Reggio’s

El Cercle d´Economia preguntará a todos los partidos políticos cómo se proponen afrontar los temas que nos atenazan: España, reformas estructurales, déficit fiscal, Estado de bienestar, diversidad, política y administración pública. No sé si los dirigentes se referirán a la metamorfosis sistémica que atravesamos y -si es así- qué principios constituyentes, ideas de largo recorrido y futuro preconizarán.

Obviamente, cada dirigente defenderá su parcela; nadie expresará dudas; nadie admitirá que su preocupación son las próximas elecciones. Tratarán de parecer distintos. Se basarán en el disenso. No buscarán acuerdos ni apuestas a largo plazo, ni considerarán la posibilidad de actuar juntos. Predicarán consenso, pero harán poco para conseguirlo. Los neoconservadores explotarán su autoritaria modalidad de anticonsenso: sólo es aceptable su propuesta.

El consenso es decisivo en una situación geopolítica como la catalana. Su soberanía está repartida entre instituciones autonómicas, españolas y europeas. Las herramientas del gobierno autonómico son escasas. Las demás instituciones no presentan soluciones convincentes. Ningún gobierno parece saber cómo crear empleo y mantener los niveles de bienestar. Todo indica que sin una estrategia de largo recorrido y un amplio acuerdo social no hay salida. La sociedad civil sabe que las recetas pasan por el consenso; pero no sabe cómo fabricarlo. Su principal herramienta -la política- está privatizada por quienes viven de ella y la han convertido en sinónimo de disenso.

Consenso para modernizar lo que ha envejecido, para poner en primer plano el genio emprendedor y participativo de la gente, para revalorizar el pensamiento libre, para recuperar el sentido estratégico de las decisiones, para aprender a pensar el futuro. Consenso para reiniciar una nación capaz de ubicarse en un planeta que ha convertido su globalidad en la nueva unidad de medida. La unidad de referencia ya no es la nación, sino el mundo. El futuro de una nación pequeña sólo puede ser pensado si es capaz de ser una nación abierta al mundo. La unidad mundo exige un pacto que permita construir un Estado eficiente. La España de hoy no lo es. La relación de Catalunya con España es una cuestión de sentimientos y de intereses.

Las procedencias se han universalizado y los vínculos de pertenencia se han debilitado. En cada barrio está el mundo entero. Sólo un renovado consenso político y social permitirá establecer nuevas reglas que garanticen la convivencia y reinstauren el respeto entre los ciudadanos sea cual sea su nacionalidad, cultura o etnia. Consenso para volver a dar valor al sentido de comunidad. Los individuos sólo prosperamos en comunidades fuertes donde los unos apoyan a los otros. Consenso para elegir el mejor camino para mantener nuestro bienestar, para refundar una economía sostenible y próspera, para priorizar la inversión en infraestructuras, educación, universidades, cultura, investigación y salud; para aprovechar la revolución tecnológica, para reformar el mercado laboral y la seguridad social, para hacer un país competitivo, para hacer más eficientes los gobiernos.

Consenso para defender el Estatuto que ratificaron los catalanes. Para construir un nuevo catalanismo que evite la previsible batalla fratricida entre independentistas y federalistas. Ambos tienen un largo camino conjunto por recorrer. Consenso para definir una vía catalana para España.

La España autonómica está a punto de fracasar. Nadie ganará. Catalunya sólo se autogobernará plenamente en una España democrática y avanzada. Pacto para componer un proyecto catalán para España.

Consenso para recuperar la política, herramienta imprescindible para la comunidad. Los ciudadanos rechazamos el gremialismo de los partidos, pero no la política. Queremos líderes nacionales antes que líderes de partido. Queremos participación cívica, políticas públicas eficientes, pactadas, que den oportunidades y estén pensadas para agrandar el bienestar. Políticas que se fundamenten en una ciudadanía comprometida y responsable de su libertad. Queremos una política construida sobre ideales, capaz de mirar al futuro, basada en el consenso. Queremos que nos gobierne quien mejor sepa sintetizarlo. La sociedad votará a quienes mejor razonen qué pactos van a buscar y a quienes ofrezcan mayor credibilidad sobre sus convicciones de ruptura con los sistemas partidistas vigentes. Nuestro futuro exige abandonar las etiquetas generales y fabricar llaves más artesanas basadas en el consenso y la renovación de los viejos idearios. Los resultados electorales dirán qué concentración gubernamental será posible; pero sin duda impondrán una amplia concertación social. Catalunya necesita recomponer su pactismo y establecer un consenso general que oriente la redefinición del proyecto de país. Catalunya exige hoy -es decir, después de las elecciones- unos pactos generales para afrontar el futuro; rigurosos, pensados para el medio plazo, rompedores de las viejas ensoñaciones y corsés ideológicos que nos atenazan. Las épocas de metamorfosis exigen ideas y consenso. Sólo pensando y pactando recuperaremos la confianza, la complicidad y la esperanza en el futuro.

opinio@ferranmascarell.com

El ojo del tigre

Al juez Baltasar Garzón lo han declarado pieza de caza mayor. Los discípulos del fantasmagórico bunker abrieron sus armeros, sacaron sus escopetas, las cargaron con cartuchos rellenos de postas, se tiraron al monte y comenzaron el acoso a la codiciada pieza. Abajo, en este valle de lágrimas, se oyen los gritos que lanzan los ojeadores en la montaña, los ladridos de la furiosa jauría y los disparos de los monteros. Es una fiesta nacional. Quien se cargue al implacable juez de la democracia (intransitiva) española, pasará a la Historia como un héroe de la cinegética nacional. La Historia de España es una antología de relatos de caza…

La derecha carpetovetónica, cuyo principal forraje político se lo facilita una prestigiosa fábrica de piensos ideológicos transgénicos (FAES), cuyo presidente ha descubierto, por fín, el Trifinus Melancólicus de la Transición española. Esa factoría también le suministra forraje dialéctico a la derecha agremiada bajo el amparo de las siglas PP; la cual, es la que jalea a los cazadores que participan alborotada y alborozadamente en esa indescriptible caza mayor…

Pero aquí –es decir, en este país- no ocurre nada que no tenga unos claros antecedentes paleopolíticos que lo explican todo. La cacería del juez que osa juzgar a dictadores y persigue a quienes cometan delitos de lesa humanidad, no es una idea que haya surgido espontáneamente entre el espeso gremio de los afiliados al club del cartucho con posta del 12, sino que obedece a un proceso finamente maquinado para evitar que el transcurso de la historia contemporánea no fluya sin que se recuerde que en este país hubo una época –no muy lejana- en la que los hombres, llamados de bien, insistían en reafirmarse en los valores permanentes en la doctrina ortodoxamente españolista y de las JONS… Hombres que se sentían uno solo cada vez que se identificaban con el penúltimo de los apóstoles del Movimiento Nacional (José Antonio Girón de Velasco). Digo que el penúltimo porque el último –por ahora- es José María Aznar y López, prometedor ideólogo.

Aquel presidente de los Excombatientes de la Cruzada Española fue el único que se atrevió a enfrentarse al Espíritu del 12 de febrero, que acababa de echar a volar el último presidente del Gobierno franquista casi sin Franco en la Tierra… Arias Navarro acababa de exponer durante un pleno de las Cortes Españolas la nueva tesis doctrinal que preludiaba la Transición final: “No excluimos sino a aquellos que se autoexcluyan en maximalismos de uno u otro signo, por la invocación a la violencia, por el resentimiento y el odio, por la pretensión bárbara de partir de cero…” (12-febrero-1975).

El Gironazo retumbó poco después, en el alma de los españoles mientras el cielo empezaba a cubrirse de negros nubarrones, que hacían presagiar lo peor. Algunos llegaron a pensar que nunca más podrían volver a cantar, prietas las filas, el Cara al sol. Tronaba el líder de los excombatientes: “A José Antonio no se le quiere secuestrar ideológicamente: se lo proscribe. Nosotros queremos devolver al hombre a su auténtico destino, y queremos salvar a la Patria de la confusión…”. Estas apostólicas palabras habían sido lanzadas tras estas otras no menos apostólicas: “Queremos reafirmarnos en los valores permanentes de nuestra doctrina y de nuestro estilo. Lucharemos hasta la extenuación”. Unos meses después, cuando Arias Navarro había vuelto a lanzar al aire, en Barcelona, el Espíritu del 12 de febrero, en la revista Fuerza Nueva –el Evangelio según Blas Piñar…- se publicaba un artículo del líder del grupo, titulado: Señor Presidente. En él se decía: “Nos autoexcluimos de su política. No podemos, después de lo que se ha dicho, colaborar con usted, ni siquiera en la oposición. Nosotros no queremos obedecerle, ni acompañarle…”. (A veces, escuchando al líder del PP, da la impresión de que la derecha carpetovetónica se inspira en aquel fogoso líder ultraespañolista. ¿O no…?).

Aquel nubarrón fascista, conocido como el Gironazo, alteró el clima de la primavera política, que había sido diseñada como el florecimiento de la democracia; consiguió volver a oscurecer la posibilidad de una convivencia nacional basada en la razón y no en la pasión. Ahora cazar a Garzón es la recuperación del Gironazo. Es lo mismo que negar nuevamente la probabilidad de que sobre la historia más trágica de la España del siglo XX –y su sucursal: el siglo XXI- vuelva a brillar el sol de la justicia social. Los catecúmenos del Gironazo son los que, ahora, escopeta en ristre acorralan al juez que quiere zanjar definitivamente el reparto equitativo de la herencia que representa la “Ley de la memoria histórica”.

Lorenzo Cordero. Periodista.

A Félix Monteira, director de Público, le acaban de nombrar Secretario de Estado.

He aquí al hombre: ecce homo.

Esta es la noticia tal y como aparece en Público: aquí puedes leer  la noticia tal y como aparece en Público. Por cierto, debajo de retratos de Marx, Lenín, etc. y el enternecedor lema: “Han querido callarlos de muchas maneras. Cada sábado en Público volverán a tener voz”.

¿A que conmueve? ¿A que se te ha puesto toda la carne de gallina?

Me alegro por él, si por fin ha conseguido lo que quería.

Han intentado callar a Monteira de muchas maneras. Pero ahora por fin, con el Gobierno, volverá a tener voz: ecce homo.

No conozco a Monteira, sólo le vi una vez en mi vida, tomando unas cañas. Ya llevaba un año de director en el periódico donde yo escribía a diario desde el número cero, pero ésa fue la primera vez que me llamó. Para decirme que me echaba de Opinión, aunque podía seguir en la sección de Cultura. Y que, por supuesto, aquello no implicaba en modo alguno ninguna censura y patatín, patatán. No, qué va.

El presidente del Gobierno tiene derecho a nombrar Secretario de Estado a quien le apetezca y Monteira tiene el derecho a aceptar un puesto si se lo ofrecen.

Claro que sí.

Pero ¿es decoroso? ¿Favorece la visión de una prensa libre? ¿No suena un poco a recompensa por servicios prestados?

¿A ti qué te parece?

¿No te da un poco de vergüenza ajena?

Ecce homo, Monteira:

¿A que parece el mismísimo Robert Redford haciendo el papel de periodista independiente, siempre contra el poder, inasequible al halago o al soborno?

(Y pensar que aún hay quien me pregunta por qué no me quedé en Público, con lo a gusto que estaría yo en Culturas, etc.).

Siempre comenté con Nacho Escolar, el primer director, que el pecado original de la prensa española era el incesto. Políticos y periodistas, desde la Inmaculada Transición, llevan comiendo juntos todas las semanas, compadreando, haciéndose cucamonas e intercambiándose favores. Así nos va. Lo de Monteira es lo normal, lo habitual en un país con una prensa con hábitos propios de dictadura bananera.

Mi primera gran discusión en Público fue porque un jefecillo (me acuerdo, sí, de su nombre, pero paso de decirlo: está ahora en El País tan contento) montó en cólera: me había metido con un ministro al que él acababa de entrevistar. Según él, yo no podía hacer eso porque entonces nadie le iba a conceder nunca más entrevistas. Qué pena, verdad. Con el poder hay que ser amable y sumiso, claro está.

-Conceder entrevistas no da impunidad ni garantiza trato de favor: yo escribo lo que me da la gana -dije.

Y lo escribí, porque el entonces director, Nacho Escolar, me apoyó (como me apoyó siempre).

De hecho, lo primero que le dije a Nacho, cuando me ofreció trabajar en el nuevo periódico fue que yo era muy crítico con el PSOE y que, si se trataba de hacer un periódico para apoyar al PSOE, no era partidario.

-Me parece estupendo. No se trata de eso ni puñetera falta que hace que tú seas partidario del PSOE.

Tuvimos altercados y broncas monumentales, pero siempre me apoyó frente a las presiones (nada sutiles) de la empresa y las del Gobierno. Las broncas se debían a mi fea costumbre de dar nombres y señalar con  el dedo. Puedes criticar la política sanitaria, por ejemplo, pero no decir que las palabras Trinidad Jiménez. Yo decía a menudo las palabras Javier Solana, Trinidad Jiménez, Carme Chacón, etc.

Así me fue, claro.

Así le ha ido a Monteira, claro.

Con Monteira no tuve ningún altercado: él siempre llamaba a otro para que me llamara a mí.

Como he dicho, sólo le vi en aquella ocasión en que decidió que ya no podía escribir en Opinión. Sin censura, faltaría más.

Me alegro por Monteira y espero que el tratamiento de Excelentísimo Señor, el coche oficial y la corte de aduladores le satisfagan.

Desde luego, si un Secretario de Estado de Comunicación tiene cometido lavarle la cara al Gobierno y hacer propaganda, Monteira, con su trayectoria en El País y en Público, parece el más indicado para el cargo.

Claro que, por otra parte, ¿qué falta hacía? ¿No cumplía la misma función mejor en Público? ¿No le podían haber recompensado de otra manera? ¿Hacía falta demostrar de modo tan vergonzoso la falta de indenpendencia?

En fin, que me alegro por él.

Y lo siento por la situación de la prensa en España.

Y por las lectoras de Monteira, esas santas, que le echarán de menos y se llevarán las manos a la cabeza, preguntándose, frustradas: ¿y el artículo de Monteira, ande rayos está?

Mírala, pobre, en su desolación por no poder leer en Público a Monteira, el periodista independiente, ecce homo.

http://www.hotelkafka.com/blogs/rafael_reig/2010/03/publico-el-gobierno-y-monteira-ecce-homo/

El cambio de piezas en la Secretaría de Estado de Comunicación (sale Nieves Goicoechea, quien venía de la Cadena Ser, y entra Félix Monteria, hasta ahora director de Público) llega en un momento muy difícil para Zapatero.

Los medios internacionales han roto la luna de miel que mantenían con el presidente para mostrar su línea más dura, que, en algunos casos, como en el de Wall Street Journal, han llegado a la mofa. Y, dentro de España, los partidos políticos no aceptan ese polémico Gran Pacto y, en su Gobierno, se suceden las contradicciones. Dimes y diretes que no persiguen en absoluto el afán de criticar por criticar. Simplemente ponen en evidencia al Ejecutivo que desoye las recomendaciones de expertos y economistas y se enroca en su política económica que, a tener de las sucesivas rectificaciones, es, cuando menos, debatible.

Una mirada atrás deja un oscuro escenario en el Ejecutivo. Muchos tendrán en la mente el reciente debate con Ocaña: el secretario de Estado de Hacienda, abrió la puerta a congelar o contener el salario de los funcionarios; un día después, las dos vicepresidentas se apresuraron a desmentirle. La puerta se cerró en menos de 24 horas. También es muy reciente la de Corbacho: se apresuró a admitir una economía sumergida del 20% del PIB y pronto la vicepresidenta le desautorizó para asegurar que el Ejecutivo no tiene ese cálculo… Pese a que el viernes presentaron el nuevo plan con el que combatir estos fraudes.

Pero esas son sólo la punta del iceberg de este año. ¿Qué pasó antes?

AÑO 2007

Lo que dijo Zapatero: “Lo enunciaré de forma sencilla pero ambiciosa: la próxima legislatura lograremos el pleno empleo en España. No lo quiero con carácter coyuntural, lo quiero definitivo”. Lo que ha pasado: Funcas acaba de advertir que, al menos, durante los próximos tres años España no creará empleo. La tasa de paro se acerca peligrosamente al 20%. El Ejecutivo ha pedido al departamento de análisis de las cajas que se meta en sus asuntos.

Lo que dijo Solbes: “Yo no veo afectado para nada el sector de la construcción”. Lo que ha pasado: el boom inmobiliario es el principal responsable del lastre español.

Lo que dijo Zapatero: “España está a salvo de la crisis financiera”. Lo que ha pasado: lejos de estarlo, España será el único gran país de la UE que seguirá en recesión en 2010, según el FMI. En 2011 seremos los que menos creceremos. Y dice la Comisión Europea que es el país que más sufre la crisis.

