Reggio’s

PUNTO DE OBSERVACIÓN

Los niños y jóvenes de hoy van a ser quienes paguen el agujero que ha provocado una crisis puramente financiera

“Árbol clavado en la tierra al que se aproxima un incendio”. La premio Nobel polaca Wislawa Szymborska supo crear imágenes poderosas, capaces de revelar la realidad, en pocas y sencillas palabras. Sus poemas hablan de las cuestiones más trascendentes, pero en un entorno cotidiano, “un entorno de paz vulnerable y amenazada”, como escribe Mercedes Monmany en la presentación de Instantes (Ediciones Igitur).

La cita viene a cuento de la angustia que producen los recortes que se anuncian en los presupuestos de Educación de este país. No hace ni cinco meses que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su discurso de investidura, aseguró solemnemente que “la España del futuro dependerá de nuestro sistema educativo”. Habló de lo mucho que había que cambiar para, entre otras cosas, reducir el abandono educativo temprano y elevar la formación de los alumnos.

Cinco meses después, lo único que está realmente claro es que la educación en España va a sufrir un recorte inmediato de 3.623 millones de euros (más de medio billón de las antiguas pesetas) en solo un año. Las comunidades autónomas, que tienen transferidas las competencias, deberán rebajar 3.000 millones y el Gobierno central otros 623 millones (el 21,9% respecto a 2011), a la espera del recorte que haya que sumar en el presupuesto de 2013.

El sistema educativo español está clavado en la tierra mientras se le aproxima el incendio. Ninguna de las medidas anunciadas pretende impedir el abandono escolar prematuro (el número de alumnos que fracasa en la secundaria es ya superior al 30%, una de las cifras más altas en la Unión Europea) ni mejorar la formación, sino, simple y directamente, rebajar el coste. No cubrir las bajas de docentes durante las dos primeras semanas, aumentar los alumnos por aula y subir el número de horas de clase que imparten los profesores perjudica la calidad de la enseñanza y solo desde el cinismo se puede decir que es posible llevar adelante un recorte presupuestario de estas proporciones sin acarrear graves consecuencias para todo el sistema.

Reducir el presupuesto para becas (un 11,6% menos) y endurecer los criterios para poder conseguir, y mantener, esas ayudas es un disparate. Si la mayoría de los ministros, banqueros, diputados, presidentes de comunidades, periodistas o empresarios de este país solo hubiera podido estudiar sus carreras universitarias aprobando cada año el 90% de sus asignaturas, muchos no estarían hoy en el gabinete, ni en los tribunales ni en las empresas. Es muy posible que la mayoría de ellos haya tenido unos padres capaces de pagarles las matrículas, pero, por pura decencia, deberían mostrarse algo avergonzados a la hora de defender unos listones que ellos mismos hubieran sido incapaces de superar.

La realidad es que “la España del futuro” no es ni remotamente una prioridad en este país. Los niños y jóvenes de hoy, con menos incentivos y ayudas para proseguir su formación que los niños franceses, alemanes o italianos, van a ser quienes paguen el agujero que ha provocado una crisis puramente financiera, es decir, relacionada con cuestiones bancarias y grandes negocios mercantiles. Como si estuviéramos en el siglo XIX. Y frente a todo ello, la sociedad española parece mirarles sin fuerza ni capacidad para defenderles. En lugar de considerar que la crisis exige un mayor esfuerzo en educación y en investigación, en lugar de volver a llevar a la escuela a los muchachos y muchachas que abandonaron la secundaria en busca de un empleo que hoy ya no existe, la sociedad acepta casi sin rechistar su sacrificio.

“No hay razón para aceptar doctrinas creadas para mantener el poder y los privilegios, ni para creer que estamos obligados a respetar desconocidas y misteriosas leyes sociales. Se trata simplemente de decisiones tomadas por voluntades humanas y deben pasar un test de legitimidad”, escribe Noam Chomsky. Y lo legítimo no es solo lo que se adecua a la ley, sino lo que está conforme con la justicia.

solg@elpais.es

ASUNTOS INTERNOS

Uno de los conceptos más interesantes que hemos aprendido del funcionamiento del sistema financiero es el que llaman Moral Hazard, traducido al español como «riesgo moral». En las escuelas de negocios se estudia mucho, ahora que ya no tiene remedio. El «riesgo moral» se produce cuando alguien asume riesgos excesivos con la tranquilidad de saber que no va a pagar las consecuencias de sus decisiones. La numerosa literatura de la crisis ha analizado con detalle el «riesgo moral» en el que incurrieron inversores, empresarios, banqueros e incluso responsables políticos. Las consecuencias de sus acciones no las pagan ellos, sino los parados y los desahuciados.

Sería estupendo y muy tranquilizador para nuestras conciencias poder decir que el «riesgo moral» es cosa de brokers, banqueros sin escrúpulos o empresarios que despiden a los trabajadores sin sufrir ellos quebrantos de importancia por la ruina de las empresas. Pero desgraciadamente no es así. El «riesgo moral» nos alcanza a todos. Sin ir más lejos, a la legislación educativa. Vivimos en un país en el que los alumnos pueden colgar en la pared su título oficial de secundaria -ESO- con tres suspensos. Los estudiantes españoles asumen tranquilamente el riesgo de tumbarse a la bartola porque saben que su conducta no tendrá consecuencias para ellos. Desafiando las leyes de la lógica más elemental, pueden aprobar con tres suspensos. Y todo el mundo parece considerar normal esta situación.

El ministro José Ignacio Wert ha sugerido tímidamente que tal vez sería adecuado aprobar las asignaturas para pasar de curso, pero después ha tenido que matizar. Al parecer, en España obligar a los alumnos a sacar un cinco para pasar de curso es implanteable. Los estudiantes han protestado y algunas asociaciones de padres se han alarmado ante el esfuerzo ingente que se les puede pedir a sus hijos. Aprobar todas, nada menos. ¿A quién se le ocurre? La educación -según los teóricos que han inspirado las leyes vigentes- no debe ser «una suma de cursos, materias o contenidos que hay que aprender o recordar, sino la adquisición de una serie de habilidades básicas para poder desenvolverse en la vida». Es decir, que suspender o aprobar Matemáticas, Lengua o Historia tampoco es tan necesario como creían los antiguos. Además, la enseñanza debe competir con los videojuegos y nada mejor para ello que convertir a Calderón de la Barca o a Pitágoras en un power point. O mejor en un tuit. Para que los muchachos no se aburran. Pobrecillos.

En esto ha derivado la tontería de nuevo rico, que empieza deconstruyendo la tortilla de patatas y termina por adornar los suspensos con una orla de diseño.

TRIBUNA: EDUCACIÓN

Una de las pruebas irrebatibles que se ha hecho imprescindible a la hora de denunciar la falta de calidad de las universidades españolas es la baja clasificación que obtienen en los rankings internacionales, donde siempre aparecen del puesto 200 para arriba. Aunque la metodología que utilizan estos rankings, basada fundamentalmente en la publicación de artículos en revistas académicas de ciencias y tecnología en detrimento de las humanidades o de otros aspectos relacionados con la enseñanza, pueda ser discutible, son una buena orientación. Llorar y lamentarse, como hace la Comisión Europea, de que estos criterios siempre favorecen a las universidades norteamericanas, no sirve de mucho cuando el resto del mundo los sigue a pies juntillas.

Sin embargo, en esta ocasión, me gustaría hablar de otros aspectos que se suelen dejar de lado acerca de la experiencia universitaria en España y que contribuyen activamente a su desprestigio.

El primero de ellos tiene que ver con el escaso interés que tiene como experiencia vital. Mientras, por ejemplo, en Estados Unidos, ir a la universidad supone un rito de paso, ya que suele implicar abandonar el hogar paterno y enfrentarse a los desafíos de la vida cotidiana (convivencia con otras personas, sexo, alcohol, trabajo, etcétera) en solitario, en España ir a la universidad apenas supone para una mayoría de estudiantes trasladarse a otro barrio y bajarse en otra parada de autobús o estación de Metro. El resto de las constantes vitales, como seguir viviendo en casa de los padres o salir con los mismos amigos, permanecen inalterables. El riesgo en términos monetarios o coste de oportunidad también es mínimo, ya que los alumnos españoles sólo vienen a pagar el 15% de la matrícula (desde ahora el 30%). Un hieratismo que se traslada a una enseñanza que empieza y termina en el aula y fundamentalmente basada en atender a las explicaciones del profesor, realizar exámenes y quizá escribir algún trabajo.

Esta capacidad de decidir por parte del universitario también se manifiesta dentro del aula, donde la percepción de la autoridad del profesor no liquida la posibilidad de un intercambio de ideas u opiniones acerca de un determinado tema. El estudiante no siente complejo de recoger el guante de una determinada pregunta del profesor en voz alta y existe en general una buena predisposición a embarcarse en el método socrático de búsqueda de la verdad, algo lejano en la universidad española en la que el estudiante protege su libertad marcando distancias con los profesores.

El escaso entusiasmo que en España suscita la experiencia universitaria se agudiza por la inexistencia de un auténtico mercado universitario y la ausencia de competencia entre los centros, ya que los estudiantes no encuentran ningún motivo para ir a una universidad fuera de su ciudad o región, ya que todas ofrecen más o menos lo mismo. Los campus tienen todos más o menos la misma estética y el marketing y la construcción de marca huelgan por su ausencia al tener una clientela cautiva. No deja de llamarme la atención, en una de las universidades con más estudiantes del mundo como es la Complutense, no ver ni una sola sudadera con su logotipo por las calles o que en la facultad de Ciencias de la Información la librería todavía tenga un formato de ventanilla en el que los estudiantes ni siquiera tienen la oportunidad de tener contacto físico con los libros.

La creación de universidades a la puerta de casa ha promovido el localismo hasta niveles inimaginables hace décadas cuando al menos había universitarios que se desplazaban a Madrid, Barcelona u otras ciudades a ampliar horizontes. Este localismo también es favorecido por la disponibilidad de fondos públicos de carácter regional que hacen que el profesorado se centre en no pocas ocasiones en investigaciones de ámbito muy local como requisito para acceder a los mismos.

En Estados Unidos la competencia se manifiesta en varios aspectos fundamentales: la existencia de un mercado de profesores dispuestos a moverse y que pueden contratarse con la misma libertad con la que una empresa contrata a cualquier tipo de empleado; un mercado de estudiantes que buscan recibir la mejor educación posible; y un mercado de empresas y agencias que, en su mayoría con dinero privado, desarrollan actividades investigadores en campos diversos.

Frente al complejo entramado burocrático que requiere la contratación de profesores en la universidad española, la estadounidense se caracteriza por la libre contratación de docentes. Enviar un currículum y unas publicaciones, pasar una serie de entrevistas y realizar una demostración docente son los requisitos para optar a una plaza de profesor en cualquier universidad. La contratación es al 100% realizada a gusto de los departamentos y el porcentaje de doctores que suelen terminar en la misma universidad en la que realizaron el doctorado es mínimo, justo al contrario de lo que sucede en la universidad española donde la endogamia y las relaciones personales siguen poseyendo un alto valor añadido. Mientras que en España la vida universitaria se asemeja a la de un árbol, es decir, nacer, desarrollarse y morir en el mismo sitio, en Estados Unidos el aperturismo genera una dinámica de competencia entre las universidades por contratar a los mejores profesores y entre profesores por realizar los méritos suficientes para trabajar en los mejores centros.

La burocracia afecta fundamentalmente a la función pública, donde la política de ascensos y los plazos están fijados de antemano. Me pregunto qué motivación puede tener un profesor titular de universidad si tiene garantizada una plaza de por vida y unos suplementos salariales que se perciben en función de la antigüedad y con independencia de la calidad de las clases o el número de publicaciones. Es, como casi todo en España, una cuestión de dejar que pase el tiempo. Ello sin entrar en el tema del tipo de incentivos que se ofrecen: las promociones una vez que se tiene la plaza suponen 200 o 300 euros mensuales de diferencia. Al no existir mercado por las altas barreras burocráticas se da la circunstancia de que todos los profesores titulares cobran más o menos lo mismo en cualquier universidad. ¿Se imaginan un profesor laureado de la Universidad de Berkeley cobrando igual que otro en la Universidad estatal de West Virginia?

Al igual que sucede en el mundo de la empresa, en el mundo de la educación las universidades americanas tratan de ofrecer los mejores productos, es decir, programas más interesantes y la mayor cantidad y calidad de actividades posibles para captar los mejores estudiantes. Es un fenómeno que se retroalimenta y recíproco, cuanto más prestigio tienen los profesores de los departamentos, atraen mejores estudiantes y viceversa. El resultado es una alta capacidad innovadora y gran flexibilidad para adaptar los programas académicos a las necesidades de los estudiantes y de toda la sociedad .

No en vano, en Norteamérica existen multitud de rankings que establecen el prestigio de cada universidad según un conjunto de parámetros como relación calidad-precio, atención al alumno, la calidad del profesorado e incluso la calidad de vida en el campus. A diferencia de España, los universitarios americanos no saben en qué universidad van a terminar después de acabar high school (bachillerato). Lo normal es solicitar plaza en varias universidades al mismo tiempo teniendo como único criterio la calidad y no necesariamente la cercanía a su domicilio. De hecho, toda aquella familia que puede permitírselo suele enviar a sus hijos a estudiar a universidades fuera del área normal de residencia al entender que favorece el crecimiento individual.

Una experiencia vital más rica y un mercado más abierto redundaría en una mayor diversidad de estudiantes y de profesores que elevaría el nivel académico general. España, gracias al idioma, al clima y a la calidad de vida, podría tener opciones de atraer talento académico como sucede en EEUU, donde no siempre el salario es lo más importante para atraer a los mejores profesores. Pero para ello hay que tener el liderazgo necesario para hacer reformas de verdad y no sólo recortes.

César García es profesor de la Universidad Pública del Estado de Washington.

El problema de los recortes en sanidad y educación va más allá de unos pocos euros

Parafraseando al famoso slogan utilizado en 1992 en la campaña electoral de Bill Clinton contra George H. W. Bush (padre), hay que decir que lo esencial no es que los ciudadanos vayan a pagar “unos pocos euros” más por sus medicamentos –que si tiene importancia para muchos pensionistas que han visto ya reducidas sus percepciones mensuales por una mayor retención del IRPF y que con la crisis tienen, en muchos casos, que destinar parte de la misma a ayudar a otros miembros de sus familias que están en paro-, lo verdaderamente fundamental es que con los recortes y medidas que está adoptando el Gobierno del PP se están resquebrajando los principios del Estado de Bienestar en nuestro país, que con tanto retraso hemos ido construyendo de forma bastante limitada si nos comparamos con los países de nuestro entorno. Estamos renunciado a principios como el de una sanidad universal y gratuita y deteriorando una educación gratuita en los niveles no universitarios.

Hay que señalarlo alto y claro: más allá de los recortes, lo que se están enfrentando son dos modelos de sociedad. Por una parte, el modelo neoliberal, en el que los riesgos de contingencias como la enfermedad, el paro, la pobreza y la vejez tienden a ser cubiertos de forma creciente a través de un aseguramiento privado (empresas de seguros médicos, fondos privados de pensiones, etc.). Por otra, el modelo socialdemócrata, en el que se trata de mutualizar ese tipo de riesgos a través de un sistema de fiscalidad progresiva y de una Seguridad Social que garanticen un amplio catálogo de prestaciones sociales al conjunto de los ciudadanos, permitiéndoles –como reza un conocido eslogan danés- un tránsito sin sobresaltos “desde la cuna a la tumba”.

Por eso, el aumento en el copago farmacéutico aprobado por el Gobierno del PP –en la medida en la que el gasto en farmacia forma parte del gasto sanitario- es un camino que va en la dirección contraria al de una sanidad universal y gratuita. Estamos, en definitiva, ante una renuncia a ese principio fundamental establecido por la Ley General de Sanidad del año 1985, que aprobó el primer gobierno socialista presidido por Felipe González, todo hay que decirlo con fuertes presiones en contra -subterráneas unas y abiertas otras- que ejercieron ciertos sectores económicos y sanitarios. Y no hablo de oídas, tuve ocasión de escucharlo durante una comida en Casa Gervasio directamente de un actor principal de aquel proceso: mi inolvidable y admirado amigo Ernest Lluch, algunos meses antes de ser vilmente asesinado.

Si se entiende que la educación y la sanidad deben ser consideradas como servicios universales y gratuitos que debe prestar el Estado, el copago es una renuncia a ese principio y debería ser considerado tan anómalo y raro como si alguien pensase en poner una tasa a los ciudadanos para que financiasen los gastos de la defensa nacional. Si fuera sólo una cuestión de “unos pocos euros”, por mi parte propondría que en vez de aumentar el copago farmacéutico, que afecta a la prestación de un bien tan esencial para todos como es la sanidad, se dejase de pagar la mil millonaria subvención anual a la iglesia católica, que al fin al cabo es un servicio privado, que debería pasar a ser financiado por sus usuarios, los creyentes, y no por el conjunto de los contribuyentes que no lo utilizan. Y ojo con la trampa demagógica de que “no parece justo que gente que gane más de 100.000 € al año tenga una sanidad gratuita”. Ligar el pago de los servicios públicos a los niveles de renta es renunciar a un principio esencial de la socialdemocracia: la progresividad fiscal en los ingresos públicos, en la que se tiene en cuenta la capacidad de ingresos de los individuos para financiar prestaciones sociales iguales para todos los ciudadanos.

Sin embargo, hay que decir que los recortes y medidas adoptados en cascada por el Gobierno del PP llegan a los ciudadanos después de años de ausencia de verdaderas políticas económicas socialdemócratas en nuestro país –“llueve sobre mojado”-, pues a pesar de que se han sucedido varias legislaturas de gobiernos socialistas –con avances claros en el ámbito de la política social-, los cambios en el núcleo duro del poder económico (sectores financiero, eléctrico, telecomunicaciones y la gran distribución) han sido bastante limitados y tímidos, lo cual tuve ocasión de comentar en público con motivo de la visita que hizo a Asturias Alfredo Pérez Rubalcaba después de las últimas elecciones generales. Como muestra de esa falta de convicciones socialistas en materia de política económica baste comprobar cuales son los destinos de los dos ministros de economía de los gobiernos de Zapatero: Pedro Solbes –que tuvo la gran ocurrencia de incluir en el primer paquete de medidas anticrisis la supresión del impuesto sobre patrimonio- y Elena Salgado, incorporada a la multinacional Endesa, en donde coincidirá –después de su rocambolesco “exilio” chileno para eludir la ley de incompatibilidades- con José María Aznar.

El partido socialista en España –al igual que lo hizo primero Toni Blair en el Reino Unido y Gerhard Schröder en Alemania- ha ido dejando por el camino las esencias de la socialdemocracia: la defensa de la redistribución de la renta y la riqueza como mecanismo de avance económico y de cohesión social. Para que los ciudadanos perciban que no todos somos iguales, hay que dejarse de majaderías tales como que “bajar impuestos es de izquierdas”, o de pensar que se pueden aprobar leyes socialmente avanzadas con una presión fiscal tan alejada de los países que vienen ofreciendo un amplio abanico de prestaciones sociales: los milagros no deberían forman parte de una agenda socialdemócrata. Así, el importante avance que supuso la ley de la dependencia –salir del modelo de bienestar católico de cuidar a los hijos y los ancianos gratuitamente por parte de las familias y que sea el Estado el que lo financie en parte-, fue una buena ley, pero no tuvo una base adecuada de financiación para llevarla adelante, lo que ha servido ahora para que un gobierno que no cree en estos principios, aproveche la situación de crisis para cercenarla en su aplicación.

El gasto en protección social en la Unión Europea

Y para poder conocer donde estamos en el gasto en protección social, que según el gobierno no se puede financiar, veamos los últimos datos de Eurostat al respecto, publicados el pasado 12 de marzo de 2012. En el año 2009 el gasto en protección social (excluida la educación), medido a través de los criterios del Sistema Europeo de Estadísticas Integradas de Protección Social (SEEPROS), representó en la Unión Europea un 29,5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB). Dentro de la Unión Europea los países que destacan por su elevado gasto social relativo, que por cierto no se encuentran entre los menos competitivos, son Dinamarca (33,4 por ciento), Francia (33,1 por ciento) y Suecia (32,1 por ciento), mientras que los que menos destinan a gasto social son Letonia (16,9 por ciento), Rumania (17,1 por ciento) y Bulgaria (17,2 por ciento). España con un 25 por ciento se sitúa en el puesto catorce del ranking, colocándose por detrás de nosotros Luxemburgo (23,1 por ciento), y después sólo están Chipre, Malta y los países del Este. Es decir, España está a 5 puntos porcentuales de la media comunitaria en materia de gasto en protección social.

Sin embargo, esta mirada del gasto social hay que complementarla con nuestra posición relativa en relación con los ingresos públicos. En 2010, según Eurostat, España tenía una presión fiscal (medida como porcentaje de los ingresos públicos sobre el PIB) del 36,3 por ciento, casi 8 puntos porcentuales por debajo de la media de la Unión Europea (44 por ciento); 19 puntos más reducida que Dinamarca; 13 puntos inferior a Francia, e incluso 4 puntos por debajo del Reino Unido.

En fin, una cosa es que se tengan los votos necesarios en el Parlamento para aprobar estos recortes, y otra muy distinta es que se nos tome por estúpidos, por ejemplo, al decirnos que más alumnos por aula es una medida que no afecta a la calidad de la enseñanza y que es necesaria para aumentar la sociabilidad de los alumnos. Por cierto, ¿alguien ha pensado que con estos criterios habrá que cerrar casi todas escuelas rurales de Asturias?

La senda emprendida por este gobierno, que parece encaminarse a un modelo de desprotección social y laboral, parece retrotraernos a tres siglos más atrás, precisamente a 1712, cuando la feminista británica Mary Wollstonecraft decía: “es justicia y no caridad lo que necesita el mundo”. Hasta el próximo recorte, que gocen ustedes de buena salud, que si siempre fue importante, ahora ya lo saben, su coste pasa a depender de los mercados.

Jesús Arango Fernández, profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Oviedo, nació en Los Cabos (pueblo que dista 5 km de la villa de Pravia, capital del concejo o municipio del mismo nombre ) el 2 de octubre de 1947.

Miembro del Consejo Económico y Social de Asturias, Jesús Arango, que conocía bien la situación económica de Asturias, trabajó entre 1971 y 1980 en la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (SADEI).

Su etapa en la política regional, nacional y europa se inicia como consejero de Agricultura, cargo que desempeñó desde mayo de 1982 hasta julio de 1987, primero con Rafael Fernández (primer presidente autonómico) y a continuación con Pedro de Silva, al tiempo que era diputado de la Junta General del Principado de Asturias por la circunscripción occidental entre 1983 y 1987. Su salto a la política nacional tuvo lugar en agosto de 1987. Fue entonces cuando el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación le nombró secretario general de Estructuras Agrarias, desempeñando seguidamente la presidencia del Instituto para la Reforma y el Desarrollo Agrario (IRYDA) y, a continuación, la de la Comisión de Agricultura de Montaña. Su siguiente destino fue el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, como secretario general de Empleo y Relaciones Laborales (abril de 1991-julio de 1993). Durante este periodo fue parte integrante del Comité Permanente de Empleo de la Unión Europea.

Tras su paso por la política, en 1993 retornó a la docencia en la Universidad de Oviedo (se prejubilaría en octubre de 2009) y acabó por fijar su residencia en Los Cabos.

TRIBUNA

Es más sencillo que los estudiantes paguen más que reorganizar a sus profesores o fusionar centros

Si hay que encarecer el ingreso en las universidades públicas españolas, prefiero que sea en sudor, no en euros; que suba el listón de entrada y el nivel de exigencia, no las tasas académicas: incrementarlas para que los estudiantes acaben pagando el 25% de los costes de la enseñanza en lugar del 15% como hasta ahora, como acaba de autorizar el Consejo de Ministros, no es una buena idea.

Aumentar las tasas era la solución más fácil para las penurias de nuestras universidades públicas, la menos costosa para sus probas burocracias, la menos exigente con sus pétreas estructuras docentes. Pero yo sé de bachilleres y de estudiantes universitarios arrasadoramente desharrapados a quienes la subida cerrará las puertas de la universidad o les hará la vida aún más difícil de lo ya es para la juventud de este desangelado país. Para entendernos y para que ustedes me puedan contradecir: defino, siempre convencional, como pobres de solemnidad a los jóvenes candidatos a estudiar que no cuentan ni con el apoyo de su familia, ni con 400 euros mensuales para mal pagarse un cuarto interior, tres comidas frugales, una tarjeta de transporte público, las tasas académicas y el mínimo material docente, temo que sin tarifa plana de internet. En Cataluña, tal vez el 20% de los estudiantes tienen beca, pero el incremento de las tasas el próximo curso 2012-13 desapropiará a cientos, acaso a miles de estudiantes marginales en dinero, no siempre en capacidad de esfuerzo ni en méritos probados.

Me dicen que la solución es incrementar el número de becas. Si es así, hagamos las cosas al revés: abramos primero el proceso de solicitudes y concesión de becas, contrastemos su corrección y, solo luego, cobremos las tasas.

Es cierto que los países europeos desarrollados mantienen criterios distintos: los británicos cobran tasas cada vez más elevadas, pero tienen muchos estudiantes extranjeros, una circunstancia que anima a pasarles factura. En el otro extremo, los escandinavos pagan a sus estudiantes y luego, cuando trabajan, les crujen a impuestos. En medio, algunos Länder alemanes cobran tasas, pero otros no lo hacen.

Y sé de sobra que, como insiste la Fundación BBVA en un reciente informe, un titulado universitario gana un 10% más por cada año de estudios adicional realizado que una persona con estudios medios de similares características. Pero prefiero mil veces subirle los impuestos cuando sea mayor y rico a hacerle pagar por su educación cuando es joven y pobre.

Naturalmente, los partidarios de la contención de las tasas académicas algo habríamos de ofrecer a la mayoría que resolverá subirlas: el informe que acabo de citar recalca que, en España, el porcentaje de estudiantes titulados sobre los ingresados es solo de un 80%, es decir, que una quinta parte se pierde por el camino, y deja la universidad habiendo pagado sólo una fracción mínima de la factura que ha corrido a cargo del contribuyente durante uno o más años. También lo es que uno de cada cinco estudiantes deja de presentarse a los exámenes o que, de los presentados, aprueban solo las tres cuartas partes. Ahí sí que realmente el ministro José Ignacio Wert y las autoridades académicas están cargados de razón, pues a quienes no sudan la camiseta hay que cobrarles por los servicios casi gratuitamente prestados en vano por el sufrido contribuyente. Por esto, el aspecto más positivo de las anunciadas subidas es que no son lineales. Pero, de nuevo, remedios alternativos o complementarios al incremento de tasas eran endurecer la selectividad y controlar con severidad la permanencia de los estudiantes en la universidad. Aunque también en este tema, es importante ofrecer vías rápidas y vías lentas: los estudiantes habrían de poder organizar su jornada de forma tal que les resulte posible combinar un trabajo a tiempo parcial con el estudio. Piénsese que el mercado de trabajo para los jóvenes es desolador y que la reforma de Bolonia ha llevado a horarios enloquecidos que impiden a los pocos estudiantes que consiguen un trabajo a tiempo parcial asistir con normalidad a cursos y seminarios desparramados a lo largo de todo el día.

Concedo que había que correr, pues el suelo está desapareciendo bajo nuestros pies. Pero urgen reformas estructurales contra cuya realización muchos gobiernos anteriores conspiraron con los gremios universitarios y que los actuales siguen tentados en posponer, pues los costes políticos son muy elevados. Por citar un ejemplo que conozco bien, en España hoy se pueden cursar estudios completos de Derecho en 73 centros públicos y privados cuando en Alemania, un país mucho más rico y poblado que el nuestro, hay solo 44. Así en Derecho, al menos, había que reestructurar la oferta en lugar de empezar encareciéndola. Pero es mucho más sencillo hacer pagar más a los estudiantes que reorganizar a sus profesores o fusionar centros, por no hablar de cerrar algunos. En todo caso, hasta la apertura de los periodos de matrículas queda tiempo para formular una petición a nuestras autoridades: acompasen las subidas y los plazos de pago de las tasas con las convocatorias de becas y ayudas académicas.

Pablo Salvador Coderch es catedrático de Derecho Civil Universitat Pompeu Fabra.

Tras realizar una reflexión crítica sobre el sistema universitario, el autor afirma que la clave de su reforma está en abordar en profundidad una mejora en la calidad de la docencia y la investigación

Cuál es la situación real de la universidad española?, ¿por qué se ha llegado hasta un punto de no retorno, de marasmo, de endogamia congénita y no meritocrática, de paralización en algunos casos? El Gobierno aborda una de las aristas del problema, la financiación, las tasas universitarias. Se nos dice que nuestros universitarios están subvencionados y que el sistema no aguanta. No hay para pagar servicios públicos. Dramático, ¿realidad o exageración? Pero, ¿por qué se ha llegado a esta situación? ¿Realmente queremos una reforma integral que nos sitúe en el nivel educativo, de prestigio, investigación, formación y profesionalidad homologable a las mejores universidades de otros países? Los Gobiernos no apuestan por la investigación. Esta requiere tiempo, fondos, dedicación, constancia y resultados. Incluso la inyección de fondos de empresas privadas, fundaciones, etcétera.

La universidad es una puerta y espejo de la sociedad. Un informe desvela que la mitad de los profesores que investigan no lo hacen, pero cobran. Casi 80 universidades en España. Una cincuentena de públicas. Más de 330 campus. Hiperinflación de títulos y espacios, no de conocimiento. No hay dinero para las públicas. Las privadas o las de la Iglesia se mantienen esencialmente de las matrículas de sus alumnos y en un tanto por ciento ínfimo de convenios con empresas.

Réquiem por la universidad, por la investigación. Un músculo artificial y artificioso que no ha hecho sino multiplicarse. Una universidad casi en cada provincia. Varias en cada comunidad autónoma. Y siempre de espaldas las unas de las otras. Un 30% de abandono universitario. Tasas de desempleo alarmante en nuestros licenciados. Lucha cainita por los fondos. Recortes, reducciones. Pero algo no funciona. Se sigue improvisando y la bola de nieve crece. Algo que no se soluciona con la creación de una eufemística comisión de sabios. ¿Sabios?, ¿todos?, ¿cómo sienten la universidad si ya han coronado muchos de ellos la cima de su carrera?

Más allá de la retórica de los discursos, más allá de la demagogia de las promesas está la realidad, la que se cimbrea sobre los hechos concluyentes, la que busca resultados. Pero más allá está la evidencia de que en este solariego y a veces desmadejado país la investigación no es una prioridad. Tampoco la educación, la excelencia, la exigencia para todos. Una y otra vez arrastran los mismos problemas, sobre todo financieros, de respeto, prestigio, consolidación de prometedoras y exitosas carreras científicas de nuestros docentes, investigadores que están condenados a marcharse. En un país donde la ciencia, como motor y paladín de su sociedad, es relegada una y otra vez, el conocimiento se empobrece, se fragiliza. En un país donde no se respeta a los científicos, donde no se les provee de medios y recursos suficientes, no hacemos más que empedrar el camino hacia la insignificancia. El futuro es sombrío, como lo es el desarrollo, el progreso de su sociedad en suma.

Habilidades, competencias, destrezas, cualificaciones y financiación. Recortes de cientos de millones. El aldabonazo cainita de una logomaquia política que ignora lo que en verdad es y puede llegar a ser. Mucho eslogan de I+D+I pero estéril y vacuo si no se tiene el respaldo económico y financiero que se necesita. Es cierto que en tiempos de crisis, la tijera poda, corta y arrasa, también el tejido. Hay que priorizar, racionalizar, pero hay que ir algo más allá, a la médula misma del problema, y apostar por la formación de calidad. El rigor, la exigencia. Porque también hay muchas clases de universitarios.

La vida académica está hoy en buena medida denostada por muchos aun siendo cuna de excelencia, de pluralidad. No permitamos que la endogamia, cáncer punzante y axial, así como la atonía intelectual embarguen por más tiempo el horizonte. Medianías y simplismos siempre los ha habido y los habrá, bien enjaezados de vanidad y egoísmo maniqueo. Pero estos no pertenecen solo al ámbito universitario, son constantes en una sociedad donde todo se relativiza, desde el pensamiento a los valores, los principios y los comportamientos. Una sociedad raquítica de ideas, indolente y pasiva. Es el sino amargo de nuestros tiempos, el que nos rodea y abraza al salir de nuestras aulas, el que envuelve la atmósfera de nuestra propia cotidianidad. Coraje y valor son remedios frente a la cobardía moral. Seamos capaces de ofrecer algo más a nuestros alumnos.

Revitalicemos la universidad. Cuna permanente de libertad y conocimiento. De competencia, formación, investigación y vanguardia. No se puede recortar por recortar, amputar por amputar, cerrar por cerrar. Hay que analizar, estudiar, reflexionar y apostar hacia el futuro, en titulaciones sin salida, en programas sin alumnos o deficitarios. Apostar por formación continúa pero de extraordinaria calidad. Quién no ha oído decir: “Estudiar fuera un máster de verdad”. Pero ¿es que aquí no los hay de peso y calidad? Miles de másteres, miles de programas de doctorado, ¿para qué?, ¿negocio?

Nos habla el ministro del ramo de esa racionalización de los gastos, de las estructuras de gobierno, de la responsabilidad. Todo eso está bien, pero no es lo principal. Hay que ir más allá. Profundización y rigor, formación y exigencia continua a los cuerpos docentes e investigadores. Docentes que, en algunos casos, tras alcanzar la plaza, dormitan en publicaciones añejas y se vuelven ágrafos, o buscan otras actividades profesionales llenándose los departamentos de asociados por horas pero que no harán carrera universitaria y sí llevar el peso de clases, prácticas y correcciones. Pero la universidad se convierte en un trampolín deseado por muchos.

Réquiem a la ciencia. Réquiem a una universidad esclerotizada y elefantiásica que se ha extendido por capas y por mimetismo. La universidad es el espejo de una sociedad, la senda que traza el camino de progreso y porvenir de un pueblo, de sus científicos, de su desarrollo humano y profesional. Deberían esos sabios tomar el bisturí y preocuparse por la cirugía de la calidad docente, la cirugía de la selección de profesorado y funcionariado, la cirugía de la formación y continuidad investigadora de esos profesores con criterios de objetividad y rigor, calidad y avance de la ciencia en sus respectivos campos. Eso sí serían sexenios, pero de claridad y calidad. Exigencia, rigor, esfuerzo, reto intelectual. Constantemente al servicio del conocimiento, no de otros.

Algunos creían que el nuevo Gobierno ya tenía en mentes esta reforma. Hoy vemos que no, propone una comisión. La vieja máxima napoleónica aseveraba: si quieres que un problema se solucione nombra a una persona, si quieres que se retrase, nombra dos, y si quieres que nunca se resuelva, una comisión.

Abel Veiga Copo. Profesor de derecho mercantil de Icade.

CONTRA CORRIENTE

El debate sobre la reforma educativa planteada por el Gobierno ha desencadenado una oleada de invectivas cuajadas, en muchos casos, de una mezcla explosiva de demagogia e ignorancia. A modo de caricatura, el centro-derecha español se habría enmarcado en una estrategia consciente de desmantelamiento de un idílico modelo construido desde la restauración de la democracia en coherencia con una perversa estrategia final: tener una población con bajos niveles de formación, elemento fundamental para perpetuarse en el poder. Por desgracia, el sistema de educación vigente en España constituye un estrepitoso fracaso como lo reflejan la totalidad de los estudios más solventes sobre la materia. Desde esta óptica, es fundamental poner de relieve los tópicos y falacias, que sin base alguna se han convertido en verdades populares cuyo eje central es a mayores recursos, mejores resultados.

De entrada, la correlación entre el incremento del gasto público y el rendimiento escolar es falsa. La evidencia empírica disponible a escala global y doméstica desmiente esa repetida falacia. Entre 1992 y 2008, el gasto público por alumno en España creció en la enseñanza universitaria un 77%, en la secundaria un 138% y en la infantil-primaria un 33%. Sin embargo, la evolución de las puntuaciones en los test internacionales durante ese espacio temporal muestran que no sólo no se ha producido una mejora en el rendimiento educativo, sino que éste ha empeorado. Así, por ejemplo, las pruebas internacionales de conocimientos, como las realizadas por PISA, sitúan las medias de los alumnos españoles en el último tercio de los países de la OCDE.

La repetida tesis según la cual España cuenta con la juventud mejor formada de su historia es una falacia. Cerca de un 30% de los adolescentes deja de obtener el Graduado en la ESO. Los jóvenes españoles son los que menos libros leen de la UE-27; ocupan el puesto 26. Ese mismo colectivo está entre los que menos conocen el inglés, puesto 23º en la UE-27 y también están en la cola, puesto 19º, de los estados de la UE en lo referente a la práctica de actividades artísticas o artesanales, básicas para contar con una sociedad innovadora. Estos ejemplos podrían ampliarse de manera sustancial pero bastan para ilustrar el pésimo funcionamiento del modelo educativo nacional.

La afirmación de que el tamaño de las clases, es decir que el incremento de la ratio alumnos/profesores o la reducción del tamaño de las aulas se traduce en una mejor calidad de la enseñanza no se ve contrastada por los hechos. Aunque resulte paradójico y contra-intuitivo, los análisis comparados muestran que esa asociación no es real e incluso arrojan una conclusión políticamente incorrecta, cuanto menor es el número de alumnos por clase, peores resultados se consiguen.

El estudio canónico sobre este aspecto, The economics of international differences in educational achievement, fue publicado por Eric Hanusher y Ludger Woessmann en 2010 y está disponible en la red. En este mismo orden de cosas, el aumento de la dotación de ordenadores e internet en los centros escolares, otro mantra, tampoco ejerce efecto positivo alguno sobre el rendimiento como muestran los resultados de PISA y la literatura sobre la materia.

¿Es todo un desastre? La respuesta es negativa. La realidad española muestra que los centros escolares de titularidad privada tienen mejores resultados que los públicos y, en términos agregados, son más baratos. El mito de una educación privada sólo accesible a las familias con ingresos medio-altos y altos es eso, un mito. En España, el coste medio por alumno en la enseñanza obligatoria es de 5.700 euros/año en la pública y de 4.500 euros/año en la privada. Esto permite extraer una conclusión: el sector privado ofrece mejores servicios educativos a un coste inferior al de los suministrados por los poderes públicos. Por añadidura, este hecho apunta hacia la falla fundamental del sistema educativo español, que no reside en una escasez de recursos, sino en un mal diseño institucional. ¿Cómo mejorarlo?

España tiene una oportunidad de oro para sentar las bases de un sistema educativo moderno y de calidad mediante la introducción el cheque o bono escolar. Esta medida permitiría combinar la financiación estatal de la educación con la libertad de elección de los padres. El Estado paga; las familias eligen; la competencia entre las escuelas se incrementa y la calidad crece. El esquema es muy sencillo. El Estado suministraría a cada hogar un cheque equivalente al coste medio de un puesto escolar en un centro público. Los padres podrían decidir a qué colegio público o privado quieren llevar a sus hijos y pagarían sus estudios con ese cheque, pudiendo complementarlo con sus propias aportaciones si el precio fuese más elevado que el cubierto por el bono escolar. Los centros educativos se financiarían de esas aportaciones y se verían forzados a competir entre ellos para ofrecer una formación que atraiga a sus clientes.

En Europa, el caso de Suecia es paradigmático. Las reformas de 1992 concedieron a todos los padres el derecho a recibir del estado un bono escolar que les posibilitó emplearlo tanto en escuelas públicas como privadas de acuerdo con su libre elección. La única restricción impuesta a los centros privados fue impedirles subir las matrículas por encima del importe del bono. El impacto sobre la industria educativa ha sido enorme. Cuando se puso en marcha la reforma, sólo el 1% de los infantes suecos eran educados por el sector privado. Ahora lo son el 10%. La competencia ha aumentado la oferta educativa global y ha generado una mejora sustancial en las escuelas públicas que han tenido que ajustarse a los deseos de los consumidores para mantener su cuota de mercado.

¿Por qué ese sistema no se ensaya en España? Hasta ahora, la derecha no ha sido capaz de atacar una de las vacas sagradas del socialismo: la educación única. La izquierda no cree en el mercado ni en la competencia en la industria educativa. En la práctica, la libertad de elegir se limita a hogares con ingresos altos. El sector público educativo español es un dinosaurio caótico, que fabrica analfabetos, acéptese la generalización exagerada a efectos descriptivos, eso sí, con un PIB per cápita mucho más alto que el existente hace 20 o 30 años.

La reforma universitaria del ministro Wert es, en verdad, un mero plan de recortes universitarios, como he señalado en la entrega anterior. El objetivo del ministro es controlar el despilfarro de la clase universitaria. Para enmascarar el plan de recortes, lo ha envuelto en el celofán de la terminología de la reforma, con ese rimbombante ruido de la cosa de la “comisión de expertos”. A fin de cuentas, la clase media terminará pagando los platos rotos, Mariano agradará a Alemania y la Merkel sonreirá.

Pero, ¿qué tiene que ver aquí la Merkel? Pues algo tan sencillo como que a Europa, o lo que es lo mismo, a Merkel le interesa que España controle el gasto público y, además, que se centre en su economía de sol y playa, que para investigar ya están las universidades germanas. Y eso es lo que Mariano va a dar a Merkel:

1. Un plan de control del gasto universitario; aunque Mariano lo vendará como plan de Reforma.

2. Las universidades alemanas seguirán produciendo la investigación y la innovación que requiere la UE

3. Los investigadores españoles tendrán que marcharse de España; y el resto, a trabajar de camareros, para servirles las copas a los socios comunitarios cuando vayan a España a tomar sol y playa.

En resumen, de todo ese ruido de la reforma universitaria que anuncia Wert resultará que un 10% de investigadores españoles, los cerebros realmente mejor preparados y que más servicio harían a la sociedad española, tendrán que dejar su país.

La clave del éxito de una universidad

En realidad, aquello que sitúa a una universidad entre las mejores del mundo es sólo el 10% de su profesorado. Lo que marca la diferencia competitiva de una universidad es, básicamente, esa punta de lanza de excelencia. Dicho de otro modo, en Oxford y Cambridge, por ejemplo, hay profesorado mediocre, como en toda casa de vecino —e, incluso, si me apuran, mucho más mediocres que en otros lugares menos famosos, porque son mediocres y, además, campanudos. Pero Oxford/Cambridge está entre la elite mundial porque tiene un 10% de profesorado de muy alta excelencia.

Entonces, si España también tiene un 10% de profesorado de alta excelencia, junto a mucha mediocridad, como sucede en los casos de Oxford y Cambridge, ¿por qué ellos están en la elite mundial y nadie da un duro por una universidad española? Simple y llanamente, por una pequeña diferencia en los principios que rigen las organizaciones universitarias — y reconocer tal diferencia sería fundamental de cara a una reforma universitaria en España. La clave que marca la diferencia radical entre Cambridge/Oxford y España es la siguiente:

—   Cambridge/Oxford tienen un sistema universitario forjado sobre la base de la meritocracia: reconocimiento y promoción del talento.

—   España, en cambio, machaca y expulsa al profesor e investigador que destaca: en España sólo promociona quien complace al catedrático, o, también, quien ha estudiado en la Lewinsky Business School.

Es una mera y simple cuestión de organización del sistema: uno gira en torno al principio de la meritocracia, y otro sobre la politización y el servilismo intelectual. Esa es la clave que permite que una universidad compita a nivel mundial, o que sea una mera rueda de molino. La meritocracia es especialmente relevante para una organización que gira en torno al conocimiento, como sucede en el caso de una universidad. El conocimiento crece en una atmósfera de incentivos y reconocimiento. El servilismo intelectual aniquila el conocimiento; eso es más que evidente. Algo tan simple, como imposible de implantar en España.

El odio a la meritocracia

El odio a la meritocracia se afinca en los hábitos culturales más profundos de la sociedad española. Si repasamos la historia moderna y contemporánea, los intelectuales, investigadores y profesores que más han ayudado al progreso de España han sido condenados al exilio, al ostracismo, al olvido. Con muy escasas excepciones.

Es señero el caso de Julián Marías, el mejor filósofo español de la segunda mitad del siglo XX, intelectual íntegro y español ejemplar, que fue expulsado de la universidad española, durante el franquismo y durante la democracia, por no plegarse a intereses de grupo. (Y espero que los herederos del filósofo no pretendan cobrarme derechos por emplear aquí su nombre).

Además, Cambridge/Oxford se aprovecha de la fuga de cerebros, lo que, en términos económicos, es un fabuloso negocio: no les cuesta un duro su formación y se aprovechan de su talento. Moraleja: el cainismo le sale caro a la economía española, como veremos en la siguiente entrega.

VIDAS PARALELAS: JUAN IGNACIO WERT / VESPASIANO

Vespasiano, como Rajoy, se encontró al llegar al trono con las arcas vacías. El despilfarro de Nerón y la guerra civil desatada tras su sucesión dejó al emperador sin un sestercio.

Fue entonces cuando Vespasiano aprobó un impuesto sobre la orina, que tenían que pagar los usuarios de las letrinas públicas. La orina era entonces algo valioso porque se aprovechaba para curtir el cuero.

Su hijo Tito, futuro emperador, expresó su disconformidad con la nueva tasa y le reprochó a su padre haber recurrido a este indigno medio para aumentar la recaudación.

Suetonio transcribe literalmente la respuesta de Vespasiano: «Pecuniam ex prima pensione admovit ad nares, sciscitans num odore offenderetur…». Palabras que han quedado resumidas para la posteridad en el célebre dicho «Pecunia non olet», el dinero no huele.

Aquí las necesidades presupuestarias están forzando al Gobierno a cobrar por todo. Sólo nos falta un impuesto por mear. Pero no quiero dar ideas.

La crítica situación de las finanzas autonómicas ha llevado al ministro de Educación, Juan Ignacio Wert, que ha estudiado latín y ha leído a Suetonio, a subir las tasas universitarias hasta un 50%, lo que equivale a unos 500 euros.

No sé si habrá un Tito que se oponga a esta decisión, pero lo que es seguro es que se va a armar una buena en las próximas semanas en los campus universitarios.

A mí la medida no me parece mal si sirve para mejorar la degradada calidad de la enseñanza universitaria, cada vez más corporativa y burocratizada.

Veremos si el nuevo ministro y su competente secretaria de Estado, Montserrat Gomendio, son capaces de realizar una reformas como las que hizo Vespasiano.

El emperador fue un gran reformador de las costumbres y un legislador notable y también impulsó la modernización de la ciudad de Roma con grandes obras como la construcción del Coliseo en el lugar donde se hallaba la suntuosa Domus Aurea de Nerón.

Wert ha heredado un legado tan malo como el que recibió Vespasiano tras la guerra civil que devastó Roma. La enseñanza secundaria es deficiente tras el desastre de la Logse, pero la universidad funciona todavía peor. Sobran carreras, erasmus, bolonias y masters y falta una formación integral básica que brilla por su ausencia.

Universitas viene de universal y esa es precisamente la principal carencia de una institución absorbida por los particularismos y la mediocridad del profesorado. Aquí lo que nos hace falta es más latín y más humanidades para que los estudiantes aprendan a pensar. Menos ordenadores y más libros, más conocimiento y menos información.

Pero he acabado por los cerros de Úbeda. Vuelvo a lo de las matrículas y a lo de Wert, al que recomiendo que lea Adiós a la universidad, el libro de Jordi Llovet, que sabe bien de lo que escribe.

EN PRIMER PLANO

Desde hace unos días vienen informando los medios sobre la intención del Gobierno de España de llevar a cabo una reforma del sistema universitario. Pocas dudas caben acerca de la necesidad de éste y otros cambios, pero en el caso de la educación y por su potencial efecto a largo plazo, deben meditarse a conciencia los medios, siempre dando por sentado que el objetivo final es la búsqueda de la excelencia. Los datos sobre la educación superior son conocidos y sobre su interpretación, relacionando el volumen de inversión con la eficiencia, encontramos desde el balance negativo realizado por el Ministerio de Educación y que justifica su iniciativa pero también la airada respuesta de determinados grupos de izquierda, hasta la defensa del modelo actual a cargo de la CRUE, no exenta de cierta complacencia.

Desde mi punto de vista, hay dos hechos graves e incuestionables que, además, se encuentran íntimamente relacionados: no hay una sola universidad española entre las 150 mejores del mundo y nuestro sistema universitario no está en su conjunto capacitado para contribuir de manera relevante al cambio de modelo cultural y productivo que necesita España.

Tal vez la raíz de todo esto se encuentre más atrás, en una educación básica que no prima precisamente el esfuerzo y la brillantez. Pero la universidad española, por su idiosincrasia, colabora decisivamente a que esa situación no sólo no se solucione, sino que se agrave. Poner el foco en la naturaleza de los problemas nos puede llevar a vislumbrar líneas de actuación que permitan una evolución positiva.

Esquema funcionarial

Es habitual realizar los estudios de grado y postgrado por mera comodidad en la universidad de la ciudad donde se vive, y mediante un procedimiento endogámico, el individuo termina muchas veces como profesor en ese mismo centro. Uno entra así en un esquema funcionarial que le blinda de por vida y en el que parecen existir pocos alicientes, más allá de la propia profesionalidad, que estimulen la mejora permanente. Este proceso sin duda repercute en una mediocridad generalizada, desde el catedrático al alumno, aunque desde luego existan honrosísimas excepciones individuales e institucionales. Un sistema, en consecuencia, poco exigente que se oferta al consumidor a precio de saldo, por lo que su abandono, como lo fue el ingreso, no es una decisión difícil de tomar. No parece una mala solución a esto último el aumento de las tasas que además paliará ciertos desequilibrios presupuestarios, pero deberá ir necesariamente acompañada por una eficaz política de becas que retenga el talento, que premie la motivación y el trabajo.

Es fundamental, por tanto, generar un sistema de contratación y promoción del profesorado riguroso, tal vez supervisado por organismos externos auténticamente independientes, que incentive la movilidad de larga duración, en especial la internacional, y que establezca un control periódico sobre la productividad docente e investigadora. La reforma de la gobernanza de las universidades debe, en consecuencia, comenzar por el propio cuerpo facultativo; es decir, una reforma desde la base para mejorar la calidad y la transparencia en la gestión.

Un problema añadido, relacionado en parte con la endogamia pero sobre todo con el constreñimiento al que somete la legislación española a las universidades en la filosofía del ‘café para todos’, es el desarrollo curricular y diseño de nuevos títulos. Se realiza conforme a la oferta, atendiendo exclusivamente a los intereses o posibilidades departamentales y casi nunca según la demanda. No mira a las necesidades sociales o del mercado y desde luego presenta muy escasa vocación transversal o multidisciplinar en la adquisición del conocimiento y de las metodologías de análisis, ni comparte títulos con otras universidades nacionales o extranjeras. Por no hablar, claro está, de la pobre relación existente entre universidad y empresa, la que en última instancia deberá emplear a los nuevos graduados. El sistema, por último, está sobredimensionado y con seguridad será económicamente inviable, lo que se vincula con la estructura autonómica de la que España se ha dotado pero asimismo con esa escasa vocación por la movilidad. Urge, por tanto, una reforma estructural de nuestro sistema universitario, no sólo porque la situación económica obliga a realizar recortes, sino porque es imprescindible para permitirnos soñar a largo plazo con un auténtico cambio social en nuestro país.

Miguel Larrañaga Zulueta. Vicerrector de Alumnos. IE University.

EDITORIAL

No se puede afirmar sin datos que el recorte en la enseñanza será neutro para la calidad

Se ha dicho muchas veces que invertir en educación es invertir en futuro. Pues bien, en el enésimo incumplimiento de las promesas electorales del PP a cuenta de la crisis, el recorte de 3.000 millones en educación primaria y secundaria anunciado el lunes por el ministro José Ignacio Wert no solo va a truncar las posibilidades de mejora de las que dependía la capacidad del país para asumir los retos de la sociedad del conocimiento, sino que va a suponer una regresión a parámetros y condiciones que creíamos superados desde hacía mucho tiempo.

Por la forma en que se va a aplicar, el recorte supone, en la práctica, desinvertir gran parte del esfuerzo hecho en los últimos años. El número máximo de alumnos por aula pasará de 27 a 30 en primaria y de 30 a 36 en la secundaria obligatoria; los centros solo podrán pedir un interino para cubrir una baja a partir de 10 días de falta, y se elimina la obligación de ofrecer en cada centro al menos dos de los tres tipos de bachillerato existentes (normalmente se imparten ciencias y letras). Si el recorte va a concretarse, como se ha anunciado, en reducir las plantillas en una cuantía que aún no conocemos, pero que puede ser importante, y en sobrecargar a los docentes con más horas lectivas, más alumnos por clase y la sustitución de sus compañeros enfermos, ¿cómo se puede afirmar, como hizo el ministro, que eso apenas va a afectar a la calidad? Solo hay que acudir a las hemerotecas para comprobar cómo la reducción de esos parámetros y la posibilidad de que los docentes dispongan de más tiempo para actividades de refuerzo y preparación se han presentado por sucesivos Gobiernos de uno y otro color como elementos clave de mejora del sistema. Si ayer eran una mejora, su retirada no puede ser presentada hoy como algo neutro para la calidad.

La crisis obliga, ciertamente, a racionalizar y a tratar de optimizar, con medidas organizativas, los recursos disponibles. Pero no es eso lo que presentó el ministro a los consejeros de Educación, sino un recorte lineal que cada autonomía tendrá que administrar como pueda. La forma en que el ministro anunció a los consejeros el plan, sin un triste documento o una memoria que cuantifique su impacto, puede ser considerada además una falta de respeto en la que nunca debió incurrir el titular de una cartera que se llama Educación.

TRIBUNA

Nuestros colegios y universidades no crean futuros actores de la nueva economía

Hace 30 años el mundo era sólo físico, lo que se podía ver y tocar; hoy la realidad está formada por la realidad física y por la virtual. Esa nueva realidad está generando una forma distinta de entender, de comprender, de aprender, de enfrentarse al mundo por parte de nuestros alumnos, que es necesario que los educadores, a todos los niveles, la descubran y exploten al máximo posible. La manera con la que un alumno se enfrenta al conocimiento, a la forma de aprender, es diferente a como se abordaban esos asuntos en el siglo pasado.

La educación, sin duda, será donde veremos la mayor revolución en los menores plazos. Los alumnos dispondrán, cada día más, en las escuelas públicas de conexión a Internet en todas las aulas. Desde esa gran red en que se convierten nuestros centros de enseñanza una vez interconectados, se multiplican las opciones de lo posible. Crear este mundo educacional nuevo no es tarea fácil, lograrlo requiere de concertación de voluntades, de recursos y del compromiso de la comunidad educativa. Contar con esa infraestructura tecnológica tiene mayores impactos en la calidad de la educación de las que hoy imaginamos. El mayor desafío, sin embargo, está en reinventar la forma en que se imparte la educación; detrás de la tecnología siempre es posible ver el rostro de un ser humano. La tecnología es sólo un instrumento para llegar a la persona. No sólo estamos hablando de cuestionar y dar un salto en el papel de la escuela, tradicionalmente entendida como centro de adquisición de información, sino también de ese otro papel de los profesores en el aula, de los contenidos con los que vienen trabajando, de las prácticas docentes, también del papel que la escuela juega en la comunidad y de la forma en que alumnos, padres y maestros se integran en esta aventura del aprendizaje colectivo, para saber, para saber ser, para saber estar.

El sistema debe enseñar a tomar iniciativas y no solamente a transmitir información; lo que hay que conseguir en las facultades, en los institutos, en los colegios, es que puedan aflorar todas las capacidades que cada uno de los estudiantes puede desarrollar y no educar para la pasividad. Por muchas leyes de calidad de enseñanza que se dicten, nuestros colegios y universidades no forman para generar iniciativas, no fomentan una cultura de riesgos razonables, no crean futuros actores de la nueva economía y de la sociedad, sino futuros asalariados en un mercado que acapara para los grandes grupos económicos la capacidad de innovar. Resulta imprescindible que el sistema educativo encuentre el procedimiento para descubrir la actitud, la motivación, la pasión de todos aquellos alumnos que pasan por sus aulas, y es necesario que a la Universidad lleguen aquellos que están deseando desarrollar científicamente la actitud, la motivación, la pasión, que descubrieron y potenciaron en la escuela.

En el año 1980, según datos oficiales, el 8 por 100 de la población española, mayor de 25 años y menor de 65, era universitaria, mientras que en la Unión Europea esa cifra alcanzaba el 12 por 100. En el año 2010, la población universitaria española fue del 29 por 100, mientras que la media de la Unión Europea fue del 27 por 100. España tiene un millón y medio de estudiantes universitarios, casi más que Alemania y que Francia. Tenemos 75 universidades, con 175 campus universitarios. El precio que pagan nuestros alumnos universitarios por su matrícula ronda los 900 euros, pero en realidad el precio final del producto que se ofrece vale 8.000 euros. A los universitarios españoles el Estado les subvenciona anualmente con 7.100 euros. No importa el nivel de renta de su familia, todo el que pisa un aula universitaria de universidad pública recibe una subvención de 7.100 euros al año. Con estos datos y con estas cifras, deberíamos pensar que algo estamos haciendo mal cuando, teniendo un nivel de formación superior a como nunca lo hemos tenido, sin embargo el sistema productivo español está fracasando como consecuencia de que tenemos un nivel de producción con un capital humano bastante deficiente en cuanto a su formación.

Para innovar hay que tener la tecnología suficiente que permita superar al adversario. Tenemos que intentar innovar, tratar de imaginar qué es lo que la gente va a necesitar mañana para hacerlo hoy, que en eso consiste la innovación, en hacer hoy lo que se va a necesitar mañana o pasado mañana. ¿Y qué es lo que se necesitará mañana? Los alumnos que han empezado este curso, en infantil, con tres años, se van a incorporar al mundo económico laboral, si realizan estudios universitarios o de formación profesional, en el año 2030. Hay que hacer el esfuerzo de imaginación para saber cómo será la sociedad en ese tiempo. Baste señalar que el 50 por 100 de los empleos que se van a crear en los próximos cinco años no existen hoy, no están creados, pero se crearán, de igual forma que un 25 por 100 de los empleos que se han ofertado en los últimos cinco años no existían con anterioridad, y hoy la gente está trabajando en ellos. Empleos nuevos, que no existían. Es decir, que se van a presentar oportunidades para las que tenemos que tratar de prepararnos, porque van a aparecer.

El informe que emitió la Unión Europea, en 2010 sobre la creatividad e innovación de los jóvenes europeos, dice: “Los jóvenes españoles son los menos capacitados para la creatividad y la innovación”. No es cierto; no son los que están menos capacitados, son las víctimas de la Historia de España y del sistema educativo español, porque nunca fuimos un país creativo, y porque el sistema educativo actual no da para más. ¿Por qué teniendo ese nivel de jóvenes universitarios y a toda la población infantil, adolescente y juvenil estudiando no hemos sido capaces de crear una generación de gente innovadora, de gente que sea capaz de crear riqueza para nuestro país, fuera de los esquemas tradicionales de productividad? El sistema educativo vigente sigue mirando a la sociedad industrial, que se está yendo, por lo que resulta inútil seguir educando alumnos para insertarlos en una sociedad que cada día se diluye más. Éste es el reto que tiene planteado la educación española, saber qué sociedad se está conformando para formar profesionales que se adapten a esa nueva sociedad. Y esa debe ser una tarea de la Universidad.

Si se observa, la cifra de parados en España es superior a la que había hace 25 años.

Ello nos lleva a la siguiente reflexión: cuando la tecnología era cara, sofisticada y al alcance de muy pocos bolsillos, cuando la burocracia para dirigir el aparato productivo era numerosa y centralizada, cuando la infraestructura era escasa y deficiente, al igual que los servicios, cuando había un nivel de formación deficiente en calidad y en cantidad, era explicable y justificable el bajo nivel de desarrollo de un país y el alto nivel de desempleo, pero cuando la tecnología ha comenzado a ser barata y está al alcance de cualquiera, cuando la burocracia para dirigir el aparato productivo es limitada y descentralizada, cuando existe un buen nivel de formación en calidad y en cantidad y hay muchísima gente estudiando, cuando el mundo está globalizado y al alcance de cualquiera, cuando ya no existe ni centro ni periferia porque todos somos centro y todos somos periferia, no existe ninguna razón que justifique una vuelta atrás en la forma en que lo estamos percibiendo.

Juan Carlos Rodríguez Ibarra fue presidente de la Junta de Extremadura.