Reggio’s

Un libro publicado en Polonia denuncia que lo que el autor presentaba como periodismo era ficción. De ser esto cierto, traicionó la confianza de los lectores, que creían que esas cosas habían ocurrido y eran reales

Todos los periodistas y aspirantes a autores de reportajes pueden aprender mucho de la controversia sobre Kapuscinski. La “no ficción creativa” es una pendiente peligrosa.

Si hubiera vivido unos años más, Ryszard Kapuscinski quizá habría podido obtener el Premio Nobel de Literatura. Aunque esas cosas se llevan con un secreto digno del Vaticano, estoy seguro de que era uno de los candidatos constantes de la Academia sueca. Entonces, los periodistas de muchos países habrían celebrado su designación por ser el primer escritor de “no ficción” que lo ganara desde Winston Churchill en 1953. Ahora ha estallado una seria polémica en su Polonia natal por un nuevo libro que sugiere que su no ficción no era tan “no ficción”, después de todo. Es una polémica que ya ha dado la vuelta al mundo, porque el nombre de Kapuscinski es sinónimo en todas partes de un cierto tipo de reportaje político-literario.

Acabo de leer el libro, que se titula, en polaco, La no ficción de Kapuscinski. Su autor es el periodista Artur Domoslawski, de quien Kapuscinski fue modelo, mentor y amigo, y ha sido criticado por varios motivos. Entre ellos, su forma de abordar las numerosas aventuras amorosas del escritor viajero, que es verdad que me parece poco delicada, y su tratamiento del pasado comunista y los contactos ocasionales de Kapuscinski con la policía secreta, que en mi opinión está bien explicado.

Más en general, se ha criticado al libro por denunciar a un antiguo mentor. La viuda de Kapuscinski lo llama “parricidio”. Yo creo que no lo es. Creo que el autor trata de ser imparcial y permite que hablen muchas voces diferentes. Capta al Ryszard que yo conocí, empezando por una brillante evocación de su cálida sonrisa, con la que desarmaba a cualquiera. Desarmaba a cualquiera literalmente, porque aquella sonrisa de humildad casi infantil le permitió salir bien librado de muchos enfrentamientos peligrosos con hombres armados, en África y otros lugares. Por otro lado, este libro es el grito prolongado de un discípulo preocupado e incluso desilusionado, alguien que, en sus casi tres años de investigación, encontró cosas que le perturban enormemente.

El quid de la cuestión, para Domoslawski, para mí y probablemente para el resto del mundo, es que se cruce el límite entre la realidad y la ficción. Es un tema que a algunos nos preocupa desde hace años. En 2001, para conmemorar el centenario del Premio Nobel de Literatura, la Academia sueca organizó un simposio sobre la Literatura de testigos, una delicada forma de sugerir que la Literatura, con mayúscula, no consistía sólo en ficción y poesía. Yo di una charla (reproducida en mi libro Facts are Subversive) en la que comenté que “con Kapuscinski, pasamos sin cesar de la Kenia real a la Tanzania de ficción y viceversa, pero la transición no está claramente indicada en ningún sitio”.

Ese mismo año, el antropólogo y escritor John Ryle escribió una brillante reseña en The Times Literary Supplement en la que documentaba numerosas inexactitudes, exageraciones y mitificaciones de Kapuscinski en sus escritos sobre África. Decía que, en su mayoría, tendían a lo que el denominaba el “barroco tropical”, un estilo en el que todo se vuelve más exótico, salvaje, descontrolado, extremo y, por qué no decirlo, oriental. Ahora, Domoslawski sigue en parte las huellas del maestro, hasta Addis Abeba, por ejemplo, donde Kapuscinski investigó para escribir su famoso libro sobre la caída de Haile Selassie, El emperador, y a Santa Cruz, Bolivia. Y se ha encontrado con que los propios testigos de Kapuscinski se quejan de que hay material falso e inventado. Da numerosos ejemplos.

Lo que hizo Kapuscinski está ya fuera de toda duda. La cuestión es cómo reaccionar. Una corriente de opinión es la representada por el escritor estadounidense Lawrence Weschler, quien, según Domoslawski, ha dicho que “¿qué más da en qué estante tengamos que colocar El emperador y El Sha, en ficción o no ficción? Siempre seguirán siendo unos libros magníficos”. Un compañero de colegio de Kapuscinski afirma que El emperador es “la mejor novela polaca del siglo XX”. Y, por supuesto, esos libros hablaban también de Polonia. Los lectores polacos los leían en parte como alegorías de su propia situación, y los censores del comunismo podrían haberlos prohibido si no se hubieran presentado como libros de no ficción que trataban de lugares reaccionarios y lejanos.

Una segunda corriente, que podríamos llamar de los “nerviosos defensores de Ryszard”, está bien representada por Neal Ascherson, autor a su vez de soberbios reportajes sobre Polonia y otros países. Kapuscinski era un gran narrador de historias, no un mentiroso -escribe en la página web de The Guardian-, y existe una diferencia importante entre dar noticias y escribir libros. Pero luego hace esta afirmación, que me resulta muy sorprendente: “Casi todos los periodistas, excepto un puñado de santos, sacan punta a las citas o varían ligeramente las horas y los lugares para causar más efecto. Quizás no deberían, pero lo hacen; lo hacemos”. ¿De verdad, Neal? ¿Y cuánto es, si no te importa explicarlo, “ligeramente”? ¿Y hasta dónde puede atreverse uno a “sacar punta”? No obstante, en el resto de su blog muestra su preocupación por el hecho de que Kapuscinski no dejara suficientemente claro al lector lo que hacía.

La tercera postura, en la que me incluyo, afirma que, aunque no haya -en los gráficos términos que emplea Ascherson- una “frontera con alambrada y focos”, sí existe un límite fundamental, una zona fronteriza, que los escritores de no ficción debemos intentar no cruzar jamás. Si cruzamos ese límite, entonces debemos asignar una etiqueta distinta al producto final. Domoslawski ofrece una razón por la que hay que hacerlo: sencillamente, el deber de ser justos con nuestros lectores. Ustedes necesitan saber qué están leyendo. Al fin y al cabo, parte de la emoción de leer a un escritor como Kapuscinski nace de pensar que esas cosas han ocurrido. Él estaba allí. Lo vio con sus propios ojos. Estuvo a punto de morir por informar de los hechos. Es un principio que su propia retórica ha defendido con frecuencia a capa y espada.

El segundo motivo es más profundo. Me da la impresión de que, para una persona armada con una pluma, existen pocas obligaciones más serias que la de ser testigo veraz de grandes acontecimientos. Al presentar el simposio de 2001 sobre la Literatura de testigos, el entonces secretario de la Academia sueca, Horace Engdahl, sugirió que “la verdad, en un principio, no es nada más que lo que certifica un testigo fiable”. Quizá no sirva como regla filosófica universal, pero desde luego sí es aplicable a lo que hacen quienes escriben testimonios, sobre todo cuando se alzan solos en medio de la tragedia o el triunfo. Ser testigos de genocidios, guerras, revoluciones y muestras de valor humano en medio de la humanidad es -perdónenme el tono melodramático- una responsabilidad sagrada.

Es cierto que, al elegir los hechos, las imágenes y las citas, al caracterizar a las personas reales sobre las que escribimos, quienes realizamos reportajes trabajamos, en muchos aspectos, como los novelistas. Pero, si tenemos en cuenta esa responsabilidad respecto a la historia y la promesa de “no ficción” que hacemos a nuestros lectores, debemos atenernos a los hechos de la mejor forma posible. No debemos cambiar el orden de los acontecimientos ni siquiera “ligeramente”, ni “sacar punta” a nada que aparezca entre comillas. Todos cometemos errores. Nadie puede ver una situación en su conjunto ni ser totalmente objetivo. Todo el mundo tiene un punto de vista. Ahora bien, si digo que vi una cosa, es que vi esa cosa. No estaba en otra calle, en otro momento, ni me lo contó alguna otra persona mientras tomábamos una copa en el bar del hotel.

Creo que podemos hacer dos cosas. Una, sugerida en tono humorístico por el propio Domoslawski en una entrevista tras la publicación del libro, es que debería haber en las librerías una sección entre la ficción y la no ficción, en la que estuviera una nueva categoría llamada simplemente Kapuscinski. La otra es aprender del maravilloso trabajo de Kapuscinski pero también de sus transgresiones y, de esa forma, dar un testimonio más veraz.

A CONTRAPELO

La designación del principal imputado en el ‘Faisán’ como consejero de la Caja Vital lleva a inquietudes razonables sobre las cajas de ahorros, que son nada menos que la mitad de nuestro sistema financiero. Llegado el momento de cubrir las vacantes en la de Álava, el PNV y el PSE se han repartido los cargos: los nacionalistas han colocado a los excedentes del último ‘Gobierno Ibarretxe’, (Javier Balza y Ana Agirre) y muestras de glaciaciones anteriores, como Juan Ramón Guevara y Juan Mª Ollora, mientras los socialistas vascos han propuesto a Víctor García Hidalgo. Todos ellos serán nombrados y tomarán posesión el próximo 30 de marzo.

El PSOE ha derivado la petición de explicaciones a los socialistas vascos, que no han dicho ni mu. Sólo el consejero de Interior ha dicho con entusiasmo contenido que «algunas» de las personas propuestas le merecen «todo el respeto». La portavoz popular ha apuntado con malevolencia: la desmemoria de Gª Hidalgo es la clave de su nombramiento. El ex director de la Policía dijo «no me acuerdo» a 52 de las más de 100 preguntas formuladas por el juez. No recordaba su número de móvil, ni las fechas en que fue nombrado y destituido. Pues nada, para eso estamos. Fue nombrado en el Consejo de Ministros del 30 de abril de 2004, y destituido el 8 de septiembre de 2006, exactamente cuatro días después de que el informe policial que lo acusaba de ser el autor de la llamada fatal entrase en el Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional.

Es notable que el cesante se haya pasado tres años largos en tareas de cocina, hasta que el 17 de octubre de 2009 fue nombrado secretario de Organización de Álava. Llama la atención que al constituir su Gobierno hace 11 meses, y estando tan falto de gente experimentada en tareas de Interior, Patxi López no quisiera contar con un hombre de tan cualificada experiencia en el mundo policial ni siquiera para dirigir la Academia de Arkaute, salvo que desaconsejara el nombramiento su imputación cuatro meses antes.

Todo es indiciario, claro. La profusión de llamadas entre el secretario de Estado, el director general, el jefe superior y el inspector de Vitoria que se acercó al dueño del bar Faisán para darle un móvil con una frase muy de programa de televisión –«Tengo una llamada para usted»– son indicios. No hay nada anormal en que los citados hablaran entre sí con frecuencia, si descontamos a Elosua. Bastaría comprobar el número de veces que en parecida franja horaria se han llamado antes o después del día de autos. El chivatazo se dio; eso no es un indicio, sino un hecho. No pudo hacerlo un inspector de policía por propia iniciativa. La única hipótesis que le da sentido a todo es la que explica a la vez el silencio del ex director y la actitud vergonzante de su partido al proponerlo. Así están las cosas en ese duermevela en que mantiene el superjuez algunos de sus casos. Podría parecer que están dormidos, como los cocodrilos a la hora de la siesta, pero los sumarios de Garzón también tienen los párpados transparentes.

CARTA DEL DIRECTOR

Es una de las escenas más memorables de la historia del cine. La oficina de Rutland and Company se ha quedado desierta. Marnie Edgar -o sea Tippi Hedren con su abrigo verde y su pelo rubio recogido en la espiral de un moño daliniano, calcado del de Kim Novak en Vértigo- está desvalijando la caja fuerte de la empresa de quien ya es su marido cuando, separada sólo por una mampara, aparece en paralelo una señora de la limpieza, avanzando con su cubo y su fregona. Ambas mujeres están de espaldas a la cámara. Ambas mujeres se dan simultáneamente la vuelta y esbozan unos pasos. A Marnie, la ladrona, la van a coger con las manos en la masa.

De repente, de refilón, ella se da cuenta de la presencia de la limpiadora que vuelve a mostrar su hacendoso trasero. Sobreponiéndose a su angustia, Marnie decide rodearla para franquear la escalera de bajada hacia la calle. Se da cuenta de que si hace el más mínimo ruido la empleada se volverá, la mirará y podrá identificarla cuando se descubra el desfalco. En un golpe de astucia decide descalzarse y deslizarse de puntillas. ¿Pero qué hacer con sus elegantes zapatos marrones? No puede dejarlos allí y en las manos lleva el bolso y el botín. Ya está: uno en cada bolsillo del abrigo, con los tacones hacia fuera.

Marnie va avanzando lentamente, paso a paso, mientras escucha el chapoteo de la fregona y hasta el roce de la bayeta sobre el suelo. Está ya a muy pocos pasos de la escalera, va a conseguir su propósito, cuando uno de los dos zapatos empieza a resbalar tan lenta como inexorablemente hacia la embocadura del bolsillo. El tacón ya se bambolea en el vacío. Pobre Marnie, te van a pillar. Pobre Marnie, vas a ser víctima de la ley de la gravedad. Y en efecto, ¡catacrack! Pobre Marnie… Pero no: aunque el zapato resuena con estrépito sobre el pavimento, la señora de la limpieza ni se inmuta y continúa de espaldas su tarea, ignorante de lo que acaba de ocurrir.

Marnie se queda lívida, pero recoge con nerviosa celeridad el zapato y huye impunemente peldaños abajo. Entonces llega un mocetón negro con uniforme de vigilante nocturno, se acerca por detrás a la limpiadora y le pega un par de gritos al oído. Ella está sorda como una tapia, pero alguien la ha hecho al fin reaccionar.

El papel del mocetón negro ha venido representándolo en la isla de Mallorca un periodista, ahora treintañero, de facciones adolescentes, tenacidad sin par y aguda inteligencia lógica que durante siete años, una mañana sí y otra también, ha ido desvelando al oído de una sociedad obstinada en su sordera los desmanes de su cleptócrata particular. Se llama Esteban Urreiztieta y gracias al empeño de dos valientes directores como Eduardo Inda, que tuvo el talento de ver lo que estaba ocurriendo antes que nadie, y Agustín Pery, que está rematando la faena con serenidad y temple poco común, ha sido capaz de aportar tantas y tan elocuentes denuncias que el milagro -uno de esos que «suceden, Sancho, rara vez»- se ha producido, los sordos han oído, los ciegos han mirado, los mudos han hablado y a la empedernida saqueadora la han cogido, al fin, no ya con el carrito del helado sino con los dromedarios de la caravana de Ali Babá en el cuarto de estar.

La principal diferencia con el argumento de la película, en lo que se refiere a esa escena mítica, es que la Marnie balear no sólo ha contado de antemano con la pereza auditiva de una sociedad próspera y cómodamente instalada en la insularidad de sus rituales, sino que se ha jactado de ello sin remilgos. Sí, en efecto, la estoy viendo como si fuera hoy, simpática, despreocupada y alegre, con la melena rubia ondeando entre los pinos, vestida de rosa en la terraza de mi casa, invitándome a abandonar toda esperanza, cuando habíamos comenzado a publicar lo que sólo era la punta del extremo del periscopio de su iceberg.

-Mira, no me vais a pillar porque no he hecho lo que decís. Pero si me pilláis, tampoco pasará nada porque a eso de la corrupción aquí nadie le da importancia…

Como hacían los apóstoles de la guerra sucia, me decía a la vez una cosa y su contraria: esto que no hemos hecho carece de gravedad. Todo el énfasis lo ponía en el «aquí». El nacionalismo al servicio de la impunidad del trinque. Una variante, una sucursal más bien, del «oasis catalán». ¿Corrupción? ¿Qué es eso? Sólo los forasters podíamos plantear asuntos de tan mal gusto.

En esa misma conversación, con una testigo delante, fue cuando me dijo que no entendía la complejidad de nuestro periódico -«No sé si tengo que hablar con los italianos, con los de Madrid o con los de aquí…»- y me explicó la elemental regla de tres que regía su relación con el marrullero editor con quien ha formado hasta el último día una unión nada temporal de empresas: «Con él todo es muy sencillo. Yo le doy 200 millones al año y él me saca guapa en las fotos».

¡«Guapa en las fotos»! En pocas películas como ésa da Hitchcock rienda suelta a su misoginia: «Las aves de rapiña son la clase criminal del reino animal y entre las aves de rapiña predomina el sexo femenino», le hace decir al pobre Sean Connery cuando está enamorándose de Marnie. Pero, mutatis mutandis, así funciona mucha prensa de provincias. Véase hoy por qué a Tartufo Montilla ningún periódico catalán -ninguno- le pide cuentas por eximir a sus hijos del servicio lingüístico-militar obligatorio a que somete a los de los demás.

Volvamos con nuestra heroína. Hacía tiempo que había entrado en vigor el euro y ella seguía hablando en pesetas. Era el lenguaje de una chica de pueblo con ínfulas de grandeza que al final de cada día hacía las cuentas de la vieja y guardaba el resultante en una caja fuerte casi tan aparatosa como la que sale en la película. Fue uno de los momentos estelares del buen periodismo de investigación: descubrimos que el ascensor de su casa dijo basta al no poder soportar el peso del armatoste y a partir de ahí todo fueron diagramas, cálculos volumétricos y estudios de cubicaje en billetes de curso legal. ¿Para qué quería la presidenta del Consell Insular tener una caja fuerte de esas dimensiones en su domicilio? Toda Mallorca ya lo sabe ahora.

Nunca oí a nadie llamarla Marian. Para sus devotos era «Maria Antonia»; para los veraneantes, «la Munar»; para los más pijos, «MAM»; y para los iniciados en general, «la Princesa» o, mejor aún, «sa Princesa», una mujer pizpireta y apañada, transformada en la Evita de la isla mediante el inexcusable paso diario por la peluquería y el derroche en pieles, joyas, zapatos, bolsos y demás lujosos complementos. Sus descamisados lo eran porque en las suaves noches de la primavera de las recalificaciones y el verano de los pelotazos inmobiliarios, nada como unas arrugas del algodón de la informalidad, camuflando, whisky en mano, las curvas de la felicidad sobre las pinzas del pantalón.

Unión Mallorquina empezó siendo un club de amigos y se convirtió bastante deprisa en una asociación para delinquir. Su ideología oficial era el pancatalanismo light, pero algunos de sus dirigentes procedían de la Internacional Liberal, la UCD o el CDS. Más que insular, era un partido xenófobo que propugnaba en casi todo políticas de derecha pura y dura. Pero eso era lo de menos. Sólo una coartada. Su programa constaba en realidad de dos puntos principales: vengarse del PP que había echado a Marian del Gobierno regional en tiempos de Cañellas y forrarse a costa del erario.

Le bastaron unos resultados oscilantes entre el 5 y el 10% del voto de la isla -menos de 30.000 sufragios incluso- para robarle por dos veces el poder a un PP siempre en el entorno del 45%. En lugar de completar la representación de la mayoría sociológica de una sociedad tranquilamente conservadora, Unión Mallorquina sirvió de palanca en esas dos ocasiones al llamado Pacte de Progrés -ay qué risa- que bajo el inane liderazgo del maragalliano Antich ha venido aglutinando a toda una cuadrilla de saltimbanquis, a la vez radicales y reaccionarios. Entre una y otra experiencia, Jaume Matas pasó por el aro y, aun teniendo mayoría absoluta, la adoptó como socia y permitió a Marian seguir guardando las llaves de la caja del Consell, titular de todas las competencias urbanísticas.

Para entonces el segundo punto del programa ya estaba en plena aplicación. Tras el frustrado aperitivo de un superpelotazo, basado en una obscena permuta a pachas con el vetusto editor, que el alcalde de Calviá, Carlos Delgado, desbarató en el último momento, había llegado la hora de ponerse las botas con el polígono del aeropuerto. Los aviones despegaban y tomaban tierra junto a Palma entre rumores y guiños de los enterados. Pero había que conseguir las pruebas y atreverse a publicarlas. Eso es lo que hicieron con laboriosa precisión nuestros periodistas. Está ya sobradamente acreditado que dos jerifaltes de UM, socios por más señas del despacho profesional de su jefa, gestionaron las recalificaciones de esos terrenos, a cambio de quedarse con el 15% del suelo, y urdieron nuevos delitos en cascada para blanquear el botín y repartírselo.

La mafia reaccionó con ira. A Inda le enviaron una bala a casa, a Urreiztieta le hicieron un fotomontaje pornográfico, a Pery lo recibieron como a un abogado que llegara a investigar el linchamiento de un negro en Alabama, a mí me mandaron a los tonton macoutes a la piscina y a punto estuvieron de cerrarnos la planta de impresión con una excusa normativa. Fueron años muy duros porque, en efecto, ningún otro medio se ocupaba de UM y gran parte del personal iba a lo suyo y prefería no enterarse. «Sa Princesa» sabía de lo que hablaba.

El pastel terminó de destaparse cuando hace nueve días su ex delfín reconoció ante un juez que ella le había dado 300.000 euros en billetes, tras las ventanillas ahumadas de su coche oficial, para que comprara una productora a la que luego desviaron dinero público como vía de financiación electoral. La ladrona política lleva, pues, camino de serlo también en el sentido procesal del término. No sería la única que habría saqueado el erario balear -la Justicia tendrá, de uno en uno, la última palabra-, pero sí la que habría practicado el latrocinio con mayor contumacia y desparpajo. De hecho todas nuestras restantes revelaciones sobre las derramas a los afines del caso Piñata, la venta a mitad de precio del suculento solar del caso Can Domenge o las autocontrataciones del transporte de carbón y de grava adquieren ahora una nueva perspectiva y nos devuelven al momento de la película de Hitchcock en que Sean Connery le pregunta candorosamente a Tippi Hedren: «¿Cuántos robos más has cometido?».

Ella le mira con la coquetería de las rubias y primero admite tres hurtos, luego cuatro y enseguida cinco. Pero añade: «Soy una embustera, una ladrona y no sé cuántas cosas más, pero soy decente».

En efecto, Bruto era un hombre honrado y Marian es una mujer decente.

Vea mañana en EL MUNDO en Orbyt la escena de la película Marnie la ladrona en la que se inspira este artículo.

© Mundinteractivos, S.A.

HOJEANDO ZAPEANDO

Una columna, con su titularcito en letra cursiva o itálica, y no en redonda, es lo que están leyendo ustedes ahora: un artículo de opinión con firma, que es lo que nos suelen dejar publicar a los viejos que ya no servimos como reporteros. En ella se vierten juicios de valor cuya responsabilidad incumbe al autor (y, si incurren en la difamación y demás delitos similares, posiblemente al propio diario). Un texto informativo, una noticia, es un animal de muy distinto pelaje. Ofrece datos contrastados, cuyas fuentes se mencionan e incluso se detallan con nombres y apellidos salvo en los casos -que deben ser excepcionales- en que hayan solicitado el anonimato. Toda valoración debe circunscribirse, en este caso, a un análisis, a la colocación en su contexto de esos datos.

En una columna, el adjetivo y la frase calificativa son frecuentes, a veces floridos y hasta rugientes; valgan como ejemplo los que le solemos dedicar al impar corresponsal del Financial Times, Victor Mallet. En una información, el calificativo se destila con cuentagotas: vale el descriptivo (el terremoto de Chile es «devastador»), pero no el que entraña un juicio de valor (la mirada de Rubalcaba a la bancada de la oposición no puede nunca ser «torva»).

Eso es lo que enseñan a los alumnos de reporterismo y redacción en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia, en la de Unidad Editorial-CEU y, al menos cuando la pusimos en marcha hace 24 años, en la de El País-UAM.

Si nos asalta la duda en este último caso es porque de vez en cuando, leyendo a Carlos E. Cué o, ahora, a Berna González Harbour y Rosario G. Gómez, nos parece que han variado las normas en El País. Estas dos últimas perpetraban hace una semana esa doble página infame pidiendo la retirada de licencias a las mendaces televisiones de derechas, con un apartado titulado Fabricando bulos y falsedades (desaparecido, por cierto, de la hemeroteca de El País en internet), cuyo titular ya era un puro editorial, en el que el único bulo o falsedad que las intrépidas tribuletas eran capaces de endilgar a Veo7, la emisora de Unidad Editorial, fueron esas imágenes de un reportaje viejo que por error ilustraron un comentario sobre los efectos de la crisis, error inmediatamente reconocido por la emisora, que emitió luego las imágenes actuales. (Muy similares, claro: hay una crisis tremenda). Portentoso, El País.

¡Ah! Y Mallet, bien, gracias. También es de esa escuela. El día 25 se despachaba definiendo como «radical» el plan de ahorro presupuestario de Zapatero. Y a partir de ahí lo único que ha seguido han sido críticas y descalificaciones por parte de los economistas sobre ese supuesto plan. ¿Con que «radical», eh, señor Mallet?

© Mundinteractivos, S.A.

Lo que pueda ser una vida buena depende de los objetivos, de las creencias de cómo funciona el mundo y de las capacidades sociales y naturales, tanto psíquicas como físicas, de cada uno. Las teorías académicas liberales tratan la cuestión de una forma diferente a como lo hace la concepción republicana histórica de la libertad. Lo que una renta básica pueda suponer para una determinada vida buena también depende de otras precisiones que ineludiblemente deben realizarse para saber con claridad de qué estamos hablando. Entre estas precisiones hay que referirse a la neutralidad y a la virtud. De esto trata básicamente este artículo (*).

Imaginemos a un cristiano fundamentalista de los que abundan en Estados Unidos, en el Reino de España y en Irlanda. O a un islamista también fundamentalista de los que abundan en Arabia Saudita o Kuwait. O a un judío fundamentalista de los que corren en muchas partes, en especial en el Estado de Israel. Llamémosles a todos F. Imaginemos también a un (o una, como en el caso anterior, aquí el sexo francamente poco importa para la argumentación) ateo y partidario del conocimiento contrastable y, por eso mismo, de la ciencia, de los que son minoritarios en casi todas partes. Llamémosle A. No resulta difícil seguir imaginando que F y A tendrán una idea harto diferente de lo que sus vidas respectivas deben ser para conseguir florecer de la forma más completa, útil y valiosa. Creo que pocas dudas puede haber al respecto y todo parece bastante sencillo, pero eso es solamente una parte y quizás no muy grande del problema.

En filosofía política se acostumbra a aceptar que una concepción liberal de la justicia es aquella que considera que el Estado debe permanecer neutral ante las distintas nociones de la buena vida que los ciudadanos y ciudadanas de un territorio determinado puedan llegar a tener. Concretemos más acerca de la propia palabra “liberalismo”. Con esta palabra pueden hacerse muchísimas distinciones y divisiones. Por ejemplo, entre liberalismo libertariano e igualitarista (las diferencias entre un Robert Nozick y un John Rawls son notables, sin duda). Por otro ejemplo, entre liberalismo económico y político. Y un tercer ejemplo, entre lo que se considera liberal en Europa y lo que se considera liberal en Estados Unidos. Entre estas y muchas otras distinciones que se podrían ofrecer existe una que considero de particular relevancia: la que separa entre liberalismo político y liberalismo académico. El primero, con una vida no superior a dos siglos, es el liberalismo que realmente ha existido a lo largo de los siglos XIX, XX y lo que llevamos del XXI (1). Corresponde a los historiadores continuar analizando el papel del liberalismo político, así como su enemistad permanente con la democracia, la libertad y la igualdad. El liberalismo académico, en cambio, es una amalgama en la que pueden entrar autores que políticamente se situarían muy a la derecha, otros en el centro y, finalmente, otros en la izquierda más o menos moderada (2). Mas lo que aquí nos interesa es la relación del liberalismo académico con la vida buena. Casi todas las variantes del liberalismo académico (hay alguna excepción) se consideran a sí mismas como concepciones de la justicia que no están comprometidas con la virtud, razón por la cual no son doctrinas políticas moralmente perfeccionistas, y por eso mismo pueden tener una concepción neutral del Estado. Finalmente, sigue este razonamiento, casi todos los liberalismos académicos son no sectarios y fomentan la tolerancia.

Todo este argumento forma más bien parte de los lugares comunes que de la adecuación a la realidad. Daré un pequeño rodeo para explicarlo y para ello debo introducir el concepto de libertad republicana (3). Para el republicanismo histórico, la propiedad en cada situación histórica es fundamental. La forma más breve de introducir la concepción republicana de la libertad es de la forma siguiente:

X es libre republicanamente (dentro de la vida social) si: 1) no depende de otra persona para vivir. Lo que equivale a decir que tiene una existencia social autónoma garantizada o, lo que es lo mismo, que tiene algún tipo de propiedad que le permite subsistir con comodidad; 2) nadie puede interferir arbitrariamente (es decir, ilícitamente o ilegalmente) en el ámbito de existencia social autónoma de X (en su propiedad);

Con lo que:

3) la república puede interferir lícitamente en el ámbito de existencia social autónoma de X, siempre que X esté en relación política de parigualdad con todos los demás ciudadanos libres de la república, con igual capacidad que ellos para gobernar y ser gobernado; 4) cualquier interferencia (de otras personas o personas, o del conjunto de la república) en el ámbito de existencia social privada de X que dañe ese ámbito hasta hacerle perder a X su autonomía social, poniéndolo a merced de terceros, es ilícita; 5) la república está obligada a interferir en el ámbito de existencia social privada de X, si ese ámbito privado capacita a X para disputar con posibilidades de éxito a la república el derecho de ésta a definir el bien público. Es decir, la república debe garantizar a toda la ciudadanía la libertad republicana. Finalmente, 6) X está afianzado en su libertad cívico-política por un núcleo duro –más o menos grande— de derechos constitutivos (no puramente instrumentales) que nadie puede arrebatarle, ni puede él mismo alienar (vender o donar) a voluntad, sin perder su condición de ciudadano libre (4).

Podemos ahora abordar los conceptos introducidos anteriormente de virtud y neutralidad. Empecemos por la virtud. La tradición histórica republicana no se ha planteado nunca la cuestión de la virtud de forma a-institucional, esto es, como un problema de mera psicología moral. Ya desde Aristóteles, toda referencia a la virtud ha ido acompañada de consideraciones institucionales y relativas a las bases sociales y materiales que hacen (o no) posible esta virtud. La virtud tiene, evidentemente, una dimensión psicológico-moral, pero el republicanismo siempre ha acompañado el análisis de esta dimensión con la afirmación de que sólo sobre el suelo de una existencia socio-material, aquélla puede brotar. Ya hace 2300 años, Aristóteles niega que el pobre libre tenga una base autónoma de existencia, pues no dispone de propiedad. Esta carencia de base autónoma de existencia impide que pueda ser libre y, por esa razón, Aristóteles, que se opone a la democracia o gobierno de los pobres que le ha tocado vivir,  defiende que los pobres libres sean privados de los derechos políticos (5). A partir de esta constatación, la virtud republicana no tiene nada que ver con el perfeccionismo moral, ni apela a una concepción de la vida buena aislada de las instituciones sociales. Todo lo contrario: la tradición republicana defiende que cuando la ciudadanía tiene garantizada por la república una base material para su existencia social autónoma, puede desarrollar una capacidad para autogobernarse en su vida privada. Y, además, tal garantía de una base material para la existencia social autónoma de los individuos posibilita que estos desarrollen su capacidad para la actividad pública. Claro que esta base material también puede empujar a algunos ciudadanos a atiborrarse de vino de calidad infame y de comida colesterólica y poco nutritiva mientras pasan por sus ojos los programas televisivos más protervos. Los defensores del republicanismo no niegan esta eventualidad; lo que afirman es que esta base material da la posibilidad (en mucho mayor grado que la situación en la que viven quienes carecen de ella) para desarrollar la virtud cívica, que no es otra cosa que la capacidad para autogobernarse en la vida privada y, de ahí, llegar a la vida pública ejerciendo plenamente su condición de ciudadanos, esto es, de individuos materialmente independientes.

Sigamos ahora con la neutralidad del Estado. Académicamente, por neutralidad del Estado se entiende que éste no tome partido por ninguna concepción de la vida buena. Las concepciones de la vida buena deben quedar circunscritas a la elección personal. Se admite que las teorías liberales de la justicia son neutrales respecto a las distintas concepciones particulares de la vida buena. Las teorías de la justicia que optan por la defensa y la recompensa de una concepción determinada de la vida buena son perfeccionistas. Así está establecido en el mainstream académico, como mencionaba más arriba. No creo que tal distinción sirva para gran cosa, más allá de alguna cuestión secundaria. Para la tradición histórica republicana el punto realmente interesante es otro. Según el republicanismo, el Estado debe mantenerse respetuoso claro está con respecto a las distintas concepciones de la vida buena que puedan abrazar los ciudadanos (6). De hecho, al republicanismo histórico le ha interesado algo, a mi entender, mucho más sugestivo y amplio. Me estoy refiriendo a la “obligatoria” interferencia abierta por parte del Estado para destruir (o limitar) la base económica e institucional de personas, empresas o cualquier otra agrupación particular que amenacen con disputar con éxito al Estado republicano su derecho a determinar lo que es de pública utilidad. Y esto quiere decir algo tan sencillo como lo siguiente. Imaginemos un poder privado tan extendido, normalmente a causa de la posesión de enormes propiedades, que pueda permitirse imponer su voluntad (su concepción del bien privado) al Estado (7). Lo que comportará que la neutralidad de éste quede arrasada de facto. Lo que comportará, a su vez, que gran parte de la población, dependiendo obviamente de cada caso, quede afectada por esta concepción del bien privado. La concepción republicana de la neutralidad del Estado apunta, precisamente, a la necesidad de que éste intervenga para evitar esta imposición.

“La República de Weimar luchaba por la neutralidad del estado cuando peleó –y sucumbió— contra los grandes Kartells de la industria privada alemana que financiaron la subida de Hitler al poder; la República norteamericana luchó –sin éxito— por la neutralidad del estado cuando trató de someter, con la ley antimonopolios de 1937, a lo que Roosevelt llamaba los ‘monarcas económicos’.” (8)

El problema de la neutralidad del Estado, para la tradición republicana, no se para con la pregunta relativa a si se debe respetar una concepción de la vida buena que, por ejemplo, asocie el bien a la consagración de la lectura repetida de todos los álbumes de Tintin combinada con la visión casi ininterrumpida de los maravillosos partidos que permitieron ganar las 6 copas al FC Barcelona en el año 2009. Que debe respetar esta concepción de la buena vida, por supuesto. El problema realmente importante es si la existencia material de una persona o de un buen grupo de ellas debe depender institucionalmente, dada la actual configuración institucional de los derechos de propiedad, de los planes de inversión de una transnacional. O si los recursos energéticos de países enteros deben estar a disposición de los consejos de administración de algunas grandes empresas. O si los dogmas de algunas iglesias pueden llevar a la expropiación de la existencia material de determinadas personas. En estos casos, nos hallamos ante planes de vida –ante nociones de la vida buena– que quedan erosionados, cuando no completamente mutilados, para mucha gente por la destrucción de la base material que los hubieran hecho posibles, y quien destruye o erosiona estos planes de vida son unos poderes con grandes posesiones de propiedad. Un Estado republicano (algunos ya dirían directamente socialista, pero creo que el problema no se puede resolver tan nominalmente) debe imposibilitar que se den este tipo de situaciones. Precisamente para garantizar la neutralidad. Exactamente lo contrario de lo expresado de forma difícilmente más breve a cómo lo hizo el dibujante El Roto el pasado 25 de febrero: “¡Que perezca el Estado para que las bolsas vivan!”.

Debe de haber quedado claro ya que para el republicanismo sin la existencia material garantizada no puede existir la libertad. Y, para esta forma histórica de pensar política y socialmente, tratar de la existencia material es hacerlo de la propiedad. Dicho con otras palabras, para la tradición republicana, la libertad política y el ejercicio de la ciudadanía son incompatibles con las relaciones de dominación mediante las cuales los propietarios y ricos ejercen dominium sobre aquéllos que “sólo pueden vivir con permiso”, por utilizar la conocida expresión de Marx, de los anteriores.

Y aquí entra para algunos autores, entre los que me incluyo, la propuesta de la renta básica como mejor manera para garantizar la existencia material sin la cual no puede existir la libertad. Entiéndase bien: hay autores liberales académicos que defienden la renta básica por otros motivos. O que, dicho de otra forma, justifican la renta básica por otras razones. A diferencia de los anteriores, para un partidario de la libertad republicana, la renta básica puede ser una buena forma de garantizar la existencia material de todas las personas que haga posible la libertad.

A lo largo de los últimos lustros, en discusiones políticas y académicas, han ido surgiendo muchas cuestiones relacionadas con la renta básica de interés directo para el propósito de este artículo. Me refiero concretamente al menos a dos grupos de temas de signo no necesariamente contrapuesto. El primer grupo presta atención a las posibilidades de una renta básica como un medio para una vida buena de mayores vuelos para muchas personas. El segundo grupo centra su punto de mira en la insuficiencia de la renta básica para atacar las injusticias causadas por el sistema capitalista actual. Veámoslo.

La renta básica posibilitaría, siempre que fuera de una cantidad igual o superior al umbral de la pobreza, planear una vida buena a muchas personas en unas condiciones ceteris paribus mucho mejores que las actuales. Por lo pronto, permitiría: para muchas personas rechazar condiciones de trabajo infames o no deseadas; planificar más libremente distintas etapas de nuestras vidas (hay momentos de las mismas en que se precisa más tiempo, otros que se requiere mayor capacidad adquisitiva…); para una parte muy importante de la clase obrera, disponer de una caja de resistencia con motivo de una huelga, especialmente si ésta fuese de larga duración (9); para algunas personas la reducción del riesgo de iniciar determinadas actividades de auto-ocupación (10); para muchas mujeres no tener que depender económicamente de su marido o compañero sentimental (11); un alto grado de desmercantilización de la fuerza de trabajo (12); para buen número de personas, unas mayores perspectivas de invertir tiempo en el trabajo voluntario o en la actividad solidaria o militante (13). A nadie se le escapará que si eso fuera así, las posibilidades de una vida buena de mayores vuelos para muchas personas ganarían enteros.

La renta básica, en cambio, no sería un gran freno a las posibilidades de actuación de las grandes transnacionales, ni los organismos económicos internacionales se verían afectados en el casi exclusivo control que sobre ellos ejercen los países ricos, con el tipo de actuaciones despóticas que hemos conocido a lo largo de las últimas tres décadas. Lo que nos lleva a la cuestión más arriba reseñada: la renta básica no es una medida suficiente para acabar con las injusticias causadas por el actual sistema capitalista. Sin más añadidos, esta afirmación creo que es trivialmente cierta, y por ello muy poco interesante. Es trivialmente cierta, porque es de todo punto irrebatible que, con la renta básica, el sistema capitalista seguiría siendo un sistema capitalista. Quizás se trataría de un sistema capitalista modificado respecto a como lo conocemos hoy, si se cumplieran todas o buena parte de las posibilidades mencionadas en el párrafo anterior. Aún así, seguiría siendo verdad que hacer frente a las inmensas desigualdades que causan la ausencia de libertad para una porción tan mayoritaria de nuestra especie requiere el concurso de otras medidas. Muy distinta cuestión es pretender que ello es un argumento contra la conveniencia de la renta básica.

Notas:

(*) La presente versión de este artículo está ligeramente modificada de la publicada originalmente en la revista Viento Sur.

(1) “’Liberalismo’ es palabra inventada en España en las Cortes de Cádiz de 1812. El liberalismo es un fenómeno histórico del siglo XIX, y es un anacronismo –nada inocente, por cierto, y preñado de consecuencias político-ideológicas— calificar de ‘liberales’ a autores del XVII o del XVIII.” (Domènech, 2009: 27, n61). Los que trabajamos en una facultad de económicas, podemos observar que este anacronismo es permanente. Así, en estas facultades y en multitud de obras académicas, Adam Smith pasa por ser uno de los fundadores del liberalismo o un liberal a secas. ¡Y Smith murió en 1790! Véase, para una explicación detallada de los fundamentos republicanos de la concepción smithiana, Casassas, 2010. (2) Para un mayor desarrollo de este punto y los siguientes, véase Raventós, 2007: ξ 2.4 y 3.5. (3) Para una distinción entre el republicanismo histórico y el neorepublicanismo académico y la principal diferencia entre ambos, véase Domènech y Raventós, 2007. (4) Bertomeu y Domènech, 2006. 5/ Véase, para un mayor detalle de esta argumentación aristotélica, Raventós, 2007: ξ 3.1. (6) “Por lo demás, la tesis de la neutralidad del estado es un invento característicamente republicano, al menos tan viejo como Pericles” (Bertomeu y Domènech, 2006). (7) Lo que ocurre con las grandes transnacionales en el año 2010, por señalado ejemplo. (8) Bertomeu y Domènech, 2006. (9) Raventós y Casassas, 2003. (10) Lo Vuolo y Raventós, 2009. (11) Raventós, 2007: ξ 3.6. (12) Wright, 2006. (13) Para una relación de la tarea militante y voluntaria en general con la actividad autotélica que lleva la recompensa en el desarrollo de la propia actividad (y que, por tanto, es virtuosa en el sentido de Aristóteles), en contraposición a la actividad instrumental, como resulta ser la mayor parte del trabajo asalariado, véase Raventós, 2007: ξ 4.2 y 4.4.

Textos citados:

María Julia Bertomeu y Antoni Domènech (2006): “El republicanismo y la crisis del rawlsismo metodológico (Nota sobre método y substancia normativa en el debate republicano)”, Isegoría, núm. 33, pp. 51-75.

David Casassas (2010): Propiedad y comunidad en el republicanismo comercial de Adam Smith: el espacio de la libertad republicana en los albores de la gran transformación, Barcelona, Ed. Montesinos.

Antoni Domènech (2009): “¿Qué fue del ‘marxismo analítico’? (En la muerte de Gerald Cohen)”.  Sin Permiso, núm. 6, pp. 33-71. En Sin Permiso electrónico:http://www.sinpermiso.info/articulos/ficheros/Cohen.pdf

Antoni Domènech y Daniel Raventós (2007): “Property and Republican Freedom: An Institutional Approach to Basic Income”, Basic Income Studies, Vol. 2:  Iss. 2, Article 11. Hay traducción castellana en Sin Permiso, núm. 4, pp. 191-199.

Rubén Lo Vuolo y Daniel Raventós (2009): “Algunas consecuencias de la crisis económica en Argentina y el Reino de España y la propuesta de la renta básica (o ingreso ciudadano)”, Sin Permiso, núm. 5, pp. 115-129. Y también en Sin Permiso electrónico: “La renta básica: una buena propuesta en tiempos de bonanza, muy buena en tiempos de crisis. Comentario sobre Argentina y el Reino de España”

Daniel Raventós (2007): Las condiciones materiales de la libertad, Barcelona, Ediciones Viejo Topo.

Daniel Raventós y David Casassas (2003): “La Renta Básica y el poder de negociación de ‘los que viven con permiso de otros’”, Revista Internacional de Sociología, núm. 34, pp. 187-201.

Erik Olin Wright (2006): “La Renta Básica como programa socialista”, Sin Permiso, núm. 1, pp. 145-152.

Viento Sur, núm. 108

Opinión

A diez años de Seattle y del primer Foro Social Mundial, el balance que se hace necesario es el de la lucha por “otro mundo posible”. El balance del FSM no debe ser de los foros, sino de los objetivos que se propusieron cuando comenzamos a organizarlos. Otra visión sería víctima del corporativismo, de la creencia de que la evolución interna de una organización es la historia política de esa organización. Un balance del FSM no es un balance de la situación de las ONG o de los movimientos sociales. Por el contrario, éstos deben ser evaluados en función de lo que hayan contribuido a la construcción de “otro mundo posible”.

Por eso, la referencia para establecer como parámetro de análisis es la circunstancia para la creación de “otro mundo posible”. Hace una década, el neoliberalismo reinaba como modelo hegemónico, sea a escala mundial, sea en América latina. De la primera generación de mandatarios que lo personificaban –Reagan, Thatcher– a la segunda –Clinton, Blair– el consenso de la extrema derecha se amplió, absorbiendo a las corrientes alternativas a ella: los demócratas norteamericanos, los laboristas ingleses. Más acá en el continente, al extremismo de la derecha de Pinochet se sumaron formas nacionalistas –como el peronismo de Menem y los gobiernos del PRI mexicano–, así como los socialdemócratas, como los socialistas chilenos, AD de Venezuela y los tucanos brasileños.

Nuestras sociedades fueron profunda y extensamente transformadas de acuerdo con esa receta, los Estados nacionales achicados; los patrimonios públicos privatizados, los derechos sociales recortados, el capital especulativo incentivado. En consecuencia, se generó un aumento brutal de las desigualdades, de la concentración de la riqueza, de la exclusión de los derechos de la mayoría de la población, del empobrecimiento generalizado de las sociedades y de los Estados.

Diez años después, continúa la hegemonía conservadora en el mundo, incluso cuando está debilitada su legitimidad. Una diferencia sustancial se dio en América latina, donde varios gobiernos, con diferencias entre sí, pusieron en práctica políticas contrapuestas al modelo neoliberal, después de haber sido una región de dominio conservador, con la mayor cantidad y las modalidades más radicales de gobiernos neoliberales.

La región presenta hoy los procesos de integración regional más importantes en contraste con los Tratados de Libre Comercio propuestos por el neoliberalismo. El gran proyecto norteamericano, que buscaba extender el libre comercio a todo el continente –el ALCA– fracasó y, en su lugar, se fortaleció el Mercosur, surgieron el Banco del Sur, el Consejo Sudamericano de Defensa, Unasur, el ALBA, entre otras iniciativas. Son espacios alternativos en que se desarrollaron, en distintos niveles, formas de intercambio privilegiado entre los países de la región, acompañadas de la diversificación del comercio internacional de los países que participaron de ella.

Al mismo tiempo, como alternativa al privilegio de los ajustes fiscales se desa-rrollaron políticas sociales que mejoraron significativamente el nivel de vida y disminuyeron los grados de desigualdad en el continente de mayor desigualdad del mundo. Los mercados internos de consumo popular se ampliaron y profundizaron.

La combinación de los tres elementos (diversificación del comercio internacional, con disminución del peso del centro capitalista y el aumento importante del peso de los intercambios del Sur del mundo; intensificación sustantiva del comercio entre los países de la región y expansión, inclusive durante la crisis, del mercado interno de consumo popular) hizo que los países incorporados a los procesos de integración regional resistieran mucho mejor los duros efectos de la crisis y varios de ellos volvieran a crecer.

Por otro lado, los proyectos como los de alfabetización –que hicieron que Venezuela, Bolivia y Ecuador se sumaran a Cuba como países libres de analfabetismo en la región–; de formación de varias generaciones de médicos de pobres en el continente por las Escuelas Latinoamericanas de Medicina en Cuba y en Venezuela –de recuperación de la vista de más de dos millones de personas con la Operación Milagro– demostraron que es en la esfera pública y no en la mercantil donde se recuperan los derechos esenciales.

Los intercambios solidarios dentro del ALBA son ejemplos concretos del “comercio justo” impulsado por el FSM desde sus inicios, en espacios con criterios sobre las posibilidades y las necesidades de cada país en contraposición clara a las normas del mercado, del libre comercio y de la Organización Mundial del Comercio.

Sin ir más lejos, una evaluación del FSM tiene que hacerse en función de sus contribuciones a la construcción de alternativas al neoliberalismo, del “otro mundo posible”. Es también indispensable comprender que ese movimiento pasó de la etapa de la resistencia –predominante en la última década del siglo pasado– a la fase de la construcción de alternativas. Una visión de “autonomía de los movimientos sociales” tuvo vigencia en la primera etapa, pero cuando se intentó extenderla a la década siguiente se cometieron errores.

El movimiento más significativo actual de construcción de alternativas es el de Bolivia: fue la fundación del MAS por parte de los movimientos sociales a partir de la conciencia de que después de derrumbar varios presidentes iban a constituir un partido, a disputar unas elecciones y a elegir como presidente a Evo Morales. Retomaron los lazos con la esfera política a través de la convocatoria a una Asamblea Constituyente, pasando a la refundación del Estado boliviano.

Otros movimientos que mantuvieron una visión equivocada y corporativa de “autonomía” o se aislaron, o prácticamente desaparecieron de la escena política. Esa “autonomía” si fuera –como ocurría anteriormente– en relación con las políticas de subordinación de clases, tenía sentido. Pero si se trata de una autonomía en relación con la política, el Estado, la lucha por una nueva hegemonía, es un concepto corporativo, adaptado a las condiciones de la resistencia, equivocado cuando se trata de construir las condiciones de construcción de hegemonías alternativas.

En el FSM de Belén fue posible constatar, con la presencia de cinco presidentes latinoamericanos comprometidos, con formas distintas de construcción de alternativas al neoliberalismo, cuánto avanzó en tener reconocimiento la lucha que se inició hace diez años. Ya el FSM decepcionó. No se elaboraron propuestas para encarar la crisis económica. No se hicieron balances o discusiones con ésos u otros gobiernos, junto a los movimientos sociales para discutir las contribuciones que tenían y los problemas pendientes.

En suma, al tener a las ONG como protagonistas, al autolimitarse a la esfera social, al cerrar los ojos a los gobiernos que están avanzando en proyectos superadores del neoliberalismo, al no encarar el tema de las guerras –y con ellas, el imperialismo–, el FSM fue perdiendo trascendencia, convirtiéndose en un encuentro para el intercambio de experiencias.

El balance, por lo menos en América latina, de la lucha por “otro mundo posible” es muy positivo considerando el entorno conservador predominante en el mundo. Ya el FSM se quedó girando en falso, sin capacidad de acompañar esos avances en los temas de la hegemonía imperial, entre ellos, los epicentros de la guerra imperial en el mundo –Irak, Afganistán, Palestina, Colombia–.

Emir Sader. Secretario ejecutivo de Clacso.

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Un reciente artículo del profesor John Roemer (Universidad de Yale) argumenta que la solución de los últimos problemas financieros y económicos pasa por cambiar lo que él llama el “ethos social”. Una expresión acertada para reflexionar.

Roemer llega a esta conclusión a partir de una serie de resultados teóricos en economía (merecedores del Nobel) que demuestran que si bien un buen número de objetivos socialmente deseables en creación y distribución de riqueza pueden conseguirse utilizando “reglas del juego” (es decir, esquemas de regulación) adecuadas, el diseño de dichas reglas es tan complicado que esta alternativa se hace inviable desde un punto de vista práctico.

Su propuesta para resolver el problema consiste en: desarrollemos un “nuevo ethos social” que “impulse” el sistema económico a la consecución de aquellos objetivos últimos de manera automática. Según él, las “reglas del juego” (la regulación) necesarias son en este caso más sencillas y por tanto más eficaces y eficientes.

La propuesta es atractiva. Pensar en términos de “ethos social” es más consistente con una sociedad que quiere ser libre y aprender. El aprendizaje que implica mejoraría la convivencia en otras esferas, no solamente en la estrictamente económica. Pero es imposible desarrollar un nuevo ethos social “a golpe de regulación”. Ello plantea preguntas clave sin respuesta fácil: ¿quién la diseña?, ¿quién la aplica?, ¿con qué autoridad (moral y profesional)?

En una sociedad libre es mucho más coherente fomentar la aparición espontánea de un ethos social efectivo en ella misma a partir de unos pocos principios básicos; con solera ética, digamos. Para iniciar un proceso así, sin embargo, es preciso “cebar la bomba” social.

En varios frentes. Primero en la educación, yno sólo en las escuelas de negocios. Segundo, en el ejemplo: no se trata sólo de predicar, sino de “dar cuanto más trigo mejor”. Tercero, en el compromiso, cada cual en su parcela: sin dejar pasar una, socialmente hablando. Por ejemplo, sin contribuir a acrecentar la buena imagen social de malos profesionales, por resultados económicos inmediatos que consigan. Son exigencias para la acción de todos y cada uno de nosotros. Si no actuamos, haremos dejación de nuestra responsabilidad social y por el camino perderemos todo derecho a quejarnos. O actuamos o nos callamos para siempre.

RAFAEL ANDREU y J. M. ROSANAS, profesores del Iese, Universidad de Navarra.

Los viejos partidos de clase o confesionales contaban de forma casi exclusiva con las cuotas y las horas de trabajo gratuito de los militantes para mantener las sedes, organizar los mítines, costear la prensa y pagar las campañas. Pero la dinámica democrática ha convertido a esas asociaciones voluntarias en las verdaderas operadoras del sistema político, situadas en un limbo constitucional equidistante del Estado y de la Sociedad Civil. Los partidos reciben ahora sustanciosos fondos presupuestarios para sus gastos electorales y de funcionamiento; los miles de cargos electos de las diversas Administraciones, designados en la práctica por las direcciones partidistas, son un yacimiento de empleo y de patrocinio controlado por la cúpula de unas organizaciones fuertemente jerarquizadas.

Pese a que la propaganda electoral en los medios de comunicación públicos sea gratuita, las campañas publicitarias rompen el techo máximo de gastos legalmente autorizado. La manifestación primigenia de la corrupción política en las democracias modernas es precisamente la financiación irregular de los partidos, que reciben por debajo de la mesa el dinero necesario para satisfacer su bulimia monetaria a cambio de favores.

La capacidad de gasto conspicuo de los partidos no tiene límites. Los tiempos muertos entre elecciones están cubiertos por una proliferación de caros y vistosos congresos y convenciones. Aumenta así el déficit de la tesorería partidista; y también se amplían los espacios disponibles para la invasión del ámbito público por la iniciativa privada y de las motivaciones altruistas por el afán de lucro. El caso Gürtel ha mostrado cómo esos espectáculos político-circenses -con sus infladas facturas de azafatas, claques, acarreos, alfombras rojas, charangas y banderas al viento- subarrendados por los partidos o por las administraciones públicas bajo su control a empresas privadas suelen añadir la estafa al despilfarro.

La XV Interparlamentaria del PP celebrada en Palma de Mallorca el pasado fin de semana pertenece a ese género de encuentros público-festivos organizados para mantener viva la movilización de los votantes y para ocupar los titulares de los medios de comunicación en los fines de semana de las temporadas bajas. Cualquier asunto es bueno para nutrir la agenda de esos superfluos acontecimientos: por ejemplo, un reciente sondeo realizado en Andalucía, que sitúa al PP casi dos puntos por encima del PSOE tras casi 30 años de ininterrumpida hegemonía socialista, sirvió a los dirigentes populares para elevar la moral de sus militantes como irrefutable prueba del nueve del supuesto vuelco irreversible producido en la opinión pública española.

La amenazadora propuesta avanzada por el Ayuntamiento de Vic (gobernado por CiU, PSC y ERC) para excluir del padrón municipal a los inmigrantes que carezcan de permisos de residencia y de trabajo en España también fue mencionada en su discurso de cierre de la XV Interparlamentaria del PP; el acuse de recibo de Rajoy sonó de manera inquietante, pero la oscuridad y la imprecisión de sus términos impiden conocer hasta qué punto el líder del PP avala la brutal medida -como a primera vista parece- del Ayuntamiento de Vic para excluir a los inmigrantes irregulares de los servicios públicos de salud y educación.

No parece, en cualquier caso, que los planificadores del programa de eventos político-mediático del calendario del PP hayan acertado al elegir como escenario de la XV Interparlamentaria una comunidad batida por los escándalos de corrupción desde la presidencia de Gabriel Cañellas hasta la reciente etapa de Jaume Matas, el último presidente del PP implicado en el escándalo del Palma Arena e investigado judicialmente por la compra personal de un palacete. Parece una provocación o una broma de mal gusto que a las dos semanas de promulgación del Código de Buenas Prácticas del PP, sedicentemente dictado para vigilar “el digno ejercicio de la actividad política” dado que “no es posible exigir regeneración a los demás si previamente no se asume un compromiso de autoexigencia”, Rajoy haya comparecido en Palma como el nuevo Moisés de la ética política. ¿No es una temeridad o un descaro haber mencionado la soga en la casa del ahorcado sin concretar siquiera su apellido y defender a renglón seguido la presunción de su inocencia?

Estamos en año electoral y los partidos van preparando sus agendas de campaña mientras perfilan candidatos y hacen números sobre cómo financiar todo el asunto. El momento exige que no sea una campaña como las anteriores. Y aunque es cierto que todas se parecen y todas son distintas, en este caso deberíamos esperar que los partidos fueran capaces de encontrar pautas para ayudar a la ciudadanía a estructurar un buen diagnóstico sobre el cambio de época en el que nos encontramos y al mismo tiempo ofrecieran salidas consistentes con los valores e intereses que afirman representar. No sé si necesitamos un nuevo Gobierno en Cataluña. De lo que sí estoy seguro es de que necesitamos una nueva manera de hacer política en Cataluña. ¿Se atreverán a admitir que no estamos en una crisis coyuntural?, ¿evitarán prometer que todo volverá a ser como antes?, ¿aceptarán que las cosas son complejas y que ellos sólo pueden ayudar a que entre todos encontremos salidas al laberinto en el que nos hemos ido metiendo?, ¿serán capaces de relacionar la fuerza con que la gente debate el sentido de lo que hace, qué futuro les espera a ellos y a sus hijos, lo complicada que es la vida o cómo encarar las tareas de cuidado en un escenario de competitividad salvaje, con lo que los candidatos transmitan, incorporen y propongan?

Me gustaría ver a políticos menos estereotipados y menos previsibles, más dubitativos y cercanos, menos seguros de sí mismos y, en cambio, más radicales en sus valores. Políticos con trayectorias que sean consistentes con lo que (ahora) afirman, con más sentido de gobierno, pero menos obsesionados por sentarse en él. Políticos y partidos a los que cuando hablan de corrupción y de transparencia no les tiemble la voz pensando en los cadáveres que guardan en sus cajones y rinconcitos de memoria. Partidos y políticos dispuestos a colgar en Internet sus cuentas y que defiendan la transparencia general de las instituciones en las que quieren trabajar. Políticos que reconozcan que se acaba un mundo y que empieza otro, y que no saben muy bien cuál será el papel que les tocará desempeñar, pero que están dispuestos a buscar las salidas colectivas que mejor garanticen los valores que dicen defender.

La desconfianza social con relación a los políticos ha alcanzado cotas nunca vistas. Pero la rabia y el cabreo, si no se logra incorporarlos a procesos transformadores reales, sólo sirven para que los aprovechen millonarios y oportunistas en busca de liderazgos socialmente demagógicos y personalmente rentables. Prometen cambiarlo todo, pero sólo cambia a mejor para ellos y sus compinches. Las previsiones de participación electoral son bajas, y más bajas serán si no se logra conectar irritación con transformación social. No hay salidas fáciles del agujero en el que estamos. Deberíamos encarar el tema de la renovación política y social desde la fuerza de lo común; buscando conectar economía con vida y entorno, educación para todos y para toda la vida; asegurando que Internet sea un arma colectiva de información y comunicación, y no una nueva forma de apropiación privada del esfuerzo colectivo; trabajando para las seguridades colectivas y no sólo para la seguridad de los que la logren presionando o pagando. No hay debate serio sobre soberanía o sobre el derecho a decidir que no incorpore este tipo de cuestiones. Si no somos capaces de exigir la conexión de los temas vitales y estructurales con los temas políticos e institucionales, la confusión será formidable, y en ella navegarán con fruición todo tipo de demagogos y oportunistas. Hablamos del derecho a decidir sobre el futuro de Cataluña como nación, pero no estaría mal que los catalanes y catalanas tengan también la capacidad de decidir sobre su propio futuro, personal y colectivo.

ASUNTOS INTERNOS

Los sociólogos Víctor Pérez Díaz y Juan Carlos Rodríguez, en su comentario sobre la última encuesta de la Fundación de las Cajas de Ahorro, analizan con detalle la llamativa falta de confianza de los españoles tanto en el Gobierno como en la oposición y concluyen que en este momento «el debate público se centra en cómo manejar el presente». Ante la crisis, tanto el PSOE como el PP se inclinan por mantener «el statu quo». Es decir, han decretado el aburrimiento general, dicho en términos menos científicos que los utilizados por los sociólogos. Los datos indican que están logrando sus objetivos, ya que -según todos los estudios de opinión- la gente contempla el debate político con sopor, desgana, cansancio e incluso hartura. El presidente del Gobierno cree que los españoles están tan cabreados por la crisis que hasta se ven más feos, más gordos y más viejos en el espejo. Por eso cree que sus males son pasajeros y que como no hay quien resista mucho tiempo viéndose más viejo, más gordo y más feo, es cuestión de esperar -o de cambiar de espejo- para que sus votantes vuelvan a verse bien. El líder de la oposición está convencido de que los votantes ahora ven a Zapatero más feo, más gordo, más viejo y que por eso le darán el poder a él. Tanto uno como el otro han decidido que lo mejor es no hacer gran cosa, salvo administrar el día a día.

Zapatero tiene en la presidencia de la UE la excusa perfecta para volcarse en los grandes expresos europeos. No hay presidente que se resista a convertirse en el líder no sólo de un país, sino de todo un continente. Es un caramelo demasiado goloso para no apurarlo hasta el final del semestre. Sin embargo, si hablara con sus antecesores en el cargo, le dirían que ni un minuto del tiempo destinado a la preparación de cumbres y reuniones europeas, ni uno solo de los grandes esfuerzos desplegados por los sucesivos gobiernos en las presidencias rotatorias le dio un solo voto a los gobiernos de Felipe González o de Aznar. En el primer semestre de 2002, el entonces Gobierno del PP dedicó el 100% de su tiempo a la UE. Cuando acabó la presidencia, sin darse cuenta, tenía el Ejecutivo hecho unos zorros y fue necesaria una crisis para recuperar el pulso. Zapatero supone que las fotos con Obama -además de una satisfacción personal indisimulada- le servirán para tomar impulso. Aunque tal y como estamos es mucho suponer.

Por contra, a Mariano Rajoy le ha dado por hacerse fotografías muy al estilo Callejeros, un programa de Cuatro en el que salen vagabundos, pobres de solemnidad y habitantes de las barriadas periféricas de las ciudades. Primero se fotografió blandiendo una mata de tomates para denunciar que el Gobierno había cambiado a Aminatu Haidar por un acuerdo hortofrutícola con Marruecos. Después se fue a un comedor social a servir cocido gallego a personas que no tienen para comer. Más tarde lo vimos en EL MUNDO en la cola del INEM, observando a los parados con cara de circunstancias. ¿Quién será el asesor que le recomienda estos posados? Lo que más hay en la cúpula del PP son abogados del Estado y no creo que ninguno de ellos se vea identificado con Callejeros.

© Mundinteractivos, S.A.

Ningún agente social y económico escapa a la fina ironía de Leopoldo Abadía cuando aborda la actual crisis económica. Reclama “alguien que dirija España”, una labor para la que no encuentra el candidato apropiado en el panorama actual. Cree que es necesaria una revolución civil, aunque la sociedad no da muestras de querer hacerse oír.

¿Cómo se explica esa mansedumbre social? “Churchill defendía que hace falta esfuerzo, sangre, sudor y lágrimas, aunque ahora hemos quitado el esfuerzo. Vivimos mucho mejor que hace unos años, pero esto conduce al reblandecimiento. Además, nos hemos acostumbrado a que el Gobierno nos vaya ofreciendo cosas que al final exigimos porque creemos que tenemos derecho a ellas. Por tanto, lo menos importante de esta crisis es lo económico, sino que es un crisis de decencia. Repetir a 46 millones de personas ‘hay que ser decentes’, es un trabajo sine die, pero hay que decir las cosa claras porque de lo contrario exigimos muchos derechos y tenemos pocos deberes”, argumenta este jubilado profesor del IESE. “Ha habido un reblandecimiento social, y si ahora hay que vivir ligeramente menos bien, no pasa nada”.

Los dirigentes del futuro

Los representantes políticos han acordado desarrollar un pacto por la educación, un terreno en el que Abadía se mueve como pez en el agua, no tanto por su condición de docente –trabajo que desempeñado durante 31 años– como por ser padre de 12 hijos. “No debemos preocuparnos tanto de qué país vamos a dejar a nuestros hijos. Lo importante es cómo les formamos, la educación que les damos. No se trata de que nos planteemos de si van a ser ingenieros o mecánicos, eso es secundario. La cuestión es que sean buenas personas, gente decente, que no sean trepas… Cuando oigo que hacen falta más ingenieros y menos economistas, eso es una medida mecanicista. Tenemos que hacer gente más dura, más recia, que son los que liderarán España de aquí a cuatro días. Si no hacemos esto, el futuro va a ser muy feo. Estamos haciendo una panda de niños blanditos y si no lo cambiamos el futuro será dantesco. Con todo, en estos panoramas siempre hay gente que está bien formada”.

A sus 76 años, Abadía vive un momento dulce. “Estoy trabajando como nunca y también me estoy divirtiendo como nunca, porque tengo una independencia absoluta que me permite decir lo que quiera y pedir perdón si molesto. Esto no lo podría hacer si trabajase en una empresa. Hago lo que me da la gana, con lo cual estoy viviendo un momento dulcísimo y lo disfrutaré hasta que dure. Cuando acabe, volveré a casa”. Defiende que las personas de edad se mantengan activas laboralmente. “Cuando veo gente de poco más de 50 años a las que se prejubila, creo que los empresarios deberían pensar en la cantidad de dinero que han invertido en la formación de esa persona y que cuando ya ha adquirido la experiencia necesaria y comienza a devolver lo que se ha invertido en su formación, se les aparta del trabajo. Un chico joven, que ficha por una empresa a los 25 años y que sabe que dentro de otros tantos le van a echar, no tendrá lealtad a la compañía. Es absurdo. Se está desperdiciando mucho talento entre personas de 50 a 60 años”.

Leopoldo Abadía, en una nueva prueba de talento, acaba de publicar La hora de los sensatos (editada por Espasa), en la que propone las solución a la crisis. El eje de su propuesta: el safety car, un coche de seguridad pilotado por un equipo de profesionales honrados.

El PP ha presentado públicamente un código de buenas prácticas con el que pretende “establecer con precisión unas pautas de conducta a las que deben ajustarse los cargos públicos, responsables políticos y profesionales con funciones ejecutivas en la organización”. Puede resultar chocante que el partido que se ha visto afectado por los escándalos más graves de corrupción en los últimos tiempos sea precisamente el que se dota de un instrumento interno definido como “compromiso de autoexigencia” para evitar situaciones de este tipo. Sin embargo, es plenamente coherente con el espíritu de nuestra época: no tenemos más que pensar que los poderes públicos han dado grandes cantidades de dinero a las instituciones financieras que provocaron la crisis económica para que la resuelvan. Con ese mismo planteamiento, no se puede dudar de que el PP es el partido más indicado en la actualidad (como lo hubiera sido hace algunos años el PSOE) para hacer un código de buenas prácticas.

El código establece claramente, en el apartado 7 de su carta de compromisos, “la prohibición de aceptar cualesquiera regalos, atenciones o liberalidades que no respondan, por su importe o causa, a los usos y costumbres sociales”. Incluye también en el apartado 5 de esa carta “el compromiso de actuar públicamente de acuerdo con los principios de integridad, responsabilidad, transparencia, ejemplaridad y honradez”. Teniendo en cuenta igualmente la reciente experiencia del caso Gürtel, el código incorpora unas reglas de contratación interna del partido indicando, entre otras cosas, que “las empresas proveedoras serán informadas de que no podrán realizar atenciones a favor de miembros del partido, advirtiéndolas de que quedarían excluidas de la contratación si contravinieran esta prohibición”.

La lectura del código nos evidencia que el PP ha identificado claramente los problemas y es consciente de la entidad de las corruptelas que se han generado dentro de ese partido con la trama Gürtel. El código es, desde esa perspectiva, una muestra de autocrítica en la que se reconoce que determinados comportamientos no son aceptables en la vida pública y deben dar lugar a una actuación contundente por parte de los partidos para depurar las responsabilidades políticas a que hubiere lugar. En otros términos: el PP parece haber adquirido conciencia de las malas prácticas que se han producido por parte de algunos dirigentes de ese partido y que deberían ser corregidas al resultar absolutamente reprobables.

Pero el código es, de momento, un repertorio de buenas teorías destinadas a limpiar la imagen pública del PP. Ahora bien, una vez elaborado y publicado, será también el espejo en el que el PP deberá mirarse para reconocerse como un partido limpio regido por buenas prácticas. Un espejo que seguirá ofreciendo una mala imagen a la sociedad mientras persista la radical incompatibilidad entre las normas de ese código y las conductas de algunos de sus responsables políticos, que siguen ejerciendo, pese a ello, funciones públicas.

Francisco Balaguer Callejón es catedrático de Derecho Constitucional.