Lo que dijo Solbes: “La legislatura ha sido un claro éxito de Solbes”. Lo que ha pasado: fruto de aquellos años, la legislatura actual es la de la peor crisis de la historia reciente.

Lo que dijo Zapatero: “Tenemos la tasa de paro más baja de la historia” “El modelo económico español es un modelo internacional de solvencia y eficiencia”. Lo que ha pasado: España ha perdido la triple A.

AÑO 2008

Lo que dijo Zapatero: La crisis “es una falacia, puro catastrofismo”. “Estamos creciendo por encima del 3%. Aunque mañana crezcamos al 3% ó al 2,8%, que es un crecimiento bueno, vamos a seguir creando empleo y teniendo superávit”. Lo que ha pasado: la senda del déficit empezó en 2008, con una tasa del -4.1% (el límite permitido por Bruselas y el Pacto de Estabilidad es el 3%).

Lo que dijo Zapatero: “La desaceleración no va a ser ni profunda ni prolongada. Va a ser una desaceleración para la cual nuestro país está más preparado que nadie.” Lo que ha pasado: el déficit está ahora en el -11,4%. Dicen los expertos que no llegamos al 3% en 2013.

Lo que dijo Solbes: “Empezaremos a remontar a partir del segundo semestre de 2009″. Lo que ha pasado: según los organismos internacionales, ni siquiera lo haremos en 2011.

Lo que dijo Zapatero: “Prometo crear 2 millones de nuevos empleos”. Lo que ha pasado: más bien, según Afi-Agget, lo que hará cerrar será cerrar una crisis con 1,6 millones.

Lo que dijo Zapatero: “España está en condiciones para llegar al pleno empleo”. Lo que ha pasado: sobran los comentarios. ¿Qué opinan de esto los más de 4 millones de parados?

Lo que dijo Solbes: “No hay crisis. Confío en que este año se logre un ligero superávit”. Lo que ha pasado: aquellas previsiones de junio de 2008 no pudieron ser más fallidas. Hasta la UE nos ha abierto un expediente por déficit excesivo. Del 11,4% actual sólo llegaremos al 5% en 2013, según S&P.

Lo que dijo Zapatero: “La peor previsión de paro que podamos tener por delante será siempre una previsión de paro mejor que la que mejor tuvo el PP”. Lo que ha pasado: los datos encima de la mesa no aseguran lo mismo: la mejor tasa de paro del PP fue del 10,29% (tercer trimestre de 2001). Fue bajando y nada más llegar el PSOE, se redujo hasta el 8%… Pero hoy rozamos el 20%, según Eurostat.

Lo que dijo Zapatero: “Yo creo que el segundo semestre del año que viene estaremos ya con una actividad económica de crecimiento intertrimestral”. Lo que ha pasado: cerramos diciembre de 2009 con tasas negativas.

Lo que dijo Solbes: “Las dificultades sólo afectarán a un grupo reducido de la población”. Lo que ha pasado: hay ahora 4,1 millones de parados, que se elevan a 4,5 millones en la cifra sin maquillar.

AÑO 2009

Lo que dijo Zapatero: “Es probable que lo peor de la crisis económica haya pasado ya”. Lo que ha pasado: estamos en 2010 y el FMI y Bruselas nos sitúan en el peor de los escenarios.

Lo que dijo Zapatero: “La subida de impuestos no afectará a las rentas del trabajo”. Lo que ha pasado: el fin del cheque de 400 euros ha golpeado las nóminas de más de diez millones de trabajadores al subir el IRPF.

Lo que dijo Solbes: “Si la recesión sirve para limpiar la economía y remontar la situación, no tiene la mayor importancia”. Lo que ha pasado: ¿qué opinará el millón de familias sin ningún ingreso sobre esa importancia?

Lo que dijo Zapatero: “Descartamos más subidas de impuestos”. Lo que ha pasado: poco después, subió el IRPF con el fin de la deducción de 400 euros y se aprobó un aumento del IVA para julio de 2010, en los Presupuestos del Estado.

Lo que dijo Salgado: “Esperemos unas semanas y los veremos. Los brotes verdes de la recuperación están a punto de llegar a la economía española. Lo que ha pasado: eso lo dijo en mayo de 2009 y, camino de un año después, siguen sin verse los brotes.

Lo que dijo Zapatero: “Dicen que improvisamos… ¡mentira!”. Lo que ha pasado: lo que dijo el 6 de septiembre cambió el 19 del mismo mes. “A veces gobernar incluye improvisar”, reconoció el presidente para evidenciar la realidad de las medidas económicas, como sucede con los diversos documentos que han circulado sobre la reforma de las pensiones o el déficit autonómico.

AÑO 2010

… Y lo peor que puede pasar es, quizá, que ahora se cumplan los avisos del Gobierno porque…

Lo que dijo Salgado: “Yo no se si es sostenible [la actual estructura financiera del Estado] con una presión fiscal como la tenemos actualmente en España”.

Lo que dijo Blanco: “Si queremos una inversión pública mayor y más gasto social, sólo hay una solución: incrementar los impuestos”.

Lo que puede pasar: que, además del IVA y el IRPF, nos suban más los impuestos, como sospechan los expertos. Atentos a los Impuestos Especiales…

La guerra que mantiene el triángulo empresarial formado entre Google, Apple y Microsoft se ha endurecido en los últimos días. Incluso el nerviosismo desatado entre las tres ha derivado en disputas judiciales con un final tan imprevisible en su fondo como en el periodo en el que puede extenderse.

Hace dos semanas, Google dijo en su blog que Bruselas había iniciado una investigación informal tras recibir varias quejas sobre su buscador: una de Foundem, web británica dedicada a comparar precios; Ejustice.fr, buscador francés en servicios legales, y Ciao! from Bing, comparador de precios de Microsoft. En su escrito, Google parecía señalar a Microsoft como instigador de las protestas, afirmando que el gigante de Redmond, además de ser uno de los denunciantes, estaba detrás de Foundem, que pertenece a la asociación Icomp, “financiada en parte por Microsoft”.

La pasada semana, Apple denunció a HTC ante los tribunales de EE UU por violación de patentes y pedía que se impidiese la importación de terminales del fabricante taiwanés. Una maniobra interpretada como un intento de frenar a Google y Microsoft, cuyos sistemas operativos móviles, Android y Windows Mobile corren en los terminales de HTC.

Enric Colet, profesor de Esade, piensa que la guerra se ha recrudecido por la presión que Google está ejerciendo sobre sus rivales. Y pone el ejemplo del mundo de los sistemas operativos donde está a punto de irrumpir el Chrome OS, una amenaza para el Windows de Microsoft, que supone en torno a un tercio de los ingresos de esta compañía.

Otro ejemplo es el que apunta Iván González, analista del Grupo Penteo: Android y Nexus One (el primer móvil de Google) están retando el motor de crecimiento de Apple, que es el iPhone y sus servicios relacionados, que generan a ésta el 30% de sus ingresos. “Google es una seria amenaza para Apple y ésta le ha enseñado los dientes”, resume.

El analista de IDC, Jaime García Cantero, cree que Google está sacando tantos productos y servicios que topa con alguien tras cualquier movimiento comercial, lo que le está generando muchas enemistades. “Las acciones en Bruselas, la maniobra de Apple frente a HTC y las críticas de las operadoras dan la sensación de que Google es el competidor número 1 de todos. Va camino de convertirse en el malo de la película, como lo fue Microsoft en su momento”, continúa.

Lo que demuestra este todos contra Google es una rivalidad clarísima entre las tres compañías, continúa Enrique Dans, profesor del Instituto de Empresa. “Todas luchan por las mismas parcelas y Google tiene un dominio bastante fuerte en algunas de ellas”. En su opinión, Microsoft pretende que se vigile a Google y evitar que ésta pueda aplicar tácticas predatorias contra el mercado.

La cuestión es ¿existen esas prácticas? ¿Hay monopolio? Colet no ve solidez suficiente para abrir una causa y afirma que, por ahora, no está demostrado que Google haya manipulado su buscador contra la competencia. “Deberán demostrarlo y no es algo trivial. Si se comprueba que existe, sería una amenaza para la línea de flotación de la credibilidad de Google como vendedor de información”, dice Colet, quiere recuerda que los tribunales han sido siempre menos permisivos en la UE que en EE UU.

Acciones irregulares

El resto de expertos tampoco ve claro que Google esté llevando a cabo acciones irregulares. “Google no está deteniendo la innovación, ni se cierra a sus rivales”, señala Dans. También González aclara que “a diferencia de lo que ocurrió en su día con Microsoft, Google es el buscador por excelencia porque lo han elegido los usuarios no porque lo haya impuesto nadie. Y lo cierto es que hay alternativas en el mercado”.

El analista de IDC, no obstante, cree que otra cuestión sería que Google hiciera que sus rivales salieran peor posicionados en el buscador. “Pero entonces estaríamos hablando de competencia desleal, no de monopolio”. García Cantero afirma que donde sí hay que estar vigilante es en ver “si Google aprovecha su dominio en determinados mercados, como el de la publicidad en la red, para forzar estándares publicitarios, de identificación, de conexión… Aunque Google va con mucho cuidado; es consciente del riesgo que corre”. Este experto está convencido de que demostrar un monopolio en la red es mucho más difícil que en un escritorio, como le ocurrió a Microsoft. “Al menos por ahora, porque no hay una regulación clara sobre qué se debe hacer en internet si se tiene una posición de dominio”.

En cuanto a la guerra de patentes emprendida por Apple, los expertos no están tan seguros de que sea una buena estrategia. Dans opina que esta compañía ha adoptado una táctica defensiva que sí puede detener la innovación. “Apple ha sido muy valiente redefiniendo conceptos en el mundo del móvil que nadie discute, pero están ya tan adoptados que, aunque igual son patentables, forman parte del patrimonio común, y es muy difícil que un tribunal les dé la razón”.

González también ve difícil que con los avances que se están dando se pueda determinar fácilmente si una tecnología es propietaria o si una empresa ha creado algo similar. “Es una estrategia de Apple para frenar a Google, porque sabe que ésta, además de tener productos buenos, tiene sobre todo una marca tan fuerte como la suya y dirigida a un público similar. Apple debe evitar meterse en un pleito que puede dañar los valores de su marca y crear cierta animadversión”.

Con todo, la actitud de Apple y Microsoft frente a Google no deja de ser un comportamiento normal del mercado. Antes eran players que se movían en mercados diferentes; ahora, con la convergencia, las cosas han cambiado. La guerra 2.0 se libra en servicios comunes (buscadores, sistemas operativos, aplicaciones, smartphones, redes sociales, contenidos digitales…) y habrá que ver qué éxito tienen las zancadillas que se ponen.

Es una auténtica paradoja: un Gobierno socialista pilota una política que va a convertir TVE en algo marginal en beneficio de un previsible duopolio –formado por las concentraciones entre Antena 3 y La Sexta, y Telecinco y Cuatro-, sólo tres años después de haber elaborado una ley  (la de 5 de junio de 2006) que, por primera vez, permitía a TVE un alto grado de independencia respecto del Gobierno y que era el resultado del dictamen emitido por un comité de “sabios” con cuyos criterios generales se inspiró la normativa del Ejecutivo.

¿Recuerdan a Fernando Savater, Victoria Camps, Emilio Lledó, Fernando González Urbaneja y Enrique Bustamante que se estrujaron las meninges para ofrecer un esquema de TV pública a Rodríguez Zapatero? Se creó un nuevo modelo y cuando TVE se encontraba en el mejor momento de credibilidad y de programación general –la más digna de todas con esa excepción clamorosa del procaz John Cobra—, la vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega, por iniciativa propia o vicaria, y tras opacas reuniones con UTECA, derribó la ley de 2006 y la sustituyó por otra de 28 de agosto de 2009 en la que TVE dejaba desde enero de 2010 de financiarse de forma mixta, es decir, a través de transferencias presupuestarias y publicidad.

Desde el 1 de enero TVE recibe fondos del presupuesto y otros procedentes de las operadoras telefónicas (0,9% de sus ingresos brutos de explotación), de las TV privadas en abierto (3%) y de las TV privadas de pago (el 1,5%), además de otras fuentes menores. Pero en el bienio 2010-2011 TVE tiene un techo de ingresos de 1.500 millones de euros que se incrementará sólo un 1% en el bienio siguiente. Y a partir de 2014, los la facturación aumentará según el IPC.

Pero TVE ha liberado para el mercado la muy respetable cantidad de 560 millones de euros que irán a parar, como bien contaba en EC Daniel Toledo el pasado jueves, a Telecinco-Cuatro (116 millones) y a Antena 3- La Sexta (68), es decir, el 65% de la publicidad que captaba TVE financiará a las privadas, un 20% a otros medios y un 15% se diluirá o se perderá. Este sistema de financiación está sometido al análisis de legalidad europea en la UE.

La Unión de Bancos Suizos (UBS) en España ha elaborado este informe que apunta también a un incremento de las tarifas publicitarias por las privadas (entre un 10 y un 20%) y al aumento de su valor en Bolsa. Por si fuera poco, la elaboración de muchos espacios de la programación de TVE se contrata con productoras vinculadas a las televisiones privadas. Precisamente por eso, los trabajadores de la Entidad fueron a la huelga el pasado miércoles.

Las privadas quieren más

Pero ahí no paran las cosas: la ley de agosto de 2009 impone a TVE tales obligaciones de servicio público y tal corsé financiero que su liderazgo actual en audiencia va a ser fugaz. Sencillamente porque no habrá dinero para sostener una programación comercial de calidad que el presidente de UTECA ya ha advertido debe suprimirse en TVE para –a lo que se ve—dedicarse en exclusiva a retransmitir los plenos parlamentarios y a emitir películas descatalogadas, para así no sólo zampar más tarta publicitaria sino impedir que TVE tenga la remota posibilidad de competir en audiencia como viene haciéndolo con notabilísimo éxito.

El Gobierno socialista se ha arrepentido de su medida más sensata  de cuantas se habían tomada sobre la TV pública y ha pasado a reducir sus posibilidades financieras de forma drástica, y cebar con los ingresos publicitarios  de TVE los ya abundantes de las privadas que, a punto de concentrarse, conformaran un duopolio, y una de las dos empresas será de capital extranjero: Mediaset,  propiedad de Silvio Berlusconi.

Con la aprobación del PP, el Gobierno sustituyó al Presidente de la Corporación, Luis Fernández, que obviamente dimitió, nombrando a Alberto Oliart, un político de la Transición y sin otras expectativas que gestionar disciplinadamente las escaseces progresivas de TVE. Ente que también en la primera legislatura socialista y bajo la dirección general de Carmen Cafarell, presentó, y fue aprobado, un abultado y muy generoso ERE que se consideró como la solución a todos los males de la emisora del Estado. ¿Qué ocurrirá ahora con el departamento comercial de  TVE? ¿Venderá Oliart, como dice necesitar, los derechos del motociclismo? ¿Fusionará La 2 con Cultural.2?

En definitiva: ¿Cuánto tiempo transcurrirá hasta que veamos languidecer irremisiblemente la TV pública en España dejando todo el campo libre a la ya probada deontología y responsabilidad social de las programaciones de algunas privadas en la mente de todos? ¿Repara el Gobierno que al debilitar hasta estos extremos la TV pública y no poner mano sobre las autonómicas –que campan por sus respetos— pierde el Estado otro elemento de cohesión de los que no está sobrado? ¿Cómo compatibiliza el Ejecutivo su socialismo militante con recebar las cuentas de entidades privadas en detrimento de lo que es todavía “un servicio público”? Y en todo caso, ¿por qué tantas limitaciones a la programación de la TV pública? ¿Para, además de ingresos adicionales, trasvasar audiencia a las privadas y completar así el negocio de estas empresas con tan educativas y edificantes programaciones comerciales? ¿Está optando el Gobierno, sin decirlo, por el modelo de audiencia de la TV pública estadounidense (casi inexistente) en vez de hacerlo por la continental europea (potente y con distintas fórmulas de financiación)?

Un fraude político

Lo que ha ocurrido –y lo que va ocurrir con  TVE— es un fraude político, no sólo para el electorado socialista, sino para la sociedad española en su conjunto, a la que se priva de un instrumento de culturización, información, programación digna y patrimonio intangible común. Este Gobierno habrá de explicar con pelos y señales por qué en 2006 elaboró un modelo que, además funcionó, y en 2009 lo destruyó en pleno mes de agosto por decreto ley. Es imposible no sospechar segundas y terceras intenciones en la operación que dirigió Teresa Fernández de la Vega al margen y con desprecio de los máximos responsables de TVE que han migrado a compañías privadas porque eran, y lo son, buenos profesionales.

Si esta operación abrupta y sobrevenida termina en la previsible irrelevancia de  TVE, la responsabilidad por entero será –otra más— del Gobierno de Rodríguez Zapatero. Mientras, Feijoo, Camps, Aguirre, Griñán, Montilla, López y Valcárcel siguen con TV autonómicas convertidas la mayoría –todas quizá y de modo inevitable- en terminales gubernamentales y con caño libre de financiación. El Estado como tal queda desapoderado de un instrumento decisivo de nacionalización democrática, mientras que las comunidades autónomas continúan fortaleciéndose, conformándose así un modelo de distribución de poder por completo desequilibrado. Al tiempo, RNE pierde delegaciones territoriales y la agencia EFE (con presencia en decenas de países y que promociona la lengua española) atraviesa por enormes dificultades incardinada en la SEPI.

Conclusión: el denostado –pero a lo que se ve también inteligente— Silvio Berlusconi, la supuesta antítesis de Zapatero, con una previsible cuota de mercado publicitario televisivo para su Telecinco (absorbida Cuatro) del 45%, será en este país todo un poder fáctico y ya sin los muy precarios equilibrios que suponía la presencia de Vocento en el accionariado de la cadena que dirige con mano de hierro Paolo Vasile.

No parecía coherente que el PSOE destruyera –otra cosa era racionalizar— el sistema de medios públicos de comunicación. Hasta eso ha conseguido y no precisamente por ahorro o por convicción, sino por motivos más prosaicos: granjearse apoyos para continuar en el poder. Este socialismo dispone de una capacidad de incoherencia destructiva sobrecogedora. Y el presidente del Gobierno italiano y dueño de Mediaset le ha tomado la medida a Rodríguez Zapatero con la rapidez del rayo. Francia, Reino Unido, la propia Italia, Alemania… por supuesto, tienen fuertes y eficientes televisiones públicas. Y total libertad de expresión. Allí parece que gobierna gente más seria.

El apagón analógico supondrá la entrada definitiva en juego de nuevos actores televisivos que amenazan con modificar el reparto de audiencias establecido. Y dado que muchos de ellos son hostiles al actual gobierno de la nación, especialmente en lugares como Madrid, la izquierda ve con notable prevención el nuevo panorama. Y más aún en la medida en que casi todos ellos han apostado por situar la política en el centro de la programación: al contrario que las televisiones generalistas, que prefieren realizar sus mayores inversiones en los programas de entretenimiento y que relegan la información sobre los partidos a los telediarios, los nuevos canales digitales poseen una programación con numerosas tertulias y debates que sitúan el comentario político-social en su centro. Así las cosas, sabemos que el panorama televisivo cambiará tras el apagón analógico. Lo que no sabemos es cómo quedarán las audiencias ni en qué medida transformará ese nuevo suelo el panorama político.

En ese contexto, es normal, asegura el periodista y bloguero Pedro Fernández Barbadillo, que la izquierda vea con animadversión a la TDT, toda vez que sus relaciones con las nuevas tecnologías no son las mejores: “Como la llegada de Internet les pilló por sorpresa y fueron medios no afines a sus ideologías los que lograron implantarse en el nuevo canal, creen que ahora les está pasando lo mismo”.

En ese sentido, Fernández Barbadillo celebra la aparición de la TDT, en tanto “ha conseguido romper con el discurso dominante, que era emitido desde la  izquierda (El País, la Ser, Cuatro, Telecinco, etc.)  y que se había enseñoreado de todos los medios. Los redactores jefe de una gran mayoría de diarios lo primero que hacían cada mañana era fijarse en lo que había publicado El País para hacer después lo mismo”. Por eso, considera el nuevo entorno comunicativo particularmente positivo, ya que ha provocado que emerjan otros discursos, “con otras opiniones representadas por nuevos analistas y comentaristas políticos”.

El problema para Luis Arroyo, presidente de Asesores de Comunicación Pública y ex director de gabinete de la Secretaría de Estado de Comunicación, tiene muchas más lecturas. En primera instancia, porque el factor decisivo en la TDT ha sido que son las CCAA las que tenían las competencias para asignar canales y eso, en Madrid, “ha supuesto que la presidenta haya concedido licencias a canales muy derechistas, cuando no ultras”. En cuanto a su programación, Arroyo señala que se trata de programas de bajo coste y que además son fáciles de hacer, en tanto “es mucho más sencillo hacer una tertulia en contra que a favor. Y ahora toca ir contra el Gobierno”.

Para José María Lasalle, diputado del PP, el asunto de fondo es muy distinto. Lo que está consiguiendo la TDT “es reflejar que la sociedad española se ha hecho mucho más plural. La gente trata de construir su identidad más a la carta y eso le lleva a asumir una cultura de libertad y a evitar las fórmulas de control social y de dirigismo. Eso implica que los paradigmas de la izquierda, que han intentado establecer valores rígidos sobre el sentido del mundo y que han intentando disciplinar la moral y las conductas de las personas, hayan fracasado”.Y ese derrumbe tiene su lectura también en los órdenes comunicativo y cultural. España estaría tomando un rumbo mucho más maduro, según Lasalle, lo que implicaría que la oferta ideológica en la televisión se abra a todas las posturas de la sociedad, “pero especialmente a aquellas que no dicen a los espectadores cómo deben pensar”.

El sociólogo Enrique Gil Calvo, sin embargo, explica la mayor presencia de la derecha en los canales de la TDT a través de otra clase de argumentos. Así, aunque señala de nuevo a las concesiones de los gobiernos autonómicos “que fueron claramente sesgadas y que ignoraron las peticiones de la izquierda”, también subraya cómo hay factores sociales, caso de la estructura de edades, que tienen un papel muy relevante. Dado que, afirma Gil Calvo, “la izquierda tiene votantes más jóvenes y éstos pasan de la televisión, y prefieren Internet, los móviles y las redes sociales para informarse, es normal que la izquierda no esté presente en la TDT, porque allí no se encuentra su público objetivo”. Por su parte, “quienes menos se conectan a la red, esto es, el grupo de edad que pasa de 45 años, son televidentes habituales y suelen tener una ideología más cercana a la derecha”, por lo que es natural que los grupos de comunicación de dicha tendencia traten de buscar negocio en ese sector.

Como último factor, señala Gil Calvo que la programación de estos canales de TDT sabe recoger la irritación de los estratos sociales conservadores, que “viven enganchados a medios calientes, mientras que los sectores progresistas están desencantados y no quieren saber nada de la política. Las clases medias y las pequeñas burguesías están cabreadas mientras que las clases desfavorecidas están decepcionadas con todo y pasan por completo de la política”.

Gran poder de influencia

Aunque, más allá de las razones que explicarían una mayor presencia de posturas de derecha en la TDT, la cuestión central es si realmente tendrán influencia sobre sus espectadores, si los mensajes que emiten acabarán calando y si serán capaces de crear un determinado clima entre la población. Para Luis Arroyo, es evidente que sí. “Lo que cuentan, cala. Hay que valorar, en ese sentido, que llegó a haber un 15% de la población española que creía que ETA tenía relación con el 11M o que, por citar un ejemplo de otro país, el 40% de los republicanos todavía está convencido que Obama no nació en EEUU y que, por tanto, es un presidente ilegítimo. Por supuesto que cala, quizá no llegue a un porcentaje importante de la población, pero surte sus efectos.”

Lasalle, sin embargo, cree que no es así, puesto que “siempre conservamos nuestra libertad para elegir. Las personas tienen en todo momento una capacidad crítica sobre los contenidos que eligen”.  En ese sentido, señala cómo estamos ante televidentes que analizan la información que se les proporciona y que no siguen con los ojos cerrados las pautas que las cadenas les proporcionan. “Esto no fue así ni siquiera en los países totalitarios, donde a pesar de la enorme censura no se pudo sofocar el espíritu crítico. De hecho, la caída del muro se produjo más por factores internos que externos”. Por eso, “me cuesta creer que podamos llegar a una sociedad que no sea abierta, donde la gente no elija y donde no decida sobre la veracidad de la información. Además, la televisión es sólo una vía de información, y no la única, y los programas más estrictamente políticos tienen un margen de penetración social limitado”.

Sin embargo, lo que sí prueba definitivamente la existencia de TDT, asegura Fernández Barbadillo, es que no sólo las audiencias se han fragmentado, sino que se han separado por completo. “Antes lo que un medio como El País publicaba, influía mucho en el resto. Ahora no, los medios conservadores influyen en su ámbito, y los progresistas en el suyo, pero nunca se mezclan”. En definitiva, que lo que unos dicen, los otros no lo escuchan.

En la era de la globalización y el libre mercado, la información, las mercancías y los capitales fluyen por el mundo de manera eficiente, rápida y expedita. No así la mano de obra, que no forma parte del proceso de apertura de mercados, aunque real y técnicamente la mano de obra siempre ha sido una mercancía.

