Reggio’s

EL ESCÁNDALO DEL PROGRAMA ‘GENERACIÓN NI-NI’

El programa Generación ni-ni de la cadena La Sexta ha subido el listón del desprecio por los derechos de las personas que habitualmente contiene la llamada telerrealidad. El programa dice pretender un supuesto experimento educativo con jóvenes que presentan alarmantes rasgos de inadaptación, ignorancia, vagancia e incluso violencia, encerrándolos para grabar su comportamiento, con el objetivo –al parecer– de reeducarlos. Pues bien, las cámaras grabaron una nauseabunda agresión sexual cometida por varios jóvenes sobre una de las chicas, que fue emitida en el programa. En ella, los agresores sujetan violentamente a la víctima, mientras uno de ellos le restriega sus genitales por la cara. Otros concursantes presentes ríen la gracia.

La ley define estos hechos como agresión sexual agravada por la intervención de varios sujetos, lo que supone una pena de cuatro a 10 años de cárcel. Y llegaría hasta los 15 si hubiera habido penetración bucal, detalle que ignoro porque el programa emborronó delicadamente el miembro del agresor.

Posteriormente, los educadores afean la conducta del muchacho mostrándole la grabación, mientras él parece avergonzarse sin perder la sonrisa, lo que indica que le preocupa más la grotesca imagen ofrecida que la brutal agresión cometida. Y, hasta el momento, que yo sepa, ahí queda la cosa.

Ninguna ley logrará evitar totalmente que siga habiendo agresores sexuales que busquen el anonimato, pero asusta el grado de desprecio por los derechos de los demás que hace que unos jóvenes sometan a una compañera a tal vejación sabiendo que están siendo grabados para un programa de televisión y, por tanto, ajenos a las consecuencias legales de sus actos, que deben considerar solo como una broma.
Sin embargo, asusta aún más la hipótesis de que su comportamiento les parezca irrelevante e incluso gracioso, precisamente porque una cadena de televisión les ha hecho protagonistas de un programa dedicado a mostrar su comportamiento incivilizado.

Es probable que la cadena mantenga que su objetivo es criticar la violencia y educar a sus autores, pero los resultados son otros. La supuesta finalidad social queda totalmente anulada por la utilización de la violencia como espectáculo, porque el programa hubiera podido renunciar al terrible impacto de las imágenes y la audiencia que espera de ellas, pero no ha resistido la tentación de reproducirlas. A costa, además, de exhibir a la víctima, aumentando así su humillación .¿Educación?

Cuando la televisión convierte la violencia en objeto de negocio, le resta importancia y la normaliza, aunque diga pretender lo contrario. Creo que no es arriesgado afirmar que muchos jóvenes problemáticos que hayan visto el programa han recibido el mensaje de que su protagonista se ha hecho famoso a cambio de una leve reprimenda. Por otra parte, tras tal banalización pública de la violencia me niego a exigir como única respuesta que se compensen las carencias educacionales del joven televisivo con 10 años de cárcel. La educación no puede basarse en la segregación social y necesita de instrumentos socializadores que, desde luego, no consisten en utilizar los actos antisociales como materia de entretenimiento colectivo.Y así, programas como el comentado conviven sin problemas con otros que viven de exhibir a las víctimas de delitos y exigir constantemente penas de prisión cada vez más graves. Arrecian las peticiones de endurecer la ley de responsabilidad penal del menor, sin que quienes lo proponen se planteen siquiera la responsabilidad social por los valores que se transmiten mediáticamente a los jóvenes.

Mientras tanto, el Congreso de los Diputados debate la enésima reforma penal, en la que, entre otras muchas propuestas endurecedoras, se propone también aumentar las penas de las agresiones sexuales, que hoy ya alcanzan la gravedad de la pena por homicidio. El PP propone la cadena perpetua, porque considera insuficiente que la delincuencia de mayor gravedad alcance hoy penas de hasta 40 años. La inconsciencia o la irresponsabilidad, cuando no la demagogia, impiden buscar estrategias distintas del mero endurecimiento de la ley, que resulta más rentable electoralmente. Así, muchas de las frecuentes reformas penales se limitan a enunciar qué actos son reprobables, señalándoles penas cada vez más graves, en un mensaje puramente simbólico porque no va precedido de un planteamiento previo sobre la profundidad e implicaciones de los problemas, ni sobre la necesidad o la posible eficacia de las reformas. Todo eso importa poco mientras la ley refleje adecuadamente la demanda de castigo.

Habrá quien todavía crea que los problemas de violencia juvenil se solucionan con más cárcel y sin permitir beneficios penitenciarios que, en cambio, se han demostrado útiles para la reinserción. Pero cabe la esperanza de que este discurso, tan querido por algunos políticos, llegue a cansar a una opinión pública cada vez más acostumbrada a distinguir entre la propaganda y las soluciones. Y confiemos también en que la audiencia televisiva se canse de tanta irresponsabilidad.

Mercedes García Arán. Catedrática de Derecho Penal.

Si me permiten que les haga una recomendación, no dejen de leer el reportaje principal del último número de The Economist. Bajo el impactante titular de Gendercide o Generocidio hace referencia a las consecuencias sociales y económicas de la selección de sexos en el embarazo tan extendido por algunas de las principales potencias asiáticas, especialmente China e India, práctica que permite la supervivencia del varón y el exterminio de la mujer no nacida provocando de esta manera un fuerte desequilibrio entre la derecha y la izquierda de la pirámide poblacional. El arranque del artículo es estremecedor. Personalmente, me ha puesto los pelos de punta. No es sino una alerta de las trágicas consecuencias para la percepción de la vida humana, que pierde completamente su valor, de determinadas políticas demográficas. Ante un documento de ese tipo es difícil quedar indiferente. Sin embargo, haciendo de tripas corazón, McCoy va a pasar hoy por encima de este drama para centrarse en las implicaciones finales de determinadas iniciativas legislativas, las que promueven o toleran tal actividad. En un mundo global, lo que ocurre allende nuestras fronteras tiene implicaciones para nuestro futuro. Trataremos de analizarlas de la forma más aséptica posible, con remisión a los datos aportados por el propio semanario británico que tomaremos con referencia, principalmente, al gigante “amarillo”.

En primer lugar, en China ha quedado probado que, en aquellas regiones donde el sexo masculino predomina sobre el femenino, las familias tratan de acumular riqueza con objeto de poder competir en el ultracompetitivo mercado del matrimonio lo que dispara su tasa de ahorro. No es una cuestión de dote, sino que estamos hablando de aumento del disponible para invertir en la educación y salud del niño, entre otros. No sólo eso. En las regiones en las que mayor es el desequilibrio, que normalmente coinciden con las de mayor renta (con recursos para hacerse las oportunas pruebas), tal acaparación de recursos líquidos se dispara por lo que el impacto sobre el agregado es mayor. Los autores a los que cita la pieza (cuyo informe original les adjunto) atribuyen a la medida del hijo único, y la selección artificial de sexos que la misma lleva aparejada, la mitad del aumento de la tasa de ahorro china en los últimos 20 años que, por cierto, ha doblado. No en vano concluye que “si tal estadística fuera verdad, sugeriría que los intentos del gobierno por impulsar el consumo serían menos efectivos de lo que se cree”. Siendo éste como es un elemento de distorsión esencial que se encuentra, en parte, en el origen de la crisis actual, tal sentencia final cobra especial relevancia. ¿Está quemando China dinero en vano?

En segundo término, hay una relación causa efecto probada entre la falta de mujeres y el aumento de los actos delictivos vinculados a tal carencia, lo cual no deja de ser una obviedad, que van desde las violaciones o abusos al tráfico de personas con fines de matrimonio forzado o prostitución. La tasa de criminalidad en China se ha multiplicado por dos en 20 años y un porcentaje significativo de tal aumento está ligado a esta realidad. Para un país que basa la permanencia de su estructura actual en la cohesión social, el problema no es moco de pavo. Las complicadas circunstancias se ven agravadas por un fenómeno adicional y es que el suicidio es la causa más común de muerte de las jóvenes chinas entre 15 y 34 años, algo que según el autor se deriva, no sólo de la violencia ejercida sobre ellas, sino de la obligación familiar o marital de abortar o liquidar al recién nacido femenino. A veces uno se pregunta en qué mundo vivimos. Está por ver, por cierto, si esto no acabará traduciéndose en una suerte de imperialismo demográfico que busque dar salida a sus jóvenes en ebullición. Quédense con la copla: para 2020, 40 millones de ciudadanos de China estarán desparejados en aquel país.

Señala The Economist en el previo que anticipa el reportaje en el mismo número que “a este semanario, que cree que el aborto debería ser, en palabras de Bill Clinton, ‘seguro, legal y excepcional’, no se le escapan las consecuencias catastróficas para la sociedad de la generalización de tales actos individuales”, frase que se ha de circunscribir, entiendo, al supuesto al que hace referencia el artículo. Se trata, no obstante, de una sentencia demoledora que podría resultar de aplicación en cualquier espectro social contemplado, sea éste más o menos amplio. Como a la propia España en la que se da la esquizofrenia de plantear al mismo tiempo la Reforma de las Pensiones, con objeto de asegurar su supervivencia futura, y la Reforma de la Ley del Aborto, con sus perniciosos efectos sobre la natalidad nacional, única que permite de modo natural corregir nuestra incierta deriva demográfica. En esas estamos, sembrando disposiciones para que nuestro futuro sea más difícil y no mejor. Pues nada, luego no se me quejen. Miren en China cómo les va.

Más en http://twitter.com/albertoartero y en la cuenta de Alberto Artero en Facebook.

Ya nos había avisado Marx de que alcanzar el progreso no iba a ser un proceso histórico lineal. En los últimos 30 años, a las violaciones tradicionales a los derechos de la mujer, basadas en una arraigada convicción en su inferioridad, se ha sumado el modo de hacer de una nueva Santa Alianza. Compuesta por la versión más agresiva del neoliberalismo y de los fundamentalismos reaccionarios, su asalto a las conquistas sociales a nivel mundial ha supuesto la pérdida de los derechos más básicos para millones de mujeres.

En su afán de minar las fronteras de la URSS, EEUU apoyó a la ultraderecha religiosa –desde Irán y Afganistán hasta Polonia– para poner fin a aquellos estados semi laicos. Estrategia que se llevó por delante la posición pública de la mujer, su acceso al empleo y a la educación, sus libertades sociales y personales.

La violación de los derechos humanos de la mitad de la humanidad nace precisamente ahí donde algunos ven victorias. Y las mujeres más afectadas por esta regresión han sido las que habitan en tierras musulmanas y las del bloque ex socialista.

Declarar a la mujer como “un ser medio humano” ha sido la seña de identidad de aquellos hombres que tomaron el poder en nombre de Dios, confundiendo el pasado con el presente. El nuevo totalitarismo ha permitido la adaptación de la vieja Inquisición (con tormentos públicos incluidos) sin que se remuevan las estructuras de su Historia. Han llegado a reglamentar hasta el color de los tejidos, legalizado la pedofilia al reducir la edad nupcial de niñas, santificado la violencia de género, apartado de la toma de decisiones por su divinizada inferioridad. Así fue posible la resurrección de la caza de brujas, esta vez de cientos de miles.

En el bloque ex socialista, cuyas mujeres gozaban de mayor igualdad que las occidentales, el ajuste estructural acabó con la “teoría socialista de la emancipación” y con la amplia red de apoyo estatal a las mujeres, restaurando en su lugar los antaño roles cavernícolas del hombre como proveedor de sustento y de la mujer dedicada al cuidado de la cría.

Polonia sustituyó el socialismo por el capital-catolicismo y desmanteló las garantías estatales que disfrutaban las mujeres, como disponer de guarderías, de empleo fijo o de subsidios a la vivienda.

La tasa de desempleo femenino, que es diez veces mayor que la de los hombres, les fuerza a muchas convertirse en amas de casa, inmigrantes, o carne blanca del mercado de “contactos”.

Para las mujeres de la RDA, la reunificación de Alemania supuso, de estar contratadas en casi un 90%, a pasar a formar parte del 62% de los parados del país. En Oriente Medio y los países poscomunistas, hoy hay menos mujeres en los cargos públicos que hace 40 años.

China, que con su revolución había demostrado cómo en pocas décadas la economía socialista había sido capaz de paliar las desigualdades (frente a la India, otro gigante), hoy obliga a sus mujeres a pagar el precio del desenfrenado desarrollo económico del país a beneficio de los mercaderes.

Las cifras son contundentes: la femenización de la pobreza, que excluye a quien la padece del desarrollo personal, la formación, la política, el arte, el ocio, la amistad o el amor, es el motivo de que la mayoría de los 1.020 millones de almas que duermen con el estómago vacío, así como de 20.000 personas que mueren al del hambre, sean mujeres. En un lugar como el África Subsahariana, ellas producen el 80% de los alimentos, mientras poseen tan solo el 1% de la tierra.

En acecho, los patrones de industria bélica, que ofrecen salidas a su desesperación: unos 59.000 efectivos femeninos han sido desplegadas en las guerras contra Afganistán e Irak.

La mayoría de los 125 millones de los excluidos del privilegio de vivir la magia de las letras son mujeres. Es así como las engañan para que firmen documentos en los que regalan sus pocos bienes o, incluso, renuncian a la custodia de sus hijos.

Cientos de miles mueren al año durante el parto, dejando huérfanos a millones de niños. Muchas son “niñas-esposas” de 12-14 años, víctimas de la prolongación de infanticidio femenino; 130 millones son sometidas a la mutilación genital.

Aquellas que consiguen huir de las guerras, del hambre y de la opresión, convirtiéndose en el 80% de los errantes del mundo, viven el terror y vejación en los campos de refugiados.

El feminicidio de la Ciudad Juárez es sólo una macabra muestra de cómo la impunidad es una aliada imprescindible que facilita el secuestro, la tortura, la violación y el tráfico de millones de mujeres a nivel mundial, algunas de tan solo 7 u 8 años. Detrás se encuentran hombres honorables de los cinco continentes.

La escasa presencia mujeres en puestos de poder –en sí un avance– no ha sido ningún consuelo. Ahmadineyad, mientras criticaba al marxismo de promover la “perversa” idea de igualdad entre las personas, colocaba en su gabinete a mujeres para que defendieran la discriminación positiva del hombre en las universidades, con el fin de reducir la presencia de las mujeres en esos centros, un asunto que les trae de cabeza. Ni qué decir de las Condoleezza Rice o las Imelda Marcos, entre otras.

Sin un programa a favor de los derechos de las desfavorecidas, la mera presencia de la mujer en la toma de decisiones no es más que una mera operación de maquillaje o de nepotismo.

En Occidente, por otro lado, las carencias en los derechos de las mujeres inmigrantes se han despolitizado para vincularlas, sospechosamente, a un debate sobre “cultura y estilo de vida”.

Y a las que viven en los relativos (aun) paraísos: ¡atentas!, porque las conquistas sociales son absolutamente reversibles.

Nazanín Amirian es profesora de Ciencia Política de la UNED.

Hoy se cumple el centenario del acceso de las mujeres a la universidad española en condiciones de igualdad con los hombres. Fue el 8 de marzo de 1910 cuando una Real Orden firmada por el ministro de Instrucción Pública, conde de Romanones, derogaba otra anterior en la que las alumnas que deseaban matricularse oficialmente en la universidad tenían que pedir un permiso especial.

Hay que recordar que en España, más que el derecho al voto, el núcleo de la polémica feminista fue la educación de las mujeres, y que hace un siglo los condicionamientos socioeconómicos del país no daban para que hubiera muchas aspirantes a universitarias. Por eso mismo es reseñable que, pese a las dificultades, hasta 1910, varias decenas de mujeres lograran licenciarse, poniendo de manifiesto su gran tenacidad y enorme deseo de estudiar. Entre ellas, es un deber y un placer otorgar el reconocimiento debido a las primeras doctoras, que lo fueron en Medicina, en 1882; Dolores Aleu Riera y Martina Castells Ballespí (Consuelo Flecha, 1996).

En estos cien años ha habido avances y retrocesos; ahora nos encontramos en una situación en la que el número de estudiantes de ambos sexos en la universidad se ha igualado, e incluso hay más chicas. Pero, según estudios de Paloma Alcalá y Eulalia Pérez Sedeño, si las curvas que recogen el número de hombres y mujeres en la universidad coinciden en la entrada, las dos ramas se van separando en las categorías que van ascendiendo en el rango universitario, conformando una gráfica de tijera, reflejo cuantitativo del famoso techo de cristal o, como estas profesoras prefieren llamarlo, asfalto pegajoso.

Consciente de que éste es un problema común, la Unión Europea publicó el informe ETAN, elaborado por un grupo de expertos de evaluación tecnológica. En este informe, en el que la desigualdad de género se identifica con una inadmisible pérdida de talentos científicos, se proponen, entre otras, las siguientes orientaciones: desagregar los datos del sistema científico por sexos; exigir paridad en los tribunales de evaluación; arbitrar fórmulas para la conciliación familiar dirigidos a investigadores e investigadoras, por igual; apoyar e impulsar los estudios de género y su inclusión en el currículo; promover campañas para el cambio de estereotipos de género en la ciencia; y crear unidades de mujer y ciencia.

En España, en donde los estudios científicos con perspectiva de género no acaban de ser incorporados digna y adecuadamente ni en los cuerpos disciplinares, ni en las áreas y planes docentes, ni en los procesos de evaluación investigadora, se ha puesto en práctica alguna de estas medidas, entre otras, la creación de observatorios de igualdad en los centros universitarios. Todavía no sabemos la capacidad y operatividad transformadora de estos centros, pero, al hacer balance de estos cien años, se constata la lentitud de los procesos que llevan de la igualdad formal a la igualdad real, y también la necesidad de seguir profundizando en la observación y análisis del lugar que ocupan mujeres y hombres en la institución universitaria.

Carmen Magallón. Doctora en Físicas y directora de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz.

La Tercera de ABC

Las religiones han sido, y todavía son en muchos lugares, los principales vehículos normativos. En todo el planeta son tan ahora relevantes como nadie hace dos décadas habría imaginado. En paralelo, y también en nuestras sociedades ricas, estables y abiertas, la ética es el tipo de filosofía que toma cada vez mayor cuerpo. Va de suyo pensar que una cosa esté relacionada con la otra ¿Qué tiene que ver ese espesamiento del discurso ético con la multiplicidad religiosa y la necesidad de convivencia de credos distintos en sociedades globalizadas? Desde el Siglo Ilustrado, la ética, que Kant decantó, ha mostrado ser uno de los resortes más eficaces para producir innovación en el campo de los mandatos morales. Sin embargo, las religiones, por si alguien lo pensó algún día, no van a desaparecer. Puede que las democracias sean religiosamente indiferentes, pero arrastran el fuerte peso de la tolerancia religiosa.

El principio de tolerancia tiene origen precisamente en el mejor manejo que de las creencias religiosas quiso hacer el estado moderno, superadas las guerras religiosas. Holanda y Zelanda fueron las primeras en formular ese principio por el cual toda religión será tolerada siempre que no altere la paz civil. Tolerada e incluso protegida. Pero eso significa que cada creyente, en tanto que ciudadano, se compromete a acatar las leyes compartidas. Admite, por así decir, un común terreno de juego. Encontrar un mínimo compartido de normas o de valores en una sociedad que a la vez admite formas de vivir diversas, no es fácil. Hay que acordar principios entre actores que pueden no compartir trazos muy gruesos de prácticas morales. Y no llegamos todavía a conocer cuánto pueda estirarse la idea de tolerancia sin romperse. La tolerancia, actualmente, se ha salido además de su cauce inicial, religioso, porque nos es requerida también para «aceptar la diversidad». Y esto puede producir profundas perplejidades a algunos individuos.

Si admitimos formas de vida diferentes que tienen que ser respetadas ¿por qué no admitimos también las normativas de cada religión en su totalidad y no las respetamos como derechos a la diferencia? Si en nuestras sociedades hay divorcio ¿Por qué no admitimos la poligamia? Si alguna juventud se hace peircings ¿qué tiene de malo la ablación? Si la voluntad individual fundamenta la conducta recta ¿por qué no admitir todo lo que venga de ella, burkas incluidos? Estas son tres preguntas que nos llevan al centro mismo del conflicto normativo: Cómo respetar la universalidad cuando declaramos que respetamos la diversidad. Pero se puede llegar más lejos.

¿Por qué las gentes, aunque vivan juntas, han de pensar lo mismo y mantener valores homogéneos? ¿No es mejor que todo valga y que, simplemente, no nos mezclemos? Juntos pero diversos. A cada cual se le aplique su ley. Esta es la interpretación que de la tolerancia hace el multiculturalismo. Nuestras sociedades pueden aspirar a ser cosmopolitas, no internacionales, y, por lo tanto, que florezca la diferencia y cada uno se ocupe sólo de lo suyo. Del multiculturalismo al relativismo no hay ni siquiera un paso.

Por lo demás, no habría de qué asustarse. Todas las formas religiosas comparten tramos normativos relativamente homogéneos. Todas prohíben parecidas cosas: el robo, el asesinato, la calumnia. Y todas norman el sexo. Han sabido hacerlo durante siglos. Tienen sus textos sagrados que las inspiran y sus revelaciones particulares. Hay entre ellas mayores acuerdos de los que sospechamos. Que entre ellas se entiendan, como pensó que era la solución Pico de la Mirandola. Era imaginativo, pero, obviamente, no pudo ser. Europa se vio sumergida en el mar de sangre y sufrimiento que las guerras de religión abrieron tras la Reforma. La mutua tolerancia ha sido fruto de la prevalencia del Estado.

Es bien cierto que la mayoría de las religiones aplican normas básicas similares. Son normas fuertes y elementales sin cuyo cumplimiento ningún grupo humano habría sobrevivido. Los ejemplos del robo, el asesinato o la calumnia son sólidos. Todas las sociedades y, en consecuencia, sus religiones prohíben lo mismo. Sin embargo no lo prohíben universalmente. Cuando los credos no vivían juntos, sino que reinaban como monarcas cada uno en su grupo social y político, por lo común impedían estos males, pero hacia adentro. Con el extranjero, con el extraño con quien no se ha hecho ningún pacto, no hay reglas. Vale todo. Nuestros dioses no lo defienden. Esa es la dura dinámica más antigua de cualquier grupo humano.

A medida que las civilizaciones humanas fueron aproximándose en el espacio y por último compartiendo como ahora un tiempo común, cierto universalismo fue haciendo también esporádica aparición. Los mandatos se convirtieron en principios, esto es, normas abstractas de aplicación universal. Apareció la necesidad de los mínimos compartidos. Cada una de las que Duby llama globalizaciones limitadas produjo algunos de estos principios, tan dispares que van desde la regla de oro al principio de utilidad. Los principios coinciden con lo que solemos llamar normas éticas: meta-mandatos a partir de los cuales poder cribar las normas particulares de cada grupo, aprovechar lo mejor de ellas y deshacerse del resto. Se aprecia que tal trabajo sólo se hace necesario cuando una convivencia múltiple lo impone, como sucediera en el pasado y con mayor fuerza ahora que el proceso de globalización está culminando.

Pero tampoco todos los mandatos que vienen por el vehículo religioso tienen la misma entidad, aunque todos ellos sean supervivenciales. Los que norman el sexo resultan ser más abundantes, prolijos y complicados. Los acuerdos, en este terreno, son menores. Y, sobre todo, tales mandatos suelen ser diferentes para varones y mujeres en un monto considerable. No matar, no robar, no calumniar, son mínimos que no tienen sesgo de género; los tienen que cumplir las personas sean del sexo que sean. No es así con los preceptos directamente sexuales. Por tradición, -y en esto sí que el acuerdo existe-, las mujeres tienen especiales deberes de honestidad, al par que los varones se reservan mayores territorios de libertad. El sexo y la comida, además, son los objetos principales de otro tipo de órdenes, premorales, pero muy importantes, las de pureza. Y éstas también suelen tener género.

Pues bien, por dejar planteado el caso, nuestras democracias complejas son «sociedades de principios», con una abundante carga discursiva ética, y con su normativa de género debilitada, mientras que las sociedades tradicionales son lo que Lecky llamó «sociedades de vergüenza», regidas por órdenes de pureza, -magistralmente estudiadas por Mary Douglas-, y normas de género estrictas. Si estos dos tipos coinciden, colisionan. En tanto que las normas de género son la parte más divergente de las normas comunes, las mujeres están justamente en la línea de fractura. Son sus nuevas posiciones las que se han alcanzado mediante argumentaciones éticas. Y a la vez, las nuevas posiciones de las mujeres exigen innovar al discurso religioso; eso de nuevo las marca cuando éste se vuelve resistencial o inmovilista. Y durante esa colisión se produce toda una cacofonía, un ruido, en que el debate mezcla y confunde sistemáticamente órdenes, mandatos y principios; por tanto, argumenta desde posiciones inconmensurables. No por saberlo podemos quizá evitarlo, pero es nuestro deber para con el conocimiento contribuir a aclarar el campo.

Amelia Valcarcel. Catedrática de Filosofía Moral y Política de la Uned.

Van a ser las mujeres nuevamente engañadas por la historia? Es legítimo temerlo en el caso de las afganas, donde Hamid Karzai pretende un “plan de reconciliación con los insurgentes”. ¿Dialogar con los talibanes? La idea puede parecer descabellada en un momento en que se intensifica la guerra; sin embargo, varios países financiarán el plan de paz de Karzai.

Esta política de “mano tendida”, desarrollada en la Conferencia de Londres del 28 de enero de este año, mientras la insurrección de los talibanes nunca estuvo más lejos de ser contenida, se desplegará en dos terrenos: el de la reintegración y el de la reconciliación. La reconciliación pretende abrir un diálogo con los jefes de los insurrectos, en particular con ciertos elementos del Estado Mayor del movimiento talibán (Emirato Islámico de Afganistán), replegado en Quetta, en el Baluchistán pakistaní, o sea, en el foco más ideológico de la insurrección. Karzai asegura que de ninguna manera se trata de dialogar con los talibanes vinculados a Al-Qaeda, pero no descarta hacerlo con el célebre Mulá Omar, ex brazo derecho de Bin Laden. Por otra parte, Obama ha quitado a cinco ex responsables talibanes de la lista negra. Sería cosa de hallar la perla rara: los talibanes moderados, dispuestos a respetar la Constitución afgana actual, mientras su Estado Mayor exige la salida previa de las tropas extranjeras y mantiene su objetivo de restablecer el “emirato islámico” construido entre 1996 y 2001. Ocho años después de haber sido expulsados de Kabul, los talibanes reciben una suerte de invitación a volver a participar. Para gran parte del pueblo afgano, esta propuesta señalaría el regreso a los años de plomo anteriores a 2002.

Como un puñado de heroínas que arriesgan su vida por los derechos de las mujeres, la afgana Shukria Haidar lucha desde hace 30 años por que “no se olvide allí la suerte de las mujeres”. Ex campeona de ping-pong, expulsada –a causa de su militancia– del Comité Olímpico Internacional, refugiada en París desde el golpe de Estado pro soviético de 1978, Shukria volvió a su país en 1989, cuando la retirada del Ejército Rojo. La esperanza renació en todos los afganos cuando el partido islámico tomó el poder en 1995. Shukria organizó entonces un proyecto de ayuda al deporte femenino: “Quería recoger fondos para construir terrenos deportivos y conseguir material para liceos y colegios”, dice.

La llegada de los talibanes puso fin a este proyecto –como a tantos otros–. Shukria tuvo la “impresión de que el cielo se (le) cae encima…”. “Sabíamos de qué habían sido capaces en las ciudades controladas por ellos: prohibición de escuelas para las niñas, burka obligatorio, acceso a los hospitales prohibido a las mujeres, prohibición de trabajar”. Para ella, como para sus camaradas, que crearon la asociación Negar de apoyo a las mujeres afganas, lo urgente ya no era el deporte, sino “los más elementales derechos de la mujer”. Con su asociación creó escuelas clandestinas, 26 en Kabul, y sembró centros sanitarios por todo el país y en los campos de refugiados: “Varios miles de mujeres trabajan allí con nosotras”. En junio de 2000, 300 de ellas se encontraron en Duchambé (Tayikistán), donde redactaron una Declaración de derechos fundamentales de la mujer afgana. Shukira multiplicó sus conferencias, también en Francia, veladas de debate, campañas de prensa para “mostrar el verdadero rostro de los talibanes… Las condiciones que imponen a las mujeres no forman parte de la cultura afgana ni del islam. Encerradas en sus casas, las mujeres no pueden salir sin que las acompañe un hombre y ni siquiera tienen derecho a escuchar música”, explicaba hace diez años Shukria al periódico francés Le Monde.

Desde entonces, a pesar de un cierto reconocimiento de los derechos de las mujeres afganas por el Gobierno de Karzai, estos se violan de manera recurrente: ataques contra las que se implican en la vida pública, violencias generales siempre impunes, casamiento de niñas y casamiento forzado, acceso vedado de la mujer a la justicia y de las niñas a la enseñanza secundaria. Las mujeres implicadas en la vida pública son objeto de amenazas y maniobras de intimidación. Muchas de ellas han sido asesinadas, pero ningún asesino ha sido llevado ante la justicia. El asesinato en 2009 de Sitara Achakzai, política y valiente militante de los derechos humanos, conocida por su manera directa y clara de hablar, fue una advertencia más dirigida a todos las que se inmiscuían en la vida pública. Una oficial de policía recibió amenazas de muerte: “Me dijeron que matarían a mis hijas”. “La situación de las mujeres y jóvenes afganas es alarmante y corre peligro de empeorar”, declaró recientemente Rachel Reid, especialista de Human Rights Watch sobre Afganistán. “Mientras el mundo tiene la mirada clavada en la nueva estrategia de la administración Obama en cuestiones de seguridad en Afganistán, es absolutamente esencial asegurarse de que los derechos de mujeres y jóvenes no se queden en un piadoso deseo y que se pongan en primera fila de las prioridades tanto de los gobiernos como de los proveedores de fondos”.

“Las mujeres no son una prioridad para nuestro Gobierno ni para la comunidad internacional… Hemos sido olvidadas”, dice Shinkai Karokhail, parlamentaria. “El presidente Karzai tiene mucho que hacer si quiere redorar su imagen moderada respecto de los derechos de las mujeres”, añade Rachel Reid. En la Conferencia de Londres, Hillary Clinton dio prueba de fina analista y optimismo desbordante: “La premisa de partida es que uno no hace la paz con sus amigos. Debéis ser capaces de negociar con vuestros enemigos”. El problema es que, para la opinión general, el Gobierno Karzai es demasiado débil frente a los talibanes. Mientras que Shukria Haidar no cesa de repetir: “No hay talibanes moderados, como nunca hubo nazis moderados”.

Nicole Thibon es periodista.

IGUALDAD

El autor denuncia la Ley de Violencia de Género por ser una norma enunciada «para conseguir el voto femenino»

El problema que está creando la Ley Integral contra la Violencia de Género en España es difícil de entender pues ha sido presentada como una ley para ayudar y proteger a la mujer, cuando en realidad se trata de una ley que manipula los sentimientos de indefensión de algunas mujeres para conseguir el voto femenino, que según creen los políticos contemporáneos, es decisivo a la hora de hacerse con el poder.

Es evidente que cualquier persona que lea el articulado de dicha ley quedará sorprendida pensando que tal norma jurídica haya sido promulgada por un Parlamento que dice llamarse democrático y corroborada por un tribunal que dice igualmente proteger la Constitución española. A todas luces se observa una quiebra del principio «todos los españoles somos iguales ante la Ley».

Si justificamos contradecir la norma ética que nos avisa de que no se puede alcanzar un fin bueno mediante un medio moralmente malo, no hacemos sino justificar la violencia. ¿Con qué fuerza moral se persigue a los grupos terroristas? ¿Dónde queda la legitimidad del Estado, pues ya sabemos que su legalidad depende de sí mismo?

Pero si al ciudadano de a pie le resulta difícil entender que su Parlamento, Gobierno y Poder Judicial estén cometiendo tal tropelía, mucho más difícil le resulta entender por qué no se rectifica, se echa marcha atrás, y se modifica o corrige una ley que produce tanto daño social. El alcalde de la ciudad palestina de Belén dijo en una entrevista que cuando una guerra deviene rentable ya no puede pararse. Evidentemente hacía referencia a la guerra entre israelíes y palestinos. Pero no siempre el negocio aparece a primera vista. El hecho de que no alcance notoriedad permite que sea ocultado por quienes se benefician.

El siguiente comentario corresponde a Carl Sagan, divulgador científico, hablando de la persecución de las brujas en el siglo XVI: «Rápidamente se convirtió en un provechoso fraude. Todos los costes de la investigación, juicio y ejecución recaían sobre los acusados o sus familias; hasta las dietas de los detectives privados contratados para espiar a la bruja potencial, el vino para los centinelas, los banquetes para los jueces, los gastos de viaje de un mensajero enviado a buscar a un torturador más experimentando a otra ciudad, y los haces de leña, el alquitrán y la cuerda del verdugo. Además, cada miembro del tribunal tenía una gratificación por bruja quemada. El resto de las propiedades de la bruja condenada, si las había, se dividían entre la Iglesia y el Estado. A medida que se institucionalizaban estos asesinatos masivos iba surgiendo una inmensa burocracia para servirla y la atención se fue ampliando desde las brujas pobres hasta la clase media y acaudalada de ambos sexos».

Cuantas más confesiones de brujería se conseguían bajo tortura, más difícil era sostener que todo el asunto era pura fantasía. Como a cada bruja se le obligaba a implicar a algunas más, los números crecían exponencialmente.

Esta combinación de acusación, persecución y beneficio económico es una de las más inhumanas de las espirales de violencia en la que puede caer una sociedad. Recientemente hemos asistido a procesos semejantes de consecuencias nefastas para toda la humanidad y con la rúbrica de los estados modernos. Basta citar la locura nazi. Cuando el proceso está en su inicio pasa inadvertido.

La pregunta es la siguiente: ¿A quién beneficia económicamente la Ley Integral sobre la Violencia de Género? Se trata del cui prodest de los juristas, que en este caso no es políticamente correcto formularla. Pero los resultados de la aplicación de dicha ley indican con claridad que no beneficia precisamente a la mujer.

Rafael Rodrigo Navarro es licenciado en Filosofía y Letras y doctor en Psicología.

© Mundinteractivos, S.A.

La ignorancia siempre ha sido muy atrevida. Si además es una ignorancia que trata de descalificar aspectos de la política de igualdad relacionados con la construcción del conocimiento, el atrevimiento tiene rango de provocación. No hay espacio suficiente en el periódico para poder contestar al exabrupto que supone tildar de despilfarro el apoyo a los estudios que toman como sistema de referencia las vidas de las mujeres. Me refiero al comentario aparecido en un medio escrito en el que se afirma que “el Ministerio de Igualdad de Bibiana Aído, a través del Instituto de la Mujer, continúa dilapidando cientos de miles de euros destinados a la ‘realización de investigaciones relacionadas con estudios feministas, de las mujeres y del género’”.

¿Acaso sin estos estudios hubiéramos llegado a saber, entre otros muchos ejemplos, que el infarto de miocardio no tiene los mismos síntomas en hombres y mujeres? Pues no hubiera sido fácil, habida cuenta de los abundantes precedentes en los que sucedió algo similar a lo acontecido con la teoría sobre el desarrollo moral del niño, de Kohlberg. Este psicólogo utilizó una muestra de 84 niños varones, a los que él y sus colaboradores siguieron durante 20 años. Las conclusiones se universalizaron. Al aplicar la escala a las niñas, se encontraba que estas obtenían puntuaciones más bajas, lo que llevaba a concluir que eran menos maduras en comparación con los niños de su edad. Carol Gilligan investigó con niñas y descubrió que las formas de razonamiento de ellas eran diferentes, lo que le llevó a cuestionar la universalidad de unos resultados ¡extraídos con una muestra sesgada!

En el siglo XXI ya no se puede ignorar que algunos grupos sociales fueron ignorados y/o maltratados por la tradición científica. Lo fueron los pertenecientes a culturas diferentes a la del hombre occidental y lo fueron las mujeres. Las preguntas a investigar, los métodos, las conclusiones, adolecieron de una mirada parcial y sesgada. Algunas ciencias, sobre todo la biología y las ciencias médicas, definieron la naturaleza de las mujeres de un modo cargado de prejuicios. Algo que todavía se arrastra hoy y que toca seguir corrigiendo.

Puesto que las concepciones y teorías científicas influyen en nuestra salud, en la forma de vivir, de ver el mundo, de relacionarnos… es importante preguntarse si son tan neutras como dicen ser, y si no es así darlo a conocer. Tras siglos de androcentrismo y sexismo, no es extraño que haya que mirar con sospecha cómo se estudian las enfermedades, cómo se interpreta la acción de las hormonas, qué se dice del cerebro de unos y otras, preguntarse por la validez de algunas afirmaciones de la ciencia, desvelar sus sesgos. No es extraño, sino necesario, preguntarse, en suma, qué y cómo se investiga.

Tomar las experiencias de las mujeres como fuente, nueva, de recursos teóricos y empíricos, ha ampliado el conocimiento, y lo ha mejorado. Y mientras esta corriente no se incorpore a la corriente principal como es debido, pese a todas las ignorancias y pese a todas las resistencias, habrá que seguir apoyándola.

Carmen Magallón. Doctora en Físicas y directora de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz.

La paridad en la participación pública de hombres y mujeres sigue siendo un horizonte a conquistar y no una realidad plena. Algo, sin embargo, se mueve; lentamente, pero se mueve en esta y en otras materias que tienen que ver con las políticas de igualdad a escala comunitaria. Mujeres y hombres debemos tener el coraje de zarpar hacia el mar abierto de un mundo igualitario, sin que ningún ancla del pasado nos lo impida.

En 1992, ministras y otras líderes de toda Europa celebraron la I Cumbre Europea Mujeres en el poder, que concluyó con la Declaración de Atenas, capital que acogió aquel encuentro. Tanto la reunión como el documento de referencia supusieron un hito y un impulso determinante para la igualdad y el acceso de las mujeres a los espacios de responsabilidad política. La Declaración de Atenas contribuyó a que los países miembros de la Unión Europea aprobaran legislaciones y normas que han permitido avanzar hacia una sociedad europea más cohesionada, más justa y más democrática.

Pero, a pesar de los avances, no hemos cumplido el objetivo: la plena participación de las mujeres en la vida pública y su acceso y permanencia en los puestos de toma de decisiones.

El pasado mes de noviembre, eurodiputadas de los principales grupos políticos protestaban en Bruselas vistiéndose a la usanza de los hombres para denunciar la preponderancia masculina en los puestos de responsabilidad de la UE. Las manifestantes amenazaron con boicotear incluso la constitución de la Comisión Europea si se seguía excluyendo de forma tan manifiesta a las mujeres. La realidad es que el progreso es lento y las cifras globales siguen siendo bajas. Así, sólo el 35% de los parlamentarios europeos son mujeres y sólo siete estados miembros alcanzan el 30% en sus parlamentos nacionales.

Por ello, tenemos que redoblar los esfuerzos para alcanzar la democracia paritaria, porque es el punto de partida para la construcción de una democracia que integre a toda la sociedad. Una democracia que no ponga en cuestión la valía de los 250 millones de europeas. Que valore el mérito, la capacidad y la formación por encima de prejuicios.

La realidad es que, en el contexto europeo, las mujeres constituyen el 60% de las personas que se licencian y los datos estadísticos reflejan que lo hacen con mejores expedientes académicos que sus compañeros varones. Aun así, la tasa de ocupación de las mujeres es inferior a la de los hombres y su presencia laboral sigue concentrándose en empleos tradicionalmente feminizados y peor remunerados, al tiempo que ocupan menos puestos de responsabilidad y de representatividad en todas las esferas sociales. Tales circunstancias concurren tanto en la política como en el ámbito empresarial, donde la proporción de directoras, por ejemplo, es sólo del 3% en las principales empresas que cotizan en bolsa y sólo uno de cada diez miembros de sus consejos de administración es mujer.

Prescindir de las mujeres no sólo es injusto desde la perspectiva de los derechos, sino que también resulta claramente ineficiente desde el punto de vista económico. La sociedad europea no puede permitirse el lujo de despilfarrar la capacidad, la inteligencia y el capital humano que representa la mitad de la población constituida por las mujeres.

Por esta razón, en el marco de la Presidencia española del Consejo de Europa y a iniciativa de los gobiernos de España y Reino Unido se celebrará mañana en Cádiz la II Cumbre Europea Mujeres en el poder con el objetivo de dar un nuevo impulso a la igualdad como valor político en nuestro proyecto europeo. Esta cumbre coincide con la conmemoración de los 15 años de la Plataforma de Acción de Beijing y con un momento clave de transición para Europa, con la puesta en marcha del Tratado de Lisboa e inmersa en el diseño de una nueva estrategia para el crecimiento y el empleo.

Coincidimos en la necesidad de que este nuevo modelo ha de estar basado en el conocimiento y en la innovación, ha de ser socialmente sostenible, debe incorporar todo el talento de las mujeres al tejido productivo, equilibrar la balanza de la responsabilidad de hombres y mujeres en las esferas públicas y privadas y profundizar en la conciliación de los tiempos de vida. En suma, la prosperidad ha de venir a partir de que se utilicen mejor y de forma más inteligente e incluyente todos los recursos y de aprovechar la capacidad de toda la población.

Hombres y mujeres tenemos que ser necesariamente cómplices de esa aventura común a la que llamamos futuro. No se trata de otorgar favores o privilegios, se trata de entender que la igualdad real y efectiva no se logrará en tanto en cuanto las mujeres no compartan todos los espacios de poder en igualdad de condiciones con los hombres. La falta de presencia de las mujeres impide asumir plenamente los intereses y las necesidades del conjunto de la sociedad.

La vieja Europa mira hacia 2020 y, en ese escenario, definitivamente, no pueden estar ausentes las mujeres. Ya es hora de realizar modificaciones profundas en la estructura de los procesos de decisión con el fin de asegurar dicha igualdad.

Tenemos que continuar mejorando nuestras democracias, pero ya, definitivamente, sin que el sexo sea en ningún caso motivo de discriminación.

La igualdad de participación de mujeres y hombres es necesaria para reforzar la democracia, esencial en la construcción de una sociedad más representativa, políticamente más dinámica, más solidaria y económicamente más rentable; y constituye un factor de cohesión y justicia social. Parecerían obviedades si no hiciera falta repetirlas, porque, por mucho que conozcamos la música de esas palabras, seguimos sin aprendernos y sin aplicar su letra.

Tenemos una responsabilidad inaplazable; no es tiempo de seguir negando la participación de las mujeres, de seguir hurtándoles los espacios que también son suyos. Ya son demasiados siglos de trabajo, demasiadas generaciones empeñadas en un mismo objetivo.

Luchar por la paridad no sólo beneficia a las mujeres, sino a todos los demócratas, porque se trata de una cuestión de derechos, de reparto de la riqueza y del poder, para el bien común. Esperemos que la Declaración de Cádiz sea la última, la que definitivamente nos permita navegar hacia el rumbo que unos y que otras nos propongamos, sin que nada nos retenga en un mismo muelle eterno. Esperemos que, a partir de este encuentro, el viento de la historia sople definitivamente a favor de una causa que debiera ser de todos los hombres y de todas las mujeres.

Bibiana Aído es ministra de Igualdad de España.

Harriet Harman es líder de la Cämara de los Comunes y ministra para las Mujeres de Reino Unido.

La violencia sexual se ha convertido en un instrumento de la guerra moderna. La mayoría de las víctimas son mujeres de todas las edades, pero a menudo muy jóvenes; los resultados son embarazos no deseados, infección por VIH y estigmatización social. Se calcula que entre 20.000 y 50.000 mujeres fueron violadas en la guerra de Bosnia en la década de 1990. En Liberia, país devastado por la guerra durante décadas, tres de cada cuatro mujeres han sufrido violencia sexual. En la provincia de Kivu Sur de la República Democrática del Congo se registran 40 violaciones cada día. Pero las mujeres no son sólo víctimas, sino que deber ser consideradas agentes a la hora de prevenir los conflictos y conseguir una paz duradera.

La Unión Europea y la OTAN desean atraer más atención sobre este asunto y definir medidas concretas para acabar con la violencia sexual, empoderar a las mujeres y destacar su papel crucial a la hora de restaurar la estabilidad; para ello, han empezado organizando conjuntamente la conferencia que se celebrará mañana en Bruselas. Ya existe un sólido marco jurídico, a saber, la resolución nº 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre las mujeres, la paz y la seguridad, así como una serie de resoluciones posteriores de las Naciones Unidas y la decisión de nombrar a un nuevo representante especial para coordinar los esfuerzos de la comunidad internacional en este ámbito. Por desgracia, la aplicación no avanza al mismo ritmo, por lo que resulta claramente necesario incrementar los esfuerzos para garantizar que más naciones cumplan sus obligaciones, en particular formando a personal militar y civil en temas relacionados con la igualdad entre los géneros.

La adopción del Tratado de Lisboa ha creado nuevas oportunidades para impulsar los objetivos en materia de género en el ámbito de la acción exterior de la UE. La creación del puesto de alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad puede contribuir a enriquecer la política que la UE aplica desde 2005 y que tiene por objetivo garantizar la plena integración de los aspectos relacionados con el género en las acciones de gestión de crisis de la UE tanto de carácter militar como civil. Por ejemplo, EULEX Kosovo cuenta con una unidad que trata específicamente de los derechos humanos y de los asuntos relacionados con el género, y EUFOR Chad/RCA dispone de un asesor en materia de género dedicado a la formación en este ámbito. Los aspectos relacionados con el género también están integrados en la ayuda exterior de la UE, lo que permite, por ejemplo, apoyar la participación femenina en las negociaciones de paz.

Junto con sus países socios, la OTAN también está examinando sus políticas y programas y procura intensificar su cooperación con otros agentes internacionales. Los mandos estratégicos de la OTAN han publicado recientemente una directiva militar para la aplicación de la resolución nº 1325 en todas las operaciones dirigidas por la OTAN. Se han creado asesores en materia de género para asistir a los mandos militares de alto rango en Afganistán. Sobre el terreno, los equipos de mujeres especialistas han tenido mucho éxito a la hora de crear confianza mutua entre las fuerzas dirigidas por la OTAN y las comunidades locales. Sin embargo, la OTAN también debe hacer más por crear las capacidades necesarias e integrar plenamente las perspectivas de género.

Esperamos y deseamos que nuestra conferencia de mañana fomente más avances. Queremos asegurarnos de que todas las operaciones dirigidas por la UE y la OTAN respetan las resoluciones de las Naciones Unidas sobre las mujeres, la paz y la seguridad, y de que estén respaldadas por mecanismos adecuados en los ámbitos de la educación, la formación, la supervisión y la evaluación. Seguiremos destacando el importante papel de la mujer en la seguridad en los preparativos del décimo aniversario de la resolución nº 1325, que se celebrará este año, así como en nuestro trabajo futuro. Nuestra percepción de la seguridad debe trascender el concepto tradicional de seguridad militar.

El último término, si no reforzamos los derechos y las responsabilidades de las mujeres a escala mundial, muchos de nuestros objetivos en el ámbito de la política exterior seguirán siendo inalcanzables, y aquellos que cumplamos resultarán insostenibles. Sólo si trabajamos juntos, a escala internacional, regional y con la sociedad civil, podremos combatir la marginación de la mujer, que es una amenaza real a la seguridad mundial.

Catherine Ashton es alta representante y vicepresidenta de la Comisión Europea.

Anders Fogh Rasmussen es secretario general de la OTAN.

Margot Wallström es vicepresidenta de la Comisión Europea.

A María José Carrascosa la han condenado a 14 años de prisión por nueve delitos, uno de interferencia a la Justicia y ocho de desacato. La verdad es que María José ha cometido el peor crimen que una mujer puede cometer contra el patriarcado: llevarse consigo a su hija separándola de su padre. En el momento de comunicarle la sentencia, el justiciero juez Donald Venecia de Hanckensack, Nueva Jersey, abochornó a la mujer –a la que trasladan al juzgado en cada comparecencia encadenada de manos y de pies– lanzándole un sermón enfurecido en el que la acusaba de arrogante, de desafiante a la ley y de disponer de su hija como si fuese una propiedad que le perteneciera.

María José lleva tres años en prisión. Desde que, con una ingenuidad sólo propia de quien no sabe nada del patriarcado, viajó hasta Estados Unidos para defenderse ante el juzgado en el que el marido había presentado la demanda de divorcio. Porque María José, que es española, había trasladado su residencia a España, con la niña de 5 años, después de que el Servicio de Emigración de EEUU le concediera el estatus de mujer maltratada. Con ese aval y las pruebas de la violencia que había sufrido y de los abusos sexuales de que el padre había hecho víctima a la menor, el juzgado y la Audiencia españolas concedieron el divorcio y la custodia de la menor a la madre. Pero esta no conocía el talante de los jueces esta
dounidenses, porque, cuando se presentó ante el tribunal, en ese mismo momento fue detenida y encarcelada sin que se le haya aplicado en tres años el beneficio de la libertad provisional ni siquiera bajo fianza.

Durante tres años María José y toda su familia –conocí a su hermana Victoria en un programa de televisión y comprobé la tortura que todos estaban viviendo– han batallado fieramente por demostrar su verdad. Abogados estadounidenses y españoles han trabajado conjuntamente para demostrar la situación que había sufrido María José durante su matrimonio y el peligro real que corría la menor si permanecía en compañía de su padre. Durante esos tres años ninguno de los jueces que ha tenido competencia en el asunto ha atendido las pruebas y los argumentos planteados, ni ha tenido consideración alguna por las dos sentencias españolas que le dan la razón a María José. No ha influido en su ánimo la evidencia de que, si una madre es capaz de aguantar una tan larga prisión por proteger a su hija, alguna causa grave debe motivarla, y ni siquiera ha sentido la menor compasión por la mujer que, además del encierro, está sufriendo una larga enfermedad de la que deberá ser intervenida quirúrgicamente.

Marilyn French, la escritora feminista estadounidense, tiene un estremecedor libro que titula La guerra contra las mujeres, en el que analiza las injusticias que con ellas diariamente se cometen en su país. Se les imponen por los jueces sentencias crueles y sin fundamento, se las somete a torturas en comisarías y cárceles, se las condena a larguísimas penas de prisión por delitos menores. Compara el mismo trato que se les dispensa a los hombres por iguales casos y siempre son ellos los beneficiados. El libro, que deja sin aliento, fue escrito hará una veintena de años y a esa circunstancia se agarró mi ánimo para tranquilizarse pensando que la situación habría cambiado, deseoso de huir de la angustia que me produjo el conocimiento de ese mundo de terrorífico dominio del patriarcado, del que no sabemos nada. La situación de María José Carrascosa me ha desvelado que el tiempo transcurrido no ha modificado ni la ley ni el criterio judicial ni el convencimiento social mayoritario de que el hombre siempre tiene razón.

No parece que hayan sido muchas las gestiones que ha realizado el Gobierno español a favor de una de sus ciudadanas. Constato los grandes esfuerzos que estuvo haciendo nuestro ministro de Asuntos Exteriores para salvar a Aminatou Haidar –ni siquiera se ha producido una declaración institucional a favor de María José– y la importante campaña de solidaridad general que la activista saharahui despertó. No conozco si Amnistía Internacional ha tomado interés en el asunto, y pienso en este momento en las manifestaciones a favor del disidente chino Liu Xiaobo –condenado a 11 años por un manifiesto– que se vierten diariamente en todos los medios de comunicación y en todas las tertulias radiofónicas y televisadas. He leído la información sobre las concentraciones a favor de Juan López de Ugarte, preso hasta hace pocos días en Copenhague.

Pienso también en las campañas que se han llevado a cabo cuando se ha condenado a lapidación o latigazos a alguna mujer en países musulmanes y no veo movimiento alguno a favor de María José exigiendo equidad en el tratamiento que se le está impartiendo.

Me pregunto si será porque Estados Unidos tiene una patente indiscutible de país democrático, o porque no es un país musulmán y, por tanto, está más allá de toda sospecha, o quizá porque la víctima es simplemente una mujer y una madre que sólo defiende a su hija, interés este de muy poco peso frente a los grandes que defienden Aminatou y Liu Xiaobo.

Y sobre todo me pregunto –y me desespero al hacerlo–: ¿qué hace el movimiento feminista de nuestro país? María José es española, es víctima de la violencia machista, está defendiendo, a costa de su propia libertad y salud, a su hija de un padre maltratador y abusador sexual y, por ello, está siendo víctima de la más atroz de las injusticias que pueden darse en un país desarrollado y democrático. ¿Qué respuesta ha tenido este infame caso por parte de los miles de grupos feministas que presumen de trabajar en España? ¿Por qué no se han movido para defender a María José Carrascosa?

Lidia Falcón es periodista y escritora.

La violencia contra las mujeres sigue estando en primer plano, tanto por la polémica levantada a raíz de las críticas de un juez sevillano a la Ley Integral contra la Violencia de Género como por haberse producido ya, en el tercer día del nuevo año, la primera de las víctimas. Pese a que las mujeres muertas a manos de sus parejas o ex parejas disminuyeron en 2009 un 40% con respecto al año anterior, el número de víctimas, 55, sigue siendo alarmantemente alto. Que casi un tercio de ellas sea menor de 30 años añade además la indicación preocupante de que entre los jóvenes está dándose una tendencia continuista. Ante un problema tan grave, es necesario generar, y en ello se está, cierta dosis de acuerdo social sobre la pertinencia de los análisis que identifican las raíces de esta violencia, pues de ellos se derivan las orientaciones educativas básicas para el cambio. Sin embargo, hoy por hoy, la aplicación de la ley no concita la unanimidad social que hubo en el Parlamento para aprobarla. ¿Son razones o son resistencias?

Si miramos hacia atrás, el avance más reseñable frente a la violencia machista fue hacerla visible, convertir en público un problema que hasta entonces, hasta hace bien poco, era considerado privado. Este primer paso fue un logro del movimiento feminista, en cuyo seno crecieron, además de la acción reivindicativa, instrumentos de análisis crítico de la realidad, teorías y conceptos, que como el de género, permitían explicar y hacer frente a la desigualdad entre los sexos.

Es ampliamente constatable que la variable género y la perspectiva que se genera al tenerla en cuenta ha servido y sirve para mejorar la objetividad de la ciencia y del conocimiento al eliminar sesgos sexistas y visiones parciales. Por eso resulta chocante que se hable de “ideología de género” en sentido peyorativo, para descalificar la ley, como si los análisis de género constituyeran una visión falsa de la realidad que trata de imponerse y oprime. La ley contra la violencia machista posiblemente es mejorable, y en ese sentido bienvenida sea la crítica, pero tachar de ideología opresora la fundamentación de género que proporciona una teoría social explicativa y fructífera, ¿no es más bien una impugnación, gratuita, a la totalidad? Y si lo es, ¿sobre qué bases se mantiene?

La variable género es interactiva, explica las relaciones de poder que se establecen entre hombres y mujeres, pero no lleva a condenar a los hombres por el hecho de serlo. Condena el estereotipo de hombre dominador, pero no instaura ninguna lucha de sexos. Hombres y mujeres somos beneficiarios de un análisis que rompe con la postura biologista-esencialista desde la que las atribuciones psicosociales y los roles asignados a cada sexo son inamovibles. En este marco, es posible otra socialización, educar en la igualdad y en la libertad frente a los estereotipos. El hombre violento no es visto como natural, sino como el resultado de una proyección cultural, transformable por tanto. La mujer tampoco es idealizada. ¿Es opresor deconstruir al hombre violento? ¿No habríamos de estar juntos en este empeño?

Carmen Magallón. Directora de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz.