Reggio’s

La historia de Estados Unidos es excepcional. Es el único país que siempre vivió bajo la potestad del capitalismo. Ni esclavitud como principio ordenador, ni señores feudales. Sólo el ojo inquieto del capital. Quizás eso explica por qué la única fuente de legitimidad política en Washington ha dependido esencialmente de la capacidad de mantener un alto nivel de consumo. Cuando eso sufre una crisis, la elite en ese país ha tenido que renovar su fuente de legitimación política.

A veces eso ha pasado por la redefinición de pactos sociales, como en los años treinta, cuando el Nuevo Trato de Roosevelt estableció nuevas bases para la distribución del ingreso y las relaciones entre trabajo y capital. La derecha nunca perdonó esa afrenta y esperó el momento para revertir ese pacto social. La coyuntura favorable se le presentó en los años 80 bajo la presidencia de Reagan. Las relaciones laborales vieron la desintegración del movimiento sindical y a partir de ese punto de inflexión los salarios se estancaron.

Si la legitimidad política en Washington se sostiene con el consumo masivo, ¿cómo se mantuvo cuando los salarios se estancaron? En Estados Unidos la respuesta fue a través del crédito. La demanda agregada se pudo mantener solamente a partir del crédito que recibieron las familias para todo tipo de bienes: hipotecas para casas, crédito para automóviles y electrodomésticos, educación universitaria, viajes y consumo corriente, etcétera. En los años 80 al mismo tiempo que la participación de los salarios en el PIB comienza a contraerse, se inicia un proceso de endeudamiento de las familias para compensar la caída en los ingresos. La tarjeta de crédito se convirtió en el documento de identidad del ciudadano estadunidense.

Eso mantuvo a la economía caminando. Le acompañó siempre una propensión a las burbujas crediticias. La última se presentó en el mercado de bienes raíces. Antes de explotar en el segmento de hipotecas chatarra, permitió a los consumidores estadunidenses ilusionarse con el American dream.

No hay que engañarse. Aparentemente la especulación desenfrenada y la desregulación financiera aparecen como causas inmediatas de la crisis. No son más que el último eslabón de una cadena de transmisión que se remonta a la caída en los salarios. El desmantelamiento gradual de la industria manufacturera en Estados Unidos también contribuyó a mantener deprimidos los salarios y la globalización entra como otro elemento en esta historia. Pero la clave de la crisis está en la lucha por la distribución del ingreso y la riqueza.

En este escenario es evidente que la idea misma de recuperación es problemática. ¿Recuperación para retornar a una economía enferma? Es una pregunta importante que parece que casi todo mundo está evadiendo en Estados Unidos. La verdad es que el debate político está muy empobrecido. Gira alrededor del tema de austeridad versus estímulo fiscal, como si eso fuera todo. Se sigue hablando de recuperación y se apuesta al viejo modelo económico que está en la más completa bancarrota.

La Congressional Budget Office (la agencia federal encargada de calcular los ingresos fiscales y el impacto del gasto) tiene un pronóstico sombrío para la economía estadunidense en los próximos cincuenta años. Utilizando un método estadístico para separar el componente secular del ingrediente cíclico en una serie temporal, la CBO proyecta que en los próximos años se iniciará un proceso de estancamiento (crecimiento de 2 por ciento anual) de la economía estadunidense que puede durar ¡hasta 2084! (www.cbo.gov).

En ese contexto las formas de legitimidad del edificio político tendrán que sufrir cambios profundos. La promesa de acceder al consumo masivo ya no podrá justificar el sistema político estadunidense. ¿A qué va a recurrir la clase política de ese país? El odio a los migrantes y el miedo a todo lo que huela a extranjero serán opciones tentadoras, sobre todo cuando ese pueblo descubra que Estados Unidos sólo es un país como cualquier otro.

El peligro para México es mortal. Las elites del poder económico aquí y en el extranjero impusieron una peligrosa trayectoria económica. Aprovechando la debacle de los años ochenta, utilizando el fraude electoral y manipulando la opinión pública, transformaron a la economía mexicana en un apéndice del aparato económico estadunidense. Hoy que esa economía entra en declinación es urgente recuperar la autonomía de nuestra política económica. Acto seguido, debemos transitar por un proceso de reconstrucción en todos los niveles, desde sus bases en los sectores agropecuario e industrial, hasta el sector financiero y las relaciones macroeconómicas. Todo esto tendrá que hacerse con una visión analítica que abandone la visión ingenua o malintencionada sobre los mercados estables y autorregulados. En México siempre fue urgente diseñar una estrategia para un desarrollo socialmente responsable y sustentable en la dimensión ambiental. De esa tarea pendiente depende hoy la viabilidad de nuestro país como sociedad democrática, independiente y socialmente responsable.

http://nadal.com.mx

TRIBUNA: SOCIEDAD Y EMPLEO

El autor sostiene que los representantes de los trabajadores deben ser firmes en su defensa de los derechos laborales

Zapatero nunca había faltado a Rodiezmo desde que en 2000 tomara las riendas del PSOE. Su no asistencia a la fiesta minera del próximo domingo ha dado mucho de que hablar en la prensa, pues se supone representa el divorcio entre el actual presidente del Gobierno y los sindicatos. Unos sindicatos que en el actual contexto de despidos, rebajas salariales y reformas laborales están en el disparadero de la opinión pública.

Tener algunos años tiene sus ventajas. Una de ellas es estar alerta cuando se otea en el horizonte que uno va a contemplar cómo se repite una historia que ya había vivido. Creo que esto es lo que me está empezando a ocurrir cuando observo el tratamiento que muchos hacen de las movilizaciones sindicales.

En los años 80 del siglo pasado también hubo huelgas muy importantes de los sindicatos, también hubo conflictos sociales muy agudos, también asistimos a una campaña de descalificaciones. Sin embargo, había diferencias notables con el momento actual.

Los sindicatos, a lo largo de la Transición, habían dado muestras de una gran cordura, de una indudable sensatez, de una inequívoca moderación. Fueron impelidos a aceptar los Pactos de la Moncloa negociados por los partidos políticos; se les invitó a no plantear problemas cuando se consensuaba la Constitución; levantaron un poco la voz en el año 80 pero el 23 de febrero del 81 exigía de nuevo moderación. Y de nuevo estuvieron dispuestos a aportar su granito de arena a cambio de ser siempre los parientes pobres de la Transición. Ellos eran el símbolo de la moderación en un país atenazado por el golpismo y por el terrorismo; un símbolo que se podía agradecer, pero del que se esperaba que no pidiera nada a cambio.

Llegaron los socialistas al Gobierno en octubre del 82 y la prioridad era consolidar la democracia, subordinar el poder militar al civil, integrarnos en Europa, y propiciar una salida de una crisis económica en la que había que reconvertir buena parte de nuestro tejido productivo. Los sindicatos aguantaron, negociaron, colaboraron. Pero llegó un momento en que pensaron que era el momento de repartir beneficios, que no se podía seguir sembrando para que cosecharan los de siempre.

Los más viejos del lugar recordarán la que se armó. Por si tuvieran alguna duda, hay muchos testimonios al respecto pero uno bien reciente puede ayudar a refrescar la memoria. En una conferencia reciente acerca de las bases socioeconómicas de la democracia, afirmaba Miguel Boyer: «Hubo que hacer una dura reconversión industrial. Con energía y con inteligencia, Carlos Solchaga es una persona a la que en una crisis económica no le tiembla la decisión y aguanta como aguantó entonces golpes de los sindicatos, entonces con Nicolás Redondo, que no era como el bendito Cándido Méndez, del que en los últimos años hemos disfrutado. Era otro personaje mucho más difícil».

Y ese fue el relato que los gestores económicos de la época, muchos de los cuadros políticos del momento, y muchos de los historiadores elaboraron y transmitieron. Se lo dijeron a sí mismos tantas veces que acabaron por convencerse de que todo aquello había sido fruto de la personalidad compleja e irascible, difícil, del líder de la UGT. Cosas así no volverían a ocurrir, se decían, porque ahora tenemos otros líderes sindicales, que son unos benditos.

Pero llegó un 12 de mayo del 2010 en que se cambió el guión, en que como no pudimos cambiar a los mercados, los mercados nos cambiaron a nosotros, y por ello era imprescindible recortar derechos sociales, abolir garantías laborales y propiciar una política de austeridad. Y se esperaba que los benditos siguieran siendo eso, benditos. Pero como no podían ni debían serlo comenzaron a resistirse y entonces comenzó también una gran operación de deslegitimación de los sindicatos; con grandes diferencias, por cierto, en relación con lo que vivimos aquellos años 80.

En aquel momento todavía se vivía dentro de lo que se llamaba familia socialista porque sindicato y partido estaban juntos, unidos en el mismo combate. Esa al menos era la retórica. Después se vio que las cosas eran más complicadas y se agudizó la autonomía sindical por un lado y el partido como máquina electoral por otro. En aquel momento el contexto era mucho más dramático para el militante socialista, que vivía escindido entre dos disciplinas. Hoy, por el contrario, los partidos tienden a una militancia mucho más difusa y a centrarse en políticas que ahondan en el radicalismo cívico y se alejan de la tradición socialdemócrata.

Desactivado el drama familiar los sindicatos se enfrentan a un problema mucho más arduo. El tiempo no ha pasado en vano. En los 80, la derecha política en España era muy débil y la derecha mediática no veía con malos ojos dar un correctivo por la izquierda al Gobierno de Felipe Gónzalez, ya que consideraban que era una buena estrategia para bajarle los humos.

Hoy las cosas son distintas porque en España hay una derecha política y una derecha mediática muy fuertes. Hoy el mundo del neoliberalismo ha erosionado en toda Europa los principios del Estado social. Por ello el ataque para deslegitimar a los sindicatos se ha desplazado. Desde el Gobierno vienen las medidas que socavan los principios en los que se sustenta el Estado del bienestar pero la retórica gruesa, la campaña para evitar el eco de las reivindicaciones, viene por parte de los sectores intelectuales y mediáticos que piensan que los sindicatos están de más. Son los que creen que ya está bien de aguantar; que no están dispuestos a pagar con sus impuestos a las organizaciones sindicales para que tengan liberados que se ocupen de las tareas organizativas; son los que defienden que no tienen sentido las actividades de formación de los trabajadores; ni la regulación de los contratos, ni la negociación de los convenios. Y todos los que defienden estas tesis son muchos y tienen mucha fuerza.

¿Cómo responder a esta campaña? Creo que es imprescindible elaborar un relato propio sobre la historia pasada y articular un proyecto para afrontar los retos que nos esperan en los próximos años. Sin ese relato y ese proyecto los sindicatos están perdidos.

Toda la lógica perversa del momento actual se resume en una entrevista hecha al mismo Boyer cuando le preguntan si tiene voluntad de volver. Elegantemente dice que no, que ya pasó su hora, que hay que dejar esa tarea a los más jóvenes, pero que, por cierto, dados los salarios en la función pública a esos puestos corremos el peligro que sólo lleguen los analfabetos. Esto lo dice la misma persona que considera imprescindible reducir el déficit público, adelgazar el Estado, imponer austeridad a esos funcionarios que ya cobran poco, pero que tendrán que apretarse aún más el cinturón.

Aquí está la clave. Los que operan en el primer tercio siguen disfrutando de unos ingresos a los que nunca llega el médico de la seguridad social, el juez, el técnico de la administración civil o el profesor de universidad, pero lo importante es movilizar todas las energías para que este sector intermedio considere que sus males no vienen de los ingresos escandalosos de los que no son analfabetos, sino que vienen de los sindicalistas que monopolizan el mercado laboral y constituyen la aristocracia obrera.

La batalla por las palabras es muy importante y la lucha contra los estigmas y los prejuicios todavía más. Mientras los sindicatos no logren movilizar al segundo tercio para su causa la batalla estará perdida. Y sólo lo harán si todos esos sectores perciben que además de defender la dignidad (algo muy importante pero insuficiente) hay alguna posibilidad de obtener alguna victoria, algún cambio en las políticas de los gobernantes españoles y europeos.

En este sentido el que la huelga de los funcionarios del pasado mes de junio fuera un fracaso puede ser una suerte porque a los benditos les va a exigir una rectificación en su estrategia de cara a la huelga general convocada para el 29 de septiembre. Es el momento de despertar y de preparar a las bases sindicales para un combate que tendrá momentos decisivos a corto plazo, pero que inexorablemente hay que saber que se juega a medio plazo.

En aquellos 80 los gobernantes tenían un margen de maniobra mayor, al tener una moneda propia; hoy los dictados vienen de fuera pero, por ello mismo, es imprescindible elevar el punto de mira y recordar que no estamos de acuerdo con este tipo de construcción europea. Cuando se discutía sobre las reformas a desarrollar en el seno de la UE los sindicatos siempre defendieron un sí crítico a los distintos procesos: de acuerdo con las reformas siempre y cuando se respetaran los derechos laborales, se preservara el modelo social europeo y se garantizara el bienestar. Era un sí condicionado a mantener un modelo que ha sido el orgullo de la cultura europea. Si ahora se va erosionando ese modelo, si se asiste a anuncios dramáticos acerca del futuro de las pensiones, de la calidad de los servicios públicos, de la edad de jubilación, hay que responder a nivel nacional y europeo con claridad y con contundencia.

Será difícil, habrá que movilizar a los que están deprimidos e insuflar ánimos a los que ven todos los procesos como algo frente a lo que nada se puede hacer; habrá que recuperar para la lucha a los que hace tiempo abandonaron esas prácticas y habrá que dar esperanzas a los que consideran que el futuro ya está escrito.

Y todo esto habrá que hacerlo en un contexto atravesado por las emociones más dispares donde se corre el peligro de aparecer como el que quiere poner palos en la rueda sin tener nada que ofrecer, o como el aguafiestas que estropea incluso los momentos gozosos. Para el interesado en visualizar este peligro, le recomiendo que busque un vídeo del telediario sin desperdicio. Se hablaba de la alegría por el triunfo de España en el Mundial cuando al reportero se le escapó «y mientras tanto, los trabajadores del Metro aguando la fiesta».

Y en eso estamos. Los benditos llamados a aguar la fiesta, a recordar que nos estamos jugando mucho, a pedir una rectificación política en Madrid y en Bruselas. Pero a esos benditos hay que recordarles un hecho sucedido no en los años 80, sino en este siglo XXI. Cuando comenzaron las primeras protestas en EEUU contra la política de Bush en Irak, cuando los intelectuales empezaron a difundir la consigna de que no estaban dispuestos a secundar cualquier estrategia contra el terrorismo, no al menos en su nombre, muchos escépticos dijeron que nadie se movilizaría, que el miedo por los actos terroristas atenazaba las reacciones, que no habría apenas oposición; y para su sorpresa todos pudimos asistir a las movilizaciones más importantes que ha vivido Europa después de la Segunda Guerra Mundial.

Si las organizaciones sindicales europeas despiertan del letargo y comprenden que incluso los benditos a veces tienen que mostrar el tigre que llevan dentro, podremos comenzar a resistir esta deriva neoliberal que amenaza con arrasar con todo y con todos.

Antonio García Santesmases es catedrático de Filosofía Política de la Uned.

La necesidad de modificar el sistema viene dada por el envejecimiento de la población que, aunque algo atenuado por la inmigración, afecta al conjunto de la Unión Europea y es más acentuado en España.

El anuncio de una reforma del sistema de pensiones despierta siempre fuerte temor entre los ciudadanos, ante la posibilidad de que pueda afectar a su modo de vida durante un periodo que podría suponer una cuarta parte de su existencia en el caso de la jubilación, o incluso más si se trata de una situación de incapacidad o viudedad. Por ello, y puesto que los cambios en la Seguridad Social modifican las expectativas que se van construyendo a lo largo de la vida laboral sobre la base del esfuerzo de cotización y de una legislación que se considera estable, en todo proceso de cambio, para hacerlo lo más comprensible posible es conveniente explicar, al menos, estas cuatro cuestiones: 1) ¿qué tipo de reforma se plantea? 2) ¿por qué es necesario realizar modificaciones? 3) ¿qué es lo que puede variar? y 4) ¿a qué ciudadanos puede afectar?

1) En cuanto al tipo de reforma, los dos planteamientos que suelen enfrentarse en los debates sobre el futuro de las pensiones se centran en el modelo que el sistema debe adoptar. Algunos -presuponiendo su inviabilidad futura- proponen la sustitución del vigente modelo de reparto por otro de capitalización individual. Otros, por el contrario, consideran que el actual sistema de pensiones, solidario y de prestaciones definidas, es el que mejor cubre las necesidades presentes y futuras de nuestra sociedad, pero estiman necesario que se adapte a las variaciones que se producen en el entorno demográfico, económico o social, introduciendo modificaciones paramétricas que refuercen su estabilidad y permanencia en el tiempo. Todo parece indicar que la reforma que plantea la Administración prevé la modificación de determinadas variables sin alterar la esencia del sistema, por lo que el cambio que se propone sigue la misma dirección de los que se han realizado anteriormente en el periodo democrático y está en concordancia con las recomendaciones establecidas en el Pacto de Toledo.

2) ¿Por qué es necesaria la reforma? En mi opinión, porque hay que afrontar el problema del envejecimiento de la población. Esta tendencia demográfica, algo atenuada por la inmigración, afecta al conjunto de la Unión Europea, pero en el caso de España está más acentuada como refleja la evolución de la proporción de personas de 65 o más años sobre la población total que ha pasado de representar el 11,2% en 1981 al 18,1% en el 2010 y se estima alcanzará previsiblemente el 20,6% de la población en 2020. Son datos que inciden negativamente en la tasa de dependencia (relación entre la población de 16 a 64 años y la de 65 o más) que influye, a su vez, junto con la tasa de actividad, en la proporción activos/pasivos de la Seguridad Social y, en consecuencia, en la estabilidad del sistema de pensiones. Por otra parte, en España el aumento de la esperanza de vida al nacer ha sido, afortunadamente, muy intenso en las tres últimas décadas, pasando en los hombres de 72,1 a 78,6 años y en las mujeres de 78,1 a 84,9, en el periodo 1980-2010. Esta prolongación de la esperanza de vida sigue una tendencia creciente que, previsiblemente, en un horizonte de unos 25 años puede plantear tensiones económicas importantes por la relación entre el tiempo durante el que se contribuye y el tiempo durante el que se percibe la prestación, lo cual afecta al sistema de pensiones.

3) ¿Qué cambios pueden afrontarse ante este horizonte demográfico? Entre otros, aumentar la proporcionalidad entre el esfuerzo de cotización realizado a lo largo de la vida laboral y la cuantía de la pensión, fortaleciendo el carácter contributivo del sistema. Esto se lograría considerando un periodo mayor que el actual de 15 años para calcular la base reguladora sobre la que se aplica el porcentaje para determinar la pensión. Esta medida ponderaría mejor el esfuerzo contributivo a lo largo de la vida profesional y, además, corregiría el perjuicio que provoca la legislación en vigor a los trabajadores con 50 o más años que cesan en el trabajo y pasan al desempleo, cuya pensión en la actualidad se fija en función de las bases de cotización de los últimos 15 años que son, en la mayoría de estos casos, las más bajas de su vida laboral.

Junto con la medida anterior convendría establecer un mayor equilibrio actuarial entre el tiempo de cotización y el que se percibe la prestación, lo cual lleva a tener que plantearse, en primer lugar, medidas que tiendan a hacer coincidir la edad real de jubilación con la legal (65 años) ya que en 2009 el 41% de las personas que accedieron a la jubilación tenían menos de 65 años, por lo que el promedio de la edad de entrada en la jubilación en ese periodo fue de 63,8 años frente a los 65 establecidos con carácter general. En segundo término, promover la prolongación voluntaria de la vida activa laboral con medidas que sean más eficaces que las que están en vigor (solamente el 0,4% de los afiliados ocupados del Régimen General son mayores de 65 años). En tercer y último término, debería estudiarse la posibilidad de retrasar la edad legal de retiro, considerando esta como una edad general de referencia que tendría que ser aplicada con flexibilidad teniendo en cuenta las distintas características de las condiciones de trabajo.

4) ¿A quién pueden afectar estas reformas? En materia de Seguridad Social los cambios se aplican paulatinamente a lo largo de periodos de tiempo muy dilatados y exclusivamente a los nuevos beneficiarios de las prestaciones. Por tanto, las reformas no afectan a los que ya son pensionistas, y a los afiliados activos únicamente cuando devenguen la pensión y solo en aquella parte de la reforma que esté aplicándose en esa fecha.

Esta secuencia de implantación de las reformas pone de manifiesto que, teniendo en cuenta que cada año se generan en torno a 260.000 nuevas pensiones de jubilación frente a las más de ocho millones reconocidas, el efecto económico de los cambios tiene una incidencia muy limitada en el corto plazo y sólo transcurridos aproximadamente 20 años mostraría plenos efectos. Por ello, las reformas deben plantearse pensando en resolver los problemas demográficos que pueden presentarse en el futuro.

Cuestión distinta es la “congelación” de las pensiones contributivas de cuantía superior a las mínimas en el año 2011. Esta medida, que por su carácter coyuntural no cabe encuadrar en el concepto de “reforma” del sistema de pensiones, sí reduce de modo inmediato el importe del gasto y sí afecta a los pensionistas actuales, ya que la eventual pérdida de poder adquisitivo que podría producirse es difícil de recuperar en el futuro (las sucesivas revalorizaciones de pensiones se aplican sobre las anteriores, por lo que tiene un efecto acumulativo) cuando vuelva a crecer la economía nacional. Por eso, tal vez el ahorro que esta medida supone, en torno a 1.500 millones de euros, podría haberse logrado por otras vías, como por ejemplo aplicando a este fin una pequeña parte de las reservas constituidas (2,5%) que, conforme a lo recogido en el Pacto de Toledo, tienen como finalidad el que puedan utilizarse en los momentos bajos del ciclo económico.

Abordadas las cuestiones anteriores, que es preciso exponer con detalle a los ciudadanos, quedaría pendiente aún una última cuestión: ¿cuál es el ámbito adecuado para estudiar y adoptar, con consenso político, las reformas que den estabilidad al sistema de pensiones y, en general, a la Seguridad Social? La respuesta no puede ser otra que el Pacto de Toledo. Este acuerdo, aprobado por el Congreso de los Diputados en abril de 1995, ya preveía que “el sistema de pensiones debe prepararse para hacer frente, sobre todo en el largo plazo, a un incremento de sus obligaciones con las próximas generaciones de pensionistas. Garantizar el fiel cumplimiento de las expectativas debe constituir un compromiso firme de toda la Nación y deben asegurarse las condiciones que permitan su financiación…”. El Pacto de Toledo, que fue renovado en el año 2003, ha marcado hasta la fecha el camino de adaptación de nuestro sistema a los distintos cambios que a lo largo del tiempo se producen en la sociedad, en un ambiente de corresponsabilidad política y siguiendo una tendencia que converge con la evolución de los sistemas en los países de la Unión Europea.

Adolfo Jiménez Fernández es economista y secretario general de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social.

LAS RECETAS DEL MINISTRO CORBACHO PARA REDUCIR EL DESEMPLEO

Ha dicho el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, que hay mucho parado que no trabaja porque no quiere. No lo ha expresado así exactamente, sino de esa forma más educada que tienen algunos políticos de disfrazar la realidad con eufemismos. Ya no se despide, se “amortizan” puestos de trabajo, y eso de abaratar el despido es un cuento, se trata de “flexibilizar” el mercado laboral; pero en román paladino es como les cuento.

El ministro del “de ninguna de las maneras llegaremos a los 4 millones de parados” (RNE, 8 de enero de 2009) tiene ya 4.645.500, según datos de la página web de su departamento actualizadas a 10 de agosto, y quiere rebajar la cifra apretando las clavijas a los desempleados (no repito parado para no ser redundante). Hace unos días dijo, con esa manera tan suya que no sabes si está haciendo una reflexión, una propuesta o lanzando un globo sonda, que los parados que se nieguen a hacer cursos de formación trascurrido un mes de gracia desde que cobran la prestación, antes era de cien días, serán sancionados y podrán perder la misma.

Muchos entendimos que la advertencia iba dirigida también a los parados que no acepten las ofertas de trabajo de las oficinas de empleo. Así lo dijo el propio ministro el pasado día 8 en Barcelona: “si a un parado no le interesa nada de lo que le ofrece la Administración, a partir de ese momento no puede continuar manteniendo el derecho a percibir la prestación por desempleo”. Afortunadamente, el proyecto de ley que el pasado miércoles pasó el examen del Senado no contempla esta posibilidad, pero todo se andará.

Celestino Corbacho ha explicado que estas medidas, la que les acabo de contar y la reforma laboral toda ella, se adoptan porque estamos saliendo del túnel de la recesión y ya se aprecian los primero síntomas de recuperación económica que, sin embargo, no se va a traducir a corto ni medio plazo en la creación de puestos de trabajo. Paciencia. Ayudaría a ello el ministro dijera a los ciudadanos, y sobre todo a los parados a los que tanto azuza, cuántos años estima que van a ser necesarios para que la actual tasa del 20,09% se reduzca hasta el nivel que había cuando comenzó la desaceleración-crisis-recesión.

Debería explicar el ministro qué tipo de cursos y de ofertas de trabajo se están ofertando a quienes lo rechazan. ¿Qué se está ofreciendo desde las oficinas de empleo a un parado de alta cualificación (ingeniero, médico, arquitecto…)? ¿Y a un recién licenciado que pretende abrirse camino en la profesión para la que se ha formado durante años? ¿Están unos y otros obligados a aceptar cursos que no tengan que ver con sus estudios? ¿Qué cursos, de qué tipo y cuántas plazas hay ofertadas en este momento para ellos y para los trabajadores sin formación? ¿Qué oportunidades de reinserción laboral se ofrecen a los trabajadores en torno a los 50 años que han perdido el trabajo? Si no los contrata nadie ¿pueden quedarse sin pensión por no cotizar los quince, en breve veinte, últimos años de su vida laboral, aunque lo hayan hecho durante otros muchos antes? Las competencias de trabajo están transferidas a las comunidades autónomas, pero quiero suponer que algún dato tendrá el ministro cuando carga tanto las tintas en este asunto.

Sugerir, como hace el ministro, que hay parados que lo son por propia voluntad, que si no trabajan es porque no quieren y prefieren vivir de la sopa boba del Estado, es una falta de respeto. Que diga si hay muchos casos de este tipo entre el millón largo de familias en las que ninguno de sus miembros tiene trabajo, o entre los perceptores del subsidio de 426 euros que agotaron la prestación sin encontrar empleo, porque el único dato objetivo es que en 2009 se retiraron 1.456 prestaciones (2,6 millones de personas cobraban el paro), y de enero a abril del presente 3.353. Que se persiga el fraude, insignificante en comparación con las cifras de perceptores de algún tipo de prestación, pero que no se señale a todos con el dedo

Tras las cifras, dramas personales

No pretendo hacer demagogia, pero habrá que repetir las veces que haga falta que tras las cifras hay personas con nombres y apellidos que arrastran un drama personal. Los datos macroeconómicos no se ocupan de ellas, pero con ellos en la mano el Gobierno asegura que estamos saliendo del túnel. Seguro que todos no.

La explicación que han dado los sindicatos a este afán “educador” del ministro es muy plausible: los parados inscritos en los cursos de formación no cuentan como tales en la estadística oficial. Vamos, que baja el paro. Una manera de maquillar unas cifras que nadie sabe cuándo tocarán techo, y mucho menos cuando empezarán a disminuir. Y otro dato más que no quiero que se me olvide: el 25% de los ocupados lo son con contratos temporales, aquellos que se inventaron para incentivar el empleo y que no han hecho otra cosa que precarizarlo.

De la reforma laboral que el miércoles salió del Senado de regreso al Congreso, donde se votará, y se aprobará, el próximo 9 de septiembre, está todo dicho: universalización del despido de 33 días en lugar de 45 actuales, que se reducen a 20 si la empresa prevé que puede tener pérdidas o caen sus ingresos; facilitar a las empresas que puedan “descolgarse” de las subidas pactadas en los convenios sectoriales si tienen problemas económicos; flexibilidad interna que permita a los empresarios cambios de horarios, de jornada, de turnos, etcétera, etcétera de sus trabajadores. Los parados lo tienen muy mal, pero quienes tienen trabajo tampoco lo van a tener fácil.

Les cuento un chiste que viene al pelo: un enfermo en silla de ruedas sube trabajosamente camino de la cueva donde se venera a la Virgen de Lourdes, y mientras lo hace va entonando su plegaria: “Virgencita, que pueda volver a andar; que encuentre a una buena mujer con la que casarme; que consiga un buen trabajo”. De pronto, escucha un ruido y comprueba que se ha roto el freno de su silla y se precipita de espaldas cuesta abajo a toda velocidad, y suplica en voz alta: “Virgencita, virgencita, que me quede como estoy”. Pues eso, que nos quedemos como estamos.

Hasta que duró, el textil fue un gran invento. Permitió crear riqueza y dio empleo a centenares de miles de personas. Muchas de ellas sin formación. No es que hoy no haya empresas textiles, pero no son ya aquella industria de masas que ocupó a tanta gente hasta la década de los 70. Después, el sector fue pulverizado por la competencia asiática, como otras industrias manufactureras -el calzado, el juguete, la electrónica de consumo- que lo acompañaron en el cambio de siglo. Pero su declive hizo menos daño de lo imaginable. Al menos en términos de empleo. Porque la construcción y el inmobiliario vinieron a suplir el papel de gran empleador local que tenían las viejas manufacturas.

Se vive como se trabaja. La industria manufacturera socializó a mucha gente e incluso la aventuró en el asociacionismo y el sindicalismo. El inmobiliario descapitalizó otros sectores y encumbró a los más listos, y pillos. Y la construcción los contrató a todos, incluso a los que salieron peor parados de tanto fracaso escolar. El Jonathan, todos los Jonathans, tuvieron un lugar en el mundo: pudieron comprarse coche, tunearlo y pedir el crédito para el piso.

Pero en aquella transición de uno a otro sector, este país se perdió una reflexión importante: si esta va dejando de ser una economía de bajos salarios, habrá que ir pensando en cómo se mantiene tanto empleo y en cómo transforma el sistema educativo. No se hizo ni una cosa ni la otra. Y aquel despiste vuelve ahora como un bumerán. Porque el mayor problema de esta larga crisis es crear empleo, empleo para gente sin mucha formación, pero con un salario digno. Y hoy se crea poco empleo, y a muy lenta velocidad. Aquí y en Estados Unidos. Pero especialmente aquí.

En un artículo publicado en Business Week el pasado julio, Andy Groove, fundador de Intel, escribía sobre el coste de crear un empleo en el sector de las tecnologías de la información. En 1970, dice Groove, cada nuevo empleo en Intel costaba 1.000 dólares.

Cuarenta años después, un nuevo empleo en Google cuesta diez veces más (en dólares constantes). Las empresas americanas, razona Groove, están perdiendo la batalla del empleo. “Las start up son algo maravilloso, pero no crean empleo… Es tan importante el momento mítico de creación en el garaje como el paso del prototipo a la producción de masas”. Parte de la causa está en la rapidez con la que China absorbe todo ese empleo. Esta misma semana, Foxconn, proveedora taiwanesa de empresas como Apple, ha anunciado que contratará 400.000 personas en los próximos doce meses (han leído bien: no es un chiste de chinos ni sobran ceros). Groove termina su artículo imaginando unos Estados Unidos con un vértice de satisfechos y una inmensa base de gente con empleos mal pagados. Sin clases medias. “Yo no quiero eso para mi país”, concluye. Afirmación que compartirán todos ustedes. Pero para evitar eso, nos hacen falta unos cuantos textiles.

Los parados perderán la prestación si en un mes no se apuntan a cursos de formación

En la reunión que, con vistas al nuevo curso, celebra hoy el presidente Zapatero con los ministros del área económica estarán sobre la mesa (aparte de los Presupuestos) las reformas de las pensiones y del mercado laboral. Tales reformas eran seguramente necesarias en todo caso, pero es interesante recordar que formaron parte del paquete destinado a dar seguridades a los mercados de la voluntad de reducir el déficit público con actuaciones sobre las principales partidas del gasto: además de los sueldos de los funcionarios y las obras públicas, el gasto social en pensiones y en ayudas a los desempleados.

En los últimos días, el ministro de Trabajo ha agitado las aguas con una propuesta de elevar a 20 años el periodo para calcular la pensión, que ahora es de 15 años. Aunque se han adelantado otras razones que podrían hacer aconsejable esa medida, un dato esencial es que la aplicación del criterio sugerido supondría un recorte del 3,6% en la pensión media. Es decir, un ahorro para las arcas públicas.

La otra reforma, la laboral, superó ayer el trámite de su pase por el Senado y se votará definitivamente el 9 de septiembre en el Congreso. De nuevo, como en su primera votación en la Cámara baja, el proyecto contó con la abstención del PNV y CiU, aunque con el apoyo esta vez de Entesa y el Grupo Mixto. No hubo variaciones esenciales en relación al despido objetivo: prácticamente en todos los casos las empresas podrán despedir con indemnización de 20 días cuando se registren situaciones de “pérdidas actuales o previstas”.

El debate en el Senado ha acabado derivando hacia un tema relativamente marginal, pero relacionado también con el criterio de disminución del gasto: la reducción de 100 a 30 días del plazo en el que los parados podrán rechazar incorporarse a cursos de formación sin penalización en las prestaciones. El PSOE quería que no hubiera ningún plazo: que fuera obligatorio asistir para percibir la prestación. Finalmente todos, incluido el PP, aprobaron una enmienda que flexibiliza ese criterio.

Seguramente la resistencia a incorporarse a esos cursos está relacionada con el empleo sumergido, lo que podría justificar la exigencia. Pero en el debate han aparecido otros posibles motivos, como la ineficacia de los servicios públicos de empleo para ofrecer oportunidades de capacitación adecuadas al perfil profesional de los parados; o para dar ocasión de formarse para otras actividades con más futuro.

Las medidas que está desarrollando el Gobierno del PSOE para afrontar la crisis no solamente son antisociales y contrarias al interés general, sino que están llamadas al fracaso, ya que, en lugar de poner en valor la lucha contra el fraude fiscal –cumpliendo los anuncios de eliminar los paraísos fiscales, recortar los grandes salarios y controlar los grandes beneficios de la banca como medidas para superar el déficit–, opta por otras medidas dirigidas a que los mas débiles paguen el déficit y sufran una salida de la crisis. Algo que va a generar más desempleo al reducir el consumo y crear más incertidumbre social.

El Ejecutivo no plantea ninguna medida que pueda recaer sobre los verdaderos causantes de la crisis, que, como todo el mundo sabe, son la banca y las grandes empresas constructoras que han propiciado un urbanismo especulativo que el propio Zapatero señalaba como causante de la crisis. Como tampoco plantea actuaciones tendentes a la creación de empleo.

El Gobierno de Zapatero propone medidas dirigidas exclusivamente a que seamos las trabajadoras y los trabajadores quienes paguemos la crisis, primero con la reforma laboral y ahora con una pretendida subida de impuestos. Estamos ante un Gobierno que ha pasado de no saber qué hacer, a uno que asume las tesis del capitalismo más salvaje y saca del cajón las viejas recetas fracasadas del Fondo Monetario Internacional, que han sido las verdaderas causantes de la terrible crisis del capitalismo que estamos sufriendo.

Hace tan sólo un año y medio el Ejecutivo acudió con más de 80.000 millones de euros en ayuda de la banca y ahora asistimos a la paradoja de que los rescatadores, los gobernantes, son rehenes de los rescatados cuando ingentes cantidades de euros y dólares han ido en su ayuda a cambio de nada.

A pesar de las declaraciones del Gobierno sobre el cambio de modelo e incluso de salida social a la crisis, la realidad es que hoy en España no se ha dado ni un solo paso efectivo en ese sentido. Los datos indican que la productividad en España es superior a la danesa e italiana, y similar a la alemana, y en todo caso es la que mas ha subido en los países de la UE. Además, tiene un tercio del salario ligado a complementos de productividad, pero se sigue utilizando la necesidad de desregular el mercado laboral como principal receta.

Frente a esta situación, planteamos la necesidad de la unidad de la izquierda para construir una alternativa a la crisis que empiece por reivindicar el valor del trabajo como base de la recuperación de la economía, como elemento generador de riqueza, frente a la especulación como base del enriquecimiento de unos pocos. Y como no estamos hablando de frases hechas desde la demagogia, tenemos que dejar claro que nuestro objetivo es la creación de empleo y el desarrollo de un Estado en el que todo ser humano tenga plenos derechos sociales, y que toda la economía se pliegue a estos objetivos.

Para ello es necesario también plantear una lucha ideológica, una batalla cultural que recupere los valores de la solidaridad y lo colectivo como elementos para hacer frente a la crisis, y dignificar la actuación política desde la recuperación de la ética civil, de lo que llamamos democracia republicana.

Por ello, es importante que las fuerzas de la cultura se impliquen en esta batalla de las ideas para impedir que se imponga un pensamiento único sustentador de la explotación y el colonialismo. Y frente a quienes plantean la salida de la crisis en función de la recuperación del beneficio empresarial, valoremos los resultados de la política del Gobierno en función de la creación de empleo y del avance en los derechos sociales y laborales, para ello planteamos algunos elementos básicos a desarrollar:

1) Situar la consecución del pleno empleo como primer objetivo de toda la política económica, para lo que es fundamental la apuesta por el sector público como motor de la creación de empleo.

2) Universalizar los derechos sociales por ley, lo que significa que hay que dotar de fondos a las políticas sociales.

3) Proponemos desarrollar los servicios públicos.

4) Crear una banca pública que plantee el interés publico en la economía por encima del bancario.

5) Que los trabajadores participen en la planificación de la economía y en el control de las empresas en una democracia participativa frente a quienes quieren situar en los bancos centrales, que no tienen ningún control ciudadano, la dirección de la economía.

6) Reforma fiscal que obtenga el dinero para financiar la salida social de la crisis, la creación de empleo y la universalización de los derechos sociales buscándolo donde realmente está, en manos de la banca y de los grandes capitales. Una reforma que persiga realmente el fraude fiscal y termine con la economía sumergida.

7) Apostar por la defensa de un modelo de desarrollo sustentado en la sostenibilidad ambiental que parta del cambio de la política energética.

Reformas legales para frenar la corrupción, acabar con los paraísos fiscales y regenerar la vida política y empresarial.

Lo importante en estos momentos para la izquierda es demostrar que existe una alternativa real y posible para que la crisis no la paguen los débiles y que a la vez se convierta en una ocasión para cuestionar todo el sistema. Y defender no sólo la necesidad de cambiar de política y de políticos, sino también la posibilidad y la necesidad de cambiar de sistema. No es fácil, porque el sistema está destinando todos sus esfuerzos a ocultar y silenciar a quienes opinan diferente, o a manipular las realidades que evidencian que no sólo otro mundo es posible, sino que existe la posibilidad de construirlo aquí y ahora.

José Luis Centella es secretario general del Partido Comunista de España.

TRIBUNA: ACOSO LABORAL

El verano enfila su recta final y toca regresar al trabajo. Siempre es traumático cambiar playa y hamaca por oficina y ordenador, pero un pequeño acontecimiento puede atenuar este año el síndrome posvacacional colectivo. La reforma del Código Penal que regula por primera vez el mobbing o acoso psicológico en el trabajo entrará en vigor a finales de este año. La posibilidad de condenar penalmente a los que ejercen un poder despótico y lesionan así la salud de los empleados anuncia un interesante cambio de perspectiva en la impunidad que tantas veces preside estas actuaciones perversas.

Resulta sorprendente la escasa sensibilidad que han mostrado muchos dirigentes en lo que respecta al respeto a la dignidad de las personas que trabajan en empresas y administraciones públicas. Tampoco los poderes públicos han sido excesivamente sensibles al mobbing. Es lamentable tener que recordar que ya el 19 de junio de 2001 el Senado aprobó una moción, con la unanimidad de todos los grupos políticos, que instaba al Gobierno a legislar contra el acoso psíquico en el trabajo. El poder legislativo entonces miró a otro lado, aduciendo que había que esperar a ver qué se hacía en Europa.

A pesar de las numerosas sentencias judiciales ya firmes y de las miles de demandas que se interponen cada año en casos de mobbing, la confusión en torno al concepto es aún hoy más que notable. Algunos abogados laboralistas, habitualmente defensores de empresas y administraciones públicas, tienden a ofrecer una versión distorsionada y reduccionista de lo que se debe entender por acoso en el trabajo. Otros suelen aducir que no es clara la delimitación del mobbing. Con ello ignoran que la mayoría de los investigadores europeos, americanos y australianos compartimos hace ya tiempo una comprensión científica y técnica de este problema.

La mayoría de autores establecen tres requisitos esenciales para que podamos hablar de acoso psíquico o mobbing. El primero es que se produzcan comportamientos de acoso, hostigamiento o maltrato laboral en forma de violencia psíquica. Esas conductas tienen una base objetiva y no subjetiva; existen en la realidad y no son meras sensaciones de las víctimas. Tales conductas de violencia no son extremas ni graves, ni tampoco suelen ser aparatosas o evidentes. Con frecuencia la violencia psíquica es muy sutil y deja muy poco rastro externo, a excepción del daño emocional en sus víctimas. Una de las formas más habituales de mobbing es el ninguneo, esto es, hacerle el vacío personal y profesional al trabajador.

El segundo requisito es que esas conductas de violencia psíquica no sean simplemente incidentales o puntuales sino que se produzcan con una cierta repetitividad. La mayoría de los autores, desde Leymann, hablan de una frecuencia al menos semanal. Lo que se exige no es tanto un criterio numérico, sino que la repetición haga que un trabajador espere esa violencia a la hora de acudir a trabajar, y al anticiparla, ello produzca la aparición de un tipo especial de indefensión psíquica.

El tercer requisito es que esa violencia psíquica reiterada se configure como un proceso de persecución, esto es, que busque una finalidad determinada y por tanto no se configure como algo trivial. Ese proceso se inicia en un determinado momento y dura un tiempo, frecuentemente años. En este proceso, los investigadores hemos descubierto que, a partir del sexto mes de exposición al mobbing, aparecen las secuelas psíquicas puras y psicosomáticas clínicas graves: cuadros de estrés postraumático, trastornos de ansiedad, ataques de pánico, depresiones reactivas…

Bajo esta definición del mobbing, se comprende lo ingenuo que resulta pretender que la única prueba para demostrar la existencia de acoso psíquico en el trabajo sea la confesión del acosador de su intencionalidad perversa.

El mobbing no es una simple presión laboral, como algunos pretenden. Estamos hablando no de un conflicto, sino de un auténtico proceso de victimización, con agresor, víctima y una violencia psíquica que tiene una direccionalidad y finalidad específicas.

Esa violencia psíquica es verdadera violencia, y en los estudios realizados resulta ser mucho más lesiva a medio y largo plazo que la física. En los casos de mobbing, la creatividad en las conductas de hostigamiento puede ser enorme. Son variaciones sobre un mismo tema -cómo hacerle la vida imposible a un trabajador que es o se ha vuelto por alguna razón amenazante-, mediante inmorales conductas que buscan someterlo, minarlo, reducirlo, consumirlo, degradarlo, apocarlo o amilanarlo.

Todo ello no siempre se hace para que el trabajador se autoelimine, como en una especie de suicidio laboral. Sólo el desconocimiento de los miles de casos de acoso psíquico que se producen a diario en España puede llevar a este error. Del mismo modo que el acoso sexual no siempre persigue un beneficio carnal, sino que puede simplemente crear un ambiente de temor, coacción y denigración humillante para la víctima, el mobbing no siempre pretende la eliminación del trabajador. El acosador laboral puede ser simplemente un directivo o mando fuera de control que busca canalizar una serie de tendencias psicopáticas, y arremete castigando a los demás con el látigo de la violencia específicamente verbal y en general psíquica.

Los acosadores suelen mentir cuando proclaman que con su acoso pretenden ayudar a mejorar el desempeño de sus víctimas o los resultados de la organización. Su objetivo privado y secreto suele ser perjudicar el rendimiento de su víctima, no mejorarlo. Hacen todo lo posible para que la víctima se someta, sienta miedo, entre en barrena psicológica, se desespere, caiga enferma… Todo ello con tal de que aparezca ante la opinión pública como alguien fuera de sí o alterado, alguien vago o perezoso, indigno de su puesto.

Está muy de moda también el llamado mobbing maternal, un tipo de acoso psíquico contra las mujeres embarazadas que no busca directamente un despido de esa mujer de su lugar de trabajo (algo que la legislación ha vuelto imposible), sino hacerle la vida imposible a la futura madre trabajadora, de tal manera que ella misma y otras trabajadoras a su alrededor, viendo lo que ocurre, aprendan bien la lección de lo que le espera a la que se atreva a ejercer su derecho a la maternidad.

El mismo acoso les ocurre a diario a muchas mujeres que se acogen a reducciones de jornada para el cuidado de los hijos o que buscan conciliar sus vidas laborales y familiares. Ejercer el derecho a la conciliación puede resultar arriesgado.

Suele ser frecuente el caso de acoso laboral que tiene origen en un directivo a la defensiva, con una personalidad narcisista o psicopática que se comporta de ese modo a causa de una alteración mental y conductual. Estos jefes psíquicamente tóxicos proliferan en empresas y administraciones públicas. Pretenden específicamente mostrar su poder omnímodo ante los demás y reinar sobre todos en medio del terror y la coacción. Nadie está a salvo de pasar a este lado oscuro del liderazgo; cualquiera puede convertirse en un jefe psíquicamente tóxico sin darse cuenta. Basta con aprender por imitación de otros jefes tóxicos, y con ignorar que existe la tecnología para dirigir, movilizar e integrar equipos humanos manteniendo el respeto a la dignidad de cada uno.

Más allá de las nuevas dinámicas que genere la regulación penal del mobbing, la esperanza radica en la prevención del acoso mediante el fomento de una dirección no tóxica de personas o liderazgo cero, es decir, una forma de ejercer la responsabilidad directiva más allá del poder, la rivalidad y la violencia psíquica tan habituales todavía.

Iñaki Piñuel es escritor y profesor universitario experto en mobbing. Es premio Everis al mejor ensayo empresarial por su libro Liderazgo Zero.

José Cabrera Forneiro es médico psiquiatra, diplomado en Salud Pública y Criminología, especialista en Medicina Legal y Forense y perito en los tribunales.

En los países del Sur, las mujeres son las principales productoras de comida, las encargadas de trabajar la tierra, mantener las semillas, recolectar los frutos, conseguir agua, etc. Entre un 60 y un 80% de la producción de alimentos en estos países recae en las mujeres, un 50% a nivel mundial. Estas son las principales productoras de cultivos básicos como el arroz, el trigo y el maíz, que alimentan a las poblaciones más empobrecidas del Sur global. Pero, a pesar de su papel clave en la agricultura y en la alimentación, ellas son, junto a los niños y niñas, las más afectadas por el hambre.

Las mujeres campesinas se han responsabilizado, durante siglos, de las tareas domésticas, del cuidado de las personas, de la alimentación de sus familias, del cultivo para el autoconsumo y la comercialización de algunos excedentes de sus huertas. Han cargado con el trabajo reproductivo, productivo y comunitario, y ocupado una esfera privada e invisible. En cambio, las principales transacciones económicas agrícolas han estado, tradicionalmente, llevadas a cabo por los hombres en las ferias, con la compra y venta de animales, la comercialización de grandes cantidades de cereales… ocupando la esfera pública campesina.

Esta división de roles asigna a las mujeres el cuidado de la casa, de la salud, de la educación y de sus familias y otorga a los hombres el manejo de la tierra y de la maquinaria, en definitiva de la técnica, y mantiene intactos los papeles asignados como masculinos y femeninos que durante siglos, y aún hoy, perduran en nuestras sociedades.

Sin embargo, en muchas regiones del Sur global, en América Latina, África subsahariana y sur de Asia, existe una notable feminización del trabajo agrícola asalariado. Entre 1994 y 2000, las mujeres ocuparon un 83% de los nuevos empleos en el sector de la exportación agrícola no tradicional. Pero esta dinámica va acompañada de una marcada división de género: en las plantaciones las mujeres realizan las tareas no cualificadas, como la recogida y el empaquetado, mientras que los hombres llevan a cabo la cosecha y la plantación.

Esta incorporación de la mujer al ámbito laboral remunerado implica una doble carga de trabajo para las mujeres, quienes siguen llevando a cabo el cuidado de sus familiares a la vez que trabajan para obtener ingresos, mayoritariamente, en empleos precarios. Estas cuentan con unas condiciones laborales peores que las de sus compañeros recibiendo una remuneración económica inferior por las mismas tareas y teniendo que trabajar más tiempo para percibir los mismos ingresos.

Otra dificultad es el acceso a la tierra. En varios países del Sur, las leyes les prohíben este derecho. Y, en aquellos donde legalmente lo tienen, las tradiciones y las prácticas les impiden disponer de ellas. Pero, este problema no sólo se da en el Sur global. En Europa, muchas campesinas no tienen reconocidos sus derechos, ya que, a pesar de trabajar en las explotaciones, igual que sus compañeros, la titularidad de la finca, el pago de la Seguridad Social, etc. lo tienen habitualmente los hombres. En consecuencia, las mujeres, llegada la hora de la jubilación, no cuentan con pensión alguna, no tienen derechos a ayudas, cuotas, etc.

El hundimiento del campo en los países del Sur y la intensificación de la migración hacia las ciudades ha provocado un proceso de descampesinización. Las mujeres son un componente esencial de estos flujos migratorios, nacionales e internacionales, que provocan la desarticulación y el abandono de las familias, de la tierra y de los procesos de producción, a la vez que aumentan la carga familiar y comunitaria de las mujeres que se quedan. En Europa, Estados Unidos, Canadá… las migrantes acaban asumiendo trabajos que años atrás realizaban las mujeres autóctonas, reproduciendo una espiral de opresión, carga e invisibilización de los cuidados y externalizando sus costes sociales y económicos a las comunidades de origen de las mujeres migrantes.

La incapacidad para resolver la actual crisis de los cuidados en los países occidentales, fruto de la incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral, el envejecimiento de la población y la nula respuesta por parte del Estado a estas necesidades conlleva la importación masiva de mano de obra femenina de los países del Sur global, destinada al trabajo doméstico y de cuidado remunerado.

Frente a este modelo agrícola neoliberal, intensivo e insostenible, que se ha demostrado totalmente incapaz de satisfacer las necesidades alimentarias de las personas y el respeto a la naturaleza, y que es especialmente virulento con las mujeres, se plantea el paradigma alternativo de la soberanía alimentaria. Se trata de recuperar nuestro derecho a decidir sobre qué, cómo y dónde se produce aquello que comemos; que la tierra, el agua, las semillas estén en manos de las y los campesinos; de combatir el monopolio a lo largo de la cadena agroalimentaria.

Y es necesario que esta soberanía alimentaria sea profundamente feminista e internacionalista, ya que su consecución sólo será posible a partir de la plena igualdad entre hombres y mujeres y el libre acceso a los medios de producción, distribución y consumo de alimentos, así como a partir de la solidaridad entre los pueblos, lejos de las proclamas chovinistas de “primero lo nuestro”.

Hay que reivindicar el papel de las campesinas en la producción agrícola y alimentaria y reconocer el papel de las mujeres de maíz, aquellas que trabajan la tierra. Hacer visible lo invisible. Y promover alianzas entre mujeres rurales y urbanas, del Norte y del Sur. Globalizar las resistencias… en femenino.

Esther Vivas es coautora de ‘Del campo al plato’ (Icaria, 2009)

A pesar de los recientes datos sobre la evolución del PIB de las economías europeas, ni los más optimistas se atreven a hablar del fin de la crisis. Quizás porque los datos de crecimiento no reflejan completamente una realidad, que está también caracterizada por factores como el aumento del empleo temporal, precisamente en aquellas economías consideradas lanzaderas de la recuperación: un incremento del 23,6% respecto a los niveles de marzo-abril de 2009 en Alemania y un 16% en Francia (Eurociett).

Los mercados de trabajo no se recuperan al mismo ritmo que el crecimiento del PIB. En febrero de este año, la tasa de desempleo de los trabajadores menores de 25 años alcanzó el 20% en la zona euro (Eurostat). En este contexto pudiera pensarse que la creación de empleo sea el tema principal de futuras citas electorales. Y aunque históricamente los partidos socialdemócratas se presuman como los más adaptados para competir en este escenario, la extrema derecha está consiguiendo mejores resultados en situaciones de alto desempleo (sobre todo en países con mayores flujos migratorios a los que se responsabiliza de la situación).

Parece así que la extrema derecha ha sabido rentabilizar la cuestión del desempleo, accediendo a la competición partidista. Del otro lado, asistimos al desencuentro entre los movimientos extraparlamentarios de izquierda y los partidos socialdemócratas. La deriva extraparlamentaria de los movimientos de izquierdas puede deberse a una creciente desafección ante un debate parlamentario en el que cada vez existen menos diferencias entre socialdemócratas, conservadores y liberales. También puede deberse a que los movimientos extraparlamentarios de izquierda han encontrado otros canales de manifestación como es el caso, por ejemplo, de las formaciones que surgen con ocasión de las elecciones europeas.

La situación actual es la de un progresivo distanciamiento de los partidos socialdemócratas con unos movimientos extraparlamentarios de izquierda que no son persuadidos fácilmente con conceptos como el de flexiguridad, máxime cuando la puesta en práctica de los mismos requiere de una inversión pública cortocircuitada por los planes de contención del gasto. Así, la capacidad de incluir los movimientos extraparlamentarios de izquierda será un factor determinante en las fortunas electorales de los partidos socialdemócratas en Europa.

Alfonso Egea de Haro. Profesor de Ciencia Política.

La Seguridad Social cumplió 75 años la semana pasada. Debería haber sido una ocasión alegre, una fecha para celebrar un programa que ha aportado dignidad y decencia a la vida de los estadounidenses de más edad. Pero el programa está siendo atacado, y al asalto se han unido algunos demócratas y casi todos los republicanos. Cuentan los rumores que la comisión antidéficit del presidente Obama podría solicitar un profundo recorte de las prestaciones y, más concretamente, un fuerte aumento de la edad de jubilación.

Los que atacan a la Seguridad Social (SS) afirman que les preocupa el futuro financiero del programa. Pero sus números no cuadran y en realidad su hostilidad no tiene nada que ver con dólares y céntimos, sino más bien con ideología y posicionamientos. Y lo que hay bajo todo ello es ignorancia o indiferencia hacia la realidad de la vida para muchos estadounidenses.

Respecto a los números: legalmente, la SS tiene su propia financiación específica, a través del impuesto único. Pero también forma parte del presupuesto general federal. Esta doble contabilidad significa que hay dos formas en las que la SS podría enfrentarse a problemas financieros. La primera es que la financiación específica resulte insuficiente, lo que obligaría al programa bien a recortar las prestaciones o bien a acudir al Congreso en busca de ayuda. La segunda es que los costes de la Seguridad Social acaben siendo insoportables para el presupuesto federal en su conjunto.

Pero ninguno de estos dos problemas en potencia supone un peligro claro y actual. La Seguridad Social ha registrado superávits durante los últimos 25 años, acumulando esos beneficios en una cuenta especial denominada fondo de fideicomiso. El programa no tendrá que solicitar ayuda al Congreso ni reducir las prestaciones hasta que, o a menos que, el fondo se haya agotado, cosa que los actuarios del programa no prevén que suceda hasta 2037, y, según sus cálculos, hay muchas probabilidades de que ese día no llegue nunca.

Entretanto, una población envejecida acabará induciendo -a lo largo de los próximos 20 años- una subida del coste de pagar las prestaciones de la SS desde el actual 4,8% del PIB hasta cerca de un 6%. Para que se hagan una idea, esta subida es significativamente menor que el aumento en el gasto de defensa desde 2001, algo que Washington no consideró ni mucho menos una crisis, y ni siquiera una razón para replantearse algunas de las rebajas fiscales de Bush.

Entonces, ¿a qué se deben esas aseveraciones de crisis? Se basan en gran medida en una contabilidad de mala fe. En concreto, se basan en un juego del trilero en el que los superávits que la SS ha estado registrando durante un cuarto de siglo no cuentan (porque, en fin, el programa no tiene una existencia independiente; no es más que una parte del presupuesto general federal), mientras que los futuros déficits de la Seguridad Social son inaceptables porque, bueno, el programa tiene que sostenerse por sí solo.

Sería fácil descartar este timo de la estampita como un completo disparate, excepto por una cosa: muchas personas influyentes, entre ellas Alan Simpson, copresidente de la comisión antidéficit del presidente, están vendiendo este disparate. Y después de haberse inventado una crisis, ¿qué quieren hacer los asaltantes de la SS? No proponen recortar las prestaciones a los jubilados actuales; en lugar de eso, el plan es invariablemente recortar las prestaciones que se pagarán dentro de muchos años. Así que plantéenselo de esta manera: para evitar la posibilidad de que se produzcan futuros recortes de las prestaciones debemos recortar las prestaciones futuras. Estupendo.

¿Qué es lo que realmente está pasando aquí? Los conservadores odian la Seguridad Social por razones ideológicas: su éxito menoscaba su afirmación de que el Gobierno es siempre el problema, nunca la solución. Pero reciben un apoyo crucial de los enterados de Washington, para quienes una voluntad declarada de recortar la SS ha servido durante mucho tiempo como insignia de la seriedad fiscal, independientemente de la aritmética. Y ningún ala de la coalición anti-Seguridad Social parece conocer o preocuparse por las penalidades que sus propuestas favoritas causarían.

Esta idea tan de moda de aumentar la edad de jubilación aún más de lo que aumentará conforme a la ley vigente -ya ha pasado de los 65 a los 66, está previsto que suba hasta los 67 y algunos proponen ahora que llegue hasta los 70- suele justificarse con afirmaciones de que la esperanza de vida ha aumentado, de modo que la gente puede fácilmente trabajar más años de su vida. Pero eso solo es cierto en el caso de los administrativos, la gente que menos necesita la Seguridad Social. No me refiero únicamente al hecho de que es mucho más fácil verse trabajando hasta los 70 años si se tiene un cómodo puesto de oficina que si uno se dedica a un trabajo físico. EE UU se está convirtiendo en una sociedad cada vez más desigual, y las crecientes disparidades se extienden a cuestiones de vida y muerte. La esperanza de vida a la edad de 65 años ha aumentado mucho en los escalafones más altos del reparto de la renta, pero mucho menos para los trabajadores con rentas más bajas. Y recuerden, la actual legislación ya prevé un aumento de la edad de jubilación.

De modo que repelamos este injusto y -para qué andarnos con rodeos- cruel ataque contra los trabajadores estadounidenses. Los grandes recortes de la Seguridad Social no deben estar sobre el tapete.

Paul Krugman es profesor de Economía en Princeton y premio Nobel de Economía 2008.

©2010 New York Times News Service.

Traducción de News Clips.

Llevaba varios días tratando de encontrar un tema para esta tribuna, que, sin alejarme de las cuestiones económicas y sociales, me permitiera obviar, siquiera como tributo a la pausa veraniega, las negras perspectivas sugeridas por el diferencial de nuestro crecimiento económico con el europeo, por el nuevo repunte de los costos de financiación de nuestra deuda o por la pobreza de los datos de empleo en momentos punta de actividad estacional, cuando la lectura de un párrafo del libro de Robert Kaplan, Fantasmas balcánicos, con el que estaba embebido, me produjo una sacudida.

En efecto, hablando de los años 80 y de los Gobiernos de Andreas Papandreu, decía Kaplan que el siglo XX había sido malo para Grecia por muchas circunstancias y, “finalmente, por los ocho años de Gobierno de un hombre que había destruido la economía, había traído la anarquía de Oriente Próximo al umbral del país y había jugado con los propios principios de la democracia”.

El desasosiego que me produjo la lectura de esta frase me hizo alzar la mirada del libro, y, al mismo tiempo que una voz interior me advertía: ni se te ocurra (quitar la referencia a Oriente Próximo y jugar a las adivinanzas con la propia frase), el azar vino en mi auxilio para inspirarme una tribuna menos comprometida y más apropiada a las circunstancias del calendario: una avioneta surcaba los cielos tratando de llamar la atención del gentío que ocupaba las playas en pleno fin de semana del ferragosto, arrastrando una enorme pancarta con un llamamiento ¡a la huelga general!

Me froté los ojos. No era posible. Seguro que había leído mal y que la deformación profesional me había jugado una mala pasada. Pero no. Con cierta dificultad, porque los compañeros del aparato de propaganda no debieron de caer en que, si la pintada se hace por una sola cara, cuando la avioneta da la vuelta para hacer el recorrido en sentido contrario, se lee del revés, pude comprobar, en el viaje de vuelta, que, efectivamente, se trataba de un llamamiento a la huelga general.

Tengo que confesar que me levanté de la butaca para tratar de contemplar desde la terraza la segura estampida de los veraneantes, abandonando precipitadamente la playa, las sombrillas y demás impedimenta, para, sacudidos en su conciencia social, volver lo más rápido posible a sus domicilios a preparar las movilizaciones. Y tengo también que confesar que quedé defraudado: no se movió ni un alma. El importante esfuerzo económico de los sindicatos, contratando una avioneta para recorrer las playas y reclamar el compromiso ciudadano con la huelga general en defensa de los derechos laborales tan salvajemente agredidos por el Gobierno, no merecía caer, de esa manera, en saco roto.

Claro que, después de un instante de reflexión, caí en la cuenta de que, bien pensado, el episodio de la avioneta casaba perfectamente con el sainete de la reforma laboral y de la al menos curiosa respuesta sindical a la misma. En todo caso, comprendí uno de los motivos del aplazamiento, hasta finales de septiembre, de la convocatoria sindical de huelga general: había que asegurar, por medio de avionetas surcando los cielos playeros, la toma de conciencia de la ciudadanía y de los propios trabajadores, cuyo espíritu de lucha debía de mantenerse vivo entre tajada y tajada de sandía.

Si Lenin dijo que el comunismo era la electrificación más los soviets, hoy podríamos decir que las nuevas fronteras del sindicalismo quizás vengan dadas por la suma de las vanguardias obreras y de las avionetas surcando las abarrotadas playas veraniegas con llamamientos a la huelga general. Supongo que el Gobierno, ante esta demostración de ardor militante, revisará sus planteamientos y se atendrá a razones. O, al menos, renunciará a seguir ahondando en el surrealismo, como hacen las enmiendas presentadas en el Senado que, acogiendo la máxima del haced lo que yo diga pero no lo que yo haga, excluyen a las Administraciones Públicas de las limitaciones impuestas a la contratación temporal por parte de las empresas.

Bueno. A fin de cuentas es el verano más caluroso de los últimos tiempos. Y tenía que notarse ¿no?

Federico Durán. Catedrático de Derecho del Trabajo y Socio de Garrigues.