Reggio’s

visión personal

La Universidad siempre ha sido sensible a las vicisitudes políticas y sociales de los tiempos. Siempre se ha apelado a la Universidad como el foro de las libertades, el ágora donde tenían capacidad de convivencia las diferentes formas de ver y sentir la realidad social.

Si dentro del mundo universitario toman especial importancia los conceptos de libertad de cátedra y de expresión, intrínseco a los mismos se alzan el resto de libertades del ciudadano. Su negación sería la negación del mismo. Es por ello que no nos sorprende, pero sí preocupa, la obsesión que tienen algunos políticos nacionalistas por justificar su proyecto de construcción nacional, amparándose en discriminar positivamente los derechos y libertades que tienen por conveniente, pretendiendo dictar a la ciudadanía la prelación de sus derechos y la renuncia a sus libertades.

El recurso a la lengua, a la política lingüística, es un tótem agitado para llamar a filas, para marcar perfil propio, eso sí, con negación y exclusión de todo lo que tenga que ver con España y su lengua común.

La decisión del gobierno catalán de hacer realidad y plasmar en un decreto ley el acuerdo que alcanzó en noviembre de 2009 el Consejo Universitario de Cataluña, y que aplican voluntariamente las universidades catalanas desde entonces, pone a la exigencia del conocimiento de la lengua catalana un claro adjetivo identitario.

Ya en el año 2006, y posteriormente en 2008, ERC intentó que prosperara dicha exigencia, pero ésta fue rechazada por la mayoría de los rectores de las universidades, quienes optaron por considerar que el mejor camino era el de flexibilizar la exigencia convirtiéndola en un mérito.

Pero como hemos visto en estos últimos años, la política lingüística se utiliza como instrumento sancionador y de confrontación. Especialmente tras la sentencia del Estatut de Cataluña, y con la aprobación de algunas normas que ahondan en esa errática política lingüística (la ley de acogida de inmigrantes, ley del código de consumo, ley del cine), el gobierno catalán sigue dando pasos hacia el abismo de la reivindicación nacionalista, alejándose cada vez más de la realidad social.

Su intervencionismo en la Universidad se ha avivado especialmente al conocer los últimos datos que ponían en evidencia que, pese al dictado y las ingentes cantidades destinadas a tal fin, el catalán había perdido peso en las universidades catalanas.

La situación se ponía de relieve especialmente con la adaptación al espacio europeo de educación con la implantación del Plan de Bolonia. Han sido los estudios de la Plataforma per la llengua y los sindicatos de estudiantes nacionalistas los que han pedido al Gobierno que dé un paso al frente y tense más la cuerda en estos últimos meses de agónica legislatura. Pero la diferencia con 2006 y 2008 es que ahora algunos rectores han entrado al juego de las pretensiones políticas y han olvidado que el cuerpo de rectores universitarios es nacional, y que con la norma propuesta pueden producir situaciones de discriminación. Es sorprendente cómo el Tripartito y CiU juegan a la subasta de quién es más nacionalista, llevando los posicionamientos a una situación de esperpento.

Son muchos los argumentos con los que se pretenden justificar, tales como equilibrar el catalán y el castellano, la no retroactividad de la norma, así como un cierto margen a las excepciones a la imposición que, si bien será dejado al libre arbitrio del rector, no por ello dejará de estar vigilado de cerca por el gobierno de turno.

Es tan absurda la imposición que incluso profesores universitarios que se han declarado nacionalistas, como Xavier Sala i Martín, han puesto el grito en el cielo. No sin razón, el profesor de economía de Columbia, Harvard, Yale y Pompeu Fabra, que da sus clases en catalán, ha enfatizado que nadie en Estados Unidos le ha pedido que acredite su nivel de inglés, y que lo importante es la materia, no la lengua en la que se imparta.

Sin duda, la norma planteada puede revertir en nivel de calidad de la enseñanza universitaria en Cataluña limitando las expectativas de los centros y su posicionamiento a nivel mundial en contra de la excelencia y la competitividad.

La suerte de tener dos lenguas la tenemos los catalanes, que hemos disfrutado de una educación dentro de los parámetros de lo racional, dando importancia a los contenidos por encima de la lengua, que nunca debiera ser otra cosa que la expresión de una educación en libertad.

Ángeles Olano. Diputada del PP en el Parlamento de Cataluña. Portavoz de la Comisión de Economía.

El verano político ha estado amenizado por el anuncio de la celebración de elecciones primarias para la designación del candidato socialista a la presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid. Los dos únicos aspirantes serán Trinidad Jiménez, todavía ministra de Sanidad del actual Gobierno, y Tomas Gómez, secretario de la Federación del PSOE de Madrid (PSM).

Las primarias son una herramienta de ingeniería electoral importada de Estados Unidos que permite a los afiliados y simpatizantes de los partidos intervenir en el nombramiento de los candidatos a cargos públicos representativos, rompiendo así el monopolio de los aparatos burocráticos; su inconveniente principal es que las preferencias de los militantes no siempre reflejan los gustos de los votantes. La estructura de los partidos (laxa y descentralizada en América, rígida y jerárquica en España) y los sistemas de financiación y normas reglamentarias que rigen el procedimiento diferencian las primarias de uno y otro lado del Atlántico.

Ideada para democratizar a los partidos e impedir el mandarinato de sus dirigentes, la novedad ha tenido poco éxito en España, tal y como prueba la escasez de sus convocatorias. El PP continúa fiel a la práctica de que no sean los afiliados sino los órganos de dirección quienes invistan a los candidatos para las alcaldías, las presidencias de Comunidad y la presidencia del Gobierno. Así, Francisco Álvarez Cascos, pese a contar con importantes apoyos entre los militantes populares de Asturias, no podrá exigir que se celebren unas elecciones internas para designar candidato a la presidencia de su comunidad en mayo de 2011; Rajoy será el candidato del PP a la presidencia del Gobierno llueva, truene o relampaguee, a menos que un Congreso ordinario o extraordinario del partido lo impida.

Las primarias también han tenido un corto recorrido entre los socialistas por las restricciones estatutarias que las prohíben en determinados supuestos. De añadidura, la convocatoria para la presidencia de la comunidad autónoma madrileña no pretende tanto dirimir las pretensiones de dos aspirantes en igualdad de condiciones como resolver el conflicto creado entre las direcciones nacional y regional socialistas. El presidente del Gobierno apadrinó en su día la elección de Tomás Gómez, por entonces alcalde de Parla, como secretario general del PSM tras la dimisión semiforzada de Rafael Simancas, perdedor de las autonómicas de 2007; hace pocas semanas, sin embargo, Zapatero presionó -sin éxito- a su antiguo protegido para que renunciara en 2011 a la candidatura a la presidencia de la Comunidad en beneficio de Trinidad Jiménez, que perdió en 2003 la batalla por la alcaldía de Madrid cuando era una desconocida y fue impuesta como cabeza de las listas municipales socialistas por el actual presidente del Gobierno.

Zapatero intervino igualmente en la designación del candidato a las municipales madrileñas de 2007 imponiendo el nombre del novato Miguel Sebastián, premiado con el Ministerio de Industria después su previsible derrota. En ambos casos la operación de paracaidismo político perjudicó el normal desenvolvimiento de las instituciones municipales: la deserción los dos concejales socialistas electos y trasquilados -Trinidad Jiménez y Miguel Sebastián- dejó a la oposición socialista sin cabeza visible.

La resistencia de Tomás Gómez a satisfacer el deseo de Zapatero prolonga el levantisco historial de la Federación Socialista Madrileña, desgarrada en facciones movidas por las pasiones y los intereses. Pero la decisión de Tomás Gómez de forzar unas primarias cabría interpretarla también como un síntoma de que el poder o la autoridad del presidente del Gobierno está en retroceso: si el carisma de los dirigentes es una consecuencia de sus éxitos electorales, la caída en los sondeos es capaz de producir los efectos opuestos. El argumento más sólido a favor de Trinidad Jiménez y en contra de Tomás Gómez era -antes de que comenzase la trifulca- la desvaída imagen ante la opinión pública del secretario regional madrileño. Pero el anuncio de la celebración de las primarias ha reducido la ventaja de Trinidad Jiménez y proyectado la figura de su rival como un intrépido David que ha pasado del oscuro anonimato a un iluminado escenario. Por lo demás, las declaraciones de los ministros José Blanco y Alfredo Pérez Rubalcaba poniendo en berlina al modesto ex alcalde de Parla y acusándole absurdamente de ser un peón de la derecha, arroja serias dudas sobre la sinceridad de los propósitos gubernamentales de respetar la neutralidad del aparato oficial.

EL RUIDO DE LA CALLE

Veo a los gitanos en la puerta de los tribunales con su careto de guirlocheros o en los pasillos del hospital porque si se pone para el tinte uno, se ponen todos. Cumplen sus ritos: cuando llegan al juzgado, los gitanos van desarmados y son ellas las que llevan debajo del mandil las armas. Hasta que llegó Federico García Lorca, el rey de los gitanos, éstos habían tenido mala literatura y peores pragmáticas. Nuestros clásicos decían que los gitanos han venido al mundo para ser ladrones, creerse ladrones, criarse como ladrones y estudiar para ladrones.

Alguno reconoció que había dos clases de buscas, los que vivían en los palacios y los que birlaban mulas, y éstos eran menos dañinos. Camilo José Cela dice que a la gitanilla que en una tienda se guarda entre las sayas lo que ha robado se le dice mechera, pero si es una señora se le llama cleptómana.

En España a los gitanos, después de tantas persecuciones y deportaciones, se les ha aceptado, sobre todo en Andalucía. Pero otra vez, una vez más, como siempre, están arrestando y acosando a los calorros. El aire se conmueve y empalidecen los olivos, vuelve la cinta rayada con los peores manotazos de la recesión, como en los años treinta. Gobiernos europeos elegidos por los ciudadanos incendian los vertederos y los basureros donde se iban pudriendo los rumanos, los últimos europeos que se lavaban la cara en el río.

No exageremos las metáforas, aunque Sarkozy sea un sobrero y lleve alzas como Hitler, y Berlusconi tenga cierta traza y empaque mussoliniano, el remarque no es simétrico, sin embargo hay que advertir a ambos líderes políticos que palabras como deportar, etnia, destierro, confinamiento, proscripción, erradicar, gitanos delincuentes, inmigración, carga para la seguridad social, están repletas de significados fatídicos y ecos vergonzosos.

En Francia, la luz, el país de asilo, la tierra de la libertad, el cementerio de tantas persecuciones, deportan a seres humanos como si fueran chatarra. Parece increíble, desmantelan campamentos con churumbeles y patriarcas dentro. Setenta años después de que Hitler diera la orden de deportación de todos los judíos de Alemania y la castración de la “subraza gitana” un presidente francés ordena el destierro de miles de europeos con todos los derechos.

La poca izquierda que queda llama a este verano el de las deportaciones, el de la vergüenza. Parece que algunos ministros se desmarcan de la postura del desventurado presidente. Hay división en el gabinete. El ministro de Exteriores, un ex socialista, ha insinuado la posibilidad de dimitir. Pero como digo, están repitiéndose algunos de los sucesos de la vergüenza, de aquella pesadilla, que resucita en cualquier nación y en cualquier momento europeo. No hace tanto que hubo ajuste étnico en las naciones de Yugoslavia.

El proyecto de construcción de una mezquita cerca de la Zona Cero de Nueva York nos ofrece un ejemplo del impacto que ha tenido sobre la democracia el terrorismo islamista. La Zona Cero es la muestra de las consecuencias de aquellos ataques. Más de 2.600 personas murieron por la agresión de unos fanáticos. Ahora, muchos norteamericanos se oponen a la construcción, cerca de ese símbolo, de un centro musulmán, el cual, paradigmáticamente, se va a denominar Centro Córdoba. El nombre es una alegoría de la situación vivida en la Córdoba musulmana, donde convivían las tres religiones (musulmanes, cristianos y judíos). Al símbolo de la intolerancia religiosa de unos fanáticos islamistas se pretende contraponer la tolerancia cordobesa. Sin embargo, el nombre no es suficiente. Después de casi diez años de los atentados, sigue muy vivo en Estados Unidos lo sucedido. No parece que se pueda encontrar una solución fácil. A la dimensión simbólica, se suma la dimensión democrática, en la que se contrapone el número con los derechos. Unos alegan que la mayoría de los ciudadanos, tal y como lo acreditan las encuestas, son contrarios al proyecto, porque supone ultrajar el recuerdo de las víctimas. Mancillar el símbolo de los caídos por la democracia y por los derechos que los fanáticos aborrecen. Los miles de muertos cayeron no porque fueran responsables directos de nada que pudiese, incluso remotamente, justificar un sedicente castigo; murieron porque eran los ciudadanos de un Estado democrático cuyas libertades son consideradas como fuente de pecado en aquellas mentes fanáticas. Y este recuerdo merece sin duda mayor sensibilidad de la que se ha tenido por parte de los promotores, una falta de sensibilidad que les perjudica. Es indudable que los promotores están amparados por los derechos constitucionales: no sólo el derecho a la libertad religiosa, sino también por el derecho de propiedad.

Es elocuente que Ron Paul, representante republicano por Texas, uno de los más furibundos defensores del Estado mínimo y un crítico muy ácido de la Administración Obama, ha defendido el proyecto amparándose, precisamente, en la propiedad. Afirma que la defensa de la propiedad frente a cualquier intromisión pública conduce necesariamente a la defensa del proyecto. Sus promotores tienen el derecho a destinar su propiedad a lo que consideren oportuno, máxime cuando esa actividad está amparada por la libertad religiosa. Estamos ante un conflicto entre la sensibilidad y los derechos constitucionales. Estos también pueden doler, y doler mucho, remover muchas cosas y hacernos recordar que somos víctimas de los fanáticos. Ojalá el espíritu de tolerancia de la Córdoba musulmana se hiciera realidad. Mientras tanto, podemos observar cómo la democracia norteamericana, en el siglo XXI, pone en cuestión uno de los pilares sobre los que se edificó a fines del siglo XVIII.

¿Hay que legalizar la práctica de las trabajadoras del sexo? Los datos señalan que eso contribuiría a que se violaran más derechos básicos de un mayor número de mujeres. Más eficaz resulta criminalizar al cliente

La derecha más liberal y la izquierda más progresista están de acuerdo en una misma reforma. Hay que legalizar la prostitución. Para el liberal (hay muchas voces liberales, pero, por su estatura intelectual, recomiendo a Sala-i-Martín en La Vanguardia, 17-9-09), el Estado no puede prohibir el intercambio voluntario de servicios entre adultos a cambio de dinero. Para la progresista (ídem, Imma Mayol, EL PAÍS, 25-9-09), el Estado debe garantizar a las “trabajadoras del sexo” la salvaguarda de sus derechos. Para ambos, la regularización, al hacer aflorar una economía sumergida, reduciría tanto el tráfico ilegal de personas como los abusos y las condiciones de explotación en las que viven muchas prostitutas. Y, de paso, podríamos recaudar impuestos, que nos viene muy bien en tiempos de crisis. ¿Algo que objetar a esta conjunción de las mejores virtudes del mercado libre y del Estado regulador-protector?

Me temo que sí. La dificultad de obtener datos sobre un negocio tan oscuro como la prostitución es la perfecta justificación para que tanto el liberal como la progresista den rienda suelta a sus teorías sin tener que ofrecer evidencia empírica. Para el liberal, la bondad del mercado libre hará que mafiosos esclavistas se conviertan de un día a otro en respetables empresarios del sexo y puedan “contratar a las trabajadoras en origen y pagarles el viaje de ida y vuelta, eliminando así el negocio del traficante” (Sala-i-Martín). Para la progresista, la bondad del Estado actuará “promoviendo la existencia de espacios autogestionados, sin amos, que despojen al proxeneta de su funcionalidad” (Imma Mayol).

Pero los datos disponibles señalan que tanto la legalización de la prostitución (propuesta por liberales y progres) como la situación actual de relativa alegalidad (y defendida de facto por PSOE y PP) producen resultados peores que una tercera alternativa con pocos padrinos en nuestro país: la criminalización del cliente. Y es que tenemos evidencia cada vez más sólida de que actuar sobre la demanda de la prostitución (es decir, castigando al cliente) en lugar de sobre la oferta (es decir, regulando la prostitución, como proponen liberales y progresistas) tiene efectos positivos.

Liberales y progresistas asumen que existe una demanda varonil elevada y relativamente fija de servicios sexuales. Dicha demanda sería el resultado de diferencias entre hombres y mujeres, ya sean de índole biológica (para los liberales) o cultural (para los progresistas). Por ello, prohibir la demanda solo conduciría a un desplazamiento de la prostitución de la calle o del burdel a lugares más siniestros. Pero la experiencia de otros países desafía estas asunciones simplistas sobre la naturaleza varonil, pues la demanda -oh, sorpresa- cae en picado cuando se penaliza la compra de sexo. Por ejemplo, pocos años después de la puesta en marcha, en 1999, de una política de penalización al cliente en Suecia, se calcula que el número de prostitutas se había reducido entre un 30% y un 50%, y el de clientes entre un 75% y un 80%.

La caída de la demanda en países prohibicionistas como Suecia ahoga a la oferta, especialmente la que proviene del negocio más sucio que prolifera en el mundo globalizado actual: el tráfico de mujeres (y niñas) con fines sexuales -que representa, de acuerdo con Naciones Unidas, un 87% de los cuatro millones de seres humanos que son explotados como esclavos anualmente. Así, mientras los traficantes de esclavas sexuales logran introducir anualmente entre 400 y 600 víctimas en Suecia para saciar los apetitos sexuales de aquellos ciudadanos que son capaces de arriesgarse a una pena por comprar sexo, en las vecinas Finlandia o Dinamarca, con la mitad de la población, pero con leyes más permisivas hacia la prostitución, las mafias podrían estar infiltrando hasta 15.000 víctimas al año. Empujados por la elocuencia de estos datos, los políticos nórdicos, sobre todo finlandeses y noruegos, están optando por la “vía sueca”, empezando a criminalizar la compra de sexo.

La penalización de los clientes en Noruega ha sido aprovechada además por los economistas Jakobsson y Kotsadam para estudiar lo más científicamente posible los efectos de una política pública. Es decir, mirando qué pasa antes y después de la reforma y, al mismo tiempo, comparando con otros países en los que no ha habido ningún cambio legislativo durante ese periodo. Los resultados son inequívocos: la demanda de prostitución en Noruega ha caído de forma significativa desde la criminalización del cliente. En un análisis de 30 países, estos mismos autores señalan que allí donde hay un mayor reconocimiento legal de la prostitución también existe un mayor tráfico de esclavas sexuales. O sea, exactamente lo contrario de lo que predicen el liberal y la progresista.

Las razones son obvias. Donde la compra de sexo es ilegal, los costes en los que incurren las mafias esclavistas de mujeres para garantizar a los clientes que no serán descubiertos y penalizados se vuelven demasiado altos. En conversaciones interceptadas por la policía, los propios traficantes, que no dejan de ser hombres de negocios, admiten que no vale la pena trabajar en los países prohibicionistas. Es más sencillo operar en lugares como Holanda, Alemania o España, donde, ya sea de forma legal o alegal, todo el que quiere comprar sexo lo puede hacer en un instante, de forma sencilla y sin riesgo a ser castigado.

Los estudios también apuntan a que cuando la prostitución se regula como una actividad económica más, los abusos sobre las libertades individuales de las prostitutas no decrecen, como pretenden hacernos creer liberales y progresistas, sino que aumentan. Con la regularización de la prostitución, los traficantes de seres humanos, experimentados en tergiversar la voluntad de jóvenes y de niñas, encuentran una fachada legal perfecta con la que cubrir sus actividades delictivas. Por una parte, no les cuesta “convencer” a muchas víctimas potenciales, mediante las manipulaciones físicas y psicológicas más perversas, para que se registren como trabajadoras del sexo. Por otra parte, ¿alguien espera que el crimen organizado empiece a pagar impuestos y declare sus actividades más lucrativas, como la prostitución de menores o los depravados tratamientos hormonales a los que son sometidos muchas prostitutas? Encontramos ejemplos de legalizaciones de la prostitución con resultados perversos en todo el mundo, desde Alemania a Australia, pasando por Nevada en Estados Unidos. Una consecuencia frecuente de regularizar la compra de sexo es que, mientras el número de burdeles legales crece, los negocios ilegales -por ejemplo, con prostitutas menores de edad- se multiplican.

El liberal suele comparar a las “operarias del amor” que ejercen su profesión libremente con otros trabajos regularizados que no se hacen por el amor al arte sino por dinero, como lavar urinarios. El problema es que el intercambio sexual se da, por su propia naturaleza, en un contexto de intimidad y clandestinidad, en el que algunos elementos del “contrato” quedan a la discreción de una de las partes, con consecuencias potencialmente devastadoras para la otra. Volvamos a los datos. Un estudio en nueve países encontró que del 60% al 75% de las mujeres que ejercen la prostitución han sido violadas, del 70% al 95% físicamente agredidas y un 68% presentan síndromes de estrés postraumático similares a los de los veteranos de guerra bajo tratamiento psiquiátrico. Si alguien nos mostrara que alguna profesión reconocida produce secuelas físicas, mentales y emocionales solo remotamente similares, solicitaríamos la inmediata ilegalización de la misma.

Por todo ello, hay motivos para pensar que legalizar la actividad de las “trabajadoras del sexo” (el proletario término preferido por la progresista) o el “outsourcing sexual” (el anglicismo usado por el liberal) contribuiría a que se violaran más derechos básicos de un mayor número de mujeres. Siguiendo criterios serios para evaluar políticas públicas, la única medida que parece efectiva para combatir el tráfico y la esclavitud con fines sexuales es criminalizar la compra de sexo. Ya es hora de que esta medida se estudie seriamente en España.

Víctor Lapuente Giné es profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Gotemburgo, Suecia.

La certeza moral de que la liberación de los dos cooperantes catalanes Vilalta y Pascual fue lograda a cambio de un rescate de muchos euros, de la excarcelación de un terrorista y del pago de otra buena cantidad de dinero a las instancias y personas que intermediaron en la operación ha suscitado un debate público y unas críticas que parecen desvanecerse como aparecieron, entre titubeos. Los más disconformes con lo ocurrido han enunciado el problema, pero, de manera significativa, no se atreven del todo a formular una solución distinta a la que supuestamente trazó el Gobierno. La explicación es bien sencilla: el dilema planteado ante las exigencias de los secuestradores no puede encontrar una solución definitiva y plenamente coherente por parte del Estado democrático, que, a lo sumo, deberá esforzarse en minimizar los efectos negativos que pudiera acarrear su proceder.

El Gobierno -se ha dicho- debe dar cuenta en sede parlamentaria sobre los pormenores de su actuación y la de los servicios del Estado. Incluso se ha llegado a exigir que toda esa información se aporte en sesión pública, dejando para la comisión de Secretos Oficiales del Congreso aquella que verse sobre el presumible uso de fondos reservados. Esta es la posición formal del PP. Se ha enjuiciado con severidad la gestión gubernamental de la crisis, que se confirma en las acusaciones más o menos explícitas de que el Ejecutivo ha contribuido a engrandecer Al Qaeda y a financiarla. Hay formaciones políticas y sectores de opinión que, al parecer, hubiesen sido partidarios de una actitud de firmeza frente a los secuestradores. Aunque no lo dijeron durante el secuestro; es de suponer que para evitar una polémica pública que pusiera en riesgo la integridad de los cooperantes. Pero lo más elocuente del caso es que, tras su liberación, tampoco son capaces de llevar la crítica hasta sus últimas consecuencias. Por ejemplo, Rajoy podría haber declarado que un gobierno presidido por él jamás hubiese cedido al chantaje, pero no lo ha hecho.

Es perfectamente exigible que, en el Estado de derecho, el Gobierno responda punto por punto de sus acciones ante la Cámara parlamentaria y ante los ciudadanos. Pero de llevarse la lógica al extremo, no tendría sentido la existencia de “secretos oficiales” ni de fondos reservados. Como tampoco convendría esperar al final de una determinada crisis para dar cuenta de lo que se haga en cada momento. Es perfectamente legítimo que se aspire a una democracia representativa absolutamente transparente. Lo que resulta inconsecuente es que se defienda eso únicamente cuando se está en la oposición o porque se albergan recelos hacia el gobierno de turno. El sistema democrático funciona con un grado de transparencia tan razonable como perfectible, pero se ve obligado a combinar el máximo de información con la confianza que las propias instituciones depositan en sus gestores ejecutivos.

Sería fantástico que hubiese una posición determinada, un manual de instrucciones fijado para afrontar aquellas crisis que impliquen un chantaje a cuenta de la vida de personas. Pero eso resulta prácticamente imposible. El mensaje de “no secuestren a españoles porque no obtendrán nada a cambio” sólo adquiriría credibilidad tras la muerte de algunos rehenes – cooperantes, turistas o funcionarios-que el gobierno se niegue a canjear a cambio de concesiones. A ese precio es impensable un compromiso compartido por las instituciones y por todos y cada uno de los ciudadanos. Compromiso que tampoco valdría de mucho si el acuerdo no se extendiera al conjunto de los países hasta universalizarse como pauta general e inmutable.

Lo ocurrido puede dar la sensación de que el Estado predica una cosa y hace la contraria. No es del todo cierto, porque los gobiernos tienden más bien a mantener un espacio de ambigüedad preventiva. Ambigüedad que resulta menos nociva cuando se administra con discreción que cuando da lugar a expresiones contradictorias, como esa de que “la única estrategia no debe ser pagar rescates”, dirigida por Sarkozy a sus embajadores, reconociendo implícitamente que llegado el caso ha de considerarse la cesión. Sería ideal que el Estado democrático pudiera funcionar sin ese espacio de ambigüedad preventiva. Pero no parece que sea factible frente a enemigos que no atienden a convención alguna. En un país con otra tradición, gobierno y oposición compartirían la suficiente información sobre la liberación de Pascual y Vilalta como para hurtársela juntos a la opinión pública. Aquí solo es de esperar que nadie se caliente la boca como para verse obligado a denunciar al Gobierno ante los tribunales por complicidad con Al Qaeda.

La mayoría de catalanes hemos pensado alguna vez que nuestra nación tiene muchas dificultades para formar parte de un Estado cuya Constitución ayudamos a redactar. Una Constitución que explicita realidades políticas diferentes cuando menciona la existencia de “nacionalidades y regiones”.

En un mundo internacionalizado aquello que es propio, próximo y único es lo que nos identifica y nos arraiga. Respecto a Cataluña: las instituciones históricas, la lengua y la cultura, la tradición jurídica. Quien lo ponga en duda estará ignorando la historia y esta es tozuda y reaparece con más fuerza cuando es negada.

Como miembro del Gobierno de Cataluña asistí a la manifestación del 10 de julio. Desde 1977 nunca se había reunido tanta gente en una manifestación.

De aquella protesta yo quiero recordar a una familia completa de la que estaban presentes cuatro generaciones: desde la abuela en silla de ruedas hasta la bisnieta que llevaba la senyera como capa. Todos mostraban una indignación democrática por la decisión de un tribunal deslegitimado que cuestiona aspectos sensibles del Estatut pero, sobre todo, por las actitudes contrarias a la legítima aspiración de Cataluña de incrementar su nivel de autogobierno.

Desde entonces, he leído y releído los estudios de opinión y la conclusión es que el 10 de julio había un pueblo diverso. Es cierto que el clamor por la independencia fue protagonista, pero también es cierto que la ausencia de otras consignas dejó sin voz a la gran mayoría del pueblo.

En cifras, alrededor del 60% cree que el autogobierno es un sistema que aún puede desarrollarse más en Cataluña. Pero ha crecido el número de ciudadanos que opina que es necesario volver a un Estado centralista, del 6% al 15%, y ha aumentado el de aquellos que se decantan porque Cataluña sea un Estado independiente, del 15% al 25%.

“Es una hora grave”, decía el presidente Montilla el 16 de julio, porque el largo proceso del Estatut ha mostrado una dura ofensiva del nacionalismo español, que se expresó claramente durante la etapa de José María Aznar en La Moncloa (gracias al pacto del Majestic con CiU) y que no ha parado de avanzar.

Mientras, el pensamiento independentista arraiga y se radicaliza, sin concretar a través de qué vía se podría llegar a la independencia

Hay que hablar claro, el independentismo cada vez más fraccionado no concreta nunca su propuesta y corre el riesgo de generar odio hacia España, igual que el centralismo reaccionario lo genera hacia Cataluña.

Rechazo el centralismo reaccionario, el autonomismo uniformador, el independentismo que no explica cómo se llega a la independencia y la ambigüedad del nacionalismo que se mueve desde hace años con la etiqueta del “soberanismo” que no quiere decir nada, que solo busca votos. En los 23 años que gobernó CiU no propuso nunca aumentar el nivel de autogobierno reformando el Estatut.

Queda el trabajo duro, nada fácil, de fortalecernos en el espíritu del pacto institucional y reclamar y proclamar que aquel Estado plurinacional, pluricultural y plurilingüístico solo puede existir si las fuerzas del progreso abrazan con más fuerza que nunca el objetivo del federalismo. El primer paso tiene que ser el compromiso del Gobierno central de hacer posible la meta que marcaba el Estatut de 2006 y no dar por cerrado ningún proceso de descentralización,

El segundo paso es la aceptación explícita de naciones en el seno del Estado, Y el siguiente es el establecimiento de mecanismos de conexión real entre estas realidades nacionales y las instituciones dependientes del Gobierno central.

Por definición, los Estados realmente federales son asimétricos, ya que las instituciones de cada realidad política evolucionan a ritmos diferentes (naciones en España, Estados en el caso de Estados Unidos, landers en el caso de Alemania), tan asimétricos que en Estados Unidos por el mismo delito algunos Estados aplican la pena de muerte y otros no.

En este momento el PSC tiene que alzar la voz clara y unánime en favor del federalismo, garantizando la unidad civil de nuestro pueblo, que es lo que nos ha hecho realmente fuertes. Pero es también la hora grave y exigente de los progresistas de todas las tierras de España, especialmente del PSOE, recuperando la vinculación inseparable del pensamiento progresista con el reconocimiento de las realidades nacionales. Y lo es mucho para CiU porque no puede seguir en el reino de las ambigüedades apoyando el Estatut y renegando de él a la vez, coqueteando con el independentismo sin querer llegar a la independencia, sin rechazar a quienes crearon la actual crisis institucional por haber llevado el Estatut al Tribunal Constitucional, es decir, sin atacar nunca al PP sencillamente porque cree que así ganará las elecciones.

Es una hora grave, pero también es la hora de otro tipo de política, de perder el miedo a las palabras, de hablar claro, de hacer lo que se dice, de un nuevo esfuerzo estimulante, porque el pesimismo y la negación no ayudan a avanzar. Y Cataluña necesita, urgentemente, avanzar.

Montserrat Tura i Camafreita es consejera de Justicia de la Generalitat de Cataluña.

TRIBUNA

El debate sobre terrorismo y Estado de Derecho es tan antiguo como los crímenes que piratas y terroristas llevan cometiendo siglos. Desde la toma de rehenes para rescate por corsarios al megaterrorismo en red del siglo XXI, las cuestiones centrales han sido similares: cómo se gestiona una crisis terrorista, especialmente si se trata de un secuestro. Pero esta polémica se intensifica y adquiere varias dimensiones, la política, la de opinión pública, la ético-moral y, por supuesto, la legal. Todos estos aspectos forman parte de un problema complejo, en el que sin embargo, conviene tener las ideas claras.

Como ejemplo de la importancia que adquiere el debate sobre el terrorismo en el siglo XX, basta leer el discurso pronunciado por Theodore Roosevelt en el funeral del asesinado presidente McInley -el de la Guerra de Cuba- al que sucedía al frente de la Casa Blanca. Buena parte de los ejes centrales de ese discurso los podríamos encontrar en cualquier declaración de un Gobierno en nuestro siglo. ¿Entonces por qué la controversia, si los Gobiernos democráticos saben que frente al terror sólo cabe la firmeza democrática, dentro de la ley y el Estado de Derecho? Pues simplemente porque en este siglo se empieza a atisbar una preocupante relajación de esa indispensable firmeza.

En la era de los secuestros aéreos, los Gobiernos no negociaron con terroristas y eso tuvo un efecto muy claro y positivo: el declive de ese tipo de delitos, gracias también a la mejora de las medidas de seguridad. Cuando el terrorismo cambia, y el secuestrador no tiene ya como objetivo salvar su propia vida, la negociación no existe, se secuestra para asesinar. Pero los secuestros de personas tienen varios objetivos. Primero, el de propaganda; segundo, el de la presión y el chantaje, extender la sensación de inseguridad; tercero, desestabilizar al país o región en el que operan; y por último, obtener fondos para financiar sus redes criminales. Por ello los sindicatos del crimen y las organizaciones terroristas son cada vez más parecidas y se imitan mutuamente.

Las mafias se hacen cada vez más violentas para que el chantaje, la intimidación y la extorsión sean cada vez más eficaces. De ahí que algunos cárteles de droga que operan en México hayan adoptado técnicas de asesinato de los grupos terroristas yihadistas, decapitación por cuchillo de monte, asesinato aparentemente indiscriminado, el secuestro para intimidar a las fuerzas de seguridad o la tortura, todo ello publicitado de manera explícita para ser más efectivos en su barbarie.

Las organizaciones terroristas, e incluso las células individualmente consideradas, se dedican a la comisión de los delitos más lucrativos para obtener el mayor beneficio posible para financiar sus estructuras, y de forma creciente para enriquecer a sus cúpulas. De ese modo el terrorismo se ha convertido en uno de los principales sindicatos criminales dedicados al tráfico de drogas (Las FARC -que es el mayor productor y exportador de cocaína del mundo- y el ELN en Colombia, los talibán en Afganistán), de armas, seres humanos, fraude, chantaje, ciberdelito y robo y falsificación de tarjetas de crédito. Y por supuesto al secuestro, que se ha convertido en uno de los más lucrativos.

Sólo en Europa, a lo largo del año 2008 el fraude criminal en cajeros automáticos ascendió a la escalofriante suma de 600 millones de euros. Los datos de 2009 son mucho peores. Cabe preguntarse qué proporción de ese dinero ha acabado en manos de organizaciones terroristas. Los que operan en el Sahel son, además, bandidos y traficantes, lo que produce confusión en muchos ingenuos que creen que los bandidos no son terroristas. Pues bien, son las dos cosas, y sus delitos sirven para su lucro personal y para dar autonomía financiera a las células y campamentos.

El centro de la polémica es si se debe o no pagar rescate a piratas y terroristas. Rotundamente no, y no sólo porque es una actividad ilegal y tipificada en nuestro Código Penal, sino porque la cesión ante el terror tiene unas gravísimas consecuencias en cascada. La primera y más obvia es que financia la industria criminal, y a las organizaciones y sus estructuras. Segundo, anima al autor a seguir haciéndolo ante su éxito, y a otros a lanzarse a esa empresa criminal. La tercera es el logro de un muy eficaz y perturbador efecto de propaganda, primero hacia sus propias huestes que se sienten arengadas con su éxito, y por otra parte en la publicidad que la organización terrorista obtiene en el mundo entero, lo que necesariamente redunda en beneficio de la sensación de inseguridad que buscan sembrar, dando la sensación de ser poderosas organizaciones.

El éxito es celebrado e instrumentalizado como una gran victoria del grupo. Si además consiguen poner en evidencia al Gobierno que negocia y que ha cedido, cosa que siempre intentan, logran trasladar una sensación de poder y de legitimidad, pues no en vano piensan y tratan de transmitir que un Estado democrático los ha sentado en la mesa de negociación como un igual, como un actor político legítimo.

El último razonamiento es el del peligro en que se pone a nuestros nacionales, como los propios sindicatos policiales han denunciado. Un país que negocia y paga es considerado un objetivo fácil. Por otra parte, también se pone en peligro a los nacionales de otros estados, pues ninguno llevamos pintada en la frente la bandera de nuestra nacionalidad.

En definitiva, el pago de rescate es una derrota de la democracia, del Estado de Derecho, y una agresión frontal al imperio de la ley. La satisfacción indudable por las vidas salvadas no puede nublar nuestro entendimiento, y el Gobierno socialista no puede pretender celebrar como un éxito lo que es una derrota colectiva de nuestra democracia, la cesión ante el terror. Cuando una organización criminal, terrorista o mafiosa secuestran a un ciudadano, y el Estado de Derecho cede y paga, nos han secuestrado y vencido a los 47 millones de habitantes, y con nosotros, al resto de democracias del mundo.

Este nuevo siglo apunta maneras muy preocupantes, habrá un creciente número de regiones o zonas de alto riesgo, verdaderos territorios sin ley, orden, seguridad o libertad. Un número importante de regiones como amplias zonas del Sahel; la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela por la connivencia entre las FARC y el régimen de Hugo Chávez, Somalia y la aguas del Cuerno de África, llegando hasta casi la punta oriental de la Península Arábiga, donde ya hemos tenido dos serios sustos los españoles -Playa de Bakio y el Alakrana-, el Estrecho de Malaka donde operan piratas asesinos, zonas del Caribe y de algunas costas del Golfo de Guinea, donde piratas y delincuentes extremadamente violentos asaltan ciudades y sus bancos desde el mar.

Ante este sombrío panorama, los estados deben reestablecer la inflexible norma de firmeza y rigor legal y democrático frente al terror y la delincuencia organizada.

Si no queremos acabar en un mundo caótico, en el que regiones enteras sean verdaderos reinos de la barbarie, hay que tomar medidas ya, y una de las primeras debe ser no negociar nunca más con organizaciones terroristas, salvo su rendición, y jamás pagar rescate por un secuestro, y menos si lo hace un Estado democrático.

Lo que tampoco se puede aceptar es que los países avanzados se mantengan en apariencia firmes ante el terror pero sin embargo fuercen a los más débiles, que son quienes sufren de manera más directa el azote del terror en ciertas regiones, a hacer concesiones que ellos no harían jamás. Esto, además de una inmoralidad, es seguramente un delito y supondría, sin duda, una repugnante cobardía.

Muchas veces los Gobiernos prefieren la salida fácil de no antagonizar a una parte de su opinión pública, lo que les proporciona una cierta tranquilidad entre ciertos sectores de la ciudadanía, pero a un coste inasumible por el conjunto de las democracias más avanzadas y del resto de la comunidad internacional. Esta polémica que ha trascendido ya a nuestras fronteras debe permitirnos hacer el diagnóstico adecuado, debemos intensificar la cooperación internacional, reforzar la capacidad de respuesta de los estados y apoyarnos unos a otros. Sólo es posible una firme actuación, incluso con el legítimo uso de la fuerza, para defender a nuestros nacionales, su seguridad y libertad. Por ello debería ser una prioridad irrenunciable potenciar los servicios de inteligencia e información y de las fuerzas especiales, para así poder enfrentarnos con mayores garantías de éxito a las crisis que estos convulsos tiempos nos auguran.

Gustavo de Arístegui y San Román es diplomático, diputado por Zamora, portavoz de Asuntos Exteriores del PP en el Congreso y autor del libro Contra Occidente (La Esfera de los Libros).

2010-08-23

NUEVA YORK – Los roma han sido perseguidos en toda Europa durante siglos. Ahora padecen una forma de discriminación que no se había visto en Europa desde la segunda guerra mundial: los desalojos y expulsiones en grupo de varias democracias europeas de hombres, mujeres y niños con el argumento de que representan una amenaza para el orden público.

La semana pasada, Francia empezó a ejecutar planes de expulsión de todos los roma no franceses, con lo que los implicó como grupo en una actividad delictiva, sin proceso legal alguno para determinar si algunas personas han cometido algún delito o representan una amenaza para el orden público. Esas medidas francesas siguen al “plan de seguridad” de Italia de 2008, que calificaba a los denominados “nómadas” de amenaza a la seguridad nacional e imponía una legislación de emergencia que propició expulsiones de roma no italianos.

La de poner coto a la actividad delictiva es una preocupación legítima de los gobiernos, pero la expulsión e ciudadanos de la UE por razones de etnicidad como xxx de la actividad delictiva es una violación de las directivas de la UE sobre discriminación racial y del derecho a la libre circulación de uno de los miembros de la UE a otro.

De hecho, constituye un principio jurídico firmemente establecido el de que se debe abordar el delito mediante la determinación de una persona culpable ante un tribunal de justicia. Además, los delincuentes convictos no son deportados automáticamente, si son ciudadanos de otro Estado miembro de la UE, sino que la legislación europea una determinación individual de que la deportación es necesaria y proporcionada con el delito cometido, además de la consideración de otras circunstancias (como, por ejemplo, la intensidad de los vínculos de la personal con la comunidad).

Naturalmente, las sociedades europeas no deben tolerar la delincuencia ni el comportamiento antisocial, pero ningún grupo étnico monopoliza semejantes patologías y todas las personas deben ser iguales ante la ley. Desde la segunda guerra mundial, los europeos han considerado inaceptable someter a grupo alguno a castigo colectivo o expulsión en masa por razones de etnicidad, por lo que, al dejar de lado derechos fundamentales en nombre de la seguridad, la detención de los roma establece un precedente preocupante.

En cambio, el Gobierno francés hace bien en pedir la adopción de medidas para mejorar el empleo y las oportunidades de desarrollo para los roma en sus países de origen (principalmente Bulgaria y Rumania en este caso), lo que reduciría los incentivos y las presiones para que se trasladen a otros países. El gobierno de Suecia reaccionó ante la posición de Francia pidiendo también la adopción de medidas conjuntas de la UE para fomentar la integración de los roma.

Los romas quieren –y pueden- integrarse, si se les brinda la oportunidad de hacerlo, como han demostrado los programas de mi Fundación. La mayoría de los roma comparten las aspiraciones de las poblaciones mayoritarias: un hogar con servicios adecuados, una educación válida para su hijos, puestos de trabajo que les permitan mantener a sus familias y relacionarse con la mayoría en su sociedad. Precisamente porque padecen una discriminación y una privación atroces en su país es por lo que siguen migrando pro toda Europa. La UE debe reconocer que la naturaleza paneuropea de ese problema requiere una estrategia global y eficaz para la integración de los roma.

El deber primordial de salvaguardar los derechos y el bienestar de todos los ciudadanos corresponde a los Estados miembros de la UE. La aplicación de las políticas y programas para fomentar la integración en el empleo, la educación, la atención de salud y la vivienda debe hacerse en los niveles local y nacional, pero a la UE corresponde un papel decisivo para motivar, coordinar, ayudar financieramente y supervisar esas medidas mediante un plan en el nivel de la UE.

En 2009, la UE hizo suyo el principio de “prestar asistencia específica –explícita, peor no excluyente- a los roma” y la Comisión Europea permitió que se utilizaran los fondos estructurales para financiar las intervenciones en materia de vivienda a favor de comunidades marginadas, centradas en particular en los roma. Se trata de una medida digna de beneplácito y se debe hacer extensiva “la asistencia explícita, pero no exclusiva” a la educación, la atención de salud y el empleo. Lo más importante es que se modifiquen las normas que rigen la asignación de los fondos estructurales para permitir su utilización para la prestación de atención de salud y educación desde la primera infancia y no sólo para la formación profesional.

La pobreza estructural de las comunidades roma está íntimamente vinculada con la deficiente educación y el desempleo. La iniciativa Europa 2020 de la Comisión establece metas concretas para aumentar las tasas de escolarización completa y los niveles de empleo para todos los ciudadanos de la UE. En esas os esferas, los roma están tan rezagados respecto de sus conciudadanos, que las medidas medidas específicas encaminadas a colmar ese desfase deben ser parte integrante del plan Europa 2020.

La divisoria mayor entre los roma y las poblaciones mayoritarias no es cultural ni de estilo de vida –como con tanta frecuencia la presentan los medios de comunicación-, sino que se debe a la pobreza y la desigualdad. La divisoria es física, no sólo mental. La escolarización segregada es un obstáculo para la integración y produce prejuicio y fracaso. La vivienda segregada ha propiciado la aparición de enormes barrios de chabolas y asentamientos que carecen de saneamiento y otras condiciones básicas esenciales para una vida con dignidad. La difícil situación de tantos millones de roma en el siglo XXI constituye una burla de los valores europeos y mancha la conciencia de Europa.

La difícil situación de los roma no es un simple problema a corto plazo que se pueda abordar mediante medidas draconianas para trasladar pro la fuerza a personas de un Estado miembro a otro. No sólo socava eso los valores europeos y los principios jurídicos, sino que, además, deja de abordar las verdaderas causas del problema.

Por ser la minoría étnica más numerosa de Europa, los roma constituyen dentro de la UE el segmento demográfico más joven y de crecimiento más rápido de la población. En 2020, por ejemplo, los jóvenes constituirán la tercera parte de las nuevas incorporaciones a la mano de obra de Hungría. Europa no puede darse el lujo de perder otra generación. Se trata de un asunto de derechos humanos y valores básicos y reviste decisiva para la paz y la cohesión en las sociedades de toda Europa.

George Soros es Presidente de Soros Fund Management.

Copyright: Project Syndicate, 2010.

www.project-syndicate.com

Traducido del inglés por Carlos Manzano.

Los romaníes o gitanos han sido perseguidos en toda Europa a lo largo de los siglos. Ahora padecen una forma de discriminación que no se había visto en el continente desde la II Guerra Mundial: los desalojos y expulsiones en grupo en varias democracias europeas de hombres, mujeres y niños con el argumento de que representan una amenaza para el orden público.

La semana pasada, Francia empezó a ejecutar planes de expulsión de todos los gitanos no franceses. Los ha implicado como grupo en actividades ilícitas, pese a no existir ningún proceso legal contra ninguno de ellos para determinar si hubieran cometido delitos o representaran una amenaza para el orden público. Esas medidas francesas siguen al “plan de seguridad” de Italia de 2008, que calificaba a los denominados “nómadas” de amenaza para la seguridad nacional e imponía una legislación de emergencia que propició las expulsiones de gitanos no italianos.

Poner coto a la actividad delictiva es una preocupación legítima de los Gobiernos. Pero expulsar a ciudadanos de la Unión Europea, criminalizándolos por su pertenencia a una etnia determinada, es una violación de sus propias directivas sobre discriminación racial y derecho a la libre circulación de personas entre dos Estados miembros de la UE.

De hecho, constituye un principio jurídico firmemente establecido que solo puede hablarse de delito cuando se ha determinado la culpabilidad de una persona ante un tribunal de justicia. Además, los delincuentes convictos no pueden ser deportados automáticamente si son ciudadanos de otro Estado miembro de la UE, ya que la legislación europea exige que la deportación de un individuo sea necesaria y proporcional al delito cometido. Hay que tener en cuenta, además, otras circunstancias, como la intensidad de los vínculos de la persona con la comunidad, por ejemplo.

Naturalmente, las sociedades europeas no deben tolerar la delincuencia ni el comportamiento antisocial, pero ningún grupo étnico monopoliza semejantes patologías y todos debemos ser iguales ante la ley. Desde la II Guerra Mundial, los europeos han considerado inaceptable someter a grupo alguno a castigo colectivo o expulsión en masa en razón de su etnia. Al dejar de lado derechos fundamentales en nombre de la seguridad, la detención de los gitanos establece un precedente muy preocupante.

El Gobierno francés hace bien, en cambio, cuando pide la adopción de medidas para mejorar el empleo y las oportunidades de desarrollo para los gitanos ensus países de origen (principalmente Bulgaria y Rumania en este caso), lo que reduciría los incentivos y la presión para que se trasladen a otros países. El Gobierno de Suecia reaccionó ante la posición de Francia pidiendo también la adopción de medidas conjuntas de la UE para fomentar la integración de los gitanos.

Los romaníes quieren -y pueden- integrarse si se les brinda la oportunidad de hacerlo, como han demostrado los programas de mi Fundación. La mayoría de los gitanos comparten las aspiraciones de las poblaciones mayoritarias: un hogar con servicios adecuados, una educación válida para sus hijos, puestos de trabajo que les permitan mantener a sus familias y relacionarse con la mayoría en su sociedad. Precisamente porque padecen una discriminación y privaciones atroces en sus respectivos países es por lo que siguen migrando por toda Europa. La UE debe reconocer que la naturaleza paneuropea de ese problema requiere una estrategia global y eficaz para la integración de los gitanos.

El deber primordial de salvaguardar los derechos y el bienestar de todos los ciudadanos corresponde a los Estados miembros de la UE. La aplicación de las políticas y programas para fomentar la integración en el empleo, la educación, la atención sanitaria y la vivienda debe hacerse en los ámbitos locales y nacionales, pero a la UE corresponde un papel decisivo para motivar, coordinar, ayudar financieramente y supervisar esas medidas mediante un plan general de toda la UE.

En 2009, la UE hizo suyo el principio de “prestar asistencia explícita, pero no exclusiva” a los gitanos y la Comisión Europea permitió que se utilizaran los fondos estructurales para financiar las intervenciones en materia de vivienda a favor de comunidades marginadas, centradas en particular en los romaníes. Es una medida bien acogida que debe hacer extensiva “la asistencia explícita, pero no exclusiva” a la educación, la atención sanitaria y el empleo. Lo más importante es que se modifiquen las normas que rigen la asignación de los fondos estructurales para permitir su utilización en la prestación de atención sanitaria y educación desde la primera infancia y no solo para la formación profesional.

La pobreza estructural de las comunidades romaníes está estrechamente vinculada con la deficiente educación y el desempleo. La iniciativa Europa 2020 de la Comisión establece metas concretas para aumentar las tasas de escolarización completa y los niveles de empleo para todos los ciudadanos de la UE. En esas dos esferas, los gitanos están tan rezagados respecto de sus conciudadanos, que las medidas específicas encaminadas a eliminar este desfase deben ser parte integrante del Plan Europa 2020.

La mayor diferencia entre los gitanos y las poblaciones mayoritarias no es cultural ni de estilo de vida -como con tanta frecuencia se presentan en los medios de comunicación-, sino que estriba en la pobreza y la desigualdad. La divisoria es física, no solo mental. La escolarización segregada es un obstáculo para la integración, produce fracasos y es perjudicial. La vivienda segregada ha propiciado la aparición de enormes barrios de chabolas y asentamientos que carecen de saneamiento y otras condiciones básicas esenciales para vivir con dignidad. La difícil situación de tantos millones de gitanos en el siglo XXI constituye una burla de los valores europeos y es un borrón en la conciencia de Europa.

No es un simple problema a corto plazo que se pueda abordar mediante medidas draconianas para trasladar por la fuerza a personas de un Estado miembro a otro. Eso no solo socava los valores europeos y los principios jurídicos, sino que, además, no aborda las verdaderas causas del problema.

Por ser la minoría étnica más numerosa de Europa, los gitanos constituyen dentro de la UE el segmento demográfico más joven y de crecimiento más rápido de la población. Por ejemplo, en el año 2020, los jóvenes constituirán la tercera parte de las nuevas incorporaciones a la mano de obra de Hungría.

Europa no puede permitirse otra generación perdida. Se trata de un asunto de derechos humanos y de valores básicos que es vital para la paz y la cohesión en las sociedades de toda Europa.

George Soros es presidente de Soros Fund Management. © Project Syndicate, 2010. Traducido por Carlos Manzano.

Para el respeto al Derecho corren malos tiempos. Quizás es uno de los peores datos sobre la salud política y para el ejemplo de los ciudadanos. Ejemplos de hipocresía, de descaro y de oportunismo, con mensajes directos de altos dirigentes políticos, proliferan por doquier y marcan con mucha frecuencia comportamientos destacados en el Gobierno, en la oposición y en muchas Comunidades Autónomas, especialmente del PP. Desde nuestra Carta Magna, en su artículo 9, se establece en ese sentido una obligación jurídica general para los ciudadanos y los poderes públicos, que “están sujetos a la Constitución y al resto del Ordenamiento jurídico”. Es un deber incondicionado, una exigencia ilimitada para las instituciones y para las autoridades, que solo tiene un resquicio individual muy restrictivo y que necesita refrendo legal o judicial al más alto nivel con la objeción de conciencia. No cabe objeción de conciencia colectiva ni tampoco fomentar esa objeción por las autoridades. Es lamentable tener que recordar lo obvio y mucho más que el mal ejemplo y los mensajes vengan de quienes tienen esa obligación mayor de respeto.

Toda teoría general debe concretarse con ejemplos, para vergüenza de quienes los representan, para sonrojo de los ciudadanos cumplidores, y con daño irreparable para la educación cívica de los más jóvenes. El caso de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña es paradigmático, con la llamada generalizada de muchos políticos catalanes al desconocimiento o a la desobediencia y con la pintoresca toma de posición del presidente del Gobierno y de su vicepresidenta primera de buscar arreglos para burlar la sentencia. Comprendo que la necesidad de conseguir mayorías suficientes exige esfuerzos y sacrificios, pero nunca se debe llegar a proponer la violación de la Constitución. Lamento que esas voces sean del PSOE, porque no es ni normal ni habitual. Por eso debe reprocharse con dureza.

En el PP, la desobediencia tiene forma directa, y supone la suspensión de la obediencia mientras se recurre al TC o se hace resistencia pasiva y “se acata pero no se cumple”. Los ejemplos son infinitos y vienen de lejos: ley de dependencia, rechazo a la entrega de ordenadores a los estudiantes de centros públicos a partir de 4º de Primaria; rechazo a la orden del Ministerio de Cultura, en Valencia, que prohibió la demolición de las casas en la zona declarada como “bien de interés cultural” (BIC) del Barrio del Cabanyal; rechazo de la señora Aguirre al cumplimiento de la ley del tabaco, rechazo o tergiversación del sentido de la enseñanza de la Educación para la Ciudadanía y derechos humanos, entre otros. Los recursos al TC solo durante los Gobiernos de Rodríguez Zapatero son ya 35.

En el colmo del descaro, Mariano Rajoy ha afirmado que los nombramientos de los nuevos magistrados del TC se harán cuando convenga al PP. La obligación derivada de un deber general de cumplimiento ineludible se desprecia y se convierte en una razón de oportunidad, que vulgarmente significa: lo haremos cuando nos dé la gana. ¿Es esa la respuesta de un jurista, registrador de la Propiedad, que pretende presidir el Gobierno de España? Como profesor de Teoría del Derecho le habría suspendido sin dudar un instante. Transmite falta de categoría, ignorancia de las consecuencias de esa afirmación, maquiavelismo barato, picaresca y carencia de grandeza. Habla poco y cuando lo hace se retrata.

El presidente de Murcia, que quizás sea jurista aunque no lo parece, responde a la entrada en vigor de la nueva ley del aborto con un sinsentido porque considera que no obliga, puesto que está pendiente de recurso de inconstitucionalidad. Sustituye y enmienda al propio TC al declarar la suspensión de la aplicación de manera unilateral. Al ignorar indebidamente la obligación de cumplimiento, transmite a todos sus subordinados y funcionarios un mensaje de desobediencia generalizada. Entre la ignorancia y la mala fe se producen daños irreparables al imperio del Derecho. Ni Rajoy ni nadie responsable del PP le ha desautorizado. Otra perla que no se sabe si atribuirla a la ignorancia, a la maldad o al todo vale contra el PSOE, es la de Esperanza Aguirre, apoyada por su consejero de Sanidad, Fernández Lasquetty, cuando afirman que van a fomentar la objeción de conciencia de médicos y enfermeras.

La objeción de conciencia es una opción individual y de la misma forma que no se puede dificultar ni impedir por las autoridades, tampoco se puede aconsejar ni impulsar. Es un comportamiento contra legem que solo se ampara por autoridades que hagan dejación de sus funciones y propongan empujar a decisiones que solo pueden tener un origen en la conciencia individual. En ese sentido, conviene subrayar el buen ejemplo que en estos casos ofrece el Gobierno de Castilla y León, una Administración del PP juiciosa y prudente.

Y los apoyos espirituales los ofrece, como siempre, la Iglesia institucional, que olvidando sus propias carencias, jalea estas actitudes y las justifica, santificándolas. Como siempre al rescate de las tesis más ultramontanas, el obispo Martínez Camino ha afirmado que “es una norma incompatible con la recta conciencia moral, en particular la católica”. Es como si estuviéramos en la Edad Media y como si la Iglesia tuviera la suprema palabra. Felizmente, hoy la última palabra la tienen los ciudadanos, las instituciones democráticas, los principios, los valores y los derechos. Son los dioses de nuestro tiempo.

Gregorio Peces-Barba fue presidente del Congreso de los Diputados.

José Montilla reclama un mayor compromiso al PSOE con la España federal y se anuncia que van a investigar la momia del general Prim, que disfruta del sueño eterno en el cementerio de Reus. Aunque lo parezca, no es una casualidad. Algo muy poderoso une ambos acontecimientos, seguro que un astrólogo de guardia sería capaz de explicarlo. Yo no, pero lo intuyo. El cuerpo embalsamado del catalán que ha tenido más poder en la España contemporánea (sea dicho con permiso de Narcís Serra) va a ser inspeccionado mediante una endoscopia, porque hay que molestar lo mínimo a los grandes hombres. El admirado Josep M.ª Ainaud de Lasarte explica, en uno de sus amenos libros, que la famosa frase catalana “o caixa o faixa” se atribuye al militar y político reusense; al parecer, Prim la pronunció cuando le acusaron de buscar ansiosamente la faja de general en la represión de las bullangas barcelonesas. Precisamente, en Catalunya andamos desde hace tiempo metidos en un “o caixa o faixa” que no parece tener resolución.

“O caixa o faixa”. La España federal es tanto o más inalcanzable que la independencia de Catalunya. Lo dicen ilustres voces. Y los escépticos describen el panorama como una subasta de fantasías, pero es un hecho objetivo que hay más independentistas en Catalunya que federalistas en España, sin contar a los dirigentes del PSC. A ver, seamos positivos, antes de que comience oficialmente el curso político y prolifere la mala uva. Una salida bonita al “o caixa o faixa” sería que la ministra Chacón -catalana, pensadora y dedicada al Ministerio de la Guerra como Prim- rescatase de un cajón una brillante idea del líder de La Gloriosa: caminar hacia una confederación formada por España y Portugal. Era un sueño que al de Reus le metió en la cabeza Víctor Balaguer, y que debía pasar por Fernando de Coburgo como aspirante al trono. No pudo ser, pero se podría actualizar. Prim no podía ver a los Borbones, no es el caso de Chacón, suponemos, así que lo complicado es convencer a los portugueses. Si Saramago no hubiera fallecido, amigo como era de Zapatero y de las causas nobles, podría haber preparado el terreno, aunque tampoco hay que olvidar que el novelista fue un patriota portugués de tomo y lomo, como recuerda el maestro Joan Francesc Mira desde El Temps.

¿Sueña Chacón con presidir el Consejo de Ministros como hizo Prim? Tras haber firmado un artículo preventivo con Felipe González, algunos no lo descartan. Ay, ay. ¿Sueña Montilla con ovejas eléctricas conducidas por el fugado Castells? Mientras, la bella e inteligente Rocío Martínez-Sampere asegura que el PSC debe seducir a la izquierda española. ¿Sirven para ello los 25 diputados en Madrid? Y la momia de Prim inspira las explosivas declaraciones de Maragall desde Prada de Conflent: hagamos un referéndum. Lo dicho: “O caixa o faixa”.