Reggio’s

LA CLAVE

El desarrollo de la UE como actor global se ha basado, a imagen y semejanza de su mundo interno, en la gobernanza (normas, reglas e instituciones) y en el multilateralismo como forma superior de organización. Ahora bien, los cambios en el mundo han ido justamente en contra de la orientación europea. Hemos pasado del momento unipolar de la posguerra fría a la multipolaridad anunciada por la aparición de nuevas potencias, fuertes en recursos. Y hemos pasado de la era del multilateralismo a la era del soberanismo, con las consecuencias que todo ello comporta para una UE más cómoda en un mundo unipolar, en el que ganaba prestigio como voz alternativa a Estados Unidos. Las consecuencias se dejan notar en la erosión de la UE tanto como potencia normativa como potencia económica: la crisis del euro y la pérdida de su liderazgo en materia de derechos humanos en las Naciones Unidas (sustituida por China y por Rusia) son buenos ejemplos. Estamos frente a una erosión de las capacidades y de las normas de la UE para ejercer de diseñador del orden mundial.

Frente a ello, la UE ha reaccionado con una estrategia de actuación frente a los denominados socios estratégicos (Estados Unidos y emergentes) que persigue reforzar las instituciones multilaterales a la vez que redistribuir el poder. Dicha estrategia no se ha traducido en mayor influencia. A pesar de que la UE se ha dotado de mayor coherencia (marco jurídico institucional del tratado de Lisboa), no se puede decir lo mismo de su cohesión (habilidad de los estados para alcanzar posiciones comunes). Ello se traduce en muchos casos en voces europeas de los estados miembros, en plural, y en fiasco para la representación europea (Catherine Ashton no se ha convertido en el teléfono europeo). Todo ello repercute negativamente en el reconocimiento de la UE como actor global por parte de las otras potencias. A los problemas de la UE para ser aceptada como potencia económica (crisis del euro) y como potencia normativa (auge del soberanismo) se suma su incapacidad para reaccionar en términos colectivos, como se vio en Libia el año pasado. En suma, la redistribución del poder a nivel mundial y la división interna nos explican las limitaciones de la UEcomo actor global. Sin ella, hay muchas cosas que no se pueden hacer (negociaciones comerciales), pero no siempre le esperan para adoptar decisiones, como se demostró en 2009 en la Cumbre Mundial del Clima (Copenhague), a pesar de su ostentoso título de líder verde en el mundo.

Esther Barbé, catedrática de Relaciones Internacionales UAB-IBEI.

En los años 90 imperó en América Latina el “Consenso de Washington” como recetario obligado para que las economías de la región salieran de la crisis de la deuda y aseguraran el crecimiento.  No se consiguieron los objetivos, no hubo crecimiento y sí, en cambio, varias crisis financieras. Sin embargo, las políticas del Consenso se convirtieron en el catecismo para aplicar a todos los países en vías de desarrollo, el núcleo del neoliberalismo. Europa participaba en el tal consenso en la medida en que sus países  forman parte de los organismos financieros que lo apoyaban, singularmente el FMI y el Banco Mundial.  Participaba del lado cómodo, acreedor, de la situación. Y, de pronto, se ha encontrado del lado malo, ha visto como esos mismos organismos y los “mercados” ,la trataban como países en desarrollo y se le aplicaba el mismo Consenso de Washington, solo que aquí pasa por ser en la práctica una especie de “consenso de Bruselas” que apenas oculta que, en realidad, es un “consenso de Berlín”.

Porque el elenco de medidas, el trágala a que se forzó a los países latinoamericanos en los 90 es en esencia el mismo que viene administrándose a los países europeos desde que se inició la actual crisis. El mismo. Empezando por el punto primero que, en realidad, es requisito de todos los demás, esto es, la disciplina presupuestaria. Las otras medidas son también exactamente iguales y, si alguna diferencia se da, es porque en Europa ya llevamos años practicándolas, como la privatización del sector público, la desregulación de los mercados, la rebaja de impuestos a las rentas altas, la privatización de los servicios públicos, especialmente la educación y la sanidad como muy bien está viéndose en España.

Siendo el “consenso de Bruselas” idéntico al de Washington (en todas sus variantes) lo lógico es suponer que su resultado sea el mismo que en América Latina, esto es, una “década perdida”, como recordaba Felipe González en una de esas reuniones de alto nivel en Hispanoamérica.  Es cierto que ello no tiene por qué ser así ya que las mismas medidas aplicadas en contextos distintos pueden dar resultados distintos; pero lo más probable es que sean los mismos. Los seres humanos nos parecemos mucho.

Hay una especie de expectativa generalizada de que si los franceses eligen a Hollande presidente, se rompa el eje Francia-Alemania (que en realidad es eje Alemania-Francia) y pueda articularse una alternativa al consenso neoliberal. Es una expectativa que se nutre de la importancia objetiva de Francia en la Unión y que, probablemente es lo que más pesa en la ventaja en intención de voto de Hollande respecto a Sarkozy a quien un electorado con el nacionalismo herido no ve suficientemente eficaz en la defensa de la grandeza francesa frente a las imposiciones alemanas. Algo terrible en el país vecino. No como aquí, en donde la derecha combatió junto a los nazis en la División Azul.

El eje de la campaña de Hollande ha sido ese: el impacto en Europa de un cambio político de la derecha a la izquierda  en Francia; la afirmación de la importancia de Francia y de cómo esta volverá a imponer su punto de vista reorientando una Unión que va por mal camino. Algo que Sarkozy no puede ni prometer después de cinco años de mandato en que no ha conseguido nada de lo anterior. Precisamente el hecho de que, por primera vez, Merkel haya dicho que, si la política de disciplina es prioritaria, en inmediato segundo lugar viene la de crecimiento, demuestra que puede estar preparándose para un entendimiento con la izquierda europea en el que alienta la posibilidad de que las políticas de estímulo permitan soslayar el efecto destructor del consenso neoliberal. La esperanza está en la izquierda. Otra cosa es que esta consiga articularla en términos prácticos y viables. Ahí tiene su reto, en la transformación del reformismo de discurso en hecho.

Ramón Cotarelo. Catedrático de Ciencias Políticas.

A FONDO

El pasado jueves, el Gobierno argentino logró sacar adelante en el Congreso el decreto de expropiación del 51% de YPF con un apoyo masivo (208 votos a favor por sólo 32 en contra). La sesión se convirtió en un acto patriótico aderezado con una gigantesca pancarta de Néstor Kirchner desplegada sobre los abarrotados escaños.

La presidenta, Cristina Fernández (CFK), ha recuperado popularidad gracias a este golpe de efecto, que va a tener continuidad con medidas coercitivas hacia otras empresas españolas (por ejemplo, la congelación de tarifas que afecta a Endesa).

Pero CFK no se conforma sólo con ganar apoyos en Argentina, sino que está utilizando la expropiación como un medio para convertirse en un referente político regional.

CFK vendió ante sus ciudadanos la decisión del presidente de Bolivia, Evo Morales, de expropiar la filial española de Red Eléctrica como la evidencia de un efecto dominó que amenaza extenderse sobre todo el continente latinoamericano.

Sin embargo, la realidad es muy otra. La decisión de Morales fue improvisada y, de hecho, la misma mañana del 1º de Mayo sus ministros ni siquiera la conocían. Ha sido un gesto que hay que interpretar en clave interna y que no tendrá mayores consecuencias.

Lo que sí es cierto es que CFK, como ha verificado el CNI en informes al Gobierno español, está moviendo todas sus influencias en la zona para lograr no sólo apoyos verbales, sino hechos que avalen que la expropiación de YPF ha sido una medida pionera en defensa de los intereses nacionales.

Pero, por el momento, esa campaña con tintes antiespañoles no está teniendo demasiado éxito. El propio Rajoy ha podido comprobar en recientes contactos con los presidentes de Perú, Ollanta Humala, y de Ecuador, Rafael Correa, que sus gobiernos no tienen en mente ninguna medida ni siquiera parecida a la adoptada por Argentina.

Por supuesto, tampoco México, ni Colombia, ni Chile, ni Brasil están en sintonía con la decisión de CFK.

Lo que preocupa ahora al Gobierno es Venezuela. Según fuentes solventes, antes de adoptar la decisión sobre YPF el Gobierno argentino consultó con Hugo Chávez que, por supuesto, dio su total apoyo.

Ya en 2009, el régimen bolivariano se quedó con la propiedad del Banco de Venezuela, por el que el Grupo Santander recibió una indemnización de 745 millones de dólares. Aún quedan allí importantes empresas como la propia Repsol, Iberdrola, Telefónica, etcétera, y bancos como el BBVA o aseguradoras como Mapfre.

En octubre hay elecciones en Venezuela, y aunque el partido de Chávez es el favorito en las encuestas, es probable que recurra a medidas populistas si la oposición logra recortar distancias.

Lo que el Gobierno español tiene claro es que, de momento, ha evitado el efecto contagio de YPF, que habría sido letal para la economía española.

casimiro.g.abadillo@elmundo.es

Esta década ha visto notables avances frente a los mayores desafíos de la humanidad. Considere la declaración de victoria sobre la polio en la India, un hecho que parecía imposible hace diez años. En enero se cumplió un año desde que se reportó el último caso en este país. O mire a los avances logrados frente a la malaria: en la última década, el número de casos se ha reducido en un 17% y el número de muertes en un 26%. A pesar del crecimiento de la población mundial y de la crisis económica, la pobreza absoluta; es decir, la proporción de personas que viven con menos de 1,25 dólares al día, está disminuyendo en todas las regiones del mundo. De hecho, se ha logrado alcanzar cinco años antes de lo previsto el Objetivo de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas relativo a reducir la pobreza extrema a la mitad.

Hace apenas unos años atrás, el uso de la circuncisión masculina como una herramienta en la lucha contra el VIH/Sida era desconocido por la mayoría. Hoy en día, Onusida y la Organización Mundial de la Salud lo recomiendan como un medio para combatir el VIH/Sida, y más de diez países africanos están poniendo en práctica estrategias para aumentar su disponibilidad. Del mismo modo, el concepto de utilizar la geoingeniería como respuesta ante el cambio climático ha pasado del terreno de la ciencia ficción a ser un área de investigación seria.

Esta década también ha sido testigo de un 60% de aumento en la ayuda al desarrollo mundial. El desafío del programa La Promesa de Dar de Bill Gates se graduó de ser un mero concepto a ser una verdadera campaña, ya que ha recibido promesas de donaciones en favor de buenas causas por una cifra que llega, por lo bajo, a los 125.000 millones de dólares.

Pero, no obstante de que la última década ha dado muchas razones para alegrarse, hay áreas en las que no podemos afirmar tal éxito. El cambio climático se ha convertido en uno de los problemas sobre los que más se habla, sin embargo, las negociaciones globales se han desmoronado y apenas hemos logrado un pequeño avance en la reducción de emisiones de carbono con relación a diez años atrás.

Conflictos violentos

Del mismo modo, los conflictos violentos continúan teniendo un impacto negativo demasiado alto. Y a pesar de que el mundo logró alcanzar cinco años antes de lo previsto el Objetivo de Desarrollo del Milenio relativo al suministro de agua potable, el suministro de servicios de saneamiento básico se ha quedado atrás: un pasmoso tercio de la población mundial; es decir, 2.500 millones de personas, carecen de acceso a saneamiento básico, y más de mil millones de personas defecan al aire libre.

Otros problemas han surgido y crecido a lo largo de la década. Si los patrones actuales continúan, para el año 2030 el consumo de tabaco puede dar cuenta de unos 10 millones de muertes por año, y la mayoría de ellas ocurrirían en países de bajos y medianos ingresos: podríamos ver alrededor de mil millones de muertes relacionadas con el tabaco en este siglo, en comparación con las 100 millones de muertes del siglo XX. Las enfermedades cardiovasculares dan cuenta de 13 millones de muertes en los países de bajos y medianos ingresos cada año; es decir, dan cuenta de más de una cuarta parte de la cifra total de muertes y los factores de riesgo relativos a dichas enfermedades están en aumento.

La situación de los desafíos que enfrenta la humanidad cambia rápidamente. Lo mismo sucede con nuestro conocimiento sobre la mejor manera de responder ante ellos. Los filántropos y los diseñadores de políticas necesitan tener acceso de manera regular a información actualizada sobre cómo usar eficazmente los fondos limitados que están disponibles.

El Consenso de Copenhague, que yo dirijo, proporciona un vínculo entre la investigación académica y el análisis económico concreto que pueda ser utilizado por quienes toman decisiones en el mundo real. Cada cuatro años, investigadores y premios Nobel trabajan para identificar las respuestas más inteligentes a los problemas más grandes que enfrenta la humanidad. En 2004, el Consenso de Copenhague puso de relieve la necesidad de priorizar las medidas para controlar y tratar el VIH/Sida. Se dedicó más dinero y atención a la prevención y tratamiento del VIH. En el año 2008, el Consenso de Copenhague centró la atención de filántropos y diseñadores de políticas en inversiones relacionadas con el suministro de micronutrientes. La aceptación pública de esta idea condujo a un aumento en los esfuerzos para reducir el ‘hambre oculta’; es decir, las personas que sufren por no recibir los nutrientes que necesitan.

Este próximo mes de mayo, más de 30 premios Nobel e investigadores trabajarán juntos, una vez más, con el fin de identificar las formas más inteligentes para responder a los desafíos mundiales, llevarán a cabo este trabajo basándose en la información más actualizada sobre los problemas más difíciles que enfrenta nuestro mundo.

Desde el año 2008, la crisis económica mundial ha hecho que sea aún más necesario garantizar que se utilice el gasto en ayuda y desarrollo de manera sabia; es decir, se dirija a lugares donde dicho gasto pueda lograr el mayor impacto. El Consenso de Copenhague lleva a cabo la difícil tarea de comparar un conjunto de iniciativas con otro, mediante el uso de principios económicos y herramientas financieras fundamentales.

