Reggio’s

El frío mensaje que transmitió la cumbre sobre el clima de Copenhague parece haberse instalado en este largo invierno. La aspiración de conseguir un acuerdo vinculante entre los Estados queda hoy muy lejana. Pero más lejana, si cabe, está la apuesta por un nuevo modelo de desarrollo basado en una economía más ecológica.

Las previsiones acerca del incremento de la población privada de acceso a agua potable, unos 3.000 millones de personas en 2025, la progresiva sustitución de cultivos por la producción de combustibles o la reducción de la biodiversidad no son elementos que se estén considerando en el diseño de la estrategia que nos saque de la crisis. El cambio de modelo energético no es previsible cuando entre 800 y 1.000 plantas de carbón se encuentran en planificación o construcción y cuando el carbón puede convertirse en la fuente de energía de mayor crecimiento, como reacción a un eventual incremento de los precios del petróleo y el gas natural. Y es que la crisis económica actual convierte cualquier ejercicio de prospectiva en algo insustancial, y cualquier acción política, en utópica.

Podemos decir entonces que, si bien somos cada vez más conscientes y responsables del problema, esto no es suficiente para desarrollar un modelo de economía ecológica. Y no es por falta de proyectos. DESERTEC es uno de ellos. Mediante la construcción de una red de centrales termosolares, parques eólicos y otras fuentes de energía renovables en el Norte de África y Oriente Medio, este proyecto pretende abastecer, en 2050, el 15% de la demanda energética de Europa, así como dos tercios de la demanda de los países del Norte de África y Oriente Medio. Se trata de un proyecto que exige la cooperación de un buen número de países en el arco mediterráneo y que está siendo emulado en el área del Pacífico. Como señala Gerhard Knies, presidente de DESERTEC, los desiertos reciben en seis horas tanta energía solar como el consumo de toda la humanidad en un año.

Sin embargo, cuando este mensaje se traduce en cifras –unos 400.000 millones de euros–, las dudas sobre su viabilidad económica lo condenan a la utopía. No obstante, para saber lo que esta cifra representa, debemos considerar otros factores adicionales, como la desigual distribución de la riqueza que ocasiona el modelo energético basado en el petróleo. Según estimaciones del McKinsey Global Institute, los valores extranjeros en posesión de los países del Golfo alcanzaron los 1,9 billones de dólares a finales de 2006, lo que supone aproximadamente el PIB conjunto de Brasil e India. A nadie escapa, con lo que estamos aprendiendo de esta crisis, el potencial impacto que tienen estos fondos en los mercados internacionales.

Por ello el desarrollo de un modelo energético alternativo no es una opción que se deba evaluar exclusivamente a partir de la inversión económica inicial. La capacidad de las energías renovables para articular nuevos ejes de cooperación entre países debiera ser también parte del estudio de viabilidad. Las bases de una economía ecológica dependen, pues, del mayor protagonismo de estas fuentes de energía en la política exterior de los estados, y no tanto del compromiso internacional por luchar contra el cambio climático en un futuro más o menos lejano.

Alfonso Egea de Haro. Profesor de Ciencia Política.

El mercado de carbono ha madurado antes de tiempo. Las consecuencias de la recesión económica en la industria, los vaivenes en el precio del petróleo y del carbón, el escándalo de los fraudes del IVA y la entrada masiva de especuladores y brókeres han forzado a la bolsa de dióxido de carbono (CO2) a perder la inocencia.

Este mercado es uno de los mecanismos de reducción de emisiones que se planteó en el Protocolo de Kioto. La UE fija un tope de contaminación para cada Estado miembro en toneladas de CO2. Después, cada región reparte esas toneladas de derechos entre las distintas industrias. Cada fábrica o instalación puede emitir un número prefijado y, si supera esa cota, tiene que comprar derechos a otras que no alcancen el techo. Es un mercado artificial para forzar a las compañías a que sean menos contaminantes.

Esta bolsa ha vivido un agitado 2009. En primer lugar, las industrias que forman parte del segundo Plan Nacional de Asignación de emisiones, que caduca dentro de dos años, se han visto muy afectadas por el parón económico.

En concreto, los sectores vinculados a la construcción como las cementeras, los ladrilleros y los azulejeros, entre otros, han sufrido colapsos de producción superiores al 60%. Esto ha implicado un gran ahorro de emisiones y la entrada masiva de derechos en el mercado, apuntan los analistas de SendeCO2, la bolsa española de derechos.

