Reggio’s

TRIBUNA

CiU comparte la orientación global de la iniciativa del PP, como hizo antes con la del PSOE

Hablar de reforma laboral suele generar recelos y temores a una buena parte de la población, sin embargo cuando constatamos que llevamos cuatro años destruyendo empleos, 5,3 millones de parados, la mitad de los jóvenes menores de 25 años sin trabajo y que ello no ocurre en ningún otro Estado de Europa, a pesar de padecer la misma crisis, el ciudadano llega a la conclusión de que una reforma laboral es necesaria para que se pueda volver a crear empleo. El Real Decreto-Ley 3/2012, es, seguramente, la modificación más amplia y profunda de las relaciones laborales que se ha producido en España desde la aprobación del Estatuto de los Trabajadores en 1980, aunque, esta reforma, no deja de ser continuista respecto a otras promovidas por el PSOE. La gravedad de la crisis y su masiva afectación al empleo, así como la necesidad de promover reformas estructurales orientadas a facilitar el crecimiento, a medio y largo plazo, explican su alcance. Pero no solo eso, existen problemas estructurales que se arrastran, desde hace décadas, en el funcionamiento de la economía. El diagnóstico de los males del sistema de relaciones laborales existente es compartido por sectores muy diversos de la sociedad, incluido los sindicatos: niveles de desempleo excesivamente altos en las fases alcistas del ciclo, incapacidad para ajustar horas y salario como alternativa al despido, costes excesivos del despido (especialmente para microempresas y PYMES), estancamiento de la productividad del tejido empresarial, falta de inversión en la formación, políticas activas de empleo de escasa calidad, dificultades para la conciliación de la vida familiar y laboral, precariedad en el trabajo, desvinculación de hecho de las prestaciones por desempleo de la formación o recolocación de los desempleados. Toda esta patología constituía, incluso antes de la crisis, un panorama que dibujaba una economía escasamente competitiva en un mundo globalizado que tampoco era capaz de garantizar un Estado del Bienestar dinámico y sólido. Es evidente que todo no depende, exclusivamente, de la configuración legal de las relaciones laborales, pero las mismas pueden ser motor de cambio y mejora, o, por el contrario, de freno o elemento disuasorio para la mejora de la competividad y la productividad. Nuestros socios europeos que mejor han hecho las cosas (Holanda, Dinamarca o Finlandia) así lo han entendido, garantizando su prosperidad y sus altos niveles de protección social, promoviendo cambios profundos en sus regulaciones laborales: contratos de trabajo más flexibles, menor coste del despido o fórmulas para el mantenimiento del empleo como alternativa al despido.

Desde este punto de vista, CiU ha compartido la orientación global de la reforma, como hemos compartido con el PSOE buena parte de las reformas laborales que, sustentadas en ideas similares, impulsó en la pasada legislatura.

Ahora bien, la reforma que estamos tramitando en el Congreso debe ser, necesariamente, corregida en algunos aspectos, mejorada en otros y complementada a través de otros instrumentos.

Corregida en todos los aspectos que generan dudas sobre su encaje constitucional. No podemos permitirnos la frivolidad que, en una cuestión tan trascendente para empresas y trabajadores y fundamental para la credibilidad económica, exista la mera posibilidad de una declaración de inconstitucionalidad. Todo aquello que afecta a las competencias de las CCAA en materia de empleo, al pleno respeto a la autonomía de la negociación colectiva y a la tutela judicial efectiva debe ser escrupulosamente analizado y corregido, si es el caso. El reciente dictamen del Consell de Garanties Estatutàries apunta a cuestiones claves.

Se debe facilitar las soluciones negociadas ante los conflictos existentes en el seno de las empresas, así como, otorgar mayor y mejor seguridad jurídica y certidumbre legal y evitar los abusos que se pueden derivar de una norma no suficientemente acertada.

Además, se ha de complementar con más medidas orientadas a crear empleo a corto plazo. Únicamente, el contrato para las empresas de menos de 50 trabajadores y los incentivos a la contratación de jóvenes poco cualificados, a través del contrato de formación, constituyen medidas que buscan la creación de empleo inmediato. Necesitamos un Plan de Choque para el empleo para estimular la demanda o mejorar la oferta de determinados servicios y sectores que pueden ser intensivos en empleo. No podemos resignarnos ante la destrucción de más de 600.000 empleos este año, como tampoco podemos aceptar el brutal recorte de más de 1.500 millones que los presupuestos proponen para las políticas de empleo que deben facilitar la recolocación de los desempleados. Nadie puede comprender que esta sea la principal política de ahorro del Gobierno del PP. Es incomprensible renunciar a mantener una sólida y robusta política que estimule el reciclaje profesional de los parados de la construcción, que permita el desarrollo de la colaboración público privada en materia de recolocación o la puesta en marcha de innovadoras actuaciones de acompañamiento a los desempleados. El planteamiento del Gobierno debilita enormemente la pata de la “seguridad” de una reforma que afirma inspirarse en la “flexiseguridad”.

Esperemos que el trámite parlamentario en marcha sea útil de verdad.

Carles Campuzano es portavoz de Empleo del Grupo Parlamentario Catalán (CiU) en el Congreso de los Diputados.

La situación del empleo se está deteriorando en Europa y ha dejado de mejorar en muchos otros países …

Durante el año pasado, los mercados de trabajo se vieron afectados por la desaceleración del crecimiento mundial. Un hecho que resulta especialmente problemático si se tiene en cuenta que los mercados laborales no se habían recuperado totalmente de la crisis mundial que estalló en 2008: todavía existe un déficit de aproximadamente 50 millones de empleos en comparación a la situación anterior a la crisis. Es poco probable que durante los próximos dos años la economía mundial crezca a un ritmo suficiente para reducir el actual déficit de empleo, y ofrecer trabajo a más de 80 millones de personas que se calcula que entrarán en el mercado laboral durante este período.

Esta tendencia es particularmente preocupante en Europa, donde la tasa de desempleo aumentó en cerca de dos tercios de estos países desde 2010; pero la recuperación del mercado de trabajo se ha estancado también en otras economías avanzadas como Japón y Estados Unidos. En otras regiones, los progresos en materia de empleo fueron débiles con respecto a las necesidades de una población en edad de trabajar cada vez más numerosa y mejor educada, como en China. Y el déficit de empleo sigue siendo considerable en gran parte de la región árabe y África.

…como resultado, la crisis mundial del empleo ha entrado en una nueva fase, de carácter más estructural.

Esta no es una desaceleración normal del desempleo. Después de cuatro años de crisis mundial, los desequilibrios en el mercado del trabajo son más estructurales, y por lo tanto, más difíciles de erradicar. Ciertos grupos de personas, como los desempleados de larga duración, corren el riesgo de quedar excluidos del mercado laboral. Esto significa que no podrían obtener un nuevo empleo incluso aunque se produzca una fuerte recuperación.

Además, para una parte cada vez mayor de los trabajadores que sí tienen trabajo, el empleo es más inestable o precario. El empleo a tiempo parcial y temporal de carácter involuntario aumentó en dos tercios y en más de la mitad de las economías avanzadas, respectivamente. La proporción de empleo informal permanece alta, y se sitúa en más del 40 por ciento en dos tercios de los países emergentes y en desarrollo para los cuales se dispone de datos. Además, las mujeres y los jóvenes se ven afectados de manera desproporcionada por el desempleo y la precariedad laboral. En concreto, las tasas de desempleo juvenil aumentaron en cerca del 80 por ciento de las economías avanzadas y en dos tercios de las economías en desarrollo.

La inestabilidad laboral es, sobre todo, una tragedia humana para los trabajadores y sus familias; pero además supone un desperdicio de la capacidad productiva, ya que hay una tendencia a perder las competencias como resultado de una rotación excesiva entre empleos y largos períodos de desempleo o inactividad. Una mayor inestabilidad laboral significa, por lo tanto, una productividad más débil en el futuro y menos oportunidades para prosperar y ascender profesionalmente.

El déficit de empleo va de la mano de un déficit prolongado de inversión, otra señal de que la crisis ha entrado en una nueva fase. La cantidad de dinero sin invertir en las cuentas de grandes empresas ha alcanzado niveles sin precedentes. Mientras que, en el caso de las economías avanzadas, las pequeñas empresas siguen teniendo dificultades de acceso al crédito, que les permitiría invertir y crear puestos de trabajo. Es importante destacar que el Informe constata que las inversiones son más volátiles, y que esto ha exacerbado la precariedad del empleo tanto en las economías avanzadas como en las emergentes y en desarrollo.

Por último, la sociedad se está volviendo cada vez más ansiosa ante la falta de trabajos decentes. En 57 de los 106 países, el Índice de Descontento Social, construido a efectos de este Informe, aumentó en 2011 en comparación con 2010. En Europa, Oriente Medio, África del Norte y África Subsahariana se registraron los índices más altos de riesgo de descontento social. En promedio, América Latina – donde ha habido un cierto grado de recuperación del empleo y, en algunos casos, mejoras en la calidad del trabajo – ha experimentado una disminución del riesgo de descontento social.

El deterioro de la situación refleja la trampa de la austeridad en las economías avanzadas, sobre todo en Europa …

Desde 2010, y a pesar de las declaraciones a favor del empleo en las sucesivas reuniones del G20 y otros foros globales, la estrategia política cambió sus prioridades alejándose de la creación y mejora del empleo, y concentrándose en cambio en la reducción de los déficits fiscales a toda costa. En los países europeos, la reducción del déficit fiscal ha sido considerada esencial para calmar los mercados financieros. Pero incluso en países que no han sufrido los efectos de la crisis, esta estrategia está siendo aplicada por razones preventivas, reduciendo los déficits fiscales para evitar cualquier reacción negativa por parte de los mercados financieros. Este enfoque pretendía preparar el camino para mayores inversiones y crecimiento, junto con déficits fiscales inferiores.

Además, como parte del cambio político, la mayoría de las economías avanzadas han flexibilizado las normas del trabajo y debilitado las instituciones del mercado laboral, y además se han anunciado más medidas de liberalización. Estas medidas están siendo adoptadas con la esperanza de que los mercados financieros reaccionen de manera positiva, y así reforzar la confianza, el crecimiento y la creación de empleo.

Sin embargo, estas expectativas no han sido satisfechas. En los países que aplicaron el enfoque de la austeridad y de la liberalización en su mayor extensión, principalmente en los países del sur de Europa, el crecimiento económico y del empleo continuó deteriorándose. Además, en muchos casos, estas medidas también fracasaron a la hora de estabilizar la situación fiscal. La razón fundamental para estos fracasos es que estas políticas – implementadas en un contexto de perspectivas de demanda limitada y con la complicación adicional de un sistema bancario en medio de su proceso de “desapalancamiento” – no tienen la capacidad de estimular la inversión privada. La trampa de la austeridad se está accionando. La austeridad, en efecto, ha producido un crecimiento económico más débil, incrementado la volatilidad y empeorando el balance financiero de los bancos ocasionando una mayor contracción del crédito, menores inversiones y, en consecuencia, mayores pérdidas de empleos. Paradójicamente esto ha afectado de manera negativa a los presupuestos de los gobiernos y, por lo tanto, ha aumentado las exigencias de mayor austeridad. La realidad es que ha habido pocos progresos en los déficit fiscales de los países que aplicaron enérgicamente las políticas de austeridad.

En relación a las políticas de liberalización, el Informe señala que fracasarán en el objetivo de impulsar el crecimiento y el empleo a corto plazo, el horizonte temporal clave en una situación de crisis. De hecho, los efectos de las reformas de los mercados laborales en el empleo dependen en gran medida del ciclo coyuntural. Ante una recesión, normas menos rígidas pueden dar lugar a más despidos sin apoyar la creación de empleo. Del mismo modo, un debilitamiento de la negociación colectiva es probable que genere una espiral descendente de los salarios y, por consiguiente, retrase aún más la recuperación.

En general, el Informe confirma las conclusiones de estudios anteriores que muestran que no existe una relación evidente entre las reformas del mercado laboral y los niveles de empleo. De manera interesante, dentro del rango en el cual la mayoría de los países se encuentran, regulaciones laborales adecuadas tienden a estar relacionadas positivamente con el empleo. Y lo que es más importante, las regulaciones laborales mal diseñadas pueden afectar negativamente al funcionamiento del mercado laboral. En estos casos hay motivos para considerar reformas como parte del diálogo social y adoptadas conjuntamente con medidas de protección social. Esta política ha sido aplicada con éxito en el pasado reciente en países como Austria y Brasil.

… pero se está extendiendo a otros paíes.

Muchos países emergentes y en desarrollo adoptaron la estrategia de estimular la demanda interna con el objetivo de compensar las débiles perspectivas de exportación a las economías avanzadas. Existen señales de que en algunos de estos países, como India, América Latina, Sudáfrica y, más recientemente, China, los salarios han aumentado para recuperar terreno en relación a la productividad. La inversión pública y la protección social también fueron fortalecidas y la integración regional ha demostrado ser favorable en este sentido.

No obstante, incluso en estos países, los mercados laborales y las inversiones reales no son inmunes al debilitamiento económico mundial. Los flujos volátiles de capital también han agravado la inestabilidad de la economía real y la posibilidad de crear mejores empleos.

Por lo tanto, es crucial insistir en el enfoque actual de estimular la demanda interna, asociado con una mejor aplicación de las normas fundamentales del trabajo y medidas para evitar flujos de capital desestabilizadores.

Existe un enfoque alternativo …

Es posible escapar de la trampa de la austeridad. El Informe sobre el Trabajo en el Mundo del año pasado presentaba un enfoque triple, que se mantiene vigente. Primero, las instituciones del mercado laboral deberían fortalecerse de manera que los salarios crezcan al mismo ritmo que la productividad, comenzando en los países con superávit. En la situación actual, es necesario tener en cuenta un aumento riguroso y coordinado del salario mínimo. También podrían ser útiles mayores esfuerzos para implementar las normas fundamentales del trabajo, sobre todo en los países emergentes y en desarrollo donde existen problemas. La ratificación de los Convenios fundamentales de la OIT por parte de todos los países del G20 daría una señal positiva en este sentido.

Segundo, es esencial reanudar el acceso al crédito y crear un ambiente empresarial más favorable para las pequeñas empresas. Esto es particularmente urgente en los países de la zona Euro, donde la política del Banco Central de ofrecer liquidez a los bancos ha fracaso a la hora de incentivar el crédito destinado a la economía real. Podría también ser necesaria una imposición más alta para las empresas que no reinvierten sus ganancias, y/o una imposición menor para aquellas empresas que dan prioridad a las inversiones y a la creación de empleo.

Tercero, es posible promover el empleo y al mismo tiempo cumplir con los objetivos fiscales. El Informe demuestra que un cambio neutral desde el punto de vista fiscal en la composición de los gastos y los ingresos crearía entre 1,8 y 2,1 millones de empleos en un plazo de 1 a 2 años. En el caso de los países emergentes y en desarrollo, los esfuerzos deberían concentrarse en la inversión pública y en la reducción de la pobreza y las desigualdades de los ingresos y en estimular la demanda agregada. En las economías avanzadas, la prioridad deberían ser las personas desempleadas, especialmente los jóvenes, a fin de garantizar que reciban el apoyo adecuado para encontrar nuevos empleos.

Ante todo, es el momento de avanzar hacia una estrategia orientada hacia el crecimiento y hacia el empleo. Esto ayudaría a coordinar las políticas y a evitar el contagio ocasionado por la austeridad fiscal. En Europa, la estrategia podría incluir un enfoque coordinado a fin de solucionar la crisis de la deuda, para lo cual unos mecanismos de financiación innovadores y una mejor utilización de los Fondos Estructurales Europeos – adecuadamente reformados para enfrentar mejor el problema – podrían ser instrumentos fundamentales.

… que requiere adoptar la idea de que las políticas que favorecen el empleo tienen un efecto positivo en la economía y que la voz de las finanzas no debería guiar la toma de decisiones.

La explicación del actual enfoque político es la premisa de que el crecimiento es el resultado de la austeridad y que los empleos, en cambio, son una consecuencia del crecimiento. Por ello, los mayores esfuerzos hasta la fecha se han concentrado en reducir los déficits y restablecer el crecimiento mundial hacia valores positivos con la creencia de que, en lo sucesivo, producirá la creación de empleos. Como consecuencia, los esfuerzos más directos para estimular la creación de empleo y potenciar los ingresos de los más vulnerables a la crisis han tenido una importancia secundaria.

Puesto que ahora existen indicios de que estas premisas han demostrado ser contraproducentes, es esencial progresar con la alternativa, es decir, un enfoque centrado en el empleo, tal y como se describió anteriormente. Además es importante nutrir este enfoque alternativo con ejemplos concretos de políticas que funcionan, para lo cual la OIT ha desempeñado un papel fundamental a través de la adopción del Pacto Mundial para el Empleo y podría contribuir aún más como foro de análisis de políticas.

Otro factor en juego es el desequilibrio entre la voz de la economía real y la del sector financiero. Ambas son importantes y ambas necesitan ser escuchadas. Para subsanar esto, primero debería prestarse atención a la creación de observatorios sociales y del empleo a nivel nacional. Esta medida puede ayudar a identificar un límite máximo de desempleo que de ser superado serían necesarias nuevas medidas, de manera muy similar a los objetivos de inflación. Esta tarea podría ser facilitada gracias al establecimiento de observatorios independientes y fiables a fin de supervisar y anticipar tendencias en el mercado laboral, que podrían ser responsables de presentar evaluaciones independientes del impacto sobre el empleo de las propuestas políticas. Su misión sería advertir a los gobiernos contra la adopción o continuación de políticas que no tienen probabilidades de alcanzar los objetivos de desempleo.

Segundo, existen argumentos sólidos para establecer foros de consulta nacionales, donde se discutan las políticas económicas y sociales por los gobiernos y los interlocutores sociales. Si bien los resultados no serían vinculantes, este tipo de consultas pueden ofrecer a los gobiernos información importante sobre la situación actual del mercado laboral y una perspectiva del desempleo. El foro podría también desempeñar un papel central en colaborar y consultar con el observatorio o agencia nacional creada para supervisar y evaluar la evolución del mercado laboral y el impacto de las políticas.

Finalmente, los esfuerzos nacionales para pasar a políticas que garantizarán niveles de empleo más altos se verán facilitados en gran medida por las reformas en la gobernanza de la economía mundial. El objetivo principal de esta reforma es ofrecer un nivel alto y estable de demanda efectiva en la economía mundial. Esto implicaría (i) garantizar una coordinación global eficaz de las políticas económicas para eliminar políticas del tipo “molestar a mi vecino” que conducen a desequilibrios mundiales y cohíben el potencial de crecimiento; (ii) eliminar la amenaza constante a la estabilidad económica mundial provocada por los flujos financieros transfronterizos volátiles y no regulados; y (iii) desarrollar políticas macroeconómicas coordinadas para hacer frente a futuras crisis económicas.

En pocas palabras, el Informe exhorta a los países a instaurar las condiciones necesarias para preparar un cambio drástico en el actual enfoque político. Destaca la necesidad de un enfoque que reconozca la importancia de colocar el empleo entre las prioridades de la agenda política y la necesidad de coherencia entre las políticas macroeconómicas, sociales y del empleo. Esto requiere cambios significativos en la gobernanza interna y mundial, lo que supone una labor compleja. Aunque la tarea es exigente, los avances en esa dirección serán premiados con mejores perspectivas de empleo y una economía más eficiente.

Raymond Torres, economista, es Director del Instituto Internacional de Estudios Laborales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El presente artículo es el prólogo del Informe sobre el trabajo en el mundo 2012, cuya versión inglesa puede consultarse en http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—dgreports/—dcomm/documents/publication/wcms_179453.pdf

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—dgreports/—dcomm/documents/publication/wcms_179553.pdf

En una semana se han producido dos noticias referentes al mercado laboral. Primeramente y de acuerdo con la información disponible por los servicios públicos de empleo, en el mes de abril, tras ocho meses consecutivos de aumento, el desempleo, aunque menos que el pasado ejercicio, disminuye en 6.632 personas (-0,14%), con un incremento interanual del 11,1%.

En segundo lugar, los datos de la encuesta de población activa (EPA), correspondientes al primer trimestre de 2012, indica un descenso en la tasa interanual del empleo del -3,9%. Esta evolución viene a reflejar un deterioro generalizado, en términos interanuales, por ramas de actividad, más acusado en construcción, que continúa siendo la rama con las mayores caídas de empleo (-20,5%), y en las ramas de servicios, en concreto comercio y hostelería, con una pérdida de más de 120.000 empleos entre ambas. Como resultado, la tasa de paro, en el primer trimestre de este año, alcanza la cifra del 24,4%.

Nuestro mercado laboral presenta grandes desigualdades. El primero de todos ellos es el de los jóvenes. A los problemas antiguos de inserción hay que añadir los nuevos problemas consecuencia de la crisis económica que los sitúa en peor posición que el resto de colectivos. Hay más jóvenes sin trabajo que trabajando. En concreto, su tasa de paro (52%) es la más elevada entre los países miembros de la OCDE. Y entre los jóvenes también existen desigualdades entre los que tienen estudios y los que no tienen estudios, ya que los datos demuestran que a mayor cualificación y preparación formativa, menor es la tasa de desempleo.

Por otra parte, las desigualdades entre hombres y mujeres en el mercado laboral no se traduce en términos de paro (las tasas de desempleo casi son semejantes), sino más bien en el empleo. La participación de las mujeres en el mercado laboral es muy inferior a la de los hombres. Así, la tasa de empleo de las mujeres (proporción de mujeres ocupando un puesto de trabajo) se sitúa en más de 10 puntos porcentuales por debajo de la tasa de los varones, lo que se traduce en que de cada diez mujeres en edad de trabajar solo cuatro están empleadas. Pero la mayor desigualdad se manifiesta en materia de remuneración: sus salarios son bastantes inferiores a los de los hombres. La discriminación salarial femenina no se explica solo por diferencias estructurales de cualificación, sector de actividad o de antigüedad, sino también por las características propias de los modelos sociales aplicados por cada país.

Por último, otro de los colectivos más afectados por la desigualdad se refiere al de los inmigrantes que acumulan las desventajas de una formación insuficiente y una integración inacabada en los países de acogida. De este modo, todos los países de la OCDE, incluso los países con fuerte tradición y más abiertos a las migraciones, presentan idénticas características. Así, en los países de la OCDE, la tasa del paro de los inmigrantes es el doble que la de los autóctonos. En el caso concreto de España, la tasa de desempleo de los nativos es del 22,2%, frente a cerca del 37% de la población extranjera.

Ante la amplitud de desafíos que presenta nuestra sociedad, se puede considerar que el mayor de todos ellos es el de los jóvenes: es el más castigado por la crisis en nuestro mercado laboral. La probabilidad para un joven de encontrar un empleo es muy escasa. Además, los jóvenes se encuentran mayoritariamente representados con contratos inestables y empleos de mala calidad.

Por su parte, el rigor presupuestario contribuye a amplificar esta lacra social, lo cual no es una sorpresa. La austeridad es necesaria, pero no suficiente. Un informe reciente de London School of Economics concluye que los costes son múltiples: financieros (prestaciones económicas por desempleo y pérdida de competitividad) y sociales para el conjunto de la sociedad.

Es urgente y necesario elevar sus tasas de empleo para reforzar el potencial de crecimiento económico, pero también para mejorar la cohesión social. Los jóvenes no pueden quedar excluidos del mercado laboral y, por ello, deben constituir la prioridad de las políticas de empleo. Si los jóvenes no encuentran trabajo nuestro país tiene un problema muy grave ya que las cicatrices producidas por el desempleo de los jóvenes no se curarán fácilmente.

Vicente Castelló Roselló. Profesor Universidad Jaume I de Castellón.

Opinión

Hoy el gran derecho que defender no es el cómo trabajar, sino conseguir conjugar el verbo trabajar

Hoy celebramos el día del Trabajador en plena vorágine de datos fulminantes sobre el paro, con la cifra de los cinco millones desbocada hacia los seis. Es decir, lo más importante no son los derechos laborales que reivindicaremos, como ha sido tradicional desde que los mártires de Chicago murieron por defender las ocho horas. Hoy el gran derecho por defender no es el cómo trabajar, sino conseguir conjugar el verbo desnudo de todo complemento. El derecho a trabajar se ha convertido en el grito más trágico, y es ahí donde debe colocarse el foco de preocupación. Es decir, hoy no puede celebrarse el día del Trabajador, sino que se celebra, por encima de todo, el día del Trabajo, porque el Perogrullo es rotundo: sin trabajo, no hay trabajador. Decir esto puede sonar a obviedad, y, sin embargo, esta obviedad no es tan obvia cuando las partes se sientan a negociar el mercado laboral.

¿Tiene claro el Gobierno que su máxima prioridad debe ser reducir la cifra del paro? Porque no lo parece, más preocupado por atender las exigencias sobre el déficit y parecer un pequeña Merkel a la castiza. Sin embargo, y con todo el ruido sobre austeridad y recortes, aún no conozco ningún plan integral de promoción del empleo, más allá de dar amnistías fiscales a las grandes fortunas, continuar derrochando dinero con vías de AVE, ahogar motores económicos como Catalunya y alegrar a las comadres del liberalismo más extremo. No parece, pues, que el Ejecutivo tenga como preocupación el paro, y si la tiene, no se nota.

¿Tiene claro la patronal que también esa debe ser su máxima prioridad? No lo parece, a tenor de unos planteamientos que, con la necesidad real de flexibilizar el mercado laboral, aprovechan el Pisuerga para dejar en los huesos los derechos laborales. Y ese no era el viaje, y si lo es, han hecho trampa. Porque una cosa es tener un mercado laboral ultraproteccionista que debe ser agilizado para ayudar a crear puestos de trabajo y otra muy distinta es usar la crisis para desmontar el sistema al completo y aterrizar en la barra salvaje del despido libre. Puede que crean que eso beneficia sus intereses, pero difícilmente un mercado depredador ayudará también a los intereses de los trabajadores.

Y finalmente, ¿tienen claro los sindicatos que el paro debe ser su absoluta prioridad? Tampoco lo parece, porque hace tiempo que los sindicatos se dedican a defender el trabajo de los que lo tienen, con especial atención al trabajo funcionarial, el único que no puede perderse. Tampoco los sindicatos, convertidos en entes endogámicos, ponen en el centro de atención el drama del paro. Lo cual, sumado a tres bandas, es desolador, porque nadie está, realmente, priorizando lo más urgente. Por ello celebrar el día del Trabajador en un país de seis millones de parados es un monumento al cinismo. O a la incompetencia, que viene a ser lo mismo.

EL RUIDO DE LA CALLE

El Gobierno y los sindicatos coinciden en el diagnóstico (situación límite, precipicio, abismo, situación de emergencia) pero no en la terapia. Como siempre que en España estalla una crisis, los unos escuchan a los otros sin oírse, la incomunicación se traslada a la calle o a las redes y ya no se contesta al adversario, se le insulta. Hace un año, o así, José María Aznar ya anunció, adelantándose a los hechos: vivimos en una situación límite. Desde que viaja a Israel ha aprendido a hacer profecías y a usar el shofar, esa trompeta para derrumbar murallas que aparece tantas veces en la Biblia y que se fabricaba de cuerno de carnero, de cabra o de gacela. Aznar, como Jehová, es muy de trompetas y shofares y a veces acierta.

También atinaban los dirigentes de los sindicatos, en plan Jeremías, cuando hace unas horas han informado así: vivimos una situación de emergencia cercana a la confrontación social, los españoles se encuentran abatidos y desmoralizados. Unos y otros descubren una España casi estrangulada por la deuda masiva y la duda en la solvencia de los bancos. Mientras, vamos a toda máquina en un tren cuya locomotora conducen maquinistas chinos, las revisoras son alemanas, los salteadores buitres y vamos todos agrupados hacia el abismo final.

Hoy, Primero de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Los que aún tienen coraje para manifestarse entre Neptuno y Sol, se preguntarán qué pueden hacer. No tienen nada que ver con aquellos mineros, impresores, carpinteros de ribera, que se manifestaron por la reducción de las horas de trabajo. Los más conscientes honrarán a los mártires de Chicago, ahorcados porque, según el gran jurado, se proponían destruir el orden por medio de la dinamita el Primero de Mayo. «Al dirigirme a este tribunal», dijo uno de los mártires, «lo hago como representante de los de otra clase enemiga y empezaré con las mismas palabras con las que inició su discurso un veneciano hace cinco siglos ante el Consejo de los Diez. Mi defensa es vuestra acusación; mis pretendidos crímenes son vuestros».

La lucha por los tres ochos. Quién los pillara. Ahora no se explota con los telares o las minas. Se especula con dinero, que hace más dinero, se presta aunque no exista y se recupera como si existiera. Quién pillara la tarántula o el topo. Digo tarántula porque, cuando los de Chicago, un periódico escribió: «El elemento laboral ha sido picado por una tarántula universal y se ha vuelto loco de remate». Digo topo por la imagen hamletiana de El Viejo Topo que rápido escarbaba, el viejo zapador que asomaba su hocico en cualquier lucha del mundo.

Los trabajadores desfilan sin topo ni tarántula, sin héroes, con el sabor amargo de lo imposible, lejos de aquella fraternidad universal donde se encendía la solidaridad como el fuego.

La pregunta que da título a este artículo puede parecer del todo ridícula para cualquier lector de esta publicación mínimamente informado sobre la historia del movimiento obrero bajo la dictadura franquista. Sin embargo, por increíble que parezca, el discurso antisindical -que afirma que los sindicatos han heredado del franquismo una posición privilegiada en la sociedad, cuyo precio lo pagan millones de parados condenados  a permanecer excluidos del mercado laboral en democracia-, se halla fuertemente arraigado en la cultura política popular de la derecha española. Esta cultura ha salido a relucir recientemente con los mensajes públicos que lanzaban numerosas autoridades políticas del PP con ocasión de la última reforma laboral y la huelga general.

En unas recientes declaraciones en apoyo a la reforma laboral del PP, Esperanza Aguirre, por ejemplo, afirmaba que la reforma acababa con “el marco franquista” de relaciones laborales, y acusaba a los sindicatos de defender políticas “anticuadas, reaccionarias y antisociales”.

Nada refleja mejor esta concepción del mundo que un reciente artículo, en inglés, para Bloomberg de Ana Palacio. En él, la ex ministra de exteriores de Aznar y ex vicepresidenta del Banco Mundial, le explicaba a un público internacional cuál había sido, según ella, la verdadera condición de privilegio en la que vivían los trabajadores y los sindicatos bajo Franco mediante afirmaciones como ésta:

“La legislación laboral franquista ofrecía a los trabajadores una seguridad laboral de hierro y unos fuertes derechos de negociación colectiva. Estos eran elementos críticos de los sistemas de bienestar que fueron adoptados por regímenes fascistas o nacional socialistas que intentaban preservar la armonía social en Europa en ausencia de la democracia. Cambiar estos elementos ha sido una prueba crítica de la madurez de la democracia española desde su establecimiento en 1977 y los gobiernos sucesivos han fracasado en este intento. Al contrario de lo que se podría esperar, ha sido la izquierda política la que se ha opuesto más a cambiar leyes que fueron adoptadas bajo la dictadura fascista de Franco” (1).

Si uno tuviese que basar su conocimiento de la historia de la Europa de posguerra en esta especie de “Cuéntame como fue” surrealista de la derecha española, podría llegar a pensar que el estado de bienestar en realidad lo inventó el fascismo. Que en los verdaderos estados de bienestar que se establecieron en las democracias de posguerra, en países como la Alemania Federal, Gran Bretaña, Francia o Italia, reinaba el despido libre, no existía la negociación colectiva y los sindicatos no jugaban ningún papel relevante, mientras que en la España de Franco sucedía todo lo contrario. Por lo visto, en el ideario político de Ana Palacio solo los regímenes fascistas promueven “seguridad en el empleo” y “sistemas de bienestar”, mientras que “democracia” debería de ser sinónimo de despido libre y libertad de contratación.

En realidad, este relato revisionista de la derecha española se apoya en una selección interesada de ciertos elementos históricos de las relaciones laborales durante un período concreto del Franquismo para tergiversarlos de manera interesada. El marco de relaciones laborales franquista no fue homogéneo durante los casi cuarenta largos años de dictadura, y con el paso del periodo autárquico al periodo de liberalización económica bajo el Plan de Estabilización, a finales de los años cincuenta, estas relaciones sufrieron importantes transformaciones.

En 1958 el régimen de Franco promulgó la famosa “ley de convenios colectivos” que rompía con la centralización estatal de las condiciones laborales existente bajo el periodo de autarquía. Esta ley sentó una de las bases para la liberalización de la economía bajo el plan de estabilización. Al contrario de lo que predica Ana Palacio, en aquel contexto histórico, el marco de relaciones laborales regido por convenios colectivos fue introducido por el franquismo precisamente para facilitar la liberalización de la economía.

Sin embargo, los convenios colectivos fueron introducidos por el franquismo en un marco en el que la representación sindical estaba monopolizada oficialmente por la Organización Sindical Española (OSE), Sindicato Vertical que integraba tanto a patronos como a obreros en un mismo sindicato controlado por el estado o, en el caso de muchas empresas, por los propios patronos. Los convenios colectivos se introdujeron para descentralizar la fijación de los salarios y los horarios de trabajo y adecuarlos mejor a las condiciones productivas de las empresas. En realidad, un paso en la misma dirección en la que ahora quiere avanzar el PP, descentralizando la negociación colectiva aún más para dar más peso a los convenios de empresa.

Lo que Ana Palacio, por supuesto, olvida convenientemente de decir en su artículo es que este “fantástico” marco de negociación colectiva franquista excluía la libertad sindical, la representación independiente de los intereses de los trabajadores gracias a esa libertad sindical y la libertad de huelga.  Puede que yo no haya recibido una educación política tan sofisticada como la de Ana Palacio, pero la pretendida validez de cualquier concepto de “negociación colectiva”  sin libertad sindical y de huelga se me antoja cuanto menos surrealista.

Ana Palacio dice también en su artículo de Bloomberg:

“El bando franquista introdujo los fundamentos de la legislación laboral actual en 1938. Esa legislación estaba influida por la Carta del Lavoro de Mussolini y fue complementada con revisiones en los años cuarenta, sesenta y en los setenta. Gran parte de esa legislación se mantiene en vigor hoy.”

Ana Palacio se refiere aquí al Fuero del Trabajo de 1938, de inspiración fascista y falangista, que se convirtió en una de las ocho leyes fundamentales del franquismo. Pero se olvida de mencionar que esta ley fue derogada con la entrada en vigor de la Constitución democrática de 1978. Tampoco menciona que el Estatuto de los Trabajadores de 1995 reemplazó la legislación laboral franquista remanente.

La legislación laboral de la democracia esta fundada sobre la Constitución de 1978, que en su artículo 28 protege la libertad sindical y el derecho de huelga: “Todos tienen derecho a sindicarse libremente. (…) La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato. (…) Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses.”

El artículo 2 del capitulo XI del Fuero del Trabajo franquista, sin embargo, tenía esto que decir sobre actos como el derecho de huelga: “2.- Los actos ilegales, individuales o colectivos, que perturben de manera grave la producción o atenten contra ella, serán sancionados con arreglo a las leyes.”

Asimismo, todo el Capitulo XIII del Fuero del Trabajo franquista se basaba en la negación de la libertad sindical, al obligar explícitamente a los trabajadores a encuadrarse en un solo sindicato controlado por el estado, la Organización Sindical, junto a los empresarios.

Por lo tanto, es ridículo afirmar, como hace Ana Palacio, que una legislación laboral basada en la libertad sindical y el derecho de huelga esta fundamentada en otra cuyos principios fundamentales niegan estas dos libertades esenciales para el ejercicio del derecho de los trabajadores a defender sus intereses.

A propósito de la “seguridad laboral de hierro” que según Ana Palacio ofrecía el franquismo a los trabajadores: esa “seguridad” en realidad desaparecía en dos minutos cuando se trataba de despedir o encarcelar a trabajadores que se atrevían a protestar por sus condiciones de trabajo. Cárcel, despido libre y despido exprés era lo que ofrecía también el marco laboral franquista a los enlaces sindicales infiltrados en el Sindicato Vertical por unas Comisiones Obreras (CC OO), situadas primero fuera de la legalidad y más tarde declaradas explícitamente ilegales por el franquismo, cada vez que esos delegados eran elegidos por los trabajadores para negociar en favor de sus intereses los convenios colectivos. Es decir, que cuando los trabajadores se atrevían a negociar verdaderamente sus convenios, la libertad de despido del mercado de trabajo franquista funcionaba repentinamente de manera bien “flexible”, mucho más que bajo la democracia actual.

Ana Palacio tampoco menciona que aunque hubiese convenios colectivos bajo el franquismo, cuando el gobierno de la dictadura consideraba que los trabajadores intentaban aprovecharse de su marco de negociación colectiva para verdaderamente defender sus intereses, a menudo anulaba los acuerdos alcanzados mediante las llamadas “Normas de Obligado Cumplimiento (NOC)”, que imponía el gobierno sobre lo negociado en el convenio. Estas NOCs fueron aumentando en frecuencia según iba avanzando el movimiento obrero ilegal, pero independiente, de CC OO que conseguía imponerle a los empresarios convenios mas favorables para los trabajadores. Cuando esto sucedía, el gobierno y el Sindicato Vertical simplemente encarcelaban o despedían a todos los enlaces ilegales de CC OO e imponía sus NOC.

Por ejemplo, después de la oleada huelgistica de 1967, y de los avances de CC OO en la elecciones sindicales de ese año, la represión franquista contra los trabajadores volvió a sus andadas y según el historiador Álvaro Soto Carmona:

“Desde 1969 la represión fue en aumento y era frecuente la detención de los cargos sindicales cuando se producía una huelga en la fábrica que los había elegido. Entre octubre de 1971 y diciembre de 1972 fueron dados de baja por «extinción de contratos» más de diecisiete mil enlaces; renunciaron más de seiscientos y fueron desposeídos de sus cargos veinticinco. En ocasiones los trabajadores denunciaron la represión ante la OIT” (2).

En realidad el mercado laboral franquista era mucho más flexible de lo que se imagina Ana Palacio cuando de lo que se trataba era de despedir a trabajadores que intentaban mejorar sus condiciones de trabajo.

Pero después de todo esto, lo que a uno realmente le entran ganas de preguntar es donde estaban Ana Palacio y sus amigos del PP en 1973 durante el proceso 1.001, abierto por el franquismo contra la cúpula sindical clandestina de CC OO, o cuando ametrallaban a los trabajadores a la salida de una asamblea en la  iglesia de San Francisco en marzo de 1976 en Vitoria. ¿Dónde estaban ellos en julio de 1970 cuando la policía franquista asesinaba a tiros a tres trabajadores huelguistas en Granada porque los trabajadores de la construcción se movilizaban para negociar un convenio? ¿Dónde estaban en marzo de 1971 cuando la policía franquista asesinaba a tiros a dos trabajadores huelguistas de CC OO en el Ferrol, delante del actual secretario confederal de CC OO? ¿Dónde estaban ellos cuando se sucedían las palizas y los asesinatos que sufrían los trabajadores cada vez que se les ocurría reclamar algo?  Quizás estos son los auténticos ejemplos de “lo bien” que se llevaba la negociación colectiva y el marco de relaciones laborales bajo el régimen franquista, que a Ana Palacio y al PP no le interesen hoy recordar.

NOTAS:  (1) Ana Palacio, “Spain’s Wilting Economy Still Held in Franco’s Grip”, Bloomberg, 17 de abril, 2012 http://www.bloomberg.com/news/2012-04-17/spain-s-wilting-economy-still-held-in-franco-s-grip.html (2) Álvaro Soto Carmona “No todo fue igual. Cambios en las relaciones laborales, trabajo y nivel de vida de los Españoles: 1958-1975″ http://www.vientosur.info/documentos/Relaciones%20laborales%20bajo%20el%20Franquismo.pdf

Alvaro Rein es un analista económico que colabora habitualmente en Sin Permiso con artículos sobre los mercados financieros, la UE y China.

www.sinpermiso.info, 29 abril 2012

SABATINAS INTEMPESTIVAS

Creo que en toda mi infancia no alcancé a ver un chino de verdad. El único chino con el que estábamos familiarizados todos los chavales del colegio era un tipo odioso que tenía por mal nombre Fu-Man-Chú, y que protagonizaba unas películas en blanco y negro, horrorosamente malas. Las ponían con frecuencia los domingos por la mañana, después de la misa, y hacían las veces de introducción a la película principal, una especie de No-Do sobre la perversidad oriental. Como formábamos un rebaño hirsuto en espera de un destino en lo universal y nunca se sabía qué cinta iban a proyectar hasta que empezaba, la aparición de Fu-Man-Chú nos proveía de un recurso excelente para patear y dar gritos hasta que terminaba la proyección. No duraba mucho; apenas una sesión de calentamiento.

Dudo que en Asturias hubiera algún chino, porque lo primero es que habría sido conocido como “El Chino”, y puedo asegurar que tal palabra no salió nunca de mi boca. Todos los años, en septiembre, aparecía el Teatro Chino de Manolita Chen, pero en aquel espectáculo no había más que residentes del “barrio chino” de Barcelona, autóctonos. Los primeros asiáticos supuestos que poblaron nuestra infancia astur eran coreanos; y así los contemplábamos, creyendo que se trataba de habitantes de Corea, península de la que habíamos oído –sin preguntar, porque nuestra infancia fue una larga etapa sin preguntas– que hubo una guerra, sin saber a ciencia cierta si seguía o había terminado, pero donde estaban los norteamericanos, que eran la hostia matando “chinitos”, según garantizaban los tebeos de aventuras, que entonces no se llamaban cómics. No recuerdo que se hicieran distingos entre chinos y coreanos, todos perversos.

Pero los “coreanos” de Asturias tenían la tez oscura y más cuando salían de trabajar en los Altos Hornos de Ensidesa, por lo que con el tiempo descubrimos que setrataba de obreros que no venían de Oriente sino del Sur de España, pero no teníamos ningún trato con ellos. Nos limitábamos a mirarlos cuando caminaban con sus cestos de mimbre en forma de caja y unos pantalones de pana color parduzco. De haber visto chinos de verdad por aquella época nos hubiéramos quedado contemplándolos con la misma fascinación que teníamos por las huchas con cabeza de chino. En todos los colegios, escuelas, iglesias, había en permanente exposición unas huchas que pretendían representar “un chino”, incluso con sombrero chino y una raja en la cresta por donde se metían las monedas. “Para los chinitos”. No conozco a nadie que osara preguntar de qué chinitos se trataba y estaba fuera de nuestro alcance civilizatorio saber de la existencia de Mao-Tse-Tung y aún menos de algo parecido a la República Popular China. Eso sí, dábamos en las clases de geografía una isla que se llamaba Formosa, pero no pasábamos de ahí.

Como no se podía preguntar nada sin arriesgarse a un trompazo, nos hacíamos entre nosotros cábalas a propósito “del papel de plata”, pero nunca llegamos a planteárselo abiertamente a nadie. “El papel de plata para los chinitos” es uno de los secretos nunca desvelados de nuestra infancia.Aún desconozco qué demonios significaba, pero sí recuerdo concienzudamente en qué consistía. Se trataba de que los niños fuéramos haciendo bolas, cuanto más grandes mejor, de “papel de plata”, que así denominábamos al papel de aluminio con el que se envolvían chocolatinas y alguna otra golosina.Como se disfrutaban muy de tarde en tarde, apenas si lográbamos que la bola de plata fuera más grande que una canica. Pero ¿para qué carajo querían el “papel de plata” y por qué se decía que era para “los chinitos”?, es asunto que aún está por dilucidar.

Entonces trabajaba los sábados prácticamente todo el mundo, incluso en los colegios e institutos. En algunos casos quedaban las tardes sabatinas libres, tiempo que dedicaban los mayores a comprar. Hasta bien entrados los años setenta del pasado siglo, el día por excelencia de compra en el mercado, y me estoy refiriendo ya a Madrid, eran los sábados por la tarde. Los bares, por norma, no solían cerrar ningún día de la semana y se podía desayunar a las siete de la mañana sin necesidad de recorrer toda la ciudad. Las tiendas de ultramarinos prácticamente estaban abiertas todos los días, mañana y tarde. Incluso los domingos había siempre alguna ama de casa olvidadiza que visitaba la casa de los dueños de la tienda –solían vivir encima del negocio– para proveerse de azúcar, harina o huevos; lo más solicitado.

La aparición del supermercado fue una conmoción en la vida urbana de provincias. Significaba muchas cosas, y la más importante es que era posible elegir; primer síntoma de la abundancia. Antes el que escogía era el tendero, ahora lo hacía el comprador. Se ganaba tiempo, entre otras muchas cosas. El comercio es un elemento decisivo de civilización y sólo somos conscientes de él cuando falta o se limita. No olvidaré nunca una visita invernal a Nizhni Nóvgorod, la gran ciudad rusa donde se une el Oka con el Volga, la que había sido el gran mercado entre Oriente y Occidente, convertida en un decorado de ruinas desvencijadas. Malditos tiempos los nuestros, donde el único mercado del que se habla se reduce a la cristalización de una estafa.

He vivido en una pequeña ciudad de provincias la aparición del primer semáforo –rojo y verde, no había entonces posibilidad del amarillo–, la sustitución de las ruedas de carro metálicas por otras recubiertas de goma y luego el fin de los carros, el reparto de leche diario de las lecheras, la vida antes de que aparecieran los frigoríficos, las casas con inodoro pero sin ducha, los rituales de bañarse en grandes barreños de agua caliente, la corriente a 125, la cocina de carbón, el valor del pan, las repeticiones de las cenas “de invierno” y luego las “de verano”, la obsesión por el ahorro, y el “nunca tirar nada” que convertía las habitaciones en anticuarios de chamarilería. Ocurrió hace menos de 50 años.

Ninguna nostalgia, pero tampoco olvido y menos aún vergüenza. En este país hay gente que trabajó mucho. También hay gente que no trabajó nunca. Aún hace 40 años los obreros españoles llenaban por millares barracones inmundos en Alemania; recuerdo los cercanos a Mannheim. Se iban reformando las chabolas de Madrid y Barcelona, gracias a los geranios. Había un barrio en Bruselas donde se establecían los asturianos y buen parte de los letreros de las tiendas y bares imitaban los de Turón o Mieres. El triple salto mortal de la nada a la miseria se podría ilustrar sencillamente con la gastronomía. Ningún otro sitio, ni siquiera la banca, muestra tal colección de cucañeros. ¡Qué lenguajes, qué estilos, qué dominio de la jerga!

Ahora que viene un puente festivo que coincide con el día de la leyenda obrera, sería bueno un apunte, casi nada, bastaría con un esquemita en la pizarra, ni siquiera exhibir un PowerPoint. ¿Cómo se fue muriendo la clase obrera, entre el orgullo y el suicidio? ¡Intocable! ¿Cuánta gente, y no precisamente sindicalistas, viven de eso? Mientras exista el mito, importa un carajo que cada cual robe o estafe. Cuando el gran Solchaga, hoy asentado financiero, al que conocí de asesor de UGT en Vizcaya, explicó que España era un sitio ideal para hacerse rico, estaba demostrando que la vía más rápida para consolidar la industria y el trabajo y el Estado de bienestar se reducía a escapar de él a la primera oportunidad. Abandonar una clase social es la mejor manera de superarla. De seguro que Marx lo debía tener tan claro que por eso buscó, sin éxito, un buen porvenir para sus hijas.

Ese chino que abre su tienda tantas horas como le dejen, que tiene atados al comercio a hijos, parientes y amigos de la aldea. El que ha tomado un bar gallego o catalán sin cambiar ni los carteles para evitar que se desconcierte la clientela, donde se apaña con el pulpo a feira, las paellas y los cafés cortados. Ese chino somos nosotros hace unas décadas. Un respeto.

ANÁLISIS DE ACTUALIDAD

Según la Encuesta de Población Activa (EPA), publicada ayer, durante el primer trimestre de 2012 el número de desempleados aumentó en 365.900 personas, por lo que el número de parados supera ya los 5,6 millones. Estos datos son un poco peores que los registrados en las Oficinas de Empleo, que muestran un aumento de 330.000 en el primer trimestre. Según la EPA, la tasa de desempleo subió también, situándose en el 24,4%, tres puntos más que hace un año. Es la tasa de paro más alta de la historia de España si exceptuamos el primer trimestre de 1994, en que se alcanzó el 24,6%. A esta mala noticia se une otra todavía peor: la economía española destruyó en el trimestre más de 374.000 puestos de trabajo. Se trata de otra cifra récord si se exceptúan el cuarto trimestre de 2008 y el primer trimestre de 2009. En cuatro años se ha producido una reducción de más de 3 millones de empleos. Por tanto, junto con el elevado nivel de paro, lo más preocupante de la EPA, publicada ayer, es que continúa la pérdida de empleo.

Aumentan los desanimados

La EPA confirma también la tendencia iniciada en el tercer trimestre de 2010: descenso del número de activos; es decir, hay menos personas que buscan trabajo. Aumenta el número de personas que se desaniman y buscan otras alternativas como pueden ser:

1) Establecerse en la economía sumergida. La diferencia entre ocupados de la EPA (17,4 millones) y los afiliados a la Seguridad Social (16,9 millones), medio millón de personas, es una muestra más del empleo sumergido.

2) Replegarse en los hogares para hacer tareas domésticas y producciones de autosuficiencia para el autoconsumo.

3) Si son extranjeros, volver a su país de origen; así, la EPA publicada ayer confirma la tendencia iniciada en el tercer trimestre de 2009 de descenso lento pero constante de población inmigrante ubicada en España. Más de 26.000 en el primer trimestre.

4) Si son españoles, abandonar el país para trabajar en el extranjero. En el último año, el número de personas con nacionalidad española que residían en el extranjero tuvo un incremento del 6,7% (114.057 personas).

5) Formarse mejor para adaptarse a las nuevas demandas del mercado laboral.

Es evidente que la gente joven tiene más facilidad tanto para formarse como para emigrar. Por eso, es muy preocupante el elevado paro juvenil, que vuelve a aumentar y que supera por primera vez el 52%. Se trata de más de 921.800 jóvenes, entre 16 y 24 años que quieren trabajar y no encuentran trabajo. A esto se unen otros dos datos: una caída en el primer trimestre de más de 111.000 ocupados en el colectivo de edad de 25 a 29 años y otra de 74.400 en los que tienen entre 30 y 34. En una perspectiva de cinco años la comparación es mucho peor. En 2007, España ocupaba a 5 millones de personas entre los 16 y 29 años y en el primer trimestre de 2011 la ocupación era solamente de 2,64 millones. Se ha producido, por tanto, una caída de 2,36 millones. Destrucción de empleo juvenil, que es el resultado de la explosiva combinación de sistema educativo ineficiente, falta de libertad en la negociación colectiva, salario mínimo alto, al menos para los jóvenes y elevadas cotizaciones a la Seguridad Social. La destrucción de empleo y de población activa no sólo afecta a los jóvenes, sino también a la población extranjera, sobre todo a la que trabajaba en el sector de la construcción. Los ocupados extranjeros han disminuido en los tres últimos años en más de 750.000 personas y en el primer trimestre de 2012 la destrucción de empleo inmigrante aumentó en 87.000 puestos de trabajo; cantidad equivalente a la destrucción de empleo en el sector de la construcción (90.000) durante el trimestre. La tasa de paro inmigrante alcanzó, además, su máximo histórico, situándose en el 37% de la población activa extranjera.

En este contexto, resulta curioso observar como siguen aumentando las remesas que se envían desde España. Las remesas enviadas deberían haberse reducido tanto por la reducción de la población inmigrante como por la caída de la ocupación, así como por el aumento del número de parados. Sin embargo, aumentaron porque sube el empleo inmigrante en la economía informal.

La salida de la crisis

En resumen, en el primer trimestre la economía española continuó perdiendo empleo y lo hizo con mayor intensidad, lo que indica que al menos en el mercado de trabajo todavía no se aprecian signos de recuperación. Seguimos siendo golpeados por una crisis muy grave que vive uno de los momentos más difíciles de su existencia. La EPA, publicada ayer, confirma también que durante el primer trimestre el PIB de la economía española se volvió a contraer. Y para poner a la economía otra vez en la senda del crecimiento y alcanzar en 2014 el PIB potencial es importante profundizar todavía más en las reformas, también en la del gasto público de las comunidades autónomas y municipios.

Hay signos de recuperación: aumento de las exportaciones de bienes y servicios, mantenimiento de la cuota en las exportaciones mundiales (mientras que Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, Francia o Alemania pierden), mejora de la productividad y de la balanza tecnológica e incremento en la creación de empresas. Así, y según la EPA, durante el primer trimestre del año se ha producido un aumento neto de 46.300 trabajadores autónomos, 6.300 de ellos daban empleo a otras personas. Se nota, por tanto, una mejora de la competitividad que se produce y debería seguir produciéndose en el futuro por la reducción de los costes internos. En este sentido, desde 2008 los costes laborales unitarios se han reducido un 7%, en contraste con los aumentos registrados en Alemania, Francia, Italia o Irlanda.

Mientras tanto es indispensable: a) insistir en que los bancos de una sola vez limpien sus balances siguiendo las instrucciones que marca la Reforma Guindos, se conseguirá con ello la recuperación del crédito y el crecimiento económico; y b) tener un Gobierno fuerte capaz de seguir aplicando una política económica que genere a medio plazo la recuperación de los sectores más competitivos y creadores de empleo duradero. Con ello se conseguirá devolver la confianza a los inversores: activo fundamental para salir de la crisis.

Rafael Pampillón Olmedo. Profesor del IE Business School y Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad San Pablo-CEU.

TRIBUNA

La nueva norma desampara al trabajador y espera de él que se porte como un héroe

Poco antes del día D y el desembarco aliado sobre la playa Omaha en las costas de Normandía, se celebró la XXVI Conferencia Internacional del Trabajo en la ciudad norteamericana de Filadelfia. El presidente Roosevelt decidió recibir en la Casa Blanca a los delegados de la Conferencia que acababan de aprobar una Declaración fijando los objetivos programáticos de la OIT. Roosevelt les dijo: “Creo rotundamente que las generaciones futuras la considerarán un hito en la evolución del pensamiento mundial”. Hoy sabemos que la Declaración de Filadelfia, de 10 de mayo de 1944, fue decisiva para el advenimiento de la Carta de Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derecho Humanos.

Frente al aprovechamiento abusivo de las necesidades ajenas y el desprecio a la dignidad de las personas en nombre del empleo y la eficacia productiva, la Declaración de Filadelfia fue, sobre todo, una alternativa ética a los desmanes de la economía de mercado y de la sociedad industrial del momento.

En un mundo en crisis se abría paso la idea de que la equidad y la cohesión social —presupuesto de toda sociedad justa— no solo tenían que estar presentes en el momento de procederse a la redistribución de la riqueza, sino también en el de su creación. Por eso, el primero y más conocido de los principios de la Declaración proclama que “el trabajo no es una mercancía”.

El “valor del trabajo” jamás debe confundirse con “los costes salariales”; el dumping social por el empleo es una práctica que ha de ser proscrita por contraria “a la dignidad, a la seguridad económica y a la igualdad de oportunidades” que siempre deben condicionar el derecho de todo ser humano a “perseguir su bienestar material”. Y finalmente, en nombre de la libertad individual, la ley nunca debe amparar la imposición por el empleador de las condiciones de trabajo o consentir modificaciones unilaterales de la relación laboral.

La reforma laboral de Rajoy desconoce tan elementales principios. Introduce el despido sin causa justificada, permite al empleador bajar unilateralmente los salarios y cambiar las condiciones esenciales de trabajo alegando motivos económicos vinculados a la producción; y, por si no fuera suficiente, también le indica el camino a seguir para “descolgarse” con comodidad del convenio colectivo.

Cuando el empleo es un bien muy escaso, los contratos de adhesión encubren formas modernas de esclavitud. Te doy de comer, luego calla. La dignidad en el trabajo no es posible sin el reconocimiento de los principios de libertad en la contratación y de diálogo y negociación de las circunstancias sobrevenidas. La reforma sustituye la libertad en el trabajo por la vieja y peligrosa idea del trabajo como presupuesto para la libertad.

Con el nuevo marco legal el empresario puede modificar unilateralmente las condiciones esenciales del contrato, incluido el salario, de suerte que al trabajador solo le queda o bien pedir su extinción y cobrar una indemnización que la reforma notoriamente reduce; o bien acudir al juez —opción que se convierte en una carga muy gravosa al suprimirse los salarios de tramitación para el despido objetivo—; o, por último, resistir en la humillación, consciente de que en un contexto de grave desempleo la dignidad no da de comer a la familia. La ley no solo desampara al trabajador sino que espera de él que se comporte como un héroe.

En una economía abierta los convenios colectivos evitan la competencia a la baja en las condiciones de trabajo y, por tanto, el abaratamiento especulativo de los derechos de los trabajadores. Sin negociación colectiva, la igualdad y la seguridad en el trabajo serían una quimera. Nuestros constituyentes lo sabían y, por eso, lo garantizaron. A pesar de todo ello, la reforma autoriza al empresario a “descolgarse” del convenio en materias fundamentales para los trabajadores (rendimiento, cuantía salarial, jornada, horarios…) sin contar con su consentimiento.

Un último ejemplo: si la relación de trabajo tiene por límite la dignidad, ninguna ley debe situar a un trabajador ante el dilema de tener que elegir entre poner en peligro su salud o arriesgar su empleo. La reciente reforma laboral así lo hace, al considerar causa de despido dos bajas justificadas por enfermedad que sumen nueve días en dos meses.

La derecha española sostiene que medidas tan regresivas son imprescindibles para hacer frente a la dramática situación de nuestro mercado de trabajo. Por su parte, las autoridades económicas europeas ven oportuna la reforma a sabiendas de que su fin último es abaratar los salarios, lo que —en su liberal criterio— es imprescindible para que España evolucione en la línea más conveniente para solventar los problemas vinculados a la deuda soberana que padecen los países de la zona euro.

¿Se imaginan un Gobierno que derogase mediante decreto ley las normas que impiden la usura y los préstamos abusivos, porque concurre una circunstancia económica excepcional que obliga a favorecer el consumo y potenciar la libertad de contratación en el mercado del crédito?

Reformar no es adecuar la ley a una realidad económica socialmente injusta. Reformar es reaccionar frente a la injusticia. Franklin D. Roosevelt lo sabía.

Francisco Caamaño es catedrático de Derecho Constitucional y diputado del Grupo Parlamentario Socialista.

Hace unas semanas, en un funeral, cuando se hizo el merecido elogio del fallecido se destacó algo así como que había trabajado con gran compromiso y dedicación y, se añadió, “no como un funcionario”. Hasta ahí podíamos llegar. Tenemos un problema. Un serio problema. Algo va mal, muy mal, cuando “funcionario” solo se usa como manera de insultar o descalificar a alguien. Una funcionaria de dedicación y convicción –pero también con buenas dosis de frustración– comentaba no hace mucho que cuando su hija le planteaba cómo enfocaba sus estudios universitarios y su carrera profesional ella le decía “sobre todo, no te hagas funcionaria”.

Tenemos no uno, sino dos problemas. Dos serios problemas. Por una parte, la consolidación del estereotipo sobre los funcionarios, como si fueran unos vagos y acomodados recalcitrantes. Y, en el contexto de la crisis actual, esto se adereza con el mensaje de que son unos privilegiados. Que hay fundamento empírico para que según qué valoraciones no cabe la menor duda, y no perderemos el tiempo en ello. Que algunas prácticas sindicales no ayudan precisamente a disolver algunos estereotipos, tampoco lo negamos. Pero hay multitud de funcionarios con vocación y compromiso de servicio público desaprovechados y desanimados en una estructura de la administración pública cuya reforma es una de las más clamorosamente y reiteradamente incumplidas promesas electorales. Una administración en la que demasiado a menudo si trabajas bien no pasa nada, y si trabajas mal, tampoco. Los directivos y profesionales con vocación de servicio público en la administración pública no son, como se decía antes, ni vagos o maleantes ni –como se podría deducir del CV de la mayoría de actuales ministros del Gobierno de España– políticos agazapados a la espera de o en transición a cargos políticos. Pero la falta de reformas en la administración y la falta de reconocimiento y valoración del trabajo específico de directivos y profesionales con vocación de servicio público hace más penosa y depresiva su situación y más lacerante el uso de “funcionario” como forma de desconfianza, insulto o desprecio.

En los últimos tiempos, por ejemplo, se ha puesto de moda lamentarse hipócritamente cuando algunas encuestas nos revelan que nuestros jóvenes preferirían ser funcionarios. No lo tenemos tan claro. Los jóvenes no quieren ser funcionarios: lo que quieren es tener un trabajo estable, que es muy distinto. Claro que hay quien confunde estable y garantizado de por vida, pero ante lo que está cayendo algunas jeremiadas de opinador profesional no son más que cinismo. ¿Tan irracional e irresponsable es que alguien aspire a un mínimo de estabilidad laboral? Y, claro, la gente mira a su alrededor y encuentra la estabilidad donde la encuentra. Aún no hemos constatado nunca que alguno de los que se lamentan de que haya un número significativo de jóvenes que dice querer ser funcionario profiera este lamento desde una situación personal de precariedad e incertidumbre laboral. Algunos de quienes se lamentan son a su vez funcionarios.

Y frente al escándalo que les genera a algunos tamaña insensatez juvenil, se contraponen los míticos y mitificados valores que atesoran los emprendedores. Necesitamos potenciar, reforzar, facilitar y apoyar a los emprendedores. Sin ellos no saldremos de la crisis. Todo lo que sea crear condiciones para el desarrollo empresarial y emprendedor será poco. Pero reconocer todo lo anterior no nos debe hacer olvidar algo cada vez más constatable: el discurso a favor del espíritu emprendedor se está usando como una forma de culpabilización. Es como si se dijera a tanta y tanta gente: si las cosas no te van bien, tu verás; a ver si espabilas, porque de ti depende todo. Hay que valorar, potenciar y reforzar el esfuerzo y la iniciativa, y combatir una cierta pasividad acomodaticia que siempre espera que venga alguien a resolverme los problemas. Pero no todo el mundo puede, quiere –ni debe– ser emprendedor. Y hay que combatir la tendencia creciente a reducir los problemas sociales a (in)capacidades personales. Es como si la nueva ideología dominante consistiera en predicar que las cosas están mal, pero que cada uno es el único culpable de lo que le pasa.

Pues bien (y para decirlo provocativamente): ojalá hubiera más jóvenes que, de verdad –pero de verdad–, quisieran ser funcionarios. Porque aquí es a donde queríamos llegar. El uso de “funcionario” como insulto y desprecio esconde y expresa el gran problema que tenemos entre manos: la desvaloración de lo público, de la orientación al bien común y, más concretamente, del servicio público. Y esto es algo que nunca nos deberíamos permitir. Necesitamos una administración pública más ágil, eficiente, transparente, orientada a resultados, respetuosa con el ciudadano y a su servicio; con una actitud que no sea prepotente pero tampoco servil con el ciudadano, al que también hay que educar en los deberes de una ciudadanía responsable y no reducirlo a ser un demandante insaciable de servicios públicos. Todo esto requiere algo fundamental: el reconocimiento, la valoración, la promoción y el prestigio del servicio público, de los servidores públicos, de los… funcionarios.

El uso generalizado y peyorativo de “funcionario” como un arma de desprestigiomasivo no es más que un estúpido modo de erosionar y disolver nuestra propia condición de ciudadanos.

Àngel Castiñeira y Josep M. Lozano, profesores de Esade (URL).

LA CUARTA PÁGINA

Esta propuesta de reforma es, con gran diferencia, la que más ha avanzado en conseguir la necesaria flexibilidad externa, reduciendo costes de despido, e interna, permitiendo reducciones de horas de trabajo, de salarios y restructuraciones de puestos de trabajo

El mayor fracaso de la economía española durante su etapa democrática ha sido su elevada y persistente tasa de desempleo. En las tres décadas transcurridas desde el Estatuto de los Trabajadores de 1980 hasta 2010, la tasa promedio de desempleo española ha sido del 14.5%, 1,7 veces superior que la UE a 15, cuyo promedio ha sido del 8,5% y 1,6 veces mayor que el área euro a 12 que ha sido del 9,2%.Y ello a pesar de que el PIB español ha crecido en las tres décadas a un promedio del 2,6% frente al 2,2% de la UE a 15 y al 2,1% del área euro a 12.

Estas enormes diferencias han aumentado con la recaída actual. En diciembre 2011, la tasa de desempleo española alcanzaba el 23,6%, 2,2 veces mayor que el 10, 8% del área euro y la tasa de desempleo en los jóvenes de 16 a 24 años alcanzaba ya el 50%, 2,4 veces mayor que el 21,6% del área euro.

En estas tres décadas, ni los agentes sociales han conseguido negociar una solución a tan gravísimo problema, ni ningún gobierno se ha atrevido a realizar un cambio tan profundo del mercado laboral y de la negociación colectiva como el planteado ahora por el actual gobierno. Esta propuesta de reforma es, con gran diferencia, la que más ha avanzado en conseguir la necesaria flexibilidad externa, reduciendo costes de despido, e interna, permitiendo reducciones de horas de trabajo, de salarios y restructuraciones de puestos de trabajo, antes que forzar las empresas al cierre y al despido.

Prueba palpable y reciente de la necesidad de la reforma es que los convenios suscritos por los agentes sociales han permitido que los salarios reales hayan seguido aumentando durante el período 2008-2010, mientras la tasa de empleo caía 10 puntos porcentuales.

Sin embargo, es una reforma que puede ser mejorada en su tramitación parlamentaria ya que debería haber eliminado definitivamente los contratos temporales, así como los innumerables indefinidos existentes, dejando sólo un indefinido a tiempo completo con costes de despido crecientes con los años de servicio hasta alcanzar la media del área euro y otro indefinido a tiempo parcial que fomente seriamente la escasa contratación a tiempo parcial (13% frente al 22% de la UE). Asimismo, debería haber incorporado el modelo austriaco.

Los contratos temporales han creado un mercado de trabajo dual donde los trabajadores mayores, con contratos indefinidos, no eran despedidos porque costaban 45 días por año de servicio, mientras que los jóvenes, con contratos temporales, podían ser despedidos con un coste entre 0 y 8 días. Así, 85% de los contratos firmados durante los años de auge hasta 2007 fueron temporales y una proporción similar de los despedidos durante la recesión también lo han sido. Los temporales han sido la “válvula de escape” del sistema laboral dual.

Además, esta dualidad ha reducido todavía más la flexibilidad salarial ya que, mientras que los jóvenes con contratos temporales eran despedidos, a pesar de su mayor cualificación, los mayores presionaban sus salarios al alza en la negociación colectiva, al ser la gran mayoría de los afiliados a los sindicatos. Así, en 2011, la tasa de desempleo de los trabajadores de 16 a 30 años era tres veces superior a la de los mayores de 31 años.

Es decir, la rigidez de los salarios reales a la baja y la inflexibilidad externa e interna en las empresas está determinada por la actual estructura del empleo y de la negociación colectiva dominada por los insiders a costa de los outsiders. Dicha rigidez ha hecho que España pierda competitividad frente al resto del área euro ya que, entre 2000 y 2008, su crecimiento del coste laboral por hora trabajada fue del 39,7%, frente a un 25% del área euro y aunque ha caído entre 2008 y 2010, sólo ha sido un 0,8%, haciendo que los costes laborales unitarios, incluyendo productividad, hayan aumentado un 30.4%, frente al 15,8% del área euro.

Además, España es el país de la UE que ha experimentado un mayor aumento del PIB por trabajador desde 2008, por tener la mayor tasa de destrucción de empleo de la UE, aunque parte de dicha destrucción haya sido también debida al estallido de la burbuja del empleo en la construcción.

La evidencia empírica muestra que elevadas tasas de desempleo tienden a moderar o reducir los salarios, al perder los trabajadores poder negociador o al verse motivados a trabajar más, como muestra la “Curva de Phillips”. Sin embargo, dicha curva es más plana en España ya que los temporales pagan, con sus despidos y desempleo, tanto las mayores demandas salariales de los indefinidos como la indexación semi-automática de los salarios con la inflación y no con la productividad.

De ahí que la caída de la producción haya generado la mayor tasa de desempleo de toda la UE y la quiebra de numerosas empresas. El 14% del total de empresas dadas de alta en la Seguridad Social en 2007 han causado baja, en su gran mayoría pymes con menos de 10 empleados, mostrando que han sido forzadas a ajustarse por cantidades de empleo en lugar de por salarios y horas de trabajo.

En el conjunto de la UE, la caída de la producción y la del empleo han alcanzado porcentajes similares, representando Francia la media, siendo elevada la dispersión entre sus Estados miembros. De nuevo, el caso extremo ha sido el de España que, con una caída del PIB similar a la de Italia, ha destruido cinco veces más empleo que este último país, lo que es realmente escandaloso.

Asimismo, existe una correlación entre mayor tasa de desempleo y mayor necesidad de austeridad fiscal. España no tiene tanto un problema de exceso de deuda soberana, es decir, de stock (como Italia), como de exceso de déficit fiscal, es decir, de flujo. Pero tampoco tendría este último de no ser por el 4% del PIB que cuestan cada año las prestaciones por desempleo, que han sido cotizadas previamente, más los subsidios de desempleo para los desempleados sin prestación.

Dicha austeridad requiere también ajustes entre sectores productivos para redistribuir capital y trabajo de forma más eficiente, que tampoco permite el actual sistema laboral. De no haberse alcanzado tan monumental tasa de desempleo, España habría podido cumplir los déficit del 6% del PIB en 2011 y el 4,4% del PIB en 2012.

Sin embargo, España tiene un problema de stock de deuda privada por lo que familias y empresas deben des-apalancarse, tanto para reducir el stock de deuda privada que, siendo el 100% del PIB en 2000, llegó al 300% en 2008 y hoy todavía alcanza el 227% del PIB, como para reducir el stock de crédito, que siendo del 80% del PIB en 2000, alcanzó el 175% en 2008 y hoy todavía es del 155% del PIB.

Finalmente, la salida de las recesiones se ha retrasado siempre por la excesiva caída del empleo. En las de 1973-74 y 1979-81, debidas a las fuertes subidas del precio del petróleo, el empleo estuvo cayendo durante 8 años y tardó 13 años en volver a su nivel de 1972. En la recesión de 1993-94, el empleo cayó 2,3 años seguidos y tardó 5,5 años en recuperar su nivel de 1992. En la recesión actual el empleo lleva cayendo 4 años y podría quizá seguir cayendo 2 años más. ¿Cuándo recuperará al nivel de 2007?

Guillermo de la Dehesa es presidente del Centre for Economic Policy Research, CEPR.

El autor recuerda que la Carta Magna no consagra un modelo preciso de relaciones de trabajo y advierte del peligro de instrumentalizar el texto como arma arrojadiza en el debate sobre la reforma laboral

La reforma laboral ha dado lugar, como no podía ser menos, a un encendido debate en el que las opiniones académicas y las de los protagonistas de las relaciones laborales han marcado la pauta, pero en el que no han faltado posicionamientos judiciales (pero ¿los jueces no hablaban solo a través de sus sentencias?) ni de cuerpos administrativos con competencias en la materia (pero ¿los funcionarios no han de limitarse al cumplimiento de la ley, sirviendo con objetividad los intereses públicos expresados en la misma?), que tratan de influir tanto en el desarrollo del debate parlamentario sobre el proyecto de ley como en la posterior aplicación de las previsiones normativas.

Hasta aquí nada que llame la atención, a salvo de los interrogantes apuntados. Lo que quiero poner ahora bajo el foco es la apropiación que de la Constitución se lleva a cabo por parte de algunos de los participantes en estos debates.

En efecto, los detractores de la reforma, incluidos algunos sindicalistas convertidos de repente en finos juristas y en exégetas constitucionales, no se limitan a manifestar su discrepancia política o técnica con sus contenidos, sino que la descalifican globalmente por contraria a la Constitución. Se erigen, así, ciertos sectores del pensamiento social, en guardianes de la Carta Magna que, en su opinión, consagraría un modelo preciso de relaciones laborales que con la reforma se estaría violentando.

Creo que este es un planteamiento peligroso, inmaduro y, paradójicamente, poco respetuoso de la Constitución. La nuestra, como la generalidad de las Constituciones democráticas, no consagra un preciso modelo de relaciones laborales que solo resulte compatible con una determinada política económica y social. Si así fuera, se trataría de una Constitución inservible y habría que modificarla urgentemente. Todas las Constituciones deben soportar bien las que se han llamado terapias ortopédicas y todas deben ser susceptibles de acoger planteamientos políticos diferenciados, y permitir, bajo su mandato, políticas económicas y sociales diversas. Existen limites insoslayables (en lo social, el papel de sindicatos y asociaciones empresariales, la libertad sindical, el derecho de huelga y el de negociación colectiva, la libertad de empresa en el seno de la economía de mercado), pero el terreno de juego, dentro de los mismos, debe ser lo suficientemente amplio como para permitir el libre juego de las opciones políticas y planteamientos legislativos acordes con las mismas.

Elaborar un modelo de relaciones laborales y sociales, interpretar la Constitución a la luz de dicho modelo y descalificar a raíz de ello cualquier otro alternativo no equivale a decir que el mejor destino de las urnas es ser rotas, pero le falta poco. Debemos dejar la Constitución para marcar los límites del terreno de juego, comúnmente aceptados, y no hacer de ella, previa apropiación indebida de sus mandatos, un arma para el debate político y social con la que impedir opciones legítimas y respetuosas de los límites constitucionales.

Fijémonos en la formidable maniobra de superchería que se trata de vender en torno a dos puntos concretos: el derecho al trabajo y el derecho a la negociación colectiva. El derecho al trabajo forma parte de los derechos y deberes de los ciudadanos (no es por tanto un derecho de los trabajadores en cuanto tales) y se incluye en un artículo cuya primera parte proclama el deber de trabajar. Extraer de la escueta proclamación constitucional consecuencias interpretativas, concretas y precisas, en relación con el régimen jurídico del despido, equivaldría a considerar que el deber de trabajar impone la retirada de las prestaciones por desempleo a quienes rechacen una sola oferta de trabajo, o justifica la imposición de prestaciones personales a cualesquiera ciudadanos. También la Constitución proclama el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y a nadie se le ocurre pensar (espero) que eso faculta a un ciudadano que carezca de vivienda a exigir a otro, propietario de varias, que le ceda una. Como tampoco un ciudadano sin trabajo puede exigir de otro que le facilite un puesto de trabajo. Los derechos constitucionales de los ciudadanos son ejercitables frente a los poderes públicos, y deben servir de guía para valorar las políticas en relación con las materias correspondientes, pero no pueden inspirar concretas regulaciones de las relaciones contractuales entre particulares. No debemos manosear la Constitución ni usar su nombre en vano para blindar las propias posiciones y negar legitimidad a las contrarias. Y hemos de terminar de una vez con el papanatismo, propio de recién llegados a la democracia, de los convenios internacionales (muchos de ellos suscritos por pocos Estados y respetados por menos) y de su interpretación fundamentalista.

Y lo mismo, corregido y aumentado, sucede con la negociación colectiva. La Constitución se limita a proclamar que la ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral así como la fuerza vinculante de los convenios. Dicho precepto no contiene ningún régimen jurídico de la negociación colectiva, cuya determinación corresponde al legislador. Y este no tiene más condicionamiento que el de garantizar que exista negociación colectiva, esto es la posibilidad de contratación colectiva y no meramente individual de las condiciones de trabajo, así como la fuerza vinculante de los convenios, lo que no implica otra cosa que la supremacía del contrato colectivo sobre los individuales existentes en su ámbito de aplicación. Ni la Constitución dice que el convenio tenga que tener la consideración de norma jurídica, violentando su naturaleza contractual, ni eficacia general más allá de los sujetos representados por los negociadores, ni, mucho menos, que tenga que seguir siendo de aplicación una vez terminada su vigencia. Resulta curioso, por lo demás, cómo un modelo corporativo de convenio (una de esas venganzas póstumas de los regímenes fascistas) trata de encajarse como contenido exigido por el texto constitucional. Dejemos a la Constitución tranquila, que marca un espacio de convivencia que nos ha costado mucho conseguir, y discutamos las opciones de política legislativa abiertamente y con plena libertad, sin buscar trampas dialécticas ni descalificaciones de opciones políticas discrepantes.

Federico Durán. Catedrático de Derecho del Trabajo. Socio de Garrigues.