Reggio’s

Durante la época de la dictadura, la amnistía fue una de las principales reivindicaciones de las fuerzas democráticas de la oposición, encontrándose a la misma altura que la exigencia de un Gobierno provisional, la reinstauración de las libertades y los estatutos de autonomía.

La necesidad de reconocer a los cientos de miles de ciudadanos que habían sufrido todo tipo de represión por sus actividades políticas de oposición al franquismo constituyó una imperiosa necesidad de justicia, a la que siempre se opuso la voluntad implacable del dictador. Por eso, cuando se aprobó la solicitud de amnistía al Gobierno en el Congreso Nacional de la Abogacía, celebrado en León en 1970, la conmoción social y política fue enorme, provocando una serie de pronunciamientos a su favor de otros colegios profesionales e instituciones de todo tipo, que el Gobierno sólo pudo contener en parte declarando un mini estado de excepción.

Al llegar la democracia y tras las elecciones del 15 de junio de 1977, la necesidad de promulgar una amnistía se convirtió en insoslayable. Sin su aprobación la credibilidad de la naciente democracia se resentía, por lo que los partidos políticos decidieron crear al efecto una Comisión Parlamentaria a la que se encargó la redacción de un Proyecto de Ley por la que quedaran amnistiadas todas las personas que habían sufrido cualquier tipo de represión por oponerse al levantamiento armado contra la República y a la dictadura en defensa de las libertades públicas.

Se trataba de amnistiar a los reprimidos por el franquismo, no a los franquistas, que ya se habían autoamnistiado, de forma que fueron los partidos de izquierda y los nacionalistas con representación parlamentaria los que tomaron la iniciativa de redactar la ley, sin que los herederos de la dictadura ni siquiera aceptaran participar en la Comisión Parlamentaria, ni votaran posteriormente a favor de una ley que no les afectaba.

No se entiende por ello las continuas referencias a la Ley de Amnistía como amparadora de los delitos cometidos durante la Guerra Civil y la brutal represión practicada por la dictadura tras su conclusión continuada mientras Franco vivió, cuando era una ley que no contemplaba tales supuestos.

Una mera lectura de su articulado permite comprobar que las medidas de gracia que aprueba se refieren únicamente a los actos de intencionalidad política y a los delitos y faltas tipificados en las leyes franquistas que pudieran haber cometido sus opositores. En ningún momento se mencionan los delitos que hubieran podido cometerse por la dictadura, por la sencilla razón de que no eran considerados como tales por las leyes entonces vigentes.En caso de duda, toda disposición legal habrá de tener en cuenta la voluntad del legislador, y nada mejor para entender ésta que examinar lo que fueron las discusiones en la Comisión Parlamentaria redactora de la ley, sobre todo cuando el proyecto fue aprobado en su totalidad, sin modificación alguna, por el pleno del Congreso de los Diputados.

Los debates en la Comisión se redujeron a un tira y afloja de los partidos democráticos para que la amnistía fuera total y a un intento de los representantes de la UCD para limitarla en algunos temas conflictivos. De tal forma que para evitar falsas interpretaciones se fuerza en su artículo 2º a una casuística, que de otra forma hubiera sido innecesaria, en la que no cupiera duda alguna sobre los supuestos comprendidos en la ley: como los delitos de rebelión y sedición, de los que fueron acusados los defensores de la República y otros muchos posteriores juzgados ante tribunales militares, hasta llegar a los integrantes de la Unión Militar Democrática (UMD), en los años setenta; o los de objeción de conciencia o guarda de secreto profesional y los de prensa y similares.

La única preocupación de los representantes de UCD fue que los referidos militares de la UMD no pudieran reingresar en el Ejército y que también estuvieran comprendidos en la amnistía los delitos cometidos por autoridades, funcionarios y agentes del orden público en su actuación represora de las libertades, al encontrarse varias causas abiertas en su contra por homicidios, torturas y otras arbitrariedades en distintos juzgados y tribunales. Pero nada más.

En la Comisión Parlamentaria, y por mor de ser el más joven de sus componentes, me nombraron secretario de la misma, encargado de la redacción de las actas que recogieran lo tratado en las reuniones celebradas, y aunque tras la tercera reunión desistí de ello, pues nunca fueron firmadas por sus componentes, sí conservo las primeras -sin validez legal- y numerosas notas de las discusiones. Ni una sola de ellas hace mención a que la amnistía suponía el borrón y cuenta nueva de las responsabilidades en que hubieran podido incurrir los vencedores de la Guerra Civil.

Nadie planteó que la amnistía se ampliara a los delitos cometidos bajo el paraguas y en defensa de la dictadura. En primer lugar, porque Alianza Popular, su legítima heredera, no quiso intervenir en la Comisión Parlamentaria, a pesar de ser reiteradamente invitada a asistir, declinando la defensa de cualquier derecho en la misma. En segundo lugar, porque los franquistas vencedores en la Guerra Civil y en la posguerra no creían que fuera necesario que les amnistiaran por las tropelías que habían cometido, que no sólo no se persiguieron sino que se avalaron con total impunidad, estimando que estaban suficientemente protegidos por las leyes de la dictadura.

Por eso cuando leo o escucho en los distintos medios de comunicación el argumento de que la Ley de Amnistía impide la investigación de los hechos ocurridos durante la guerra y la posguerra y la búsqueda de los restos de las personas represaliadas que fueron ejecutadas, estimo que se trata de una interpretación arbitraria y sin fundamento.

Que se busquen otras excusas y otras disposiciones legales en las que se puedan proteger de forma vergonzosa, pero que no se amparen en la Ley de Amnistía de 1977, que no se dictó para ellos.

Jaime Sartorius es abogado y fue miembro de la Comisión Parlamentaria que redactó el proyecto de Ley de Amnistía, en representación del PCE.

Exige el Consejo General del Poder Judicial a los responsables políticos “el máximo respeto” a la función judicial. Sin embargo el respeto no se pide, demanda o exige; el respeto se merece o no se merece.

¿Merece respeto un magistrado –De la Rúa– que entiende en una causa penal en la que el principal implicado dice ser su amigo íntimo, y lo exonera? ¿Merece respeto el vocal del Poder Judicial Fernando de Rosa, quien, tras ser consejero de Camps, avala la honradez e inocencia de su ex jefe en un procedimiento penal como tal consejero? ¿Merece respeto un presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial para quien dios –su dios– es la base de la “verdadera Justicia”? ¿Merece respeto el propio Consejo General del Poder Judicial que tramita los nombramientos de la carrera por un sistema de cuotas y mercadeo ideológico análogo a la famosa lotizazzione de Italia que dio al traste con la primera República de aquel país? Son preguntas sencillas que cada cual puede contestar en conciencia.

La opinión pública nacional e internacional lo tiene claro: la Justicia española está politizada y claramente escorada a la extrema derecha, por lo que poco respeto parece merecer. La colusión entre el Tribunal Supremo, la extrema derecha, el PP y los corruptos que denuncia el ex fiscal anticorrupción Jiménez Villarejo es algo que los implicados no disimulan, aunque, muy escandalizados, lo nieguen de palabra.

