Reggio’s

El almirante Carrero le espetó al economista Fabián Estapé, quien trabajaba (con música, ¡menudo desafío!) en el piso superior a su despacho en Castellana, 3, un reproche así: “No me venga con estadísticas, que son cosa de comunistas”.

Charlotadas aparte, los datos económicos son material precioso, pero sensible. Porque subrayar uno u otro es tarea de objetividad dificilísima; porque las estadísticas publicadas ahora reflejan lo que pasó ayer, no lo que ocurre hoy o sucederá mañana; y porque algunos actores cambian las reglas de juego a media partida. Ejemplos de esto último proliferaron durante el gran huracán del primer semestre. Por ejemplo: analistas y agencias de calificación se hartaban de denunciar los déficits públicos excesivos; y una vez se adoptaban planes de austeridad para atajarlos, clamaban súbitamente al cielo contra sus efectos depresivos.

De modo que la interpretación instantánea de los datos es tarea hercúlea. Sobre todo en momentos en que se empieza a dejar atrás una crisis, pero esta todavía está instalada, se solapan vientos en una dirección, y en su contraria. Parece la yenka, aquel baile simplón que ora marcaba a izquierda-izquierda, ora a derecha-derecha, y acababa en delante-detrás, un- dos-tres. Sin rumbo subyacente.

Septiembre nos acoge con signos contradictorios. En el plano internacional, las Bolsas fueron ayer un frenesí. Habrá que ver con cuánto recorrido. Vino por el crecimiento de la industria de EE UU durante 13 meses: pero era el recuelo positivo del disgusto del viernes por el mal dato del PIB del segundo trimestre (1,6%, en vez del 2,4%). A su lado, Alemania sorprendió, con un 2,2% (el triple de lo que preveía Bruselas); y la economía china superaba en tamaño a la japonesa, tras haber desplazado a la alemana como primera exportadora. Atención, todo esto nada tiene que ver con las nuevas opciones de política económica de cada uno: ni la prevista austeridad presupuestaria alemana se aplica aún, ni los estímulos estadounidenses se han ampliado todavía.

En el capítulo español, el primer semestre vio al fin crecer el PIB. Aunque débilmente, dos décimas en el segundo trimestre, y con la incógnita de lo que ocurrirá tras el alza del IVA y el final de algunos estímulos, como los de la automoción. Más consolidada parece la posición en los mercados de deuda, donde España se aleja de la posición de farolillo rojo, por su buen hacer en las pruebas de resistencia de los bancos y porque la austeridad ya cotiza: el déficit público se redujo a la mitad (2,44%) en los primeros siete meses contra igual periodo de 2009. Aunque las agencias volverán a la carga.

Algún dato de la economía real apunta bien, como la mayor velocidad de la locomotora industrial, Cataluña, con alzas del 18% en exportaciones, del 7,4% en producción o del 3,8% en creación de empresas. Pero faltan más signos para un nuevo patrón de crecimiento e inserción en la economía mundial. Bien está acercarse a China (y mejor si su automovilística Chery se instala aquí) pero el cabecilla de los emergentes solo supone, todavía, el 1,4% de las exportaciones de España. O se apuesta al comercio exterior y al Este, o el crecimiento será blando, insuficiente. Y tanto más difícil convertir datos segmentados en secuencias inapelables.

TRIBUNA

La preocupación por la seguridad energética y el cambio climático están desatando una oleada de iniciativas políticas e inversiones en todo el mundo que alterarán profundamente la forma en que hoy gestionamos y usamos la energía. Las empresas que sean capaces de adaptarse y beneficiarse de esta nueva realidad aumentarán su resiliencia y competitividad. Y las que no lo hagan podrían pagar un alto precio. Al menos eso es lo que dice un estudio sobre riesgos patrocinado por Lloyd´s, una compañía líder en el mercado internacional de seguros.

El informe (Sustainable energy security. Strategic risks and opportunities for business), dirigido por miembros de la institución británica Chatham House, constata que la sociedad moderna ha sido construida sobre la base de la disponibilidad a precios muy asequibles de grandes cantidades de combustibles fósiles (carbón, gas y petróleo). Sin embargo, tres factores convierten hoy en obsoleto este modelo: el creciente consumo de energía por las economías emergentes, las múltiples limitaciones que perturban la producción de combustibles convencionales y el hecho ampliamente aceptado internacionalmente de que la liberación deCO a la atmósfera conduce al caos climático.

No hay duda: la dinámica del mercado y los factores ambientales hacen inviable que en el futuro las empresas puedan seguir dependiendo de las baratas fuentes de energía tradicionales. Resulta imperativo iniciar sin más dilación el tránsito hacia una economía baja en carbono, aunque durante el recorrido habrá que saber afrontar la previsible volatilidad de los precios de los combustibles fósiles, así como otro tipo de riesgos. Estos últimos hacen que la seguridad energética constituya un objetivo indisociable al de reducir las emisiones contaminantes de CO y otros gases de efecto invernadero. Las empresas deben prepararse para afrontar este doble reto sin priorizar un objetivo sobre el otro. Estamos hablando de un nuevo concepto: el de la seguridad energética sostenible.

¿Cuáles son los riesgos que según Lloyd´s justifican el aumento del protagonismo del tema de la seguridad energética? Por razones de espacio citaré tan sólo dos. El primero es que China y las economías asiáticas en crecimiento tienen un papel cada vez más agresivo en los mercados internacionales de materias primas, lo que acabará teniendo un serio impacto sobre la cadena mundial de suministros de los combustibles fósiles, así como de algunos metales estratégicos, como las tierras raras, imprescindibles para la manufactura de ciertos componentes esenciales para las nuevas tecnologías energéticas. El segundo es que carbón, gas y petróleo se enfrentan a graves limitaciones de la oferta y parece probable que a corto o medio plazo asistamos a una crisis de abastecimiento de petróleo, lo que tendría serias consecuencias sobre la forma como hoy funcionan las empresas.

Si estas líneas han despertado su curiosidad les recomiendo la lectura completa del informe (pueden encontrarlo en http:// www. chathamhouse. org. uk/ publications/ papers/ view/-/ id/ 891/). En el no sólo se habla de riesgos, sino también de oportunidades de negocios y de la “tercera revolución industrial”.

Mariano Marzo Carpio es catedrático de Recursos Energéticos en la Facultad de Geología de la Universidad de Barcelona.

Es importante que se entienda y se conozca qué ha estado ocurriendo en la Unión Europea durante estos últimos años (y no me refiero sólo a lo que ha pasado desde el inicio de la crisis en 2007). La participación de las rentas del trabajo como porcentaje de la renta nacional en el promedio de los países de la UE-15 ha ido descendiendo desde principios del establecimiento de la Unión hasta hoy, bajando del 69% al 56%. Este descenso ha sido mucho más acentuado en la zona euro, y todavía mayor en España. Ello ha ido acompañado de un aumento del desempleo en el promedio de la UE-15 (interrumpido provisionalmente en España por la burbuja inmobiliaria hasta que estalló) y de un deterioro de las condiciones de trabajo. El porcentaje de trabajadores que declara trabajar en condiciones estresantes en el promedio de la UE-15 ha pasado del 32% de la población empleada a un 54% en 2008. En España ha sido incluso mayor. Una consecuencia de ello es que las enfermedades laborales por estrés han aumentado.

Por si esto no fuera suficiente, la protección social se ha ido deteriorando. La tasa de crecimiento del gasto público social (que cubre los gastos públicos en las transferencias y servicios del Estado del bienestar) ha ido descendiendo en el promedio de la UE-15 desde principios de la década de los noventa (habiéndose interrumpido este descenso entre 2004 y 2008 en España durante la alianza –informal– del PSOE con IU-ICV, ERC y BNG). Ha vuelto a descender a partir de entonces, y España ha permanecido en la cola de la Europa social, siendo el país de la UE-15 con el gasto público social por habitante más bajo. Además de este descenso hemos visto una disminución de los derechos laborales en la mayoría de los países de la UE-15.

Mientras la clase trabajadora y grandes sectores de las clases medias veían disminuir su capacidad adquisitiva (la mayor causa del enorme endeudamiento de las familias), hemos visto un enorme incremento de los beneficios empresariales. Estos aumentaron un 38% en la media de la UE-15 y un 42,3% en la zona euro durante el periodo 1999-2008, mientras que los costes laborales aumentaron sólo un 17%. En España, este contraste entre la austeridad impuesta a las clases populares y la bonanza y exuberancia de los beneficios empresariales fue incluso más acentuado. Durante el mismo periodo, las mayores empresas españolas vieron aumentar sus beneficios netos un 73% (casi el doble de la media de la UE-15), mientras que los costes laborales aumentaron durante el mismo periodo un 3,7% (casi cinco veces menos que en la UE-15). Dentro de estas empresas, las que alcanzaron elevadísimos niveles de beneficios fueron las financieras, que basaron su riqueza en el enorme endeudamiento de las familias europeas y españolas y en actividades altamente especulativas, incluyendo las inversiones inmobiliarias, que se convirtieron en el motor del crecimiento económico en varios países, incluyendo España. La banca española, bajo la pésima supervisión del Banco de España, tiene una enorme responsabilidad en el desarrollo del complejo bancario-inmobiliario-constructor y su burbuja, que al explotar ha creado el enorme problema económico, además de dificultar enormemente la accesibilidad al crédito por parte de la ciudadanía y de la mediana y pequeña empresa. Es una enorme incoherencia (para ponerlo de una manera amable) que el gobernador del Banco de España, Francisco Fernández Ordóñez, que junto con anteriores gobernadores es el responsable de una de las mayores causas de la crisis en España, esté ahora liderando el movimiento neoliberal, y responsabilice a los sindicatos por el elevado desempleo causado, según él, por una supuesta rigidez de los mercados laborales.

A nivel europeo, los hechos presentados en los párrafos anteriores se deben, no a los mercados financieros, sino al desarrollo de las políticas neoliberales, promovidas por las mayores instituciones de la UE, y muy en especial por el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Consejo Europeo, controlado este último por las derechas (cristiano-demócratas y liberales). Estas instituciones han estado imbuidas del pensamiento neoliberal, al cual se han adaptado gran parte de los partidos socialdemócratas gobernantes que han abandonado elementos claves de la tradición socialdemócrata para convertirse en partidos socioliberales. Estas políticas han consistido en la desregulación de los mercados laborales, la reducción de la protección social, la reducción de los impuestos, el aumento de su regresividad (responsable, en parte, de que las desigualdades sociales en la UE-15 hayan alcanzado el mayor nivel conocido en los últimos 20 años), las privatizaciones de los servicios del Estado del bienestar, y la reducción de los beneficios laborales y sociales. La reducción de impuestos, por cierto, determinó el crecimiento de la deuda pública en todos estos países.

Todas estas políticas han respondido al enorme poder de clase, es decir, del capital (mundo empresarial y financiero y rentas superiores), que está aprovechando ahora la crisis creada por ellos para conseguir lo que ha estado deseando todos los años: debilitar todavía más al mundo del trabajo al cual pertenecen las clases populares. De ahí que sea fundamental que exista una protesta masiva el día 29 de septiembre, a nivel europeo y a nivel español, para iniciar un proceso de reversión de tales políticas, no tanto por un cambio político en el que ganen las derechas (PP en España y CiU en Catalunya) que empeoraría todavía más la situación, sino por un cambio muy sustancial en las izquierdas, y muy en especial de las gobernantes, que no ocurrirá a no ser que haya una protesta generalizada en contra de aquellas políticas. Así ocurrió, por cierto, en las últimas huelgas generales, y así debiera ocurrir ahora.

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Public Policy en The Johns Hopkins University.

La prevención de riesgos en Estados Unidos

El 11-S, los efectos del ‘Katrina’ y la desaparición de Arthur Andersen y Enron podrían haberse evitado

¿Qué tienen en común los atentados terroristas del 11 de septiembre, el desastre causado por el huracán Katrina y la desaparición de la auditora Arthur Andersen? Pues que los tres sucesos o bien se podrían haber evitado -en el caso de lo del 11-S y de Arthur Andersen- o por lo menos sus consecuencias podrían haber sido menores, en el caso del huracán Katrina. En los tres se puede encontrar un conflicto de intereses que impidió que se tomaran las medidas necesarias para evitar estos sucesos.

Empecemos por el Katrina. Hace ahora cinco años, el 29 de agosto del 2005, ese huracán provocó devastadoras consecuencias en Nueva Orleans. Esta ciudad se encuentra por debajo del nivel del mar y, por tanto, muy expuesta a posibles inundaciones. Da la casualidad de que todos los años, al final del verano, se forman huracanes de distinta intensidad en el golfo de México. Algunos de ellos, devastadores. Era cuestión de tiempo que uno de gran potencia asolara la indefensa ciudad. Investigadores de universidades de EEUU habían hecho simulaciones por ordenador mostrando cómo quedaría Nueva Orleans en caso de ser azotada por un huracán. Sus conclusiones, una predicción exacta de lo que ocurrió, fueron publicadas en la revista Scientific American.

¿Por qué no se actuó si se sabía que esto podía pasar? Pues porque no se le prestó suficiente atención. Y no se le prestó atención porque defender a Nueva Orleans de posibles huracanes cuesta dinero. Pero los distintos grupos locales -las petroleras, los productores de ostras, etcétera- presionaban en Washington para financiar y proteger sus respectivos proyectos e intereses, por lo que entre tantas peticiones defender a la ciudad de un posible huracán fue un asunto que quedó diluido entre otros proyectos, con lo que no llegó a ser una prioridad. Los conflictos de intereses impidieron que se evitase un desastre que era previsible.

¿Qué pasó con Arthur Andersen? Pues también un conflicto de intereses, pero de otro tipo. Las compañías auditoras se encargan de certificar que la contabilidad de las empresas que cotizan en la bolsa refleja fielmente la realidad económica de la compañía. Y esto se hace para que los posibles inversores puedan disponer de información fidedigna a la hora de decidir en qué compañías invierten su dinero. Hasta aquí, todo bien. Pero en el momento en que las auditoras comienzan a ofrecer servicios de consultoría empieza el problema. ¿Cómo una auditora que está cobrando cada año un millón de dólares a una empresa por sus actividades de consultoría se va a atrever a no certificar la veracidad de los estados contables de esa empresa? Sería de locos. La perdería como cliente tanto de consultoría como de auditoría.

Eso es lo que pasó con Arthur Andersen y Enron. La factura que Arthur Andersen pasaba anualmente a Enron por sus servicios de consultoría era de más de 25 millones de dólares, superior a la factura por los servicios de auditoría. Cuando Enron empezó a tener problemas, Arthur Andersen debió hacer la vista gorda y siguió firmando la veracidad de las cuentas. Cuando estos problemas empezaron a trascender al público general y empezó una investigación, se empezaron a destruir papeles comprometedores. Enron desapareció por sus propias pérdidas, y Arthur Andersen, porque perdió la confianza de sus clientes.

Algunos informes en poder del Congreso de EEUU ya habían alertado del conflicto de intereses que se producía y aconsejaban que se prohibiera a las compañías encargar servicios de consultoría a sus auditoras. Pero, claro, allí estaban las auditoras convenciendo a los políticos de Washington de que quien conoce la situación económica de una compañía es quien está en mejores condiciones de aconsejarla como consultor. Nunca hubo reforma alguna.

¿Qué pasó con el 11-S? Lo mismo: conflicto de intereses. Numerosos informes, uno de ellos realizado por una comisión a cargo del vicepresidente Al Gore en 1996, alertaban de la falta de seguridad en los aeropuertos y aerolíneas en EEUU. Recomendaban, entre otras cosas, que se comprobara que todos los dueños de las maletas facturadas realmente viajaban en los respectivos aviones. Recomendaban también un más exhaustivo control en los detectores de metales. Poner en práctica todas estas recomendaciones suponía un mayor coste para las aerolíneas, y estas, una vez más, lograron convencer a los políticos de Washington de que eran innecesarias. No se hizo nada.

¿Qué tienen en común el desastre del Katrina, la desaparición de Enron y Arthur Andersen y los atentados del 11-S? Pues que en los tres casos se sabía de antemano que podía pasar lo que finalmente pasó. Que en los tres casos la probabilidad de que ocurrieran esos desastres en un momento dado era muy pequeña, pero la probabilidad de que pasaran en algún momento de los años siguientes era muy grande. Que en los tres casos hubo presiones de grupos interesados en que no se tomara ninguna medida. No se hizo nada por evitar lo que se había predicho de antemano que pasaría. Además, ningún político pasa a la historia por haber evitado cosas.

Miguel Angel Ariño. Profesor del IESE. Universidad de Navarra.

Leyendo con atención las opiniones y lamentos que determinados alcaldes expusieron hace unos días en este periódico, se puede afirmar que -como mínimo- somos un país especial. Porque un país especial es aquel que ante un problema político concreto no se esfuerza en diagnosticarlo correctamente mediante el estudio, la observación, el debate y el contraste con la realidad. Un país especial es aquel que ignora la autocrítica, pierde el tiempo lamentándose y culpa a los demás de sus múltiples desgracias. Un país especial es aquel que no se esfuerza en buscar soluciones inteligentes a sus problemas específicos. Y por eso se puede afirmar que en materia de corporaciones locales Galicia es un país especial desde hace muchos años.

Los alcaldes que opinaron sobre los efectos de la crisis en el ingreso y gasto municipal son personas capaces y sensatas. Pero los alcaldes gallegos no se pronuncian en público, por si acaso, sobre los problemas reales de la hacienda municipal. Su discurso se reduce a pedir más transferencias y subvenciones, sin preocuparles su justificación ni tampoco la equidad distributiva de esas aportaciones. Ignoran a los municipios que recaudan ingresos tributarios por habitante inferiores al 30 por ciento de la cifra media registrada en los municipios españoles de población similar. O no consideran a los concellos que por demografía tienen ya fecha de caducidad.

Ensimismados en sus problemas domésticos, los alcaldes gallegos y los órganos colectivos de las corporaciones locales no destacan precisamente por ofrecer diagnósticos serios de sus problemas comunes, ni por elevar propuestas de cambio ante situaciones relevantes. Se podría citar aquí, a modo de ejemplo, la urgente necesidad de elaborar un nuevo mapa municipal o de elevar propuestas solventes que permitan introducir mayor racionalidad a las áreas urbanas.

Pero la organización del sistema local depende de la comunidad autónoma. Y esta siempre trabajó para reproducir municipios domesticados y dependientes. Su objetivo último es controlar el voto, no desarrollar las funciones básicas del municipio (urbanismo, educación democrática, etcétera). Por eso las políticas autonómicas destinadas al mundo local se resumen en ayudas y subvenciones crecientes a los municipios afines, ignorando a su vez el coste social que todo ello genera. Dicho coste se resume en la generación de agravios comparativos, en el fomento de la irresponsabilidad fiscal, de paternalismos políticos diversos y de interiorizar valores y comportamientos no democráticos en la población. La cultura de la ineficiencia y del «gratis total», así como determinadas conductas incívicas, crecieron al calor de estas políticas públicas desafortunadas. Y así seguimos. Envueltos en un círculo vicioso que no tiene fin. Sin esperanza ni remedio.

Ha habido unas horas de incredulidad y muchas consultas cruzadas entre expertos, analistas y observadores. Pero lo que se puede constatar casi dos días después de conocer las cifras de la ejecución presupuestaria del Estado del mes de julio (y de los siete primeros meses del año) es que las cuentas de la nación van bastante mejor de lo que se temía. No es por supuesto para tirar cohetes. Simplemente se ha reducido el déficit a la mitad, que no es poco. En medio de tanta desgracia estadística y contable, tenemos por fin unos datos menos dramáticos y sencillamente menos malos. ¿Ha sido necesaria mucha ingeniería contable para maquillar? Posiblemente mucha menos de la que dicen los suspicaces, que harían bastante mejor en orientar sus sospechas y maledicencias hacia la Administración periférica (Autonomías y Municipios), que viven en un auténtico limbo estadístico.

Pero más allá de las tripas de las estadísticas oficiales del Estado (insisto, sólo del Estado, porque de Autonomías y de Ayuntamiento nada se sabe a estas alturas del año, cuestión desde luego bastante grave en una crisis como la actual), lo que interesa en una primera lectura es constatar la mejora radical del déficit, la sensación de que es posible bajarlo hasta el 6% del PIB a final de año en un esfuerzo sin duda encomiable (el año pasado fue el doble), esfuerzo que los numerosos ojos que nos observan valorarán en su justa medida y que el impacto positivo en los mercados ha sido bastante inmediato y desde luego positivo. El diferencial de tipos de interés, que llevaba unas pocas semanas subiendo, se ha frenado primero y ha comenzado a bajar después, ya que este miércoles ha cerrado sensiblemente por debajo de estos últimos días.

Las cifras de ejecución presupuestaria del mes de julio reflejan, como pueden, el aumento del IVA, que es ahora un poco más alto y cuenta por ello con mayor capacidad recaudatoria, aunque muchas compras posiblemente se anticiparon al mes de junio e incluso antes para eludir el pico de encarecimiento que se produciría a partir de la entrada en vigor de la subida. Además, muchas redes comerciales han encajado los aumentos a costa de sus márgenes, lo que ha facilitado la fluidez de las ventas sin que ello haya afectado a la recaudación impositiva de forma significativa.

Hay algunos detalles técnicos que los analistas han estado escrutando estas últimas horas, como el cambio de periodificación en las liquidaciones del IVA, que ha provocado un aumento artificial en las liquidaciones de estos últimos meses. Hay un impacto considerable en la recaudación del IRPF, en donde ya no cuentan las deducciones aquellas de los 400 euros, que tanta gracia le hicieron en su día a Zapatero y que con tanta razón fueron severamente criticadas como un acto electoralista y oportunista, que poco iba a procurar a la renta de los españoles y sí en cambio un serio quebranto a la salud de las cuentas públicas, una salud que ya hemos visto que interesa cuidar al máximo para no incurrir en serios problemas de financiación internacional.

Del lado de los gastos, hay reducciones interesantes en algunos capítulos ya conocidas, como los salarios del sector público. Por desgracia, hay gastos que se han reducido o no han crecido como deberían para demérito del resto de la economía, como los gastos de inversión, que justamente son los que necesita una economía en crisis para compensar el deterioro de otras partidas más ligadas al ciclo.

En suma, el recorte del déficit parece obedecer a una sana distribución de dinero entre las partidas del “debe” y del “haber”, es decir, tanto de los gastos como de los ingresos y ello sin alterar de forma excesiva (excepto la subida del IVA) la estructura de las tarifas fiscales. Tampoco ha sido necesario echar mano de esa permanente amenaza que esgrimen los ideólogos de la izquierda y de las que de vez en cuanto se hace eco Zapatero para desesperación de la vicepresidenta Salgado, esa disposición adicional que habla de sangrar más “a los que más tienen” o a “los que más ganan” mediante algún instrumento que de antemano se adivina de dudosa eficacia recaudatoria ya que parece tener exclusivamente un alcance testimonial.

Nota biográfica

He de reconocer que no soy un experto en el país de Sol Naciente pero aún así no he podido dejar de sorprenderme, como la mayoría de los españoles pelín informados, de la boutade ayer de nuestro presidente del Gobierno equiparando el “modelo económico de éxito” japonés al español. Regalar los oídos a sus interlocutores no deja de ser la especialidad de nuestro primer mandatario, aunque con ello ponga recurrentemente de manifiesto su incapacidad para hacerse con el quesito azul del Trivial. Y la ocasión la pintaban calva. Irresistible. Me imagino la cara de los nipones ante tal disparate.

No en vano, la frase tiene tres partes claramente diferenciadas. Una, la que presupone que el modelo aplicado por los socialistas en España es de éxito. ¿Ven cómo el discurso sobre las reformas estructurales era redundante? Y nosotros tan preocupados. Seguimos instalados en la Champions League, aunque no nos enteremos. En fin. La segunda, la que llega a la misma conclusión sobre Japón, ignorando el estallido de su burbuja inmobiliaria e industrial y el proceso deflacionista al que se ha visto abocado el país en las últimas dos décadas. ¿Nadie le ha comentado a este hombre que hablar de la japonización de una economía es como mentar la bicha a nivel internacional? Y tres, que ambas realidades son comparables, materia sobre la que nos centraremos en este post.

Dicen en mi pueblo que cuando dos cosas son como la noche y el día, se parecen “lo que un huevo a una castaña”, hecho que obvia que ambos son comestibles y que, por tanto, tienen un punto de encuentro en común… como ocurre entre España y Japón. Efectivamente ambas naciones participan de alguna característica conjunta aunque predominan las divergencias. La primera y no poco sustancial el contar o no con un Banco Central y una moneda propia como responsable de los respectivos “éxitos” o “fracasos” (¿qué hubiera sido de España sin el aporte de los fondos comunitarios y el mantenimiento de tipos artificialmente bajos durante más tiempo de lo estrictamente necesario?).

¿Cómo comparar las dos naciones? La mejor manera que se me ocurre de hacerlo es discurrir por las distintas partidas que configuran el PIB de un país. Dado que el caso español lo sufrimos a diario en nuestras propias carnes, ¿qué tal si nos centramos en Japón? Una descripción lo más sucinta posible para que cada uno saque sus conclusiones. Yo no les escamotearé la mía. Va al final del post.

Empecemos por el consumo. La difícil situación que siguió a la Segunda Guerra Mundial provocó que la propensión marginal al ahorro en Japón sea muy elevada, hasta el punto de que de modo recurrente se habla de las “viudas japonesas” como origen de movimientos financieros de calado. Pese a los bajos tipos de interés y los estímulos fiscales, la demanda privada no ha aumento en los últimos años, lo que ha mantenido al país en deflación o crecimiento negativo de los precios (hay un componente de constante mejora de productividad y tecnificación de la sociedad que también influye). La elevada edad de su población, se trata de facto de una gerontocracia, no invita a pensar en una alteración de estos patrones de actuación a medio plazo.

Por lo que respecta a la inversión, se da una situación atípica toda vez que una vez que es imposible, por razones físicas y un cierto proteccionismo, aumentar la producción, todo el esfuerzo ha ido encaminado a aumentar sus niveles de competencia internacional con un especial énfasis en la innovación, la investigación y el desarrollo (i+I+D). Un factor reforzado por el hecho de que todo su aprovisionamiento energético depende del exterior. La eficiencia, eficacia y coste, como meta y el valor añadido como seña de identidad. Obviamente hay excepciones pero con carácter general ha sido así.  La especial y duradera relación que se establece entre empleador y empleado y la cultura de vivir para trabajar, elementos que aún no han caído en decadencia, favorecen esta dinámica de actuación y el mantenimiento de tasas de desempleo moderadas, alrededor del 5%.

En cuanto a la balanza pública, y he aquí una de las similitudes con España, Japón acumula uno de los déficits presupuestarios más elevados de los países de la OCDE, cercano al 9%. Viene acompañado de una inversión de su pirámide poblacional que amenaza su estado del bienestar y que ha sido financiado recurrentemente por el asiático con recurso a su ingente deuda, compensada parcialmente por el elevado ahorro privado al que ya hemos hecho referencia. Las prestaciones realizadas desde el inicio de la crisis, unido a una estructura administrativa claramente sobredimensionada, se encuentran detrás de este deterioro de las cuentas de su Administración.

Por último, no me extenderé sobre el sector exterior. Es de todos conocida la posición de superávit por cuenta corriente de la economía nipona. Como en el caso alemán, las exportaciones son clave para el mayor o menor crecimiento económico del país, jugando un papel esencial en su evolución el devenir del yen. Economía abierta con todo lo que esto supone.

Ahora, busquen, comparen y si encuentran algún punto de encuentro adicional a los aquí reseñados, van y me cuentan. Bueno, sí los hay. España y Japón son sociedades que han vivido por encima de sus posibilidades, lo que se ha traducido en una serie de excesos que tardarán mucho tiempo en purgarse. Uno lleva 20 años. El otro apenas tres. Dos décadas que nacieron con una falta de reconocimiento primero de la realidad (¿les suena?), continuaron con la adopción de medidas inadecuadas de política fiscal (¿les suena?), se perpetuaron por la tardanza en abordar la reordenación del sistema financiero (¿les suena?) y siguen vigentes por la desconfianza que todo lo anterior generó en la población (¿les suena?). Trampa de liquidez y paradoja del ahorro, todo en uno. Modelo de éxito sin par. Con un par.

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La remuneración de los depósitos bancarios se ha disparado en los últimos meses como consecuencia de la ‘guerra del pasivo’ que libraron esta primavera las principales entidades del país y que se ha recrudecido en la vuelta de vacaciones, como ya adelantó El Confidencial a principios de agosto. Una guerra que tiene como objetivo captar el ahorro de los clientes como forma de obtener liquidez para hacer frente a los enormes vencimientos de deuda que afrontan bancos y cajas de ahorros.

Según cifras publicadas ayer por el Banco Central Europeo, la remuneración efectiva de los depósitos en España ha subido como media desde el 1,33% del mes de febrero hasta el 2,12% en julio, en el caso de los depósitos de empresas. Para los particulares, el nuevo dinero ha pasado de remunerarse al 2,04% en febrero hasta el 2,57% en julio, como se puede apreciar en el gráfico adjunto.

Estas cifras no parecen muy altas en términos absolutos, ni tampoco si se comparan con los niveles del 5% que llegaron a pagar las entidades en 2008. Pero lo preocupante es la clara inversión de la tendencia que habían marcado los depósitos desde esa fecha, en consonancia con la rebaja histórica de los tipos oficiales por parte del BCE; y peor aún, la divergencia respecto al precio oficial del dinero, que se mantiene estable en el 1% desde el 13 de mayo de 2009 mientras que la remuneración de los depósitos cada vez es más alta y con visos a continuar subiendo en el futuro.

“Aunque el aumento de la remuneración de los depósitos no parece haber tenido un impacto inmediato en el coste de la financiación en el último trimestre, esperamos que el impacto negativo se incremente con el tiempo y reduzca el beneficio futuro“, opina el banco de inversión Nomura.

En este sentido, la mayoría de las entidades españolas que se han embarcado en la ‘guerra del pasivo’ han registrado fuertes caídas del gasto financiero en el primer semestre a pesar del aumento de los intereses pagados a los clientes, con casos tan sorprendentes como el de Banesto, que ha publicado un descenso del 54% en dicho coste. La principal explicación es la fuerte dependencia de las entidades españolas de la financiación del BCE, que ofrece toda la liquidez que se demande a un tipo fijo del 1% (la famosa barra libre). Es decir, piden más al BCE y menos en los mercados -que han estado cerrados casi todo el semestre-, lo que baja el coste medio de la liquidez.

Dependencia creciente de los depósitos

Pero esta situación es insostenible por la citada tendencia al alza del coste de los depósitos, por un lado, y por la voluntad del BCE de ir retirando la financiación ilimitada, que se acentúa por la preocupación de la autoridad monetaria ante la excesiva concentración de su riesgo con la banca española. De hecho, los recortes de valoración para los títulos que se llevan como garantía a la ventanilla del banco central obligarán a las entidades españolas a llevar muchas más titulizaciones para conseguir el mismo dinero.

Bancos y cajas necesitan esa liquidez aunque mantengan cerrado el grifo del crédito, porque tienen que hacer frente a vencimientos de deuda por valor de 64.000 millones en 2010, según estimaciones de JP Morgan, que tienen que devolver a los inversores que se los prestaron en su día si no son capaces de refinanciarlos en los mercados mayoristas. Éstos empiezan a dar signos de vida, pero sólo para las entidades más grandes y para emisiones a plazos muy cortos y muy seguras, como las cédulas hipotecarias (el último en emitirlas fue el Sabadell, ayer mismo). En todo caso, están muy lejos de normalizarse.

Esto hará que la dependencia de los depósitos cada vez sea mayor y, en consecuencia, la competencia por captar el ahorro de particulares y empresas. De hecho, este recrudecimiento de la guerra ya ha comenzado de la mano de Caja Madrid y del Banco Popular, que ha lanzado un depósito al 4,5%, la mayor remuneración que ofrece la entidad presidida por Ángel Ron en los dos últimos años y sólo superada en España por el 5% que ofrece Caixa Penedès. Todo un símbolo de hacia dónde se encamina la banca española.

La guerra del pasivo estalló con el lanzamiento del ’superdepósito’ del Santander al 4% en marzo, con el que captó 30.000 millones de euros y que obligó a todo el sector financiero a responder con productos similares para frenar la sangría de clientes hacia el banco que preside Emilio Botín. Las entidades aseguran oficialmente que la vinculación (contratación de varios productos) que se exige para acceder a estos depósitos de alta remuneración implica unos ingresos por comisiones que compensan la caída de los márgenes.

Pero en privado son mucho más negativas: “No puedes estar indefinidamente pagando los depósitos al 4% y cobrando el 1% por las hipotecas, es un negocio ruinoso. Si continúa el recrudecimiento de la guerra del pasivo, muchas entidades van a pasarlo muy mal“, vaticinan en una de las grandes cajas.

En 1941, Donald Rugg condujo un interesante experimento. Dividió en dos mitades a un grupo de personas aleatoriamente escogido. A la primera mitad se le pidió que contestase a la siguiente pregunta: “¿Cree usted que Estados Unidos debería permitir los discursos contra la democracia?” La segunda se enfrentó a su envés (“¿Cree usted que Estados Unidos debería prohibir los discursos contra la democracia?”).

Un 25% votó “sí” a la primera pregunta y, sin embargo, el porcentaje de encuestados que votó “no” a la segunda fue de un 46%; una disparidad de un muy notable 21% atribuible a la manera en que fueron planteadas dos preguntas que, en el fondo, eran un mismo interrogante. Desde entonces los realizadores y los intérpretes de encuestas varias prestan mucha atención a la manera en que una determinada selección semántica y orden sintáctico puede decantar las respuestas del preguntado, sesgando convenientemente la imagen de la opinión pública. Salvo que los resultados se presenten en mitad de agosto y pillen al personal con la guardia de vacaciones. Entonces los medios trasladan la noticia de agencia tal cual y nos desayunamos con el tradicional retrato del español delictuoso. “El 43% de los españoles justifica el fraude fiscal, y basa su opinión en que son las circunstancias las que obligan a defraudar para salir adelante (el 34%) o en que lo normal es evadir los impuestos (el 9%), según el Instituto de Estudios Fiscales (IEF)” afirmaba la noticia de Efe, pareciendo querer dar a entender que con una ciudadanía tan moralmente laxa es difícil trabajar.

Es comprensible que Efe no muerda la mano que le da de comer, pero ¿qué pasa con el resto de los medios? ¿Nadie se leyó el informe original? Si lo hubieran hecho, habrían podido comprobar cómo las opciones entre las que tenían que elegir los encuestados cuando se le preguntaba sobre su disposición a justificar el fraude fiscal eran:

“No se puede justificar en ningún caso; es una cuestión de solidaridad y de principios”.

“Hay circunstancias en la vida personal o de una empresa que justifican un cierto fraude para salir adelante”.

“El fraude es algo consustancial en los impuestos, todos tienden a hacerlo y de este modo se consigue un cierto equilibrio”.

Puestos a retratarse como rigoristas antipáticos, cínicos irredentos o almas misericordiosas y razonables, capaces de contemplar avatares en la “vida personal” (plus semántico-lenitivo) que puedan empujar hacia “un cierto” (plus semántico-analgésico) fraude, no es extraño que un tercio de las respuestas se inclinasen hacia la segunda opción. Ahora bien, de la misma forma que la absolución del pobre pero honrado padre de familia que se ve obligado a afanar una gallina para dar de comer a sus hijos no supone una justificación social del robo, ni preguntas ni respuestas a los encuestadores del IEF sostienen el amarillento titular de Efe. De hecho, con el mismo rigor podría sostenerse que “un 91% de los españoles condena el fraude fiscal, excepto en circunstancias muy excepcionales”. Pero entonces habría que preguntarse cómo es posible que una mayoría de los españoles sigan pagando religiosamente sus impuestos cuando, según el propio informe, albergan serias dudas sobre la rentabilidad de sus impuestos en términos de servicios públicos prestados,

sobre su función distributiva,

o sobre lo bien que se aprovechan nuestros impuestos en relación a otros países europeos.

Es decir, dudas serias sobre la gestión de nuestro dinero por parte de las administraciones públicas, que es de lo que deberían haberse hecho eco los medios.

¿Están estas dudas justificadas? Y, si lo están, ¿qué van a hacer los de arriba para mejorar el concepto de ellos que tiene el ciudadano, más allá de la cosmética política habitual? En esto de la fiscalidad, como en tantas otras cosas y si no les importa, menos criminalizar a buena parte de la ciudadanía vía encuesta ad-hoc, y más ponerse a la tarea de remediar lo remediable, que para eso les pagamos.

Buena semana a todos, y tengan cuidado ahí fuera.

análisis de actualidad

Uno de los problemas estructurales de los mecanismos de consolidación presupuestaria en democracia se deriva del papel que juegan los parlamentarios y gestores en el diseño y aplicación de los presupuestos. La magnitud de los déficits públicos en muchos países se explica por el comportamiento de políticos y gestores públicos que se benefician esencialmente del proceso de ingresos y gastos públicos y la presencia de grupos de presión que tratan de orientar esos programas en su propio beneficio. Si los políticos constituyen el último eslabón en la aprobación y gestión de estos programas presupuestarios, es a los políticos a los que hay que incentivar para que su comportamiento no lleve a un crecimiento constante del gasto y al consiguiente déficit. Los estímulos para actuar de forma expansiva son claros con independencia de la filiación ideológica, aunque unos más que otros: de ello depende la perpetuación en el poder a través de una reelección.

En este sentido, es necesario incorporar algún tipo de estímulo que contribuya a hacer coincidente la conducta de los políticos con el objetivo general de prevenir los déficits públicos. Visto que la defensa del interés general se diluye en la práctica diaria de los gestores públicos en gran medida, dada la falta de responsabilidad personal ante decisiones que afectan a la colectividad, parece difícil reducir el crecimiento excesivo del Sector Público sin tratar de motivar a los propios políticos. Hace ya algunas décadas, pero vale la pena recordarlo en este momento, Richard McKenzie creyó encontrar este incentivo en la fijación de un nivel de retribuciones para el conjunto de los políticos en sus respectivos ámbitos inversamente relacionada con la dimensión del déficit público permitido. Esto es, un, a modo, de complemento de productividad negativo vinculado a la magnitud del déficit asumido. Esta propuesta es, sin duda, pintoresca y, por lo tanto, cuenta con escasas probabilidades de aprobación, sobre todo si son los propios afectados los que tienen que defenderla. Sin embargo, y aquí está la moraleja, resulta evidente que mientras no varíen los sistemas de incentivos, y aquí la ciudadanía tiene que comenzar a premiar electoralmente una gestión eficaz y responsable de los presupuestos, existirán muy pocas probabilidades de que se altere el comportamiento incrementalista del presupuesto, registrado hasta hoy.

Si los políticos y gestores públicos no tienen motivaciones profundas para cambiar su comportamiento, es muy probable que el crecimiento del gasto público y el déficit se perpetúen. Como decía el profesor Fuentes Quintana en sus lecciones magistrales, lo fundamental es encontrar esa institución que fuerce a un comportamiento por interés propio de los decision-makers en el sentido de la restricción del gasto y la limitación del déficit frente a la alternativa expansiva que supone ampliación de poder y posibilidad de reelección y perpetuación en el poder.

Juan José Rubio Guerrero. Catedrático de Hacienda Pública. UCLM. Foro Independiente de Analistas Fiscales.

TRIBUNA

Con la ley aprobada en el Parlamento catalán, prácticamente de modo unánime, se cierra el proceso abierto para la reconversión de las cajas. La nueva normativa se ajusta a la nueva situación y salva en lo sustancial las competencias de la Generalitat en lo que pueda ser la reordenación anunciada de estas nuestras entidades financieras. Con ello se pone fin a un periodo de gran turbulencia del que se reconducen por el momento las vías de tratamiento de las situaciones creadas, nuevas y antiguas, más que permiten atisbar ya soluciones definitivas del nuevo mapa de entidades, vista cual pueda ser la evolución futura del sector financiero en general.

Puede parecer que el nuevo orden se ha producido con escasa discusión y debate, pese a la importancia que tienen las cajas en nuestra realidad social. Quizás sea cierto. Pero en regulación financiera, las actuaciones efectivas han de ser rápidas, sin poder dejar pudrir situaciones que afectan a la tranquilidad de múltiples ahorradores. Cierto que tras lo peor de la crisis, el retorno a la banca minorista y la separación de la de inversiones podía dar nuevo aire al negocio tradicional de las cajas. Y cierto es también que la nueva ordenación crea incertidumbre respecto de lo que pueda suponer una determinada bancarización indirecta del estatus tradicional de las cajas, vía fundaciones y juego de mayorías.

Pero también es evidente que algunas cajas hacía tiempo que se habían desviado de sus objetivos iniciales jugando a ser lo que no eran. La confianza del depositante en su gestor se había desvanecido en la vorágine promotora y de derivación financiera. También a la vista de las prácticas retributivas de directivos y algunas actuaciones de sus consejos.

He tenido la oportunidad de seguir de cerca el proceso desde el ente regulador y de algunos de sus principales actores. Los ejemplos no citables de malas prácticas llenarían varias páginas, aunque supongo que no son muy distintas de las de muchos bancos. Pero estos se juegan, en principio, el dinero de sus accionistas y las cajas el de unos ahorradores cuya voz en el mejor de los casos está fuertemente atenuada.

Por todo ello contrasta bastante la realidad con el espejo en el que buscábamos encontrar en las cajas unos genes diferentes al del negocio fácil, una obra social próxima y al servicio del territorio. Hace ya tiempo, sin embargo, que el recorrido de muchas de ellas no se hacía con chirucas ni la cima pretendida parecía ser el bienestar comunitario. Supongo que la evolución era la previsible en el mundo en el que vivimos. De ahí que se hayan tenido que reconducir las guías de navegación para que quienes surquen los mares del crédito lleguen a buen puerto y quizás las peor manejadas deban navegar en mares cerrados o, simplemente, entrar en dique seco.

Sólo un pero a lo que ha sido el conjunto del proceso, bien llevado a mi juicio por la conselleria catalana de Economia i Finances. Las tutelas generales para el conjunto de la banca no llegan. Ni a nivel internacional ni en su adaptación local, más allá de lo ya hecho por el Banco de España y que no ha estado, a juicio de casi todos, nada mal. De modo que hace falta más que nunca estar atentos a la entrada de bancos en cajas que lejos de solucionar un problema pueden crear dos.

Guillem López i Casasnovas. Universitat Pompeu Fabra.

Martes, 31 de Agosto de 2010

No se vosotros, pero yo he pasado unas vacaciones aceptables. En familia (¿quien inventó a los hijos adolescentes?), con el buen clima gallego, presentando la novela, comiendo con amigos, dando una charla en un precioso Gijón, escribiendo otra aventura de mi detective, leyendo, pensando…¡lo que a partir de los 50 años llamamos un buen verano!. Y he llegado a dos conclusiones: formo parte de la minoría de privilegiados del mundo y, segundo, lo que queda de legislatura va a resultar inaguantable porque se prefigura como más, mucho más de lo ya visto. Y, así, dos años, porque suceda lo que suceda en las elecciones autonómicas y locales ambos partidos verán confirmada su estrategia frentista e incrementarán la dosis de cara a las generales.

Digan lo que digan las encuestas sobre cuál es la opinión de los ciudadanos respecto a la clase política (¿por qué a esas encuestas no se les hace caso?), suceda lo que suceda con la economía mundial y española, pase lo que pase en el resto del mundo, desde el auge de la extrema derecha americana, hasta la conversión de China en el auténtico Imperio del Centro lo que nos convierte en la periferia de la periferia, nuestros políticos siguen con su matraca, dale que te pego, leña al mono hasta que hable inglés.

Las mismas respuestas, sea cuál sea la pregunta, los mismos eslóganes, vengan a cuento o no, las mismas preocupaciones, las suyas. ¡Y luego se quejan del desafecto de la ciudadanía! Tengo la sensación de que nunca como este año el verano ha sido un parentesis que nos devuelve a donde estábamos justo antes de arrancar: en una mala posición.

Mala, en primer lugar, por su realidad objetiva: la recuperación no se vislumbra y se habla de riesgo de recaída con cuatro millones y medio de parados, el crédito sigue sin fluir, incluso empiezan a subir las hipotecas, las administraciones públicas se suman a la depresión de la economía con su recorte indiscriminado de gasto, las grandes cuestiones siguen pendientes (justicia, sanidad, educación, investigación, pensiones, estructura del Estado autonómico, lucha contra la corrupción institucionalizada etc). Pero, mala, en segundo lugar, porque los agentes políticos y sociales, que son quienes tienen la responsabilidad de hacer frente a la situación para mejorarla, siguen con sus estrategias egoistas buscando proteger sus propios intereses mediante la confrontación generalizada antes que mediante el necesario acuerdo: huelga general, polarización extrema de la vida política y mediática, intento de generalizar al conjunto, la idea de las dos Españas minoritarias golpeandose a garrotazos como en el cuadro de Goya.

Llamadle crisis postvacacional, pero así veo las cosas. Y, mientras, el pais perdiendo oportunidades en un contexto de cambios acelerados, nuestras empresas actuando por todo el mundo al margen de las instituciones (como la selección de fultbol, que ganó el mundial por su cuenta), nuestros investigadores volviendo a buscar oportunidades en el extranjero, nuestros parados viendo como se les recortan derechos, nuestros servicios públicos deteriorándose, como los vinculados a la ley de dependencia, las desigualdades sociales creciendo y nuestros ricos viendo como su riqueza está a salvo de los impuestos, ya que no de los vaivenes de la bolsa. Pero esi si, el PP contra el PSOE y el PSOE contra el PP arrastrando con ellos toda su potencia mediática y social.

Si esto sigue así, algo tendremos que hacer los demás, la llamada sociedad civil, esa tercera España sensata que no se encuentra cómoda reducida a conmigo o contramí, que cree que los problemas reales de este país son otros, que tienen solución, que resolvernos nos posicionaría en una magnífica situación interna y externa, que merecemos la pena como país (seamos nación de naciones o nación de nacionalidades y regiones) y que necesitamos, para resolverlos, un clima, unas actitudes y una estrategia que busque más lo que nos une, en lugar de potenciar lo que nos separa, que se preocupe más de encontrar soluciones, que culpables.

Considero que lo peor que nos puede pasar como sociedad democrática avanzada es, perder la razón como argumento, la explicación como instrumento, los programas como estrategia y la confrontación como debate, para sustituirlos por los sentimientos, las consignas, la bronca y el espectáculo mediático. Con esto último, pueden ganarse elecciones, pero se pierden los paises. O mejor, se pierde los avances sociales conseguidos desde la Ilustración. Entre ellos, la democracia liberal y la lucha activa contra las injusticias sociales.

Creo una obligación combatir lo que se esconde detrás del movimiento americano del Tea Party: más religión pública y menos Estado, porque no se trata de menor espacio para lo público sustituido por lo privado, sino suplantación de la lógica democrática en lo público (Estado) por la lógica teocrática de lo que, en cada momento, le diga el libro sagrado al dictador espiritual del momento. Pero de la misma forma que el fundamentalismo islámico no se combate con fundamentalismo crsitiano, el ataque a la Razón que está detrás del Tea Party, no se combate utilizando los demócratas liberales y socialdemocrátas sus mismas armas. Porque con ello, ya han ganado la batalla en le terreno en que la estaban dando.

En fin, no se. Enseguida entraré de lleno en los fragores de la batalla laboral y me absorberá el día a día de mi trabajo dejándome sin mucho tiempo para este tipo de reflexiones. Donde, ya se, hay más preguntas que respuestas. Pero, no. No tengo la solución. Pero os llamo a buscarla entre todos. Si no, no os quejeis porque habrá, más de lo mismo que, según el CIS, tan poco nos gusta a los ciudadanos. Bienvenidos al futuro.