Reggio’s

¿Hay que legalizar la práctica de las trabajadoras del sexo? Los datos señalan que eso contribuiría a que se violaran más derechos básicos de un mayor número de mujeres. Más eficaz resulta criminalizar al cliente

La derecha más liberal y la izquierda más progresista están de acuerdo en una misma reforma. Hay que legalizar la prostitución. Para el liberal (hay muchas voces liberales, pero, por su estatura intelectual, recomiendo a Sala-i-Martín en La Vanguardia, 17-9-09), el Estado no puede prohibir el intercambio voluntario de servicios entre adultos a cambio de dinero. Para la progresista (ídem, Imma Mayol, EL PAÍS, 25-9-09), el Estado debe garantizar a las “trabajadoras del sexo” la salvaguarda de sus derechos. Para ambos, la regularización, al hacer aflorar una economía sumergida, reduciría tanto el tráfico ilegal de personas como los abusos y las condiciones de explotación en las que viven muchas prostitutas. Y, de paso, podríamos recaudar impuestos, que nos viene muy bien en tiempos de crisis. ¿Algo que objetar a esta conjunción de las mejores virtudes del mercado libre y del Estado regulador-protector?

Me temo que sí. La dificultad de obtener datos sobre un negocio tan oscuro como la prostitución es la perfecta justificación para que tanto el liberal como la progresista den rienda suelta a sus teorías sin tener que ofrecer evidencia empírica. Para el liberal, la bondad del mercado libre hará que mafiosos esclavistas se conviertan de un día a otro en respetables empresarios del sexo y puedan “contratar a las trabajadoras en origen y pagarles el viaje de ida y vuelta, eliminando así el negocio del traficante” (Sala-i-Martín). Para la progresista, la bondad del Estado actuará “promoviendo la existencia de espacios autogestionados, sin amos, que despojen al proxeneta de su funcionalidad” (Imma Mayol).

Pero los datos disponibles señalan que tanto la legalización de la prostitución (propuesta por liberales y progres) como la situación actual de relativa alegalidad (y defendida de facto por PSOE y PP) producen resultados peores que una tercera alternativa con pocos padrinos en nuestro país: la criminalización del cliente. Y es que tenemos evidencia cada vez más sólida de que actuar sobre la demanda de la prostitución (es decir, castigando al cliente) en lugar de sobre la oferta (es decir, regulando la prostitución, como proponen liberales y progresistas) tiene efectos positivos.

Liberales y progresistas asumen que existe una demanda varonil elevada y relativamente fija de servicios sexuales. Dicha demanda sería el resultado de diferencias entre hombres y mujeres, ya sean de índole biológica (para los liberales) o cultural (para los progresistas). Por ello, prohibir la demanda solo conduciría a un desplazamiento de la prostitución de la calle o del burdel a lugares más siniestros. Pero la experiencia de otros países desafía estas asunciones simplistas sobre la naturaleza varonil, pues la demanda -oh, sorpresa- cae en picado cuando se penaliza la compra de sexo. Por ejemplo, pocos años después de la puesta en marcha, en 1999, de una política de penalización al cliente en Suecia, se calcula que el número de prostitutas se había reducido entre un 30% y un 50%, y el de clientes entre un 75% y un 80%.

La caída de la demanda en países prohibicionistas como Suecia ahoga a la oferta, especialmente la que proviene del negocio más sucio que prolifera en el mundo globalizado actual: el tráfico de mujeres (y niñas) con fines sexuales -que representa, de acuerdo con Naciones Unidas, un 87% de los cuatro millones de seres humanos que son explotados como esclavos anualmente. Así, mientras los traficantes de esclavas sexuales logran introducir anualmente entre 400 y 600 víctimas en Suecia para saciar los apetitos sexuales de aquellos ciudadanos que son capaces de arriesgarse a una pena por comprar sexo, en las vecinas Finlandia o Dinamarca, con la mitad de la población, pero con leyes más permisivas hacia la prostitución, las mafias podrían estar infiltrando hasta 15.000 víctimas al año. Empujados por la elocuencia de estos datos, los políticos nórdicos, sobre todo finlandeses y noruegos, están optando por la “vía sueca”, empezando a criminalizar la compra de sexo.

La penalización de los clientes en Noruega ha sido aprovechada además por los economistas Jakobsson y Kotsadam para estudiar lo más científicamente posible los efectos de una política pública. Es decir, mirando qué pasa antes y después de la reforma y, al mismo tiempo, comparando con otros países en los que no ha habido ningún cambio legislativo durante ese periodo. Los resultados son inequívocos: la demanda de prostitución en Noruega ha caído de forma significativa desde la criminalización del cliente. En un análisis de 30 países, estos mismos autores señalan que allí donde hay un mayor reconocimiento legal de la prostitución también existe un mayor tráfico de esclavas sexuales. O sea, exactamente lo contrario de lo que predicen el liberal y la progresista.

Las razones son obvias. Donde la compra de sexo es ilegal, los costes en los que incurren las mafias esclavistas de mujeres para garantizar a los clientes que no serán descubiertos y penalizados se vuelven demasiado altos. En conversaciones interceptadas por la policía, los propios traficantes, que no dejan de ser hombres de negocios, admiten que no vale la pena trabajar en los países prohibicionistas. Es más sencillo operar en lugares como Holanda, Alemania o España, donde, ya sea de forma legal o alegal, todo el que quiere comprar sexo lo puede hacer en un instante, de forma sencilla y sin riesgo a ser castigado.

Los estudios también apuntan a que cuando la prostitución se regula como una actividad económica más, los abusos sobre las libertades individuales de las prostitutas no decrecen, como pretenden hacernos creer liberales y progresistas, sino que aumentan. Con la regularización de la prostitución, los traficantes de seres humanos, experimentados en tergiversar la voluntad de jóvenes y de niñas, encuentran una fachada legal perfecta con la que cubrir sus actividades delictivas. Por una parte, no les cuesta “convencer” a muchas víctimas potenciales, mediante las manipulaciones físicas y psicológicas más perversas, para que se registren como trabajadoras del sexo. Por otra parte, ¿alguien espera que el crimen organizado empiece a pagar impuestos y declare sus actividades más lucrativas, como la prostitución de menores o los depravados tratamientos hormonales a los que son sometidos muchas prostitutas? Encontramos ejemplos de legalizaciones de la prostitución con resultados perversos en todo el mundo, desde Alemania a Australia, pasando por Nevada en Estados Unidos. Una consecuencia frecuente de regularizar la compra de sexo es que, mientras el número de burdeles legales crece, los negocios ilegales -por ejemplo, con prostitutas menores de edad- se multiplican.

El liberal suele comparar a las “operarias del amor” que ejercen su profesión libremente con otros trabajos regularizados que no se hacen por el amor al arte sino por dinero, como lavar urinarios. El problema es que el intercambio sexual se da, por su propia naturaleza, en un contexto de intimidad y clandestinidad, en el que algunos elementos del “contrato” quedan a la discreción de una de las partes, con consecuencias potencialmente devastadoras para la otra. Volvamos a los datos. Un estudio en nueve países encontró que del 60% al 75% de las mujeres que ejercen la prostitución han sido violadas, del 70% al 95% físicamente agredidas y un 68% presentan síndromes de estrés postraumático similares a los de los veteranos de guerra bajo tratamiento psiquiátrico. Si alguien nos mostrara que alguna profesión reconocida produce secuelas físicas, mentales y emocionales solo remotamente similares, solicitaríamos la inmediata ilegalización de la misma.

Por todo ello, hay motivos para pensar que legalizar la actividad de las “trabajadoras del sexo” (el proletario término preferido por la progresista) o el “outsourcing sexual” (el anglicismo usado por el liberal) contribuiría a que se violaran más derechos básicos de un mayor número de mujeres. Siguiendo criterios serios para evaluar políticas públicas, la única medida que parece efectiva para combatir el tráfico y la esclavitud con fines sexuales es criminalizar la compra de sexo. Ya es hora de que esta medida se estudie seriamente en España.

Víctor Lapuente Giné es profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Gotemburgo, Suecia.

En los países del Sur, las mujeres son las principales productoras de comida, las encargadas de trabajar la tierra, mantener las semillas, recolectar los frutos, conseguir agua, etc. Entre un 60 y un 80% de la producción de alimentos en estos países recae en las mujeres, un 50% a nivel mundial. Estas son las principales productoras de cultivos básicos como el arroz, el trigo y el maíz, que alimentan a las poblaciones más empobrecidas del Sur global. Pero, a pesar de su papel clave en la agricultura y en la alimentación, ellas son, junto a los niños y niñas, las más afectadas por el hambre.

Las mujeres campesinas se han responsabilizado, durante siglos, de las tareas domésticas, del cuidado de las personas, de la alimentación de sus familias, del cultivo para el autoconsumo y la comercialización de algunos excedentes de sus huertas. Han cargado con el trabajo reproductivo, productivo y comunitario, y ocupado una esfera privada e invisible. En cambio, las principales transacciones económicas agrícolas han estado, tradicionalmente, llevadas a cabo por los hombres en las ferias, con la compra y venta de animales, la comercialización de grandes cantidades de cereales… ocupando la esfera pública campesina.

Esta división de roles asigna a las mujeres el cuidado de la casa, de la salud, de la educación y de sus familias y otorga a los hombres el manejo de la tierra y de la maquinaria, en definitiva de la técnica, y mantiene intactos los papeles asignados como masculinos y femeninos que durante siglos, y aún hoy, perduran en nuestras sociedades.

Sin embargo, en muchas regiones del Sur global, en América Latina, África subsahariana y sur de Asia, existe una notable feminización del trabajo agrícola asalariado. Entre 1994 y 2000, las mujeres ocuparon un 83% de los nuevos empleos en el sector de la exportación agrícola no tradicional. Pero esta dinámica va acompañada de una marcada división de género: en las plantaciones las mujeres realizan las tareas no cualificadas, como la recogida y el empaquetado, mientras que los hombres llevan a cabo la cosecha y la plantación.

Esta incorporación de la mujer al ámbito laboral remunerado implica una doble carga de trabajo para las mujeres, quienes siguen llevando a cabo el cuidado de sus familiares a la vez que trabajan para obtener ingresos, mayoritariamente, en empleos precarios. Estas cuentan con unas condiciones laborales peores que las de sus compañeros recibiendo una remuneración económica inferior por las mismas tareas y teniendo que trabajar más tiempo para percibir los mismos ingresos.

Otra dificultad es el acceso a la tierra. En varios países del Sur, las leyes les prohíben este derecho. Y, en aquellos donde legalmente lo tienen, las tradiciones y las prácticas les impiden disponer de ellas. Pero, este problema no sólo se da en el Sur global. En Europa, muchas campesinas no tienen reconocidos sus derechos, ya que, a pesar de trabajar en las explotaciones, igual que sus compañeros, la titularidad de la finca, el pago de la Seguridad Social, etc. lo tienen habitualmente los hombres. En consecuencia, las mujeres, llegada la hora de la jubilación, no cuentan con pensión alguna, no tienen derechos a ayudas, cuotas, etc.

El hundimiento del campo en los países del Sur y la intensificación de la migración hacia las ciudades ha provocado un proceso de descampesinización. Las mujeres son un componente esencial de estos flujos migratorios, nacionales e internacionales, que provocan la desarticulación y el abandono de las familias, de la tierra y de los procesos de producción, a la vez que aumentan la carga familiar y comunitaria de las mujeres que se quedan. En Europa, Estados Unidos, Canadá… las migrantes acaban asumiendo trabajos que años atrás realizaban las mujeres autóctonas, reproduciendo una espiral de opresión, carga e invisibilización de los cuidados y externalizando sus costes sociales y económicos a las comunidades de origen de las mujeres migrantes.

La incapacidad para resolver la actual crisis de los cuidados en los países occidentales, fruto de la incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral, el envejecimiento de la población y la nula respuesta por parte del Estado a estas necesidades conlleva la importación masiva de mano de obra femenina de los países del Sur global, destinada al trabajo doméstico y de cuidado remunerado.

Frente a este modelo agrícola neoliberal, intensivo e insostenible, que se ha demostrado totalmente incapaz de satisfacer las necesidades alimentarias de las personas y el respeto a la naturaleza, y que es especialmente virulento con las mujeres, se plantea el paradigma alternativo de la soberanía alimentaria. Se trata de recuperar nuestro derecho a decidir sobre qué, cómo y dónde se produce aquello que comemos; que la tierra, el agua, las semillas estén en manos de las y los campesinos; de combatir el monopolio a lo largo de la cadena agroalimentaria.

Y es necesario que esta soberanía alimentaria sea profundamente feminista e internacionalista, ya que su consecución sólo será posible a partir de la plena igualdad entre hombres y mujeres y el libre acceso a los medios de producción, distribución y consumo de alimentos, así como a partir de la solidaridad entre los pueblos, lejos de las proclamas chovinistas de “primero lo nuestro”.

Hay que reivindicar el papel de las campesinas en la producción agrícola y alimentaria y reconocer el papel de las mujeres de maíz, aquellas que trabajan la tierra. Hacer visible lo invisible. Y promover alianzas entre mujeres rurales y urbanas, del Norte y del Sur. Globalizar las resistencias… en femenino.

Esther Vivas es coautora de ‘Del campo al plato’ (Icaria, 2009)

TRIBUNA: VIOLENCIA DE GÉNERO

El verano siempre esconde sorpresas entre su exceso de grados. El calor, destilado y concentrado en el mes de agosto, termina por subirse a la cabeza como si se tratara de una bebida espirituosa. Y cuando en la azotea craneal se encuentra con pensamientos en ebullición, el resultado suelen ser los malos humos que reflejan algunas opiniones y que, como la humareda al fuego, revelan conflictos ocultos. La igualdad y la violencia de género es uno de estos temas que agosto suele recalentar.

El pasado día 4 el Ministerio de Igualdad, como el pasado año, presentó el balance de la evolución de la violencia de género y el resultado de un estudio sociológico sobre actitudes y percepciones ante esta violencia. Todo este tema, rodeado de desconocimiento, ignorado históricamente, camuflado entre la normalidad de las costumbres y la tradición cultural y que además se traduce en consecuencias tan dramáticas como son cada uno de los asesinatos, exige mucho conocimiento e identificar claves de comprensión para avanzar en su solución. Es lo mínimo.

Pero el objetivo, al menos para una parte de la sociedad, es el contrario. Parece que molesta delimitar la realidad de la violencia de género para mostrarla tal y como es. Como se deduce de algunos artículos y opiniones aparecidos estos días, hay quien prefiere esconder la realidad de fondo bajo argumentos basados en percepciones individuales que se apoyan a su vez en datos aislados e inconexos. Sorprende que la llamada a la responsabilidad individual de las personas encargadas de la respuesta profesional se entienda como una culpabilización, en lugar de ver una apelación al compromiso que todos debemos tener ante el problema.

Como es época de sorpresas, el azar nos aborda ahora con un debate sobre el significado de la violencia doméstica. Incluso se discute la constitucionalidad de la Ley Integral Contra la Violencia de Género, a raíz de una sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia que absuelve a un hombre de un delito de violencia de género, por no apreciar en los hechos «un móvil de dominación machista».

En este punto, se hace necesario recordar que la Ley Integral nace de la voluntad unánime de acabar con la violencia de género en la sociedad española, que a través del Parlamento se ha dotado de un instrumento para conseguirlo, actuando sobre la prevención y sobre los casos que se producen. La Ley Integral parte de la especificidad de la violencia de género y sus diferencias respecto al resto de la violencia interpersonal, que no está en el resultado, en el hecho de agredir a otra persona -en esto todas las violencias son iguales (terrorista, racista, mafiosa…)-, sino en su origen, en la motivación de la que parte y en los objetivos que pretende conseguir.

El modelo ecológico de la violencia que recoge el Informe Mundial de la OMS (2002) sitúa el origen de la violencia de género en el contexto sociocultural, que envuelve al resto de circunstancias entre las que, en la parte final, se encuentran los factores individuales que caracterizan la conducta desarrollada. Las causas de la violencia contra las mujeres no están en los elementos individuales que definen la relación de pareja (si ella gana más dinero que él o tiene más estatus, si existe dependencia material, si la agresión ha sido de un modo u otro…). Esos aspectos concretos matizan los hechos, pero no los definen.

La violencia surge de la desigualdad existente en la sociedad, que lleva a muchos hombres a mantener una posición de referencia o de autoridad -o lo que es lo mismo, una posición de poder- sobre la cual corregir o imponer sus criterios recurriendo, incluso, al uso de la violencia. Y para ello cuenta con la normalización de esta violencia que hace la propia víctima y la sociedad, y la legitimidad que le da el ejercerla desde esa posición de poder. No por casualidad existe una incidencia tan alta de violencia de género -no sólo homicidios-, ni tampoco resulta casual que más del 80% de las mujeres asesinadas no hayan denunciado, ni que las que lo hacen sean cuestionadas con argumentos falaces, por amplificados, como el de las denuncias falsas.

El artículo 1 de la Ley lo recoge de forma clara: la violencia de género es aquella que se ejerce «como manifestación de la discriminación, situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres…». No es una violencia que busca esos objetivos, sino que nace de esas circunstancias, y no como parte de un contexto individual de relación de pareja, sino como una situación general traída por la desigualdad atávica. Y no hay que escandalizarse por ello, sino resolverlo.

Cuando las declaraciones internacionales y la Constitución hablan de que no se puede discriminar por razón de ideología, raza, sexo, creencias… lo que nos están diciendo es que todas esas discriminaciones existen. Y si existe la discriminación por razón de sexo, significa que son las mujeres las que la han sufrido en una historia que abraza al presente. La violencia de género surge de ese contexto sociocultural y la Ley Integral busca acabar con ella para avanzar hacia la igualdad como valor interiorizado, no sólo como referencia externa exigible por ley. Por eso sanciona con más gravedad lo que es más grave, puesto que la violencia que ejercen los hombres sobre las mujeres en las relaciones de pareja cuenta con el beneplácito de una cultura que la ha normalizado y que cuestiona más a las víctimas y a quienes hablamos de ella que a los agresores y a quienes, de alguna manera, minimizan el calado de esa violencia.

No se puede ser simplista y decir que es una Ley contra los hombres. No es así; sólo actúa contra quienes se aprovechan de las circunstancias que la cultura sitúa a su alcance para ejercer la violencia, algo que no pueden hacer las mujeres. Pero ello no significa que ellas no sean sancionadas cuando agreden: lo son de manera proporcional al significado de la violencia que ejercen, y no sólo al resultado de la agresión.

La Ley Integral exige la concurrencia de elementos que confieren a la conducta una mayor gravedad sobre la base de las referencias culturales que la han normalizado e invisibilizado. Por eso el agresor tiene que ser un hombre, la víctima una mujer, y las circunstancias la relación de pareja. No es una normativa contra los hombres, pues a quienes no ejercen la violencia frente a sus parejas, o aquellos que agreden a una mujer fuera de la relación de pareja o atacan a otros hombres, incluso dentro de las relaciones de pareja, no se les aplica esta norma.

La Ley Integral refleja la voluntad ciudadana de acabar con la violencia de género, y eso significa abordar las circunstancias que dan lugar a ella, no sólo actuar sobre sus manifestaciones. La igualdad es la mejor medida de protección que podemos darnos para conseguirlo, y por ello tenemos que trabajar para alcanzarla y para velar por su cumplimiento.

Quien teme a la igualdad es un poco como el verano, aparentemente estable y claro, pero cargado de tormentas sorpresivas que buscan arrastrar lo nuevo para dejar las raíces de siempre.

Miguel Lorente es el delegado del Gobierno contra la Violencia de Género.

El objetivo final que se pretende es la construcción de un nuevo modelo social que incorpore plenamente a la mujer en la vida pública. Pero, ¿qué itinerarios debemos seguir para alcanzarlo?

Los totalitarismos y sectarismos en diferentes momentos históricos han encumbrado ideas absolutas, intocables, y han enviado a la hoguera, al paredón o a la prisión a quienes se han atrevido a cuestionar los dogmas de fe. También esto ha ocurrido en España con el feminismo totalitario.

Si alguien es calificado de machista o de oponerse a la igualdad, según el único camino trazado por quienes se erigen en doctores de esta nueva iglesia, es expulsado de medios y tribunas. Podía haber sido peor, pero afortunadamente no prosperó la idea de tipificar como delito la denominada apología del machismo, como pretendían algunos colectivos. La libertad de expresión ha sufrido mucho los últimos años, pero es más preocupante la autocensura de la mayoría, que ha permitido, sin demasiadas voces en contra, aumentar en miles los hombres presos por hechos leves relacionados con la violencia machista. Por ejemplo, sujetar a la pareja de la muñeca sin causarle lesión o decirle “te vas a enterar”.

Hemos resucitado el viejo maniqueísmo y le hemos dado la vuelta. Hasta hace poco, lo masculino era revestido de connotaciones positivas, mientras que lo femenino era sinónimo de fragilidad, perversión o maldad. En las últimas décadas se han invertido los términos. Lo masculino es equiparado a violencia y maldad, mientras que lo femenino a bondad, solidaridad y valores positivos. Desde un sencillo ejercicio de racionalidad, esas posturas extremas son inaceptables, pero los seres humanos tenemos verdaderas dificultades para reflexionar con ecuanimidad y establecer reglas sociales, que permitan avanzar hacia convivencias más armónicas y de respeto a lo que la mayoría hemos convenido en denominar derechos fundamentales.

Mujeres y hombres somos biológicamente muy distintos, y la variedad de cada uno de estos grupos es también inmensa en función de la zona geográfica de procedencia, la clase social, la edad, la tendencia sexual, etcétera. Partiendo, por tanto, de esa tremenda diversidad que hemos convenido en respetar, debemos caminar hacia una igualdad de derechos y obligaciones, al tiempo que no deben violarse los mínimos recogidos en declaraciones universales que no tienen ni un siglo. El camino hacia la igualdad en la diversidad no está exento de tensiones y contradicciones, pues comporta una modificación de los roles tradicionales, que origina nuevos problemas, que no todos están dispuestos a tolerar, ni a esforzarse en superar.

En 2010, en las sociedades occidentales, el camino hacia la igualdad pasa porque las mujeres se otorguen a sí mismas el permiso de ejercer de ciudadanas de primera, sentando las bases para evitar la supeditación a los hombres, tanto económica como psicológicamente. No será rentable seguir solicitando limosnas al Estado, a las empresas o a los hombres desde un victimismo imposible de mantener si al tiempo no se hacen esfuerzos para alcanzar esa mayoría de edad que exigimos nos sea reconocida. La incorporación masiva de las mujeres a la universidad abre nuevos horizontes. No podemos actuar como los adolescentes, que quieren las ventajas de los adultos, pero no las responsabilidades. Hemos de salir de la caverna y lanzarnos a estrategias que permitan nuestra supervivencia, pero que no sean nefastas para el grupo. Hemos de diseñar caminos que permitan la integración de todos en ese nuevo modelo que tenemos que construir.

Y aquí se comete el primer error. Algunos parten de la falsa premisa de que las mujeres ya hemos llegado a la meta, puesto que nuestra condición femenina ya encarna intrínsecamente los nuevos valores positivos y, por tanto, a los únicos que compete hacer esfuerzos para alcanzar esa meta de igualdad es a los hombres. Este esquema simple y maniqueo no soporta un mínimo análisis, pues básicamente somos las mujeres las responsables de transmitir un modelo social patriarcal, ayudadas por series de televisión, películas, etcétera, puesto que la mayoría de los hombres ni siquiera intenta participar en la educación de los hijos. Pero ese esquema es el que inspira la legislación y las prácticas de las Administraciones públicas en los últimos lustros, sea cual sea el Gobierno que las impulse.

Las mujeres debemos autorizarnos a tener mayor autonomía y no considerarnos el apéndice de nadie, lo cual requiere el esfuerzo de salir al mundo exterior, que está plagado de dificultades y, por tanto, asusta, resultando más cómodo, en principio, ligar nuestra suerte a alguien más fuerte, que solvente nuestras necesidades. Pero este camino ya no garantiza nuestra supervivencia “hasta que la muerte nos separe”, pues hasta los más creyentes se divorcian. Y, por supuesto, no podemos ni debemos limitarnos a parir un hijo a alguien para justificar así que todos los recursos que genere el resto de su vida deba ponerlos al servicio de ese grupo humano, aunque se vea expulsado de él para siempre.

Es injusto, pero, sobre todo, es socialmente inviable por el coste que el conflicto tiene y lo que supone de factor de riesgo para el grupo por el desequilibrio social que comporta. Las consecuencias son enfermedades físicas y psíquicas de los excluidos o las empobrecidas, pues si no existe una nómina que embargar, los más ricos pueden resultar los más insolventes. También contribuye a la violencia de chicos y chicas dirigida a los más cercanos, especialmente a madres y abuelos maternos, por ser las personas con quienes generalmente conviven, de lo que lleva alertando desde hace unos años la Fiscalía y los diferentes servicios sociales.

Y, por supuesto, deben esforzarse los hombres si no quieren ver limitado su papel al de sementales proveedores y ser expulsados en la crianza de sus hijos tras la ruptura. Deben asumir desde el inicio las responsabilidades para con ellos, pues las nuevas legislaciones apuntan a que se tendrá en consideración la relación existente con anterioridad. Así pues, ya no se trata de una exigencia ética porque no es justo que recaiga toda la carga de la reproducción en las mujeres, que seguiremos asumiendo por razones obvias la tarea los nueve primeros meses, pero deberemos compartirla los 30 años restantes, si todos queremos participar en el nuevo modelo social y no ser excluidos de la parte privada.

Para la incorporación plena de las mujeres a la vida pública se hacen necesarias políticas que, en la línea de los países de nuestro entorno, vayan más allá de repetitivas e infructuosas campañas publicitarias, de subvenciones a las organizaciones y congresos de mujeres para seguir divagando en generalidades o la creación de nuevos cuerpos funcionariales de comisarios/as políticos/as que velen para que las Administraciones hagan un uso correcto del lenguaje. Se debe ir mucho más allá. Se debe apostar por la coordinación entre las diferentes Administraciones para evitar inútiles reiteraciones y permitir una utilización óptima de los recursos en políticas transversales de los diferentes ministerios y consejerías que toman las imprescindibles decisiones de inversión en infraestructuras y servicios para atender a niños, ancianos y enfermos, pues esas tareas ya no las podemos seguir realizando gratuitamente las mujeres. Lo que resulta imprescindible para encarar con éxito un nuevo modelo social de respeto a la igualdad son más viviendas de protección oficial, guarderías y centros de día a precios asequibles y hospitales. España es el país de la UE que menos invierte en recursos sociales y los que llegan realmente a las mujeres que sufren violencia son muy escasos. Papá Estado paga y pega, pero la actual situación económica exige suprimir gastos superfluos y apostar por optimizar al máximo los escasos recursos que tenemos, evitando pensar que el nuevo modelo aparecerá por generación espontánea, ingresando masivamente a hombres en la prisión.

La sociedad también tiene que asumir que la reproducción no puede ser costeada fundamentalmente por las reproductoras, pues el beneficio es posteriormente socializado. Los niños y niñas de ahora son el futuro de las pensiones y los servicios de mañana. Su formación y cuidado deben ser el objetivo del grupo entero. Pero este esquema, seguido en mayor medida por los países del norte, cuesta enraizarlo en un país como el nuestro, hasta hace poco autárquico y con un modelo social básicamente individualista donde prima el “sálvese quien pueda”, lo cual es bastante suicida en este mundo globalizado.

María Sanahuja es magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona y miembro de Jueces para la Democracia y de Otras Voces Feministas.

Por qué se está cometiendo la penúltima gran estafa a las mujeres en su nombre? Si la mayoría convenimos que la primera condición para avanzar hacia la igualdad de derechos es la independencia económica; si la gran conquista en los últimos 30 años en España ha sido acceder masivamente a la formación, que nos tenían vedada, y al mercado de trabajo; si las mujeres hemos realizado una gran revolución silenciosa, como ha sido retrasar la maternidad en 10 años, y reducir drásticamente el número de hijos, como única posibilidad para ir ocupando espacios, por derecho propio, como ciudadanas de primera; si nos hemos ido alejando del modelo de la caverna, en que el reparto de funciones venía irremediablemente marcado por la dedicación de unos a la caza y la guerra, y otras a la reproducción, ¿por qué ese empeño en los últimos años en querer recluirnos nuevamente en el hogar, al cuidado en exclusiva de los hijos?, ¿por qué el feminismo mayoritario se muestra feroz con la custodia compartida de los hijos, si al tiempo asume que la única posibilidad de las mujeres, trabajadoras y madres, de tener espacios personales y profesionales es dejar de cargar en solitario con su cuidado y educación?

Somos una especie animal que, con los avances técnicos, ha podido modificar los roles que la naturaleza ha impuesto para la supervivencia y la reproducción, pues los riesgos de extinción nos vienen de otros peligros. Las encargadas en exclusiva de la reproducción, al tiempo que responsables de ancianos, enfermos y hombres, hemos ido adquiriendo otros roles y ocupando espacios de poder y decisión, al menos en los países mejor situados económicamente, pese a la brutal presión social y las tremendas discriminaciones. ¿Cómo vamos a permitir que tanto esfuerzo personal y colectivo se vea amenazado por corrientes de opinión que pretenden imponer nuevamente esta carga a las mujeres? ¿Cómo vamos a asumir en solitario la difícil y durísima tarea de cuidar de unos hijos en unas sociedades complejas que exigen unas generaciones con un elevado nivel de formación técnica y personal, al tiempo que trabajamos fuera?

Lo que proponen esos grupos de presión es apoderar a las mujeres practicando una inicial expoliación al padre de sus hijos, pues apropiándose de estos se consigue de inmediato todo el pack (hijos, vivienda, pensión). Pero ese es un regalo envenenado para nosotras por varias razones. Dedicarnos en solitario a la educación y cuidado de los hijos limita brutalmente nuestro desarrollo profesional, relegándonos a niveles que no exigen tanta dedicación, lo cual irremediablemente se traduce en salarios menores. Si ejercemos nuestra función como educadoras con responsabilidad corremos el riesgo de ser las únicas malvadas que imponen hábitos y obligaciones, y si lo hacemos de modo irresponsable nos encontramos en poco tiempo con unos hijos asilvestrados e intolerantes a la más mínima frustración, que no dudan en acudir a la violencia, física o psíquica si no ven colmados sus crecientes deseos. Cuando los pequeños monstruos se emancipan, el propietario de la mitad de la vivienda de la que fue expulsado no duda en reclamarla, ya que en muchas ocasiones se vio obligado a regresar a su hogar materno, y en ese momento, cuando las mujeres tienen edades que rondan los 60 años, con escasos ingresos, no pueden adquirir la mitad de la vivienda, con riesgo de ser expulsadas.

El final del expolio inicial puede ser el que las mujeres se queden sin nada: sin profesión, porque no nos hemos dedicado a ella; sin espacios personales, al no disponer de tiempo, fuente de desequilibrios y frustraciones; sin casa; y sin unos hijos que, además, pueden formular serios reproches culpabilizando a las madres del alejamiento paterno, lo cual es fuente de conflicto y sufrimiento, al haberse quedado huérfanos con padres vivos, con un duelo que no se acaba.

El modelo que se propone con la custodia compartida es que en aquellos supuestos, minoritarios pero crecientes, en los que el padre quiere participar en la corresponsabilidad tantas veces exigida a los hombres, no solo no deben ponerse obstáculos, sino que se debe favorecer. Eso es lo mejor para los hijos, pues tienen unos progenitores que, cada uno según su criterio, hacen carreras de relevo en su agotador cuidado, y son educados en la pluralidad y en el respeto a las diferentes maneras de leer el mundo, completadas sin duda con la escuela, los amigos, las familias amplias, con Internet y la televisión. La custodia compartida no libera al progenitor con más ingresos de hacerse cargo de la mayor parte de los gastos. Por el contrario, potencia la voluntad de contribuir más porque se mantiene el contacto y afecto con los hijos, y aleja la tentación de aparentar inexistentes insolvencias, en un país con un importante nivel de economía sumergida y ahora en crisis.

A los hijos no se les puede imponer un modelo monoparental que les perjudica, cuando tienen padre y madre que quieren y pueden responsabilizarse de ellos. Y es precisa una jurisdicción especializada en familia, tantas veces reclamada, que de un modo eficaz intervenga y haga difícil la utilización de los hijos como armas en unos conflictos de los que siempre deben ser alejados si queremos construir una sociedad en igualdad, paz y progreso.

María Sanahuja Buenaventura, magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona, es miembro de Jueces para la Democracia y de Otras Voces Feministas.

Continúa la sangría de mujeres asesinadas por sus maridos, novios o compañeros, hasta alcanzar las 32 en este año, una cifra escandalosa que acabamos recibiendo con la resignación impotente de quien se enfrenta a los embates de una tormenta de granizo. Que la mayoría de las víctimas no hubiera denunciado a quienes finalmente las asesinaron, y que un 22% de los perpetradores intentara suicidarse a continuación, convierte el escenario en una batalla que merece una indagación más sistemática y profunda.

Lo más fácil es señalar con el dedo al Ministerio de Igualdad, una interpelación seguramente necesaria pese a todo, aunque debamos reconocer que, gracias a este ministerio, por primera vez el problema es objeto de una política de Estado. Pero apelar a la política institucional, aun siendo necesario, es insuficiente. Las raíces sociales de la desigualdad que desprecia la libertad de las mujeres son tan hondas, tan reciente el intento de deslegitimarlas y tan arraigada en la identidad de muchos hombres la construcción estereotipada de una masculinidad dominante, que la lucha contra esta violencia exige la implicación de toda la sociedad. Se necesita crear y recrear nuevos modelos de hombres, empezando por aquellos que, existiendo ya, siguen siendo invisibles porque su cambio se da en ámbitos privados. Y también un mayor esfuerzo en la investigación, para indagar sobre lo que en otras violencias llamaríamos “el caldo de cultivo” en el que crece la reacción asesina.

Sobre las características de los perpetradores, Echeburúa y otros, en una muestra de 162 presos por este motivo, encuentran que sólo el 12% tiene rasgos psicópatas y que no hay diferencia entre estos y el resto en la severidad de los crímenes cometidos contra mujeres. ¿Por qué no son capaces de asumir una ruptura de la pareja, circunstancia que acompaña a la mayoría de las muertes por violencia machista? ¿Qué hay de diferente en la socialización de hombres y mujeres para que ellas, capaces también de matar, como lo muestra el que algunas lo hagan, recurran a este extremo en mucha menor medida? Hay pocos estudios sobre los perpetradores. Encuentro 3.000 artículos bajo las claves violencia y género, pero al incluir hombres y España, los artículos se reducen a 11. ¿Vamos a tomarnos en serio, todos, esta lacra? ¿O va a seguir siendo considerada, desdeñosamente, “un asunto de mujeres”?

Carmen Magallón. Doctora en Físicas y directora de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz.

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Con demasiada frecuencia, cuando las mujeres escribimos sobre hombres (o los hombres sobre mujeres) lo hacemos desde la perspectiva de víctimas o verdugos. Durante mucho tiempo nosotras explotamos el victimismo cargando las tintas en los desmanes de la sociedad patriarcal. Pero conscientes al fin de que el victimismo, lejos de inspirar misericordia, es una forma de tiranía, hemos dedicido adoptar posturas más francas. Ahora son ellos los que sueltan una lágrima de cocodrilo en su discurso. No hay virtud en sus quejas, como tampoco las hubo en las nuestras, por mucho que nos apoyáramos en razones objetivas. La rabia no conoce mesura.

Siempre ha existido la violencia de género (o machista, o doméstica), pero hasta ahora la lucha contra el problema no ha adquirido carácter de cruzada. Los medios de comunicación se pasan las horas dando la matraca porque día sí y día también el drama revienta las estadísticas. Los poderes públicos hacen lo que pueden. Surgen observatorios de la violencia y casas de acogida para mujeres maltratadas, arrecian las campañas de sensibilización y los legisladores se han puesto las pilas. Supongo yo que en los sanedrines del poder estudian el tema con detalle, y esa suposición es lo que suele frenarme a la hora de escribir lo que no he escrito hasta ahora. Con permiso.

De las mujeres maltratadas lo sabemos todo: son humilladas y apaleadas delante de los hijos, cuando no quemadas en la pira matrimonial o cosidas a navajazos en la escalera. Conocemos los pormenores de la truculencia. Llevamos prendida en la retina la imagen de los entierros multitudinarios y las manifestaciones de rechazo en la calle. De los maltratadores tenemos menos noticias, pero las que nos llegan son inquietantes. Veamos la secuencia: una mujer denuncia a su maltratador (o a su enemigo íntimo) para obtener una orden de alejamiento que la proteja. Hasta aquí, justo y necesario. Pero, ¿y después? ¿qué hace el hombre una vez alejado, desposeído de su casa, sus hijos y sus enseres? ¿Dar vueltas como un león enjaulado? ¿alimentar el odio? ¿lamerse la herida del extrañamiento, producir bilis, tramar una venganza?

La mujer maltratada obtiene apoyo piscológico, acogida y compasión de los jueces. ¿Pero quién rehabilita al maltratador? ¿Dónde encuentra hospitalidad y tratamiento? La ley está coja en este sentido. Un hombre con orden de alejamiento es un peligro público. Hoy le pega una paliza a su mujer, pero mañana puede ser su asesino.

Era lógico que las manifestaciones de la ministra de Igualdad reclamando que el feminismo sea una materia troncal en las carreras universitarias, levantaran una polvareda dialéctica. Se ve que la transversalidad de las políticas de este pequeño ministerio llegan a todas partes, incluidos los planes de estudios donde las atribuciones del Estado son limitadas, cuando no inexistentes, caso de los títulos propios de cada universidad.

Yo creo entender lo que dijo la señora Aído, pero también entiendo a los que no la han entendido. Me figuro que en el deseo de la gobernante está que el colectivo estudiantil sepa, por ejemplo, quién fue Olympe de Gouges, seudónimo de la francesa Marie Gouze, dramaturga, panfletista y política girondina; enemiga acérrima de Robespierre y autora de la adaptada ‘Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana’, en 1791, que fue guillotinada dos años más tarde. Y que quienes estén en las aulas de la educación superior conozcan, aunque sea de oídas, que en 1848 se celebró en Seneca Falls (Nueva York) la primera convención sobre los derechos de las mujeres en Estados Unidos, que denunciaba la marginación política de éstas, que no podían votar, ni ser elegidas para ningún cargo, ni afiliarse a partidos ni asistir, siquiera, a reuniones políticas. Sin duda, doña Bibiana no quiere que se ignore que el 8 de marzo de 1857 centenares de trabajadoras textiles de una fábrica de Nueva York organizaron la primera marcha en contra de los bajos salarios, inferiores en más de un 60% a los percibidos por los varones. Y que otro 8 de marzo, también en Nueva York, perecieron calcinadas criminalmente 129 mujeres en la fábrica Cotton Textile Factory tras declararse en huelga y encerrarse en las dependencias.

En fin, la ministra del ramo (no digo de la rama, aunque esto sí sería correcto gramaticalmente), querrá que nadie obtenga el Grado -lo que siempre se llamó licenciatura- sin conocer el vía crucis de la mujer para ganarse un reconocimiento social, político y laboral similar al de los hombres. Un camino tortuoso en el que todavía se encuentran piedras y que, lo que es peor, aún no ha sido iniciado ni está en la agenda, por algunas culturas -o inculturas- integristas, vinculadas, normalmente, al fanatismo religioso. Porque la mayoría de las confesiones, incluida la católica, siguen colocando a la mujer en un lugar secundario.

Lo que no creo -y en todo caso no comparto- es la interpretación de que, en todo currículo oficial deba haber una asignatura llamada ‘Feminismo’, a secas, o diferenciada en parte general y especial o en ordinales, si se diera en varios cursos. Además, con todos los respetos, sería un fracaso monumental de la enseñanza preuniversitaria el que los estudiantes llegaran al ‘alma mater’ desconociendo algo que es cultura general, que es historia, que forma parte de nuestros valores y que tiene concreciones claras en el ámbito de los derechos. Si el alumnado arriba con ideas machistas a la Universidad -lo que me consta que es radicalmente falso- será porque ha sido un fiasco todo el planteamiento de inculcar bondades cívicas en los ciclos previos, pese a haber asignaturas específicas para ello, cuyos descriptores incluyen claramente la afirmación fundamental de la igualdad de género.

En los últimos años se ha dado un repaso, transversal como antes se ha dicho, a docenas de leyes para adecuarlas a la paridad, a la participación equilibrada de hombres y mujeres, para erradicar el lenguaje sexista… Pero la mujer lleva justamente cien años accediendo a la Universidad y aunque es cierto que, al comienzo, las trabas y dificultades fueron difícilmente soportables, en la actualidad si hay un espacio donde la mujer exhiba sus fortalezas, capacidades y méritos es en la Universidad y, en gran medida, en la función pública a la que se accede posteriormente. La estadística de altas calificaciones, de títulos obtenidos o de aprobados en oposiciones evidencia una superioridad notable de la mujer con respecto a sus compañeros y/o competidores. Por eso, a la Universidad, que bastantes experimentos ha soportado y demasiados retos ha de afrontar en los tiempos inmediatos, es mejor no tocarla con más condicionantes. Y menos en nuestra Universidad, donde ya se ejecuta, pioneramente, el Programa Geniuniovi, cofinanciado por el Principado de Asturias y el Fondo Social Europeo, con una cuantía de 202.000 euros.

Sentado lo anterior, repito que la base formativa de un universitario por supuesto que debe contar con conocimientos tanto de lo que fue y es el movimiento feminista como de los efectos del principio de igualdad entre personas de distinto sexo. Por eso son impertinentes las declaraciones de quienes vienen a decir, mofándose, que la ocurrencia ministerial se traducirá en no poder explicar andrología si a la vez no se explica ginecología o que, en Prehistoria, no se podrá hablar ya del hombre de las cavernas sin referirse, a la par, a la cavernícola.

Citaba antes la formación en Primaria y Secundaria. En efecto, sí que se echa en falta, frente a materias sobredimensionadas, una atención digna a los derechos. No sólo a los derechos fundamentales. Me refiero a las reglas esenciales de derecho; a sus principios generales, a la Constitución, al imperio de la ley, a los distintos órdenes jurídicos y a algunas cosas más, tan sencillas como convenientes. El desconocimiento, salvo unas pinceladas ’sociales’ impartidas, normalmente, por profanos, es tal que llega a los órganos directivos de los centros. Yo he visto no hace mucho un impreso de un instituto -y confío en que no se haya difundido desde más arriba- donde se pueden declarar «conductas inadecuadas» del alumnado relatos fácticos, por ejemplo el de una agresión, sin trámite alguno de audiencia al reprendido, ni mención a testigos ni garantía alguna. La verdad es que saberse cuatro principios constitucionales y aquello de que la conducta a reprender, administrativa o penalmente, ha de ser antijurídica, típica, imputable, culpable y punible está al alcance de cualquiera. Porque nuestra Constitución, con más de treinta años de feliz vigencia y un amplio desarrollo legislativo, apenas deja resquicios para dejar indefenso o marginar a nadie y menos a la mujer. O a los menores.

Tengo, creo, la fortuna de impartir una asignatura que no es sospechosa de machismo y que nació en los convulsos años de la Revolución Francesa; la que ensalzó y luego decapitó a la feminista Marie Gouze. Lo digo porque incluso cuando en otros ámbitos jurídicos se negaban o restringían derechos a las mujeres (políticos, civiles, mercantiles o laborales), singularmente si estaban casadas, lo que no empezó a cambiar hasta una ley de 2 de mayo de 1975, el Derecho Administrativo reconocía plena capacidad de obrar ante las entidades públicas a la mujer y con independencia de su estado civil. Lo hacía, al igual que con los menores y pese a que estábamos en una odiosa Dictadura, el artículo 23 de la derogada Ley de Procedimiento de 1958. Y con esa filosofía y mis propias convicciones, firmes, vengo trabajando en esta disciplina, tempranamente igualitaria. O sea que, a mí, que me registren.

Leopoldo Tolivar Alas. Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo.

EL ESCÁNDALO DEL PROGRAMA ‘GENERACIÓN NI-NI’

El programa Generación ni-ni de la cadena La Sexta ha subido el listón del desprecio por los derechos de las personas que habitualmente contiene la llamada telerrealidad. El programa dice pretender un supuesto experimento educativo con jóvenes que presentan alarmantes rasgos de inadaptación, ignorancia, vagancia e incluso violencia, encerrándolos para grabar su comportamiento, con el objetivo –al parecer– de reeducarlos. Pues bien, las cámaras grabaron una nauseabunda agresión sexual cometida por varios jóvenes sobre una de las chicas, que fue emitida en el programa. En ella, los agresores sujetan violentamente a la víctima, mientras uno de ellos le restriega sus genitales por la cara. Otros concursantes presentes ríen la gracia.

La ley define estos hechos como agresión sexual agravada por la intervención de varios sujetos, lo que supone una pena de cuatro a 10 años de cárcel. Y llegaría hasta los 15 si hubiera habido penetración bucal, detalle que ignoro porque el programa emborronó delicadamente el miembro del agresor.

Posteriormente, los educadores afean la conducta del muchacho mostrándole la grabación, mientras él parece avergonzarse sin perder la sonrisa, lo que indica que le preocupa más la grotesca imagen ofrecida que la brutal agresión cometida. Y, hasta el momento, que yo sepa, ahí queda la cosa.

Ninguna ley logrará evitar totalmente que siga habiendo agresores sexuales que busquen el anonimato, pero asusta el grado de desprecio por los derechos de los demás que hace que unos jóvenes sometan a una compañera a tal vejación sabiendo que están siendo grabados para un programa de televisión y, por tanto, ajenos a las consecuencias legales de sus actos, que deben considerar solo como una broma.
Sin embargo, asusta aún más la hipótesis de que su comportamiento les parezca irrelevante e incluso gracioso, precisamente porque una cadena de televisión les ha hecho protagonistas de un programa dedicado a mostrar su comportamiento incivilizado.

Es probable que la cadena mantenga que su objetivo es criticar la violencia y educar a sus autores, pero los resultados son otros. La supuesta finalidad social queda totalmente anulada por la utilización de la violencia como espectáculo, porque el programa hubiera podido renunciar al terrible impacto de las imágenes y la audiencia que espera de ellas, pero no ha resistido la tentación de reproducirlas. A costa, además, de exhibir a la víctima, aumentando así su humillación .¿Educación?

Cuando la televisión convierte la violencia en objeto de negocio, le resta importancia y la normaliza, aunque diga pretender lo contrario. Creo que no es arriesgado afirmar que muchos jóvenes problemáticos que hayan visto el programa han recibido el mensaje de que su protagonista se ha hecho famoso a cambio de una leve reprimenda. Por otra parte, tras tal banalización pública de la violencia me niego a exigir como única respuesta que se compensen las carencias educacionales del joven televisivo con 10 años de cárcel. La educación no puede basarse en la segregación social y necesita de instrumentos socializadores que, desde luego, no consisten en utilizar los actos antisociales como materia de entretenimiento colectivo.Y así, programas como el comentado conviven sin problemas con otros que viven de exhibir a las víctimas de delitos y exigir constantemente penas de prisión cada vez más graves. Arrecian las peticiones de endurecer la ley de responsabilidad penal del menor, sin que quienes lo proponen se planteen siquiera la responsabilidad social por los valores que se transmiten mediáticamente a los jóvenes.

Mientras tanto, el Congreso de los Diputados debate la enésima reforma penal, en la que, entre otras muchas propuestas endurecedoras, se propone también aumentar las penas de las agresiones sexuales, que hoy ya alcanzan la gravedad de la pena por homicidio. El PP propone la cadena perpetua, porque considera insuficiente que la delincuencia de mayor gravedad alcance hoy penas de hasta 40 años. La inconsciencia o la irresponsabilidad, cuando no la demagogia, impiden buscar estrategias distintas del mero endurecimiento de la ley, que resulta más rentable electoralmente. Así, muchas de las frecuentes reformas penales se limitan a enunciar qué actos son reprobables, señalándoles penas cada vez más graves, en un mensaje puramente simbólico porque no va precedido de un planteamiento previo sobre la profundidad e implicaciones de los problemas, ni sobre la necesidad o la posible eficacia de las reformas. Todo eso importa poco mientras la ley refleje adecuadamente la demanda de castigo.

Habrá quien todavía crea que los problemas de violencia juvenil se solucionan con más cárcel y sin permitir beneficios penitenciarios que, en cambio, se han demostrado útiles para la reinserción. Pero cabe la esperanza de que este discurso, tan querido por algunos políticos, llegue a cansar a una opinión pública cada vez más acostumbrada a distinguir entre la propaganda y las soluciones. Y confiemos también en que la audiencia televisiva se canse de tanta irresponsabilidad.

Mercedes García Arán. Catedrática de Derecho Penal.

Si me permiten que les haga una recomendación, no dejen de leer el reportaje principal del último número de The Economist. Bajo el impactante titular de Gendercide o Generocidio hace referencia a las consecuencias sociales y económicas de la selección de sexos en el embarazo tan extendido por algunas de las principales potencias asiáticas, especialmente China e India, práctica que permite la supervivencia del varón y el exterminio de la mujer no nacida provocando de esta manera un fuerte desequilibrio entre la derecha y la izquierda de la pirámide poblacional. El arranque del artículo es estremecedor. Personalmente, me ha puesto los pelos de punta. No es sino una alerta de las trágicas consecuencias para la percepción de la vida humana, que pierde completamente su valor, de determinadas políticas demográficas. Ante un documento de ese tipo es difícil quedar indiferente. Sin embargo, haciendo de tripas corazón, McCoy va a pasar hoy por encima de este drama para centrarse en las implicaciones finales de determinadas iniciativas legislativas, las que promueven o toleran tal actividad. En un mundo global, lo que ocurre allende nuestras fronteras tiene implicaciones para nuestro futuro. Trataremos de analizarlas de la forma más aséptica posible, con remisión a los datos aportados por el propio semanario británico que tomaremos con referencia, principalmente, al gigante “amarillo”.

En primer lugar, en China ha quedado probado que, en aquellas regiones donde el sexo masculino predomina sobre el femenino, las familias tratan de acumular riqueza con objeto de poder competir en el ultracompetitivo mercado del matrimonio lo que dispara su tasa de ahorro. No es una cuestión de dote, sino que estamos hablando de aumento del disponible para invertir en la educación y salud del niño, entre otros. No sólo eso. En las regiones en las que mayor es el desequilibrio, que normalmente coinciden con las de mayor renta (con recursos para hacerse las oportunas pruebas), tal acaparación de recursos líquidos se dispara por lo que el impacto sobre el agregado es mayor. Los autores a los que cita la pieza (cuyo informe original les adjunto) atribuyen a la medida del hijo único, y la selección artificial de sexos que la misma lleva aparejada, la mitad del aumento de la tasa de ahorro china en los últimos 20 años que, por cierto, ha doblado. No en vano concluye que “si tal estadística fuera verdad, sugeriría que los intentos del gobierno por impulsar el consumo serían menos efectivos de lo que se cree”. Siendo éste como es un elemento de distorsión esencial que se encuentra, en parte, en el origen de la crisis actual, tal sentencia final cobra especial relevancia. ¿Está quemando China dinero en vano?

En segundo término, hay una relación causa efecto probada entre la falta de mujeres y el aumento de los actos delictivos vinculados a tal carencia, lo cual no deja de ser una obviedad, que van desde las violaciones o abusos al tráfico de personas con fines de matrimonio forzado o prostitución. La tasa de criminalidad en China se ha multiplicado por dos en 20 años y un porcentaje significativo de tal aumento está ligado a esta realidad. Para un país que basa la permanencia de su estructura actual en la cohesión social, el problema no es moco de pavo. Las complicadas circunstancias se ven agravadas por un fenómeno adicional y es que el suicidio es la causa más común de muerte de las jóvenes chinas entre 15 y 34 años, algo que según el autor se deriva, no sólo de la violencia ejercida sobre ellas, sino de la obligación familiar o marital de abortar o liquidar al recién nacido femenino. A veces uno se pregunta en qué mundo vivimos. Está por ver, por cierto, si esto no acabará traduciéndose en una suerte de imperialismo demográfico que busque dar salida a sus jóvenes en ebullición. Quédense con la copla: para 2020, 40 millones de ciudadanos de China estarán desparejados en aquel país.

Señala The Economist en el previo que anticipa el reportaje en el mismo número que “a este semanario, que cree que el aborto debería ser, en palabras de Bill Clinton, ‘seguro, legal y excepcional’, no se le escapan las consecuencias catastróficas para la sociedad de la generalización de tales actos individuales”, frase que se ha de circunscribir, entiendo, al supuesto al que hace referencia el artículo. Se trata, no obstante, de una sentencia demoledora que podría resultar de aplicación en cualquier espectro social contemplado, sea éste más o menos amplio. Como a la propia España en la que se da la esquizofrenia de plantear al mismo tiempo la Reforma de las Pensiones, con objeto de asegurar su supervivencia futura, y la Reforma de la Ley del Aborto, con sus perniciosos efectos sobre la natalidad nacional, única que permite de modo natural corregir nuestra incierta deriva demográfica. En esas estamos, sembrando disposiciones para que nuestro futuro sea más difícil y no mejor. Pues nada, luego no se me quejen. Miren en China cómo les va.

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Ya nos había avisado Marx de que alcanzar el progreso no iba a ser un proceso histórico lineal. En los últimos 30 años, a las violaciones tradicionales a los derechos de la mujer, basadas en una arraigada convicción en su inferioridad, se ha sumado el modo de hacer de una nueva Santa Alianza. Compuesta por la versión más agresiva del neoliberalismo y de los fundamentalismos reaccionarios, su asalto a las conquistas sociales a nivel mundial ha supuesto la pérdida de los derechos más básicos para millones de mujeres.

En su afán de minar las fronteras de la URSS, EEUU apoyó a la ultraderecha religiosa –desde Irán y Afganistán hasta Polonia– para poner fin a aquellos estados semi laicos. Estrategia que se llevó por delante la posición pública de la mujer, su acceso al empleo y a la educación, sus libertades sociales y personales.

La violación de los derechos humanos de la mitad de la humanidad nace precisamente ahí donde algunos ven victorias. Y las mujeres más afectadas por esta regresión han sido las que habitan en tierras musulmanas y las del bloque ex socialista.

Declarar a la mujer como “un ser medio humano” ha sido la seña de identidad de aquellos hombres que tomaron el poder en nombre de Dios, confundiendo el pasado con el presente. El nuevo totalitarismo ha permitido la adaptación de la vieja Inquisición (con tormentos públicos incluidos) sin que se remuevan las estructuras de su Historia. Han llegado a reglamentar hasta el color de los tejidos, legalizado la pedofilia al reducir la edad nupcial de niñas, santificado la violencia de género, apartado de la toma de decisiones por su divinizada inferioridad. Así fue posible la resurrección de la caza de brujas, esta vez de cientos de miles.

En el bloque ex socialista, cuyas mujeres gozaban de mayor igualdad que las occidentales, el ajuste estructural acabó con la “teoría socialista de la emancipación” y con la amplia red de apoyo estatal a las mujeres, restaurando en su lugar los antaño roles cavernícolas del hombre como proveedor de sustento y de la mujer dedicada al cuidado de la cría.

Polonia sustituyó el socialismo por el capital-catolicismo y desmanteló las garantías estatales que disfrutaban las mujeres, como disponer de guarderías, de empleo fijo o de subsidios a la vivienda.

La tasa de desempleo femenino, que es diez veces mayor que la de los hombres, les fuerza a muchas convertirse en amas de casa, inmigrantes, o carne blanca del mercado de “contactos”.

Para las mujeres de la RDA, la reunificación de Alemania supuso, de estar contratadas en casi un 90%, a pasar a formar parte del 62% de los parados del país. En Oriente Medio y los países poscomunistas, hoy hay menos mujeres en los cargos públicos que hace 40 años.

China, que con su revolución había demostrado cómo en pocas décadas la economía socialista había sido capaz de paliar las desigualdades (frente a la India, otro gigante), hoy obliga a sus mujeres a pagar el precio del desenfrenado desarrollo económico del país a beneficio de los mercaderes.

Las cifras son contundentes: la femenización de la pobreza, que excluye a quien la padece del desarrollo personal, la formación, la política, el arte, el ocio, la amistad o el amor, es el motivo de que la mayoría de los 1.020 millones de almas que duermen con el estómago vacío, así como de 20.000 personas que mueren al del hambre, sean mujeres. En un lugar como el África Subsahariana, ellas producen el 80% de los alimentos, mientras poseen tan solo el 1% de la tierra.

En acecho, los patrones de industria bélica, que ofrecen salidas a su desesperación: unos 59.000 efectivos femeninos han sido desplegadas en las guerras contra Afganistán e Irak.

La mayoría de los 125 millones de los excluidos del privilegio de vivir la magia de las letras son mujeres. Es así como las engañan para que firmen documentos en los que regalan sus pocos bienes o, incluso, renuncian a la custodia de sus hijos.

Cientos de miles mueren al año durante el parto, dejando huérfanos a millones de niños. Muchas son “niñas-esposas” de 12-14 años, víctimas de la prolongación de infanticidio femenino; 130 millones son sometidas a la mutilación genital.

Aquellas que consiguen huir de las guerras, del hambre y de la opresión, convirtiéndose en el 80% de los errantes del mundo, viven el terror y vejación en los campos de refugiados.

El feminicidio de la Ciudad Juárez es sólo una macabra muestra de cómo la impunidad es una aliada imprescindible que facilita el secuestro, la tortura, la violación y el tráfico de millones de mujeres a nivel mundial, algunas de tan solo 7 u 8 años. Detrás se encuentran hombres honorables de los cinco continentes.

La escasa presencia mujeres en puestos de poder –en sí un avance– no ha sido ningún consuelo. Ahmadineyad, mientras criticaba al marxismo de promover la “perversa” idea de igualdad entre las personas, colocaba en su gabinete a mujeres para que defendieran la discriminación positiva del hombre en las universidades, con el fin de reducir la presencia de las mujeres en esos centros, un asunto que les trae de cabeza. Ni qué decir de las Condoleezza Rice o las Imelda Marcos, entre otras.

Sin un programa a favor de los derechos de las desfavorecidas, la mera presencia de la mujer en la toma de decisiones no es más que una mera operación de maquillaje o de nepotismo.

En Occidente, por otro lado, las carencias en los derechos de las mujeres inmigrantes se han despolitizado para vincularlas, sospechosamente, a un debate sobre “cultura y estilo de vida”.

Y a las que viven en los relativos (aun) paraísos: ¡atentas!, porque las conquistas sociales son absolutamente reversibles.

Nazanín Amirian es profesora de Ciencia Política de la UNED.

Hoy se cumple el centenario del acceso de las mujeres a la universidad española en condiciones de igualdad con los hombres. Fue el 8 de marzo de 1910 cuando una Real Orden firmada por el ministro de Instrucción Pública, conde de Romanones, derogaba otra anterior en la que las alumnas que deseaban matricularse oficialmente en la universidad tenían que pedir un permiso especial.

Hay que recordar que en España, más que el derecho al voto, el núcleo de la polémica feminista fue la educación de las mujeres, y que hace un siglo los condicionamientos socioeconómicos del país no daban para que hubiera muchas aspirantes a universitarias. Por eso mismo es reseñable que, pese a las dificultades, hasta 1910, varias decenas de mujeres lograran licenciarse, poniendo de manifiesto su gran tenacidad y enorme deseo de estudiar. Entre ellas, es un deber y un placer otorgar el reconocimiento debido a las primeras doctoras, que lo fueron en Medicina, en 1882; Dolores Aleu Riera y Martina Castells Ballespí (Consuelo Flecha, 1996).

En estos cien años ha habido avances y retrocesos; ahora nos encontramos en una situación en la que el número de estudiantes de ambos sexos en la universidad se ha igualado, e incluso hay más chicas. Pero, según estudios de Paloma Alcalá y Eulalia Pérez Sedeño, si las curvas que recogen el número de hombres y mujeres en la universidad coinciden en la entrada, las dos ramas se van separando en las categorías que van ascendiendo en el rango universitario, conformando una gráfica de tijera, reflejo cuantitativo del famoso techo de cristal o, como estas profesoras prefieren llamarlo, asfalto pegajoso.

Consciente de que éste es un problema común, la Unión Europea publicó el informe ETAN, elaborado por un grupo de expertos de evaluación tecnológica. En este informe, en el que la desigualdad de género se identifica con una inadmisible pérdida de talentos científicos, se proponen, entre otras, las siguientes orientaciones: desagregar los datos del sistema científico por sexos; exigir paridad en los tribunales de evaluación; arbitrar fórmulas para la conciliación familiar dirigidos a investigadores e investigadoras, por igual; apoyar e impulsar los estudios de género y su inclusión en el currículo; promover campañas para el cambio de estereotipos de género en la ciencia; y crear unidades de mujer y ciencia.

En España, en donde los estudios científicos con perspectiva de género no acaban de ser incorporados digna y adecuadamente ni en los cuerpos disciplinares, ni en las áreas y planes docentes, ni en los procesos de evaluación investigadora, se ha puesto en práctica alguna de estas medidas, entre otras, la creación de observatorios de igualdad en los centros universitarios. Todavía no sabemos la capacidad y operatividad transformadora de estos centros, pero, al hacer balance de estos cien años, se constata la lentitud de los procesos que llevan de la igualdad formal a la igualdad real, y también la necesidad de seguir profundizando en la observación y análisis del lugar que ocupan mujeres y hombres en la institución universitaria.

Carmen Magallón. Doctora en Físicas y directora de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz.