Reggio’s

COLUMNA

Es imposible soportar a un presidente del Supremo sospechoso de endilgar gastos personales al erario público

¡Digamos la verdad y que se avergüence el demonio!, decían los clásicos. Que se avergüence el demonio: quienes gestionaron irresponsablemente bancos y cajas mientras se autoconcedían retribuciones fuera de todo sentido; quienes se han negado, y se niegan, a someterse a normas de transparencia y quienes se aprovechan de esa opacidad para ocultar sus marrullerías; quienes han sido incapaces de cumplir con sus obligaciones públicas, no ya solo por corrupción, sino también por pura banalidad.

Los ciudadanos están abochornados por decisiones que les han sido ajenas, pero cuyas consecuencias pagarán. Quizás el 15-M, si logra revitalizarse, consiga que nos sacudamos esa paralizante angustia y que avivemos nuestra exigencia de responsabilidades. Ojalá el impulso de los jóvenes nos coloque ante nuestras obligaciones ciudadanas.

Vivimos en una atmósfera de vergüenza, que acarrea una dolorosa sensación de culpa, mientras que los causantes directos de esta situación pretenden que nadie les pida responsabilidades, penales en los casos en que sea procedente, o políticas y cívicas, en los que no. ¿Creen Miguel Blesa o José Luis Olivas que lo pasado, pasado está? No debería ser así. ¿Cree el gobernador del Banco de España que puede reclamar indulgencia? ¿Confía la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en que puede escabullirse de la quiebra de la Caja de Ahorros, donde el PP colocó a decenas de amigos, familiares y militantes, y que todo pasará, sin consecuencias para ella? ¿Se olvidará quiénes fueron los consejeros que representaron al PSOE madrileño y a los sindicatos y que callaron por incompetencia, interés o amiguismo? Todos sus nombres deberían desaparecer para siempre de cualquier lista o cargo político.

En este país han pasado demasiadas cosas como para continuar paralizados. Digamos en público la verdad: es imposible soportar a un presidente del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, sospechoso de endilgar gastos personales al erario público y que llama “miseria” a 6.000 euros, cuando la justicia que él administra puede castigar con una pena de prisión de hasta 18 meses a quien cometa un hurto de más de 400. Difícil aguantar un Consejo General del Poder Judicial, cuyos vocales acuden a su puesto de trabajo tres días a la semana, que actúa con tanta prepotencia que nombra magistrados que no reúnen los requisitos (como ocurrió en la Sala Civil del Supremo) y que se niega a someterse al principio de transparencia que debería ser el primero en impulsar ¿Cómo no se exigen a sí mismos algo más de ejemplaridad? ¿A qué viene tanta soberbia?

Es inaguantable que cuando se les pide a los ciudadanos sudor y lágrimas, el Gobierno (a quien corresponde la iniciativa) y la oposición sigan jugando con las instituciones y que, con una actitud inane, abandonen la renovación de los magistrados que deberían haber cesado ya en el Tribunal Constitucional y en otros organismos estatales. O que el Gobierno intente controlar informativamente RTVE, cuando lo que necesitamos es una televisión estatal que, en momentos de incertidumbre y peligro, nos proporcione información fidedigna.

Tenemos que protegernos, como sea, contra la degradación de la convivencia, contra la violencia verbal y la xenofobia y acostumbrarnos a pedir explicaciones. ¿Qué datos apoyan lo que está usted diciendo? ¿Con qué argumentos defiende su opinión? Como explican Martín Alonso y María Pardo en Una ética para el debate (Cuadernos Baseak), el déficit conceptual con que se expresan los personajes públicos es atroz. Hay que enseñar en las escuelas, explican, que nada ni nadie goza de inmunidad frente a la crítica y que quien participa en un debate público adquiere la responsabilidad de estar debidamente informado sobre lo que discute; que la crítica debe referirse a los hechos y no a las personas, y que estas son solo objeto de censura cuando son responsables de las acciones que se debaten. Que no se debe tratar a quien defiende una posición contraria como a un enemigo, pero que no todas las opiniones son respetables. Ojalá el 15-M nos ayude a salir de esta atmósfera de vergüenza.

solg@elpais.es

Frente a la legión de expertos, y algunos entusiastas, que han adelantado en numerosas oportunidades definiciones más o menos afortunadas, permítasenos refinar los conceptos de corrupción y corrupto. Corromper es alterar y trastocar la forma de una cosa; es echar a perder, depravar, dañar; es sobornar y cohechar al juez o a cualquier persona, con dádivas o de otra manera. Depravar, por su parte, es viciar, es adulterar. Por consiguiente, el corrupto, lector amable, es un dañado, es un perverso, es un torcido, es un viciado, es un adulterado. Si al leer lo dicho no estuviere de acuerdo con este escribidor, o le pareciera que a este le afecta una crisis de exageración, le sugerimos que presente sus cuitas al diccionario oficial. Y a los que pudieran argüir que ellos no llegan a la categoría de ladrones ni defraudadores profesionales, sino que simplemente son alegres gastadores de fondos encomendados a su custodia, les recordaremos que despilfarrar o malgastar también es una forma de corrupción.

La gente, así, en abstracto, ha reaccionado a medias frente a la anunciada Ley de Transparencia. A medias quiere decir que la mitad, o más, de la ciudadanía se siente escéptica respecto a su aplicación y logros futuros. Cuando los anglosajones, de las dos orillas, promulgan alguna ley prevén simultáneamente su enforcement. To enforce es uno de esos términos en inglés (ya nos hemos referido en anterior ocasión a otro, accountability) que se resisten a una traducción a base de una sola palabra. Convengamos en que el término en cuestión signifique, más o menos, hacer cumplir. Las leyes (justas o injustas, dura lex, sed lex) hay que hacerlas cumplir. De donde se infiere que, en el caso que comentamos, el legislador habrá previsto las situaciones de incumplimiento; y habrá debido de determinar, igualmente -es necesario insistir en ello- quién va a hacerla cumplir. Y las sanciones que esperan a los infractores de la misma.

En los momentos actuales, la clase política, independientemente de su ideología o asentamiento geográfico, concita las iras y el desprecio de gran parte de los ciudadanos que, tal vez injustamente, las extienden indiscriminadamente a todo el universo político. El bombardeo, casi diario, de noticias sobre todo tipo de casos de corrupción, fraude y despilfarro, desborda el espectro de colores que presentó Heidenheimer al comienzo de la década de los noventa; y ha machacado tanto la mente de nuestros conciudadanos que estos se resisten a creer que los legisladores políticos aprueben con convicción un producto que comprometa seriamente a sus congéneres del Ejecutivo a cargo de la gestión de los dineros públicos, que nos importan a todos, porque a todos nos pertenecen. Dicho sin eufemismos ni tapujos: poca gente cree que, de aquí a un año, como resultado de la aplicación de la Ley de Transparencia, alguno, tan solo uno, de los políticos de campanillas señalados y probados como corruptos, despilfarradores y salteadores de los fondos públicos habrá terminado con sus huesos en la cárcel.

Los ciudadanos exigen que la anunciada inhabilitación para ejercer posiciones públicas vaya acompañada de resarcimiento monetario a cargo del patrimonio del desfalcador y, probablemente, pena de prisión… sin perspectiva de indulto. Un segmento notable de la sociedad civil esta convencida de que, en el fondo, ni unos ni otros dan la bienvenida a una ley que, simplemente, está llegando para cubrir, tarde y a medias, el bochornoso vacío legal en que se encontraba el Estado frente al conjunto europeo y aun mundial.

Un prolífico estudioso de la conducta política, y notable politólogo norteamericano, Harold Laswell, que se estudia en las clases de Ciencias Políticas, nos recordó, allá por los años treinta, que “el estudio de la política es el estudio de la influencia y del influyente. La ciencia política establece las condiciones; la filosofía de la política justifica las preferencias”. Y definía Laswell a los influyentes como “aquellos que se llevan la mayor parte de lo que hay para llevar”.

Sesenta años después, José Luis Aranguren, nuestro notable filósofo contemporáneo, señalaba agudamente en su Ética, y en perfecta aplicación a la situación política actual, que “la moral se esgrime cuando se está en la oposición; la política, cuando se ha obtenido el poder”.

Queremos suponer que la inminente ley de austeridad dará debida cuenta de los “influyentes” de Laswell. Y que nuestra clase política, en su alternancia democrática, reflexione sobre la referencia de Aranguren a esas situaciones de corrupta gobernabilidad acomodaticia en que moral y política les parezcan intercambiables: hoy, tú; pero mañana me toca a mí.

Ángel González-Malaxetxebarria. Especialista Internacional en Gobernabilidad, Gestión Financiera y Auditoría.

España parece estar descubriendo su unidad de destino en lo excremental

Si tiempo atrás nos enterábamos de las vergüenzas catalanas (Palau), valencianas y madrileñas (Gürtel), mallorquinas (Palma Arena) o gallegas, ahora la novedad son las andaluzas. Un director de Trabajo de la Junta ha repartido cientos de millones de la manera más arbitraria. Los repartía, no en el despacho: en un pub. Armado con un gin-tonic, deslumbrado por los miles de euros de cocaína que mensualmente le proporcionaba el chófer Trujillo, no menos empapado que él de sexo, drogas y retórica igualitaria. Guerrero y Trujillo son tan grotescos como ingenuos: son ladrones transparentes, desvergonzados, como lo son los entrañables pícaros que Cervantes dibuja observando la Sevilla del XVII. Rinconete y Cortadillo no se lanzan al latrocinio por hambre (el Lazarillo, sí), sino fundamentalmente por sentido de la aventura. Les invita su época, la barroca, que se asemeja muy mucho a los años nuestros, previos al estallido de la burbuja: dinero fácil y una gran hipocresía ideológica. Sevilla era entonces la ciudad más rica de España. Los barcos cargados de plata americana recuerdan a las formidables aportaciones que Andalucía ha recibido de los fondos europeos. Dinero fácil, poco sudado.

Rinconete y Cortadillo encuentran a Monipodio, impulsor de un pintoresco gremio de ladrones que mantiene inquietantes paralelismos con organizaciones de hoy. Ofrece trabajo de ladrón a quien no lo tiene y auxilia a los desvalidos a cambio de su fidelidad. “¿Es vuesa merced, por ventura, ladrón? Sí -respondió él-, para servir a Dios y a las buenas gentes”. Este estilo angelical y caradura parece un claro antecedente de los más inquietantes momentos del PSOE andaluz: la explicación que Alfonso Guerra dio de la expropiación de Rumasa, por ejemplo.

La ola de corrupción que avanza por toda España como una epidemia no es tan sólo producto de unos aislados individuos sin ética. No es tan sólo consecuencia de un partido desencaminado, puesto que todos están embarrados (la sentencia de Matas lo deja claro, y la fulminación del otro Matas, el de la Diputación barcelonesa, también). No puede ser la corrupción sólo imputable a los partidos, dado que tampoco la judicatura o la monarquía se salvan. ¿No será también hija de nuestra sociedad? Entre nosotros, el honesto es descrito como un puritano, no hay manera de que fructifique la meritocracia, y el marco de nuestra actividad social es siempre la pandilla, el grupo, la familia. “Los míos”. El periodismo no se escapa de tales usos: conmigo o contra mí. “Te beneficio, pero defiéndeme siempre: da igual si hago bien o mal”. El debate público de la corrupción responde a esta lógica: se glosa la paja del enemigo, pero la viga del amigo es invisible o venial.

El envite de la corrupción es más importante de lo que parece. Lo que unos consideran país, otros llaman Estado y unos terceros describen como una variada gama de culturas está finalmente convergiendo en un triste ideal: un uniforme e insondable vertedero de basuras.

A Jaume Matas, ex presidente de Baleares y ex ministro de Medio Ambiente de José María Aznar, lo acaban de condenar a seis años de cárcel por malversación de fondos públicos, en una de los más de veinte piezas separadas judiciales que tiene pendientes en el caso “Palma Arena” –otra es la del Instituto Nóos donde aparece imputado Iñaki Urdangarin-, lo que augura a Matas otras posibles condenas del mismo alcance. Lo que se suma al cúmulo de casos de corrupción que empantana la vida política de este país sumido, para colmo, en profunda crisis económica y social que va camino de los seis millones de parados.

Para empezar, y aunque Matas ya no sea un militante del PP, los hechos en los que se basa la condena ocurrieron cuando Matas gobernaba en Baleares y poco antes de ser ministro de Aznar por lo que el Partido Popular tiene sobrados motivos para estar muy preocupado por lo ocurrido, al igual que lo que acontece en torno al caso Gürtel. Como el PSOE tiene motivos para indignarse por los EREs de Andalucía –ayer el chofer de Guerrero, hoy preso, reconoció que ambos compraban cocaína con el dinero de los parados-, o por el caso Campeón que investiga al ex ministro de Fomento, José Blanco, como deberían de estar preocupados en Cataluña con los manejos de ciertos políticos de CiU –algunos de ellos indultados de manera sorprendente por el gobierno de Rajoy con la complicidad del PSOE, que al parecer propuso semejante decisión-, y puede que otros partidos más. Y a no perder de vista las últimas noticias sobre un posible nuevo escándalo en torno al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

Asuntos todos ellos en los que al margen de la responsabilidad penal brilla por su ausencia la responsabilidad política de los jefes de fila de los partidos o gobernantes superiores de los condenados porque en España esa responsabilidad no se practica en contra de lo que ocurre en las democracias consolidadas de nuestro entorno. Aquí los políticos se agarran a la “presunción de inocencia” y a la vez denuncian lo que consideran como seguimiento excesivo de los medios de comunicación. Pero cuando llegan las sentencias y se hacen públicas las condenas se despliega una cortina de humo, se suele decir que el condenado ya no está en el partido de turno y que se pasa la página como si nada hubiera ocurrido sin que nadie asuma la menor responsabilidad política.

Es en esta tesitura cuando el Gobierno de Rajoy ha anunciado que se aprobará en breve una ley de “transparencia y buen gobierno de la política, donde se exigirán responsabilidades a quienes sean responsables del despilfarro del dinero público y donde se piensa garantizar a los ciudadanos que podrán pedir información sobre el gasto público de las administradores políticos. Pero estas medidas no garantizan ni parecen suficientes para erradicar la corrupción, de ahí que serán necesarias otras iniciativas legales para prevenir y erradicar los abusos de poder y las corruptelas que hoy inundan la vida política nacional.

En el caso de Jaume Matas –y en otros similares- se unen a la vez el despilfarro del dinero público y la corrupción, y por supuesto la opacidad de la gestión de los gobernantes. De la misma manera tanto en este asunto del PP como en otros del PSOE, CiU y demás fuerzas políticas inmersas en escándalos, los dirigentes de todos los partidos políticos afectados lejos de abrir las investigaciones sobre algo que les concierne o permitir comisiones parlamentarias de investigación, lo que suelen hacer es tapar la investigación e intentar bloquear a los medios de comunicación para que no se extienda el escándalo. Sobre todo cuando los casos de corrupción afectan a la financiación de los partidos, como ha ocurrido tantas veces en los últimos años.

¿Qué hacer frente a esta epidemia? Dicen que el nuevo control fiscal de la crisis reducirá drásticamente esta situación, pero eso no va a ser suficiente. Hará falta algo más como la asunción de las responsabilidades políticas de los altos responsables aunque nos tememos que en este país ese paso decisivo no se dará.

OPINIÓN

VIDAS PARALELAS: Mª DOLORES AMORÓS / KENNETH LAY

Hay muchas similitudes entre la quiebra de Enron en 2001 y la intervención de la CAM el año pasado. Y la principal de ellas es la reprobable conducta de los gestores.En ambos casos, sobrevaloraron los activos, falsearon las cuentas y engañaron a los órganos de supervisión y control. Enron, empresa eléctrica con sede en Texas, se vio obligada a reconocer unas pérdidas extraordinarias de 600 millones de dólares en octubre de 2001. Dos meses después, se acogió al Capítulo 11 que regula las suspensiones de pagos. Y a las pocas semanas los nuevos gestores detectaron unas pérdidas ocultas de 16.000 millones de dólares, que forzaron a la liquidación de la sociedad.

De forma muy similar, la CAM fue intervenida en julio de 2011 tras las masivas retiradas de depósitos. El Estado inyectó 5.800 millones de euros para sanearla, pero el agujero contable asciende probablemente al triple. La inspección del Banco de España, que despidió a la dirección y al consejo, reveló todo tipo de tropelías empezando por la concesión de autocréditos.

La diferencia entre la CAM y Enron es que la ex directora general de la entidad alicantina ha tenido la cara dura de acudir a los tribunales para exigir una indemnización de 10 millones de euros por despido improcedente.

Kenneth Lay, el presidente de Enron, no pudo hacer lo mismo. Fue detenido y condenado a 45 años de cárcel en 2004 por un tribunal de Houston, que le declaró culpable de 11 delitos. Lay había cobrado 42 millones de dólares en 1999 como incentivos a su buena gestión, pero además había obtenido unas plusvalías de 300 millones de dólares al vender sus stock options antes de la debacle.

A una escala mucho más modesta, Dolores Amorós se había asignado una pensión vitalicia de 370.000 euros al año y exigía una indemnización de 10 millones por despido improcedente ante un juzgado de Alicante. La sentencia que desestima su demanda señala que su conducta es merecedora del «máximo reproche y sanción» tras establecer que fue copartícipe de un buen número de irregularidades.

Según el fallo, sus decisiones no fueron «simples errores o divergencias en la interpretación de la normativa contable» sino que incurrió en prácticas reprobables en la gestión y la elaboración de las cuentas.

Evidentemente, Mª Dolores Amorós no era la única responsable. Por encima de ella, estaba Modesto Crespo, el presidente, y otros consejeros. Pero ninguno de ellos se ha atrevido a recurrir a la Justicia tras haber arruinado la CAM.

La Justicia reaccionó con extraordinaria prontitud en el caso de Enron, que se saldó con la disolución de Arthur Andersen, su auditora. En España, no hay ningún directivo de las cajas que haya sido procesado todavía por los tribunales. Eso se llama impunidad. Y ésa es la gran diferencia entre Enron y la CAM y entre el funcionamiento de las instituciones aquí y allí.

LA SEPI CONSULTÓ LOS NOMBRAMIENTOS A LA VICEPRESIDENTA

Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal, iba a ser consejero independiente de Red Eléctrica (180.000 euros anuales) con todas las bendiciones de los ministerios afectados y el conocimiento expreso -más visto bueno- de La Moncloa desde el pasado lunes, según reconocen en fuentes gubernamentales consultadas por El Confidencial. Sólo se dieron cuenta de que el nombramiento no tenía pase (marido de la secretaria general del partido en el poder en empresa participada por el Estado con sueldo de lujo) al ver la repercusión que tenía la noticia en la web y redes sociales durante todo el día.

En medios del Partido Popular y del Gobierno no aciertan a decir cómo es posible que nadie advirtiera de la presencia que iba a tener la noticia en los medios y las consecuencias de la misma sobre la imagen del Ejecutivo de Rajoy, del PP y de la secretaria general. Creyeron que todo se iba a quedar en algunos comentarios de influencia menor, pero en los mismos despachos de la Moncloa en que dieron vía libre a los nombramientos de Red Eléctrica tuvieron que rectificar sobre la marcha para que López del Hierro renunciara al puesto esa misma noche pese a que había pasado ya los dos filtros previos a la reunión de la Junta de Accionistas que debía aprobar su ingreso.

Rajoy no tenía por qué saberlo, pero tampoco en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales del Estado, que preside Ramón Aguirre y depende de Montoro, se impulsa nombramiento alguno de altos cargos o consejeros por libre, sin consultar al ministro de Hacienda y la vicepresidenta del Gobierno, según admiten en fuentes del Ejecutivo.

La SEPI tiene alrededor del 20 por ciento de Red Eléctrica, nombra directamente a tres consejeros llamados dominicales y con su elección no ha habido problema alguno. Son Alfredo Parra como secretario general de la Sepi, Franciso Ruiz Jiménez como director general de la misma sociedad y Guillermo Kessler, ex directivo del Grupo Race y recomendado para el puesto por el ministro de Fomento, José Manuel Soria.

En los otros tres puestos de consejeros “independientes” es, sin embargo, donde más se nota la mano del Gobierno, de este y de los anteriores. Forma parte de la tradición: el anterior presidente de Red Eléctrica era el ex ministro de Felipe González, Luis Atienza, y en el consejo se sentaban antiguos dirigentes del PSOE como Arancha Mendizábal. Ahora el máximo responsable es José Folgado, que fue secretario de Estado con José María Aznar en la Presidencia del Gobierno y con Montoro de ministro.

Los tres “independientes” nuevos fueron propuestos desde distintos sectores del Ejecutivo y del partido. Juan Iranzo y Alberto Nadal son economistas de reconocido prestigio, han trabajado o trabajan para la CEOE y no militan en el PP, aunque el segundo sea hermano de Álvaro Nadal, director de la oficina económica de La Moncloa y hombre de la absoluta confianza de Soraya Sáenz de Santamaría. Resulta evidente quién avalaba a quién y cuál había sido el reparto de influencias si el trío lo cerraba el marido de María Dolores de Cospedal, que procede del sector de la construcción. Iranzo y Nadal están sobrados de cualificación para el cargo. A Folgado no le gustaba nada la idea de incluir al marido de la secretaria general de su partido en el consejo de Red Eléctrica.

Al cundir el malestar en las altas esferas del PP y del Grupo Parlamentario Popular sobre el inminente nombramiento del López del Hierro, que no tiene carrera ni hoja de méritos acreditados en el partido además de que tampoco es un “fichaje” como profesional independiente, y percatarse en la Moncloa de que era la noticia de la tarde, llegó la hora de la rectificación. Sáenz de Santamaría iba a ser al día siguiente en el Consejo de Ministros quien tuviera que dar las primeras explicaciones oficiales y se puso en marcha. López del Hierro tuvo que anunciar que desistía de sus aspiraciones para no perjudicar a su mujer. Nadal se vio arrastrado y se quitó de en medio horas después.

Si es que Rajoy estaba informado previamente del ‘asunto López del Hierro’, resultó que no participaba de la teoría de que era un tema de repercusión menor, apuntan en fuentes del PP. El Gobierno se ha vuelto a hacer un lío en materia de comunicación, esta vez entre las más altas instancias del partido y del Ejecutivo.

La intuición newtoniana ya predijo que la observación del espacio sufriría serias perturbaciones por la distorsión atmosférica, que hace que contemplemos los cuerpos celestes con los contornos borrosos y deformados de quien observa el exterior a través del agua, desde el fondo de una piscina, lo que hace que se precisen ópticas adaptativas y correctoras. Sólo el telescopio Hubble que orbita la tierra a 600 kilómetros de altura está a salvo de tales alteraciones atmosféricas.

Las perturbaciones ópticas son ajustada imagen para representar la distorsión informativa que ofrecen los mass media controlados o influidos políticamente. Cierto diario norteamericano -considerado, precisamente, como uno de los más influyentes- es un ejemplo. No hace mucho estableció como paradigma de la corrupción política en España el caso de los trajes del ex presidente valenciano Francisco Camps -quien sería considerado inocente en sentencia posterior- sucumbiendo y otorgando primacía a lo estrafalario del affaire por encima de su relevancia cuantitativa. Y desdeñando otros casos sin duda de muy superior alcance y tenor, incluso en lo extravagante, como el del infumable pícaro Teddy Bautista y la SGAE -sus 24.500 euros mensuales de pensión vitalicia- el de las gasolineras de José Blanco, incluso Gürtel. O el más cuantioso de todos, el de los falsos ERE andaluces, cuyo alcance, en torno a los 1.400 millones de euros, acredita dimensiones también estratosféricas, más de 230.000 millones de las antiguas pesetas.

Diré algo que acaso no resulte oportuno, pero prefiero ceñirme antes a pautas éticas que a impulsos de corrección política. Creo que el presidente andaluz José Antonio Griñán es persona cabal y honorable y de ello dio pruebas en 1993, siendo ministro de Trabajo, cuando una cadena de huelgas salvajes enmudecieron Diario 16 durante más de una semana. Su Ministerio -en contraste con la actitud de otras carteras de su Gobierno- tuvo un comportamiento impecable de apoyo a la empresa editora, que había planteado un ERE por sus mastodónticos pasivos y crónico endeudamiento. Más de 3.500 millones de pérdidas anuales en un escenario salarial surrealista en el que, además de 14 pagas, había dos más «de beneficios».

Sin embargo, y al margen de la figura política de Griñán, el problema de la corrupción me temo que es genético y uno de los retos que tiene el Partido Socialista para su necesario renacer desde la postración de hoy es armar una praxis y un discurso limpios que erradiquen para siempre la corrupción y el clientelismo de sus filas. Evocaré dos testimonios que explican la situación, uno de ellos -concausa de las más alegres e irresponsables corruptelas y derroches- de un ministro de Rodríguez Zapatero: «El dinero público no es de nadie». El segundo me lo confió un dirigente socialista cuando apenas faltaban semanas para acceder al Gobierno, tras la gran victoria electoral de 28-O de 1982: «Vamos a estar 30 años en el poder, nos vamos a apoderar del 10% de la riqueza nacional». Era Guillermo Galeote, a la sazón secretario de Finanzas de la Comisión Ejecutiva Federal.

En la Oficina de Conflicto de Intereses (OCI) de la calle María de Molina de Madrid casi se puede decir que hay cola para conseguir informes. Ahora mismo hay congestión, porque se ha registrado un cambio de Gobierno y cada vez que un alto cargo cesante, de director general para arriba, recibe una oferta de trabajo privada o decide montar una empresa, debe pedir el informe preceptivo a la OCI.

Este organismo, cuya titular es Flor López Laguna, se estableció a partir de la Ley 5/2006 que regula los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y los altos cargos. La OCI depende de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas pero disfruta de autonomía funcional.

Según algunas personas que han tenido que pasar por la OCI, aunque la ley parece óptima, su aplicación práctica tiene enormes agujeros. No existe un relato público coherente ni un cuerpo doctrinal sobre sus dictámenes, por lo que sólo cabe referirse a la casuística que nos refieren los funcionarios que han tenido que pedir los informes.

«Si has firmado la concesión de una ayuda o subvención directa a la empresa que te ha hecho una oferta de trabajo, vas jodido», me dice un ex alto cargo. Al parecer, los abogados de la OCI buscan con especial esmero «actos objetivos» que les permitan argumentar la existencia de una «relación especial» entre el afectado y la empresa.

¿Y la participación en cuerpos colegiados que toman decisiones oficiales? Aunque estos casos están previstos en la ley, los abogados creen que eso cae en un ámbito interpretativo de la norma, del que tratan de huir con sus informes.

El resultado es que como hay pocos ministros y firman personalmente muy pocas cosas, la mayor parte de los informes que se solicitan en la OCI son de directores generales. Sólo así se puede entender que un ministro que intervino en un consejo donde se dio luz verde a colocar 6.000 millones de déficit de tarifa para las eléctricas no tenga incompatibilidad alguna para trabajar en el sector, pero que el director general que dio una ayuda o firmó un contrato de suministro de miles de euros, sí lo sea por haberlo suscrito personalmente.

La OCI trabaja con rigor la mayoría de los casos. Está el de un ex alto cargo, inspector del trabajo, que recibió una oferta de una consultora y se le impidió aceptarlo porque uno de los clientes de la firma había recibido ayudas públicas de él. O el de un ex secretario de Energía que tenía una excedencia en una empresa del sector y que tras abandonar la Administración no pudo volver a su antiguo puesto y tuvo que dedicarse a administrar negocios lejos de España. Pero el sistema también tiene fallos clamorosos: por ejemplo, ayer se conoció que en la empresa auditora de las cuentas de la cuestionada sociedad de capital riesgo Invercaria trabaja un ex consejero de la misma.

Los abogados del Estado no han visto objeciones en que la ex ministra Elena Salgado forme parte del consejo de la distribuidora de energía Chilectra, empresa del holding chileno Enersis, que está controlada en un 60% por la española Endesa que a su vez está en manos de la italiana Enel. Según los abogados, Salgado no ha tenido una relación directa con esta compañía. Eso es cierto, pero también se está soslayando la teoría jurídica del Levantamiento del Velo, que defiende que en cuestiones mercantiles conviene ir a la realidad de las cosas y no a su apariencia. Y en este caso, aunque Chilectra no opera en España, está ligada a una empresa que tiene una posición muy importante en nuestro país.

john.muller@elmundo.es

En Valencia se ataban los perros con longaniza, o para ser exactos con llonganissa. De las fuentes de los jardines de Monforte manaban a partes iguales leche y miel, por lo que cualquiera podía desayunar gratis si se traía las tostadas de casa. El artífice de tanta prosperidad se llamaba Francisco Camps, al que debió de erigirse una estatua que compitiera con la de Carlos III pero sin caballo, que arruga mucho los trajes. En aquella Comunidad siempre se podía elegir entre nadar en el Mediterráneo o hacerlo en dinero, del que había en abundancia para dar y, sobre todo, para tomar.

Tal feracidad no escapó a la perspicacia de Rajoy, quien en 2006, cuando navegaba feliz con Camps y Matas por ese mar tranquilo desde el que la costa se asemejaba a un interminable chalet piloto, proclamó sentirse orgulloso de esa tierra donde se hacía una gestión “en la que se pueden mirar muchos y se producen avances en lo que importa, que es la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos”. Dos años después, embriagado de ese progreso que daba para levantar ciudades de las ciencias, construir aeropuertos paseables y diseñar circuitos de Formula I, el ahora presidente confesaba que aquel era el ejemplo que debía seguir España.

De explicar la letra pequeña se encargó Esteban González Pons, que para eso era valenciano y había sido conseller del milagro: el modelo de Camps se basaba en “menos impuestos, más dinero en el bolsillo, menos burocracia, menos gasto público y más protección a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos”.  Con aquellos ingredientes, Valencia caminó hacia el éxito con paso firme: una deuda del 20% del PIB, que es la envidia de su pares, un desempleo que afecta a uno de cada cuatro de sus ciudadanos en edad de trabajar y una corrupción galopante.

No termina uno de creerse que en la tierra prometida los bancos y cajas locales se hayan volatilizado y que su economía esté intervenida de facto por el Gobierno central porque es incapaz de hacer frente a sus vencimientos de deuda. Como esto siga así no se podrá ni atar a los perros por la escasez de embutido.

Será difícil encontrar un político que, afectado por un presunto caso de corrupción, no reaccione de acuerdo al siguiente manual: nada más conocerse las circunstancias, el afectado negará la mayor, la menor y la de en medio, dirá que las acusaciones son falsas y amenazará con querellarse contra los difamadores; al acrecentarse los indicios, es probable que hable de conspiración; mientras espera el pronunciamiento de los jueces, se referirá a la indefensión en la que se encuentra; y cuando, finalmente, se produzca la imputación expresará su confianza en la Justicia y su alegría por poder demostrar su inocencia. La dimisión no suele contemplarse, aun cuando existan fotos del encausado liquidando a su padre sin causa justificada.

José Blanco, recientemente imputado por el Tribunal Supremo por un delito de cohecho y tráfico de influencias, se encuentra en esa gozosa fase en la que podrá negar al juez haber recibido comisiones del empresario Dorribo, sus razones para recogerle en una gasolinera de Luego pese a que los autobuses de Alsa funcionan como un reloj y el motivo que llevó a uno de sus subordinados a llamar al alcalde de Sant Boi para interesarse por la licencia de obras de un amigo del entonces ministro de Fomento.

Es razonable suponer que su renuncia al acta de diputado está al caer, ya que si Blanco sabía con absoluta certeza que “llegaba tarde” el abandono del escaño de senador que protagonizó el extesorero del PP, Luis Bárcenas, tras verse imputado en el caso Gürtel, no querrá demorarse en hacer efectivo el suyo. No sólo los peces mueren por la boca.

El todavía vicesecretario general del PSOE también sabe que la vida es una tómbola. En sus inicios con Zapatero le creyeron un lelo; ya como ministro le tildaron de genio y hasta hubo quien le vio como sucesor. Igual que ha sido consciente de que su futuro como alter ego de Rubalcaba en el postzapaterismo se ha esfumado, debería serlo del bochorno que acarrearía su encastillamiento. Si llegara a acreditar su inocencia, siempre se estará a tiempo de erigirle un busto en mármol del bueno, que por dinero no iba a ser.

Estamos a menos de una semana de que acabe el año, con un gobierno recién estrenado, con algunos cargos por nombrar aún y con un esperado consejo de ministros por delante en el que se va a presentar un paquete de medidas urgentes. Y mientras tanto hay una sensación de tedio en el panorama informativo español, solamente interrumpido por la presunta polémica creada por el mensaje del rey Juan Carlos, la guerra de manifiestos del PSOE y algunos asuntos judiciales pendientes, como la trama Gürtel.

Y digo “presunta” polémica porque, como siempre, el rey ha dicho lo que todo el mundo esperaba, ha abordado lo que era inevitable, ha reafirmado el papel de su sucesor y de la monarquía y poco más. A destacar que hable de igualdad ante la ley una de las personas que no son tratadas en igualdad de condiciones que los demás ciudadanos frente a la ley. Otra es su hija Cristina, que a pesar de firmar documentos, parece que va a quedar apartada de la asunción de responsabilidades, después de todo.

Las miradas de los españoles están centradas en las medidas económicas que se van a presentar en el próximo consejo de ministros, tal y como anunció Soraya Sáenz de Santamaría el pasado viernes. Nos preocupa el alcance de los recortes, el modo y manera en que se va a poner en marcha la tan necesaria reforma financiera, el imposible y soñado pacto entre patronal y sindicatos para poner en marcha la reforma laboral, y la recesión en la que va a caer la economía española y que el ministro Luis de Guindos ha reconocido. No es nuevo. Todos los economistas saben que en un país con un crecimiento económico tan ralentizado como el nuestro, con el nivel de desempleo tan alto, el consumo tan bajo, lo más probable es que las medidas necesarias para recortar el gasto, retraigan más el crecimiento y previsiblemente, si hay reducción de empleo público, impliquen también un cierto aumento del paro.

Pero si hay un problema de fondo al que deberíamos prestar más atención es la degradación institucional. En concreto, a dos temas, que a su vez están relacionados: la corrupción y la justicia.

En primer lugar, la corrupción en los principales partidos e instituciones tanto en el plano nacional, como en el autonómico y local. Cuando se habla de corrupción todo el mundo señala con el dedo al de al lado. Está por ver que un partido político reconozca que ha habido o que hay chanchullos en su seno. Pero la perspectiva del español de a pié es que todos están pringados y que a ninguno le conviene que se sepa la profundidad y el alcance del problema. A ninguno le merece la pena que se sepa todo, que haya transparencia total, porque muchos perderían sus privilegios. Y esa sensación degrada mucho el espíritu de la democracia y explica que siga existiendo ese desapego, ese abismo entre el mundo de la política y la vida real de los ciudadanos.

En segundo lugar, la justicia. El vergonzoso reparte del Consejo General del Poder Judicial, el desprestigio del Tribunal Constitucional, la politización del sistema judicial y el partidismo obsceno de algunos jueces no parece que vaya a cambiar con el nombramiento del nuevo ministro Gallardón. Más bien da la sensación de que como en algún sitio había que ponerle para agradecerle lealtad y apoyo, pues ha caído en Justicia. Pero ese ministerio no es cualquiera. La Justicia es una de las instituciones más tocadas de la democracia. La politización y el reparto de puestos en las más altas instancias, la influencia política, a veces obscena, en las decisiones de algunos jueces en temas de máxima importancia como los estatutos autonómicos, o la presencia de filo-terroristas en las instituciones políticas, por poner un par de ejemplos, han deteriorado la sacrosanta independencia de la justicia y la confianza de los ciudadanos.

Tan importante es salir de la crisis como la regeneración institucional. Si el nuevo gobierno no está dispuesto a emprender ese proceso de renovación, la crisis, la verdadera, la sistémica, la de valores, será nuestra enfermedad crónica.

Los diarios internacionales de referencia, sobre todo Financial Times y The Wall Street Journal, no le han ahorrado al nuevo titular de Economía, Luis de Guindos, una razonable dosis de sarcasmo, recordando en todos los casos (Financial Times, incluso en el titular, con un rotundo “un ex jefe de Lehman se hace cargo de la economía española”) la pertenencia de De Guindos a la nómina de la nefasta institución, madre de todas las desgracias y vituperios. No será justo, desde luego, pero como diría el famoso personaje, “es lo que hay”.

¿Cabía otra solución si Rajoy está, como parece, convencido de que Luis de Guindos, mano derecha en su día de Rato y asesor frecuente del propio presidente del Gobierno a lo largo de estos últimos meses, es la persona capacitada, más que ningún otro, para sacar adelante las reformas económicas y sociales que necesita España? Desde luego, De Guindos tiene las ideas (por lo general claras, aunque algunas pocas hayan parecido desconcertantes en los últimos meses), la preparación técnica, el bagaje administrativo más que suficiente dentro del “aparato” del Estado, el conocimiento de numerosos resortes internacionales, es persona con buen conocimiento de los idiomas,… Pero, ¿logrará entenderse con los sindicatos, lo que parece su principal cometido durante las próximas semanas?

La travesía de Luis de Guindos por el proceloso mundo de la economía se presenta llena de emociones y peligros. Algunos ya han empezado a aparecer el mismo día de su toma de posesión, con la publicación de un amplio catálogo de incompatibilidades. Al parecer, una interpretación rigurosa de las leyes vigentes en materia de incompatibilidades (la principal es la del año 2006) impediría al flamante ministro ocuparse durante su mandato (no hay plazo temporal establecido para la abstinencia) de cuestiones que tengan que ver con aquello en lo que ha trabajado. La incompatibilidad se extiende a lo que hacía en el momento de la toma de posesión y en los dos años atrás, tanto él como su cónyuge. Y lo que De Guindos hacía era ejercer de consejero en una empresa eléctrica de primer nivel, Endesa, y en una caja de ahorros de tercer nivel, pero entidad financiera al fin y al cabo (Banco Mare Nostrum, salido de Caja Murcia y varias más).

¿Quiere esto decir que el mismísimo responsable máximo de la economía no podrá ocuparse durante su mandato de tocar o regular cuestiones relacionadas con la electricidad ni con el sector financiero? ¿O sólo con las empresas de las que fue consejero y de las cuales ha dimitido raudo y veloz, así como de toda otra ocupación del sector privado? La ley del año 2006 es posiblemente un despropósito bendecido, en un arranque de purismo, por las fuerzas políticas, pero ahí está y habrá que cumplirla. Lo que a estas alturas pocos deben saber es cómo respetar sus previsiones. Si de verdad la ley dice lo que parece, pocos españoles con un cierto nivel de destreza profesional podrían poner sus pies en la cosa pública, ya que es muy probable que antes hayan pasado, en algún momento, por ocupaciones privadas. Da la impresión de que la ley en cuestión ha sido pergeñada por gentes con escasas luces y muy poco competitivas, ya que limitaciones tan severas a la presencia de profesionales altamente cualificados en el área pública no se explican si no es gracias a la intervención de gente mediocre que no quiere competencia.

Convendría, por ello, que la Abogacía del Estado o el órgano competente en la materia le dedicara alguna sentada al tema, para clarificar a los españoles el alcance de sus limitaciones. No sería agradable encontrarse con que, tras haber hecho el gesto de designar a un experto en cuestiones financieras, la ley le impida, como ministro, participar en la reforma del sistema financiero, asunto al que todos dan una importancia preferente, empezando por el propio De Guindos. Es de suponer que Rajoy y Sáenz de Santamaría, buenos conocedores de leyes, hayan tomado las necesarias prevenciones con dictámenes rigurosos en su poder que clarificarán sin duda el asunto. Pero sería conveniente que esas previsiones estuvieran al alcance de los ciudadanos.