Reggio’s

Para pactar hay que querer pactar. Y quien tiene que quererlo más es el que tiene el gobierno, porque la situación que provoca la necesidad de pactar tiene su origen en la política que se ha practicado hasta la fecha. A todos alcanza la responsabilidad de hacer posible un pacto que afronte con realismo y rigor la profundidad de la crisis, pero el Gobierno debe comprender que el pacto comporta rectificar y revisar decisiones anteriores. Pactar, ahora, es cambiar. Si esto no se entiende así, no habrá pacto. Pero también corresponde a la oposición moderar el alcance del cambio; no se trata de imponer lo que sólo las elecciones deberán legitimar, sino de operar en el terreno de las mayores urgencias, de aquello que difícilmente nadie debería negarse a aceptar.

El temor a la pretendida impopularidad de algunas medidas está por ver. En primer término, porque resulta difícil querer liderar una situación de crisis sin aceptar el riesgo de tener que adoptar medidas que sean presuntamente impopulares. No se conoce de ningún líder que no haya resuelto con coraje una situación complicada. Los líderes que operan con coraje suelen superar los momentos difíciles con el aplauso de los mismos que criticaron sus medidas y que llegaron a manifestarse y pedir la dimisión del líder.

Pero es que, además, está por ver si lo que se califica como de impopular es visto así por los ciudadanos. Hoy lo que todos sabemos es que la crisis no se resolverá por sí sola ni por la ayuda exterior. Esto depende de los de casa y la gente sabe muy bien lo que deberá hacerse para dar trabajo a los que no lo tienen y para que no lo pierdan los que lo ven en peligro. Quizás la impopularidad sólo la vean así los que deben adoptar las medidas que son necesarias.

Seguramente, falta voluntad. Hay mucho miedo; y, así, se encuentra más comodidad en la acusación del fracaso que en la propuesta imbatible. Aquella que quien no la acepte, queda en evidencia. Y, de esta naturaleza, hay muchas o, como mínimo, varias. Y en este terreno no hay razón para no avanzar. Menos miedo, más coraje; empieza a ser más temerario no acordar nada que arriesgar en los acuerdos.

A pesar de todo, habrá que pactar.

Uno de los tópicos más arraigados de nuestras relaciones laborales es el de la ejemplar moderación salarial que, a través de una no menos ejemplar negociación colectiva, hija en este punto de la nunca suficientemente ponderada concertación social, habría permitido nuestro envidiado crecimiento económico y nuestra asombrosa, hasta la malhadada crisis que nos sacude, creación de empleo.

La responsabilidad de los agentes sociales y su ejercicio de realismo estarían en la base de ese proceso virtuoso, seña de identidad de las relaciones laborales españolas desde la Transición. Y el último eslabón al respecto, particularmente valioso en una situación especialmente difícil que culminó con el desencuentro negociador obrero-patronal del año pasado, sería el Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva (AINC) en 2010. ¿Cómo puede haber entonces economistas que consideren que el ajuste salarial resulta imprescindible para atajar el proceso de destrucción de empleo sin parangón que padecemos? ¿Cómo puede haber quien sostenga que la inflexibilidad a la baja de los salarios, unida a la falta de flexibilidad en el conjunto de las condiciones de trabajo, es uno de los factores determinantes de que el empleo se convierta en el principal instrumento de ajuste de las empresas?

¿No se enteran de nada? ¿Son perversos liberales que quieren destruir el exitoso modelo social español? ¿O es que la moderación salarial tan ponderada esconde alguna trampa de la que no hemos sido conscientes? No voy a entrar en el debate acerca de si nuestra progresiva pérdida de competitividad debería atajarse, a falta de una moneda nacional que devaluar, mediante un ajuste a la baja del valor de los activos y de las rentas, pero sí a poner de manifiesto algunas incongruencias en relación con la pretendida moderación salarial de que hemos disfrutado.

La Unión Europea ha puesto de manifiesto en un informe que, en los años de vigencia de la Unión Monetaria, el nuestro ha estado entre los países cuyos costos laborales han crecido por encima del 2,5%, frente a aquellos en los que se han mantenido en el entorno del 1%. Es uno de los factores que explica que hayamos perdido un 20% de competitividad en el periodo, mientras Alemania ha ganado un 13%.

Incluso en los momentos más duros de la crisis económica, mientras en otros países europeos no crecían, hemos estado experimentando incrementos de los costos laborales y salariales inexplicables tanto desde el punto de vista del empleo como desde el de la caída de la actividad. La evolución del sector de la construcción, en ese sentido, durante el año pasado, desafía a la lógica económica.

Según la encuesta de costos laborales del INE, en el cuarto trimestre de 2009 el coste laboral por hora trabajada creció un 5%, si bien el dato desestacionalizado y corregido de calendario sitúa el porcentaje en el 3,6%. No deja de ser un dato sorprendente, y más sorprendente aún es el de la construcción, 6,1% y 4,1%, respectivamente.

No tenemos, pues, a pesar de los cuatro millones y medio de desempleados, y de la continua destrucción de empleo, una verdadera moderación salarial. Ni la hemos tenido en los años precedentes. Y hemos estado perdiendo competitividad a raudales.

Ello ha sido, por una parte, consecuencia de una negociación colectiva que ha hecho en ocasiones oídos sordos a las recomendaciones de los acuerdos interconfederales. Y, por otra, producto de una concepción de la evolución salarial vinculada a la marcha de la inflación y no a la de la productividad. No tendremos verdadera moderación salarial mientras los incrementos retributivos no estén cubiertos por incrementos de productividad. Éste es nuestro verdadero problema y sólo su mejora (entre otras vías, por medio de una mayor flexibilidad de las relaciones laborales empresariales) permitirá avanzar, sin consecuencias indeseables, en las mejoras retributivas.

Por eso, el AINC 2010 no supone ningún cambio. Los incrementos aconsejados, hasta el 1% este año, hasta el 2% en 2011 y hasta el 2,5% en 2012, y la previsión de recuperación de la inflación real al final del periodo, sin vinculación alguna a la productividad, quedan muy lejos de las necesidades de la economía y del empleo.

Federico Durán López. Catedrático de Derecho del Trabajo y Socio de Garrigues.

Tribuna

En febrero del 2009 más de un millar de empresarios del metal se manifestaron en el Palau de Congressos de Catalunya bajo el lema de la Crida del Metall Català. En dicho acto, propusimos un decálogo de medidas urgentes entre las que sobresalían la necesidad de un pacto social contra la crisis y la mediación de la Generalitat en la consecución de un acuerdo entre entidades financieras e industrias. Un año después, muchas de las medidas propuestas siguen centrando la agenda de nuestros políticos y tenemos más de seiscientos mil parados más… En el documento se plasmaba también la necesidad de comprensión entre empresas, trabajadores, patronales y organizaciones sindicales. Desde entonces, los representantes del metal hemos recorrido instancias gubernamentales y no gubernamentales para soslayar la excepcionalidad de la coyuntura del sector y la urgencia de tomar medidas extraordinarias. Morosidad, financiación, cobertura del riesgo comercial, formación, agilidad en los ERE… En definitiva, para evitar cierres de empresas y destrucción de empleo. Y el saldo resulta desalentador. En el 2009, el metal catalán ha perdido musculatura empresarial en un 11%, actividad productiva en un 23,5% y empleo en un 14,2%.

Todos debemos realizar un ejercicio de responsabilidad, al margen de cualquier injerencia política y electoral. Situaciones excepcionales exigen medidas excepcionales y no rigidez de miras (que solamente conduce a callejones sin salida, que se saldan con más cierres de empresas, menos inversiones nacionales y extranjeras y más paro). No estamos hablando de rebajar el poder adquisitivo de los trabajadores, sino de moderación salarial y la regulación de los convenios. Es perverso hablar de aumentos de sueldo que perjudican nuestra competitividad cuando hay más de cuatro millones de parados. ¿Qué pasa con ellos? Y, sobre todo, ¿qué debemos hacer por ellos?

No son defendibles incrementos salariales por encima del 3% en un sector en crisis -máxime cuando en los últimos años ha mejorado notablemente el poder adquisitivo-, en el que las administraciones públicas han concedido en ayudas más de 4.000 millones de euros sólo con el plan Integral del Automóvil y en el que el número de parados se ha incrementado notablemente.

¡Por favor, no perdamos otro año!

Antoni Marsal. Presidente de la Unió Patronal Metal·lúrgica.

A mi juicio dos decisiones fundamentales necesita España para salir de la crisis: eliminar el déficit público y ajustar los salarios y precios a su situación económica.

Dada la falta de transparencia del Gobierno para explicar cómo va a reducir el déficit desde el 11,4% del PIB de 2009 al 3% al finalizar 2013, que es el plazo máximo concedido por la Comisión Europea, ha surgido la polémica de si dicho objetivo podrá ser alcanzado. La improvisación del Gobierno en el tema del déficit ha sido de consecuencias fatales para nuestra economía: ¿cómo ha sido posible que el Gobierno con un déficit previsto para el 2009 del orden del 12% del PIB en el momento en que se presentaban los Presupuestos para 2010 vuelva a repetir en dicho Presupuesto un déficit desorbitado que en unión de los correspondientes a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales, vuelva a repetir un déficit de la misma cuantía en porcentaje del PIB, según estimación del Fondo Monetario Internacional? ¿Qué habrá dicho el presidente del Gobierno español que durante este semestre preside la Comisión Europea, cuando se haya hablado del tema de la estabilidad presupuestaria en Europa, de la difícil situación española y de la falta de medidas para conseguirla?

El Gobierno español ha presentado un plan de austeridad, que fue analizado en nuestro artículo ¡Ajuste presupuestario, ya!, publicado en este diario el 19 de febrero de 2010, en el que se ponía de manifiesto que dado que el 60% de nuestro déficit es estructural, las medidas de ajuste presupuestario no eliminan la totalidad del déficit, siendo necesario efectuar reformas estructurales en determinadas políticas de gasto de protección social. La agencia de calificación Standard & Poor’s muestra sus dudas sobre la capacidad del Gobierno para reducir el déficit al 3% del PIB, considera que sólo logrará situarlo en el 5%, no descartando rebajar el rating a España porque no cumplirá con la Unión Europea.

Creo que hay que cumplir lo dispuesto por la Comisión Europea, para lo cual hay que realizar reformas estructurales en la protección social (sanidad, servicios sociales, desempleo y pensiones), recortando el nivel de prestaciones que las leyes otorgan a los ciudadanos. A tal hecho se ha llegado tanto por el envejecimiento de la población como por la falta de previsión del Gobierno que ha ido elevando las prestaciones sin efectuar cálculo alguno de la incidencia en el gasto público y en el déficit y sin proponer las reformas adecuadas para solventar el problema. A nadie nos gusta el recorte en el nivel de prestaciones sociales, pero la realidad es la realidad y hay que afrontarla.

Se acercan para España horas muy difíciles. Es necesario efectuar un ajuste muy duro si se quiere recobrar la confianza de los mercados financieros internacionales. El premio Nobel de Economía Paul Krugman , que participó el 13 de febrero de 2009 en las jornadas Respuesta ante la crisis, señaló que los precios y salarios en España son insostenibles y no están alineados con su situación económica, por lo que nuestro país necesita una deflación relativa del 15%. Explicó que si la Unión Europea crece entre un 2 o 3% anual, España sólo sentirá un dolor moderado durante 5 o 7 años, pero si la Unión Europea entra en deflación, lo que es muy posible, habrá que reducir mucho salarios y precios. Coincide con lo que publicamos el 31 de enero de 2009 en CincoDías Alarmante déficit público en 2009.

¿Qué haría España si no estuviera en el euro?: devaluar. Como esto no es posible, hay que efectuar un ajuste muy duro con medidas equivalentes en resultados.

La Fundación de las Cajas de Ahorros estima que las previsiones económicas para España son para el corriente año de un decrecimiento del PIB de siete décimas (-0,7) que para 2011 se transformará en crecimiento del PIB del 0,8% siendo los factores que impulsarán el crecimiento el consumo final de los hogares y la inversión en bienes de equipo, y en los dos años siguientes (2012 y 2013) la economía no podrá crecer por encima del 2%, sin generación por tanto de empleo.

Los índices de competitividad de la economía española han caído con todos los países, pero especialmente con aquellos con los de Europa, que son precisamente con los que tenemos mayores volúmenes de intercambio comercial. La subida de costes, especialmente de salarios y de precios durante más de una década han deteriorado fuertemente nuestra competitividad, es necesario corregirla, y como estamos en la zona euro, no es posible devaluar, lo que tendría un fuerte efecto sobre la disminución de los costes salariales. Por ello es necesario actuar sobre los salarios, que constituye el principal componente de los costes.

En Europa la mayor parte de los países han puesto en marcha en el mercado de trabajo la conocida como flexiseguridad, consistente en políticas activas de empleo que mantengan la seguridad y protección de los trabajadores sin mermar la flexibilidad de las empresas. En la negociación colectiva el crecimiento de los salarios deberá efectuarse en función del crecimiento de la productividad y no de la inflación, a cuyo efecto los acuerdos salariales se efectuarán a nivel de empresa y no a nivel de cúpula como se hace hoy en día.

Grecia que se encuentra en una situación de crisis económica peor que la nuestra, pero no totalmente diferente, ha acordado una reducción salarial; es claro que ha tenido una contestación social pero los Gobiernos deben actuar en función del interés general. En España estimo que debería efectuarse una corrección salarial tanto en el sector público como en el sector empresarial como consecuencia del desajuste habido en el pasado entre subidas salariales y productividad. Seguiríamos el consejo dado por Krugman. En cuanto a los precios un mayor nivel de competencia y una mayor desregulación serían medidas oportunas.

José Barea. Catedrático emérito de la UAM.

Por qué un ciudadano español puede trabajar sin mayores restricciones en Argentina y uno argentino sólo puede hacerlo excepcionalmente en España y tras salvar múltiples escollos? ¿Por qué un nacional de este país, aunque no tenga residencia legal y cualquiera sea el tiempo que lleve en Argentina, puede andar libremente por sus calles y a un argentino sin residencia legal se lo puede encerrar en un Centro de Internamiento de Extranjeros, con carácter previo a su expulsión, si permanece en España durante más de tres meses? ¿Por qué a un español sólo se le requiere su pasaporte para entrar y permanecer en Argentina y un ciudadano argentino debe acreditar para entrar en España que cuenta, para permanecer temporalmente en su territorio, con elevadas sumas de dinero, una reserva pagada en un hotel o una carta de invitación –costosa y sometida a múltiples requisitos y autorizaciones previas– por parte de un español o residente legal y un pasaje de ida y vuelta, entre otros condicionamientos? ¿Por qué ningún español es retenido en los aeropuertos y retornado a su país y muchos argentinos son devueltos al suyo –más de mil en el año 2009–, en muchos casos aun cumpliendo con esos requisitos? Porque Argentina cumple los tratados existentes entre ambos países y España no. Lo mismo ocurre en relación con los ciudadanos de los demás países iberoamericanos.

El artículo 26 de la Convención Internacional sobre el Derecho de los Tratados, promulgada el 23 de mayo de 1969, expresa: “Pacta sunt servanda. Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”.

La mayor parte de los países del mundo, entre ellos España y Argentina, se han adherido a esta Convención y se han comprometido por consiguiente a respetarla. Desde el primer Tratado entre uno y otro país en materia migratoria (Tratado de Reconocimiento Paz y Amistad, del 21 de septiembre de 1863), hasta el último en que se alude a esta materia (Tratado General de Cooperación y Amistad, del 3 de junio de 1988), todos ellos en vigor, cuatro son los principios convencionales que han regido las relaciones entre ambos países y beneficiado a sus ciudadanos: nación más favorecida, libre emigración, derechos preexistentes y reciprocidad, tanto a efectos de residencia y trabajo como de estancia temporal.

Todos los esfuerzos y protestas de las asociaciones argentinas para que estos derechos sean reconocidos por parte de España han sido baldíos. Tampoco el Gobierno argentino, con sus tímidos reclamos, ha logrado nada al respecto. No alcanza con que, de tanto en tanto, y cuando la cuestión obtiene publicidad, exprese su preocupación al Gobierno español y este manifieste, pero no cumpla, su intención de contemplar los derechos que asisten a los ciudadanos argentinos. Es necesario que por parte del Gobierno argentino se adopten medidas que obliguen al cumplimiento de lo pactado: desde presiones diplomáticas y exigencia de las responsabilidades que conlleva el incumplimiento de tratados internacionales hasta la imposición del mismo trato a los ciudadanos españoles para residir, trabajar, entrar y permanecer en Argentina que reciben los argentinos en España. El principio de reciprocidad esta explícitamente contemplado en cada uno de los acuerdos que en materia migratoria se han firmado entre ambos países.

Como la cuestión afecta a muchos otros países latinoamericanos que han suscrito con España tratados similares y sus gobiernos han tenido hasta ahora las mismas e ineficaces reacciones que el argentino, sería deseable que llegasen a un acuerdo para adoptarlas en conjunto. Si así fuere, no por los proclamados lazos de amistad, que bien quedan en los discursos, o por el siglo y medio en que fueron fundamentalmente los nacionales españoles quienes se beneficiaron de los tratados bilaterales, sino por los diversificados intereses de empresas españolas y la conveniencia de miles de ciudadanos españoles que viven, trabajan y visitan los países de América, pueden llegar a sensibilizarse las autoridades españolas.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia Argentina, Ricardo Lorenzeti, en reunión organizada el 9 de diciembre del pasado año por la Cámara Española de Comercio en Buenos Aires, con presencia del embajador español y representantes de las múltiples empresas españolas con intereses en Argentina, aventó su preocupación acerca del cumplimiento de sus contratos señalando que el respeto a los mismos es elemento basal de los estados de Derecho. Recibió un cerrado aplauso cuando dijo que España y Argentina tienen en común “mucho más que economía”. Efectivamente, mucho más. Por ejemplo los tratados sobre migración que España ignora y vulnera, siendo contratos entre ambos estados que establecen derechos recíprocos para los ciudadanos de uno y otra nación. Si las autoridades españolas honraran estos pactos, cumpliéndolos, el Estado de Derecho lo agradecería.

Escribimos este artículo con dolor, por lo que en el mismo se expresa y por las situaciones aún más graves que sufren los inmigrantes en general, tanto en España como en Europa. Quede dicho en todo caso que día a día se vulnera el derecho que cabe a cualquier inmigrante en cualquier país, o que debería caber si se cumpliera la Declaración Universal de Derechos Humanos. En su artículo 13.1 señala: “Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado”. Aunque tal derecho sólo vaya a ser posible en el mundo a que aspiramos, no en el que tenemos.

Carlos Slepoy es abogado.

Matías Ezequiel Garrido es sociólogo.

“Nunca jamás”. Así resumió el ministro Corbacho la posibilidad de que algún día el sistema público de pensiones sea sustituido por uno privado. Queda claro que, si de él depende, los españoles estaremos siempre encadenados al timo piramidal de las pensiones de reparto.

Lo curioso es que la afirmación la realizó Corbacho el mismo día en que aconsejó a los españoles hacerse un plan de pensiones privado y reconoció que él mismo tiene uno, a pesar de disfrutar de una pensión pública mucho mejor que la del resto de los españoles, gracias a los privilegios autoconcedidos por la clase política.

Corbacho niega tajantemente la posibilidad de que ahorremos y capitalicemos lo que ahora nos quita y (mal)gasta el Estado en el sistema público de pensiones, pero nos aconseja que, para tener una jubilación digna, saquemos de otro lado para crearnos una pensión privada paralela que compense la penosa cuantía de la pública.

Son pocos los que pueden permitirse este lujo cuando el Gobierno ha empeorado la fiscalidad de los fondos de pensiones y el Estado te quita casi la mitad de tu renta justificando la mayor parte de esa imposición confiscatoria con el cuento de garantizar una pensión decente. En contra de lo que nos cuenta la demagogia política, el sistema de capitalización personal es un modelo que refuerza al ciudadano con pocos medios, mientras que las recomendaciones de este Gobierno son las propias de una casta privilegiada que habla para los que son relativamente más pudientes.

Los estudios comparados, como los que hemos realizado en el Instituto Juan de Mariana, muestran que el trabajador medio que se jubila hoy recibe una pensión de 900 euros, que es sensiblemente inferior (un 11%) a la que recibiría de acuerdo con la rentabilidad histórica de los fondos que ha tenido que aportar durante los últimos 30 años (la diferencia es mucho mayor si el trabajador trabaja más años).

Pero es que, además, en un sistema de capitalización el jubilado contaría con un capital acumulado de unos 600.000 euros, frente al cero patatero del timo piramidal. Ese es un patrimonio que muchos querrán legar a sus hijos. En cambio, en el sistema actual no hay nada que legar y si uno tiene la desgracia de morir antes de la jubilación, sus descendientes no obtienen la pensión del padre, que ha pagado en balde durante décadas.

¿Es esto a lo que se refieren los socialistas de todos los partidos con solidaridad intergeneracional? Otros, en cambio, preferirán consumir el capital acumulado en el sistema de capitalización, pudiendo obtener en este último caso una renta mensual de 1.650 euros. Dicho en Román Paladino, la pensión pública media actual representa una merma cercana al 45% de la renta que se podría obtener en el mercado.

Con el sistema de capitalización, el trabajador deja de ser un mero arrendador de su fuerza laboral y pasa a aliarse con el crecimiento económico, dejando así de depender exclusivamente de la coyuntura del mercado de trabajo. Quizá por eso los partidos socialistas que realmente se preocupan por el progreso de los trabajadores han defendido e implantado el sistema privado de pensiones.

El peligro del sistema de capitalización no proviene de la posibilidad de una merma del capital (que siempre existe y difícilmente llegará nunca a igualar la merma forzosa del sistema público), sino de la codicia política. Por un lado, los políticos suelen ver en los sistemas privados de pensiones una fuente milagrosa de financiación del déficit público, por lo que suelen obligar a destinar una buena parte de las aportaciones a la compra de deuda pública. De este modo, se reduce notablemente la rentabilidad de los fondos y, por lo tanto, la cuantía de la futura pensión.

Pero es que, además, cuando los gobiernos manirrotos se encuentran en apuros financieros suelen tener la tentación de meter la mano en los fondos de pensiones y expropiarlos. Esto es lo que ha ocurrido en los últimos dos años en Argentina y en Bolivia. Por eso no sólo es importante pasar del sistema piramidal público de pensiones a uno privado, sino mantener la gestión de los fondos libres de injerencias políticas.

Crecimiento económico

El sistema de capitalización personal no sólo ofrece resultados extraordinariamente superiores al público y fomenta la verdadera solidaridad intergeneracional, sino que ofrece una sólida base para el crecimiento económico sostenible. Detrás de nuestra crisis actual está el efímero y absurdo intento de crecer sin ahorrar.

El resultado lo conocemos todos: inversiones insostenibles, paro masivo y empresas e instituciones financieras descapitalizadas. El modelo de pensiones privadas aportaría el ahorro que requieren las inversiones de largo plazo para que sean sostenibles y no generen recesiones como la que ahora padecemos.

La principal crítica que suele hacerse al sistema de capitalización personal es el coste del cambio. Los críticos más sofisticados ponen el dedo en la yaga de una imposible transición del modelo coactivo al modelo libre. Y en verdad el coste es elevado. Hablamos de una cantidad anual similar al déficit público en el que está incurriendo este Gobierno.

Dicho en otras palabras, esa cantidad se puede gastar en quitar y poner baldosas, pero no en devolvernos el control sobre la financiación de nuestra jubilación. No voy a ser yo quien abogue por realizar el cambio de modelo de pensiones con cargo al déficit público. Distintos países han adoptado diferentes planes para lograrlo. Unos han aplicado sistemas de transición gradual (sólo puedes recuperar parte de lo que aportas al sistema público) y otros han redireccionado buena parte del gasto público para poder realizar la transición.

Otra medida con la que sustentar el cambio de modelo es obteniendo fondos adicionales de la venta de las pocas empresas públicas que van quedando y de una parte del suelo público cuya propiedad retienen las distintas Administraciones Públicas.

Algunos dicen que en España no se puede cambiar el sistema de pensiones porque existe un rechazo sociológico a su privatización. Es lo mismo que se dijo en cada uno de la veintena de países que han dado libertad de elegir a sus ciudadanos. Sin embargo, en todos ellos la inmensa mayoría eligió salir del sistema público y pasar al sistema de capitalización individual.

Aquí tenemos una experiencia similar con los servicios de salud. Nos cuentan que los españoles están encantados con el modelo de sanidad pública y que aunque les dejáramos elegir casi todos decidirían quedarse bajo la protección médica de Papá Estado. Sin embargo, a los funcionarios se les deja elegir cada año y entre el 83% y el 86% optan por un gestor privado para que cuide de su salud. Sinceramente, no creo que el resultado vaya a ser muy diferente el día que nos dejen elegir; que si dependiera de los actuales Gobierno y oposición no llegará “nunca jamás”.

Gabriel Calzada. Presidente del Instituto Juan de Mariana.

FEDEA (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) es una fundación próxima a la Banca en cuyo patronato están representantes de: Banco Sabadell, Caja Madrid, Banco Español de Crédito, Banco Santander, Corporación Financiera Alba, Banco Bilbao Vizcaya-Argentaria, Banco de España, Bolsa de Madrid y Banco de Andalucía. Tal fundación ha publicado periódicamente informes que han cuestionado la viabilidad del sistema público de pensiones, enfatizando la necesidad de hacer cambios que en realidad significarían una reducción de las pensiones públicas en España.

Este último informe está firmado por cien economistas de los cuales la gran mayoría no son expertos en temas de Seguridad Social. En este artículo se analiza críticamente cada una de las posturas enunciadas en tal informe, mostrando los errores que aparecen en sus páginas.

Introducción

El informe se presenta como neutro y objetivo, basado en lo que se define como los estudios sobre la Seguridad Social disponible en España, lo cual no es cierto. En sus apéndices y referencias hay una clara selección de autores, excluyendo investigadores (de gran prestigio nacional e internacional) e informes (de gran credibilidad) que han cuestionado cada una de sus tesis. Los trabajos de Camila Arza, una de las expertas en temas de Seguridad Social más conocidas en España, y Adolfo Jiménez, ex Secretario General de la Seguridad Social (1986-1996), y una de las autoridades más respetadas en estos temas, no son citados y sus estudios que cuestionan sus conclusiones son sistemáticamente excluidos de su informe. Lo mismo ocurre en cuanto a autores internacionales, como Joseph Stiglitz, Dean Baker y otros que tampoco son citados y cuyos estudios son también excluidos en el informe. La selección ideológica en la evidencia que presentan es un indicador del carácter ideológico del informe.

Los errores del informe

La inviabilidad del sistema de pensiones se presenta en el manifiesto de los cien economistas como resultado de la evolución demográfica. Señalan por ejemplo que “pasaremos de las más de 4 personas en edad de trabajar por pensionista actuales a 1,75 personas en edad de trabajar por pensionista en el 2049”, sin explicar porqué esto es –según ellos- un problema. Parecen no percibir que, resultado del crecimiento de la productividad, 1.75 personas pueden producir dentro de 40 años lo mismo que ahora producen 4 personas. En realidad hace 40 años lo que hace ahora una persona requería, en aquel entonces, de siete personas. En esta misma línea indican que “La Comisión Europea estimaba en octubre de 2009 que el gasto en pensiones en España subirá hasta el 15,1% del PIB en 2060, lo que supone un incremento del 80% respecto de la cifra de 2007 (8.4%)”, presentando este dato como muestra que este elevado porcentaje es inasumible por la economía española. De nuevo, ignoran el impacto del crecimiento de la productividad. Supongamos que el crecimiento anual de la productividad es un 1,5%, un crecimiento que incluso el Banco de España admite como razonable. En este caso, el valor del PIB español será 2,23 veces mayor en 2060 que el PIB del año 2007. Ello quiere decir que si consideramos el valor del PIB del año 2007 como 100, el del año 2060 será de 223. Pues bien, el número de recursos para los no pensionistas en el año 2007 fue de 100 menos 8,4 (8,4 es la cantidad que nos gastamos aquel año en pensionistas), es decir, 91,6. En el año 2060 los recursos a los pensionistas serán el 15,1% de 223, es decir 33, y para los no pensionistas será 223 menos 33, es decir, 192, una cantidad que es más del doble de la existente en el año 2007, 91,6. Debido al crecimiento de la productividad, en el año 2060 habrá más recursos para los no pensionistas que hoy, y ello a pesar de que el porcentaje del PIB dedicado a pensiones es superior en el año 2060 que en el 2007. Los que alarman innecesariamente a la población olvidan un hecho muy elemental. Hace cincuenta años, España dedicaba a las pensiones sólo un 3% del PIB. Hoy es un 8%, más del doble que cincuenta años atrás. Y la sociedad tiene muchos más fondos para los no pensionistas de los que había entonces, aún cuando el porcentaje del PIB en pensiones sea mucho mayor ahora que entonces. Por cierto, ya hace cincuenta años, cuando España se gastaba un 3% del PIB en pensiones, había voces liberales que decían que en cincuenta años se doblaría o triplicaría tal porcentaje, arruinando el país. Pues bien, estamos cincuenta años más tarde, y el país tiene más recursos para los no pensionistas que existían entonces, aún cuando el porcentaje del PIB dedicado a pensiones se ha doblado.

Otros errores

Otro error que se realiza en el informe es que toma como válidas las cifras que provee la OCDE sobre la tasa de reemplazo de las pensiones, indicando que las pensiones representan el 88% de los salarios, definiéndola como una de las más altas de los países miembros de esta organización. Como Camila Arza (“El sistema español de pensiones en el contexto europeo: estructura institucional, reformas e impactos sociales”.La Situación Social en España, volumen III. Ed. Biblioteca Nueva. 2009) y muchos otros expertos han indicado tal cifra está deliberadamente hinchada y no se corresponde con la realidad. En realidad esta cifra se basa en una vida laboral ininterrumpida de 40 años, cuando la vida real laboral promedio en España es de 35 años. Por otra parte el cálculo de la pensión no se hace sobre los salarios sino sobre la base de cotización salarial, una cifra menor que el salario. El nivel de cotización del salario es una cifra distinta a la del salario. Esta distancia entre salario real y base de cotización se ha ido reduciendo con lo cual las pensiones han ido mejorando, pero distan todavía mucho de ser equiparables a la UE-15. No es pues el 88% de los salarios sino de la base de cotización, que es una cifra mucho menor. Por otra parte, las pensiones se incrementan según el índice de inflación, a fin de no disminuir la capacidad adquisitiva de los pensionistas, pero no a base del promedio del incremento salarial como ocurre en otros países. Como los salarios crecen más rápidamente que la inflación, resulta que los pensionistas ven deteriorado su nivel de vida en relación con la población activa, hecho que el informe ignora o desconoce.

Por otra parte el informe también ignora el hecho de que los salarios en España son muy bajos, lo cual por cierto, no se debe, en general, a la baja productividad (ver el artículo mío “Los salarios en España”.Público, 04.03.10), sino a la correlación de fuerzas dentro del mercado de trabajo español. Esta situación explica que las pensiones sean también muy bajas. Lo define muy bien Camila Arza en su citado capítulo del cual cito directamente: “Al basarse en niveles salariales relativamente menores que gran parte de los países europeos, el sistema de pensiones español genera beneficios más bajos: las tasas de reemplazo reflejan la capacidad de sustitución del salario que tiene el sistema, pero no su capacidad comparativa de compra. Esto explica la divergencia entre la generosidad del sistema en términos de la tasa de reemplazo teóricas y el nivel comparativamente bajo de gasto per cápita en paridades de poder de compra, como se observó más arriba. Altas tasas de reemplazo en un país con salarios más bajos produce pensiones más bajas.”

En realidad, el porcentaje de gasto en pensiones de jubilación en España sobre el PIB es de los más bajos de la UE-15 (España 8.4%, UE-15 10.2% del PIB) y ello a pesar de que la población anciana como porcentaje de la población total es superior en España que en la UE-15. Deberíamos gastarnos, pues, más y no menos. En cambio el gasto público en pensiones de jubilación por anciano es más bajo que el promedio de la UE-15 y mucho más bajo que algunos países de la UE-15, tales como Italia 13.531 upc, Suecia 13.190 upc, Dinamarca 12.846 upc, (unidades de poder de compra, upc, es decir, euros estandarizados). El gasto público en pensiones por anciano en España significa sólo el 65% del salario medio, que en España es uno de los más bajos (en la UE-15 es el 68%).

Entre las causas que explican este bajo gasto público en pensiones de jubilación está la reducida pensión de los pensionistas así como el porcentaje elevado de ancianos que no reciben ninguna pensión pública de la Seguridad Social (el 20% de la población anciana en España comparada con sólo el 9% de la población anciana en la UE-15). Estos datos explican la gran pobreza entre los ancianos en España, de nuevo citando a Camila Arza: “En ausencia de ingresos laborales o de capital de alguna importancia, el riesgo de pobreza tiende a aumentar cuando los beneficios del sistema de pensiones son demasiado bajos o la cobertura es limitada. En España, la expansión de los beneficios sociales y el crecimiento económico durante el período de la reconstrucción democrática supuso una reducción del riesgo de pobreza en la vejez. Entre 1980 y 1995, los beneficios aumentaron y el riesgo de pobreza relativa entre los mayores de 60 años se redujo (Boldrin y Jiménez-Martín, 2006). Esta mejora en las condiciones de vida de los jubilados durante las décadas pasadas ha acortado notablemente la brecha con el resto de los países de Europa. A partir de 1995, sin embargo, los beneficios relativos al salario comienzan a caer y el riesgo de pobreza vuelve a aumentar. Un estudio basado en datos del Luxembourg Income Study ha revelado que entre 1995 y 2000 la pobreza relativa en la vejez aumentó 5,9 puntos porcentuales (Munzi y Smeeding, 2006). En 2000 España era uno de los países europeos con la pobreza relativa más alta para la población mayor, que alcanzó el 23,3% (tabla 12). Esto es probablemente el resultado de la falta de ajuste de las pensiones a la evolución del salario en un contexto de crecimiento económico.” Todos estos datos son ignorados en el informe FEDEA.

Otras observaciones

En realidad, la evidencia existente más creíble que la presentada en este informe muestra que el sistema público de pensiones no tiene un problema de viabilidad. Ni que decir tiene que algunos cambios deberían hacerse, sobre todo, para mejorar la equidad dentro del sistema. Pero no es cierto que haya un problema de sostenibilidad en la Seguridad Social de España. La incorporación de la mujer al mercado de trabajo y el incremento de la productividad, aumentará el nivel de riqueza del país de una manera sustancial proveyendo suficientes recursos para los pensionistas y no pensionistas, como hemos indicado en este informe. Es más, la popularidad de las pensiones públicas (en todos los grupos etarios de la población) explica que la sociedad siempre encontrará recursos para financiar las pensiones públicas, bien a través de las cotizaciones sociales, bien a través de los impuestos generales. Es sorprendente leer en el informe de FEDEA que se excluye como posible intervención para mejorar las pensiones el aumento de las cotizaciones sociales o los impuestos generales, posibilidades que se excluyen porque “tal aumento tendría efectos muy negativos sobre el empleo y la inversión”. Países con elevada carga fiscal, sin embargo, tienen tasas de desempleo muy bajas. Los países escandinavos, de tradición socialdemócrata, son un ejemplo de ello. Este argumento es insostenible a la luz de la enorme evidencia que muestra que no hay relación entre lo primero y lo segundo. Es una declaración meramente ideológica que carece de credibilidad científica.

Por último, el informe recomienda que se cree una Comisión para hacer propuestas para resolver la supuesta inviabilidad de las pensiones, fuera del alcance del Pacto de Toledo, que diluiría la participación de los representantes de la población española en el proceso de reflexión y decisión del mayor programa público que afecta a la mayoría de la población. Ni que decir tiene que otras medidas que son más importantes para mantener la sostenibilidad de la Seguridad Social, como son la redistribución de la renta y el incremento de la masa salarial como porcentaje del PIB, son totalmente ignoradas en el informe. Tal como ha escrito Christian Weller en “The future of public pensions on the OECD”, publicado en el Cambrigde Journal of Economics, (2004), una de las causas que ha creado un problema económico en la Seguridad Social es precisamente la polarización de las rentas en los países de la OCDE, con disminución de las rentas del trabajo a costa del incremento de las rentas de capital. Puesto que la mayoría de los fondos a la Seguridad Social proceden de las rentas del trabajo, la disminución de este tipo de rentas ha afectado a los ingresos a la Seguridad Social. De ahí que medidas redistributivas incrementando las rentas del trabajo juegan un papel clave para garantizar la viabilidad del sistema de pensiones. Pero estas medidas quedan totalmente fuera del marco liberal que siempre favorece las rentas de capital sobre las rentas del trabajo. Me permito sugerir al lector que lea la sección Pensiones en mi web (www.vnavarro.org).

Vicenç Navarro

Más artículos de Enfoques

Existe una percepción generalizada en muchos círculos financieros, políticos e incluso mediáticos del país –promovida por pensadores liberales– de que las pensiones públicas de jubilación son demasiado generosas. Así, hemos visto, hace unos días, un documento firmado por cien economistas (muchos de ellos, los mismos que firmaron recientemente otro documento proponiendo que se facilitaran los despidos de los trabajadores) pidiendo que, con el fin de salvar el supuestamente inviable sistema de jubilaciones público, se redujeron tales pensiones públicas, consideradas excesivas. Señalaban como prueba de tal exuberancia que los pensionistas, en el momento de su jubilación, reciben en España una pensión que es equivalente al 88% de los salarios, uno de los porcentajes mayores de la UE-15, el grupo de países de semejante nivel económico al español.

Tal mensaje –que, como era previsible, gozó de gran visibilidad en los medios– suele estar promovido por la banca, que ha estado cuestionando la sostenibilidad de las pensiones públicas desde el momento en que se establecieron, promoviendo el mensaje de que tal sistema de pensiones público es inviable y/o insuficiente. No por casualidad, el documento está patrocinado por una fundación, FEDEA, financiada primordialmente por la banca, deseosa de que se reduzcan las pensiones públicas para aumentar las privadas.

El problema de tal percepción (de que las pensiones públicas de jubilación son excesivas) es que es profundamente erróneo. Y, además, es fácil demostrarlo. Veamos los datos. Los extraigo del capítulo El sistema español de pensiones en el contexto europeo escrito por una de las investigadoras que más han trabajado en el tema de pensiones a nivel europeo, la profesora Camila Arza, del Programa de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), publicado en el informe La situación social en España, del Observatorio Social de España (colgado en la web www.observatoriosocial.org).

España se gastó en 2005 en tales pensiones públicas de jubilación sólo el 6,9% del PIB, uno de los porcentajes más bajos de la UE-15, cuyo gasto promedio en tal tipo de pensiones públicas es del 9,4% del PIB. ¿Por qué España se gasta mucho menos que otros países de comparable nivel de desarrollo económico? Una causa podría ser la estructura demográfica, es decir, que España tuviera una menor proporción de la población que fuera anciana. Pero este no es el caso, pues la situación es precisamente la opuesta. España tiene uno de los mayores porcentajes de población por encima de 65 años (16,5%) en la UE-15. Deberíamos gastarnos, pues, más, no menos, de lo que la UE-15 se gasta en pensiones públicas. En realidad, el gasto en pensiones públicas de jubilación por anciano en España es de los más bajos de la UE-15; sólo 9.227 unidades de poder de compra, u.p.c. (euros estandarizados por su poder de compra en países de distinto nivel de vida), comparado con 13.531 en Italia, 13.190 en Suecia, 12.846 en Dinamarca, y así una larga lista de países. Si vemos el porcentaje que estas cantidades significan sobre el salario medio vemos, de nuevo, que España es uno de los más bajos. Este porcentaje, que se llama tasa de reemplazo, es del 65%, más bajo que el promedio de la UE-15, que es del 68%. Mírese como se mire, pues, no puede llegarse a la conclusión de que nos gastamos demasiado en pensiones para los ancianos.

Ahora bien, la Comisión Europea, el Banco Mundial, la OCDE y, cómo no, el Banco de España (todas ellas instituciones de orientación liberal) utilizan el dato de que la tasa de reemplazo (por pensionista) es una de las más altas de la UE y de la OCDE, nada menos que un 88%. Y esta es la cifra que utiliza el manifiesto liberal de los cien economistas. Existen varios problemas con esta cifra, que está claramente hinchada. Los cálculos se basan en una situación ideal de vida laboral ininterrumpida de 40 años, cuando la realidad es muy distinta. El promedio de vida laboral en España es de 35 años (mucho menor en el caso de las mujeres). Es más, los salarios en España son muy bajos, mucho más bajos que en el promedio de la UE-15, lo cual no se debe, como erróneamente se asume, a una menor productividad (ver mi artículo Los salarios en España, Público, 04-03-10), sino a la debilidad de las fuerzas progresistas en España. Puesto que los salarios son bajos, las pensiones son también muy bajas, aunque la tasa de reemplazo aparezca muy elevada. Esta tasa da una idea equivocada de la generosidad de las pensiones en términos comparativos. Estas tasas pueden ser elevadas y en cambio las pensiones pueden ser muy bajas, que es lo que pasa en nuestro país.

Otro error en aquel porcentaje de reemplazo del 88% de salario es que lo que aquellas instituciones –y el manifiesto liberal– definen como salario no es el salario, sino la base de cotización salarial, es decir, que las pensiones no se calculan directamente sobre el salario previo, sino sobre el nivel de cotización del salario, que es una cifra menor. Esta distancia entre salario real y base de cotización se ha ido reduciendo, con lo cual las pensiones han ido mejorando, pero distan todavía mucho de ser equiparables al resto de la UE-15. Es más, las pensiones se incrementan según el índice de inflación (a fin de no disminuir la capacidad adquisitiva de los pensionistas) pero no a base del promedio de nivel salarial, como ocurre en otros países. Y puesto que los salarios crecen, por lo general, más rápido que la inflación, resulta que los pensionistas se quedan más y más atrás, deteriorando su nivel de vida relativo.

Otro hecho que explica que el gasto en pensiones sea bajo es que el porcentaje de población anciana no cubierta por las pensiones públicas financiadas por la Seguridad Social es muy elevado, un 20,6% de la población anciana, la mayoría mujeres, (comparado con sólo un 9% de la UE-15). De estos datos se deriva que no sólo el gasto en pensionistas es muy bajo (más bajo que el promedio de la UE-15), sino que el gasto en todos los ancianos es también muy bajo, lo cual explica el elevado nivel de pobreza entre los ancianos (23,3%, comparado con sólo 1,6% en Holanda, 7,7% en Francia, 11% en Noruega, 12% en Dinamarca…). Ninguno de estos datos aparece en aquel manifiesto liberal (para una crítica detallada, ver www.vnavarro.org).

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y director del Observatorio Social de España.

AJUSTE DE CUENTAS

Lo peor del debate sobre las pensiones es que siempre acabamos en el páramo de la indecisión. Parece claro que hay que avanzar hacia una fórmula que combine el actual sistema público de reparto con uno de capitalización privado, pero nadie lo dice claramente y el Gobierno no gobierna. Al final, claro, cobraremos, pero será tan poco dinero que habrá que seguir trabajando para tener ingresos adicionales.

Ahora, el ministro Celestino Corbacho nos confiesa que él tiene un plan privado de pensiones. Como él, 10,7 millones de españoles ya tienen uno, sobre todo después de que Pedro Solbes nos advirtiera de que los suscribiéramos en la primera mitad de los 90. El mismo Solbes nos amenazó después, en la primera legislatura de Zapatero, con que iba a retirarles las ventajas fiscales. Aparte de arruinar la campaña de fin de año de los fondos de pensiones aquella temporada y de limitar el máximo desgravable, no pasó nada.

Los fondos son el típico asunto que el Gobierno ve como un jarabe que tiene que tomar a disgusto. Eso, al final, proyecta una gran sombra sobre el sector y en esa oscuridad se amparan abusos e incompetencia.

El profesor del Iese Pablo Fernández ha arrojado algo de luz sobre los fondos de pensiones con un estudio actualizado al 1 de marzo de 2010. Gracias a él sabemos que en los últimos tres años la rentabilidad promedio de los fondos estuvo por debajo de la inflación. O sea, no rentaron nada. Sin embargo, las gestoras de los planes se embolsaron 1.013 millones de euros en 2009. Sólo uno de los fondos con 15 años de historia ha batido la rentabilidad del bono español a 10 años. Y sólo cinco de los 800 planes con 10 años de antigüedad, superaron la rentabilidad de la Bolsa de Madrid.

Este bajísimo rendimiento se debe a las elevadas comisiones y al tipo de gestión de los fondos, cuyos responsables se contentan con referenciarse a un índice con muy poca imaginación. Todo ello es fruto de la falta de una mayor competencia en el sector. Pero como el Gobierno parece no creer en ellos, ahí están sangrando al personal. Los españoles sólo tenemos ahorrados 84.800 millones de euros, menos del 8% del PIB, frente a una media europea que supone el 36%. Las razones están a la vista.

john.muller@elmundo.es

Miren por donde que pensaba yo ayer que la prensa especializada se lanzaría a la yugular del Presidente del Gobierno tras su entrevista del lunes en Televisión Española (ver video). Enseguida verán por qué. Allá por el minuto 18 y medio, Juan Ramón Lucas pregunta a Zapatero por la subida del IVA. Y entonces, éste contesta con un discurso de 90 segundos que no es sino un reflejo de su estratagema política ante la crisis: decir una cosa y su contraria casi sin solución de continuidad. Así, primero, defiende la medida pues “permite mejorar los ingresos del Estado y reducir el déficit”. Hasta ahí lo correcto. Luego, comienza con las medias verdades. La iniciativa no afecta a los trabajadores (pero sí a su renta disponible, siendo la propensión del ciudadano al consumo mayor cuanto menor es la misma), ni a la actividad de las empresas (pero sí a sus márgenes ya que no pueden repercutirlo en los precios finales en un entorno de baja demanda), mantiene el tipo por debajo de los niveles medios de imposición indirecta europeos (que, en algunos casos, corresponden a naciones con menor peso del consumo en su PIB, detalle que se olvida) y no hace daño a las exportaciones (como si la competitividad fuera un factor aislado, independiente de la normativa interna). Y entonces el remate final: “le voy a dar un dato” -tiembla McCoy, redoble de tambores-, “con lo que vamos a recaudar de IVA desde junio hasta final de año, podemos pagar la prestación de 500.000 personas desempleadas”. Por favor, el electroshock que me da un jamacuco. Pero… ¿no era el objetivo reducir el déficit? Pues no, desengáñense, lo importante es la cohesión social y hacer frente con la mayor recaudación a los gastos corrientes que la Administración tiene comprometidos. Que el voto es el voto, oiga.

Las implicaciones de este tipo de imprudentes declaraciones son múltiples. De ahí que me extrañe que nadie se haya parado a reflexionar sobre ellas de forma detallada. En primer lugar ponen de manifiesto de cara a los mercados internacionales -que son los que nos han puesto, nos guste o no, en el punto de mira- la inconsistencia de la estrategia de nuestro Ejecutivo, incapaz de dotar de la necesaria cohesión hacia un objetivo común a las 137 proposiciones desarrolladas hasta ahora, ni una más, ni una menos (Zapatero dixit). Unir mayor presión fiscal con sostenimiento del aumentado Estado del Bienestar, como consecuencia de la crisis, chirría en el entorno de apremio por parte de socios, conocidos y enemigos para que España reequilibre sus cuentas públicas como el actual. El hecho de que se tratara de una frase, sin duda, preparada pone de manifiesto el grado de incompetencia del Gabinete de Comunicación de Moncloa, incapaz de percibir quienes son, a día de hoy, los destinatarios últimos de los mensajes: aquellos que cuestionan la solvencia y credibilidad de nuestro país. Algún malhadado dirá, “ves McCoy, es hablar ZP y caer la bolsa; podía quedarse calladito”, aunque es verdad que al final llovió bursátilmente menos de lo que parecía por la mañana. No soy tan malvado como para establecer tal asociación pero está claro que alguien aquí no se ha dado cuenta de dónde está el foco de atención y sigue soltando frases para el recuerdo a su aire.

En segundo lugar, resulta evidente que, cuando el aumento de recaudación tributaria se produce vía tipo de aplicación y no mejora de la actividad, el gravado tiene que tener claro que ese sacrificio adicional que se le exige encuentra compensación en forma de contraprestación presente o futura. Es el pacto implícito subyacente a cualquier sistema tributario, acuerdo tácito que cobra especial vigor en tiempos de escasez como los actuales. Una premisa que se rompe en el supuesto planteado por el Presidente del Gobierno, donde prima la mera transferencia de rentas entre trabajadores y desempleados frente a la gestión eficaz de los limitados recursos. Siendo así, el Estado desvirtúa su papel ya que se convierte en un mero intermediario sin ánimo de lucro. Para este viaje no hacían falta alforjas. No sólo eso, fomenta el subsidio como modo de vida frente a la iniciativa privada. Indudablemente existe un argumento de cohesión social. Pero la misma se puede lograr, bien de forma pasiva, dinámica que parece haber adoptado nuestros gobernantes, o de modo activo, promoviendo políticas que faciliten la creación de empleo, gracias al fomento de la educación, la especialización y la innovación. Una elección peligrosa. No estamos como para dar excusas a la insumisión fiscal.

En tercer y último término están los parados, teóricos beneficiarios de la propuesta presidencial. Esperemos que carezcan de la candidez imprescindible como para comprar sus argumentos. Y es que el IVA es un impuesto no progresivo, que grava por igual con independencia del nivel de ingresos. Miento,  tal y como hemos señalado con anterioridad, es más bien un tributo regresivo precisamente por el hecho de que las rentas bajas son las que más consumen en términos porcentuales respecto a su disponible, con la salvedad, cierta, de que tales compras se concentra en bienes de tipo reducido. Por tanto, al final lo que el Gobierno está haciendo es darles con la mano derecha lo que recauda de ellos con la izquierda, resultado de su gasto de subsistencia. ¿Cómo lo ven? Al final si sustituyéramos prestación por la devolución de la recaudación nos ahorraríamos estos fuegos de artificio. ¿Es eso lo que propone realmente Zapatero? Ta tenemos la Exclusiva. El problema es que, para los que hemos defendido la oficialización, vía amnistía a la italiana, vía incentivos a la declaración, de la economía sumergida nos estrellamos ante medidas de este tipo que fomentan, precisamente lo contrario. Pero, amigos, es lo que hay. Mientras miremos hacia otro lado cuando nuestro Primer Ejecutivo dice dislates como los del lunes, poco podremos hacer. Al menos, desde aquí, intentaremos ponerle frente a sus vergüenzas. Me temo que será en vano.

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Estamos asistiendo a roces producidos por el rápido asentamiento de la población inmigrante, pero no a enfrentamientos xenófobos ni a choques de integración. El telón material es la competencia por los recursos escasos, y la falta de oxígeno en la crisis está generando actitudes de saturación. Para que sean choques de integración hace falta que los inmigrantes reivindiquen la igualdad y organicen su densidad social; y para calificarlos de conflictos xenófobos sería menester que el motivo principal no fuera el empleo, las plazas escolares o la inseguridad urbana, sino la imposición de la identidad nacional. Analicemos actitudes y conductas.

Empecemos por la encuesta del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) que se realizó en septiembre de 2008 y cuyos resultados se acaban de hacer públicos. En este estudio se registra un aumento en las actitudes de rechazo hacia los inmigrantes respecto del sondeo levantado el año anterior. La investigación refleja que el malestar de saturación tiene dos fundamentos: la reacción ante las consecuencias de la crisis y frente al asentamiento de los inmigrantes.

El análisis de OBERAXE clasifica a los españoles en tres tipos según cuáles sean sus actitudes respecto de los inmigrantes. El 37% es reacio, un tercio se muestra tolerante y el 30% restante aparece ambivalente. El cambio más significativo es que los tolerantes han aumentado un 4% respecto del año anterior. El grupo que mengua ha sido el de los ambivalentes y, aunque los reacios siguen siendo los más numerosos, lo cierto es que conservan su peso. De modo que, en el primer año de crisis, se fueron decantando las posiciones a favor de los tolerantes.

Hace tres años el tipo ambivalente era muy mayoritario (46%), mientras que los reacios no llegaban al tercio y los tolerantes representaban menos de la cuarta parte. Así que, entre noviembre de 2005 –después de la regularización masiva– y septiembre de 2008 –en pleno golpeo del desempleo sobre los españoles–, la ambivalencia ha disminuido sustancialmente al tiempo que aumentaban seis puntos los reacios y 11 los tolerantes. Estos datos traducen, mas allá de la incomodidad que puedan producir las etiquetas, que el asentamiento de los inmigrantes ha sido mas tolerado que repudiado.

Así que roces y actitudes traslucen las consecuencias de la crisis y dan fe de cómo se percibe el proceso de instalación. Porque, a la par que crecían los dos tipos polares de actitudes respecto de los nuevos habitantes, aumentaban los niños en las escuelas, los permisos de residencia permanente, los matrimonios mixtos y los nacidos de madre extranjera. En una frase, las ideas se han ido aclarando conforme ha aumentado la convivencia. El roce exterioriza que los inmigrantes comparten derechos y tienen las mismas necesidades.

De unos meses a esta parte también asistimos a comportamientos de rechazo que tienen lugar en varias localidades. Estos sucesos saltan precisamente allí donde el asentamiento está más avanzado y la crisis muerde con fuerza. Los roces son también señal de integración.

Antonio Izquierdo. Catedrático de Sociología.

LA ESQUINA

El que fuera secretario general de CCOO José María Fidalgo se ha convertido de la noche a la mañana en una persona respetable para buena parte de la sociedad liberal conservadora porque ésta ha descubierto que dice cosas con mucho sentido común. No es que Fidalgo haya cambiado de pensamiento radicalmente.

Sigue pensando como pensaba dentro de la socialdemocracia. Lo que ha ocurrido ahora es que le invitan como tertuliano quienes antes le criticaban sólo porque era el dirigente de una organización sindical que, además, se financia también con subvenciones públicas, como la patronal, muchísimas empresas, la Iglesia, los partidos políticos, las organizaciones no gubernamentales y millones de familias.

Quien conoce a Fidalgo desde hace muchos años sabe que fue una de las primeras voces en advertir del peligro hacia el que caminaba España basando su economía en la construcción y en sus consecuencias. Precisamente, porque el elevado déficit comercial estaba alertando de la pérdida de competitividad exterior de España y todo lo que eso conlleva. Fidalgo, junto a Cándido Méndez, protagonizó un cambio ideológico dentro de la izquierda sobre la energía nuclear al defender su validez para el futuro industrial. De la misma manera que es un firme defensor de la reforma permanente del sistema de pensiones, incluyendo el retraso de la edad de jubilación, lo que choca con la posición actual de los sindicatos, y de la fortaleza de la Administración central y del Gobierno, que es lo que hoy me preocupa.

Una de las principales propuestas que el Ejecutivo ha presentado a la oposición para intentar hacer frente a la crisis es un drástico recorte en la Administración Central y en las empresas públicas. El Gobierno espera que cunda el ejemplo y que, junto a las comunidades autónomas y los ayuntamientos, sea posible recortar un 4% los gastos de personal para 2013. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, calcula que este ajuste se pueda llevar a cabo con la política de no cubrir las plazas que quedan vacantes por jubilación.

Está bien que el Gobierno revise dónde puede estar la ineficiencia, tanto en la administración como en las empresas públicas. Sin duda que puede ser un paso más en la reducción del déficit del conjunto de las administraciones a un 3% del PIB para 2013.

Sin embargo, el Ejecutivo debe hacer las cosas con cuidado. Incluso, haría bien el Partido Popular en reflexionar sobre las consecuencias de pedir alegremente la desaparición de Ministerios, coincidiendo con los partidos nacionalistas.

Tengo la impresión de que ni al PNV ni a CiU ni, por supuesto, a la izquierda nacionalista, les preocupa la reducción del gasto en el Gobierno central, sino más bien seguir erosionando la representación del Estado en todo tipo de políticas. En segundo lugar, según el Registro Central de las Administraciones Públicas, de los 2.660.000 funcionarios que hay en España, el 22% –583.447– son del Gobierno central, y de esta cifra, unos 260.000 son Fuerzas Armadas y de Seguridad del Estado. Como consecuencia del traspaso de competencias y del propio crecimiento adicional, en las comunidades autónomas hay 1.345.577 funcionarios, el 50,6% de la cifra total, mientras que en los ayuntamientos hay 627.092 empleados públicos, el 23,6%. El 4% restante pertenece a las universidades. Por lo tanto, el recorte más acusado debe producirse en las comunidades autónomas y ayuntamientos. No en el Gobierno central.

Una cosa es ajustar la Administración Central y reordenar los funcionarios y los departamentos y, otra muy distinta es seguir reduciendo la capacidad ejecutiva del Gobierno con una permanente reducción de medios. Yo no digo que no sea factible suprimir el Ministerio de Igualdad y la Vicepresidencia Tercera, porque no sirven para gran cosa, pero hay que tener cuidado con quitar facultades a políticas como sanidad, educación, cultura, defensa, industria o política exterior, entre otras. Como diría Fidalgo estas competencias ya están bastante debilitadas, entre otras cosas, por tres rebajas fiscales efectuadas en los últimos quince años. Sentirse un ciudadano libre no es incompatible con querer que haya Gobierno cuando lo necesita.