Y hay más. La agresiva derecha española instrumentaliza siempre las instituciones y poderes del Estado, así como las asociaciones suprapartidistas en pro de su bandería política. Lo hizo en 1936 con el Ejército y la Iglesia, por medio de los cuales tiranizó el país durante 40 años. Hoy, al estar las fuerzas armadas al margen de la política, lo intenta de nuevo con la Iglesia y el poder judicial. La primera responde con celeridad y caldea el ambiente, mientras que el poder judicial viene a sustituir al Ejército en la tarea de obtener por otros medios lo que las urnas niegan a la derecha; anular mediante triquiñuelas formales el caso Gürtel; y, por último, amedrentar a sus adversarios, cosa nada difícil, como se prueba por el hecho de que estos, en su ingenua veneración por el consenso y las formas democráticas, patrocinen el nombramiento del citado presidente del Supremo, cuya primera provisión fue impedir que el proyecto de Ley del Aborto contara con un dictamen favorable del Consejo que también preside.

¿Merece respeto una administración de Justicia con procesos que cabe tildar de políticos, persecuciones judiciales de algún escaso juez independiente, connivencia entre magistrados y acusados cuando son políticos con mando en plaza, influencia de los partidos en el nombramiento de jueces que tienen que entender en casos penales en los que aquellos están directamente interesados, como sucede con el célebre Gürtel? Con estos datos no hay que ir muy lejos a buscar la causa del desprestigio de la Justicia española y de que esta haya de exigir con sus escritos lo que no consigue con sus hechos: respeto.

Ramón Cotarelo. Catedrático de Economía Aplicada.

La utilización de la Justicia (con mayúscula, ya que me refiero a los distintos órganos jurisdiccionales) por parte de la política se ha cobrado ya una víctima en los últimos años, el Tribunal Constitucional, y amenaza ahora a una segunda, el Tribunal Supremo.

La esperada sentencia sobre el Estatut de Catalunya ha desbordado todos los límites de las garantías judiciales -por ejemplo, las infundadas recusaciones- y de la libertad de expresión. Calumnia que algo queda: y efectivamente ha quedado. Pero en las últimas semanas el Constitucional ha pasado a un segundo plano y las cabeceras informativas están ocupadas por el juez Garzón, el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial.

Garzón no es la primera vez que es objeto de una querella judicial. Hoy leo en el periódico que le han interpuesto más de cuarenta. No nos escandalicemos, es natural. Garzón es un juez de instrucción que se ha enfrentado a los más peligrosos clanes del crimen organizado: terrorismo de ETA y terrorismo islámico, narcotráfico, delincuencia económica, corrupción política y crímenes de Estado. Garzón no es sólo el juez español más conocido, sino el juez -español o extranjero- más admirado del mundo. Y con toda la razón. ¿Cómo no va a tener un personaje así infinidad de enemigos?

La noticia, por tanto, no es que se haya interpuesto alguna querella contra Garzón, sino que, por primera vez, el Tribunal Supremo ha admitido a trámite, contra el parecer de la Fiscalía, tres querellas contra él por el delito de prevaricación. Comete este delito el juez que dicta una resolución injusta, bien a sabiendas o bien por imprudencia grave o ignorancia inexcusable, graduándose la pena según sea la causa. La admisión a trámite, como es obvio, no prejuzga la pena, ni la existencia de delito: sólo significa que hay ciertos indicios que merecen una investigación. Por tanto, tranquilos: Garzón sólo ha sido imputado, tan sólo está sometido a investigación judicial.

Ahora bien, en tal situación se le puede suspender de su cargo de forma cautelar. Este parece ser el objetivo latente en las querellas: apartarle, aunque sea temporalmente, de sus funciones en la Audiencia Nacional. Y esta decisión la debe tomar el Consejo, el órgano de gobierno de los jueces.

Por tanto, un órgano político, no un órgano jurisdiccional. En el caso, inevitablemente, se mezcla todo.

La verdad es que las tres querellas apenas tienen consistencia. La primera, relacionada con la exhumación de los cadáveres en aplicación de la ley de memoria histórica, creo que no tiene justificación alguna. A mi modo de ver, Garzón se equivocó, así lo expuse razonadamente en estas mismas páginas (”Enterremos a los muertos”, La Vanguardia,4/ IX/ 2008). Pero del error a la prevaricación hay un abismo: ahí no había ni imprudencia grave ni ignorancia inexcusable, menos aún era una resolución injusta a sabiendas. Simplemente, creo que Garzón aplicó mal la nueva legislación de delitos contra la humanidad a una realidad que no correspondía. Pero es una materia discutible y hay opiniones contradictorias.

La segunda querella es ridícula: se trata de unos cursos en los que participó Garzón en la Universidad de Nueva York, financiados en parte por el Banco Santander, sin haberse abstenido posteriormente en una causa contra el señor Botín. Todo curso, seminario o congreso está financiados por alguien, normalmente por grandes empresas, bancos y cajas. Nadie sabe ni recuerda el nombre de los patrocinadores. Los datos aportados por la Universidad de Nueva York, exculpatorios para Garzón, creo que darán un carpetazo definitivo al asunto.

La tercera querella, muy reciente, ofrece más dudas. Se trata de las escuchas telefónicas entre un acusado en prisión por el caso Gürtel y su abogado. Aunque la redacción de la ley penitenciaria que regula este supuesto no es clara, la interpretación del TC, con buenas razones, la ha reducido a delitos de terrorismo, que no es el caso. Habrá que esclarecer los hechos y escuchar los argumentos de las partes. Pero aun en el supuesto de intervención telefónica por orden del juez, la ineluctable conclusión no sería que ha prevaricado, sino que la prueba es nula.

Por tanto, estas son las tres querellas, ninguna resuelta todavía y tramitadas conforme a la ley. Las garantías procesales son amplias y no hay que temer a la máquina judicial cuando uno está libre de culpa. Plantear el caso como un enfrentamiento entre derechas e izquierdas me parece equivocado: las piezas no encajan. No encaja, por ejemplo, el papel del juez Luciano Varela y de la señora Margarita Robles, actual miembro del CGPJ. Seguramente lo cierto es que ahí se mezclan cuestiones políticas y corporativas. Garzón tiene enemigos en muy diversos frentes. Todos nos podemos equivocar, también Garzón. Pero errar, en principio, no es delito.

A lo que sí hay que temer, en cambio, es al desbarajuste informativo que acaba desprestigiando al poder judicial, es decir, a jueces y magistrados, y deteriora la confianza en el Estado de derecho. Los medios no pueden tratar los conflictos jurídicos como conflictos políticos, dado que su naturaleza es distinta. Y si hay algún punto de conexión hay que explicarlo con exactitud, deslindando una esfera de la otra. Y si hay ilegalidades buscar a las personas responsables, no cargarse las instituciones. Serenidad, y no barullo, es lo que necesita en España la Justicia con mayúsculas.

FRANCESC DE CARRERAS, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.

El Tribunal Supremo, según la Constitución “órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales”, se encuentra en un momento crítico, que puede describirse exhibiendo la orientación ideológica de los 15 magistrados de su Sala Penal, competentes en las causas especiales de aforados políticos o judiciales, pero que merece un análisis más hondo. La contabilidad ideológica, plástica y efectista, no basta para comprender el problema generado en el alto tribunal con casos política y judicialmente calientes sobre la mesa, al abrir varias causas contra el juez Baltasar Garzón, a partir de unas querellas que le acusan de prevaricación por intentar investigar los crímenes del franquismo.

