Reggio’s

Nottingham, Inglaterra, 11 de marzo de 1811. Son los albores de la revolución industrial y las empresas del textil están adoptando una nueva tecnología de tejido. Miles de artesanos entran en las fábricas y destruyen las nuevas tejedoras. Las manifestaciones se generalizan por todo el país en lo que se da en llamar “movimiento luddita” (llamado así porque aseguran estar liderados por un tal Ned Ludd a quien, todo sea dicho de paso, nadie ha visto jamás). El rey inglés, temiendo una revolución parecida a la que acabó guillotinando a sus aristocráticos colegas franceses, envía 35.000 soldados a Nottingham. Las batallas campales se saldan con cientos de trabajadores ejecutados o desterrados a Australia. El movimiento luddita desaparece trágicamente.

A raíz de la crisis económica actual, sin embargo, una especie de neoluddismo parece haber reaparecido con fuerza, pero no entre los ignorantes artesanos del siglo XIX que defendían sus puestos de trabajo, sino entre economistas serios del siglo XXI. Los intelectuales dicen que la modernización y el cambio tecnológico hacen que las máquinas produzcan lo que antes hacían los trabajadores y eso genera desempleo crónico. El luddismo del siglo XIX era comprensible porque defendía sus puestos de trabajo. El del siglo XXI carece de sentido porque se basa en una falacia económica.

Me explicaré con un ejemplo: imaginemos un país con 6 millones de trabajadores que sólo produce dos bienes, pan y tomate (resulta que a los ciudadanos les encanta comer las dos cosas juntas ya que han inventado el “pan con tomate”). Las empresas panaderas emplean a 3 millones de trabajadores, cada uno de los cuales produce una barra cada día. Las tomateras emplean a los otros 3 millones de trabajadores y cada uno produce un tomate diario. Total, cada día se producen 3 millones de panes y 3 millones de tomates. Hasta aquí todo es sencillo.

Imaginemos ahora que al sector pan llega una máquina que permite a cada trabajador producir no una sino dos barras al día. La productividad de los trabajadores se dobla y eso es fantástico, ¿no? Pues no: un catedrático neoluddita explica que, dado que el sector tomate no ha mejorado y seguirá produciendo sólo 3 millones de tomates al día y dado que, con la nueva tecnología, el sector pan puede producir los 3 millones de panes con la mitad de trabajadores, los empresarios despedirán a la mitad de sus empleados. Es decir, el progreso tecnológico habrá destruido 1,5 millones de puestos de trabajo y el paro subirá hasta el 25%. ¡La innovación es una tragedia!

Todo esto sería correcto si no fuera por el hecho de que es incorrecto. Y es que el catedrático debería saber que, en un mundo donde los ciudadanos se buscan la vida, aparecerán emprendedores que verán una buena oportunidad de negocio: si crean nuevas empresas de tomate que contraten a un millón de trabajadores y crean nuevas empresas de pan que contraten al medio millón restante, podrán producir y vender en total un millón adicional de unidades de pan con tomate y el paro desaparecerá. El progreso tecnológico, pues, no habrá generado desempleo sino que la producción (el PIB) habrá aumentado en un… ¡33%! Los neoludditas, pues, caen en la “falacia de la composición” que dice que lo que es verdad en un sector, también lo es para la economía en su conjunto. En realidad, aunque es cierto que el sector del pan pierde empleo en primera instancia, una vez producidos los ajustes, la macroeconomía no pierde empleo sino que gana riqueza.

Naturalmente, el ejemplo es muy sencillo y no refleja completamente la compleja realidad de nuestro país, pero si ustedes sustituyen la palabra pan por la palabra industria y la palabra tomate por la palabra servicios verán que eso es más o menos lo que ha pasado en nuestra economía en los últimos cien años: el progreso tecnológico en la industria ha hecho que el empleo en ese sector haya ido cayendo. Pero, a diferencia de lo que dicen los neoludditas, eso no ha provocado masivas tasas de paro, sino que los trabajadores se han ido recolocando en el sector servicios al tiempo que la riqueza del país aumentaba.

Todo esto es todavía más cierto si tenemos en cuenta que la mayor parte del progreso tecnológico no consiste en aumentar la productividad en sectores tradicionales, sino en crear nuevos productos que requieren trabajo: desde iPods hasta Nespressos pasando por Googles, Viagras o YouTubes. Ahora bien, el ejemplo demuestra que, incluso cuando el cambio tecnológico tiende a ahorrar mano de obra, se crea riqueza y el desempleo no aumenta. Aquí es donde ustedes se preguntan: si cuando hay desempleo, rápidamente aparecen empresas nuevas que crean puestos de trabajo, ¿por qué hay un 20% de paro en España? Pues porque en España esas empresas no aparecen rápidamente. Y no lo hacen porque existen muchas barreras prohibitivas, entre las que destacan el exceso de regulación, la rigidez de los convenios, una banca excesivamente obsesionada con el negocio hipotecario ignorando a los emprendedores y un sistema educativo que permite a los trabajadores adaptarse a los cambios impuestos por la innovación. Y todo eso no sólo hace que las tasas de paro sean altas, sino que hace que sean crónicas. Para arreglarlo hay que liberalizar esos mercados, facilitar la actividad empresarial y conseguir que los trabajadores sean más productivos. La productividad, pues, no sólo no es el problema que causa el paro, sino que es exactamente la solución… por más que digan los intelectuales del neoluddismo.

XAVIER SALA I MARTÍN, Columbia University, Fundació Umbele y UPF.

TRIBUNA

España tiene un problema de credibilidad a raíz de la crisis griega y sus pobres perspectivas de crecimiento económico. Esto ha pasado a pesar de que España no es Grecia y que tiene grandes empresas internacionales en sectores como la banca, la energía, las telecomunicaciones, la construcción y la gestión de infraestructuras. España. y Catalunya en especial, tienen un sector exportador dinámico e importante. Hemos discutido hasta la saciedad las reformas necesarias para que la economía pueda volver a crecer con vigor cuando la coyuntura internacional mejore. Ha llegado el momento de la verdad, las reformas meramente cosméticas no funcionarán y el endémico problema de la baja productividad de la economía española no se solucionará.

¿Qué puede aportar Catalunya a la resolución de la crisis? En primer lugar, por su menor dependencia relativa del sector inmobiliario y la construcción, mayor diversificación del tejido productivo, y presencia destacada de un segmento de empresas exportadoras, Catalunya indica el sentido de la transformación del modelo productivo en España. En segundo lugar puede mostrar la articulación de una estrategia regional dentro de Europa que supere fronteras y consolide una masa crítica necesaria para potenciar actividades avanzadas de I+ D, docencia, y centros de decisión empresarial. Aquí hay que cuidar, sin embargo, las alianzas con las regiones vecinas.

En tercer lugar, Catalunya puede propiciar un pacto en España para que las reformas imprescindibles se lleven a cabo, bajo el liderazgo del gobierno, y España recupere su credibilidad. Finalmente, puede impulsar el cambio en aspectos de su competencia autonómica que avancen en las reformas necesarias. Dos ejemplos: la nueva ley de educación y aspectos innovadores en la política de apoyo a la investigación. Los dos son cruciales para mejorar el capital humano, en donde se librará la batalla de la productividad. A estos se podría añadir un compromiso de austeridad y simplificación de la administración pública, y un plan renove para las pequeñas y medianas empresas (Pymes) que están siendo vapuleadas por la crisis y en donde Catalunya se juega buena parte de su futuro industrial (y del empleo). También hay que recuperar el crédito y esto depende, en parte, de hacer limpieza en los balances de algunas entidades financieras con problemas por créditos a promotores e inmobiliarios.

La renovación de las Pymes se debe fomentar para que mejoren sus métodos de gestión, adopción de tecnología, escala e internacionalización. Este plan no debería servir para mantener estructuras que no son competitivas sino para transformar las que no lo son. El reto al que nos enfrentamos en esta crisis es formidable, la respuesta también lo debería ser.

Xavier Vives. Director del Centro Sector Público-Sector Privado de IESE.

La estructura de la negociación colectiva, los desorbitados costes de despido y la escasa flexibilidad del marco legislativo están en los orígenes de la brutal caída del empleo en las fases recesivas de nuestra economía

En una recesión el empleo tiende a caer proporcionalmente más o menos que el PIB en la medida que aumenten o se contengan los costes salariales reales. Así, la intensa subida de los costes salariales reales de nuestro país en 2008 y 2009 (2,3% y 4% respectivamente), muy por encima de la media de la UE (0,1% y 1,1%), ha exacerbado la destrucción de empleo durante la crisis, de manera que la pérdida de puestos de trabajo por unidad de caída del PIB ha sido en nuestro país más de tres veces superior a la media europea.

El comportamiento marcadamente procíclico de los salarios reales (suben tanto más cuanto más cae el PIB) y la consecuentemente brutal caída del empleo que acontece en las fases recesivas de nuestra economía obedece esencialmente a tres elementos singulares del marco regulatorio de nuestro mercado de trabajo que alejan su funcionamiento del de los países con cifras de paro más civilizadas que las nuestras.

En primer lugar, a la estructura de la negociación colectiva, que impone subidas salariales prácticamente homogéneas a todas las empresas de un sector sujeto a la misma, con independencia de su tamaño y demás condiciones específicas. Así ocurre que empresas con elevados niveles de productividad o cuyos costes laborales representan una proporción relativamente pequeña de los costes totales en relación con la media del sector, y cuyo tamaño y relevancia les puede llevar a valorar en exceso la paz sindical, aceptan aumentos salariales que son letales para mantener el empleo en muchas de las restantes empresas del sector. Ésta es la causa última de que los sindicatos puedan imponer subidas de salarios nominales que, como mínimo, sean ex post iguales a la inflación en periodos de dura recesión económica y sin descontar de la inflación la parte debida a subidas del precio del petróleo o de los impuestos.

Éste es un problema que no se resuelve mediante cláusulas de descuelgue que son siempre limitadas, difíciles de activar y transitorias, sino mediante cláusulas de “cuelgue”. Esto es, la legislación laboral debería reformarse de manera que cualquier acuerdo salarial entre sindicatos y empresas sea aplicable únicamente a las empresas que voluntariamente y ex profeso decidan adherirse al mismo.

En segundo lugar, está el problema de los desorbitados costes de despido de los trabajadores fijos, el grueso de nuestra fuerza de trabajo, que aumentan excesivamente los costes salariales inherentes a los inevitables ajustes de plantillas que se efectúan durante la crisis. Los elevados costes de despido merman las posibilidades de inversión de las empresas, restringen la movilidad de los trabajadores y suponen también altos costes de contratación que establecen una elevada barrera al empleo, reduciendo así la sensibilidad de los salarios al nivel de paro y a las condiciones generales de la economía.

En tercer lugar, el marco legislativo ofrece márgenes irrisorios, en comparación con los de otros países, a la flexibilidad de jornada, de las modalidades de trabajo y de la movilidad funcional y geográfica de los trabajadores, con lo que se bloquean los ajustes de los costes laborales por hora trabajada y se fomenta el ajuste vía destrucción de empleo.

La reacción habitual de los representantes sindicales y de otras voces que consideran más progresista aumentar el paro que instrumentar reformas que ante una recesión mermen el poder adquisitivo de los asalariados, consiste en despachar esas opiniones tildándolas de antisociales y “economicistas”. Con estos calificativos, que habitualmente se aplican a cualquier propuesta que no concuerde con las suyas, se sugiere que los razonamientos son meramente teóricos y no están anclados en el mundo real, un mundo cuya verdadera configuración sólo ellos conocen y cuyas reglas de justicia les pertenecen. Acaso inadvertidamente, sin embargo, a veces responden a los planteamientos que demandan la contracción de los salarios reales con “economicismos” sui géneris. Por ejemplo, sostienen que una congelación o caída pronunciada del ritmo de aumento anual de los salarios nominales haría caer proporcionalmente el ritmo de aumento de los precios y por tanto no beneficiaría a las empresas.

Por otro lado, argumentan que una caída de los salarios reales reduciría el consumo privado y con ello dañaría la demanda de las empresas. Nótese que si el primer argumento fuera válido no deberían preocuparse por el segundo ya que, según ellos, la moderación de los salarios nominales no produciría caída alguna de los salarios reales.

Una congelación o caída significativa del ritmo de crecimiento de los salarios nominales no afectaría en absoluto al ritmo de avance del precio de los bienes comerciables, ya que dicho precio se determina en los mercados internacionales y sería decisiva para que las empresas que operan en estos mercados pudieran mejorar su competitividad sin reducciones drásticas del nivel de empleo. Incluso en las empresas que operan en los mercados de bienes no comerciables, la congelación o moderación de los salarios nominales no llevaría a bajadas proporcionales de sus precios, entre otras razones porque el comportamiento de estos precios depende de la política monetaria del BCE y porque los costes salariales no son los únicos costes variables relevantes para muchas empresas.

En cuanto al segundo argumento, las subidas o el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios sólo tienen un impacto neto positivo sobre el consumo privado y la demanda de las empresas en la medida que no generen desempleo, y acentúen con ello el temor a perder el puesto de trabajo, y en la medida que no erosionen las expectativas de beneficios y debiliten con ello la inversión privada. La exagerada caída del consumo de las familias en 2009, mucho más intensa de la justificada por la evolución de la renta disponible real, se debe en buena parte al temor a la pérdida de sus puestos de trabajo desatada por la intensa destrucción de empleo ocasionada en dicho año, destrucción que parcialmente es atribuible al aumento de los salarios reales en el periodo.

Aunque pueda resultar paradójico para algunos, cuanto más rígidos a la baja sean los salarios reales y mayor sea el peso del ajuste soportado por el nivel de empleo menores serán las posibilidades de crecimiento a medio plazo de los salarios reales. Esto es así porque un volumen muy elevado de paro antes o después ejerce una poderosa presión a la baja sobre los salarios reales. Pero, sobre todo, porque las subidas de los salarios reales en una recesión expulsan al paro a muchos trabajadores que pierden capital humano y productividad en proporción a la duración del desempleo y sólo se podrán recolocar percibiendo salarios que reflejen esta menor productividad. Los salarios reales que en cualquier economía se pueden pagar a un trabajador no dependen de lo que unos u otros consideren que deba ganar, sino de su productividad, esto es, de su capacidad de contribuir a la producción que la empresa pueda vender a precios de mercado.

La reforma del mercado de trabajo llegará ya tarde para evitar la pérdida de empleo y el paro masivo acumulados hasta el momento. Pero una reforma profunda es urgentemente necesaria para acelerar la recuperación del empleo por unidad del PIB y alentar la recuperación económica. Es imprescindible, por eso mismo, para reducir el déficit público y evitar daños irreparables a nuestro sistema financiero. Es, además, perentoria para recuperar la credibilidad de los mercados financieros internacionales, de los que nuestra economía depende más que casi cualquier otra, reduciendo así los costes de financiación de empresas y sector público y aliviando nuestra extremada vulnerabilidad a las tensiones que azotan hoy y seguirán azotando mañana a países con los que no nos queremos comparar.

José Luis Feito es presidente del Instituto de Estudios Económicos.

Creo que, con una situación asfixiante de falta de liquidez y de crédito para las empresas, y ante la poca eficacia de los mecanismos que voluntariosamente pone en marcha el Gobierno para inyectar dinero a través de la banca privada, son muchas las personas que piensan que fue un error privatizar Argentaria. Y creo que muchos catalanes de la provincia de Girona deben de pensar esta semana que fue un grave error privatizar Endesa. Confieso que estoy cerca de estas opiniones.

Participé, desde el Gobierno o desde la Comisión Europea, en los debates sobre la privatización de cuatro grandes empresas españolas: Seat, Telefónica, Endesa y Argentaria (antes Banco Exterior de España y hoy convertida en la A del BBVA).

En el primer caso, no sólo tuve una opinión favorable, sino que fui uno de los promotores. La venta de Seat al grupo Volkswagen se hizo mientras era ministro de Industria y, por tanto, responsable del INI. Seat tenía unas pérdidas importantísimas, que pagábamos entre todos, derivadas de que competía, en su gama, con grupos multinacionales que producían entre 5 y 10 veces más coches que ella. En un mercado bien abastecido, con marcas dispuestas a producir en España, y siendo el automóvil un producto importante pero no un “derecho” de los ciudadanos, no veía ninguna razón para que el Estado español fabricara coches. Aunque se hubieran podido reducir las pérdidas con unas grandes inversiones, mi opinión no cambió. No tenía ningún sentido la presencia pública en este sector. Sin aquella venta, estoy seguro de que hoy Seat no existiría.

En el caso de Telefónica, también estuve a favor, pero con importantes matices. La telefonía es uno de los considerados servicios universales (que no significa gratuitos), es decir, aquellos a los que todo ciudadano tiene derecho a poder acceder en unas condiciones y con un coste aceptable. La situación de monopolio público era uno de los obstáculos para tener unos precios bajos. Introducir la competencia y dar entrada a nuevas empresas privadas era una buena solución. Pero siempre he pensado que había que separar antes la red de los servicios. Por ello me opuse a que la privatización incluyera también la red, es decir, los cables y la infraestructura necesaria para dar el servicio. Creo en la competencia para mejorar servicio y bajar precios, pero ninguno de los que compiten en un mercado debe tener la gran ventaja de controlar la red por la que deben pasar él y todos sus competidores. Esta batalla la perdí y sigo pensando que tendríamos mejor servicio y menores precios si hubiéramos tomado un modelo como el de las empresas de transporte por carretera: todas compiten, pero todas utilizan la carretera, que no es de ninguna de ellas, sino del Estado. El único consuelo que nos queda es que Telefónica se ha convertido en una de las principales operadoras del mundo, gracias a la gran capacidad de inversión que le supuso su dominio del mercado español.

Tanto en el caso de Endesa como en el de Argentaria, mi posición era de oposición. Era una oposición a distancia ya que, si no me equivoco, ambas privatizaciones tuvieron lugar durante el primer Gobierno de José María Aznar. En ambos casos se trata de empresas que suministran un bien básico para las personas y para las empresas, la energía eléctrica o el dinero. Tanto el sector eléctrico como el sector financiero deben estar fuertemente regulados y, aunque pueden estar operados por agentes privados, es obligación de los poderes públicos garantizar que los objetivos del beneficio empresarial no se antepongan a las exigencias del servicio público. Aparte de leyes, comisiones de control y sanciones (que fácilmente son burladas), se ha hecho evidente que la presencia de una empresa pública actuando en el sector es una herramienta muy eficaz para ejercer esta vigilancia y priorizar objetivos. Por ello me opuse, mientras estuve al frente del Ministerio de Industria y Energía, a la privatización de Endesa y juzgué desacertada la desaparición del BEE, el único banco público operativo en el mercado.

Hoy sigo convencido de que, siendo pública, Endesa hubiera invertido más en la Costa Brava y menos en Chile, aunque esto les haya sido más rentable, y creo que el Banco Exterior podría ser ahora un buen canalizador de dinero hacia las empresas, en lugar de obligar al ICO a hacer un gran esfuerzo para el que no tiene la infraestructura necesaria.

¡Qué lástima!

Joan Majó es ingeniero y ex ministro.

EL TIEMPO RECOBRADO

Al navegar por el Báltico este verano, el barco pasó junto a la larga barrera de arena que protege una ensenada al final de la cual está Königsberg, la ciudad natal de Kant, ahora llamada Kaliningrado.

Königsberg, que era la capital de la Prusia Oriental hasta 1945, tiene siete puentes que unen la villa con dos islas que deja el río Pregel al bifurcarse. La pregunta es muy sencilla. ¿Se pueden atravesar los siete puentes sin repetir para volver al punto de partida?

Durante muchos siglos nadie pudo resolver el enigma. Ningún habitante de la villa prusiana había conseguido tal hazaña, pero fue el matemático suizo Leonard Euler quien demostró que era imposible en 1735.

La fama de Euler llegó hasta Rusia, de suerte que Catalina la Grande le pidió que fuera a dar clases a la Academia de Ciencias de San Petersburgo. Allí se encontró con Diderot, que despreciaba las matemáticas. Euler le dejó en ridículo al preguntarle si una fórmula algebraica demostraba la existencia de Dios.

Euler descubrió métodos para generar números primos, pero fracasó en su intento de hallar una pauta en su secuencia. “Hay misterios que la mente humana no penetrará jamás”, dijo al respecto.

La imposibilidad de penetrar en la lógica de los números primos me lleva a pensar en los límites del entendimiento humano. Hay fenómenos que no podemos comprender porque nuestro intelecto es finito y limitado. Precisamente Kant creía que podíamos percibir la apariencia de las cosas pero no su esencia, la cosa en sí.

Cuando yo era niño, veía en los escaparates de algunas tiendas un fraile barbudo que apuntaba con una vara el tiempo. Siempre erraba: si señalaba que estaba lloviendo, el sol brillaba en el cielo. Yo no podía entender cómo la naturaleza se equivocaba tanto. Así les sucede a muchos científicos e intelectuales, que anteponen sus prejuicios a la observación cuando intentan analizar la realidad. Interpretan lo que perciben a través de categorías preconcebidas –la vara del fraile– y confunden los hechos con supuestos que sólo existen en su imaginación.

Casi todo lo que escuchamos a diario obedece a un puro cliché, a fórmulas estereotipadas que se repiten como dogmas de fe. Pero nadie piensa en el trasfondo de la pura apariencia, que es casi siempre engañosa. La política se ha convertido en el arte de plantear falsas alternativas, como está sucediendo con la polémica sobre la subida del IVA. Esa cháchara que nos acompaña, esa especie de ruido insoportable, nos impide distinguir lo accesorio de lo esencial. Lo malo es que nos sobran las recetas para las trivialidades de la vida, pero carecemos de respuestas para los grandes interrogantes de nuestra existencia, que suponen un desafío como el de los puentes de Königsberg.

AJUSTE DE CUENTAS

La continuidad de Marsans estuvo anteayer en manos de un banco. Si Josep Oliu, presidente del Sabadell, se hubiera negado hasta el final a renovar la financiación de Marsans, ninguna de las 19 entidades del comité de acreedores les hubiera podido dejar más dinero a la compañía de Gerardo Díaz Ferrán y de Gonzalo Pascual.

La crisis en esta empresa que como tal tiene 2.609 trabajadores, pero donde hay que sumar otros 9.000 si se la considera como grupo, es una losa para nuestro sector turístico. Ésa habría sido la razón que justificó que un alto cargo del Gobierno interviniera para que Oliu se comportara de manera «razonable», sobre todo en vísperas de Semana Santa.

Todo indica que la nueva inyección de capital le permitirá a Viajes Marsans seguir tirando un tiempo, pero no hay ningún observador independiente que crea que pueda seguir en manos de Díaz Ferrán y Pascual. Por eso las informaciones que apuntan al renovado interés del grupo Orizonia, que dirige Gabriel Subías, por quedarse con ella no están desencaminadas.

El gran obstáculo para cualquier comprador es que el manejo que se ha hecho de la compañía no ha sido prolijo. Ésta es rentable, pero hay un gravísimo problema de capitalización, hay que desmadejar la trama de garantías cruzadas y los préstamos relacionados entre empresas del grupo. Se trata de operaciones que podrían ser aceptables en una pyme familiar, pero que no tienen pase en un gran grupo. Todos los interesados en la adquisición de la empresa han exigido, como es lógico, que los accionistas resuelvan estos asuntos que no son simples flecos.

«Hemos intervenido para no dañar al sector, no porque Díaz Ferrán sea el presidente de la patronal», dijo ayer un cargo del Gobierno a este periódico. Pero las gestiones están ahí y el sólo hecho de que tenga que hacerse esta clarificación demuestra hasta qué punto hubiera sido prudente que Díaz Ferrán dejara su cargo en la CEOE cuando aparecieron los primeros problemas serios en Air Comet, allá por octubre. Hubiera podido concentrarse exclusivamente en la salvación de su grupo.

Pero las cosas no han sido así y Díaz Ferrán ha sufrido un golpe tras otro: Air Comet, Seguros Mercurio… Y todo aliñado con la negociación colectiva y con la reforma laboral. Hubiera sido preferible más claridad y no mezclar los hechos de la patronal con los de un grupo que no deja de salir en las portadas.

john.muller@elmundo.es

(Abordamos la segunda parte de la serie iniciada ayer acerca de la operación entre Liberty y Prisa, que culminaremos mañana con la tercera y última parte. Hoy trataremos de responder a la pregunta: ¿tiene sentido la operación? O, mejor dicho, ¿cabía otra alternativa?)

El 25 de febrero de este año Liberty Adquisition Holdings Corp. difundía una escueta nota de prensa en la que advertía de que se encontraba en conversaciones con el grupo mediático español Promotora de Informaciones, S.A., si bien aclaraba que “ni existía un acuerdo definitivo, ni podía asegurar que se produciría en el futuro”. La noticia coincidía con la publicación de los resultados anuales de la SPAC y cerraba unas semanas de intensa rumorología en la que el nombre de Liberty circulaba de boca en boca por el todo Madrid sin que nadie fuera capaz de ponerle el cascabel al gato. Y es que, ¿quién se iba a imaginar que la tabla de salvación de Prisa sería una carcasa vacía obligada a invertir de forma perentoria los fondos de sus clientes para no verse abocada a una segura desaparición? Probablemente nadie. Si don Jesús de Polanco levantara la cabeza…

La firma de “capital riesgo” estadounidense no dio nuevas señales de vida hasta una semana más tarde, en concreto el 5 de marzo, para vender, a través de una nota de prensa conjunta, las bondades de la operación que permitiría a ambas compañías cumplir con sus objetivos. Liberty lograba colocar el efectivo de sus accionistas poco antes del plazo previsto para hacerlo mientras que Prisa se hacía con la liquidez de la firma estadounidense, su único objetivo real, lo que le permitiría sanear su situación financiera y abordar nuevas oportunidades de crecimiento que su recién estrenado socio fijaba en Latinoamérica y en el ámbito digital, con especial mención a Digital Plus (¡!). Ambas reconocían la condicionalidad de la propuesta, sujeta no sólo a la aprobación de sus respectivas Juntas sino también a la de los acreedores de la compañía de medios. Toda una novedad ya que, hasta ahora, en las sucesivas desinversiones efectuadas por Prisa se había primado a los segundos frente a unos minoritarios cuya opinión parecía importar poco o nada al equipo gestor.

Tres días más tarde, el 8 de marzo, se conocían los detalles de una operación, cuando menos, compleja, que persigue solventar las limitaciones de Liberty a las que hacíamos referencia ayer. No es de extrañar, tras la anterior experiencia con IBN, que varios analistas volvieran a enarcar las cejas. Y es que ya entonces, verano de 2009, algunos advertimos que se quedaría en agua de borrajas pese a las alharacas informativas que entonces nos regalara, como hoy, el equipo directivo de la multinacional española. Aquella iniciativa carecía de sentido como… ¿ésta? Puede que sí, pero una cosa queda clara de la lectura de sus términos: probablemente era y es la única transacción posible en términos de riesgo-beneficio económico y de imagen para Prisa. La necesidad, bien es sabido, agudiza el ingenio.

¿Por qué? Veamos la argumentación a partir de la presentación remitida a la SEC por ambas partes.

1. El objetivo del acuerdo no es operativo, como prueba el hecho de que la presencia futura de Liberty en el consejo de Prisa se limita a un representante pese a contar con un porcentaje cercano al 50% del capital en el peor de los casos. Además, y en contra de sus estatutos, la instrumental (¿cómo llamarla de otro modo?) transige con una limitación de sus derechos de voto al 30%, cláusula no modificada hasta ahora y que puede poner en riesgo el acuerdo.
2. Su finalidad para Prisa es meramente financiera, hacerse con los 900 millones de dólares en poder de la SPAC, sanear su balance y cambiar el foco de las prioridades hacia la gestión del negocio. Intercambio de dilución por liquidez con mantenimiento del control en los términos actuales (de hecho, hay mecanismos de ajuste para el caso de que la participación de los Polanco-Pérez y demás socios sindicados pueda situarse por debajo del 30% en un momento dado, una medida que persigue la equiparación formal de los derechos de voto más allá del control de los órganos de gobierno).
3. La alternativa, una macroampliación de capital, era inviable. El importe a ofertar y el descuento a ofrecer amenazaban con colapsar la cotización del valor, sin que estuviera, ni mucho menos, garantizado el éxito de la colocación dadas las incertidumbres que pesan sobre la firma. Si viniera, como es más que probable, acompañada de la renuncia a participar de los accionistas principales, como en el caso actual, se dificultaría aún más el final feliz para una aventura de este tipo. Quedaba, por tanto, descartada dicha alternativa. Y los bancos achuchaban.
4. ¿Por qué no incorporar, entonces, un socio industrial o financiero? Muy sencillo. Tal opción suponía, en el primero de los casos, ceder parte o toda la gestión del negocio, algo que resulta tolerable en filiales como Cuatro pero impensable para el conjunto de la compañía, a tenor de lo que ha sido y lo que pretende seguir siendo en el ámbito hispanoamericano. En cuanto a la incorporación de un sponsor financiero, aparte de enfrentarse a la misma dificultad, la experiencia de la entrada de Carlos Slim en el NYT pone de manifiesto lo oneroso de las condiciones necesarias para atraer a un inversor al sector en el momento actual (exactamente un 14% de interés anual o el doble de lo ofrecido por Prisa a los accionistas de Liberty).
5. De ahí que decida comprar Liberty mediante un intercambio de papelitos que más que dobla el número de títulos en circulación (212 millones más 49 de convertibles contra 219 en la actualidad, dilución cercana al 50% antes de la conversión) y limita el desembolso de efectivo a 1,04 dólares por cada warrant de Liberty. 58,5 millones de euros en efectivo a cambio de 660 que serán financiados, casi en su totalidad, por los 45 que pretende ingresar de una ampliación dirigida exclusivamente a los minoritarios, que vuelven a ser los grandes sacrificados. Si es que estos acuden, que está por ver.
6. Para ello, valora la acción de Prisa a 3,518 euros, un nivel cercano a la media de 50 sesiones del grupo mediático a 25 de febrero. Una cifra muy alejada de la que tendría que ofrecer en una colocación en mercado. Dicho precio permite justificar ante los socios de Liberty la operación, toda vez que recibirán el equivalente a 12,08 dólares por unas acciones por las desembolsaron 10 y actualmente cotizan alrededor de 9,90 . Un tema este de la valoración que abordaremos oportunamente el jueves.

Por último, vanitas, vanitatis et omnia vanitas, a las ventajas derivadas del aparentemente único acuerdo posible se añadían el cumplimiento de dos objetivos a mayor gloria del cerebro de la misma, Juan Luis Cebrián.

1. Su blindaje dentro de la estructura de la nueva entidad fusionada, al convertir su no permanencia durante tres años en el seno de la misma en condición resolutoria del contrato, tal y como se puede ver en la página 7 del último borrador publicado. ¿Imposición propia o condición ajena?
2. Cumplir con su sueño americano de cotizar en el Nasdaq, cosa que hará a través de la formalización como ADS de las nuevas acciones emitidas. No en vano, el 9 de marzo, la doble página central de El País, versa sobre la necesidad de educar financieramente a los jóvenes españoles, siendo el primer vocablo a aprender, titular de la pieza, la N con la A Nasdaq. Qué coincidencia.

Sin embargo, la reacción en la cotización de ambas compañías no ha podido ser más decepcionante. Liberty apenas se ha apreciado un 2% desde que se filtrara la operación, sin que se haya producido arbitraje alguno con la española, pese al potencial recorrido alcista del 20% desde los precios actuales. Prisa se ha hundido hasta situarse en los 2,80 euros por acción a cierre del ayer. Un desplome cercano al 20% desde que se filtrara la transacción, lo que pone en tela de juicio –cada día que pasa- su viabilidad. ¿Qué está pasando? La respuesta mañana, en la tercera y última parte de la serie.

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¿Cuál es el problema de España? ¿Es el paro un problema o una consecuencia? ¿Es el déficit público un problema o una consecuencia? Esto mismo podemos preguntarnos sobre la financiación a las empresas y tantos otros asuntos de actualidad.

En mi opinión, el verdadero problema de España es la falta de competitividad. Nos hemos quedado en el medio: ni vendemos por precio, ni vendemos por valor añadido. Esta falta de competitividad la arrastramos desde hace años y se ha visto disimulada por el boom del ladrillo. El auge de la construcción nos puso una venda en los ojos creando una sensación de riqueza, que, como hemos visto, ha sido efímera. Como nos iba bien, no prestamos atención a la pérdida de base industrial de nuestro país.

El boom inmobiliario duró tanto como duraron los tipos de interés negativos y la abundancia de liquidez en el sistema. Cuando estalló la crisis subprime en Estados Unidos en el verano de 2007, España ya estaba en crisis y la debacle financiera precipitó la situación.

Si mantuviéramos la peseta, el problema de falta de competitividad lo resolveríamos devaluando la moneda un 20%. Es lo que nuestros ministros de Economía han hecho sistemáticamente a lo largo del siglo XX. Es decir, reconocer de forma súbita que somos algo más pobres, pero estando en condiciones de trabajar el día siguiente. Como lo que tenemos son euros y no nos podemos devaluar, el camino es más largo y tortuoso. Hay que reducir márgenes, ajustar salarios, despedir empleados, vender activos etc. En un proceso que puede durar varios años hasta que nuestros salarios reales bajen ese 20 % en relación a los países de nuestro entorno.

Ya se habla de la década perdida en España, pues al proceso de ajuste tendremos que sumarle el periodo de recuperación del crecimiento hasta la situación en la que nos encontrábamos en 2007.

He obtenido algunas ideas, en este sentido, del profesor de ESADE Miguel Trías Sagnier, para quien estos son los ejes de la economía en los que España tiene capacidad de desarrollo:

- Eje energía y medio ambiente: en particular la producción de energías limpias, reciclado de residuos, depuración de aguas, fabricación de maquinaria que minimice el impacto medioambiental. Energía solar, eólica, biomasa, etc.

- Eje salud: España tiene un sector sanitario de reconocido prestigio. Somos líderes mundiales en trasplantes de órganos. Tenemos servicios avanzados en áreas como la oncología, tratamientos de fecundación, la industria más desarrollada de cirugía estética y ocular. Tenemos los mejores fabricantes de alimentos funcionales. También tenemos una buena tradición en residencias de tercera edad.

- Eje infraestructuras: tenemos las mejores constructoras del mundo, capaces de ampliar el Canal de Panamá, de construir el puente que unirá Sicilia a la Península en Italia, de construir el AVE más moderno o la arquitectura más novedosa.

- Eje turismo y ocio: uno de los sectores más consistentes de la economía española. Somos la segunda potencia mundial en número de turistas. Por nuestra ubicación, clima y gastronomía. Podemos desarrollar esta industria complementándola con nuestra capacidad para organizar grandes eventos deportivos. Tenemos buen equipamiento en puertos deportivos, buenas estaciones de esquí y somos uno de los países con mayor patrimonio histórico.

- Eje formación y conocimiento: el eje que debe alimentar a todos los demás. La sociedad del conocimiento produce una demanda cada vez mayor de formación. Tenemos una alta tasa de licenciados superiores y algunas de las mejores universidades privadas del mundo. También podríamos incluir la cuna de artistas, creativos y diseñadores que tiene nuestro país y que es un verdadero potencial en la industria del “estilo de vida”.

- Eje información y contenidos: creciente demanda de información y contenidos propiciada por el desarrollo de nuevas tecnologías. Mayor número de cadenas televisivas que emiten 24 horas que demandan de contenidos para las mismas. La relación entre empresas y clientes ha cambiado drásticamente, lo que origina grandes oportunidades para aquellas empresas que sean capaces de comprenderlos, de reinventar su negocio y anticiparse.

- Eje financiación: España cuenta con una banca comercial moderna de ámbito internacional, compañías de seguros bien gestionadas, una creciente industria del capital riesgo y acreditadas gestoras de fondos de inversión. Este sector se está reinventando como consecuencia de la crisis y dará como resultado nuevos ganadores.

Para llevar adelante este proceso necesitamos buenos ejecutivos que en nuestra España, S. A. figurada son los políticos. Hay que recordar a los políticos que no están para mantenerse en el poder, sino para crear las condiciones adecuadas para que se pueda desarrollar la economía de mercado. Y para gobernar bien, a veces hay que tomar medidas desagradables, aunque cuesten votos. Tampoco se debe llevar la situación a un exceso de regulación en un afán de controlarlo todo. Los empresarios conocen la lentitud de la Administración en tramitar permisos y autorizaciones para desarrollar cualquier actividad. También la justicia en España se ha hecho tremendamente lenta, lo que crea inseguridad jurídica para los inversores.

Al final esto desanima a los emprendedores. Necesitamos un Estado más pequeño, mejor organizado, que no asfixie a la sociedad civil. Hay que poner orden en las cuentas públicas. No puede ser que en 2009 aumente el desempleo en 800.000 personas  y que el número de funcionarios aumente en 93.000 personas. No puede ser que las empresas no obtengan financiación mientras los bancos españoles suscriben casi el 50 % de la deuda emitida por el Estado (568 millones de euros cada día). Y también nosotros, los españoles de a pie tenemos que cambiar nuestra cultura de la ayuda y la subvención, por la cultura del esfuerzo y el riesgo. Sí señores, hay que esforzarse  y hay que arriesgarse.

La solución al desempleo sólo tiene una respuesta: crear 300.000 nuevos empresarios.

Javier Navarro Casanova, de GBS Finanzas.

Financial Times

Ernst & Young tendrá que hacer frente a un interrogatorio del organismo británico de control de la industria en torno a cómo reflejó las transacciones realizadas por Lehman Brothers para mejorar la presentación de su balance. La firma, una de las Cuatro Grandes auditoras, fue duramente criticada la semana pasada por Anton Valukas, nombrado por el tribunal de quiebras estadounidense para analizar el colapso de Lehman.

El informe de Valukas denunciaba las prácticas contables en el banco y concluía que el informe de E&Y no cumplía con las normas profesionales exigidas.

El Consejo de Información Financiera anunció el lunes que estaba “constatando los hechos” para determinar si la actuación de la firma en Reino Unido tenía algún tipo de implicación. “Hemos pedido a Ernst & Young que aporte más datos en relación a lo sucedido en Reino Unido”, explicó. La petición no es una investigación formal, y se espera que la auditora responda en breve.

E&Y aseguró: “Ernst & Young cooperará plenamente con todas las partes competentes en este caso”.

El informe de Valukas concluía que Lehman había realizado un creciente número de operaciones de maquillaje de los balances, o Repo 105, que usaron para reducir el apalancamiento reflejado en las presentaciones de resultados. En 2008, el banco ejecutaba transacciones por valor de cerca de 50.000 millones de dólares (36.489 millones de euros) cada final de trimestre y, gracias a una anomalía legal, la mayoría de ellas se efectuaban a través de su filial europea en Londres.

Sin embargo, el informe de Valukas no aclara la interrelación entre las normas contables y su tratamiento potencialmente distinto de las transacciones. Las cuentas locales de las operaciones británicas de Lehman se realizaron usando los estándares contables de Reino Unido, y después se tradujeron al lenguaje estadounidense a nivel del grupo.

Aunque las empresas cotizadas de Reino Unido efectúan en la actualidad sus informes en base a los estándares internacionales de contabilidad, la mayoría de sus filiales aún no han adoptado el nuevo sistema y siguen usando las viejas normas británicas, al igual que hacen las operaciones locales de empresas extranjeras.

Las duras críticas del informe contra E&Y han sacudido al mundo de la auditoría que, hasta ahora, había escapado al análisis de sus estudios sobre las entidades en plena crisis financiera. Las preguntas se centran en los pasos que dio la firma para cuestionar las transacciones Repo 105. El maquillaje al final del trimestre es una forma común de manipulación para cuya identificación están preparadas las auditoras.

La semana pasada, el grupo defendió su estudio de las cuentas de Lehman para 2007 y mantuvo que estas “cumplían con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados [estadounidenses]”.

El informe también ha avivado la polémica sobre si la contabilidad debería basarse en principios generales o en reglas detalladas. Las normas estadounidenses son más detalladas que sus equivalentes internacionales.

The Financial Times Limited 2010. All Rights Reserved.

Díganme si piensan lo mismo que yo. Esto es lo que ven de Europa ahora mismo nuestros competidores en el mundo (Estados Unidos, China, India, Brasil…):

-Grecia ha provocado un cataclismo económico en la Unión Europea. Es un país pequeño, pero la situación de sus finanzas públicas ha abierto el debate sobre la supervivencia del euro. Es casi imposible, además lograr un acuerdo común para sacarla del pozo.

-El caso griego se ha trasladado a otros países que también pasan por dificultades, especialmente Portugal y España. Este último caso es más alarmante por el peso que tiene en la economía de la eurozona.

-Alemania va por libre para salir de la recesión y es acusada por Francia de aplicar políticas económicas que no son realizables en otros países de la zona, por lo que agranda la brecha entre las economías.

-No existe una política fiscal común. Ante la crisis, unos países abogan por la bajada de impuestos para generar actividad y elevar ingresos. Otros, por el contrario, decretan subidas fiscales para recaudar cuanto antes y reducir los elevados déficits.

-Se habla también de problemas graves en el Reino Unido por el elevado importe de su deuda pública y privada. No conviene olvidar que el Reino Unido también es Europa, aunque desde allí haya campañas periódicas para desprestigiar el euro.

-A la postre, los criterios de Maastricht, sobre los que se basó la integración monetaria, han saltado por los aires y no hay resortes para obligar a los países a que vuelvan a esos compromisos.

-La Comisión Europea se esfuerza en vano por intentar reconvertir la situación y que los países vuelvan a lo que se considera lo ortodoxo. Tiene más bien escaso éxito. Una Comisión, además de 27 responsables, cada uno de un país con intereses particulares, es ingobernable.

-Los recién elegidos ‘presidente de Europa’ y ‘ministra de Asuntos Exteriores‘ brillan por su ausencia institucional y efectiva. No aportan como interlocutores internos ni ante terceros.

Está claro que la magnitud de la crisis ha roto unas costuras que no estaban preparadas para estas tensiones. Pero Europa corre el riesgo de salir de esta crisis con una importante pérdida de peso relativo en el mundo. No es una noticia de estos días, pero la decisión del presidente de los Estados Unidos Barack Obama de no acudir a la cumbre UE-EEUU de esta primavera es un síntoma de es posible que Europa empiece a no ser lo que era.

El centro de gravedad del mundo económico está girando hacia el Este. China, India, Corea,… Es cuestión de potencial  de crecimiento y también de expectativas sociales, laborales, sociales y otras. Es un hecho, al margen de que, quizá con razón, algunas convenciones sobre el modo de vida oriental choquen con los criterios de la sociedad occidental todavía imperantes en el mundo.

TRIBUNA: CRISIS ECONÓMICA

Estas últimas semanas hemos asistido a dramáticas tensiones en los mercados de deuda pública de Grecia, Irlanda, España y, en menor medida, Italia. En todos ellos se han desatado movimientos bajistas cuya explicación, oficialmente al menos, se atribuye a la conjura de poderosos especuladores. En el caso de España se dice que esa conjura podría haberse visto impulsada, además, por declaraciones y comentarios de personas y organismos internacionales por lo que, descubiertos los especuladores, aclaradas las circunstancias que les han impulsado y habiendo respondido nuestro Gobierno con explicaciones y planes para controlar el origen de la deuda -obviamente, el déficit público-, poco tendríamos ya que temer.

El panorama, sin embargo, parece bien distinto al descansar ese diagnóstico sobre dos puntos muy débiles. El primero, que todos crean en ese plan, cuando por Europa hay ya muchas voces que dudan de su posibilidad y coherencia. El segundo, que el plan realmente se cumpla, lo que tampoco parece probable al dejar nuestro Gobierno para mañana los deberes de hoy. Para colmo, aunque existen planes para salvar a Grecia, se están analizando también las posibilidades de expulsión de un país de la zona euro si no cumple con sus reglas mientras que algunos opinan que la suspensión del derecho de voto podría ser la sanción adecuada. Malos presagios para España después de la primera tormenta del año.

Los especuladores existen. Si no existiesen mal asignarían los mercados los recursos disponibles. Pero desde los lejanos tiempos de Francisco de Vitoria conocemos que, en mercados de libre competencia, el precio de un bien está relacionado con la utilidad que de él se espera y con su escasez o abundancia.

Los especuladores sólo inician o aceleran lo inevitable y su éxito depende del eco que logren en los mercados. Algunos se arruinan cuando se lanzan sobre activos de cuya rentabilidad no se duda y cuya oferta es ajustada. Y otros ganan cuando especulan sobre bienes de rentabilidad dudosa y oferta excesiva. Por eso, eliminados los especuladores como causa principal de la crisis de estas semanas, el pronóstico sobre el futuro de nuestra deuda dependerá de su cuantía y de que nuestro país pueda pagar sus intereses y amortizaciones. Dos factores ligados a los déficits futuros y a los tipos de interés.

La cuantía relativa de nuestra deuda pública se sitúa hoy en niveles cercanos a los máximos permitidos por el Tratado de Maastricht, pero inferiores a los que soportan otros países como Italia, Bélgica, Francia, Reino Unido, Alemania y, desde luego, Irlanda y Grecia. No parece, por tanto, que el problema sea la cuantía de la deuda sino la del déficit público, motor de sus nuevas emisiones, y nuestra capacidad para reducir ese déficit hasta el 3% del PIB en cuatro años o para atender el servicio de la deuda si el déficit no se redujese y si subieran, además, los tipos de interés.

Reducir el déficit del 12 al 3 % del PIB costaría bastante menos si nuestra economía creciese aceleradamente. Al aumentar el PIB, el empleo mejoraría, algunos gastos públicos se reducirían en cifras absolutas y otros disminuirían su peso relativo frente a una producción en rápido crecimiento. Al mismo tiempo, los ingresos públicos aumentarían al crecer rentas y transacciones, quizá a mayor velocidad incluso que estas magnitudes, porque nuestro sistema fiscal sigue conservando una elasticidad alta. Por eso la reducción del déficit sería mucho más asequible que en una situación de estancamiento. Pero hoy un rápido aumento de la producción exigiría de un fuerte tirón de las exportaciones, lo que resulta muy difícil sin la devaluación de nuestra moneda. Como la mayoría de nuestros compradores pertenecen al euro, devaluar nos exigiría que saliésemos de la moneda común y eso es lo que muchos nos recomiendan. Salirnos del euro y poner en libre flotación nuestra nueva moneda para devaluarla.

En apariencia las ventajas serían muchas. Además de impulsar nuestras exportaciones, como una fuerte devaluación aumentaría los precios interiores, la inflación disminuiría los salarios reales haciendo menos necesaria la reforma laboral; ayudaría a los deudores a pagar sus deudas, reduciendo la morosidad de bancos y cajas y disminuyendo así sus problemas actuales y, finalmente, en el caso de nuestra Hacienda la inflación haría también más llevadera la pesada carga de su deuda. En definitiva, la inflación animaría otra vez nuestros mercados. Por eso salir del euro constituiría para sus partidarios una excelente solución con un reducido coste. Además, sin trabas presupuestarias ni angustias monetarias, sería posible mantener el viejo sueño de algunos políticos de no renunciar al inmenso gasto público de un Estado que representa hoy casi la mitad de la producción nacional y deja cada vez menos espacio para la iniciativa privada.

Sin embargo, y frente a tantas pretendidas bondades, no resulta difícil imaginar adonde podría llevarnos un Estado sin frenos para aumentar gastos e impuestos y un Banco emisor sometido a los vaivenes de la política, obligado a financiar los déficits e incapaz, por tanto, de imponer disciplina monetaria, a lo que se añadirían unas relaciones laborales ancladas en las viejas estructuras y en las aun más viejas reivindicaciones de siempre. Tampoco resulta difícil imaginar, en tales circunstancias, hasta donde acabaría hundiéndose nuestra moneda.

De ese mundo de ineficiencia y arbitrismo tratamos de escapar con un primer movimiento de racionalización en 1959, con un pacto de largo alcance en 1977, con una apertura a Europa en 1986 y con un anclaje al euro y a su destino a principios del siglo XXI, tareas que, en ondas sucesivas y con consenso en los temas básicos, representaron el esfuerzo y la ilusión de algunas generaciones de españoles que no participamos en la Guerra Civil. Hay que añadir que, mientras fuimos capaces de seguir la disciplina de Maastricht, la economía nos fue muy bien, quizá mejor que nunca. También que, de haber hecho nuestros deberes en cuanto a reformas de fondo y de haber mantenido en los últimos tiempos esa disciplina, con las licencias coyunturales necesarias pero sin ninguna de las estructurales que tan alegremente nos hemos tomado, ahora ya estaríamos remontando la crisis, en lugar de penar en los mercados y de ser considerados la oveja negra más peligrosa del rebaño.

La disciplina del euro es esencial para nuestro bienestar a largo plazo y para dar solución a nuestros problemas de hoy. No podemos renunciar a ella. Sus claves se encuentran en contener el déficit público y en efectuar las reformas indispensables para estabilizar e impulsar nuestra economía. Hay que llevar ese déficit, más pronto que tarde, a los límites de Maastricht y la única estrategia sensata pasa por reducir y racionalizar sin más demora el gasto público.

Es posible armar un programa eficiente para esa tarea, aunque el Gobierno se empeñe en no quererlo encontrar. Algunas de esas posibles medidas ya están en el Parlamento. Otras podrían diseñarse en poco tiempo, partiendo de que un Estado eficiente en un país ya desarrollado no debería superar en mucho un tercio de la producción interior y que la deuda pública debería utilizarse lo menos posible, quizá sólo para financiar inversiones capaces de generar la producción que, en el futuro, permitiese atender sus intereses y amortizaciones.

En cuanto a las restantes reformas, las más perentorias son la laboral y la financiera. El mercado laboral no puede seguir discriminando de forma tan rotunda entre empleados fijos y temporales. Tampoco debería mantener los actuales esquemas de contratación colectiva. Y, desde luego, debería reducir el coste de la mano de obra con menos presión en las cotizaciones sociales. En el mundo financiero, además de otras reformas, deberíamos conservar las Cajas de Ahorros porque han servido muy bien para llevar sus servicios hasta los excluidos por su corta capacidad económica.

Pero deberíamos evitar la interferencia política en sus decisiones, consolidar sus redes y dotarlas de instrumentos eficientes para captar el capital que necesitan. También deberíamos cambiar nuestra enseñanza e investigación y tantas otras cosas que se vienen demandando, con escaso éxito, casi desde los memorialistas de nuestro Siglo de Oro.

A todo eso nos obliga la disciplina del euro, porque sólo con estabilidad presupuestaria y con reformas de fondo podremos mantenernos pacíficamente dentro de nuestra actual moneda, aumentando el potencial de bienestar del país. Fuera de esa disciplina, mejor ni imaginar siquiera el futuro que nos esperaría.

Manuel Lagares es catedrático de Hacienda Pública y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO.