Reggio’s

La evidencia —ahora también entre los propios socialistas— es que Zapatero no tiene escrúpulos políticos ni morales si el objetivo es salvarse a sí mismo.

La humillación de Patxi López es la primera consecuencia del pacto de Zapatero con el PNV para salvar los Presupuestos. La segunda, el mensaje de deslegitimación del pacto PSOE-PP en el País Vasco lanzado desde el Gobierno de la nación. Hay una tercera consecuencia aún más importante, que es el deterioro del liderazgo del propio Zapatero, quien salvará momentáneamente su cabeza este otoño pero llegará en condiciones penosas a las elecciones autonómicas y locales de la próxima primavera.

Una cosa es engañar a la oposición y a los nacionalistas catalanes, o pactar cada semana con un grupo distinto para sobrevivir en el Parlamento; y otra, ningunear a un barón socialista para hacer un pacto cuyo objetivo central es, en las intenciones del PNV, el debilitamiento de López, el ridículo del Gobierno vasco y el bloqueo de los posibles pactos PSE-PP tras las elecciones municipales y forales. Lo que no ven con buenos ojos ni los propios socialistas, que no van a montarle una rebelión a Zapatero pero sí le van a hacer un agujero aún mayor en su autoridad moral y política.

Lo que Zapatero calcula como mal menor —sacrificar a López para evitar las elecciones anticipadas y ganar unos meses para recuperar su imagen y liderazgo— puede ser su mal mayor. La evidencia —ahora también entre los propios socialistas— es que no tiene escrúpulos políticos ni morales cuando el objetivo es salvarse a sí mismo. Ni tampoco principios ideológicos, los que llevan a un auténtico líder al establecimento de unas líneas rojas que no se pueden traspasar, aun a costa de su propio sacrificio político.

O el mal mayor de llegar a las elecciones de primavera con su credibilidad deteriorada también en su propio partido. Con una salvación momentánea que hará más profunda su caída.

EL RUEDO IBÉRICO

Para llegar a viejo no hace falta llevar una vida sana, basta con tener un nieto desahogado que oculte el cadáver del abuelito para cobrar la pensión. Los primeros que se dieron cuenta fueron los japoneses, que estaban bastante mosqueados con tanto veterano de la II Guerra Mundial hasta que una inspección les aclaró que la mayoría criaban malvas pero seguían recibiendo derechos pasivos.

Pero al igual que muchos periodistas no dejan que la realidad les estropee una buena noticia, también hay nietos que no reconocen a la muerte cuando hay que cobrar la pensión. Ha habido casos que mezclaban el más allá con los trabajos manuales, puesto que congelaban (y descongelaban) el dedo del difunto para estampar sus huellas digitales en un documento una vez al mes. Con una buena dosis de falta de escrúpulos y mucho cuidado con los cortes de la luz se han cometido fraudes espectaculares.

En Grecia han aprendido de Japón y tampoco se creen que el censo de longevos supere la barrera de los cien años de una manera tan abultada. La Hacienda helena sospecha que algunos de los pensionistas más veteranos pudieran participar en la batalla de las Termópilas y seguir cobrando una pasta gansa del erario, ni un mal catarro ha podido con ellos. No ha colado que alegaran que el pariente luchó junto al general Temístocles y aún estuviera con vida. No creen que todo se deba ‘al groña que groña’ del yogur y sospechan que algo de trampa hay detrás de unos falsos centenarios a los que nadie conoce. Con la excusa de que el abuelito está cansado y no sale a la calle, algunos viven del cuento que en este caso se puede traducir del griego como ‘llevárselo muerto’ sin ningún género de contemplaciones.

Esta sociedad, donde a los mayores se les recluye en centros para que no estorben en casa, y se esconde a los ancianos porque no resultan estéticos, ha encontrado una manera de hacer rentable su condición. Visto lo ocurrido en Japón, y en Grecia, quizá cuando Celestino Corbacho acabe de crear esos innumerables cursos de formación (para desviar la cifra de parados), pueda fundar una brigada de inspectores de centenarios españoles. Tal vez nos encontremos con algunas sorpresas porque a efectos de cobrar la pensión todavía siguen vivos los últimos de Filipinas, y según sus parientes con una salud extraordinaria, hechos unos chaveas, unos pimpollos de la tercera edad que se lo gastan todo en cremas.

La Ley de Transparencia debe acabar con la opacidad de la Administración y los políticos

Habría menos corrupción si hubiera más transparencia: si los poderes públicos estuvieran obligados a facilitar los documentos sobre la utilización de fondos públicos, contratos urbanísticos, actas de reuniones, contenido de dictámenes pagados a precio de oro y otras informaciones a cualquier ciudadano que lo solicitase. También habría menos falsos debates.

No es una utopía: las deliberaciones de la Reserva Federal de EE UU son públicas unas semanas después de producirse, lo que permite conocer el fundamento de sus decisiones, y el Gobierno de Reino Unido ha tenido que facilitar el coste de los coches oficiales que utilizan sus miembros. Pero no es una práctica espontánea: han tenido que aprobarse leyes que obligan a las administraciones a facilitar la información que se les solicite para que se rompa la tendencia espontánea de todo poder a la opacidad. España se sumará pronto a los países que cuentan con una legislación de ese tipo.

La Ley de Transparencia y Acceso de los Ciudadanos a la Información Pública se incorpora con retraso. Casi todos los países de la UE tienen normas que obligan a las administraciones y todo tipo de fundaciones y organismos financiados con fondos públicos a responder a las demandas de información de los ciudadanos. Zapatero llevaba en su programa de 2004 el compromiso de hacer lo mismo, y su partido lo reafirmó con énfasis en una ponencia de su 37º congreso, en 2008. Finalmente, existe ya un anteproyecto que está previsto someter al Consejo de Ministros en su primera reunión tras las vacaciones.

El texto, cuyas líneas maestras adelantó ayer EL PAÍS, sigue las recomendaciones del Consejo de Europa, empezando por el principio de que la norma es la publicidad de la información, y la excepción, las restricciones a facilitarla. Es decir, lo contrario de lo que ha venido siendo habitual. Un efecto de ese principio es acabar con la práctica de pedir explicaciones a quien pregunta: para qué quiere esa información. El ciudadano no estará obligado a justificar su demanda, mientras que será la Administración afectada la que tendrá que motivar, en su caso, su negativa a responderla.

Y las causas para hacerlo están tasadas. Las limitaciones principales son las relacionadas con la seguridad nacional, la prevención de actividades criminales, los secretos comerciales y la protección de la intimidad. En conjunto parece una norma que respeta los principios de sencillez en el procedimiento, rapidez y gratuidad, sin los que el derecho proclamado sería papel mojado. Ese derecho es universal, de cualquier ciudadano, incluyendo, por supuesto, a los periodistas.

Es de esperar que la nueva ley acabe con la opacidad de la Administración y los políticos, que se resume en esa costumbre de que, cada vez que aparece una información comprometedora, su reacción sea averiguar quién la ha filtrado y no si es verdadera y quién es el responsable del hecho denunciado.

