario apostar por un modelo de producción diversificado, incorporando praderas y abono verde, integrando de nuevo la producción animal en el cultivo agrícola, con árboles y plantas silvestres, así como promoviendo circuitos cortos de comercialización y venta directa en mercados locales. Con estas prácticas, se calcula que sería posible capturar hasta dos tercios del actual exceso de CO² en la atmósfera. El movimiento internacional La Vía Campesina lo tiene claro cuando señala que “la agricultura campesina puede enfriar el planeta”.

Asimismo, hay que denunciar las falsas soluciones del capitalismo verde al cambio climático, como la energía nuclear, los agrocombustibles u otras, así como los lobbies empresariales que buscan mercantilizar el tratado de Copenhague. Desde distintos movimientos sociales se exige justicia climática, frente a los mecanismos de mercado incorporados en el protocolo de Kyoto y que tendrán continuidad en Copenhague. Una justicia climática que debe ir a la par con la justicia social, ligando la lucha contra la crisis ecológica global con el combate contra la crisis económica que afecta a amplios sectores populares, en base a una perspectiva anticapitalista y ecosocialista. Para que el clima no cambie, hay que cambiar el mundo.

Esther Vivas es autora de ‘Del campo al plato’ (Icaria, 2009).

El Obama serio

(Tomado de Cubadebate)

El presidente bolivariano Hugo Chávez fue realmente original cuando habló del “enigma de los dos Obamas”.

Hoy habló el Obama serio. Hace poco reconocí dos aspectos positivos de su conducta: el intento de llevar la salud a 47 millones de norteamericanos que carecen de ella, y su preocupación por el cambio climático.

Lo que ayer expresé sobre la amenaza inminente que se cierne sobre la especie humana, podría parecer pesimista, pero no se aleja de la realidad. Está por conocerse ahora la opinión de muchos Jefes de Estado sobre el tema ignorado y olvidado del cambio climático.

Obama fue el primero en emitir su opinión como país sede de la Reunión de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre ese tema.

¿Qué dijo? Transcribo las palabras esenciales de sus pronunciamientos:

“Reconocemos que la amenaza contra el planeta es seria y creciente.”

“La respuesta a este reto ambiental será juzgada por la historia.”

“No hay nación, por grande o pequeña que sea, que escape al impacto del cambio climático.”

“Cada día aumentan las mareas altas que azotan las líneas costeras, tormentas e inundaciones más fuertes amenazan nuestros continentes.”

“La seguridad y estabilidad de todas nuestras naciones peligran.”

“Hemos puesto el clima en el tope de las prioridades de nuestra agenda internacional, de China a Brasil, de India a México, África y Europa.”

“Uniéndonos, estos pasos son significativos.”

“Entendemos la gravedad de la situación y estamos determinados a actuar.”

“Pero no vinimos hoy aquí a celebrar progresos.”

“Queda mucho trabajo por hacer.”

“Y ese trabajo no será fácil.”

“Notamos que la parte más difícil del recorrido está frente a nosotros.”

“Esto ocurre en momentos en que la prioridad para muchos es revivir las economías.”

“Todos enfrentamos dudas en cuanto al desafío climático.”

“Las dificultades y las dudas no son excusas para no actuar.”

“Cada uno de nosotros debe hacer su parte para que nuestras economías crezcan sin poner en peligro el planeta.”

“Debemos hacer de Copenhague un paso significativo de avance en cuanto al debate climático.”

“Tampoco debemos permitir que viejas divisiones obstaculicen la búsqueda de soluciones, unidos.”

“Las naciones desarrolladas han causado la mayor parte del daño y deben asumir su responsabilidad.”

“No sobrepasaremos este reto a menos que nos unamos.”

“Sabemos que estas naciones, especialmente las más vulnerables, no tienen los mismos recursos para combatir los retos climáticos.”

“El futuro no es una opción entre crecimiento económico y planeta limpio, porque la supervivencia depende de ambos.”

“Tenemos la responsabilidad de proveer ayuda financiera y técnica a estas naciones.”

“Buscamos un pacto que permita aumentar la calidad de vida de los pueblos, sin afectar al planeta.”

“Sabemos que el futuro depende de un compromiso global.”

“Pero el camino es largo y duro y no tenemos tiempo para hacer el recorrido.”

