Reggio’s

La mayoría de catalanes hemos pensado alguna vez que nuestra nación tiene muchas dificultades para formar parte de un Estado cuya Constitución ayudamos a redactar. Una Constitución que explicita realidades políticas diferentes cuando menciona la existencia de “nacionalidades y regiones”.

En un mundo internacionalizado aquello que es propio, próximo y único es lo que nos identifica y nos arraiga. Respecto a Cataluña: las instituciones históricas, la lengua y la cultura, la tradición jurídica. Quien lo ponga en duda estará ignorando la historia y esta es tozuda y reaparece con más fuerza cuando es negada.

Como miembro del Gobierno de Cataluña asistí a la manifestación del 10 de julio. Desde 1977 nunca se había reunido tanta gente en una manifestación.

De aquella protesta yo quiero recordar a una familia completa de la que estaban presentes cuatro generaciones: desde la abuela en silla de ruedas hasta la bisnieta que llevaba la senyera como capa. Todos mostraban una indignación democrática por la decisión de un tribunal deslegitimado que cuestiona aspectos sensibles del Estatut pero, sobre todo, por las actitudes contrarias a la legítima aspiración de Cataluña de incrementar su nivel de autogobierno.

Desde entonces, he leído y releído los estudios de opinión y la conclusión es que el 10 de julio había un pueblo diverso. Es cierto que el clamor por la independencia fue protagonista, pero también es cierto que la ausencia de otras consignas dejó sin voz a la gran mayoría del pueblo.

En cifras, alrededor del 60% cree que el autogobierno es un sistema que aún puede desarrollarse más en Cataluña. Pero ha crecido el número de ciudadanos que opina que es necesario volver a un Estado centralista, del 6% al 15%, y ha aumentado el de aquellos que se decantan porque Cataluña sea un Estado independiente, del 15% al 25%.

“Es una hora grave”, decía el presidente Montilla el 16 de julio, porque el largo proceso del Estatut ha mostrado una dura ofensiva del nacionalismo español, que se expresó claramente durante la etapa de José María Aznar en La Moncloa (gracias al pacto del Majestic con CiU) y que no ha parado de avanzar.

Mientras, el pensamiento independentista arraiga y se radicaliza, sin concretar a través de qué vía se podría llegar a la independencia

Hay que hablar claro, el independentismo cada vez más fraccionado no concreta nunca su propuesta y corre el riesgo de generar odio hacia España, igual que el centralismo reaccionario lo genera hacia Cataluña.

Rechazo el centralismo reaccionario, el autonomismo uniformador, el independentismo que no explica cómo se llega a la independencia y la ambigüedad del nacionalismo que se mueve desde hace años con la etiqueta del “soberanismo” que no quiere decir nada, que solo busca votos. En los 23 años que gobernó CiU no propuso nunca aumentar el nivel de autogobierno reformando el Estatut.

Queda el trabajo duro, nada fácil, de fortalecernos en el espíritu del pacto institucional y reclamar y proclamar que aquel Estado plurinacional, pluricultural y plurilingüístico solo puede existir si las fuerzas del progreso abrazan con más fuerza que nunca el objetivo del federalismo. El primer paso tiene que ser el compromiso del Gobierno central de hacer posible la meta que marcaba el Estatut de 2006 y no dar por cerrado ningún proceso de descentralización,

El segundo paso es la aceptación explícita de naciones en el seno del Estado, Y el siguiente es el establecimiento de mecanismos de conexión real entre estas realidades nacionales y las instituciones dependientes del Gobierno central.

Por definición, los Estados realmente federales son asimétricos, ya que las instituciones de cada realidad política evolucionan a ritmos diferentes (naciones en España, Estados en el caso de Estados Unidos, landers en el caso de Alemania), tan asimétricos que en Estados Unidos por el mismo delito algunos Estados aplican la pena de muerte y otros no.

En este momento el PSC tiene que alzar la voz clara y unánime en favor del federalismo, garantizando la unidad civil de nuestro pueblo, que es lo que nos ha hecho realmente fuertes. Pero es también la hora grave y exigente de los progresistas de todas las tierras de España, especialmente del PSOE, recuperando la vinculación inseparable del pensamiento progresista con el reconocimiento de las realidades nacionales. Y lo es mucho para CiU porque no puede seguir en el reino de las ambigüedades apoyando el Estatut y renegando de él a la vez, coqueteando con el independentismo sin querer llegar a la independencia, sin rechazar a quienes crearon la actual crisis institucional por haber llevado el Estatut al Tribunal Constitucional, es decir, sin atacar nunca al PP sencillamente porque cree que así ganará las elecciones.

Es una hora grave, pero también es la hora de otro tipo de política, de perder el miedo a las palabras, de hablar claro, de hacer lo que se dice, de un nuevo esfuerzo estimulante, porque el pesimismo y la negación no ayudan a avanzar. Y Cataluña necesita, urgentemente, avanzar.

Montserrat Tura i Camafreita es consejera de Justicia de la Generalitat de Cataluña.

Los crímenes de los Escuadrones de la Muerte y asesinatos como el de monseñor Romero quedaron sin castigo tras la amnistía general promulgada por el presidente Alfredo Cristiani en marzo de 1993

La avalancha de acontecimientos tanto internacionales como domésticos que acaparan nuestra atención -empezando por ese monstruo denominado “la crisis” y siguiendo con la incidencia de flagrantes casos judiciales hasta la espléndida irrupción de triunfos deportivos de destacado relieve mundial-, nos hacen olvidar muy fácilmente acontecimientos y conmemoraciones cuyo peso moral y social merece un obligado recuerdo.

Así, no resulta extraño que pasara inadvertida en su momento una importante conmemoración: el 30º aniversario del vil asesinato de monseñor Óscar Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador, máxima autoridad de la Iglesia católica en aquel país y prominente figura del catolicismo comprometido con las clases más humildes de América Latina. Posición extremadamente arriesgada en aquellos años de plomo, en que los grandes asesinos, secuestradores y torturadores latinoamericanos circulaban libremente y hacían de las suyas con la más repugnante impunidad.

En efecto, el 24 de marzo de 1980, en plena celebración de la misa que oficiaba en la pequeña capilla del hospital de la Divina Providencia, la muerte alcanzó a monseñor Romero de forma no precisamente inesperada, pues poco antes manifestó que se sabía mortalmente amenazado.

La escena real fue absolutamente gansteril, digna de la más depurada cultura mafiosa. Un coche se detuvo silenciosamente frente a la puerta abierta de la capilla. Desde la ventana trasera del vehículo, un individuo, armado de un rifle de muy pequeño calibre (22 cp), apuntó con toda frialdad y efectuó un único disparo, alcanzando en el corazón al prelado, que se desplomó junto al altar. Acto seguido, el tirador dijo en voz baja al conductor: “En marcha. Despacio. Tranquilo”. La trágica imagen del arzobispo yacente, arrojando gran cantidad de sangre por la boca, ocupaba al día siguiente las portadas de la prensa mundial.

Pero este tipo de muerte resulta aún más notable teniendo en cuenta la trayectoria previa de la víctima, caracterizada por un fuerte elemento de contradicción. Tres años antes, en 1977, al ser designado para encabezar aquella archidiócesis, su nombramiento fue recibido con júbilo y visible satisfacción por la oligarquía dominante, por los militares y por los partidos ultraderechistas representantes de esas fuerzas sociales. El hasta entonces obispo Romero era conocido por sus posiciones conservadoras, muy alejadas de las líneas reformistas del Concilio Vaticano II. Su ejecutoria, a lo largo de su carrera eclesiástica en décadas anteriores, había resultado muy tranquilizadora para la clase dominante y le había originado serias tensiones con el clero vinculado a la Teología de la Liberación y, muy particularmente, con aquel núcleo progresista formado por los jesuitas españoles de la UCA, que a su vez serían asesinados nueve años después por su línea de compromiso cristiano y social.

Sin embargo, contradiciendo aquella trayectoria precedente, los tres últimos años de la vida del prelado, ya arzobispo (1977-1980), iban a significar un cambio espectacular, que nadie, ni la oligarquía, ni el Ejército, ni sus subordinados eclesiásticos, ni probablemente él mismo, hubieran podido previamente imaginar. Solo tres semanas después de su elevación al arzobispado, ocurrió un suceso trágico y desequilibrante, que vino a alterar su anterior posición. Su amigo personal, el padre Rutilio Grande, párroco de Aguilares, era asesinado por uno de los llamados Escuadrones de la Muerte. La comprometida línea de aquel sacerdote en favor de los más pobres le hacía vivir bajo continua amenaza de muerte, hasta que la amenaza se cumplió. Aquel asesinato conmovió profundamente al recién nombrado arzobispo, que inició el gran giro que le llevaría al choque con los poderes fácticos salvadoreños, conocidos, desde siempre, por su capacidad letal.

A partir de entonces, la línea del arzobispo Romero, en su defensa cada vez más firme de los extensos sectores desfavorecidos de aquella sociedad, le fue enfrentando con creciente intensidad a los designios de quienes realmente detentaban el poder. El punto culminante, la gota que desbordó el vaso criminal, se produjo la víspera de su muerte, en su homilía del domingo día 23 de marzo de 1980 en la catedral metropolitana. Pronunciándose frente a la brutal represión desplegada contra las manifestaciones de protesta producidas en los días inmediatamente anteriores, monseñor Romero instó a los soldados a desobedecer las órdenes de disparar contra el pueblo. Y, a continuación, pronunció su celebre frase: “Os ruego, os suplico, os ordeno, en nombre de Dios, que cese la represión”. Fue su sentencia de muerte. A la mañana siguiente caía bajo la bala asesina.

Las investigaciones realizadas por la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas permitieron conocer con precisión la forma en que el crimen se gestó y ejecutó. En él desempeñó el protagonismo máximo un destacado militar ultraderechista, de escasa graduación pero de irresistibles ambiciones políticas: el mayor Roberto D’Aubuisson, quien, en uno de esos inauditos sarcasmos propios de sociedades como aquella, llegó a presidir pocos años después nada menos que el Parlamento de El Salvador.

Tal como precisó la citada Comisión de la ONU en su informe final (Nueva York, 15 de marzo de 1993), el mayor D’Aubuisson ordenó a los capitanes Álvaro Saravia y Eduardo Ávila que procediesen a la eliminación del arzobispo el día 24. En cumplimiento de tal encargo, ellos se ocuparon, junto con efectivos de su entorno escuadronero, de materializar todos los elementos necesarios: tirador, arma, vehículo, hora y lugar, punto de partida, selección del chófer y conducción del ejecutor al lugar del crimen. Fue precisamente el chófer del capitán Saravia el designado para desplazar hasta el lugar al tirador seleccionado, y quien lo llevó posteriormente a presencia del mismo capitán, a quien comunicó la ejecución del encargo. A su vez, fue este oficial quien comunicó al mayor D’Aubuisson el cumplimiento de “la misión”. Hubo, sin embargo, un importante dato que no pudo ser averiguado por la comisión: la identidad del tirador, un sujeto de alta estatura y mediana edad, con barba, vestido de civil y desconocido para el conductor que lo transportó.

Hoy día, tres décadas después, el citado Saravia -perseguido en Estados Unidos, huido actualmente de la justicia en un país no revelado, y convertido en un pingajo humano por el envejecimiento, la mala vida y el abuso alcohólico- ha explicado minuciosamente todo lo ocurrido la víspera y el propio día del crimen. “¡Hacete cargo!” -en la literalidad del léxico local-, fue la orden telefónica que el capitán recibió del mayor D’Aubuisson. Aquel capitán Saravia que recibía y cumplía aquella orden, encargándose de la preparación y ejecución del asesinato del arzobispo, era un personaje descrito en estos términos por otro de los implicados: “Siempre llevaba dos pistolas: una en la cintura, la 45 Gold K, y otra en el tobillo, la 380″. “Un psicópata”, escueta definición de Saravia por uno de los fundadores del partido Arena, inicialmente surgido del escuadrón de la muerte dirigido en aquellos años por D’Aubuisson. Otro de sus colegas describe así a aquel Álvaro Chele Saravia de 1980: “Saravia estaba loco. Le decías que un dentista te jodió y al día siguiente el dentista estaba muerto”. Todo ello concordante con los desquiciados parámetros de aquella sociedad salvadoreña envenenada por los odios del conflicto, en la que abundantes facinerosos civiles y militares de gatillo fácil estaban dispuestos a secuestrar y matar, y en la que el eslogan “Sea patriota, mate a un cura” gozaba de gran predicamento en aquella desalmada extrema derecha liderada por el mayor.

D’Aubuisson murió de cáncer en febrero de 1992, al mes siguiente del acuerdo de paz de Chapultepec. Pero en marzo de 1993, solo cinco días después de que la ONU hiciera público el informe de su Comisión de la Verdad (documentando, entre otros, los crímenes cometidos por numerosos militares), el presidente Alfredo Cristiani promulgó la amnistía general que tenía previamente anunciada para apaciguar al Ejército, muchos de cuyos miembros iban a aparecer en dicho informe -como así fue- implicados en algunos de los peores crímenes de la represión.

Lo cierto es que aquella amnistía mantiene, todavía hoy, a prácticamente todos los asesinos salvadoreños de aquellos años en una vergonzosa impunidad. En definitiva, el caso de El Salvador corresponde al modelo de lo que hoy llamamos “una transición sin justicia”. Asesinatos como el de monseñor Romero siguen clamando, 30 años después, por la vigencia y aplicación -todavía no lograda- de ese carácter imprescriptible que les asigna la Justicia Universal.

Prudencio García es investigador y consultor de la Fundación Acción Pro Derechos Humanos y ex miembro de la División de Derechos Humanos de ONUSAL (Misión de la ONU en El Salvador).

EL REVES DE LA TRAMA

Sólo el sopor del verano puede explicar, que no justificar, la raquítica respuesta a la decisión tomada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero consistente en maniobrar en las leyes para esquivar la sentencia del Tribunal Constitucional, que anula una parte del Estatuto de Cataluña. El atrevimiento gubernamental es una grave opción que amenaza la estructura del Estado, construido por la Constitución de la democracia del año 1978, y revela cómo Zapatero antepone los intereses propios -de él, de su Gobierno, de su partido- a los generales. Eso explica que el país esté perdiendo fuelle, solidez y futuro.

La reforma de la ley orgánica del Poder Judicial es el primer paso de un programa para recuperar lo que el TC declaró inconstitucional en el ‘Estatut’. El Tribunal tuvo el desacierto de sugerir que lo que es inconstitucional en el Estatuto con respecto al Poder Judicial podría subsanarse con unas reformas legales (y aún dicen los nacionalistas, Partido Socialista de Cataluña incluido, que la sentencia es dura), y le ha faltado tiempo al Gobierno para agarrarse a ese clavo. Puede argüir en su descargo que acepta la insinuación del Constitucional, pero no podrá negar la incoherencia de su disposición a modificar lo que haga falta con tal de preservar el contenido estatutario inconstitucional.

Continúa así Zapatero consumando su insensata oferta de aceptar el ‘Estatut’ que redactara el Parlamento catalán, abrumadoramente dominado por nacionalistas e independentistas, incluido igualmente el PSC. Tiene guasa que la que cumple sea su más irresponsable promesa.

España padece la mala suerte de que su principal gobernante no tenga alojados todos los intereses del Estado en la cabeza y actúe motivado por alicientes particulares, como el de conservar el poder a toda costa. El plan para rescatar lo inconstitucional del documento llega con prisas en las vísperas electorales de Cataluña, cuando se prevé el naufragio de José Montilla.

Posiblemente, este último invento de Zapatero para amarrar votos sea en vano pues los electores socialistas no son tan nacionalistas como la cúpula del PSC en los cuatro últimos años. Pero eso no es lo que debe de creer él, obsesionado por que su suerte electoral dependa de los votantes catalanes, que pueden enviarle al ostracismo. En las elecciones de 2008, el PSOE aventajó al PP en Cataluña en 17 escaños, lo que le dio la victoria en el total nacional, que fue por 15 escaños; o sea que, sin la renta de Cataluña, Zapatero habría perdido ante Rajoy. Ahora, cuando las encuestas anuncian la caída del voto socialista en sus feudos de Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Aragón mientras el voto popular se mantiene fuerte en Castilla y León, Comunidad Valenciana, Murcia y Madrid, la significación de Cataluña para Zapatero adquiere tintes angustiosos.

Este problema electoral de Zapatero no disculpa su regate a la Constitución. Es inaceptable que el Estado tenga que adaptarse a los designios de un parlamento regional. Equivale a un golpe al propio Estado, a la razón y a la concordia. Un gobernante de la nación no puede obligar a eso, salvo que la nación le importe muy poco, si le importa algo. A ver si pasan pronto los calores veraniegos, vuelve la actividad política y se le cantan las cuarenta a un político dispuesto a lo que sea con tal de salvarse él. Porque, aunque a él pueda costarle creerlo, es más importante el futuro colectivo que el suyo y el de su partido.

La decisión de Zapatero de rescatar las previsiones del Estatuto catalán sobre descentralización del gobierno judicial declaradas por el TCE inconstitucionales supone -tal y como aquí traté de explicar hace tres días- un fraude de Constitución monumental. Tanto, que el término rescate está sin duda empleado en este caso con toda propiedad, porque así se llama lo que se paga en caso de un secuestro; y un auténtico secuestro es lo que sufre la voluntad del presidente del Gobierno a manos del socialismo y el nacionalismo catalán.

Pero tal decisión constituye, además, un disparate político absoluto, pues la creación de consejos judiciales autonómicos multiplicará por 17 la existencia de un órgano (el Consejo General del Poder Judicial) que ha sido, desde el momento de su creación en cumplimiento de lo previsto en la Constitución, una desgracia para el adecuado gobierno de un poder tan importante como lo es el judicial.

A este respecto existe en España un amplio consenso entre juristas y políticos, aunque, como ocurre en muchos casos, una especie de ley de silencio haga que casi nadie diga lo que piensa: el CGPJ es un órgano, de funesta historia y desastroso rendimiento institucional, que ha contribuido directamente a politizar nuestra justicia, al someter su órgano de gobierno (que, entre otras cosas, decide sobre ascensos y nombramientos) a las instrucciones políticas de los partidos que proponen la designación de sus veinte consejeros.

No es difícil imaginar qué sucederá en España cuando la política clientelar que han practicado desde hace treinta años los partidos en la elección de los miembros del Consejo se aplique en espacios territoriales reducidos, donde el dominio partidista lo es, en muchas ocasiones, solo de personas o camarillas agrupadas en torno a una u otra sigla. Será el acabose y la politización del poder judicial, nacida de su forma de gobierno, se multiplicará hasta el infinito.

De hecho, la decisión de Zapatero de modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial determinará inevitablemente que el sistema de consejos autonómicos se generalice en toda España, lo que aumentará de nuevo no solo el coste de nuestro Estado autonómico (ya en gran medida insoportable) sino también la complejidad de un sistema político que acabará por ser ingobernable.

Que todo esto no le preocupe al presidente del Gobierno -que deja tras de sí un destrozo institucional sin precedentes- no será motivo de sorpresa para nadie: es la marca de la casa. Pero que no le preocupe al PSOE, que algún día tendrá que presentarse ante la opinión pública libre de la sombra de un político frívolo y egoísta que ha logrado casi devastar un partido centenario, resulta sencillamente incomprensible.

TRIBUNA: POLÍTICA

¡Miserable! ¿Por qué gritas? Me perteneces porque soy más fuerte que tú. Irás a donde a mí me plazca, por buen cantor que seas, y depende de mi capricho el que me sirvas de alimento o que recobres la libertad. Loco rematado es quien resiste a uno más fuerte que él; además de no conseguir la victoria, a la vergüenza añade el sufrimiento».

Si nos quedáramos sólo con este párrafo que, de la antigua fábula griega de El Gavilán y el Ruiseñor, nos ofrece Hesíodo en su poema Los Trabajos y los Días entremezclándola con la leyenda de Filomena, estaría justificada la más absoluta de las depresiones…

Es Hesíodo un personaje curioso dentro de la historia de la poesía que, en cierta medida, comparte algunos elementos comunes con otro gran poeta de rabiosa actualidad: Miguel Hernández. Fue Hesíodo pastor y campesino allá por el siglo VII a.C. Hijo de un hombre relativamente bien posicionado, compaginó sus labores agrícolas y ganaderas con la actividad poética por vocación divina, según él mismo nos cuenta. Pero no son esas «convergencias» con Hernández las que me hacen traer hoy al de Ascra ante ustedes, sino por la iniquidad de la justicia que también sufrió.

En un momento determinado, en su famoso Mito de las Razas, nos dice que estamos en la quinta raza; «la raza de hierro», aquélla en la que «… a los padres, cuando envejezcan, menospreciarán los hijos… Impondrán la fuerza por encima del Derecho… sólo se respetará al inicuo y al violento… El cobarde ganará siempre la partida al valiente mediante falsa palabrería, apoyada en falso juramento… La Conciencia (Aidos) y la Vergüenza (Némesis) volarán entonces de la vasta tierra al Olimpo, ocultando sus hermosos cuerpos… abandonando así a los hombres…». Es francamente desolador el panorama que este genio de la poesía helena, ganador en justa poética ante el mismísimo Homero, nos describe en este pasaje.

Créanme, soy capaz de adivinar su sorpresa ante lo que hasta ahora les he escrito y que bien podría reflejarse con un plagio modificado de otro insigne escritor que pagó con su vida la actuación de la injusticia: «…¿Y a qué viene, ¡vive el Cielo!,/ cuando tan grande es mi duelo,/ esa conseja endiablada/ de la justicia pagada/ de ese Hernández y un heleno?…».

Pues viene, amigo, a que hasta en esta noche institucional en que vivimos sin atisbo de lumbre de farol alguno, es evidente a los ojos de cualquier ciudadano mínimamente informado y despegado de la clase dirigente, que estamos viviendo una convulsa situación política, social y económica. Seguramente una de las más complejas situaciones que podamos recordar en tiempos de paz. A pesar de ello, y contrariamente a lo que la razón le dictaría a cualquier ciudadano sensato, nos encontramos con una clase política más enfrentada que nunca, más extendida que nunca, más enquistada que nunca. Frente a la sensibilidad de la necesidad común, entre nuestros políticos se ha instalado el sentimiento de la exigencia particular.

Bien saben todos los asiduos a estas páginas, las muchas veces que me he referido a la Justicia como una de las asignaturas pendientes más importantes de nuestra arquitectura institucional. No es posible que el garante de las libertades públicas, esto es la Justicia, esté permanentemente sometido al control y directrices de quien puede violar esas mismas libertades. Esto es, el Gobierno. Es en esa situación cuando cobran pleno sentido los versos de Hernández: «… Las cárceles se arrastran por la humedad del mundo,/ van por la tenebrosa vía de los juzgados…».

Cuando la pelea política se traslada a los juzgados, o mejor dicho, cuando desde los juzgados se pretende hacer política utilizando los medios de comunicación, estamos ante un problema de magnitudes incalculables, en términos de paz social.

He traído a colación versos de poetas que sufrieron en distintas circunstancias la iniquidad de una Justicia politizada, y lo he hecho para hacerme una pregunta: ¿No hemos aprendido nada en estos últimos 2.700 años? Porque es eso precisamente a lo que hace referencia Hesíodo cuando dice «…es preciso sufrir para que el buen sentido se imponga a la insensatez…» que, dicho de otro modo, significa que nadie escarmienta en cabeza ajena. Pero es que, por desgracia, nuestra cabeza colectiva ha sido ya golpeada en demasiadas ocasiones por este mismo palo como para no haber aprendido nada.

Acudimos estos días con perplejidad creciente a un espectáculo bochornoso que está sazonado con todos los ingredientes más amargos que han acompañado a la larga lista de nuestros errores colectivos. Un juez estrella es sorprendido por las posibles pruebas que se publican de su iniquidad. Ante tales acusaciones, la Justicia -esta vez con mayúsculas- comienza a instruir, porque, como nos dice una vez más Hesíodo, «…Llorando la Justicia persigue por ciudades y moradas a los hombres que tratan de rehuirla o torcidamente administrarla…». Pues bien, ante algo tan simple como esto, que debiera ser dejado en las solas manos de los jueces, como se afana siempre en repetir con la boca chica todo político que se precie, el Gobierno de la Nación, ayudado de sindicatos, rectores y actores, y una pléyade de personajes de la izquierda, inicia una campaña general para presionar al Tribunal Supremo con el objeto de impedir que quien mal ha obrado, bien pague. Ni más, ni menos. No se tiene, entre tanto, el más mínimo recato para hacer todo tipo de referencias a lo más negro de nuestro pasado. Un pasado repleto de asesinos, donde por igual motivo y de igual manera se daba muerte a un Miguel Hernández o a un Pedro Muñoz Seca. Pues ante una situación así, a una ilustre fundación de izquierdas -la Fundación Saramago- no se le ha ocurrido mejor idea que retomar un viejo sueño del juez en cuestión y proponerle como Premio Nobel de la Paz.

No soy hombre especialmente sabio… ni quiero serlo, si por sabios se tienen esos hombres que hoy en día, con sus hechos, palabras y ejemplos parecen haber sido instruidos en el odio y el rencor. ¿De qué me sirve el progresismo si no soy capaz de progresar con él? ¿De qué me sirve la sabiduría si no soy capaz con ella de torcer lo que de maligno tiene la naturaleza humana, con el firme deseo de una libertad comprometida con el bien común?

Cuando abandonamos al otro y nos comprometemos en exclusiva con el yo, estamos renunciando al principio básico del verdadero progreso humano y sobre el que se ha cimentado y engrandecido toda paz social: el reconocimiento del otro como parte misma del yo. Esa permanente referencia a los otros para reforzar nuestros argumentos va en sentido radicalmente contrario al esfuerzo común que presidió los años de la Transición. Años en los que algunos alzaban la voz con versos de Machado para romper el inmovilismo de los poderosos y desterrar la derrota permanente de una sociedad enfrentada, sin más armas que la ilusión y el esfuerzo: «…está el ayer alerto/ al mañana, mañana al infinito;/ hombres de España, ni el pasado ha muerto,/ ni está el mañana -ni el ayer- escrito».

Bien cierto es que nada está escrito. Nada está definitivamente conquistado; nada está definitivamente perdido. Todo depende de nosotros mismos. Por eso no estaría de más que, de entre nosotros -usted y yo-, se alzasen nuevas voces; voces que, como antaño, entre la algarabía de algunos poderosos enfrascados en conservar su hegemonía aun a costa de nuestro futuro, fueran capaces de zafarse de entre las garras del potente gavilán que nos atenaza para gritar con fuerza, como Hernández, que «…hay un rayo de sol en la lucha/ que siempre deja la sombra vencida…» porque «…para el hijo será/ la paz que estoy forjando…».

Adolfo Suárez Illana es abogado.

La Tercera de ABC

«No caben cosoberanías ni relaciones paritarias entre la Nación española y sus Comunidades Autónomas. Los Estatutos de Autonomía no son constituciones complementarias ni alternativas a la Constitución de 1978»

HE pasado unos días de vacaciones en la hermosa tierra gaditana. Una tierra vinculada a los orígenes y a la historia del constitucionalismo español. Aquí se constituyeron las Cortes de Cádiz, y en estos territorios se promulgaba nuestra primera Constitución en sentido moderno, ya que el Estatuto de Bayona de 1808 no pasó de ser una Carta otorgada del Antiguo Régimen. Un Texto, el de 1808, que a consecuencia de la Guerra de la Independencia y la derrota de las tropas francesas en Bailén, disfrutó además de discontinua vigencia y de escasa eficacia. Y así los españoles de ambos hemisferios —tal y como disponía pormenorizadamente la Constitución de 1812— acordaban darse una ejemplar Norma de convivencia política que regulara sus derechos y libertades, y ordenara los poderes del Estado; sobre todo, los de las Cortes y el Rey. En Cádiz tomaba pues cuerpo político una Nación que estaba en armas desde 1808. Una Nación que se hacía carne, y que sintetizaba jurídicamente, tras la aprobación de La Pepa un 13 de marzo de 1812, el más avanzado constitucionalismo europeo de la época. Unos padres fundadores gaditanos que fijaban por tanto los derroteros de un constitucionalismo liberal, democrático e igualitario. Cádiz inaugura una incipiente pero comprometida democracia, y el arranque de un esperanzador sistema parlamentario. Unos tiempos que viven con intensidad en la memoria histórica de tantos españoles gracias seguramente a la pintura de historia del siglo XIX.

Me refiero, de forma especial, a las dos obras realizadas por el pintor palentino José Casado del Alisal: La capitulación de Bailén y El juramento de las Cortes constituyentes en la iglesia mayor parroquial de la Isla de León. Y asimismo al lienzo del artista gaditano Salvador de Viniegra La proclamación de la Constitución de Cádiz. Este último formula plásticamente toda una pormenorizada declaración política, que sitúa Vinagra en la plaza de san Felipe, a la puerta del Oratorio donde habían tenido lugar las sesiones constituyentes. Se recrea de esta suerte la alegría, entre redecillas, peinetas y capas varias, y la justificada solemnidad del momento, entre manos elevadas al cielo y sombreros en alto, mientras se plasma la presencia hermanada de los representantes parlamentarios y de su mandante pueblo soberano. Con un compromiso cierto: sobre el muro que encierra la escena se reproducen los distintos territorios de España y el lema de «Patria y Libertad». Y a su lado, para que nada faltare, unas guirnaldas que invocan las emblemáticas fechas de 1808 y 1812. Francisco de Goya, el mejor reportero gráfico nacional, participaría también del momento gozoso con su pintura titulada, precisamente, La exaltación de la Constitución de 1812, del Museo de Estocolmo. Al lado de dos personajes, el Tiempo y la Historia, se muestra un personaje femenino, representante diríamos de la España constitucional, ataviada con un cetro (por la idea de la soberanía popular) y un texto (el de la Constitución de 1812).

Pero no deseo hablar más de la Constitución de 1812, pues ya habrá tiempo al aproximarnos a la conmemoración de su bicentenario, sino de un benefactor espíritu constitucional gaditano, que no se agota en 1812. El espíritu constitucional gaditano se extiende a lo largo y ancho de su provincia, más allá de aquellos ejemplares españoles que se reunieron hace doscientos años en la Isla de León. Un espíritu constitucional gaditano que revive hoy sus más logrados perfiles en la Carta Magna de 1978. La Constitución de 1978 aparece como la heredera de la Constitución de 1812, la adelantada pupila de aquel venerable Texto de 1812. Lo que tuve ocasión de constatar, para agradable sorpresa, una tarde de agosto al acercarme a la marinera ciudad de Rota.

En efecto, tras llegar Rota, pregunté a uno de sus vecinos dónde se hallaba el centro de la ciudad, con su Ayuntamiento, y en este caso el castillo de Luna. La contestación del buen hombre me dejó perplejo: «Diríjase usted a la Plaza de Bartolomé Pérez, y allí cerca encontrará el Consistorio y la escultura de la Señora». Lo del Ayuntamiento estaba claro, y no suscitaba dudas; pero otra cosa era lo de la Señora. ¿A qué Señora se refería? ¿Quién sería la mentada Señora? Así las cosas, me encaminé presto a la reseñada plaza, desde donde volví a requerir, ahora a una mujer, y ya de forma más concreta, por la enigmática Señora. Ésta me contestó: «Allí, pegada al castillo de Luna, la tiene usted». Y hasta allí me puse en marcha, sin saber todavía con qué iba a encontrarme. Mi asombro fue mayúsculo, cuando al aproximarme, me di cuenta de que se trataba de una ¡escultura conmemorativa de la Constitución de 1978! La Señora representaba a la Constitución española. Cádiz se mostraba, de nuevo, como referente inequívoco del constitucionalismo nacional. Cádiz capital, pero también su provincia, exaltaban un patrimonio constitucional que hemos de respetar, preservar y transmitir. El profesor Manuel Ramírez lo recordaba inteligentemente desde estas páginas: «El patriotismo se nos transmite por nuestros antepasados, por nuestras familias y, por supuesto, debería serlo siempre por nuestras escuelas y, en fin, por todos aquellos medios que nos socializan y educan». Cádiz, otra vez, aparecía como leal territorio del constitucionalismo liberal, igualitario y democrático. Gracias a él, ya no nos identificamos con las desencantadas palabras de Pérez Galdós: el drama del español «es que dejó su casa en 1808 y todavía no ha hallado otra a la que regresar». La casa de esta España constitucional está firmemente asentada en su Constitución de 1978, ¡aunque ojo con sus violaciones espurias y encubiertas!, y en el espíritu gaditano desde 1812.

La escultura representa una bella mujer, con el texto de la Constitución de 1978 acunado en su mano derecha, mientras reproduce en su basamento dos de las principales ideas fuerzas de nuestra Carta Magna. Primera, la idea de soberanía. Una soberanía que recae en exclusividad en el pueblo español en su conjunto: «La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado» (artículo 1.2). Segunda, el principio de igualdad: «Los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social» (artículo 14).

Estos dos principios, el de la soberanía nacional y el de igualdad, son los que ha refrendado, a pesar de su discutible argumentación y tardanza en su resolución, nuestro Tribunal Constitucional en la sentencia sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Una sentencia, es verdad, que ha dejado abierta la puerta, como indicaba hace días el excelente jurista que es el profesor José Acosta, al desafortunado totum revolutumde elementos centrifugadores, pero que ha establecido límites a imposibles pretensiones autonómicas confederalizantes. Los apuntados principios de la soberanía nacional y de la igualdad, acogidos por la Señora, no permitían otra recta lectura de la Constitución. Una Constitución que ha de acomodarse a los tiempos, y dar respuesta a las exigencias presentes, pero que no puede interpretarse interesada o fraudulentamente a la conveniencia partidista. No caben cosoberanías ni relaciones paritarias entre la Nación española y sus Comunidades Autónomas. Los Estatutos de Autonomía no son constituciones complementarias ni alternativas a la Constitución de 1978. La autonomía, señalaba ya la Sentencia 4/81 del Tribunal Constitucional, no es soberanía.

En suma, hablamos del espíritu de Cádiz. Del espíritu de la España constitucional. Del espíritu de Rota. Del de su Señora: el de la Constitución de 1978.

En lo referente a la reforma del Estado la pregunta no es «¿hasta dónde se puede llegar?», sino «¿qué camino hay que seguir?». Aunque el dicho inglés mantenía una excepción que parecía lógica -«la ley puede hacerlo todo menos cambiar a un hombre en mujer»-, es evidente que tan prudente enunciado ha sido arrasado por la práctica jurídica de los tiempos modernos, y que ya se puede celebrar una boda entre un muerto y un vivo (Francia), optar por el género neutro (Australia), hacer casamientos homófilos (diez o quince países), mudar de hombre a mujer -y viceversa- en repetidas ocasiones (España y algunos otros países), o pasar de ser a no ser con cargo al Estado (Holanda). Y por eso nadie va a discutir que la ley pueda convertir a Cataluña en un país integrado en España (y oprimido, como apostillaría Carod Rovira), independiente (como Andorra o Mónaco), o mediopensionista (integrado en España en horario comercial y mientras los bancos estén abiertos o la Liga en juego, e independiente el resto del día y de la noche).

A mí, si he de ser sincero, me vale cualquiera de las tres opciones, porque no creo que las sociedades muten a golpe de ley, ni que las cosas fuesen a cambiar sustantivamente porque Zapatero y Montilla tiren palante con sus numerosas y peligrosas ocurrencias. A lo que no estoy dispuesto es a que el camino se haga a trompicones, rompiendo los modelos jurídicos y los hábitos establecidos, tomándole el pelo a los ciudadanos corrientes, y dando la sensación de que el sentido institucional del poder y del Estado se ha puesto en almoneda.

Todo lo que se está haciendo para «contentar a Cataluña», desde que Zapatero dijo que respaldaría cualquier cosa que aprobase su Parlamento hasta hoy mismo, es una chapuza. Y la idea de gobernar en plan Pepe Gotera y Otilio, chapuzas a domicilio es la enfermedad más grave que puede afectar a un Estado democrático y moderno. El problema no está en saber adónde van Cataluña y el Estado que vive acomplejado ante las numerosas chuminadas que dicen sus dirigentes, sino en la evidencia de que, ante la imposibilidad de hacer el payaso dentro de los límites legales, el Gobierno de Madrid está dispuesto a vestirse de lagarterana, y el de Barcelona de gigante Polifemo (que veía por un ojo solo y era incapaz de apreciar las distancias y los relieves) con tal de que Montilla salve los dos o tres escaños que le permitan seguir desgobernando.

Y ante eso hay que plantarse responsablemente y a toda costa, incluso si tal acto de patriotismo lleva a González Pons al Ministerio de Justicia. Porque, aunque la merluza se pueda hacer a la vasca, y el pulpo a la gallega, no es tolerable que Montilla y Zapatero legislen «a la catalana».

Zapatero ha dejado de ser un rehén de los nacionalistas. Ahora lo es ya, sencillamente, de los socialistas catalanes, que le han impuesto algo que solo este presidente, sin convicciones ni criterio, admitiría: vulnerar, mediante argucias de leguleyo, la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán y proceder a hacer lo que aquel ha declarado contrario a nuestra ley fundamental de un modo taxativo: descentralizar el gobierno de la Justicia.

Para demostrar que tal cosa no cabe en la Constitución basta con citar lo que a ese respecto ha proclamado el TCE: «Es notorio que el Estatuto catalán incurre en un evidente exceso al crear en el artículo 97 un Consejo de Justicia de Cataluña al que se califica como “órgano de gobierno del poder judicial en Cataluña” y cuyos actos lo serían de un “órgano desconcentrado del poder judicial”, siendo así que el poder judicial [...] no puede tener más órgano de gobierno que el Consejo General del Poder Judicial». Se puede decir más alto, pero no más claro, desde luego.

Es verdad que el TCE afirma, al propio tiempo, que cabe desconcentrar, a través de la Ley Orgánica del Poder Judicial, funciones del Consejo que no afecten al gobierno de aquel, pero, como es notorio, lo que Zapatero -rehén de su propio partido en Cataluña- pretende no es eso, sino hacer por ley lo que no pudo en el Estatuto, que es lo que desde que se conoció la sentencia exigieron, al alimón, los nacionalistas y los socialistas catalanes. Y todo ello con la esperanza de que, dado el actual interés del PP en no molestar a CiU, nadie proceda ahora a recurrirlo, lo que permitiría llevar el fraude de Constitución hasta el final.

Hacer tal encargo al ministro de Justicia podría, a bote pronto, parecer descabellado, y ello porque, aunque el asunto le corresponde por su ramo, el ministro es uno de los directos responsables jurídicos del fiasco estatutario. Y así, de la fiabilidad del criterio de Caamaño en cuestiones constitucionales puede dar idea el hecho de que sostuviera contra viento y marea que era compatible con la Constitución todo lo que, de forma directa (anulándolo) o indirecta (interpretándolo), el TCE ha considerado que no cabe en ella en modo alguno.

Pero que las opiniones constitucionales de Caamaño hayan quedado a la altura del betún le importa a Zapatero mucho menos que la obediencia servil de su ministro, dispuesto a lo que sea con tal de agradar a quien lo ha puesto en donde está.

Eso y no sentido común o valentía para decir la verdad, es, al fin y al cabo, lo que exige Zapatero a quienes están en el Gobierno. Y eso es, a la postre, lo que explica, en gran medida, que España esté hoy en muchos sentidos al borde del abismo.

La izquierda lleva años liada con los impuestos. En el siglo pasado, bajarlos era de derechas; subirlos, de izquierdas. Después llegó la desregulación, la globalización y la deuda. La frontera entre ambas trincheras se difuminó y, con ello, la percepción de la función del sector público. En plena fiebre inmobiliaria, en una reunión del comité confederal del PSOE en septiembre del 2005, José Luis Rodríguez Zapatero dijo que “bajar los impuestos a las rentas del trabajo también es de izquierdas”. Fue como cuando Felipe González, años antes, suprimió el marxismo del ideario del partido. Sólo que aquello le salió gratis al andaluz. Lo de los impuestos, no. Y además no cuajó.

Hoy en el PSOE no saben bien qué es lo que hay que hacer. Para una mayoría del partido, subir impuestos es una seña de identidad. Para José Blanco, por ejemplo, que ha vinculado una presión fiscal más elevada a la mejora en los servicios e infraestructuras. También para Elena Salgado, que ve factible un retoque en las rentas altas “por razones de equidad”. Aunque ella lo diga con un aire de leve desagrado, como si el retoque fuera un peaje que hay que pagar en un Gobierno que se enfrenta a una convocatoria de huelga general.

Pero hay dos serios problemas para que estas propuestas susciten entusiasmo. El primero es de fondo y tiene que ver con el profundo cambio cultural acontecido en las sociedades industriales en las tres últimas décadas. Como escribió tres meses antes de morir el más socialdemócrata y el menos políticamente correcto de los historiadores contemporáneos, Tony Judt, ideas que hoy parecen “naturales” nacieron en la década de los ochenta (Manifesto for a new politics).Y entre esas ideas fuerza está la rendida aceptación de la privatización en todos los ámbitos y la pulverización del prestigio de lo público. Tanto es así que, ahora, cuando a causa de la crisis los gobiernos han practicado políticas de intervención pública – en la banca, en la automoción, en las infraestructuras-,se han presentado como algo táctico, coyuntural. Keynesianismo de kleenex.

La otra dificultad es estrictamente española. Hablar de subida de impuestos en un país con un desempleo del 20%, en el que las alzas de impuestos recaen siempre sobre los asalariados, es causa de alarma. Para subir impuestos primero habría que devolver el prestigio perdido al sector público, en especial entre las clases medias urbanas, que son las que soportan un mayor peso de la recaudación fiscal. Y deberán demostrarles que tanta infraestructura en momentos de alegría ha sido algo más que mero derroche de mal gestor.

La izquierda, la izquierda europea y americana, tuvo su oportunidad cuando en plena crisis financiera pudo parar los pies a la banca, al menos a determinada banca. Pudo hacerlo y no quiso. Pasada esa oportunidad, es la hora de gente como David Cameron. Atención a Cameron y a sus recortes en el sector público.

La sentencia del Constitucional contra las Cortes valencianas

El TC dice que preguntar al Gobierno para su control «pertenece al núcleo de la función representativa»

La potestad legislativa, el control del Gobierno y el impulso político a la acción del poder ejecutivo son las funciones esenciales que dan sentido a los parlamentos democráticos. De cómo se ejerzan depende, y mucho, la calidad de las formas de gobierno basadas en la democracia representativa. En el juego institucional de frenos y equilibrios (check and balances) que caracteriza a las relaciones entre el Parlamento y el Gobierno, el control del primero sobre el segundo juega un papel decisivo para que la institución parlamentaria acredite su condición de órgano depositario de la soberanía popular, con independencia de que el Gobierno goce o no de una cómoda mayoría parlamentaria para dirigir la política del Estado y aplicar las leyes.

Sin ignorar que la evolución institucional de los sistemas democráticos ha ubicado al Parlamento en una posición no precisamente hegemónica, lo cierto es que en la lógica del sistema representativo, ya sea en los sistemas presidencialistas (Estados Unidos), semipresidencialistas (Francia,) o parlamentarios (España), el Parlamento tampoco puede comportarse como un mero correveidile del Gobierno. Y el ejercicio de la función de control es un buen test para demostrar que no le va a remolque. Porque en ello está en juego la relevancia del derecho fundamental a la participación política que ejercen los parlamentarios en nombre de la soberanía popular o, lo que es igual, la efectividad del ius in officium, esto es, el derecho al ejercicio del oficio representativo.

Esta reflexión general sirve como necesario preámbulo al comentario que suscita la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, 44/2010, de 26 de julio, por la que ha anulado diversos acuerdos de la Mesa de las Cortes valencianas, que desestimaban los recursos de reposición interpuestos contra resoluciones de dicha mesa por las que se inadmitían a trámite algunas preguntas formuladas al Gobierno valenciano por el Grupo Parlamentario Compromís (Esquerra Verda y Bloc Verds), y también una proposición no de ley presentada por el mismo grupo. El tribunal ha resuelto que las decisiones negativas de la Mesa de las Cortes, el órgano de gobierno del Parlamento valenciano, carecían de motivación, es decir, de una mínima justificación, razón por la cual violaban el derecho a la participación política en condiciones de igualdad del artículo 23.2 de la Constitución.

De las cuatro preguntas rechazadas por la mesa, dos de ellas versaban sobre la eventual realización de contratos por diversas consejerías del Gobierno con una serie de empresas relacionadas con la investigación judicial sobre el llamado caso Gürtel; una tercera se refería a unos vertidos tóxicos, y la última, a unas adjudicaciones de licencias de radio y televisión y a un plan de emergencia exterior. Por su parte, la proposición no de ley pretendía proponer el reconocimiento público a Francesc Bosch i Morata, que fuera consejero de Cultura del Consejo Provincial de Valencia durante la Segunda República. Respecto de las preguntas, el tribunal reconoce que la mesa no motivó su rechazo, limitándose a transcribir de forma lacónica y estereotipada los artículos del reglamento parlamentario, «sin especificar por qué procede su aplicación al caso concreto». E idéntica falta de justificación se produjo respecto de la proposición no de ley, al argüir, sin más, que su contenido no era propio de este instrumento de impulso a la acción del Gobierno, de tal manera que las Cortes, dice el tribunal, «desde la óptica de la representación democrática estarían obstaculizando la posibilidad de que se celebre un debate público entre las diversas fuerzas políticas» sobre dicho tema.

La facultad de formular preguntas al Gobierno es una de las formas habituales del control parlamentario sobre el Ejecutivo. Como recuerda el tribunal, se trata de una actividad del diputado o senador que «pertenece al núcleo de la función representativa parlamentaria, pues la participación en el ejercicio de la función de controlar la acción del Consejo de Gobierno y su presidente y el desempeño de los derechos y facultades que la acompañan constituyen manifestaciones relevantes del ius in officium del representante». Si ello es impedido con una manifiesta ausencia de justificación por parte del propio órgano de gobierno de la Cámara, no solo se viola el derecho de participación política del representante electo, sino que, implícitamente, también queda enervada la base democrática del sistema, que nunca puede permitir que sus instituciones actúen de forma arbitraria. Como ha reiterado el tribunal, el derecho de participación política de todos los ciudadanos queda vacío de contenido o sería ineficaz si el representante político se viese privado o perturbado en el ejercicio de sus funciones.

Dado que la legislatura de las Cortes valencianas no ha terminado, el derecho que el tribunal ha reconocido a los diputados de Compromís habrá de permitir que sus iniciativas sean estudiadas seriamente –ahora sí– por la Mesa de las Cortes y sus servicios jurídicos, a fin de reparar el daño causado.

Marc Carrillo. Catedrático de Derecho Constitucional (UPF).

visión personal

La pregunta equivalente sería esta: ¿por qué nadie se muere? Dar por supuesto que los Juzgados cierran en agosto (en España) es tanto como afirmar la inmortalidad del género humano. ¿No se detiene a nadie en agosto? ¿No se demanda contra la expulsión de un extranjero? ¿No se asesina a nadie en agosto o se le despide o se vulneran sus derechos fundamentales? Según el autor del artículo “¿Por qué cierran los juzgados en agosto?”, publicado el pasado día 12 en EXPANSIÓN, parece ser que no. Y si eso es así ¿qué hacemos centenares de jueces en toda España trabajando en agosto en nuestros juzgados?

No es bueno confundir a la opinión pública y menos aún tomando como ejemplo a los controladores aéreos. Los Jueces ya estamos acostumbrados a esas comparaciones aeronáuticas. El entonces Ministro de Justicia Sr. Fernández Bermejo nos comparaba con los pilotos de aviones. Pues pobres de unos y de otros si les asignasen el trabajo de los jueces, la responsabilidad de los jueces y el sueldo de los jueces.

La inhabilidad del mes de agosto (relativa) es cosa que han decidido nuestros representantes -los del pueblo soberano- en el Parlamento. Muchos de ellos son abogados y esa es la única explicación del caso. Un profesional liberal no tiene nómina, ni seguridad en el trabajo ni vacaciones. Para atemperar el tercero de los lastres que compensan otros muchos beneficios, esencialmente la libertad y rentabilidad, la ley les reconoce ese privilegio.

Las vacaciones del Juez (con jornadas continuas de guardia no remuneradas y sin derecho al descanso posterior) no lo son. Cuando llega a su despacho tras su mes de vacaciones, sea cual sea este, debe hacer todo el trabajo pendiente. Ningún Juez le sustituye ni puede sustituirle; no los hay. Su obligación es de resultado y cómo lo consiga es cosa suya.

Decir que los pleitos pendientes lo son porque el Juez no dicta la sentencia (esto es, que el pleito está parado hasta que al Juez le de la gana o le venga la inspiración) es una mentira de tal magnitud que resulta difícil combatirla. Un juicio en trámite no es un juicio pendiente de resolver. Si los trámites se consideran innecesarios, suprímanse y hágase todo por la vía rápida, empezando por obligar a las sentencias inmediatas e in voce. Todos sabemos que los datos sometidos a tortura terminan confesando cualquier cosa y que una única paella, por mucha prisa que tenga el cliente y bueno que sea el restaurante, no se hace en cinco minutos. Para el autor, el cocinero tendrá la paella pendiente de hacer, cuando en realidad la está haciendo, pero paso a paso. Si no, no será comestible.

En cuanto al derecho fundamental de huelga y su ejercicio por los Jueces, nada más fácil que demandar una reforma legislativa para prohibir lo que la constitución no prohibe. Fueron actos simbólicos en pro del interés de la Justicia y ni siquiera eso se tolera. En España, con la mitad de Jueces que hay en el mundo civilizado, nuestros resultados son de lo mejor de Europa, a pesar de los gobernantes, de las carencias de todo tipo y de las críticas feroces e infundadas.

Alguien que por igual esfuerzo podría ser Notario o Registrador de la Propiedad si opta por su vocación merece un respeto. Muy pocos serían capaces, pudiendo ser controladores aéreos, de dedicarse a barrer la torre de control. No podemos rendirnos ante la mentira.

Mariano Mecerreyes Jiménez. Magistrado.

El pensamiento políticamente correcto está en bancarrota. Aunque en política todavía sobrevive, en los medios de comunicación predominan ya las miradas gélidas ante el sufrimiento humano. La indiferencia está de moda. Ciertamente: las tragedias bélicas apenan, como los grandes desastres naturales. Ciertamente: nunca las víctimas obtuvieron mejor trato retórico. Pero las imágenes de la desgracia son tan frecuentes que el alma del espectador se ha saturado. Las inundaciones de Pakistán, sin ir más lejos, con sus brotes de cólera y sus 20 millones de desplazados, han tardado menos en desaparecer de nuestra mente que la cervecita del mediodía por la garganta. Era imposible dar cabida en nuestro corazón a los incontables desastres del mundo.

Si el olvido de estos desastres deja en ciertas personas un rastro de culpabilidad es debido al poso de la tradición cristiana, que apela a una virtud extrema: la misericordia. La misericordia desborda la lástima y la compasión al proponer una generosidad sin límites: “Si alguien te abofetea, muéstrale la otra mejilla”. No puede extrañar que tal radical exigencia haya fructificado sólo en contadas veces. La misericordia fue transformada en hipocresía, que es el arte de simular en público los buenos sentimientos.

La moral laica que ha dominado los últimos decenios usa otro tipo de palabras para describir ideales éticos. Solidaridad, por ejemplo, una palabra que igual sirve para un fregado que para un barrido: para propagar un sorteo benéfico; para forzar a los gobiernos de los países ricos a subvencionar a los caciques de los países pobres; para impedir la discusión de las balanzas fiscales; o para prestigiar unas vacaciones en un país exótico con ciertas dosis de buenos sentimientos. Detalle no menor: los sujetos teóricos de la solidaridad apenas consiguen enterarse de su existencia. La solidaridad verdadera implicaría conceder a los países pobres libertad para competir con los ricos; y a los ciudadanos de origen humilde, menos subvenciones y un plan de igualdad de oportunidades. Mientras la concreción de estas quimeras esperaba en el congelador de la historia, la palabra solidaridad derivó en bandera, con cuyo mástil se atiza al enemigo ideológico. No hay duda: la hipocresía es el gran vínculo transversal entre una sociedad de signo religioso y otra de tipo laico.

Pasan las culturas, pero las imposturas perviven. Cambian los tiempos, pero la doblez no cambia. ¿La condición humana? Sin duda. No es fácil resistirse a la tentación de proclamar a los cuatro vientos la adhesión a mil causas nobles que a nada comprometen. ¿Puede extrañar la nueva moda de la indiferencia? La hipocresía es lo que tiene: cuando la piel de cordero se pudre, aparece el lobo del descreimiento. Y los cínicos asaltan el escenario proclamándose portadores de la lucidez moral.