No digamos ya “si preocupa” sino si, simplemente, “interesa”, estadio anterior al de la posible preocupación. Yo mismo siento una cierta prevención al abordar este tema porque, en el fondo, pienso que a muy pocos interesa y, menos, preocupa. Uno tiene la impresión, puramente intuitiva, de que lo que podemos definir como “umbral de permisividad” de la sociedad española en este tema ha aumentado. Dicho de otra manera, que el ciudadano de a pie se ha hecho más “consentidor” con los corruptos, seguramente por hastío y por considerar que todo intento de cambio son ganas de perder el tiempo y que hay otros asunto más importantes y urgentes. No hay como repetir un tema, insistir en el mismo para que la saciedad lleve al estado de indiferencia, ni siquiera de rechazo. Esto puede ser compatible con la percepción que revelan recientes encuestas de los políticos como tercera preocupación de los ciudadanos, algo nuevo.

Porque lo que está claro es que la plaga de la corrupción sigue presente en la vida española, lo que se refleja en informes internacionales como los de International Transparency. Muy mala tarjeta de presentación. Una vez creada una percepción, que además responde a una realidad, combatirla y cambiarla requiere muchos esfuerzos y, siempre, mucho tiempo. Y como elemento clave, el firme propósito de acabar con esa situación, algo que en nuestro país brilla por su ausencia en todos los estamentos más directamente responsables desde los tres poderes del estado hasta  partidos políticos, medios de comunicación y grandes empresarios. A ese esfuerzo se debe sumar el ciudadano, por muy escéptico que sea, porque sólo con presión desde abajo, el problema puede ir encontrando solución.

Nos estamos refiriendo a la corrupción en la vida política, en la vida pública, en las instituciones del estado. (Hay también, por supuesto, una amplísima corrupción estrictamente privada, de mil formas, sobre todo en estamentos empresariales poderosos, pero eso no es nuestro objeto ahora.) En ese nivel, la culpa no es sólo de “los políticos” como habitualmente se dice. En toda acción corrupta hay siempre dos partes, normalmente una pública y la otra, privada. Lo hemos visto  recientemente en el caso Millet, en el otrora “oasis catalán”, cuando ha aparecido en la trama, por fin, una empresa constructora muy importante, Ferrovial. Parece claro que, aparte del robo reconocido hasta ahora sólo en una mínima parte por Millet y colaboradores, estamos en un típico caso de financiación ilegal de un partido, en este caso Convergencia. La respuesta de su dirigente máximo, Artur Más, ha sido la de siempre en casos similares: negar todo, pese a los abrumadores indicios. Por su parte, el juez instructor del caso permite que Millet, presunto desfalcador de más de treinta millones de euros, se pasee tranquilamente por las calles. Uno y otro, dirigente político y autoridad judicial están mandando un mensaje que el ciudadano de a pie interpretará así: aquí, como siempre que hay poderosos y políticos, no pasará nada, triunfará la impunidad. Este es el concepto clave: mientras haya impunidad, no hay nada que hacer.

No va nada desencaminado ese ciudadano de a pie a la vista de lo ocurrido todos estos años. El resultado será ese aumento social de la permisividad, la indiferencia absoluta, el convencimiento de que no hay nada que hacer y, al final, incluso el voto a favor de los corruptos. En suma, la degradación democrática amparada con la autojustificación de que “todos son iguales”, lo que es una gran mentira. No todos son iguales, la mayor parte son elementos sanos y en ellos hay que apoyarse para una regeneración imprescindible para nuestra, en muchos aspectos, deteriorada democracia.

Nota biográfica

Hasta el 23 de julio del año pasado se suponía que el Palau de la Música Catalana era una entidad dedicada, como su nombre indica, a promover y difundir actividades musicales. Sin embargo, algunos, pocos y muy escogidos, sabían que esta no era esta su única finalidad, sino que sus objetivos también eran otros, secretos, ocultos, inescrutables.

Desde aquel 23 de julio nos hemos ido enterando del enriquecimiento ilegítimo de las familias Millet y Montull, que en seguida confesaron, de forma sospechosa, una pequeña parte de lo que se embolsaron. Después los cálculos han superado todas las previsiones: según la firma auditora Deloitte el total defraudado en los últimos años ascendía a algo más de 35 millones de euros, una cifra realmente astronómica para pasar tan desapercibida. Esta semana hemos sabido que, según la Agencia Tributaria, 5,9 millones de euros se canalizaron a través del Palau a la fundación CatDem, de Convergència Democràtica, que antes del caso Millet se denominaba Trias Fargas y a la cual, también sospechosamente, le fue cambiado rápidamente el nombre. Es decir, el Palau se dedicaba a actividades musicales pero también servía de pantalla para ocultar fines menos honorables: enriquecer a sus máximos gestores y probablemente financiar a CDC.

Nadie puede asegurar cómo afectará este nuevo escándalo al resultado de las próximas elecciones autonómicas. Algunos dicen que los casos de corrupción inciden poco en el voto, menos aún en el voto a los partidos conservadores. El caso Gürtel en Madrid y Valencia no parecen, según las encuestas, estar influyendo en los votantes del PP.

Pero quizás en las elecciones catalanas la repercusión del caso Palau vaya en un sentido distinto. Al fin y al cabo, no es un caso de corrupción cualquiera, sino que tiene una connotación muy específica que puede influir en el resultado electoral.

Que un tal Correa y un tal Bigotes, con la pinta que tienen, monten una trama de corrupción de altos vuelos en la que se ven implicados algunos personajes importantes del PP es algo que no excusa la responsabilidad del partido en cuyo nombre actuaban pero, en todo caso, no afecta a instituciones emblemáticas para los miembros de este partido.

Ahora bien, que un partido nacionalista catalán, que pretende ser el reflejo de las esencias de Catalunya, utilice una institución tan simbólica, en cierto modo sagrada, como es el Palau de la Música, para canalizar fraudulentamente en provecho propio el importe del 4% de la obra pública que la Generalitat otorgaba a la empresa Ferrovial es una vergüenza que no puede dejar indiferente a nacionalistas honestos. ¿Quién puede confiar en dirigentes que se llenan cada día la boca con el nombre de Catalunya y después, sin ningún escrúpulo, se aprovechan ilícitamente de uno de sus más sagrados símbolos? En otros tiempos se les llamaba fariseos.

TRIBUNA

Según el último documento del Instituto de Estudios Fiscales sobre Opiniones y Actitudes Fiscales, quienes tienen controladas sus rentas son cada vez más honestos porque carecen de oportunidades para ocultar sus ingresos. Por tal motivo, los ciudadanos atribuyen la mejora del cumplimiento fiscal al actual sistema de retenciones y al control de la inspección. Opinan así mismo que la principal causa del fraude es la impunidad de los defraudadores aunque existen otros dos factores con una importancia decisiva: la falta de honradez y de conciencia cívica y que los impuestos son excesivos.

Es decir; los impuestos se pagan por obligación y no por convencimiento y quienes cumplen lo hacen por imposibilidad material de ocultar sus ingresos. Se me dirá sin duda que he simplificado mucho e incluso sacado de contexto tales conclusiones. A pesar de ello, creo, sinceramente, que no hago más que resumir un sentir de no pocos ciudadanos.

Es innegable que los impuestos son una obligación que se nos impone y que, como tal, genera rechazo. Sin embargo, lo cierto es que en nuestra educación familiar, escolar y universitaria no se fomenta el deber cívico del pago de impuestos, su razón de ser ni su esencial función redistributiva. Si a la ausencia de esa imprescindible educación le añadimos la ausencia de ejemplaridad social por parte de quienes se supone han de ser nuestros referentes en el ámbito público y privado, es obvio que la opinión de los ciudadanos de a pie, digámoslo una vez mas, de las rentas bajas y medias, sea de verdadero desasosiego. Ante este triste panorama, no es de extrañar que la normativa sea nefastamente prolija, excesiva en prever cautelas innecesarias, asfixiante en niveles de presión fiscal indirecta e incalificable en cuanto a la dureza de su régimen sancionador; circunstancias, todas, que no evitan la percepción de que ese perverso sistema no consigue que paguen impuestos quienes realmente más tienen y, por tanto, quienes más facilidades tienen para deslocalizarse, evadir capitales o eludir la tributación en España.

Pero sin una verdadera educación en ese deber cívico, una exquisita ejemplaridad de quienes nos gobiernan y gozan de un reconocido prestigio social, una lucha ejemplar contra el fraude fiscal, una verdadera política de prevención contra el fraude y de relación sincera con el ciudadano, unas normas sencillas y justas, y sin un verdadero equilibrio entre los derechos de la Administración y del administrado, es imposible avanzar hacia una sociedad mas justa.

Hay que combatir el fraude desde el profundo convencimiento del deber cívico de contribuir, de su innegable componente ético en nuestra escala de valores como sociedad; desde la convicción de que la justicia radica en la redistribución de la riqueza; y, en definitiva, desde el ejemplo de una sociedad que excluye a quienes defraudan.

Antonio Durán-Sindreu Buxadé.  Profesor de la UPF y socio director de Durán-Sindreu, Abogados y Consultores de Empresa.

Según consta en el sumario Gürtel: “Francisco Correa creó una estructura empresarial con una base en la empresa Special Events, la cual organizaba eventos de carácter político para el PP a nivel nacional (…). Estas relaciones le permitieron tener negocio para las sociedades dedicadas a la organización de eventos en aquellas administraciones públicas gobernadas por personas pertenecientes a dicha formación política por la actuación directa de los responsables políticos correspondientes”. Durante mucho tiempo, hablar de corrupción ha significado hablar de urbanismo. Y, aunque en el sumario Gürtel se investigan operaciones urbanísticas, la novedad de la trama es la incorporación de la publicidad, la organización de eventos e inauguraciones como un negocio muy lucrativo para los amigos, por supuesto del PP.

La publicidad presenta muchas ventajas y pocos inconvenientes para hacer trampas. Las empresas no necesitan gran infraestructura, inversión o conocimientos. Sólo contactos. Y aunque haya concurso, es difícil evaluar objetivamente el diseño de una campaña –¿cuánto cuesta una idea?, ¿cómo se valora?–, y el producto es intangible.

Son muchos los recursos públicos que se han consumido en publicidad desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid desde que Esperanza Aguirre es presidenta. Desde 2003, la cifra de gasto “oficial” en publicidad y propaganda es la más alta de todos los gobiernos autonómicos. Gran parte ha sido para vender monopolios: Metro, Canal, Turismo. Y han sostenido a los medios más ultras: Intereconomía, Libertad Digital, Popular TV o Veo TV, cumpliendo una doble función: colocar la píldora ideológica a la vez que se les sostenía económicamente. Todo ello sin contar el gasto en eventos, inauguraciones y actos oficiales. Todavía no se ha podido concretar la cifra de “negocio” que la Gürtel ha recibido de estos contratos de publicidad. El sumario estima que sólo de los actos organizados por el Gobierno de Aguirre (a los que hay que añadir los contratos otorgados por otros ayuntamientos del PP) supera los tres millones y medio de euros.

En Madrid, la Gürtel ha tenido tres vías de acceso a los contratos de publicidad. La primera, los eventos e inauguraciones que se adjudicaban directamente a través de contratos menores –violando la normativa de contratación, según el sumario–. El ejemplo más claro es el acto de homenaje a las víctimas del 11-M en 2004. Más de 141.000 euros, que obligarían a un concurso, convertido en 15 contratos menores adjudicados directamente a Francisco Correa y su marca de ese momento: Down Town Consulting. Así se evita el concurso y la libre concurrencia: adjudicación a dedo.

Pero cualquier evento era propicio, ya fuera la visita de Bill Gates, la toma de posesión de la presidenta, la medalla al mérito ciudadano, las galas de cultura o el ascenso del Getafe. Repartirlos además por las distintas consejerías aseguraba no llamar la atención de los interventores, encargados de velar por la legalidad de los contratos y que sólo ven la parte de su consejería. Por tanto, el fraude de ley está planificado desde arriba para beneficiar a la trama.

La segunda vía, más sustanciosa, es la contratación millonaria de creatividad publicitaria y de compra de medios para campañas. Sólo la Agencia Carat, a la que estaba vinculado el ex portavoz del Gobierno Aznar Miguel Ángel Rodríguez, recibió más de 42 millones de euros en 2006 y 20 millones en 2007, la mitad de los cuales con contratos del Canal. Pero también se pagan campañas que no se realizan: nadie recuerda un anuncio, un vídeo o alguna inserción de prensa de “Made in Madrid”, adjudicada a MQM, o la de Autónomos, adjudicada a Over MC. Sólo estas dos campañas costaron a las arcas madrileñas 3,5 millones de euros en 2006, poco antes de las elecciones. La contratación de esta publicidad siempre se hace desde otros organismos del Gobierno, sobre los que casi no existe control político, a diferencia de lo que ocurre en las consejerías, y con marcas blancas no vinculadas societariamente a Correa, que luego no tienen problema para ser proveedoras de las campañas del PP.

Y la tercera forma son las cláusulas de hospitality de las grandes obras. A través de esta cláusula se reserva parte del presupuesto de la obra para protocolo y publicidad. Es más sofisticada, porque puede dar la impresión de que estos gastos van por cuenta del contratista, aunque sigue formando parte del presupuesto de la obra que pagamos todos. Ahí es más amplio el margen de discrecionalidad del Gobierno, porque puede señalar al contratista la empresa de publicidad sin fiscalización ni contrato. Un ejemplo: la puesta de la primera piedra de la Ciudad de la Justicia (casi 1,5 millones), en la que terminó apareciendo una constructora imputada.

En definitiva, es una trama pensada, planificada y puesta a funcionar con la imprescindible participación del gobierno de la Comunidad de Madrid. Por eso hay un viceconsejero de Presidencia, Alberto López Viejo, con los suficientes poderes como para repartir y señalar los contratos, una estructura de partido que permite desde Génova contactar con alcaldes, una Intervención General de la Comunidad designada como cargo político dispuesta a mirar hacia otro lado, un Parlamento cerrado por el rodillo del PP para que no se profundice con retrasos y obstáculos a la oposición a la hora de ver los expedientes.

El modus operandi de Correa en Madrid es una prueba contundente de cuál ha sido su objeto: el saqueo de las cuentas públicas.

Reyes Montiel es diputada de IU en la Asamblea de Madrid

El “caso Bettencourt” que zarandea Francia con su vendaval de arrestos, odios familiares, cheques ocultos, grabaciones furtivas, fechorías fiscales y donaciones ilegales al partido del Presidente Nicolas Sarkozy, está hundiendo el país en una profunda crisis moral.

Liliane Bettencourt, una de las mujeres más ricas del planeta, poseedora de una fortuna de 17.000 millones de euros y propietaria del imperio de cosméticos y perfumes L’Oréal, se halla en el epicentro de un alucinante culebrón devenido asunto de Estado. Unas conversaciones robadas en su domicilio revelaron que el ministro de Trabajo, Eric Woerth, usó de su influencia (cuando era ministro del Presupuesto, y por consiguiente responsable de la administración fiscal) para obtener que su esposa, Florence, fuese contratada por la multimillonaria -con un salario anual de 200.000 euros- para administrar su fortuna… De paso, Eric Woerth, que también era tesorero del partido del Presidente, percibió presuntamente donaciones de decenas de miles de euros (1) para financiar la campaña electoral de Sarkozy… A cambio, se sospecha que el ministro hizo la vista gorda sobre una parte del patrimonio oculto de la dueña de L’Oréal: por ejemplo, varias cuentas millonarias en Suiza y una isla en las Seychelles valorada en unos 500 millones de euros…

Este asunto, de por sí bochornoso, adquiere mayor morbo en la medida en que Eric Woerth es el encargado de conducir la dura reforma de las jubilaciones que castigará a millones de asalariados modestos. En un ambiente de fuertes tensiones sociales y de motines de desclasados en los guetos urbanos, el “caso Bettencourt” está reactivando el viejo litigio entre las elites y el pueblo común. “El clima de la sociedad, advierte el filósofo Marcel Gauchet, se halla hoy impregnado de revuelta latente y de un sentimiento de distancia radical hacia los dirigentes” (2).

Francia no es la única democracia carcomida por la corrupción de algunos políticos y por la permanente confusión que muchos de ellos mantienen entre cargos públicos y beneficios privados. Está aún fresco en las memorias el escándalo de los abusos de los gastos parlamentarios a expensas de los contribuyentes, ocurrido en el Reino Unido y que, junto con otras causas, provocó el descalabro de los laboristas en las elecciones del 6 de mayo pasado. O el de la Italia de Silvio Berlusconi en donde, casi veinte años después de la operación mane pulite que decapitó a gran parte de la clase política, la corrupción, a modo de metástasis, vuelve a extenderse ante la impotencia de una izquierda paralizada y sin ideas. El Tribunal de Cuentas italiano, en su último informe, establece que los delitos de corrupción activa de los funcionarios públicos aumentaron el año pasado en más de 150% (3). Y qué decir de España, agobiada por los múltiples casos de corrupción de cargos públicos asociados a los “señores del ladrillo” enriquecidos por las  delirantes políticas urbanísticas. Sin hablar del esperpéntico “caso Gürtel” que sigue coleando.

A escala internacional, la corrupción alcanza hoy, en la era de la globalización neoliberal, una dimensión estructural. Su práctica se ha banalizado igual que otras formas de criminalidad corruptora: malversación de fondos, manipulación de contratos públicos, abuso de bienes sociales, creación y financiación de empleos ficticios, fraude fiscal, disimulo de capitales procedentes de actividades ilícitas, etc. Se confirma así que la corrupción es un pilar fundamental del capitalismo. El ensayista Moisés Naím afirma que, en los próximos decenios, “las actividades de las redes ilícitas del tráfico global y sus socios del mundo ‘legítimo’, ya sea gubernamental o privado, tendrán muchísimo más impacto en las relaciones internacionales, las estrategias de desarrollo económico, la promoción de la democracia, los negocios, las finanzas, las migraciones, la seguridad global; en fin, en la guerra y la paz, que lo que hasta ahora ha sido comúnmente imaginado” (4).

Según el Banco Mundial, cada año, en el planeta, los flujos de dinero procedentes de la corrupción, de actividades delictivas y de la evasión de fondos hacia los paraísos fiscales alcanza la astronómica suma de 1,6 billones de euros… De ese montante, unos 250 000 millones corresponden al fraude fiscal realizado anualmente sólo en la Unión Europea. Reinyectados en la economía legal, esos millones permitirían evitar los actuales planes de austeridad y ajuste que tantos estragos sociales están causando.

Ningún dirigente debe olvidar que la democracia es esencialmente un proyecto ético, basado en la virtud y en un sistema de valores sociales y morales que dan sentido al ejercicio del poder. Afirma José Vidal-Beneyto, en su libro póstumo y de indispensable lectura, que cuando, en una democracia, “las principales fuerzas políticas, en plena armonía mafiosa, se ponen de acuerdo para timar a los ciudadanos” (5) se produce un descrédito de la democracia, una repulsa de la política, un aumento de la abstención y, más peligroso, una subida de la extrema derecha. Y concluye: “El gobierno se corrompe por la corrupción, y cuando hay corrupción en la democracia, la corrompida es la democracia”.

Notas:

(1) En Francia, la ley de financiamiento de los partidos políticos del 11 de abril de 2003, limita las donaciones de las personas físicas a 7.500 euros al año.

(2) Le Monde , París, 18 de julio de 2010.

(3) Clarín , Buenos Aires, 17 de febrero de 2010.

(4) Moisés Naím, Ilícito , Debate, Madrid, 2006.

(5) José Vidal-Beneyto, La corrupción de la democracia , Catarata, Madrid, 2010.

SABATINAS INTEMPESTIVAS

Lo que retrata a una sociedad no es que el matemático ruso Gregori Perelman diga al Instituto Clay de Estados Unidos que se metan su premio de un millón de dólares donde les quepa y que le dejen tranquilo. Lo que nos retrata son la galería de argumentos, razones, explicaciones, deducciones, perversidades, hipótesis y mentiras que nos gastamos con tal de encontrarle algo oculto al tal Perelman, cuanto más humillante mejor, que nos facilite superar la irritación ante algo que nos sobrepasa. ¿Acaso hay algún lego capaz de explicar, no ya demostrar, la conjetura de Poincaré? Eso es lo de menos. Pero decir que no a un millón de dólares no puede tener en nuestra sociedad más que dos explicaciones. La primera y más obvia es la chaladura, pero es tan vulgar como razonamiento que no vale para gentes acostumbradas a encontrarle la tramoya a las cosas. Se necesita algo de mayor fundamento. Y quien busca encuentra. La venganza es la favorita. La venganza como manifestación del resentimiento. Dice no al millón de dólares porque en una ocasión, o en varias, etcétera, etcétera.

¡Vive con su madre! Uy, Freud asoma la cabeza. ¡No le admitieron en la Universidad de San Petersburgo! Conflicto típico con la burocracia académica. ¡Tiene una relación desdeñosa con el dinero! Algún problema de adicciones; al juego, o quizá al alcohol. Podríamos seguir así hasta el infinito, porque la miseria humana no tiene límite y nuestra exigencia de argumentos es tal, que provoca una ansiedad desvergonzada. Es el momento en que aparecen los teóricos del apaño: entienden que rechace el premio pero le ofrecen una oportunidad de utilizar el dinero en una causa justa o una necesidad apremiante. Hay tantas causas justas y tantas necesidades apremiantes. Es la línea que, una vez transitada, convierte al protagonista del rechazo en un tipo peligroso, en un asocial.

¿Puede una persona normal decir que se metan su puto dinero en el culo y que no le incordien? No. Entre otras cosas porque si fuera normal no le darían un premio como ese. Pero imaginemos que sí y que lo primero que ha pensado es en lo que está bullendo en su cabeza, lo que constituye de por sí una singularidad, y que no le apetece tener que plantearse darle las gracias al Instituto Clay – ya sea de Estados Unidos o de Islandia-, hacer los viajes de rigor, como premiado, dar las conferencias a que obliga el galardón. ¿Acaso no le han oído? ¡Ha dicho que no le molesten! ¿No es suficiente?

No lo es, porque si bastara con un argumento tan obvio nos cuestionaría la sociedad en la que vivimos. La educación nos enseña desde hace décadas que el objetivo de toda formación es vivir bien. Luego están las rarezas, pero el principio básico es ese. Y no existe otra garantía de ese buen vivir que tener dinero. Si no lo tienes, o no tienes lo suficiente, debes blindarte ante la inseguridad, y el único procedimiento conocido es el de empeñarte en seguros de pensiones que te otorguen la conciencia de que a pesar de no ser rico tienes tu vida asegurada. Esa es la condición que diferencia a un rico de quien no lo es. No puedes asegurar un trabajo, ni siquiera una profesión, pero sí puedes asegurar tu futuro, siempre y cuando no dejes de pagarlo en presente. Un mecanismo diabólico pero tan obvio que el más simple de los empleados bancarios te lo puede explicar y sonreírte.

La enseñanza no está pensada para aprender a vivir, sino para proporcionarte una manera de ganar el dinero suficiente para que puedas vivir. Por tanto, si alguien rechaza un millón de dólares tiene que tener una razón obvia para hacer tal disparate. Desprecia el dinero, porque tiene serios problemas mentales. O algo le ha ocurrido en el pasado que le condiciona a provocar el escándalo de rechazarlo.

O es aventamiento o es maldad. O las dos cosas. Lo único que no se considera es que sencillamente se la bufe el premio, el millón, el Instituto Clay, la fama, la gloria y todo lo que no sea lo que le interese, que por cierto nadie ha osado preguntarle, y que podría ser sencillamente nada. Vivir con su madre y soportarse a sí mismo, tarea ingrata por más ineludible que sea.

No sé desde cuándo, pero no hay ya literatura de formación. Y si la hay yo no la conozco. Me refiero a aquella literatura sobre la que se construyó la Ilustración, en el XVIII, y que tanto influjo tuvo en el romanticismo alemán y en otros, según la cual se estaban dando pautas para la creación de un individuo libre. Nada que ver con ñoñerías clericales ni tratados de urbanidad – por cierto, que si alguien preguntara a un estudiante hoy sobre qué es urbanidad, inevitablemente se referiría al urbanismo; el salto de urbanidad a urbanismo a lo mejor resume casi un siglo de civilización; perdimos la urbanidad y llegó el urbanismo-. Pienso en el Walden de Thoreau, por ejemplo, una antigualla. Hoy un libro así resultaría inquietante y no recomendable para jóvenes aspirantes a futuro plan de jubilación. Demasiada personalidad, y eso hoy en día no es bueno. Ni siquiera en los negocios. Las escuelas están pensadas para domeñarla.

De ahí el valor de un tipo como el matemático Gregori Perelman, de 43 años. Los matemáticos grandes suelen envejecer mal, les ocurre lo que a ciertos concertistas que se iniciaron como niños prodigio y a los que la exigencia social descoloca absolutamente. El caso de Glenn Gould podría ser un clásico, pero hay más. Por eso la gente adoraba al gran Rubinstein, porque hacía lo que ellos querían – eso sí, a unos precios de excepción-,pero la gente rica y culta está dispuesta desde siempre a pagar lo que sea menester. Un millón de dólares por ejemplo, pero no a que la rechacen. Eso les resulta insoportable y exige de los medios de comunicación, siempre atentos y serviciales, que demuestren como sea la paranoia o la maldad, pero sobre todo, que vulgaricen la provocación hasta hacerla verosímil. ¡Pobres vecinos de Perelman! Estarán hasta más arriba del gorro de soportar el acoso de los grandes reporteros y sus alcachofas mágicas. O quizá no, y para algunos sea la manera de obtener recursos y ocupar esos minutos de gloria mediática que forman parte de los nuevos derechos de la persona y del ciudadano.

El ejemplo de los músicos no esa humo de pajas. Es tan insólito encontrar a alguien que diga no al agasajo del poder – esa curiosa sumisión que nos resulta tan simpática, común y hasta conmovedora-,que el caso Jean Gillou ha sido acogido en Francia como lo hubiera sido aquí, con esa irritación desdeñosa que se empeña en buscar el motivo del rechazo en la humillación y la bajeza. ¡El viejo Gillou es tan vanidoso que despreció la Legión de Honor! En el mundo de la música de órgano, y de la música en general, Jean Gillou ha sido más que una figura, casi una institución. Otro niño prodigio que a los 12 añitos ya era un genial concertista, y nada menos que de órgano. “¿A qué carajo vienen estos gilipollas a concederme la Legión de Honor, a mis 80 años, si tienen un desprecio absoluto hacia la música clásica, hacia mí, y hacia todo lo que puedo representar?”. Más o menos esto debió de pensar, con el añadido de unas frases demoledoras sobre los gustos de la clase política, que siempre preferirá cualquier chiquilicuatre de la canción de moda antes que a un tipo que trabaja lo que Gillou denomina música inteligente.

Como hay muy escasos precedentes de desdeñar la gloria patriótica de la Legión de Honor, el asunto se ha tratado con esa discreción cómplice de los países con manías de grandeza. ¿Por cierto, quién rechazó durante el franquismo la medalla de Isabel la Católica o cualquiera de aquellos galardones que concedía el Régimen? Sé de quien los ha hecho desaparecer de su currículo. ¿Cómo hubieran reaccionado los medios de comunicación ante un rechazo? De manera muy parecida a la de ahora; habrían denunciado el afán de protagonismo, el resentimiento o las ganas de hacer la puñeta. En el fondo siempre late eso que ha sacado a flote el gesto del matemático Perelman. Decir que no es como una humillación para una sociedad complaciente. Nos pone en evidencia.

La próxima sabatina saldrá el primer sábado de septiembre

El caso Gürtel sigue dando regularmente noticias acerca de las actuaciones judiciales que se siguen en Madrid (las de la Comunitat Valenciana parecen ir a un ritmo más lento), aunque la crisis económica y otros asuntos de actualidad las han hecho pasar a un segundo plano. Nos vamos acostumbrando al paisaje tenebroso de la corrupción, integrando en él irregularidades administrativas y políticas que por sí solas habrían provocado, en cualquier otro país europeo de tradición democrática, una renovación completa de los cuadros dirigentes afectados.

Aquí, sin embargo, todo es diferente, porque, cada vez que alguna de esas irregularidades llama la atención de la opinión pública, el PP comienza con su letanía de acusaciones a jueces, fiscales y policías para dar a sus votantes la coartada moral que necesitarán en las próximas convocatorias electorales. Mientras tanto, la sospecha de un posible caso de financiación ilegal cobra cada vez más fuerza, porque las dimensiones que ha alcanzado el caso Gürtel difícilmente se pueden explicar con la hipótesis de una suma de comportamientos individuales de sujetos corruptos.

La financiación ilegal de los partidos afecta negativamente al pluralismo político, que es un valor esencial de nuestro sistema (artículo 1.1 de la Constitución), porque rompe las reglas del juego que vinculan a todos los partidos, situando a algunos en mejor posición para competir. Además, va unida de manera natural a la corrupción política. No sólo porque los que financian exigen contraprestaciones que rompen los principios en los que debe basarse la actuación pública, sino porque las personas que se han dedicado a recaudar los fondos de manera ilegal suelen tener la tentación de quedarse con una parte.

La vertiente judicial del asunto parece, en todo caso, cada vez más complicada para el PP. Al menos en el proceso que se sigue en Madrid, sólo un milagro podría salvar a los implicados de una instrucción concienzuda y meticulosa. Ese milagro se produjo hace algunos años en el caso Naseiro y su resultado final ha sido el Gürtel. La corrupción se ha extendido como una marea negra que afecta a un gran número de cargos públicos del PP en diversas comunidades autónomas y a nivel estatal. Si ahora se produce otro milagro, ya no habrá freno alguno para futuras tramas de corrupción política.

Francisco Balaguer Callejón. Catedrático de Derecho Constitucional.

Conocí en los años setenta a un modesto albañil que, a base de talento natural y esfuerzo, logró hacer una considerable fortuna construyendo pisos en el sur de Madrid. El buen hombre regresaba  cada verano a su pueblo conduciendo orgulloso su Mercedes Benz y presumiendo de su nueva condición de hombre rico. Se había construido su propio chalé y era tal el entusiasmo que ante sus paisanos desplegaba relatando la majestuosidad de la obra, que al dar detalles de la bodega -porque, naturalmente, su nueva casa contaba con una que dejaba en pañales a las viejas cuevas del pueblo-,  llegó a manifestar jacarandoso que “las pinturas de mi bodega son más bonitas que las de la Capilla Cristina”. En otra ocasión un antiguo vecino le preguntó cuánto le había costado hacerse rico. He aquí lo que el menda respondió: “lo más difícil es hacer el primer millón; luego la cosa coge excremento…”

También el episodio protagonizado por Baltasar Garzón con la financiación de unos cursos en la Universidad de Nueva York, años 2005 y 2006, ha ido cogiendo excremento conforme se han ido conociendo los detalles de un “trinque” que ya va por el millón de euros. Toda nueva aportación noticiosa hace crecer el nivel de detritus que envuelve el entero episodio y que amenaza con pringar a mucha gente. Esta semana han declarado ante el juez del Supremo  Manuel Marchena, que instruye la causa por presunto cohecho y prevaricación en este caso, los representantes de Endesa (con su ex presidente Manuel Pizarro a la cabeza); de BBVA (Francisco González en carne mortal), y de Telefónica (un par de mandaos). Prodigio praeter naturam: ninguno sabe nada; todos escurren el bulto, pero todos soltaron religiosamente la pasta que pidió el malandrín.

Sabemos ya que a los 302.000 dólares que el Banco Santander regaló al interfecto para financiar unos cursos del Centro Rey Juan Carlos de la citada Universidad, hay que sumar los 625.000 aportados por Cepsa, Endesa, Telefónica y BBVA. En concreto, Telefónica y BBVA colaboraron con 200.000 dólares cada una en el patrocinio de una serie de conferencias sobre terrorismo organizadas en el Centro de Derecho y Seguridad de la citada Universidad, mientras CEPSA aportó 100.000 y Endesa otros 125.000 dólares. Y en los alrededores de la Audiencia Nacional (AN) hay quien asegura que la cifra real ronda los 3 millones de euros, 500 millones de las antiguas pesetas. Pues bien, ¿es el terrorismo un problema exclusivamente español que hay que estudiar precisamente en Nueva York? No parece. Entonces, ¿por qué solo aportaron financiación las grandes empresas españolas? ¿Cuánto puso, por ejemplo, la Fundación Rockefeller? ¿No se le ocurrió al orondo juez de Jaén pedir pasta a dos gigantes del petróleo como Exxon y Chevron, que todos los años invierten ingentes sumas en proteger sus instalaciones y pozos de eventuales ataques terroristas? ¿Cuánto donó la gran banca americana? ¿Golpeó Garzón con el mazo la puerta de Citibank, implorando el conocido dame argo, payo?

Ybarra y el caso de las cuentas secretas en Jersey

Pues no. La razón es sencilla: esas grandes corporaciones yanquis quedan fuera del área de influencia de Garzón, no son potenciales justiciables en manos de la criatura. Es decir, no tienen por qué tenerle miedo. Porque esas entregas de dinero, y alguna más que irá saliendo, están generalmente ligadas a algún procedimiento judicial en marcha que, oh casualidad, siempre suele caer en su juzgado. En el caso del Santander, fue una denuncia contra la cúpula del banco, un coletazo del famoso caso de las “cesiones de crédito”, que el magistrado archivó al regresar de su año sabático neoyorquino en lugar de haberse inhibido motu proprio, como era su obligación tras el obsequio recibido. Garzón no dijo la verdad al ocultar la relación que mantenía con el banco. Esta es la clave del arco de este escándalo. En el caso más reciente del BBVA, mientras el aludido sentaba en el banquillo a la cúpula saliente del BBV, encabezada por Emilio Ybarra, con una mano, con la otra pedía dinero a la entrante -ya BBVA-, con un González al frente que directamente se benefició del estallido del escándalo de las cuentas secretas en Jersey y Liechtenstein. Difícil imaginar al de Chantada negando los 200.000 dólares que pedía el andoba. La evocación del caso del juez Estevill resulta inevitable.

La línea de defensa de Garzón ha consistido en argumentar en el caso del Santander que nunca cobró de los fondos aportados por el banco a la Universidad. Es cierto, lo hizo de ese “pool” del millón de euros ya conocido, abrevadero que sufragó también los gastos de su hija -un curso de inglés- y de la propia secretaria judicial o aide de chambre que le acompañó en su año sabático. Por eso resulta tan llamativo que el ex director de Comunicación del BBVA argumentara esta semana que se aseguró de que ni un céntimo del dinero de su banco fuera a parar a los bolsillos de Don Baltasar. Excusatio non petita. Es la mejor prueba de la materia que aquí se trata. ¿Qué impediría reconocer que parte de esos fondos se destinó a pagar a Garzón? Que ello implicaría asumir la relación directa entre los pagos y la causa penal abierta en el Juzgado de Instrucción número 5 de la AN contra Ybarra y otros. El BBVA ha querido evitar que la justicia establezca una relación causa-efecto entre ese dinero y el pago de un servicio. No reconocer, en suma, que se trataba de una transacción comercial entre el banco y la sociedad Garzón S.L.

“Aunque parezca mentira, nosotros nos hemos salvado”, aseguran en otra gran empresa, “seguramente porque estamos lejos de su ámbito de influencia y no tenemos líos en la AN”. Naturalmente que no toda la culpa de este escándalo recae sobre el juez o jueces que utilizan para sus fines dinero ajeno. “¿Necesitas pasta para montar algo…? Pues date un paseo por las cinco o seis empresas de costumbre y pide lo que necesites”, asegura un alto cargo madrileño. “Claro que no se la soltamos a cualquiera. El que pide tiene que presentar avales, poder, influencia y relaciones bastantes”. La responsabilidad de los banqueros y empresarios que, abducidos o atemorizados por garzas y garzones, aceptan este tipo de prácticas, es innegable. Cediendo a las presiones, primero, y amparándolo con su silencio, después. Llamados por el juez Marchena del TS, ninguno -ni Pizarro, ni Paco González- se acuerda de lo ocurrido. Es la siciliana ley de la omertá, genuina representación de ese miedo a hablar, a decir la verdad, a denunciar la corrupción, que caracteriza a las democracias de medio pelo. Mejor callar a cumplir con nuestra obligación. Con tan pedestre filosofía, nuestras grandes empresas vienen sosteniendo con respiración asistida ideas sin sentido y proyectos ruinosos, muchos de ellos en prensa, que tendrían que cerrar sin el oxigeno de la banca. Así, los supuestos apóstoles del libre mercado son los que menos creen en el mercado, rehenes de la servidumbre del “hoy por ti mañana por mí” y “mejor estar a bien con fulano o mengano, no vaya a ser que…” La cuenta corre a cargo de los accionistas, sobre todo de los pequeños, y de los consumidores, que al final pagan las comisiones bancarias más abusivas, los teléfonos más caros y el recibo de la luz más elevado.

Una fortuna cercana a los 10 millones de euros

Curioso, por ello, resulta constatar la supervivencia en nuestro país de tanto tunante como sigue viviendo gracias a la venta de literatura relativa al “buen gobierno corporativo”, la “responsabilidad social” y demás hojarasca teorizante. Curioso, también, el silencio que los titiriteros que apoyan la causa garzonita han mantenido esta semana. Las evidencias admiten escasa réplica: “El patrocinio empezó con una llamada que me hizo Garzón” (caso BBVA); “Hablé con el juez Garzón y juntos hicimos el borrador del convenio” (Telefónica). Es decir, que quien pedía la pasta, querido Emilio, era el propio juez, ello acorde con los escasos escrúpulos que se le conocen a un  personaje cuya fortuna estiman en los aledaños de la AN cercana a los 10 millones de euros, unos 1.600 millones de las antiguas pesetas, que ya decía el albañil antes aludido que lo difícil es hacer el primer millón, porque luego la cosa coge excremento. Poco importa, con todo, la cuantía de esa fortuna, seguramente lograda en buena lid, sino las eventuales responsabilidades penales de las tres causas que contra él se siguen: la obligación de inhibirse en la querella interpuesta contra el Santander; la apertura de procedimiento judicial contra una serie de notorios fallecidos (entre ellos un tal Franco), estando vigente una Ley de Amnistía, y la decisión de grabar en la cárcel las conversaciones entre unos encausados y sus abogados.

Mientras tanto y según sus escoltas -que seguimos pagando-, el señorito apenas ha pisado un par de veces La Haya, sede del Tribunal Penal Internacional, donde su amigo, el fiscal argentino Ocampo, le ha buscado acomodo temporal. Dicen en la Audiencia que dos gallos no caben en un mismo corral, sobre todo cuando Ocampo sabe de sobra que la verdadera ambición de Garzón es llegar a ocupar su puesto en La Haya. Su actual empeño, como es lógico, se centra en preparar concienzudamente su defensa en Madrid. Su fiel guardia de corps, con ex fiscal Carlos Jiménez Villarejo al frente, trabaja al tiempo activamente tratando de cerrar el arribo a Madrid de una serie de celebrities que, bien como testigos de la defensa o, en su caso, como “observadores internacionales”, asistirían a los juicios abiertos contra el Campeador. Se habla de varios premios Nobel de la Paz. Incluso se ha establecido contacto con Nelson Mandela, a pesar de su delicado estado de salud. Sin duda, el mayor espectáculo que vieron los siglos. Para mantener su caché, el sujeto acaba de viajar a la Argentina de los Kirchner, fieles devotos del Estado de Derecho como todo el mundo sabe, para recibir un homenaje. Y dijo Garzón: “desde que las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo entraron a mi despacho, la vida cambió en mí y en España”. Otrosí dijo el cursi: “No puede un país construirse sobre el olvido”. Ni sobre la soberbia de sentirse por encima de la Ley.

El autor resalta las virtudes que encarna la selección y lamenta que esos valores no se extrapolen al ámbito político. Ensalza la figura del seleccionador, Del Bosque, cuyo liderazgo sosegado echa en falta en nuestros dirigentes.

Un dicho inglés afirma apelando al common sense que resulta una aberración creer que el fútbol sea una cuestión de vida o muerte, y añade: «Es mucho más que eso». Y el mismo Camus, tras jugar de portero en su Argelia natal, reconocería en su madurez que lo que sabía acerca de la vida -y sabía mucho- se lo debía precisamente a ese fútbol de juventud. Así las cosas, no está de más en esta hora grave de España extraer una serie de reflexiones y enseñanzas de la actuación de nuestra selección: como si el equipo nacional hubiese logrado también una cátedra de pedagogía desde la que iluminarnos en nuestra confusión reinante.

En primer lugar, nuestro equipo ha dado un ejemplo exacto de aquello que Ortega definía como una nación: «Un proyecto sugestivo de vida en común». Ha cambiado la selección la concepción global del fútbol, algo que sólo ocurre cada muchos años: ahora es ya posesión del balón y llevar siempre la iniciativa, combinado a su vez con una férrea solidez defensiva. Ello ha supuesto, ya desde la Eurocopa, un reto bien sugerente: no jugar tras el balón, sino con el balón que se percibe como una prolongación del yo, o más bien, del nosotros. Por eso da la selección la impresión de que juega, en el sentido lúdico. La cuestión no es tanto correr como poseer: y de la posesión llega el gol, que más que meterse se hace. La escuela de La Masía ha dado sus frutos innovadores sin perder valores necesarios del pasado (tal que fue la Revolución Inglesa) como son la casta y la capacidad de sufrimiento colectivo ante Honduras, Chile y Paraguay.

Si comparamos todo ello con el temple de nuestro país, ¿no andamos los españoles desde hace ya varios años viviendo a la defensiva, llenos de suspicacia en un catenaccio que traba nuestras potencias creativas y espirituales, como Ortega observaba en la Argentina de los años 40?

Mientras nos disolvemos en particularismos de vida aparte que no hacen sino restar -y el sábado tuvimos otra demostración en Barcelona-, la selección ha sido un tratado de trabajo en equipo con un objetivo común, y donde la sinergia hace que el todo sea mayor que las partes. Por eso Del Bosque podía hacer sin problema alguno las rotaciones necesarias (Torres-Navas-Pedro-Llorente). Por eso, Pepe Reina, en una muestra de transferencia del conocimiento, podía indicar a Casillas por donde tiraría el penalti Cardozo. Frente a nuestro apartismo reinante, el espectador español acaba de ver los resultados de una genuina vertebración integradora con ocho futbolistas provenientes del fútbol catalán.

Piénsese en términos de productividad, calidad e innovación lo que todo esto significa: justo las tres dimensiones que nos faltan para que nuestra economía nacional pueda ser competitiva. Ni más ni menos.

Por otro lado, en tanto que nuestra imagen exterior ha venido sufriendo una merma considerable, la selección ha otorgado un prestigio impagable a España como marca en un momento crítico. Y es que una de las enseñanzas de la actual crisis radica en que las naciones cada vez se asemejan más a una marca que atrae o repele a los inversores internacionales, lo que convendrá tener muy en cuenta.

Bien saben al respecto los expertos en branding lo inmensamente difícil que es crear y mantener un reconocimiento de marca y lo fácil que es perderlo: pensemos, por ejemplo, en British Petroleum como caso más a mano. Por ello, si Nokia hace por Finlandia más que 100 embajadores, nuestro equipo ha hecho por el país más que el Ministerio de Asuntos Exteriores al completo, creando la siguiente asociación simbólica: España como sinónimo de calidad, eficacia e innovación. Ahí es nada.

Muchas empresas darían millones de euros por poseer los atributos de la marca Spain en estos momentos, cosa que me temo podemos malbaratar si no rectificamos a fondo. En este contexto, algunos economistas llegan a afirmar que un Mundial supone un plus de crecimiento anual de un 0,25% sobre lo estimado. Sea cierto o exagerado, lo que sí es muy real es que el trabajo bien hecho es rentable, en tanto que los costes de la no calidad representan un 20% de cualquier presupuesto, como ya determinó Deming.

Capítulo aparte merece nuestro entrenador. Vicente del Bosque no tiene look, pero sí un liderazgo sosegado que ha supuesto una lección magistral de prudencia rectora. Esa prudencia que Peter Drucker, padre del management moderno, ponía en la base misma de la función directiva. Conviene recordar ahora que por carecer de look se le despidió, sin guardar las más elementales formas, de un club antaño señorial que hoy publicita una casa de apuestas como simbolizando lo que Unamuno llamaba «nuestra gran timba nacional».

Falto de imagen, Del Bosque posee a cambio algo hondamente español y cuya pérdida en este país en los últimos años me alarma especialmente: ese señorío tan nuestro y grave -que tanto admiraban los embajadores europeos- que nos hacía saber estar, y que el Greco fijó para siempre en El caballero de la mano en el pecho. Por eso no hay look en Del Bosque -ni falta que hace- pero sí compostura, que es fuente de prudencia y discreción.

Mucho me temo que de un tiempo a esta parte ha habido en España un triunfo del parecer sobre el ser o del look sobre el valer, que explica -más de lo que se piensa- la honda crisis económica, social e institucional que padecemos. Haga la prueba el lector con personajes del ámbito político, empresarial, financiero y judicial, por ejemplo, y pregúntese el grado de concordancia que ahí entre su apariencia y realidad: intuyo que el balance sea desolador.

Tampoco hay en nuestro entrenador estridencias ni alharacas; mucho menos, bravuconadas (sería muy significativo llevar la contabilidad de las que tiene que soportar el ciudadano español en los años recientes y preguntarse por qué). Junto a ello tiene además una magnanimidad con el adversario en la victoria muy nuestra: su búsqueda y abrazo del entrenador derrotado (bien lo sabe Joachim Löw) evoca aquel gesto de Spínola en Las lanzas, impensable hoy en nuestra España Oficial. Tampoco establece comparaciones jactanciosas ni se engríe públicamente. Por eso gusta nuestro entrenador del quehacer silencioso, pues sabe muy bien -como Juan Ramón Jiménez- que sólo hay que hablar para mejorar el silencio y si no lo mejor es callarse. Compare el lector tal economía de la palabra con la algarabía ininteligible de nuestra política, que impide la reflexión serena y el examen sosegado. Tal vez por eso se fomenta tanto y hayamos caído en la actual postración.

Junto a ello, no menos relevante es la sencilla ejemplaridad de Del Bosque, que ha ido empapando por mímesis el comportamiento de la selección dentro y fuera del campo, resultando un manual de buenas maneras. Cabría oponer a eso la entronización de las malas formas en la vida pública y organizacional española, de la que habría que hacer serio recuento. Sospecho que gran parte del malestar que existe en nuestras empresas desde mucho antes de la crisis se debe a la falta de estilo y malos modos de amplios núcleos directivos e intermedios: habría que averiguar las razones de tal degradación y su impacto en el clima laboral, que aventuro más negativo de lo que se quiere pensar.

Todo esto y mucho más nos ha mostrado la selección con su entrenador a la cabeza, como indicándonos posibilidades de actuación colectiva que tenemos en la mano. Claro que para no llamarse a engaño hay que recordar que en 1978 Argentina se proclamaba campeona del mundo en Buenos Aires para cinco años después entrar en un default marasmático del que todavía no ha salido. Y es que en las posibilidades de la libertad se cumple fielmente aquel verso cervantino de gran belleza admonitoria: «Tú mismo te has forjado tu ventura». Viendo las hazañas de nuestro equipo, bien podemos hablar de buenaventura. En el caso nacional depende de nosotros no acabar, una vez más, en malaventuras. Vicente del Bosque lo ha acertado a expresar con un deje de esperanza y melancolía: «Ojalá España estuviera tan unida como este equipo». Esa es la España que podría ser.

Ignacio García de Leániz Caprile es profesor de Comportamiento Humano en la Empresa.