El problema ahora es que todo lo que afirma está en contradicción con lo que Estados Unidos viene haciendo desde hace 150 años, particularmente desde que, al finalizar la Segund Guerra Mundial, impuso al mundo el acuerdo de Bretton Woods y se convirtió en amo de la economía mundial.

Los cientos de bases militares instaladas en decenas de países de todos los continentes, sus portaaviones y sus flotas navales, sus miles de armas nucleares, sus guerras de conquista, su complejo militar industrial y su comercio de armas, son incompatibles con la supervivencia de nuestra especie. Las sociedades de consumo y el despilfarro de los recursos materiales son igualmente incompatibles con la idea del crecimiento económico y un planeta limpio. El derroche ilimitado de recursos naturales no renovables, especialmente el petróleo y el gas, acumulado durante cientos de millones de años y que en apenas dos siglos se agotarán al ritmo actual de consumo, han sido las causas fundamentales del cambio climático. Aun cuando se reduzcan los gases contaminantes en los países industrializados, lo que sería loable, no es menos cierto que 5 mil 200 millones de habitantes del planeta Tierra, es decir, las tres cuartas partes de la población, viven en los países que en mayor o menor grado están por desarrollar, los cuales demandarán enormes consumos de carbón, petróleo, gas natural y otros recursos no renovables que, de acuerdo con patrones de consumo creados por la economía capitalista, son incompatibles con el objetivo de salvar la especie humana.

No sería justo culpar al Obama serio del mencionado enigma por lo ocurrido hasta hoy, pero es menos justo todavía que el otro Obama nos hiciera creer que la humanidad pueda preservarse bajo las normas que hoy prevalecen en la economía mundial.

El Presidente de Estados Unidos admitió que las naciones desarrolladas han causado la mayor parte del daño y deben asumir la responsabilidad. Fue sin dudas un gesto valiente.

Sería justo reconocer también que ningún otro Presidente de Estados Unidos habría tenido el valor de decir lo que él dijo.

Fidel Castro Ruz
Septiembre 22 de 2009
6 y 14 p.m.

Una especie en peligro de extinción

(Tomado de Cubadebate)

Me habría gustado hablar hoy del extraordinario concierto “Paz sin Fronteras”, celebrado en la Plaza de la Revolución “José Martí” hace 24 horas, pero la porfiada realidad me obliga a escribir sobre un peligro que amenaza no solo la paz, sino también la supervivencia de nuestra especie.

La Organización de Naciones Unidas, cuya tarea es velar por la paz, la seguridad y los derechos de casi 200 Estados, que allí representan a más de 6 mil 500 millones de habitantes del planeta, iniciará los debates de su Asamblea General con la participación de los Jefes de Estado el próximo miércoles. Esta vez, dada la importancia excepcional del tema, dedicará el martes 22 de septiembre a una Sesión de Alto Nivel sobre el Cambio Climático, como preparación para la Conferencia de Copenhague, Dinamarca, entre el 7 y el 18 de diciembre del presente año.

En la Conferencia Internacional sobre el Medio Ambiente convocada por la ONU en Río de Janeiro, afirmé como jefe entonces del Estado cubano: “Una especie está en peligro de extinción: el hombre”. Cuando pronuncié y fundamenté aquellas palabras, recibidas y aplaudidas por los jefes de Estado allí presentes —incluido el Presidente de Estados Unidos, un Bush menos tenebroso que su hijo George W.—, éstos creían disponer todavía de varios siglos para enfrentar el problema. Yo mismo no lo veía en fecha tan cercana como 60 u 80 años.

Hoy se trata de un peligro realmente inminente y sus efectos son ya visibles. Me limitaré solo a unos pocos detalles, que serán ampliamente abordados en Nueva York por nuestro Ministro de Relaciones Exteriores que allí intervendrá en nombre de Cuba.

La temperatura promedio ha crecido 0,8 grados centígrados desde 1980, según el Instituto de Estudios Espaciales de la NASA. Las últimas dos décadas del siglo XX fueron las más calurosas en cientos de años. Las temperaturas en Alaska, el Oeste canadiense y el Este de Rusia han subido a un ritmo que duplica el promedio mundial. El hielo del Ártico está desapareciendo rápidamente y la región puede experimentar su primer verano completamente libre de hielo tan pronto como en el año 2040. Los efectos son visibles en las masas de hielo de más de dos kilómetros de altura que se derriten en Groenlandia, los glaciares de Suramérica, desde Ecuador hasta el Cabo de Hornos, fuentes fundamentales de agua, y la gigantesca capa de hielo que cubre la extensa zona Antártida.

Las actuales concentraciones de dióxido de carbono han alcanzado el equivalente a 380 partes por millón, cifra que supera el rango natural de los últimos 650 mil años. El calentamiento está afectando ya los sistemas naturales de todo el mundo. Si esto ocurriera sería devastador para todos los pueblos.

Los científicos han descubierto que hace no menos de 3 mil millones de años surgieron las primeras formas de vida elemental en el planeta Tierra. Desde entonces las mismas evolucionaron continuamente hacia formas superiores y complejas en virtud de leyes biológicas inexorables. Nuestra actual especie, el Homo sapiens, apenas cuenta con 150 mil años de existencia, una insignificante fracción de tiempo desde que surgió la vida. Aunque los griegos, cientos de años antes de nuestra era, poseían ya determinados conocimientos astronómicos, hace solo algo más de 500 años, después de un largo período de oscuridad medieval, el hombre llegó a conocer que la Tierra era redonda y no plana. Un almirante audaz de origen genovés y sólidos conocimientos se propuso navegar hacia el Este en busca de la India, en vez de bordear por el Sur de África. Comenzaba la colonización europea de este hemisferio y el resto del planeta.

La especie humana pudo medir con bastante precisión la vuelta de la Tierra cada 24 horas y su movimiento de traslación alrededor de la enorme masa incandescente del Sol, cada 365 días aproximadamente. Estas y otras singulares circunstancias estaban asociadas a la existencia y la vida de todas las especies que existían entonces.

Desde la antigüedad, los filósofos y pensadores más avanzados han buscado la justicia social. A pesar de eso la esclavitud física duró legalmente todavía hasta hace 129 años, en que se decretó la abolición de la esclavitud en la colonia española de Cuba.

Desde mi punto de vista la Teoría de la Evolución, expuesta por Darwin en su libro “El origen de las especies”, ha sido uno de los dos descubrimientos de la ciencia más importantes. Algunos vieron en ella un antagonismo con las creencias religiosas; ningún científico, sin embargo, hoy la niega, y muchos de ellos, que profesan sinceras creencias religiosas, ven en la evolución la expresión de la voluntad divina.

El otro aporte decisivo fue el de la Teoría General de la Relatividad de Albert Einstein, expuesta en 1915, fuente de muchas investigaciones posteriores a la muerte del autor en abril de 1955. Pocas personas han influido tanto en el destino del mundo como él. Einstein persuadió a Roosevelt de iniciar las investigaciones para producir la bomba atómica por temor a que esta fuese desarrollada por los nazis. Cuando Truman las hizo estallar sobre las ciudades civiles indefensas de Hiroshima y Nagasaki, de tal manera le impactó el hecho que se convirtió en un pacifista convencido. Hoy Estados Unidos posee miles de armas nucleares más potentes que aquellas, las cuales podrían exterminar varias veces la población del mundo. Son a su vez, los mayores productores y exportadores de todo tipo de armas.

El ritmo acelerado de las investigaciones científicas en todos los campos de la producción material y los servicios, bajo el orden económico impuesto al mundo después de la Segunda Guerra Mundial, ha conducido a la humanidad a una situación insostenible.

Nuestro deber es exigir la verdad. La población de todos los países tiene derecho a conocer los factores que originan el cambio climático y cuáles son las posibilidades actuales de la ciencia para revertir la tendencia, si aún se dispone realmente de ellas.

El pueblo cubano, especialmente su magnífica juventud, demostró ayer que aún en medio de un brutal bloqueo económico es posible vencer obstáculos inimaginables.

Fidel Castro Ruz
Septiembre 21 de 2009
5 y 44 p.m.

James Lovelock es un científico mundialmente conocido por ser el autor de la hipótesis Gaia (nombre de la diosa que personificaba la Tierra en la mitología griega). Popularmente es más conocido aún por ser una de las grandes personalidades de la cultura verde que defiende la energía nuclear y el uso de las tecnologías más avanzadas como una forma eficaz de garantizar la supervivencia de la especie humana ante el cambio climático.

Los calores que padecemos en este mes de agosto pueden ser una buena excusa para echar una ojeada, de la mano de este sabio inconformista, por una de las fronteras más apasionantes e inciertas de la cultura científica actual. El contenido esencial de la hipótesis Gaia consiste en considerar la Tierra (incluyendo las rocas, los océanos, el aire y los seres vivos) como un sistema que se autorregula de forma que, a la larga, logra mantenerse en las condiciones más favorables para la continuidad de la vida. Durante años esta teoría ha sido ignorada y después atacada por la ciencia oficial. En la actualidad, el apoyo de otros científicos famosos, como Linn Margulis, y la celebración de varias conferencias mundiales sobre el tema han contribuido a perfilar los rasgos científicos de la teoría y a liberarla de la literatura fantástica, y algo mística, que la acompañó (y la perjudicó) desde el principio.

En su último libro (The Vanishing Face of Gaia. A final Warning) Lovelock se propone hacer un balance de Gaia en su contexto científico más riguroso, y lanzar “un último aviso”. Lovelock no desprecia las voces de alarma y los esfuerzos de algunos gobiernos por reducir las emisiones de CO2 y detener el calentamiento global promoviendo el uso de energías alternativas (aunque considera que la energía nuclear es imprescindible y que la única energía renovable que tiene un futuro prometedor es la solar térmica). Pero está convencido de que ya es demasiado tarde para eso. Lo que deberíamos estar haciendo, en su opinión, es prepararnos para lo inevitable: la Tierra entrará en un largo periodo cálido y la vida humana sólo podrá desarrollarse en las zonas más templadas que se salven del crecimiento de los mares y del calentamiento excesivo.

Para sobrevivir en esas condiciones, necesitaremos toda la ciencia y la tecnología de que podamos disponer. Pero, además, tendremos que cambiar nuestra forma de vernos a nosotros mismos y aceptar que lo importante es Gaia, ese sistema con vida propia, del que nosotros sólo somos una parte accidental. Un nuevo mundo será entonces posible. Aunque, por el momento, apenas hemos empezado a imaginarlo y sin embargo ya sospechamos que puede ser tarde para ayudar a
construirlo.

Claro que siempre nos queda el consuelo de pensar que en un mundo más cálido, como el de este mes de agosto, también se puede disfrutar de la vida, sobre todo si podemos desplazarnos cómodamente a la playa o al campo y utilizar artilugios tan poco ecológicos como el aire acondicionado. Quizá no alcancemos ya a disfrutar de un futuro verde, pero podríamos ayudar a que algunos disfruten, dentro de unos años, de un largo verano azul.

Miguel Ángel Quintanilla Fisac. Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia.

Durante tres decenios, ya desde antes del accidente de Chernóbyl, ha tenido lugar una moratoria de facto en la construcción de nuevas centrales nucleares en los países desarrollados. Pero últimamente los pronucleares vuelven a la carga, y lo hacen esgrimiendo varios argumentos tramposos. Uno es la crisis energética y otro el cambio climático: frente a las fuentes fósiles, que tienen los días contados y contribuyen al calentamiento de la superficie de la Tierra, la energía atómica no emite carbono a la atmósfera. Un estudio publicado en septiembre de 2008 por la Coordinadora per una Nova Cultura de l’Energia –que impulsa desde hace un tiempo en Cataluña la campaña “Tanquem les nuclears” (“Cerremos las nucleares”)– prueba que por cada megavatio-hora nuclear se emiten entre 140 y 290 kilos de CO2, que es casi tanto como la cantidad que emiten las centrales de gas de ciclo combinado (las menos sucias de las que usan combustibles fósiles). Es cierto que la reacción por la que un neutrón rompe el átomo de uranio y desprende una cantidad gigantesca de energía no emite carbono. Pero para que la pila atómica funcione ha hecho falta extraer el mineral de la mina, concentrar el uranio (muy escaso en el mineral: sólo entre el 0,05% y el 0,1%), transportarlo, enriquecerlo, construir la central, desguazarla al final de su vida útil y tratar los residuos. Todo eso consume mucha energía fósil, y explica las emisiones de carbono mencionadas. Decir, pues, que la energía nuclear es “limpia” desde el punto de vista de las emisiones de CO2 es totalmente falaz. (El mencionado estudio, que no toma en consideración la construcción y desguace de las centrales, por falta de datos fiables, y que por eso se queda corto en sus resultados, puede consultarse en www.tanquemlesnuclears.org. Se basa en los datos publicados de Ascó 2 entre 2001 y 2005.)

Otro argumento es el de la dependencia respecto del exterior: el suministro de petróleo y gas nos hace depender demasiado de unos pocos países y compañías que tienen la llave de estos combustibles, como ilustró la crisis del gas de Rusia el pasado invierno. Pero veamos qué ocurre con el uranio. El 84% de las reservas mineras del mundo se concentra en seis países: Canadá, Australia, Kazajstán, Rusia, Namibia y Níger. Siete compañías concentran en sus manos el 78% de las reservas. Y casi todo el enriquecimiento del uranio, un 92%, lo hacen sólo cuatro compañías. ¿A qué viene, en un contexto así, invocar el argumento de la dependencia exterior en el caso de las fósiles e insinuar que con la nuclear no ocurre otro tanto?

Un tercer argumento se resume en la frase recientemente pronunciada por Ana Palacio, actual vicepresidenta de la compañía francesa Areva, filial de EDF, dedicada a la electricidad nuclear: “Un 96% del combustible de uranio es reciclable” y supone “una solución económica y mediambiental” (El País, 8-04-2009). Subyace a este argumento la idea de que, pese a que el uranio es tan finito como el petróleo y destinado también a agotarse, al poderse reciclar, su suministro es casi indefinido. Lo que esta tesis oculta es que para la utilización de combustible reprocesado no sirve cualquier reactor, sino sólo los reactores rápidos, también llamados “supergeneradores”, que están siendo un fracaso. En Francia, país pionero en energía nuclear, se decidió en 1997 cerrar el único supergenerador del país –el Superphénix– por su coste económico desorbitado y su escasa eficacia práctica. Su desguace está en marcha. El reciclado del combustible de uranio y su promesa de un suministro prácticamente inagotable es otra falacia.

Los partidarios de la energía del átomo están, en suma, orquestando una campaña de mentiras y medias verdades para vender a la opinión pública una técnica fracasada e inaceptable. Los problemas de la propaganda pronuclear no terminan aquí. Esta propaganda se enfrenta a otras verdades también incómodas. 1) La técnica nuclear arrastra un fracaso sonado: no haber hallado en los 60 años de su existencia ninguna solución satisfactoria al problema de los residuos. 2) Los riesgos asociados a las emisiones radiactivas. 3) Las centrales fabrican el combustible de las bombas atómicas. 4) Las centrales son un objetivo potencial privilegiado de terroristas de toda laya. 5) Por la razón anterior, requieren una protección policíaco-militar peligrosa para los derechos humanos y las libertades. 6) Los daños posibles debidos a accidentes son tan altos que ninguna compañía de seguros acepta asegurar, en ningún lugar del mundo, ninguna central nuclear: deben asumirlo los Estados. Y 7) las nucleares son ruinosas desde el punto de vista económico y no pueden subsistir (¡después de 60 años!) sin subvenciones públicas. Muchos responsables políticos muestran cada vez más dudas sobre la viabilidad económica de los programas nucleares renacidos, especialmente con motivo de una crisis que ha recortado drásticamente las disponibilidades financieras. El renacer nuclear está condenado por su enorme coste económico. Esto es una buena noticia, porque parece como si el lenguaje económico fuera el único que entienden los que mandan.

Finalmente, conviene recordar que el primer uso de la energía atómica fue militar, y que en las explosiones de Hiroshima y Nagasaki de agosto de 1945 nos horrorizan no sólo la magnitud del dolor y la destrucción infligidos a las víctimas, sino la afectación al núcleo biológico mismo de nuestra naturaleza como especie: el genoma humano. La capacidad para provocar mutaciones teratogénicas aparece como símbolo del pacto fáustico de la modernidad: poder a cambio de vender el alma al diablo. Chernóbyl mostró que el uso pacífico de esta energía conlleva una exposición a riesgos de igual naturaleza.

Joaquim Sempere es Profesor de Teoría Sociológica y Sociología Medioambiental de la Universidad de Barcelona.