Es llamativo que, a lo largo de su vida profesional pisando callos, las más de 40 querellas interpuestas contra Garzón nunca fueran admitidas a trámite por el Supremo y, en cambio, a partir de éstas, se haya abierto la compuerta y empiecen a acumularse. Ya van tres causas abiertas. Lo grave no es que el ponente de la admisión a trámite de esas primeras querellas, Adolfo Prego, esté etiquetado como “conservador”, sino que fundamentara la decisión en que “lo afirmado en la querella no es algo que ab initio pueda considerarse ajeno al tipo penal de la prevaricación, al menos como hipótesis”. Es decir que, en lugar de una querella criminal, Prego admitió una hipótesis, sin que nadie de la Sala se opusiera a ese desvarío.

Igualmente, el modo de actuar del instructor de esa causa, Luciano Varela, identificado como “progresista” -es cierto que fue uno de los fundadores de Jueces para la Democracia… hace ya mucho tiempo-, poco tiene que ver con el de otros colegas de la misma marca, de modo muy particular Perfecto Andrés Ibáñez, cuya independencia ejerciente retrasó bastantes años su acceso al Supremo, porque no le gustaba a los socialistas, aunque no podían poner tacha alguna a su indubitada cualificación profesional. Para ser aceptado por los correspondientes partidos es más fácil cuando, además de la enseña ideológica, el candidato se muestra… disponible.

Lo grave en la resolución del instructor Varela no es que proceda de un antiguo progresista, sino que no tenga inconveniente, por ejemplo, en fundamentar la pretendida prevaricación de Garzón en que éste, al intentar investigar a los desaparecidos durante el franquismo y exhumar sus restos, ha “asumido tareas cuya competencia ha sido legalmente establecida en el ámbito administrativo”. Varela tiene que saber que yerra ruidosamente, porque la llamada Ley de la Memoria Histórica que él invoca establece que sus previsiones “son compatibles con el ejercicio de las acciones y el acceso a los procedimientos judiciales (…) establecidos en las leyes o en los tratados y convenios internacionales suscritos por España”.

Ante ésta y otras aberraciones jurídicas, Sara España, una alumna del Máster de Periodismo UAM/EL PAÍS, en un trabajo de opinión sobre Baltasar Garzón y la justicia, en aplicación sencilla de la lógica, considera prevaricadora la resolución del magistrado Varela, por ser “un acto que podría tacharse, en el fondo y por apariencia, de injusto”. ¿Qué pasaría si las víctimas del franquismo que acudieron en su día a Garzón presentaran ahora una querella contra Varela por dictar una resolución injusta a sabiendas, al considerarse “ofendidos” por ella? ¿El criterio de la Sala seguiría siendo admitir, “al menos como hipótesis”, una querella “que no se advierte que sea ni absurda ni irracional”?

No es sólo el descrédito internacional del Supremo lo que está en juego, sino la profesionalidad de los 15 magistrados. El historiador Santos Juliá, aun considerando “un dislate procesal” el intento de Garzón, cree que el Supremo debió rechazar esas querellas “de un simple manotazo” (Pedestal para el juez, EL PAÍS, 28 de febrero). Para no aumentar su deterioro, la Sala Penal del Supremo, entre sus deberes inmediatos, habrá de tener en cuenta que si el recurso del querellado contra el auto de Varela lo resuelve la Sala de cinco magistrados que lo admitió -con Prego como ponente-, quedará contaminada y deberá ser otra la que, en su caso, juzgue a Garzón.

Entre muchos magistrados se ha extendido una gran inquietud ante el riesgo de que el Supremo insista en vetar “interpretaciones innovadoras o progresivas desde la perspectiva de los derechos humanos”, ya que consideran que “criminalizar el debate jurídico resulta altamente preocupante para la independencia judicial”. Ante una preocupación de ese calibre, ¿convocará el “moderado” presidente de la Sala, Juan Saavedra, un pleno no jurisdiccional para unificar criterios sobre la admisión y tramitación de querellas? ¿Se tendría en cuenta en ese pleno la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo sobre la internacionalización de la aplicación de los derechos humanos?

Ante la situación crítica de la Sala, al margen de las ideologías, es preciso apelar a la sensatez de aquellos magistrados capaces de tenerla, para que, olvidándose del origen perverso con que fueron reclutados muchos de ellos, promuevan una cura de honestidad jurídica que ponga orden y les saque del callejón en que se hallan y que, de no encontrar salida, perjudicará a la propia institución y a la justicia, valor superior de nuestro ordenamiento jurídico.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) resolverá en estos días acerca del recurso presentado contra la decisión del actual juez instructor del caso Gürtel, el magistrado Antonio Pedreira, de avalar la intervención de las comunicaciones de los internados en centros penitenciarios. Se trata de una resolución muy importante no sólo porque puede afectar a la instrucción del Gürtel, sino también por las consecuencias que se derivarían de un pronunciamiento que impidiera futuras intervenciones judiciales.

La pretensión anulatoria parte de una interesada confusión entre las facultades que corresponden a la autoridad administrativa en los centros penitenciarios y las que corresponden a la autoridad judicial en el curso de la investigación de actividades delictivas, promoviendo una interpretación sesgada del artículo 51.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP). En realidad, este precepto se limita a establecer una excepción a las facultades que el apartado 5 de mismo artículo reconoce a la autoridad penitenciaria para intervenir las comunicaciones de los reclusos. El 51.2 limita esas facultades de la autoridad penitenciaria cuando se trata de comunicaciones entre los presos y sus abogados, indicando que “no podrán ser suspendidas o intervenidas salvo por orden de la autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo”.

El artículo 51.2 se interpretó inicialmente por el Tribunal Constitucional (TC) en el sentido de que la intervención necesitaba autorización judicial, salvo cuando se tratara de supuestos de terrorismo, en los que podría decidirla la autoridad administrativa (STC 73/1983) y posteriormente en el sentido de que tampoco en esos supuestos podía la autoridad administrativa decidir la intervención, pues esta sólo podía ser autorizada por el juez (STC 183/1994). En ambos casos, el TC está delimitando las facultades de la administración penitenciaria, no las facultades del juez en el curso de una investigación criminal. Lo que pretenden los recurrentes, sin embargo, es que el artículo 51.2 LOGP se utilice para limitar las facultades constitucionales de los jueces, impidiendo –salvo en los casos de terrorismo– la autorización de las intervenciones sobre las comunicaciones entre presos y abogados para la investigación de delitos.

De prosperar este criterio, radicalmente contrario a las facultades judiciales reconocidas en el artículo 18.3 de la Constitución, a la legislación vigente y a la doctrina del Tribunal Constitucional, los establecimientos penitenciarios españoles se convertirán en zonas de impunidad en las que los confinados podrán seguir cometiendo delitos si cuentan con la complicidad de abogados que estén dispuestos a traicionar su código deontológico y a incumplir la ley. Los jueces se verán frente a la paradoja que supone que la detención de presuntos delincuentes no sirva para evitar la destrucción de pruebas y asegurar la acción de la Justicia, sino para todo lo contrario: para que los detenidos puedan seguir desarrollando actividades delictivas sin posibilidad de control alguno por parte de la autoridad judicial.

Francisco Balaguer Callejón. Catedrático de Derecho Constitucional

Bankinter sufrió ayer la tercera condena que se dicta en España contra una entidad financiera por el ‘caso Lehman’, es decir, por su responsabilidad en la venta de productos respaldados con bonos del banco norteamericano que quebró en septiembre de 2008. Sin embargo, el banco que preside Pedro Guerrero no tendrá que pagar apenas indemnización a los demandantes por la forma en que debe calcularse la indemnización.

La titular del Juzgado de Primera Instancia número 87 de Madrid, Carmen Pérez Guijo, ha determinado que el importe que Bankinter debe reintegrar a los demandantes será el valor de los productos que poseían entre el 18 y el 28 de septiembre de 2008, que es “el momento en que en el mercado se conoce la situación real de insolvencia” de Lehman. En esas fechas, la deuda de la entidad norteamericana se había desplomado a cero, con lo que el importe de la indemnización será prácticamente nulo, frente a los 10,2 millones reclamados por los clientes.

Por ello, los abogados de los clientes del banco, el despacho Jausas y Zunzunegui, ha anunciado que presentarán un escrito ante el juzgado para intentar que se tome el valor anterior al 15 de septiembre, con lo que los afectados sí recuperarían una parte importante de su inversión (el 88%, según la demanda). Tienen un plazo de tres días para presentarlo.

Un portavoz de Bankinter ha mostrado la satisfacción de la entidad porque “respalda nuestro proceso de comercialización, perfilación, información al cliente y elaboración de folletos, etc.”. En efecto, la sentencia da por probado que el banco suministró la información necesaria sobre las características y riesgos de los estructurados de Lehman a los clientes, y que éstos “eran conscientes de lo que adquirían y tenían conocimiento de los riesgos, bondades y rentabilidades de los instrumentos financieros en que invertían”.

Incluso los reprende por “no haber desplegado toda la diligencia que les era exigible para entender bien la naturaleza y entresijos del producto”. Y también considera que “no puede afirmarse que el banco presiona al cliente, porque en definitiva el dinero a invertir es propiedad de éste y, si no se está convencido en adquirir, no se hace”.

Ahora bien, la juez considera que Bankinter sí incumplió sus deberes de información respecto al riesgo de quiebra inminente de Lehman: “Como Bankinter no supo calibrar bien el riesgo de insolvencia del emisor Lehman (…) y como adoptó una conducta de compás de espera y prefirió la tranquilidad del mercado sobre la obligación de información masiva a todos sus inversores (con la intención, quizás, de evitar una huida precipitada en masa), es por lo que debe pechar con las responsabilidades por los daños y perjuicios”, señala la sentencia. De ahí que condene al banco.

En los bancos islandeses sí hubo negligencia

En la demanda colectiva, presentada por 87 clientes de Bankinter, también se incluyen varios afectados por productos de bancos islandeses que, al igual que los de Lehman, perdieron toda su inversión con la quiebra de estas entidades. En este caso, la sentencia sí considera que la mayoría de los clientes contrató los productos “vía telefónica, tras una simple llamada o primer contacto del comercial” de Bankinter, que dio folletos informativos “confusos”, es decir, que la información previa a la venta no fue adecuada.

“Este juzgador tiene serias dudas de que (…) tuvieran conocimiento y entendieran los entresijos, riesgos y complejidades tanto de mercado, emisor o liquidez de los instrumentos indicados, pudiendo caer en la confusión que estaban adquiriendo productos de renta fija inocuos”, añade la sentencia. De esta manera, los inversores en productos vinculados a bancos islandeses deberán recibir el 100% de sus ahorros, que ascienden a 1,58 millones de euros.

Se acumulan las sentencias

Las dos sentencias anteriores dictadas en España por el caso Lehman condenaron a Altae (banco privado de Caja Madrid) y Citibank. En el primer caso, la juez consideró que Altae incumplió sus obligaciones de información y asesoramiento a sus clientes al no avisarlos del riesgo de quiebra de Lehman, aunque tampoco obligó a la entidad a indemnizarlos con el total de su inversión sino sólo con el 38%, que es lo que habrían obtenido de haber vendido sus títulos en los días previos a la caída del banco norteamericano.

En el segundo, el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Badajoz condenó a Citibank a pagar a un demandante individual idéntico porcentaje, el 38% del valor nominal de los bonos suscritos, con arreglo a la última cotización anterior a la bancarrota de Lehman. Ahora bien, también existen otras sentencias individuales que dan la razón a las entidades bancarias en este caso, como la dictada por el juzgado de primera instancia número 11de Barcelona a favor de Credit Suisse.

Un familiar del presidente de la APM aprueba el acceso a juez tras ser ampliado el proceso de selección

La maestra pregunta en clase: “Vamos a ver Miguelito, ¿cuánto son ocho por nueve?”. A lo que éste replica: “Los que conocemos nuestras limitaciones sabemos ocho por cinco”. Esta tira de Mafalda, del humorista Quino, refleja lo que pudo ocurrir en un tribunal de selección para jueces por el turno de reconocida competencia y en la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, que confundieron 15 con 17. Porque, como alguno de ellos dice, “somos de letras”, lo que parece justificar tan fatídico error de número. Pero que 15 no es igual a 17, como dice el monologuista Goyo Jiménez, “lo saben hasta los de la Logse”.

Ya saben que debido al aumento de la litigiosidad, o sea, a que todo el mundo lleva sus problemas a los tribunales, hay escasez de jueces, por lo que las oposiciones a la carrera judicial no son la única vía para acceder a la judicatura. También se puede llegar a ser magistrado tras superar un proceso de selección para juristas de reconocida competencia con 10 años de ejercicio profesional. Las plazas fueron convocadas en julio de 2008 y eran 15 para la jurisdicción civil y, por separado y en idéntico número, para los órdenes penal, social y contencioso administrativo. En cada una de las cuatro convocatorias se especificaba expresamente que el tribunal, tras finalizar el proceso de selección, elevaría al Consejo del Poder Judicial la relación de aprobados con la puntuación correspondiente, “sin que en ningún caso pueda formular una propuesta que contenga un número de aprobados mayor que el de plazas convocadas”. Es decir, que podía no llegar a cubrirse el cupo, pero nunca excederlo.

Por ello, los tribunales correspondientes aprobaron 12 candidatos de lo penal, ocho de lo social y 10 de lo contencioso administrativo. ¿Y qué pasó en lo civil? Pues que, aunque el requisito parece claro, tanto el tribunal como la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (integrada por el presidente Carlos Dívar, y los vocales Margarita Robles, Manuel Almenar, Antonio Dorado y Almudena Lastra) aprobaron a 17 candidatos.

Y usted, querido lector, pensará que el asunto no es para tanto, que la generosidad del tribunal y del Consejo tiene que ser un valor y que estamos necesitados de más buenos jueces para desatascar el monumental atasco de la justicia. Y seguramente tiene razón. ¿Sabe lo que ocurre? Que, aunque muy probablemente todo el proceso sea inocente, el candidato que ha obtenido la última plaza, con la peor calificación de todo el proceso de selección, es Miguel Ángel Chamorro, hermano de Jesús María Chamorro, que preside la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y, además, es presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la asociación judicial conservadora y mayoritaria en la carrera judicial y que tan buena representación tiene en el Consejo. Ya ha superado el periodo de formación y se encuentra a la espera de destino. ¿Es sólo una casualidad? Pues es posible, aunque varios jueces a los que he preguntado por el asunto no lo creen así y casi todos me recuerdan que Robles, por Jueces para la Democracia, y Almenar, por la Asociación Profesional de la Magistratura, negocian en el Consejo el reparto de cargos judiciales y que precisamente el mercadeo afecta ahora a varias presidencias de tribunales superiores de justicia y que el portavoz de JpD Miguel Ángel Gimeno opta a una de ellas, con muchas posibilidades de resultar elegido.

Un ilustre magistrado, que me pide que no le mencione por si luego no le nombran nunca para nada, irónicamente manifiesta que hemos mejorado mucho. Es verdad que ahora han ampliado las plazas, pero es que antes le hubieran dado el puesto directamente al enchufado, dejando fuera al candidato que tenía los méritos y el derecho.

Un pesimista como Woody Allen afirma que la vida se divide en dos: “Lo horrible y lo desdichado”. Y usted se preguntará: ¿Esto de la convocatoria elástica es una horrible prevaricación administrativa o un desdichado error? Yo, que defiendo la presunción de inocencia, prefiero creer que Dívar, Robles, Almenar y los demás simplemente se perdieron la clase de Barrio Sésamo en la que se enseñó a contar. Usted puede pensar lo que quiera, faltaría más.

Hace dos meses y un pico, en estas mismas páginas, escribí una especie de paso breve a propósito de los dineros que el juez Baltasar Garzón había pedido al presidente del Banco Santander y que, al parecer, eran para subvencionarse unos cursos en Nueva York. Hoy me propongo hacer algo parecido en relación a los modos que el señor juez está empleando en su defensa ante el Tribunal Supremo (TS), con especial acento en el sentimiento que tiene de ser víctima de una «cruel campaña de acoso».

Al igual que entonces, las líneas que siguen son imaginarias, como inventados son los nombres de sus personajes, salvo el del protagonista. Y lo mismo que en aquella ocasión, mis palabras están inspiradas en la obra de Ugo Betti Corrupción en el Palacio de Justicia -segundo acto- y guiadas por el único afán de ver la manera de que el señor Garzón recobre la cordura. Mesura, compostura y hasta actitud deportiva fueron siempre muy recomendables para los jueces. Simpatizo con la paciencia y, según sabio consejo que nuestro nobel Cela me dio un buen día, antes de sacar los pies de las alforjas es preferible aguantar hasta el sufrimiento.

Con el deseo de hablar con la frialdad y hasta neutralidad exigibles, quisiera ceñirme a la consideración de los últimos acontecimientos relacionados con el juez Garzón; o sea, la admisión a trámite por el TS de una tercera querella interpuesta contra él por haber ordenado intervenir y grabar las conversaciones mantenidas en prisión entre los imputados del caso Gürtel y sus abogados, fueran designados o expresamente llamados. También al escrito de alegaciones que presentó el viernes pasado en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), suplicando a la Comisión Permanente que no decrete su suspensión provisional, al tiempo que, mediante otrosí, recusaba a tres vocales de esa institución.

En cuanto al tercer procedimiento abierto a su señoría, quizá no esté de más repetir lo que tantas veces he dicho. El Estado de Derecho no es una panacea sino un sistema que tiene sus servidumbres y la teoría de que el fin justifica los medios es una pragmática y deshonesta argucia. Quienes piensan y hasta declaran que todo vale -por lo visto, muchos más de los que creíamos- no pueden ser espejos en los que nadie, y menos un juez, puede mirarse si no es para escapar de su imagen como del fuego.

En cuanto al estilo de defensa del señor Garzón, sólo recordar que la justicia es el arte del equilibrio y el de dar a cada uno lo suyo y que para defender y defenderse es muy saludable hacerlo con humildad -que no humillado-, antes que con orgullo y prepotencia. El abogado, en buena teoría, es un gladiador que actúa con nobleza y el olvido de esta evidencia puede conducirle al más estrepitoso de los fracasos.

Dicho lo cual, las escenas que a continuación describo se desarrollan en la biblioteca del tribunal a la que han acudido, convocados por el juez G., algunos fiscales y jueces de la Audiencia.

Habla la fiscal del juzgado.- Baltasar, ¿te encuentras mal?

El juez G.- No; estoy bien. Sólo es cansancio. No es justo lo que me está pasando. Soy un magistrado de prestigio, el juez español más conocido en España y en el extranjero.

Habla otra fiscal.- El mejor. Veinte años de irreprochable carrera. Esto es una avalancha nacida de la envidia. A la gente le encanta acusarte; tienes muchos enemigos.

El juez G.- Ya, pero ¿qué me dices de algunos periódicos, de EL MUNDO, de Pedro J. …? ¿Y del Partido Popular, que gracias a mí y al caso GAL ganaron las elecciones del 96?

Habla un juez.- Tienes razón, pero no le des más vueltas. Todos sabemos que se trata de una maniobra para deslegitimar tu trabajo.

Habla la fiscal del juzgado.- Y los primeros, tus colegas del Supremo. Varios de ellos se han empleado a fondo para poner en movimiento las ruedas de la maquinaria; son ellos los que te apuñalan.

Interviene otro juez.- Tienes la opinión pública a favor. Mira la encuesta que El País publicaba ayer. El 61% cree que lo tuyo es una persecución. Jamás un juez ha contado con tanto apoyo.

(En ese momento, el agente judicial entra en la biblioteca. El juez G. está de guardia).

- Con permiso. Don Baltasar, ¿puede salir un momento? Tenemos una solicitud de entrada y registro.

(El juez G. abandona la reunión para atender a la policía que espera el mandamiento. En su ausencia, la conversación continúa).

Habla un magistrado de la Sala.- Baltasar está fuera de la realidad. Se cree todavía fuerte.

Interviene la segunda fiscal.- ¿Qué quieres decir?

Responde el magistrado.- Pues que hasta ahora se ha sostenido por las relaciones políticas, pero incluso sus protectores le han perdido el respeto. Dada su situación, más le valdría estar callado y dejar los aires de superioridad.

Interviene otro magistrado.- ¡Jod…! Es que estamos hablando del Tribunal Supremo y del Consejo. No se les puede insultar como él y sus amigos de El País lo están haciendo.

Habla el magistrado M. P.- De todas maneras, me parece que a Baltasar hasta sus amigos le han puesto la zancadilla, pero no soy yo quien debe hablar.

La fiscal del juzgado.- ¿Pero es que has oído algo?

El magistrado M. P.- Bueno… la otra tarde… maledicencias. Estábamos unos cuantos en la cafetería Riofrío y alguien dijo…

(Antes de terminar la frase se abre la puerta y entra el juez Garzón. La aparición produce un rápido cambio en los presentes en la reunión. Las caras se transforman).

Interviene el juez I. N.- ¿Qué pasa, Baltasar?

El juez G.- Disculpadme, ¿ha venido por aquí un secretario del Consejo?

El juez I. N.- No. ¿Qué ocurre?

El juez G.- Parece que está intentando localizarme. Debe ser algo relacionado conmigo.

(Justo, en ese instante, aparece el secretario del CGPJ)

-Baltasar, tengo que comunicarte algo reservado.

- ¿Has dicho reservado?

(Los otros jueces y las dos fiscales se retiran a un extremo de la sala. El secretario habla en voz baja dirigiéndose al juez G. Al cabo de un par de minutos, el secretario se va. Se reanuda la conversación).