En primer lugar, equipos de economistas expertos y de renombre mundial escriben artículos de investigación sobre los costes y beneficios de una serie de inversiones destinadas a abordar desafíos específicos. Se incentiva el debate y la discusión al garantizar que se escriban tres documentos sobre cada tema, de modo que se ponga a disposición una amplia gama de opiniones de expertos. Esto proporciona un marco con el cual podamos ver el precio integral, que incorpora todos los costes, beneficios, y los derivados que llegan a la sociedad como resultado del uso de una cantidad limitada de dinero en una manera específica.

Política de cooperación

Toda esta investigación constituye una valiosa contribución al desarrollo internacional y a la política de cooperación. Pero el proyecto va un paso más allá. Un panel conformado por los economistas más importantes del mundo, entre ellos cuatro premios Nobel, pone a prueba y debate las recomendaciones de los expertos, e identifica las posibilidades más atractivas. Junto a los trabajos de investigación, la lista de prioridades elaborada por los premios Nobel proporciona un insumo importante para los filántropos y los diseñadores de políticas.

No obstante que la última década ha sido testigo de grandes avances, lo que nos da razones para mantener la esperanza, todavía existen muchos problemas importantes que deben ser abordados, como por ejemplo la desnutrición, el saneamiento, la educación, los conflictos civiles, el cambio climático y los desastres naturales, nombrando únicamente algunos de los más prominentes.

Sin embargo, ¿son los problemas más prominentes los que necesariamente debemos abordar de inmediato? La investigación y la lista con prioridades hacen que consideremos las razones de nuestras prioridades actuales, y nos desafían a gastar los recursos limitados para hacer en primer lugar el mayor bien posible. ¿Y cuáles son las mejores cosas que debemos hacer primero? Nos enteraremos cuáles son en el mes de mayo.

Bjørn Lomborg is an adjunct professor at the Copenhagen Business School, where he founded and directs its Copenhagen Consensus Center, which seeks to study environmental problems and solutions using the best available analytical methods. He is the author of the bestselling book The Skeptical Environmentalist and Cool It, the basis of an eponymous documentary film.

(c) 1995-2012 Project Syndicate

TRIBUNA: ‘CASO REPSOL YPF’

Se veía venir el conflicto entre Argentina y la multinacional española Repsol tras las decisiones concatenadas de una decena de gobiernos provinciales de retirar las licencias de operatividad y otras acciones lesivas sobre YPF, la sociedad local de la que Repsol es accionista mayoritaria. Todo apunta a una expropiación, aunque ésta podría haberse frenado en las últimas horas.

¿Puede un Estado expropiar propiedades extranjeras? Sí. El Derecho internacional general reconoce esa facultad siempre que el Estado expropiante la ejerza de manera respetuosa con el propio sistema internacional: que sea por causa de utilidad pública -controlable jurisdiccionalmente y no con meras afirmaciones panfletarias-, que no haya discriminación, que se dé una compensación adecuada (justa, rápida, efectiva en divisa convertible y adecuada) y que se respeten los compromisos internacionales contraídos (entre otros, en este caso el Acuerdo para la protección recíproca de inversiones entre España y Argentina de 3 de octubre de 1991). Es el estándar mínimo internacional en la materia de trato a la propiedad extranjera.

Los extranjeros y sus bienes están sometidos a la competencia territorial del Estado en esas condiciones. Por ello, todo Estado huésped tiene la obligación de no atentar contra los bienes y actividades que legalmente han permitido adquirir a las empresas extranjeras, pues, como es lógico, no se puede atraer capitales del exterior en unas condiciones y más tarde apoderarse de los mismos cual república banarera.

En el caso que nos ocupa hay dos planos bien diferenciados: la controversia entre Argentina y Repsol (YPF) y la directa entre los dos Estados.

La empresa Repsol compró en 1999 su participación mayoritaria -pero no exclusiva-en YPF al propio Gobierno argentino y a otros accionistas. No es un conflicto de carácter colonial como consecuencia de concesiones de la metrópoli, no. Las inversiones protegidas por el acuerdo bilateral hispanoargentino incluyen «Derechos para realizar actividades económicas y comerciales… en particular los relacionados con la prospección, cultivo, extracción y explotación de recursos naturales» y se precisa que esos derechos se extienden a la zona económica exclusiva y a la plataforma continental argentina «a efectos de prospección, exploración y preservación de recursos naturales». Argentina se comprometió a no obstaculizar, mediante medidas injustificadas o discriminatorias, el mantenimiento de tales inversiones.

Tanto España como Argentina han celebrado con terceros Estados otros convenios sobre protección de inversiones más favorables -que no exigen iniciar la vía judicial interna para la demanda internacional-, por lo que Repsol podría acogerse a ese régimen más favorable que le permite eludir la vía judicial argentina.

Sólo tendría que iniciar negociaciones directas durante seis meses con el Estado huésped y después acudir al arbitraje internacional, ya sea del CIADI con sede en Washington (Centro internacional sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados, del que son parte España y Argentina), ya sea de un tribunal ad hoc (a crear específico para este caso), prevaleciendo el CIADI si no se ponen de acuerdo en tres meses sobre quién debe arbitrar. Al menos no depende de la protección diplomática, en sentido estricto, de España para iniciar Repsol por sí misma la vía internacional.

Es evidente que la vía internacional es bastante más segura y objetiva que la nacional en la que los jueces difícilmente se abstraerán del ambiente populista y demagógico de las medidas discriminatorias o expropiatorias. Los árbitros internacionales dirimirían la controversia solamente conforme a los principios de Derecho internacional público y las normas de Derecho internacional privado (tal como se prevé en el convenio bilateral) y no del maleable Derecho argentino.

Pero, además, está el plano de los deberes jurídicos entre los dos Estados. Más allá de que este asunto se haya convertido en un asunto político o de Estado, el Gobierno de España ejerce un derecho propio ante el Gobierno argentino: el derecho a exigir a Argentina que cumpla con sus obligaciones emanadas del Derecho internacional general y del convenio bilateral que suscribió con nuestro país en 1991. Los atentados a los derechos de Repsol a la luz del convenio se vienen sucediendo de forma diversa, pero la eventual expropiación sería un grave hecho ilícito internacional pues hay argumentos para estimar que dicha expropiación no reuniría las condiciones permitidas por el Derecho internacional general ni respetaría el convenio bilateral. Además, sería un atentado a la seguridad jurídica (principio general de derecho común a los ordenamientos), y todo ello generaría la responsabilidad internacional de Argentina frente a España. Para exigir esa responsabilidad, nuestro Gobierno debería acudir, primero a las negociaciones, y después a un tribunal arbitral para dirimir la controversia intergubernamental conforme a lo previsto en el convenio de 1991.

Los Estados, en este caso Argentina, están obligados a respetar el Derecho internacional en la persona de los extranjeros (personas físicas y jurídicas) que han admitido legalmente en su territorio y por ello la controversia no sería sólo contra la petrolera española sino de Estado a Estado. España tiene razón en el fondo, que no en las formas, cuando avisa que sería un atentado a los derechos de España, tal como lo tiene reconocido secularmente el Derecho internacional.

Sin embargo, Argentina no ha cometido, ni aun materializándose la expropiación, «una agresión» ni sería equivalente a una agresión militar. Son gruesas palabras en boca del ministro español de Asuntos Exteriores, impropias en términos jurídicos y nada diplomáticas. Ya están los ánimos algo exacerbados por parte del Gobierno argentino por su propia deriva nacional-populista como para echar leña al fuego desde el Gobierno de España.

Es una diferencia jurídica privada y pública, de gran trascendencia económica, pero nada más. Las relaciones entre argentinos y españoles son muy profundas y ricas y hay que confiar en la madurez y alto nivel cultural de la sociedad argentina para que se reconduzca desde allí la controversia. Como dice un tango, «Que somos siempre amigos, pero no olvides nunca, amigos nada más». Conservemos esa amistad, que no es poco.

Araceli Mangas Martín es catedrática de Derecho Internacional Público en la Universidad Complutense.

El conflicto surgido por el, todavía, proyecto del gobierno argentino de nacionalizar la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), participada en un 57,4 % por Repsol, no puede interpretarse de forma simplista como un conflicto entre los intereses económicos de un país y los de una multinacional extranjera, que es como se está planteando ante la opinión pública argentina, ni tampoco como el resultado de una iniciativa política de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para aliviar la presión interna generada por el sector más radical y populista del movimiento peronista, combinada con una creciente dependencia nacional de las importaciones energéticas, que ya han alcanzado los 10.600 millones de euros.

Sin duda estos factores están presentes en este conflicto y condicionan su evolución, pero si pretendemos comprender su verdadera naturaleza, las opciones reales para su resolución y el alcance de sus efectos, hay que abrir la perspectiva para situarlo en el marco general de las relaciones entre las empresas españolas y los regímenes políticos de América Latina.

La nacionalización de YPF que ahora se plantea en Argentina tiene antecedentes muy directos en la realizada por Bolivia, tras el acceso a la presidencia de Evo Morales en 2006. Más tarde se produjo la nacionalización del Banco de Venezuela, controlado por el Banco Santander, realizada por el presidente venezolano Hugo Chávez en 2008. Ese mismo año, el gobierno argentino presidido por Néstor Kirchner expropiaba Aerolíneas Argentinas al grupo español Marsans, tras una huelga salvaje desatada por los sindicatos.

Por tanto, desde la perspectiva española, la penetración y el mantenimiento de las inversiones en Iberoamérica adolecen de dos graves defectos que desde los años 90 no se han corregido: 1) La falta de una correcta evaluación de los importantes riesgos políticos asociados a los proyectos inversores, y 2) La ausencia de un adecuado apoyo político a la empresa española en su proceso de internacionalización.

Inteligencia económica

El primero de ambos errores ha ocasionado una falta de valoración de los importantes factores políticos y de inseguridad jurídica que siempre se dan en esta región. Es decir, ha faltado la necesaria inteligencia económica, impidiendo la adopción de las correspondientes provisiones financieras para compensar los efectos de un posible fracaso del proyecto debido a causas políticas ajenas a su viabilidad estrictamente económica. Por otra parte, los sucesivos gobiernos españoles, tanto socialistas como populares, han propiciado la internacionalización de nuestras inversiones y empresas, pero han carecido de la suficiente visión y voluntad políticas para garantizar su continuidad. Este vacío en el apoyo institucional del Estado español resulta clamoroso en el caso de Iberoamérica, máxime si se compara con el que ofrecen los gobiernos de EEUU, Japón y China.

Este es el marco general en el que hay que situar el conflicto entre el gobierno argentino y Repsol por el control de YPF, cuya evolución y resolución condicionará la situación y el futuro inmediato de otras empresas (Telefónica, Endesa, Aguas de Barcelona, BBVA, Banco Santander, etcétera), no sólo en este país sino en toda la región latinoamericana.

En efecto, la economía argentina presenta importantes desajustes estructurales que ninguna empresa española allí establecida debería ignorar. La principal fuente de tales desajustes deriva directamente de la particular configuración política y social de Argentina. Articulada como un Estado federal, con importantes poderes de los gobernadores y los parlamentos provinciales, la base de representación y movilización política de la sociedad se viene controlando desde los años 40 del siglo pasado por el Partido Peronista, más tarde Justicialista, que en sentido estricto es un movimiento político-social heterogéneo creado desde sus orígenes para legitimar el liderazgo de dirigentes populistas a través de una red nacional de clientelismo. Ello explica las enormes dificultades para consolidar partidos políticos al margen o contrarios al justicialismo (Unión Cívica Radical, Partido Socialista), que garanticen una alternancia en el gobierno y combatan la inclinación del sistema a permitir el nepotismo.

Es obvio que con esta configuración estatal, la economía nacional no se desarrolla siguiendo criterios de eficiencia y rentabilidad sino de oportunidad política y de conflictos de intereses entre las distintas redes clientelares que controlan la sociedad y el Estado. Por ese motivo, el principal escollo interno que debe salvar el decreto de nacionalización de YPF es la pugna entre la presidencia del país y los gobiernos de las provincias en las que se encuentran los yacimientos energéticos, interesados todos por lograr una posición de ventaja en el futuro reparto de los beneficios mediante la explotación del nuevo yacimiento de “Vaca Muerta”.

En semejantes condiciones, la intervención político-diplomática del gobierno español no sólo es necesaria y oportuna, sino que es la única que puede reconducir el conflicto al terreno estrictamente económico, en el que existen numerosas fórmulas para resolverlo.

Margen de maniobra

En efecto, las autoridades españolas disponen de los medios y las capacidades para condicionar internacionalmente el margen de maniobra que internamente posee el gobierno argentino. La pertenencia a la Unión Europea, actualmente negociando un Acuerdo de Asociación con MERCOSUR, ofrece una importante baza que refuerza considerablemente nuestra capacidad de presión estrictamente bilateral. El peso de la UE en la Organización Mundial del Comercio, en el G-20 o con países iberoamericanos con los que ya existen acuerdos de asociación, como Chile y México, constituyen razones poderosas que ninguna presidencia argentina puede ignorar, máxime si le sumamos la evidencia de que su principal socio económico, Brasil, no respaldará medidas unilaterales de nacionalización aunque sólo sea para impedir que se repitan las experiencias sufridas por Petrobras en el caso boliviano y evitar conflictos innecesarios con Europa.

Pero este conflicto también exige una profunda revisión de las estrategias de las empresas españolas que operan en Iberoamérica. El Gobierno español no puede convertirse en el instrumento de salvación in extremis de los intereses de unas empresas que actúan en Latinoamérica guiadas exclusivamente con criterios económicos y sin una adecuada evaluación del contexto político de los países en los que se instalan. La credibilidad de las intervenciones gubernamentales españolas radica en su excepcionalidad, en caso contrario se corre el riesgo de arruinar las bases de toda nuestra política exterior en esta región que alcanza a ámbitos como la seguridad, las relaciones científico-culturales o la cooperación al desarrollo.

La conclusión es clara: más allá de las gestiones que tanto Repsol como el Gobierno español deben realizar para reconducir el conflicto con Argentina, debería considerarse la necesidad de establecer un órgano de consulta y coordinación entre las empresas y el Gobierno que garantice la protección de los intereses nacionales como parte inexcusable del proceso de internacionalización que España, como potencia a escala mundial, viene acometiendo en todos los ámbitos desde hace más de dos décadas. En caso contrario, no pasarán muchos meses antes de que volvamos a enfrentar un nuevo conflicto de nuestras empresas en Iberoamérica.

Rafael Calduch. Catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid.

TRIBUNA: CARRERA HACIA LA CASA BLANCA

El autor subraya el bajo perfil de los candidatos republicanos en el proceso de primarias. Plantea el peligro de la Doctrina neomilitarista que se vuelve a extender en Estados Unidos.

Las primarias y caucus que están teniendo lugar estos meses en EEUU en las filas republicanas han demostrado no sólo un perfil bajo de los distintos candidatos del Partido del elefante en el intento por capitalizar la victoria relativa de las legislativas de 2010 frente a Obama sino, sobre todo, una gran pobreza en las ideas y propuestas de esta presumida refundación conservadora.

La pelea respecto a quién insulta más alto y mejor a Obama para demostrar al electorado la mayor distancia posible respecto al denostado y vilipendiado -según dicen- «sistema proteccionista público socialista» en sanidad, educación y protección social semejante al de sus «amigos los europeos», está ocupando el centro del debate. La serie de encuentros entre los principales candidatos, televisados a todo el mundo, han avergonzado a la inteligencia política. Y todo ello en el mejor escenario electoral posible: con una crisis económica golpeando fuertemente a las clases medias estadounidenses -las que ponen y quitan presidentes allí-, un Gobierno condenado a un consenso legislativo inevitable y un comandante en jefe que se debate en permanentes dudas hamletianas respecto a las políticas necesarias.

Por otro lado, el Tea Party no ha logrado romper el corsé de las estructuras partidistas de los sectores tradicionales republicanos para que, sentada a su mesa, la familia conservadora pudiera compartir el Appel Pie, ese símbolo nacional que ellos consideran en serio riesgo por culpa del presidente.

Sin embargo, los que consideran que esta Revuelta Conservadora está fracasada probablemente se equivocan. El verdadero debate refundador en el momento actual no viene de las ideas de Romney, Santorum o Gingrich. Por el contrario, los argumentos de mayor peso se pueden encontrar de forma progresiva en ese mal denominado idealismo conservador y, especialmente, de la mano de ese grupo autodenominado Intelectuales de la Defensa, incorporados todos ellos en el American Enterprise Institute.

Denominamos a esta camarilla por su permanente tendencia, casi obsesiva, a vincular la seguridad nacional estadounidense con la superioridad militar indiscutible por cielo, espacio e, incluso, hiperespacio, si es que existiera: «Hacia el infinito y más allá…». Ese mismo grupo fue el origen del y del realismo preventivo que brindó soporte ideológico a la política del durante la anterior Administración del presidente George W. Bush.

Muchos artículos nacidos de los think tanks neoconservadores reivindican la necesidad de mantener a toda costa una supremacía militar en el espacio como base de una seguridad nacional puesta en peligro por la actual Administración de Obama, al que acusan de realizar «seguidismo del código de conducta que quieren establecer en la Unión Europea». Señalan, además, con preocupación la necesaria precaución preventiva «en una guerra con China que podría destruir nuestros satélites y reducir a cero nuestras capacidades GPS (Global Positioning System)». Su conclusión apunta a una más que probable idea matriz de la apuesta internacional conservadora anti y/o post Obama: «La seguridad de EEUU no debe ser sacrificada por una falsa promesa de la gobernanza global; los estrategas militares y de inteligencia comprenden los riesgos que esos límites pueden suponer para nuestra seguridad nacional».

Este grupo, fuertemente influenciado por las ideas de Norman Podhoretz, politólogo y teórico central del neoconservadurismo desde la Administración de Reagan, siempre ha preconizado una nueva y completa estrategia para dominar el mundo, incluso antes de las guerras en Afganistán e Irak. Muchos de sus miembros habían trabajado en anteriores gobiernos republicanos, y cuando George W. Bush alcanzó la Presidencia, la mayoría de ellos fueron nombrados para ocupar puestos de responsabilidad vinculados al diseño de la política de seguridad.

La perfecta conjunción entre la producción intelectual, teórica y práctica que llevó al realismo preventivo a ser el centro de la Doctrina de Seguridad fue posible con el nombramiento de Donald Rumsfeld como secretario de Defensa, siendo vicepresidente Dick Cheney. En resumen, esos años que probablemente fueron los más oscuros de la vinculación de Estados Unidos con el resto del mundo.

Éste es el orden de un discurso en boga que viene facilitado también por la inevitable referencia al enemigo que siempre ha caracterizado la política exterior, de seguridad y defensa de Estados Unidos. La identificación de estos nuevos adversarios, que no son otros que -en la batalla interna- la tentación estatalista, la «dictadura de lo público» y el intervencionismo gubernamental; y -en la externa- China, Irán, Rusia, los países árabes menos controlados, e incluso los aliados europeos que desean imponer un sistema de gobernanza mundial peligroso para la seguridad nacional.

Desde este planteamiento, ante al desarme moral y militar de Obama, la nueva Doctrina tiene, de forma inevitable, que llevar consigo una activación sustancial de las transferencias de armas y otros programas militares que permita una superioridad indiscutible con una tecnología que propicie la utilización rápida y efectiva de la fuerza en cualquier situación y frente a cualquier riesgo y/o peligro en el mundo; ya sea por tierra, mar, aire o espacio ultraterrestre.

El peligro de esta nueva Doctrina neomilitarista es que puede ser un recurso seductor para el crítico momento actual: propiciar una activación de la economía interior apostando por un motor productivo militar potente -como siempre fue en EEUU- dentro de un nuevo dinamismo industrial y tecnológico como el que necesita Estados Unidos. Verdaderamente tentador, incluso para Obama si estuviera en una tesitura exterior valorada de gran riesgo, de agotamiento de las opciones diplomáticas y con un incremento de la tensión que puede darse en cualquier momento, sin ir más lejos, con Irán.

Gustavo Palomares es presidente del Instituto de Altos Estudios Europeos (IAEE), catedrático europeo en la UNED y profesor de Política Exterior de Estados Unidos en la Escuela Diplomática de España.

OTRAS VOCES: PRIMAVERA ÁRABE

La situación de Libia no pinta nada bien a pesar de la euforia con la que, en general, se recibió la caída de Gadafi. Su dictadura fue tétrica, al igual que lo fue su caída y que lo está siendo la posguerra en el país, como cabía esperar. Las potencias occidentales se lanzaron demasiado alegremente al apoyo de un Consejo Nacional de Transición (CNT) que se intuía que daría mucho que hablar cuando finalizara el conflicto. Pero, ahora, la desestabilización de Libia se ha convertido en uno de los mayores quebraderos de cabeza de la misma comunidad internacional que apoyó la intervención militar. La fuerte reticencia a actuar de forma similar en Siria se justifica en buena medida en esta lección.

La situación de Libia, además de por sus problemas internos, es especialmente preocupante por su repercusión regional en el Magreb. De momento, la pacificación en el país está muy lejana. Libia está mejor sin Gadafi, qué duda cabe. Aunque para muchos se suscite la duda. Sobre todo porque muchos sectores sociales no se están viendo compensados en modo alguno por este cambio. Y pasará mucho tiempo hasta que la sociedad libia recupere su normalidad cotidiana, no digamos su orden político. Por delante tiene retos muy complicados. El primero es la reconstrucción material del país y la superación de los daños psicológicos de la población. La recuperación económica podría comenzar una vez levantadas las suspensiones y embargos. Sus importantes recursos energéticos -gas y petróleo-, una vez reactivados, volverán a ser fuente de ingresos. Pero desde ya es clave la lucha contra la corrupción para atisbar un progreso real. En cuanto a los desafíos políticos, la agenda se antoja larga y complicada, pues se trata de construir un nuevo régimen, desarrollando, casi desde cero, las instituciones y los partidos políticos. Y, desde luego, no habrá un nuevo régimen sin unas nuevas bases para la implicación de la sociedad civil.

El régimen de Gadafi estaba basado en una compleja relación clientelar con las diferentes tribus del país. Pero, a la caída del dictador, en poco tiempo el sistema ha saltado por los aires y hoy son innumerables las milicias armadas descontroladas enfrentadas entre sí. De ello se deducen dos de los grandes peligros de la situación, que redundan en las escasas garantías de seguridad que puede ofrecer el escenario libio. El primero está relacionado con la dificultad de integrar a estas facciones opuestas entre sí en unas Fuerzas Armadas que garanticen la estabilidad de un Estado, cuya concepción está por definir. Tal es el caso, entre otras, de la Milicia de Zintan, que durante la guerra ya se permitía actuar por cuenta propia, al margen del entonces recién constituido CNT. El segundo es que esta realidad no arroja indicios de que se pueda alcanzar el desarme de las milicias, lo que se traduce no sólo en un problema interno por la fragmentación territorial a lo que ello invita, sino que, además, supone una seria amenaza para la región. Por tanto, garantizar la impermeabilidad de las fronteras es una de las necesidades más urgentes, que despierta inquietudes en los países vecinos. No en balde, el anunciado intento de división territorial, que podría suponer un incremento de la violencia, disparó las alertas en el Magreb.

La explicación de esta amenaza, que como tal es percibida por la mayoría de la población magrebí, hay que buscarla en la rivalidad que entre Qatar y Arabia Saudí ha traído el nuevo contexto del mundo árabe. La recuperación del papel político de Riad se ha visto potenciada por el debilitamiento de la actividad diplomática de Egipto, especialmente tras el fin del régimen de Mubarak. El protagonismo saudí ha permitido expandir con fuerza la doctrina wahabí, completamente ajena al sunismo malakí del norte de África. Qatar, en plena expansión económica, tropieza con las poderosas finanzas saudíes, y la defensa de sus intereses le va llevando progresivamente a respaldar a otros sectores del sunismo, como oposición a la postura de su competidor. Esto es lo que ya está ocurriendo con al-Nahda en Túnez y, muy probablemente, lo que suceda con los Hermanos Musulmanes en Libia ahora que empiezan a reconfigurarse y aspiran a crear su partido. En definitiva, el Magreb en pleno proceso de transición, se encuentra sumido en la disputa silenciosa entre dos grandes potencias árabes, cuyas ideologías distan mucho de lo que hasta ahora había sido la realidad magrebí.

Con la desestabilización de Libia todo el Magreb corre el grave riesgo de verse envuelto en un panorama muy alejado del que pretendían aquellos que emprendieron las revoluciones. El miedo regional suscita tensión entre los que están realizando sus transiciones o quienes pretenden salvar su estatus con la introducción de reformas. En estas circunstancias crecen las teorías conspiradoras, que ya no sólo ponen en duda, la espontaneidad de los levantamientos en Libia, sino incluso en Túnez y Egipto. La falta de nitidez en cuanto al porvenir de los procesos democráticos, amenazados abiertamente por el extremismo salafista, está contribuyendo a la propagación de la desconfianza y el escepticismo entre la sociedad civil, que recuerda con nostalgia la estabilidad que generaban las dictaduras.

Vistas estas circunstancias, se puede deducir que el fracaso de la estabilidad interna en Libia y la división del territorio, propiciando una guerra civil, puede convertirse en uno de los escenarios más oscuros por los que ha pasado el Magreb en las últimas décadas. La conflictividad característica de Oriente Próximo podría instalarse en la orilla sur del Mediterráneo justo cuando los gobiernos se encuentran expuestos a una enorme fragilidad. En estos momentos incluso se puede dudar al clasificar la situación por la que atraviesa el CNT como transición. En todo caso, ¿hacia dónde?, desde luego, hacia la democratización está por ver. Por ahora, lo más evidente es que el Estado de las masas -la Jamahiriya- ha sido sustituido por una anarquía creciente. Y no sabemos si el presidente del CNT, Mustafá Abd-El Jalil, y su primer ministro, Abd el-Rahim al-Katib, serán capaces de conducir hacia un Estado liberal. Si no es así, pronto podríamos estar en las puertas de la balcanización del Magreb.

María Dolores Algora Weber es profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo.

Así se encuentra Obama en un año electoral: sometido a la presión de Israel, del poderoso Comité Estadounidense-Israelí de Asuntos Públicos (Aipac, por sus siglas en inglés) –que suele elegir diputados y senadores a su gusto financiando sus campañas– y de los precandidatos republicanos a la presidencia que lo tildan de blando porque prefiere las negociaciones diplomáticas con Irán a una intervención militar para frenar su programa nuclear.

“Un ataque a Irán no sólo podría afectar a Israel, sino a toda la región durante cien años”, opinó quien fuera director del Mossad hasta el 2002, Efraín Halevy. Meir Dagan, su sucesor al frente de estos servicios israelíes de Inteligencia y operaciones especiales hasta el 2009, también dijo lo suyo: “Un asalto militar dará a los iraníes la mejor excusa para continuar en la carrera nuclear”. Y calificó la posibilidad de un bombardeo aéreo a las instalaciones nucleares iraníes de “la cosa más estúpida que escuché en mi vida” (www.alternet.org, 6-3-12). Tal vez porque tanto los servicios de espionaje de EE.UU. como los de Israel saben que Irán está lejos de lograr una bomba nuclear.

El hecho insólito es que, quizá por primera vez, no es Washington el que decidirá la participación estadounidense en lo que seguiría al ataque a Irán que Israel viene anunciando, se vería arrastrado a hacerlo. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se jactó de haber logrado que la cuestión de Irán pasara al primer plano de las relaciones EE.UU./Israel. Tiene razón: la larga conversación que sostuvo con Obama el lunes pasado en la Casa Blanca no rozó siquiera el tema de las negociaciones de paz con los palestinos que tuvo hasta ahora precedencia en las reuniones de los dos mandatarios.

Obama insistió en el encuentro del lunes en que Netanyahu aguardara los efectos de las sanciones económicas impuestas a Irán y el resultado de posibles negociaciones con Teherán antes de emprender una acción militar. Pero en el encendido discurso que pronunció ante el Aipac luego de la reunión con Obama, el premier israelí subrayó: “Hemos esperado que la diplomacia funcionara, hemos esperado que las sanciones funcionaran; ninguno de nosotros puede esperar mucho tiempo más” (www.haaretz.com, 6-3-12). Hasta pareció burlarse del gobierno de Obama cuando manifestó su sorpresa porque algunas personas aún no creían que Irán estaba tratando de construir una bomba nuclear.

El general Martin Dempsey, jefe del Estado Mayor Conjunto de las fuerzas armadas de EE.UU., provocó un duro rechazo del gobierno israelí cuando señaló que un ataque prematuro a Irán sería “desestabilizador e imprudente… no diría que lo hemos persuadido de que nuestro punto de vista es el correcto” (//articles.cnn.com, 19-2-12). Netanyahu, su ministro de Defensa, Ehud Barak, y otros altos funcionarios se enojaron: esas declaraciones –dijeron– “sólo sirven a los iraníes” (www.haaretz.com, 21-2-12). Más enojados deben estar ahora: el mismo día de la reunión Obama/Netanyahu, The Washington Post publicó una solicitada a página entera firmada por cuatro generales (R), un coronel (R) y dos ex altos funcionarios de los servicios de Inteligencia. Se titula “Sr. Presidente, diga no a la guerra con Irán” (www.niacouncil.org, 5-3-12).

La solicitada, que propulsó el Consejo Nacional Estadounidense-Iraní, afirma que no todo desafío tiene una solución militar y que es prioridad de Obama “impedir que Irán tenga armas nucleares”, pero que “afortunadamente, la vía diplomática no está agotada y las soluciones pacíficas aún son posibles. A estas alturas, la acción militar no sólo es innecesaria, es peligrosa para EE.UU e Israel. Lo exhortamos a resistir las presiones a favor de una guerra con Irán”.

Las presiones son duras. Los precandidatos presidenciales republicanos no le ahorran palos en las ruedas al candidato demócrata. Según Mitt Romney, si Obama es reelecto, Irán tendrá su arma nuclear; para Newt Gingrich, no hay evidencias de que el mandatario esté preparado para frenar a Irán; Rick Santorum sugirió que la Casa Blanca está ayudando a Teherán a tener el arma. Se especula que Israel atacaría en julio/agosto, cuando la campaña electoral entre en su etapa más caliente, una forma de obligar a Obama a apoyar una intervención militar si no quiere perder la elección. Por lo demás, un ataque israelí sería respondido por Irán, lo cual torna muy probable la participación estadounidense.

Lo más grave es que grupos interesados como el Aipac, sectores neoconservadores y los medios más importantes están creando en EE.UU. un clima semejante al que imperó antes de la guerra de Irak. Pareciera que Obama ha impulsado un contragolpe a estas presiones: Catherine Ashton, encargada de las relaciones exteriores de la Unión Europa, anunció que Gran Bretaña, China, Francia, Alemania, Rusia y EE.UU. han acordado sentarse a una mesa con Irán a fin de iniciar conversaciones en torno de su programa nuclear (www.haaretz.com, 6-3-12).

Datos recientes muestran que esa posible guerra es impopular tanto en EE.UU. como en Israel. Una encuesta que el catedrático Shibley Telhami de la Universidad de Maryland realizó los días 22-26 de febrero reveló que sólo el 19 por ciento de los israelíes consultados se pronuncian por atacar a Irán aunque EE.UU. se oponga, el 40 por ciento estaría de acuerdo si EE.UU. participa y el 34 por ciento se opone a cualquier ataque, con o sin EE.UU. (www.politico.com, 28-2-12). Un encuesta de CNN/ORC, que se llevó a cabo del 10 al 13 de febrero, encontró que el 17 por ciento de los estadounidense está a favor de que EE.UU. ataque ya, un 60 por ciento se inclina por las sanciones sin una intervención militar por el momento y el 22 por ciento se manifestó en contra de que EE.UU. intervenga. Claro que gobernar, lo que se dice gobernar, no siempre entraña el respeto a la voluntad de las mayorías. Una vieja costumbre.

Vaticina más represión, más nacionalismo y más populismo tras el nuevo triunfo de Putin. Critica la pasividad de la UE ante la progresiva violación de derechos humanos en el país

«Hay una cosa que Rusia no ha conocido en sus mil años de historia: la libertad». Vasili Grossman.

Los contundentes resultados en las elecciones presidenciales del domingo confirman que la libertad seguirá invernando en Rusia. El modelo medieval se prolongó con el zarismo y sometimiento total del pueblo a los dictados de cada Zar (del latín caesar). Estancados en un modelo arcaico y muy autócrata, así sobrevivieron los súbditos hasta la Revolución de 1917. Carlos Marx había construido en Londres sus teorías y premoniciones para la caída del sistema capitalista en una sociedad industrial pero sería en Rusia, nación eminentemente agrícola y atrasada, donde se impuso su ideología. Durante 70 años se aniquiló la libertad para construir una caricatura deforme de la igualdad en un sistema donde todo y todos (hasta conciencias) estaban sometidos a férreos controles que asfixiaban la individualidad. Tras la etapa cruel de Stalin, burócratas comunistas anticuados continuaron dirigiendo esta nación de naciones bajo el ojo y el oráculo del magma que representaba el partido como encarnación de la deidad atea.

La irrupción de Gorbachov como secretario general del PCUS en 1985 supuso algo desconocido en Rusia. En un país cuyas instituciones, economía y dogmas estaban muy petrificadas, él introdujo ciertos principios de liberalización, modernización y transparencia hasta entonces desconocidos. Eso contribuyó a que las grietas del sistema se agrandasen y que a la gran crisis económica de un sistema anticuado se le sumase un inevitable desorden. Los refractarios a los cambios impulsaron un golpe de Estado que no sólo fracasó sino que produjo (el pasado 25 de diciembre se cumplían 20 años) un resultado inaudito: el propio Estado, la URSS, desapareció. Al mayor imperio surgido en el siglo XX le sucedieron 15 Estados, todos ellos ex repúblicas soviéticas, huérfanas en unos casos, liberadas en otros.

Devorado tanto por los reaccionarios como por los más reformistas, la perestroika del Gorbachov dejó paso a Boris Yeltsin como heredero de la gran Rusia. El proceso de liberalización fue aún más atrevido y la percepción de caos se incrementaba. Los ciudadanos soviéticos no tenían antaño libertades pero sí unas seguridades y certidumbres que se desmoronaban ante la situación permanentemente imprevisible. Un 31 de diciembre de 1999 convocó una rueda de prensa anunciando su dimisión y sucesión a favor de Vladimir Putin. La primavera efímera de la libertad agonizaba. Muy pronto llegaría el invierno.

En este contexto, regresa a la presidencia (ahora son seis años prorrogables y no cuatro) que no al poder, pues nunca dejó de ejercerlo. Hemos asistido a un proceso electoral parlamentario en diciembre y ahora presidencial con unos resultados abrumadores y predecibles. Algunos ingenuos pensaban que las manifestaciones de miles de ciudadanos (la última manifestación política en Moscú fue hace 20 años para parar el golpe contra Gorbachov) denunciando el claro fraude electoral podían socavar el sistema monolítico de Putin. Cierto es que esas reacciones de un pueblo tan sumiso le sorprendieron a él mismo, pero eso sirvió para reforzar los controles, movilizar a todo el aparato vertical del poder y lograr la máxima implicación de la oligarquía económica al servicio de su proyecto político. Rotunda ha sido su victoria como rotunda es su satrapía.

Quienes tenían ilusiones de cambios (si no de gobernantes, sí de estilos), o eran unos soñadores o desconocían el sistema putiniano que, como el modelo soviético más asfixiante, imposibilita la existencia de alternativa. Los requisitos legales para poder competir impiden que pueda haber partidos ni candidatos opositores representativos de ideas democráticas. Pero no es sólo el sistema electoral (pendiente en una reforma en trámite parlamentario y cuyo futuro es incierto) sino sobre todo, repito, el intenso control de una sociedad por un proyecto totalizador de cualquier iniciativa.

Rusia es el país más extenso del planeta. De los 140 millones (con un gran problema demográfico) sólo el 21% radica en las grandes ciudades. Únicamente en estas urbes crece la actitud crítica ciudadana, precisamente donde la abstención ha sido alta en contraste con el resto del país, donde los sufragios oficialistas han sido muy elevados con un notable fraude.

Putin no tomó nota de las manifestaciones anteriores para abrir el régimen sino, al contrario, para reforzar su forma autócrata de ejercer el poder. Tras los resultados electorales del domingo, no impulsará liberalizaciones sino que intensificará la represión. En la campaña electoral de diciembre fueron constantes los fotogramas televisivos sobre los desabastecimientos y caos de la etapa de Gorby. Así se quería destacar el orden y las seguridades de Putin (favorecida económicamente por los altos precios del crudo). Ahora, en la campaña presidencial, las televisiones emitían imágenes de la revolución naranja en Ucrania hace ocho años -que causaba repulsa en la población rusa-, al igual que de las movilizaciones hace un año en países del norte de África.

Tras reforzar la autocracia, Putin incrementará el populismo y el nacionalismo y será aún más deudor de la oligarquía cuya movilización le ha sido fundamental. Rusia se cerrará más sobre sí misma y orientará su influencia hacia Oriente. La Unión Europea ha sido muy condescendiente con la progresiva vulneración de derechos humanos allí. Si lo único que interesa es seguir haciendo negocios, seguirá silente y admitiendo como refugio seguro el dinero proveniente de las mafias rusas. Pero lo cierto es que las elecciones del domingo, van en la línea del panorama sombrío y regresivo de la democracia. En Rusia puede seguir hablándose del maleficio de la libertad.

Jesús López-Medel es ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Democracia de la Asamblea de la OSCE y autor del libro Gorbachov, ocaso y caída del imperio rojo (Edit. Estvdio 2011) junto a R. Mañueco y con prólogo de Mijail Gorbachov.

¿Cómo explicar la obstinación de las élites europeas en mantener unas políticas de austeridad que solo agravan la crisis y hacen más profunda la recesión? ¿Qué hay detrás de este empeño en autoconvencerse de que no cabe otra política que la que está cortando las alas a unos países que cada vez vuelan más bajo? ¿Adónde quieren llegar?

Desde una perspectiva socioeconómica hay razones para sospechar que se está aprovechando la crisis para hacer un nuevo traje legal a la medida del nuevo capitalismo. La reforma laboral del PP va muy en esta línea: reforzar los privilegios de los que tienen más poder (los empresarios) y buscar la neutralización de la ciudadanía por la vía de la despolitización. Para ello es capital presentar las políticas como necesarias y afirmar la ausencia de alternativa. El objetivo no es, por tanto, obtener resultados a corto plazo sino la construcción de una nueva sociedad más desregulada, con salarios más bajos, con menos derechos para los ciudadanos, con el Estado debilitado y con la mayoría de los servicios privatizados. Esta interpretación da por asumido que los gobernantes tienen una idea estratégica, inconfesable, pero clara y definida.

Otra interpretación, sin embargo, apunta a la confusión. Los gobernantes son incapaces de pensar una hoja de ruta, un proyecto, y avanzan a golpes de riñón. El ritmo del pelotón lo marca Alemania, todos siguen como gregarios. Mientras las políticas de austeridad castigaban al entorno pero beneficiaban a Alemania, que ganaba posición al disponer de crédito en condiciones mucho mejores que los demás países europeos, la estrategia tenía sentido: respondía al interés alemán. Pero cuando el resultado ha sido el regreso a la recesión y empieza a ser evidente que Alemania acabará pagando el empobrecimiento generalizado de sus socios, la estrategia se hace incomprensible. Con lo cual aparecen los viejos demonios históricos. La idea prusiana del poder. La voluntad de dominación alemana.

Al mismo tiempo, esta mirada al pasado sirve para recordar la ceguera de las élites europeas ante el ascenso del totalitarismo, incapaces de captar las negras señales que venían emitiéndose por todas partes. Con lo cual se impone una pregunta: ¿estarán las élites europeas otra vez pérdidas sin detectar las amenazas de futuro o un día comprenderemos que una parte de ellas era cómplice del desastre? Sarkozy acaba de lanzar su campaña electoral en clave populista. Su análisis es muy simple: una oleada de populismo recorre Europa, solo incorporando a la extrema derecha se pueden ganar las elecciones. Soy el candidato del pueblo, proclama. La opción del presidente francés tiene el valor de detectar el síntoma pero la irresponsabilidad de darle carta de naturaleza. Y así se va construyendo la indiferencia, como si la distancia entre la derecha democrática y la derecha xenófoba fuera irrelevante, y se va entrado por la vía de la fatalidad que conduce siempre al desastre. La indiferencia es el peso muerto de la historia, decía Gramsci.

Y llegamos a una cuarta explicación posible. Se habla mucho en estos tiempos de la mediocridad de las clases dirigentes. Cuando las cosas van mal, la melancolía beneficia a las figuras de ayer y castiga a las actuales. Pero quizás esta sensación de mediocridad responda a la fractura creciente entre la sociedad y las clases dirigentes, que el descrédito de la política expresa. La historia nos enseña que este es el primer indicio de la decadencia y marca el final de los procesos de dominación histórica. ¿Es lo que le está ocurriendo a Europa? ¿Las élites no lo ven, no lo quieren ver o son ya impotentes para reconducir la situación? Esta crisis, para Europa, no es solo una crisis económica, es también una crisis política, cultural y moral. Y este es el debate que debería abrirse camino entre la insoportable cacofonía de los gobernantes y el resignado silencio de la ciudadanía, solo roto de vez en cuando por conatos de indignación moral. Sin este debate, la democracia está en peligro: o se nos impone un nuevo modelo económico y social de matute, o entramos sin defensas en una decadencia que amenaza con disminuir el papel de Europa en el mundo. Europa tiene triunfos en sus manos: un modelo de sociedad que ahora se quiere destruir, pero que era admirado universalmente, y una economía que representa el tercio del producto interior bruto mundial. La irresponsabilidad de las élites no puede cargarse este capital.