En efecto, se trata de una mercancía “caliente”, ya lo decía aquel famoso aforismo europeo: “Esperábamos trabajadores y nos llegaron personas”, seres humanos. Pero a pesar de todas las barreras, muros, controles y requisitos, la gente se mueve en busca de trabajo y mejores oportunidades. Esta situación ha llevado a muchos países de destino a cambiar sus leyes sobre la nacionalidad y los requisitos para adquirirla. Tradicionalmente, la nacionalidad se regía por los criterios de ius soli y ius sanguinis, el derecho de haber nacido en ese suelo y el derecho que se adquiría por consanguinidad. En algunos casos, como el español, el derecho de sangre lo otorgaba el padre y no la madre, asunto que ha sido modificado hace ya un par de décadas.

Muchos países europeos han optado por seguir el ejemplo alemán, que desde épocas remotas sólo admitía el derecho de sangre. Ahora, si naces en un país europeo, obtendrás la nacionalidad de tus padres, y si ambos son migrantes, serás extranjero. Se ha priorizado la consanguinidad, que en términos teóricos significa compartir la misma identidad, fenotipo, raza, lengua y cultura.

Pero el cambio en este sentido ha resultado ser un búmeran. Por regla general, los hijos de españoles, italianos, portugueses, alemanes, franceses, holandeses, etcétera, que nacían en otro país, no se preocupaban por adquirir la nacionalidad de sus padres. Simplemente eran argentinos, mexicanos, peruanos, colombianos. Pero con la globalización, las leyes restrictivas, los pasaportes comunitarios y los flujos migratorios, tener varias nacionalidades se ha convertido en un recurso fundamental. Hoy en día tener un pasaporte europeo es casi casi la panacea.

Los millones de hijos, nietos y bisnietos de los otros tantos millones de inmigrantes europeos y de otras nacionalidades que llegaron a América latina, ahora tienen derecho de adquirir, recuperar o reclamar otra nacionalidad. En el caso de España, hay un movimiento de protesta de los nietos de españoles que reclaman sus derechos de consanguinidad. Se han dado casos, incluso, de que los parientes recuperan la nacionalidad de sus padres ya fallecidos, para que ellos, a su vez, puedan tener acceso a la nacionalidad como hijos de españoles. Es el caso de un argentino, que en un blog de inmigrantes en España narraba que tuvo que nacionalizar a su padre post mortem, para poder iniciar sus trámites de nacionalidad.

Otro tanto ha sucedido con los descendientes de republicanos españoles; la Ley de la Memoria Histórica (http://leymemoria.mjusticia.es) les otorgó a los hijos y nietos de españoles exiliados el derecho de adquirir la nacionalidad de sus ancestros sin mayores trámites y requisitos. La ley dice textualmente que “se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y 31 de diciembre de 1955”. Los nietos de aquellos que emigraron en otras fechas también tienen derechos, pero los trámites son mucho más complicados y en la mayoría de los casos se exige residencia de dos años. Se espera que con esta ley cerca de un millón de personas adquieran la nacionalidad española y, por tanto, el pasaporte europeo.

En Cuba, por ejemplo, esta ley ha despertado muchas expectativas. El primer cubano que se acogió a la ley fue el cardiólogo Norberto Díaz, quien recibió su pasaporte español el 5 de febrero de 2009 y ya está en España viviendo y trabajando. La embajada española en La Habana ha recibido más de 25 mil solicitudes de cubanos durante el año 2009 y en el mundo se ha recibido un total de 161.463 solicitudes de nacionalidad, lo que ha desbordado de trabajo a los consulados y embajadas.

Esta marejada de peticiones de nacionalidad ha despertado opiniones encontradas en la Madre Patria. Porque aquello de madre es pura retórica. Los hijos y nietos de españoles tienen muy poco de español y mucho de mexicano, colombiano o argentino, porque es el suelo donde uno nació, que lo cobijó, lo que forma social y culturalmente.

Los reclamos por la nacionalidad no son muy bien considerados por el común del pueblo español. Y ahora resulta que muchos de ellos argumentan con el ius soli a todos aquellos que con justeza y, de acuerdo con la ley, reclaman el derecho de sangre. De este modo respondió un gallego a un argentino, nieto de gallegos, que se quejaba porque no le habían aceptado el trámite para la nacionalidad:

“Porque tú no hablas nada de patria ni esas cosas, lo único que parece te interesa es ir a trabajar a España.

”¿Qué es la patria para ti, serías capaz de morir por España?

”Porque, no nos engañemos, para la mayoría de los descendientes de los emigrantes españoles España nada significa, no os sentís españoles y consideráis vuestra patria al país donde nacisteis.

”Y si es así, bueno es que te nieguen la nacionalidad española, a ti y a todos los sudacas que os creéis que la doble nacionalidad es simplemente un curro, como decís en Argentina, para poder ir libremente a estableceros en España y quitarnos los puestos de trabajo a los de aquí, sin tener que pasar por los requisitos de inmigración, y eso es una inmoralidad.

”Si no te sientes español, hombre, no tienes que tramitar la nacionalidad española”.

La política de tapar huecos y cerrar espacios para el acceso a la nacionalidad tiene sus límites y sus bemoles. Con el tiempo, los hijos y nietos de inmigrantes se convertirán en españoles, como sus padres se hicieron latinoamericanos. El argumento del trabajo y la búsqueda de oportunidades es exactamente el mismo que los inmigrantes europeos utilizaron durante siglos. La Ley de Memoria Histórica es justa y necesaria y fue otorgada en buena ley. Pero la memoria histórica de un pueblo migrante como el español, el italiano o el portugués es otra cosa.

Jorge Durand. Profesor de Antropología Social, investigador de fenómenos de migración. De La Jornada, de México. Especial para Página/12.

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Lo que nos temíamos con la neutralidad de la Red, puede estar incubándose tras las declaraciones del señor Alierta, presidente de Telefónica: “Es evidente que los buscadores de Internet utilizan nuestras redes sin pagarnos nada, lo cual es una suerte para ellos y una desgracia para nosotros. Pero eso no puede seguir, las redes las ponemos nosotros (…), lo hacemos todo. Eso va a cambiar, estoy convencido”, apostilló en una charla en Bilbao.

De nuevo nos encontramos con el debate que, alrededor de la neutralidad de la Red, sucedió en la campaña electoral norteamericana, donde John McCain, candidato republicano, consideraba a Internet como un producto, más que como un servicio o infraestructura, que puede ser proporcionado por el sector privado con una mínima intervención pública. En su experiencia como senador se ha posicionado ya entre los que no apoyan la neutralidad. La posición de Barack Obama fue diametralmente opuesta.

Para Obama, el carácter abierto de Internet es esencial para entender su impacto e interés económico. Por ello, su estrategia política se basará en la protección de este diseño abierto, apostando por la neutralidad de la Red, de modo que todo tipo de contenidos y sitios reciban el mismo tratamiento.

Tim Wu, resumió la confrontación entre ambos candidatos mediante una metáfora: para el candidato demócrata la Red es una carretera (a la que todo el mundo tiene acceso), mientras que para el republicano sería un automóvil (del que sólo disfrutamos si podemos permitírnoslo).

Hasta la fecha, el modo mayoritario de funcionamiento de los proveedores de telecomunicaciones ha sido el transporte común, según el cual se puede acceder a cualquier aplicación o contenido legal, y el proveedor de banda ancha no puede actuar de filtro, lo que puede considerarse como un enfoque neutral respecto de la Red. Pero se plantean otros enfoques, donde el proveedor decide cómo y a quién garantiza el acceso. El ejemplo de China es el más paradigmático de todos: un Estado decide qué puede y qué no puede circular por la Red. En el fondo, se trata de un debate sobre la libertad en Internet. La cuestión principal es qué libertad debe prevalecer, si la de los usuarios al acceso libre a los contenidos o la de los proveedores, sean éstos públicos o privados, a imponer sus restricciones de acceso a los mismos.

El modelo de Internet como espacio infinito de mercados, contactos, acceso a información, etcétera, podría tocar a su fin si todos los Estados actuaran como el chino o si todos los proveedores reflexionaran como lo ha hecho el señor Alierta.

Y ya sabemos quién se quedaría fuera. Tal y como escribí en estas mismas páginas hace dos años, el papel de las administraciones, tanto nacionales como in-ternacionales, es nuevamente fundamental para garantizar que las prestaciones y condiciones de los servicios de acceso deben ser prestadas por las empresas bajo las condiciones de neutralidad más estrictas posibles.

Debe igualmente resolverse el tema de la armonización de la propiedad de la infraestructura privada (redes físicas), con el estatus de Internet como bien público global. En este sentido, los gobiernos tienen la posibilidad de establecer los marcos normativos del establecimiento y explotación en cada territorio, y en sus relaciones internacionales, de las citadas infraestructuras privadas. En cualquier escenario donde se produzcan estos déficits, y a falta de regulación global, y de iniciativas del sector privado, no debiéramos olvidar que las administraciones tienen la posibilidad de establecer y construir redes y servicios que se desarrollen en paralelo con las infraestructuras privadas, en aquellos escenarios que consideren estratégicos para el bienestar y desarrollo de sus ciudadanos. Por lo tanto, parece lógica una profunda reflexión sobre la creación de redes públicas, soporte y garantía de continuidad de las funciones propias de la Administración y, sobre ellas, articular otros proyectos que garanticen a sus ciudadanos el derecho de acceso a las redes. Las redes que el señor Alierta dice que son de su compañía podrían no haberlo sido si, en el proceso de privatización de la Compañía Telefónica Nacional de España, el Estado se hubiera quedado con la titularidad de las infraestructuras que, dicho sea de paso, fueron pagadas por todos los españoles cuando la citada compañía perteneció al Estado. Es deseable que nuestro Gobierno y las fuerzas políticas abran, definitivamente, este crucial debate para saber qué entiende cada cual cuando se habla de neutralidad de la Red.

Las grandes empresas de telefonía y cable, entre ellas Telefónica, son actores interesados en este debate, dado que su modelo de negocio se vería muy reforzado si pudiesen ser ellos, directamente, los que controlasen el acceso a la infraestructura y a los canales de comunicación digital. En resumen, si la Red no fuese neutral. Esto puede llevar a algunos a proponer alternativas a la neutralidad, que es lo que ha hecho el señor Alierta en su intervención en Bilbao. Pero aunque su posición se base sólo en una estrategia de rentabilidad empresarial, las consecuencias podrían ser dramáticas, dado que dejaríamos en manos de muy pocos decisiones esenciales para garantizar la libertad e igualdad en el acceso a la información y en la generación de información y conocimiento.

Realmente, éste ha sido el paradigma de los últimos siglos. Pensemos en los oligopolios que han controlado, por siglos, el acceso a los medios de producción de conocimiento y comunicación (desde la imprenta a la radio o la televisión). Pero algo ha cambiado en las últimas tres décadas. Gracias precisamente a Internet, en estos momentos disfrutamos de un nuevo paradigma de acceso universal. La neutralidad de la Red es el elemento que sostiene este nuevo modelo. ¿Qué diferencia existe entre quienes quieren controlar el acceso a la Red por razones políticas o ideológicas y quienes quieren hacerlo por razones económicas? Unos y otros sólo piensan en sus intereses y en sus vulnerabilidades. Si China estuviera regida por un sistema democrático, los ciudadanos chinos tendrían un acceso a la información equiparable al que tienen los países que se rigen por ese modelo democrático. Si España no hubiera privatizado su compañía telefónica o si se hubiera reservado la propiedad de la Red, ningún presidente podría amenazar con censurar el acceso a Internet como ha hecho el de Telefónica. Entiendo que las compañías telefónicas muestren preocupación por la calidad de sus redes ahora que la imagen, además de la voz y los datos, comienzan a circular como no imaginábamos siquiera hace una década. Eso es una parte del problema que necesitará tecnología y dinero, pero que, en mi opinión, no deberá dar lugar a que se limite lo que circule, al socaire de que todos quieren ganar en este negocio.

Si por una autopista circulan más vehículos de los que estaban previstos cuando se construyó, la solución no pasa por limitar el paso de vehículos en función de su color o cilindrada. El progreso no se debe limitar por esas razones. Cualquiera sabe que la solución pasaría por ampliar el número de carriles. Y, por otra parte, no se entendería que si alguien, dadas las ventajas de las autopistas para el transporte, creara una compañía de camiones para servicios de paquetería y, enterados los propietarios de la autovía de pago quisieran, además del peaje, cobrar una parte de los beneficios de la empresa de transportes. De este debate no puede salir ni limitaciones a los contenidos que circulan por la Red, ni una mayor tarifa para el usuario de la misma que, por primera vez en la historia, facilita el acceso a la cultura de todos los ciudadanos.

Juan Carlos Rodríguez Ibarra fue presidente de la Junta de Extremadura.

Lo que no puede ser es que el incremento de la delincuencia y de la inseguridad cause sorpresa. ¡Estaba cantado! Una de las consecuencias de la crisis es que un paro en constante aumento comporta un riesgo de mayor inseguridad. Y esto se había previsto, anunciado, teorizado; ahora no debería sorprender que el riesgo se haya convertido en preocupante realidad.

Lo que sí sorprende es la inacción de los responsables. Las diversas administraciones tienden a trasladarse su responsabilidad; para unos, faltan policías; para otros, los jueces no colaboran, y hasta los hay que todo lo atribuyen a un poder legislativo que no ha previsto con suficiente eficacia cómo resolver la situación actual. Pero hay hechos que no admiten excusa. Con toda la razón del mundo, una alcaldesa se queja de que un detenido 44 veces pueda pasear tranquilamente por su pueblo. Si la multirreincidencia no puede convertirse en una causa que justifique o la expulsión o la prisión provisional, no se sabe cuándo y por qué ambas medidas podrían adoptarse.

Y, es verdad, que no es justo asociar el incremento de la delincuencia con el fenómeno de la inmigración. Pero de esta injusta asociación los más responsables son los que no quieren comprender que la inmigración puede crear, y de hecho crea, problemas que requieren una acción inteligente, integral y proporcional a los medios económicos con que se cuenta. En Salt, un magrebí reclamaba con razón que se expulsara a los que “se portan mal”, porque así ellos, la mayoría, se verían liberados de la presión social de la sospecha, que les resulta humillante. ¡Tenía más sentido común que algunos de los que están llamados a resolver la situación!

La crisis puede provocar inseguridad, pero esto sí que puede resolverse. Crear empleo es difícil, pero debe conseguirse. Pero no ayuda a revitalizar la economía la percepción de inseguridad que vive nuestra sociedad. El mejor antídoto sería conseguir más ocupación, pero para que esta se consiga necesitamos que la confianza en el futuro se apoye en un clima de convivencia y seguridad que hoy no tenemos. El progreso reclama seguridad para su estabilidad. La economía sostenible es también seguridad ciudadana.

La decisión del Gobierno español de acoger presos de Guantánamo suscita ciertas dudas. No tanto por el fondo de la misma, pues acertado es sacar del horror y permitir una nueva vida a personas marcadas por el infierno sufrido, cuanto por los motivos y circunstancias que la rodean.

Conviene advertir que no es esta la primera relación de las autoridades españolas con la prisión de Guantánamo. Recuérdense los vuelos de la CIA. Informes del Parlamento europeo y del Consejo de Europa constataron el conocimiento y la connivencia de no pocos gobiernos –incluido el español– con esos vuelos secretos que transportaban a personas detenidas ilegalmente y privadas de sus derechos más fundamentales. Vuelos que hicieron escala en aeropuertos españoles, utilizados entonces para prácticas que la comunidad internacional considera violaciones del derecho internacional de los derechos humanos.

Tampoco cabe olvidar que policías y agentes del entonces CESID –hoy, Centro Nacional de Inteligencia– visitaron la base en 2002 y 2003 para conseguir información en la lucha antiterrorista. Con la excusa de ofrecer protección diplomática a los presos de nacionalidad española, los agentes interrogaron sin orden judicial a más de una decena de presos, siempre bajo la presencia de autoridades estadounidenses, es decir, de los torturadores. Su actuación convierte al Gobierno que los envió –presidido por Aznar– en cómplice de la violación de los derechos de los detenidos. Su actuación fue a todas luces contraria al derecho internacional y al derecho español. El Gobierno nunca debió ordenar aquella misión. Ignoró que los derechos humanos vinculan a los agentes públicos aun cuando actúen fuera del país. Al interrogar a personas desprotegidas jurídicamente, contribuyeron de manera activa a mantener esa negación de derechos tantas veces denunciada.

Hay causas abiertas en la Audiencia Nacional con relación a estos hechos susceptibles de ser catalogados como crímenes contra la humanidad (torturas, secuestros y detenciones ilegales) sobre la base del principio de jurisdicción universal. Causas a las que no afecta la lamentable limitación de este principio efectuada meses atrás por la mayoría del Parlamento español. Y ello no sólo porque hay víctimas de nacionalidad española, sino porque, además, ha de determinarse la responsabilidad de las autoridades españolas en este proceso. Lo contrario sería perpetuar la impunidad y perseverar en la infamia de Guantánamo.

Ahora, el Gobierno responde favorablemente a la petición de la Administración Obama –incapaz de cumplir la promesa electoral de cerrar la prisión– de recibir algunos presos. Tras la llegada del primero, el Gobierno ha declarado estar estudiando otros cuatro casos, enfocando la cuestión desde una perspectiva humanitaria. De ahí que el mecanismo utilizado para acogerles sea precisamente la autorización de residencia temporal “por razones humanitarias” prevista en la Ley de Extranjería. Una autorización que les permitirá desplazarse libremente por el territorio español, trabajar y reagrupar a su familia en nuestro país.

Pero las escasas declaraciones del Gobierno sobre el estatus de estas personas causan cierta perplejidad. El ministro del Interior ha manifestado que los presos a acoger no están sometidos a proceso judicial alguno y que en todo caso se garantizará la seguridad de los españoles. Ha advertido también que estarán sujetos a medidas de vigilancia –sin aclarar cuáles serán estas– y que en ningún caso podrán salir del territorio español.

Conviene recordar al Gobierno que el Tribunal Supremo señaló en 2006 que toda imputación de delito sustentada en pruebas obtenidas en Guantánamo carece de validez y no puede ser tenida en cuenta por ningún tribunal ni autoridad administrativa. Ello implica que no cabe conceder efecto alguno a los procesos pseudo-judiciales abiertos en Estados Unidos, debido a la flagrante violación de los derechos de los detenidos. Y mucho menos seleccionar a las personas a acoger sobre la base de si tienen o no abiertos tales procesos, pues hacerlo supondría reconocer validez jurídica a todo lo sucedido.

Además, es complicado entender la imposición de medidas de vigilancia. Porque, si no están sometidos a proceso judicial, ¿cuál es la razón para vigilarles? Estas personas son libres, de modo que han de gozar de los mismos derechos y en las mismas condiciones que los residentes legales en España. Sus derechos no pueden limitarse porque estuvieron en Guantánamo. Hacerlo sería vulnerar nuestros derechos constitucionales, entre los que están la presunción de inocencia y el debido proceso.

Finalmente, se alega por el Gobierno un acuerdo entre los países de la Unión Europea que impide que estas personas se trasladen a otro país. Es exigible que se haga público su contenido, ya que sirve de justificación para limitar –más allá de lo establecido en la legislación de extranjería– un derecho fundamental como es la libertad de movimientos. El secretismo que preside este proceso estará justificado siempre que sean los propios afectados quienes deseen preservar su intimidad. Pero, ¿incluye este acuerdo la imposibilidad de que estas personas declaren en los procesos abiertos sobre Guantánamo en calidad de víctimas y/o de testigos? ¿Se han dado garantías a las autoridades estadounidenses de que esto no se va a producir?

Cada limitación de la libertad de estas personas basada en su pasado cautiverio es un reconocimiento más o menos implícito de Guantánamo. Es una convalidación de la violación de derechos allí perpetrada. De ahí que la fórmula de acogida que se elija no sea tan sólo una cuestión humanitaria, sino prueba de nuestra disposición para tomarnos los derechos humanos en serio.

Rafael Escudero Alday es profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid

Los que hoy se niegan a condenar los crímenes del franquismo están a favor de los que ayer apretaron los gatillos”. Esta frase se me quedó grabada, hace años, en el cementerio de Daimiel, un pueblo de Ciudad Real, mientras se homenajeaba a los combatientes republicanos fusilados por la dictadura. La sentencia, valiente y justa, salía de los apretados labios del que hoy es un parlamentario europeo por el PSOE. Quién me iba a decir entonces que, 30 años después, esa sentencia tendría aún vigencia.

España no fue liberada por las tropas aliadas de la dictadura militar nacional-católica, tras la Segunda Guerra Mundial. Las potencias europeas y EEUU, ante el temor de una España progresista, vanguardia en la transformación social y cultural, miraron hacia otro lado, abandonando al pueblo español a su suerte. Esta vergonzosa actitud permitió la pervivencia del franquismo, casi 40 años de represión, mentiras y miedo, que ha desembocado en actitudes –no precisamente minoritarias– que, todavía hoy, en 2010, justifican desde diferentes tribunas el cruel levantamiento militar contra el Gobierno de la República de 1931. Estas ideas siguen grabadas a golpe de fuego y crucifijo en muchos españoles, dirigentes políticos de la derecha incluidos y, lo que es más grave, están presentes, como vemos, en una parte de la judicatura. El silencio cómplice de la Transición sobre estos asuntos, con su manto de interesado olvido, ha favorecido (y alimentado) estas actitudes antidemocráticas.

No pido venganza: reclamo dignidad. Estoy entre quienes desean que se haga justicia, aflore la verdad y se repare, hasta donde sea posible, a las víctimas del franquismo. Es imposible construir una España democrática con estos lastres en la memoria de varias generaciones. Es vergonzoso que sigamos, a estas alturas de la evolución democrática, discutiendo estos asuntos. Si no fuera trágico, sería ridículo. Somos hijos de la República, de su generosidad y esfuerzo, y renegamos de la herencia que el franquismo ha dejado en la mentalidad (sumisa e interesada) de muchos.

No se trata hoy de encausar y encarcelar a los autores intelectuales del levantamiento militar ni a quienes lo apoyaron con armas y capitales. Tampoco a quienes juzgaron, encarcelaron y asesinaron a miles de personas. Lejos de mi intención cargar las tintas democráticas contra los ejecutores materiales, ya que muchos actuaron por obediencia debida o, por mejor decir, “por temor impuesto”. No se trata de abrir la caja de la revancha, ya que no hay posible reinserción penitenciaria para los culpables ni pena de muerte posible. Los verdugos han fallecido y, aunque no fuera así, les ampararía nuestro texto constitucional y la opinión de quienes estamos en contra de la pena de muerte. Defender la memoria de los republicanos debería ser una obligación de los poderes públicos. No se puede levantar un país sobre los huesos olvidados de sus muertos. Y máxime cuando fueron asesinados por defender la legalidad democrática.

Los herederos de los golpistas y quienes con ellos se identifican no quieren que se analice el pasado, ni mucho menos que se siente en el banquillo esa parte negra de su historia: sus rincones oscuros. Sin embargo, una democracia no puede crecer manchada de sangre. Los franquistas descansan en los cementerios. Los vencidos siguen enterrados en las cunetas. “¿Por qué tenéis a mi abuelo enterrado en una cuneta?” es la pregunta popular que refleja la deuda que esta sociedad tiene con su pasado.

Los rebeldes, santificados por la Iglesia católica, crearon tribunales que condenaron a los que defendieron la democracia republicana. Miles de penas de muerte por el mismo delito que los franquistas cometieron: adhesión a la rebelión. Esta gran falacia sólo puede ser equiparada a la invasión militar de un país por tener armas de destrucción masiva, que luego resultaron inexistentes. Los argumentos de la derecha reaccionaria y de la Iglesia católica se repiten, como una farsa, a lo largo de la historia.

Los funcionarios públicos –miembros de la carrera judicial– que quieren condenar y apartar a un magistrado que ha defendido su independencia en causas de terrorismo, terrorismo de Estado, crímenes contra la humanidad y que ha investigado la corrupción de altos vuelos, se sitúan en el mismo lugar que aquellos que se levantaron contra el Gobierno de la República. Es hora de defender una democracia de calidad, no una democracia de superficie, maniatada por sustratos franquistas. Sin revanchismos, sin odio y sin rencor colectivo. Urge defender la actuación del magistrado Baltasar Garzón –con independencia de la opinión que sus actitudes políticas del pasado nos parezcan– de los sucios y viles ataques de los que siguen sin creer en la democracia y en la justicia. No es posible vivir en una democracia teñida de franquismo.

Una timorata Ley de Memoria Histórica, patrocinada por el PSOE, no debe de ser la excusa para dejar impunes los desmanes cometidos por la dictadura nacional-católica. Nada tenemos contra los descendientes de los asesinos. Incluso es comprensible que duela una condena a la memoria de sus antepasados. Cada persona, cada individuo, es responsable de sus actos. Los criminales del pasado no pueden quedar como héroes. Levantando la voz contra quienes persiguen a Baltasar Garzón no defendemos sólo al juez. Nos estamos defendiendo a nosotros mismos de los residuos franquistas. Unos residuos contaminantes que esperemos no se conviertan, por desidia colectiva, en una nueva mayoría natural.

Cayo Lara es coordinador federal de Izquierda Unida.