La fiscal del juzgado.- ¿Qué pasa? ¡Estás blanco como la pared! ¡Ni que se te hubiera aparecido el diablo?

El juez G.- ¡Estoy jodido! Se acabó. Me ha dicho que en el Consejo ha sentado fatal mi escrito de alegaciones y que hay vocales dispuestos a suspenderme; al parecer, es cuestión de días.

El magistrado M. P.- ¡Qué putada! Tienes que resistir. Verás como al final queda en nada. Como mucho, medio año más, luego el juicio, sentencia absolutoria y enseguida de vuelta.

(De pronto el juez G. se calla; respira con fuerza; se sienta; se refugia la cara entre las manos. Se hace el silencio. Sus compañeros se acercan a él).

Habla el juez I. N.- Cuenta con nuestra adhesión, aunque tal y como están las cosas, quizá no sea conveniente que pongamos gran entusiasmo. Es evidente que en el Tribunal Supremo y en el Consejo están que trinan.

El juez G.- Pero ¿por qué?

El juez I. M.- Pues por tus insultos, tus amenazas y tus recusaciones. Hasta Carlos ha tenido que salir a dar la cara por ellos. Pero a quién se le ocurre recusar a tres vocales. Tú, precisamente tú, hablando de neutralidad y de apariencias de imparcialidad. Y encima citando el caso de Rafael Vera.

Interviene el magistrado M. P.- Baltasar, somos los primeros interesados en que la cosa no vaya a mayores y que salgas bien de ésta. Con toda confianza, ¿quieres saber mi opinión? Sé que no te va a gustar oírlo, pero tus alegaciones del otro día fueron suicidas. Todo lo que has hecho es un desquiciamiento.

Interviene la segunda fiscal.- Baltasar, no debes obstinarte en seguir aquí. Cada minuto que pases en esta casa será peor.

El juez G.- ¿Qué insinúas? ¿Qué me vaya ahora mismo, antes de que me echen? Nunca, nunca. ¿Te queda claro? No me moveré de aquí.

Habla el juez I. N.- ¿Cómo? ¿Quién lo va impedir? ¿Tus amigos de la prensa para que pongan más veneno en el cepo? Pues muy bien. Haz lo que quieras, pero allá tú.

La fiscal del juzgado.- Aunque sea por unos días. Deja pasar un poco de tiempo; que la situación se enfríe.

Interviene el magistrado M. P.- ¡Baltasar, sé hábil! Dales un poco de cuerda. Olvídate, por el momento, de las campañas de apoyo, de las plataformas de adhesión, de los manifiestos en tu favor. Es preferible el silencio. El ruido te perjudica.

El juez G.- ¿Tú, José Luis, qué piensas?

Interviene el magistrado José Luis M.- ¿Yo? Pues que hoy mismo deberías dirigir una carta al Consejo, una carta tampoco muy larga, diciendo sencillamente que, en vista de la situación, no te encuentras con fuerzas para seguir en la Audiencia…

El juez G.- Y después, ¿qué?

El magistrado José Luis M.- Pues, con tranquilidad, casi de puntillas, recoges tus cosas, te metes en casa y te dedicas a reflexionar. ¿Sabes lo que podrías hacer también? Escribir. Por tu cuenta, despacio…

(El magistrado José Luis M. estuvo a punto de decirle que procurando mejorar la sintaxis, pero optó por callar).

El juez G.- ¿Escribir qué?

Interviene el juez I. N.- Me parece una gran idea. Una especie de memorial, explicándolo todo. Como aquello del «hombre que veía amanecer», pero en lugar de amanecer, pues… que veía atardecer e incluso anochecer. Así pasarás el tiempo.

La fiscal el juzgado.- Haznos caso. Lo importante es la cartita al Consejo. Tiene que llegarles antes de que tomen una decisión irreversible. Con ella les apaciguarás y hasta les darás compasión. Tienes que escribirla ahora mismo.

Por fin, aunque a regañadientes, el juez G. acepta el consejo de sus colegas y pide papel y bolígrafo. Mientras escribe, el magistrado José Luis M. le pregunta:

- Ya que tanto te gusta la caza, ¿sabes lo que es más desagradable para un cazador?

- No

- Pues rematar al animal herido. Cuando una pieza abatida se debate entre la vida y la muerte, hay que tener lástima por ella. El buen cazador prefiere que el animal herido expire por sí solo. No soporta verle resistir, palpitar, empeñado en vivir. ¿Horrible, verdad?

Mirando bien la cosa, o sea con serenidad y aplomo, hay animales que aunque parezcan indefensos, son feroces jabalíes que, en su huida, no se quieren ir de vacío. Nadie debe olvidar que existen juegos cuyo final es la aplicación implacable de las normas del propio juego.

- Baltasar, ¿podría añadir algo?

- ¿Qué?

- Quisiera decirte que mi modesta ayuda… mi leal saber y entender, si es que te fueran de utilidad… te las ofrezco muy gustoso.

- ¿Quién sabe? Lo pensaré, aunque, antes que a ti, prefiero a mi amigo el ex fiscal Enrique.

Javier Gómez de Liaño es abogado y magistrado excedente.

¡Albricias! Parece que, al fin, han caído las máscaras, se han aventado las cortinas de humo y la realidad empieza a aparecer en toda su cruda desnudez. Desvelando lo que era un secreto a voces, ya se explica negro sobre blanco que las más altas instancias del poder judicial español llevan lustros siendo objeto de una concienzuda lottizzazione político-partidista. Ya se habla sin ambages de “mercadeo de votos” o de “pasteleo” entre “progresistas” y “conservadores” en el seno del Consejo General del Poder Judicial. Ya se explica con toda naturalidad que, para hacer carrera en los estratos superiores de la judicatura, es preciso circular con el carnet en la boca; con el carnet de la pertinente asociación de jueces, que oculta apenas la afinidad con uno u otro de los dos grandes partidos estatales.

Como saben, el desencadenante de tales revelaciones ha sido la admisión a trámite, por parte del Tribunal Supremo, de tres querellas contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, querellas que albergan el palmario propósito de poner fin a la trayectoria judicial del polémico y pugnaz magistrado. Contra esas intenciones se han movilizado prestigiosos juristas de los cinco continentes; y se han sacado a la luz viejos rencores personales de algún miembro del Consejo General hacia Garzón; y se ha radiografiado la tendencia política y la fecha de nombramiento de los 15 magistrados que componen la Sala Segunda, de lo Penal, del Tribunal Supremo; y se han publicado sentidas cartas de lectores que denuncian la “persecución”, la “crucifixión” de que está siendo objeto el juez Garzón. La tesis de fondo de todas estas reacciones es una, y bastante inobjetable: existe entre los querellantes (el montaje ultraderechista Manos Limpias, el partido Falange Española y de las JONS…), y también entre la mayoría de los miembros de la sala que deberá juzgarle, una manifiesta hostilidad ideológica contra Baltasar Garzón. O, como titulaba este mismo diario el pasado domingo, el futuro del hombre que veía amanecer “está en manos de jueces conservadores”.

Entretanto, el pobre Estatuto catalán de 2006 lleva ya tres años y medio en el “corredor de la muerte” del Tribunal Constitucional, a la espera de la ejecución, o del indulto, o de una reducción de pena. Pero todavía no ha aparecido ningún titular que diga: “El Estatuto de Cataluña, en manos de jueces españolistas”. Los paladines mediáticos de Garzón han hecho muy bien en subrayar que, entre los magistrados prestos a verle en el banquillo de la Sala Segunda del Supremo, el ponente que firmó la admisión de la querella de Manos Limpias es Adolfo Prego de Oliver, presentador de libros de Pío Moa y “patrono de honor” de la Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes), un lobby ultraespañolista creado en 2006 que denuncia la “pasividad ante el separatismo catalán” y propone reformar la Constitución para liquidar el Estado autonómico. Y bien, aunque más discretos en sus compromisos públicos, ¿no presentan varios de los magistrados del Constitucional un perfil socioideológico parecido al de don Adolfo Prego, un perfil absolutamente sesgado que debería invalidarles para juzgar de modo imparcial el Estatuto catalán?

Si ver al partido del yugo y las flechas querellarse contra el juez que quiso investigar los crímenes del franquismo da grima y descalifica moralmente todo el procedimiento, ¿no debería provocar el mismo efecto ver al PP tratando de ganar, con su recurso de inconstitucionalidad, la batalla contra el Estatuto que perdió repetidamente en las urnas tanto catalanas como españolas? Si, como opinan muchos, la querella de Falange contra Garzón debiera haber sido rechazada, ¿no cabe decir lo mismo y por idénticos motivos del recurso antiestatutario del PP? ¿Por qué, entonces, sólo Santiago Carrillo denuncia sin tapujos la falta de neutralidad del Constitucional? ¿Por qué, en España, Garzón tiene tantos defensores, y el Estatuto tan pocos?

Parafraseando al presidente Montilla, queremos mucho a Garzón, pero todavía queremos más al Estatuto. Aunque sólo fuese porque, ingenuos, casi dos millones de nosotros lo votamos.

EL REVÉS DE LA TRAMA

Las revelaciones de este periódico sobre la participación de José Manuel Gómez Benítez en la negociación con ETA y su reacción para justificar su faena pero no para desmentir el contacto son dos pruebas más de los tratos que Rodríguez Zapatero autorizó con los terroristas.

La mayor cautela que se ha tenido con la citada noticia es aducir que las llamadas actas de la banda terrorista no merecen todo el crédito como para aceptar sin más que Gómez Benítez se ofreció a mediar para que quedaran en nada los procesos judiciales contra Jarrai y PCTV.

Bien, admitamos procesalmente esta reserva hasta nuevas revelaciones. Lo que no se puede negar a estas alturas es que la negociación entre el Gobierno de Zapatero y los etarras existió. Lo cual quiere decir que Rodríguez Zapatero, con el respaldo de sus ministros, mintió reiteradamente a la sociedad española en asunto tan crucial.

De la negociación conocemos las fechas, los lugares y los interlocutores. Conocemos también argumentos de cada parte, alguno tan inadmisible y descabellado como el que los terroristas atribuyen a Gómez Benítez, quien prometió, según ellos, mediar en los tribunales, hasta en el Supremo, para que no se conectara con ETA a esas dos organizaciones etarras. O sea, lo que ofreció a los terroristas, según ellos, fue lograr una monumental prevaricación en su beneficio. Pero insisto en que debemos dejar esto de momento a la espera de las confirmaciones y evidencias que acabarán llegando, para reparar en la gravedad de las falsedades que de forma masiva ofreció Zapatero a los españoles.

La sociedad española ha demostrado en varias ocasiones no ser especialmente sensible a la mentira de los políticos. Una parte de la sociedad no quería enterarse de la existencia de los GAL y sus asesinatos, ni le inquietaba que el Gobierno de Felipe González esparciera mentiras sobre el caso. Otras sociedades han exigido a sus gobernantes respeto escrupuloso a la verdad. La caída de Richard Nixon se debió más a sus mentiras reiteradas a la nación que a los delitos y faltas cometidos por sus fontaneros de mayor o menor rango.

Pero aquí Zapatero ha mentido descaradamente y está por ver aún que se le reproche en serio. Claro que las reacciones sociales requieren tiempo. Hay mucha gente que aún recuerda aquella frase lapidaria de Pérez Rubalcaba en la víspera electoral de 2004 bajo el impacto traumático del atentado del 11-M: «Necesitamos un Gobierno que no nos mienta». Fue una frase violenta y destructiva, perfecta para anular al adversario con independencia de que mintiera o se esforzara por transmitir verdades bajo la convulsión originada por las agitaciones posteriores al atentado. Su efecto dura aún en muchas memorias. Sin embargo, es una frase que podría ser lanzada hoy contra el actual Gobierno con toda razón. Porque Zapatero mintió con aquel mal llamado proceso de paz, como mintió después con la crisis, como miente cuando asegura que ya salimos hacia la prosperidad. Si la sociedad española tuviera un sentido ético lógico y a la vez práctico de la vida pública, no dejaría de Zapatero, electoralmente hablando, ni las raspas. Si los políticos no son capaces de respetar un mínimo código ético, han de ser los ciudadanos quienes les pasen la factura. No perdamos la esperanza en esa regeneración. ¿Ensueño? No, necesidad.

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Erase un nombre a su oficio pegado: el juez Garzón. Se contempló en el espejo y creyó haber visto a Superman. Se enfrentó al terrorismo de ETA, al terrorismo islámico, al terrorismo de Estado, a los cárteles de la droga, al dictador Pinochet. Buscó dinero negro en los paraísos, cazó a Felipe González en las cloacas, llamó a las puertas del infierno preguntando por el mismísimo Franco, paró la respiración del PP con el caso Gürtel y esposó a conspicuos catalanistas para el telediario de las tres. Paradójicamente, está a punto de ser condenado al ostracismo. Tres querellas, tres, penden como espadas de Damocles sobre su melena de lobo gris. La tercera, suscitada por las escuchas a los abogados del caso Gürtel, podría acarrear la nulidad de las investigaciones sobre la trama corrupta del PP. La segunda es menor, pero fea: afectaría a su honorabilidad, si se probara que, durante su permiso en Nueva York, cobró unas conferencias patrocinadas por el Santander. Y es que de regreso a la Audiencia, archivó una querella contra Botín.

La primera (2009) de las querellas es una bomba política. La presentaron dos organizaciones ultraderechistas tras declararse Garzón competente para investigar las denuncias de asociaciones de la Memoria Histórica deseosas de localizar los restos de ajusticiados a fin de enterrarlos debidamente. Se acusó a Garzón de haberse saltado a sabiendas la ley de Amnistía de 1977, pues en el auto acusaba a Franco (y al resto de los jefes militares que se rebelaron contra la República) de haber ideado un plan de exterminio sistemático de sus oponentes que acabó con, al menos, 114.266 desaparecidos. Según Garzón, este plan constituiría un delito de crímenes contra la humanidad no previsto en la ley de 1977.

La literatura cómica busca inspiración en los tipos egocéntricos como Garzón, que llevan en su interior la semilla de un final grotesco. Pero, atención, comedia y tragedia son vecinas. El final de Garzón desemboca en la tragedia del eterno fratricidio español. Y se convierte en una oportunidad para que los nietos de los vencedores humillen a los nietos de los perdedores. Los que en su momento criticamos la instrumentalización de la memoria histórica por parte de la izquierda gobernante (pues, en contra de la lógica de la reconciliación, pretendía vencer en las tristes trincheras del pasado con las armas del presente), estamos ahora moralmente justificados para escandalizarnos ante el ajuste de cuentas que se está librando en el Poder Judicial. Avanzándose ansioso a las sentencias, el máximo órgano de la judicatura se dispone a apartar a Garzón de los tribunales, ignorando que está decantando una balanza de enorme simbolismo ético y político. El único pronunciamiento del Poder Judicial que en democracia se habrá realizado sobre la Guerra Civil dará la razón a un núcleo de nostálgicos de aquella victoria que heló el corazón de la mitad de los españoles.

A FONDO: LUCHA ANTITERRORISTA, EL ANÁLISIS

Cuando José Manuel Gómez Benítez se incorporó al Consejo General del Poder Judicial, hace apenas año y medio, a propuesta del PSOE, quiso dejar claro su papel: «Yo soy aquí el hombre del Gobierno».

Estamos en septiembre de 2008 y el catedrático de Derecho Penal estaba, a sus 57 años, en la cúpula de su carrera.

Creía que sus servicios, al partido y al Gobierno, le hacían merecedor de un papel estelar en el mundo judicial. Tenía tres apoyos consolidados que le daban suficiente respaldo como para hacer esa afirmación, que dejó de piedra a algunos de sus compañeros, y me refiero a los que forman parte del grupo mayoritario o progresista del CGPJ. Ese tridente de valedores lo formaban Mariano Fernández Bermejo (ministro de Justicia entonces), Alfredo Pérez Rubalcaba (ministro del Interior) y Baltasar Garzón (juez de la Audiencia Nacional).

Que era el hombre del Gobierno en el Consejo se vio enseguida. En septiembre de 2008, el CGPJ decidió sancionar al juez Rafael Tirado con una multa de 1.500 euros por una falta grave, a consecuencia del retraso injustificado en la tramitación de la ejecución de la sentencia dictada en 2002, que condenaba a prisión al presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés.

Se montó un escándalo y el Gobierno, ávido de popularidad y con Bermejo a la cabeza, presionó para que el CGPJ endureciera la sanción a Tirado.

¿Quién peleó en el CGPJ en defensa del criterio del Gobierno? Gómez Benítez.

Sin embargo, el catedrático, cuya formación jurídica es reconocida incluso por sus más enconados detractores, perdió la batalla. El 23 de diciembre de 2008, el CGPJ ratificó la sanción a Tirado al entender que su error no podía considerarse falta muy grave, lo que hubiera implicado la suspensión.

Fue un primer toque de atención que ponía de relieve que este hombre de armas tomar (en sus tiempos de estudiante le llamaban Gadafi, por sus ideas y pelo ensortijado; aunque él prefería el sobrenombre de Manolo el bravo) no contaba con el respaldo de la mayoría del CGPJ, en cuyo grupo progresista Margarita Robles ejercía con sutil firmeza el liderazgo.

En febrero de 2009, Mariano Fernández Bermejo, acosado mediática y políticamente por sus cacerías con Garzón, dimitió como ministro de Justicia. El bravo Gómez Benítez movió todos los hilos para sustituir a su protector, pero la ayuda de Rubalcaba no le fue suficiente. La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega impuso su criterio y situó al frente del Ministerio a Francisco Caamaño. No era la primera vez que Rubalcaba mordía el polvo en un enfrentamiento con De la Vega.

El caso es que nuestro hombre tuvo que resignarse a seguir como vocal del CGPJ. Pero no tardó mucho en promover una nueva causa. Esta vez, en defensa de su buen amigo el juez Garzón, que pretendía auparse a la Presidencia de la Audiencia Nacional tras la salida de Carlos Dívar, nombrado presidente del Supremo y del CGPJ.

A pesar de contar con la acorazada del Grupo Prisa, Gómez Benítez concluyó su lance con un nuevo fracaso. El candidato propuesto por Robles, Ángel Juanes, fue nombrado presidente de la Audiencia y Garzón vio frustradas sus ambiciones.

Hace unos días, Gómez Benítez ha vuelto a cobrar protagonismo como mártir de una cruzada; esta vez contra el pasteleo de cargos en la carrera judicial. Según sus propias palabras (ver entrevista en El País), «el proceso de selección de la cúpula del Poder Judicial no debe hacerse mediante pactos entre asociaciones».

Es una lástima que quien esto denuncia sea miembro de la Comisión de Calificación (es decir, la encargada de filtrar los candidatos a puestos judiciales relevantes) y haya sido pastelero mayor hasta hace apenas dos meses. Su amenaza de dimisión quedó en nada. Fue rechazada por el Pleno del CGPJ y él, en lugar de marcharse, prefirió seguir en su puesto. Esto es lo que se llama ser consecuente.

Ahora bien, ¿qué ha sucedido para que este gigante del Derecho haya montado esta tormenta mediática? ¿Cuál es el motivo por el que ha puesto en la diana de sus afilados dardos a Margarita Robles?

Sólo hay que echar la moviola un poco hacia atrás. Exactamente hasta el 9 de febrero de este año, cuando la Comisión Permanente del CGPJ decidió dar el primer paso para apartar cautelarmente a Garzón de la Audiencia Nacional por las querellas por prevaricación admitidas a trámite por el Supremo.

Fue a partir de ese momento cuando el catedrático inició su ofensiva contra el sistema de elección de la cúpula judicial.

«El objetivo de Gómez Benítez es doble: desacreditar al Consejo y al Supremo como una estrategia de defensa de su amigo, el juez Garzón», concluye una fuente del CGPJ.

Sin embargo, el empecinamiento del que fuera abogado de Garzón y de Navalón (Argentia Trust) no puede entenderse bien si no se echa una ojeada al llamado proceso de paz.

En efecto, Gómez Benítez se incorporó en septiembre de 2006 al equipo negociador del Gobierno en las conversaciones con ETA.

Gómez Benítez era, por así decirlo, el brazo judicial en la negociación. Es decir, la terminal de Garzón en el diálogo con ETA que, según pensaba entonces el Gobierno, tenía que conllevar determinadas cesiones políticas. Fue Gómez Benítez quien, en la reunión mantenida con la banda el 27 de octubre de 2006, utilizó el chivatazo del Faisán como argumento para demostrar la buena disposición del Ejecutivo.

Ahora, según revela EL MUNDO, también sabemos que el 15 de diciembre, ¡dos semanas antes del bombazo de la T-4!, Gómez Benítez se esforzó en explicarles a los etarras los esfuerzos para lograr separar, desde el punto de vista penal, a la organización juvenil Jarrai de ETA.

Es decir, que la negociación con los terroristas tenía una triple vertiente: policial, política y judicial. Y el hombre clave de esa última era, precisamente, Gómez Benítez.

La entrada en juego del Grupo Prisa en defensa de Gómez Benítez como apéndice de Garzón tiene que ver con otra deuda. El juez de la Audiencia Nacional le puso en bandeja a Jesús Polanco la defenestración de Javier Gómez de Liaño en la querella contra Sogecable.

Cuando El País habla en sus editoriales del «cerco a Garzón» debería recordar lo que se dijo en sus páginas sobre Gómez de Liaño. Aquello sí que fue una cacería

casimiro.g.abadillo@elmundo.es

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