Fuentes renovables

Además, el sector eléctrico, el más afectado por este comercio, ha seguido reduciendo sus emisiones respecto a los últimos años: un 36% comparado con el pico de 2005. Al frenazo de la industria hay que sumar, en este caso, el amplio desarrollo de las fuentes de generación renovable, que en 2009 representaron el 30% de la demanda de electricidad.

Sin embargo, las firmas energéticas mantienen un alto nivel de demanda en la bolsa de carbono porque sus emisiones reales están un 45% por encima de su asignación y porque, a partir de 2013, dejarán de recibir derechos gratuitos. Estas compañías están haciendo un acopio de derechos para no darse un atracón de compra a partir de ese año y hasta 2020.

En segundo lugar, 2009 ha sido el ejercicio de los especuladores financieros. Más del 80% del negocio generado en este mercado ha procedido de bancos e inversores, y poco han tenido que ver los denominados participantes de obligado cumplimiento, esto es, las industrias. Según SendeCO2, el sector financiero tiene una gran influencia en la formación del precio del CO2 por la liquidez que proporcionan, soportando los precios cuando el sector energético no está activo.

Fraude del IVA

En tercer lugar, el mercado se vio sacudido por la sospecha de fraude en la liquidación del IVA por parte de algunos participantes durante la segunda mitad del año. Este hecho provocó que las bolsas y principales participantes europeos incrementasen los niveles de seguridad frente a potenciales clientes poco fiables, estableciendo nuevos patrones de acceso a la bolsa.

En cuarto lugar, existe una relación directa entre el precio del petróleo y el del derecho de emisión. En los meses de junio, septiembre y noviembre, durante los que el precio del petróleo llegó a sus niveles más altos del año, el precio del CO2 también alcanzó sus topes máximos. En cambio, el comportamiento es inverso en relación con el carbón. Es decir, cuando sube el carbón, baja el precio de las emisiones por el efecto del precio interruptor y, consecuencia, integra al mercado de derechos en el universo de las commodities.

Un año de transición

El ejercicio 2010 es de transición. Las esperanzas de los inversores están depositadas en la COP16 que se llevará a cabo en Cancún, la cumbre sucesora de la fracasada Copenhague. El mercado se muerde las uñas mientras espera que los políticos firmen un acuerdo vinculante que fije metas de reducción de emisiones ambiciosas para los próximos años.

Los analistas de SendeCO2 apuntan un incremento de precios del carbono a partir de la segunda mitad del ejercicio y, a principios de 2011, donde, por otra parte, deberán empezar a realizarse las primeras subastas para asignar derechos a las compañías aéreas que se incorporarán al sistema de comercio de emisiones el 1 de enero de 2012.

Anthony Giddens, que fue el gurú  inicial de Tony Blair, escribió con tino sobre la asunción y gestión de riesgos en la vida pública. Si mal no recuerdo, defendía el equilibrio entre la actuación y la inacción (no hay problema grave que no se resuelva a base de no hacer otra cosa que dejar transcurrir el tiempo). Tolstoi, el fatalista, maestro de la inexorabilidad de los grandes avatares que conforman la existencia colectiva, predicaba que poco o nada podemos hacer ante las grandes corrientes, que nos arrastran sin que valgan la libertad o la voluntad. Mi experiencia limitada de patrón y amigo de muy experimentados navegantes, lejos de dar la razón a uno u otro, anota que en cualquier caso más vale prevenir. Siempre recordaré la historia de un navegante solitario que, remontando un severo temporal a vela y con ayuda del motor, dejó una driza no del todo asegurada, un golpe de mar se la llevó al agua sin que lo advirtiera y, como es natural el cabo se le enrolló en la hélice, por lo que pasó dos días de indecible sufrimiento, sin electricidad a bordo y sin poder entrar en puerto, ya que el viento era demasiado duro para maniobrar a vela. En conclusión preliminar, cuantos menos cabos sueltos, mejor.

Andamos poco acostumbrados a sufrir los rigores de la climatología. Faltos de memoria, en cuanto salimos de una situación adversa presumimos que no volverá a suceder, y como en efecto tarda lo suyo en repetirse, y nunca de forma igual o ni siquiera parecida, siempre nos pilla desprevenidos, como si fuera la primera vez, como si los elementos tuvieran la obligación de mostrar su cara más amable sin excepción. No sucede así. La naturaleza, en principio amable, es voluble, propensa a dejar que nos confiemos para descargar su furia cuando menos lo esperamos. ¿Significa ello que no debemos invertir en previsión? Así lo consideran algunos fanáticos del carpe díem, pero siguiendo sus razonamientos tampoco deberían existir las normativas de construcción antisísmica o contra incendios (a fin de cuentas, se producen tan pocos). Así lo consideran y lo seguirán considerando hasta que ellos o alguien próximo sufran las consecuencias, deseemos que no muy nefastas, de la imprevisión.

Pocas horas antes de que ustedes lean estas líneas, o puede que incluso en este momento, sigue habiendo decenas de miles de conciudadanos sin electricidad, sin productos de primera necesidad, sin dinero porque bancos y cajeros no funcionan, sin combustible para calentarse, cocinar o salir en dirección opuesta a las penalidades que se ven obligados a soportar. Ante ello, los responsables políticos muestran buenos deseos y se aprestan a interceder. Si de veras estuvieran al servicio de la sociedad y no de quienes abusan de los monopolios o sus posiciones de dominio, en vez de amenazar con multas, que pagaremos los consumidores, deberían legislar a fin de castigar a los responsables de dejarnos sin los servicios y suministros básicos. Seguro que esto no volvería a suceder. Como mínimo, el Parlament podría aprobar una tabla de cuantiosas indemnizaciones de las compañías a los perjudicados, de modo que el coste de dejar a los abonados en la estacada fuera superior al beneficio de no invertir en el correcto mantenimiento de las redes y sistemas de suministro. Ya verán como nada parecido figura, descartadas las iniciativas gubernamentales, en los programas electorales de los partidos. ¿Al servicio de quién están? No, desde luego, de sus votantes.

Confiar en la buena estrella es un modo bastante estúpido de convocar la desgracia. He dedicado los últimos fines de semana a caminar por Collserola. El bosque sigue impracticable, con miles y miles de árboles caídos hace más de un año, amén de abundantísima vegetación bajo cables de alta tensión. Es yesca para el pavoroso incendio del próximo verano, o el siguiente o el otro. Los medios con que cuentan los responsables son a todas luces insuficientes, pero desde los despachos se dedican las energías a ampliar el parque en vez de dotarlo para que se gestione mejor (o traspasarlo por entero a la Diputación de Barcelona, excelente gestora en este y otros menesteres). Valga este ejemplo como uno de tantos -la relación completa no está a mi alcance pero seguro que es interminable- en los que la falta actual de previsión es causa inexorable de futuras desgracias.

Hora es de potenciar las redes sociales. Por desgracia, no basta la acción de los medios de comunicación. Es la propia ciudadanía la que debe organizarse y prepararse mejor en un doble sentido. Por una parte, en la detección de peligros y la exigencia de medidas de previsión. Por la otra, en las reacciones y actuaciones para cuando sobrevenga la desgracia. Contando con la escasa probabilidad de que los responsables estén en sus puestos y cuenten con los efectivos imprescindibles, sólo a través de la autoorganización podremos afrontar las emergencias. Por lo pronto, deberíamos todos proveernos de cadenas para los coches, de extintores, sistemas propios de generar electricidad, y un pequeño etcétera.

De repente, muchos políticos y comentaristas han descubierto que la sociedad es pasiva y consentida, se niega a aceptar la cara fea de la realidad y exige a la administración que resuelva en un periquete cualquier dificultad. “¡La ciudadanía es una criatura malcriada!”, exclaman amargamente. La sociedad en la que todos los derechos son exigibles, pero ningún deber parece necesario es, ciertamente, una sociedad débil e infantilizada, incapaz de enfrentarse a una realidad que, con nieve o sin ella, está cada vez más chunga y lo será durante años. No quitaremos la razón a los que de repente han descubierto la importancia del compromiso de cada ciudadano en la vida pública, pero, aunque sea en forma de benéfica purga, tendrán que tragarse los sapos monstruosos que contribuyeron a crear. ¿Quién halagó por sistema todas las quejas hasta convertirlas en la única manera de conectar con gentes y territorios? ¿Quién convirtió el Estado de bienestar en un campeonato de promesas de protección sin contraprestación? ¿Quién transformó por vez primera los desastres naturales en un ariete político? ¿Se acuerdan ahora de cómo aprovecharon el chapapote? ¿Y de la nevada del 2001? De aquellos polvos vienen estos lodos.

La nevada ha puesto en evidencia una cadena de errores que tienen su origen en una manera instrumental de entender la gobernanza. Gobernar es ocupar sillas. Este sistema sólo funciona cuando el viento sopla a favor. Si las cosas se tuercen, enseña obscenamente las vergüenzas. Falló desde el primer momento la comunicación del Govern. No sólo porque, en la época del móvil, informaba de lo que todo el mundo ya sabía, sino también porque aquella información dejaba fuera a muchos ciudadanos que pasaron la noche en completa orfandad. La nevada ha demostrado que no existe en Catalunya (ni en España) algo que pueda denominarse seriamente “protección civil”. Una verdadera organización que vincula en una misma red a todas las administraciones y al voluntariado, una organización capaz de autoorganizarse cuando la excepcionalidad lo exige, aquí no existe. Tampoco existe (y aquí los medios de comunicación debemos entonar muy alto el mea culpa) un verdadero control de las grandes compañías de servicios. Es cínico hablar ahora de la MAT. Endesa ha fallado (dejando tirados durante días y días a miles de personas en lo más crudo del crudo invierno) porque su línea de alta tensión sólo aguanta en condiciones de normalidad: los consumidores de Girona sufren en sus carnes las inversiones mínimas de la compañía. ¿Bajo el imperio de sociedades frívolas, se exige paciencia y sufrimiento ciudadanos? ¿Políticos que anteponen su interés al proyecto de país piden sangre, sudor y lágrimas? En nuestra sociedad nadie tiene autoridad moral. Consiguientemente, en el momento de la verdad, la energía social se hunde, doblando el espinazo como las torres de Endesa.

TRIBUNA: POLÍTICA

El autor pide que la constitución de una futura autoridad internacional no nazca de la respuesta al cambio climático. Sostiene que los intereses de las grandes corporaciones energéticas desvirtuarían la acción frente a otras amenazas

La cuestión del cambio climático antropogénico ha superado con creces la barrera de lo científico para entrar de lleno en el terreno político, cuando no en lo criminal, como se ha puesto de manifiesto en el reciente caso del Climategate.

A estas alturas, el global warming es ya una evidencia científica, corroborada por las dos olas de frío del gélido invierno americano. Sin embargo, existen datos suficientes para sospechar que, detrás del muñido cambio climático, se esconden intereses geopolíticos, económicos y financieros a corto, medio y largo plazo. Quien sólo ve en la guerra un mero conflicto armado entre dos partes enfrentadas, capta, por supuesto, la esencia de ella, pero no advierte el océano de matices políticos, diplomáticos y económicos que la provocan y, a veces, la prolongan innecesariamente. Algo parecido podría ocurrir con el cambio climático. Es, sin duda, una realidad cierta que nos amenaza con inmensas ramificaciones y consecuencias. No sorprende, por ello que, en esta primera etapa de globalización anárquica, una criptocracia financiera desee instrumentalizar el calentamiento para obtener el máximo rédito político y económico posible.

No soy amigo de conspiraciones. Pese a ello, me convencí de la manipulación mediática y política de que está siendo objeto el calentamiento global leyendo una sugerente entrevista a Freeman Dyson, eminente científico del Institute for Advanced Study de Princeton, publicada el año pasado en el Magazine semanal del New York Times. Dyson, hombre de talante liberal y sencillez exquisita, definió su postura sobre el calentamiento global -políticamente incorrecta, por supuesto- empleando tres frases lapidarias: «Todo el alboroto sobre el calentamiento global es terriblemente exagerado»; «El calentamiento global es el primer artículo de fe de una religión secular mundial»; y, para rematar, una caricia, «El hecho de que el clima sea más cálido no me asusta en absoluto».

En estos días, un excelente reportaje de Julien Eilperin y David A. Fahrenthold aparecido en The Washington Post de 15 de febrero de 2010, me ha vuelto a poner sobre la pista. En él, los conocidos periodistas americanos advierten sin tapujos de los errores contenidos en el informe seminal sobre el calentamiento global, que valió el premio Nobel de la Paz en 2007 al Intergovernmental Panel of Climate Change. El IPCC está formado por un grupo de expertos que, bajo los auspicios de la Organización Meteorológica Mundial y del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, analiza en profundidad la información científica, técnica y socioeconómica más relevante sobre los riesgos del cambio climático provocado por las actividades humanas, así como las posibles repercusiones.

Las recientes pruebas sobre los errores contenidos en el informe del IPCC minan la confianza no sólo del grupo, sino también de la propia estrategia política sobre el tema. «Existe la impresión de que algo está podrido en el IPCC», ha señalado Richard H. Moss, científico de la Universidad de Maryland, quien ha trabajado en el IPCC unos cuantos años. Jeffrey Kargel, profesor de la Universidad de Arizona, también se queja porque «es realmente doloroso comprobar lo que ha sucedido». El informe señala que los enormes glaciares de la cordillera del Himalaya podrían desaparecer para 2035. Sin embargo, Kargel argumenta que es «físicamente imposible que se descongele el hielo tan rápido». Al parecer, la causa de los errores, podría deberse a que el grupo de expertos de la ONU citó un informe de un grupo activista, y no un estudio científico sometido a revisión.

El polémico informe ha caldeado estas semanas el ambiente de la Cámara Alta de los Estados Unidos. Si no, que se lo pregunten a los senadores republicanos James M. Inhofe y John Barrasso, dispuestos a poner todos los medios a su alcance, entre ellos los errores garrafales del informe, para bloquear los límites obligatorios de emisiones de gases de efecto invernadero. Por lo demás, no debe olvidarse que el dinero del poderoso lobby energético va fundamentalmente a las arcas del partido republicano (más del 75%) y no al demócrata (en torno al 25%).

Es imposible conocer la totalidad de los intereses energéticos, financieros y políticos que se ocultan tras el calentamiento global, pero algunos se vislumbran. El global warming es un buen instrumento político para aumentar el proteccionismo estatal, y con él los impuestos; constituye un argumento sólido para invertir en empresas de energía alternativa y podría convertirse en el principio del fin del imperio del lobby energético tradicional. Pero hay más, mucho más. En mi opinión, a nivel internacional, detrás de la histeria provocada con el calentamiento global se esconde un plan para dar un paso adelante, tan firme como antidemocrático, en el establecimiento del nuevo gobierno mundial.

Este nuevo world government, del que tanto se habla en los últimos años, comenzaría de facto con la creación de una primera institución global, que podría dictar normas vinculantes para los Estados en materia climática y estaría económicamente controlada por poderosos magnates del imperio angloamericano (con capitales en Nueva York y Londres). De funcionar bien el modelo, se establecerían otras instituciones globales similares con el fin de resolver cuantos problemas afecten a la humanidad en su conjunto (terrorismo internacional, pobreza, armamento nuclear, etcétera).

Hay razones para pensar que sea el hecho climático y no otro el que dé origen a la primera institución global. En primer lugar, porque la normativa internacional y las organizaciones reguladoras del cambio climático son de naturaleza y contenido muy diverso por haber sido establecidas en momentos muy distintos y por países diferentes. No existe, ni por asomo, una jerarquía normativa que integre y armonice la variedad de disposiciones en la materia, sino que se trata más bien de un régimen fragmentado y complejo, que engloba desde tratados multilaterales como la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, con acuerdos subsidiarios como el protocolo de Kioto o el acuerdo político de Copenhague, pasando por el Protocolo de Montreal, hasta iniciativas bilaterales (entre Rusia e India o China y Reino Unido, por ejemplo). También existen agencias especializadas de Naciones Unidas, clubes (como el G-20). En segundo lugar, porque el calentamiento global afecta a todos los humanos por igual con independencia de la raza, la religión, la posición social o la lengua. Este hecho facilita mucho las cosas pues evita tensiones ideológicas, que son a veces las más difíciles de superar.

Bajo el control de Obama, el calentamiento global sería el mejor instrumento para americanizar el proceso de globalización, promoviendo un cambio de política exterior en los Estados Unidos con el fin de asegurar el liderazgo mundial norteamericano durante los próximos años, siempre de la mano de China, que se convertiría, no ya en un mero aliado económico, sino en el socio geopolítico y estratégico por antonomasia. La creación de una institución global de estas características no fue posible en la cumbre de Copenhague, pero ello no significa que no vaya a serlo en un futuro relativamente próximo.

Soy un acérrimo defensor del derecho global, de su necesidad y de sus posibilidades. Sueño con él, como en su momento tantos lo hicimos con una Europa unida. Por eso, pienso que, sin un derecho global que las ordene, las nuevas instituciones globales son altamente peligrosas pues fácilmente serán esclavas de sus muñidores. A la ONU, esa mole cansina, me remito. Creo que la estrategia ha de ser otra: bosquejemos, en primer lugar, un plan urbano global; luego, si cabe, construyamos las casas y los rascacielos, es decir, las instituciones. Otro modo de proceder, es comenzar a construir la casa por el tejado, permitiendo que, a nivel global, se imponga una política de hechos consumados, al albur de una plutocracia sin escrúpulos. Si caemos en sus manos, todo, absolutamente todo, se podría perder.

Rafael Domigo Oslé es catedrático de Universidad de Navarra y presidente de Maiestas.

© Mundinteractivos, S.A.

Saben ustedes qué es la nanotecnología? Yo empecé a oír hablar de ella en el año 2003 en Cancún (México), acompañando a unas charlas a una de sus ponentes, la investigadora del grupo ETC Silvia Ribeiro, en los espacios alternativos organizados frente al operativo que protegía la cumbre ministerial de la Organización Mundial del Comercio. Confieso que pensé que hablaba de ciencia ficción. Que, esta vez, ese magnífico equipo de estudiosos atentos a los impactos sociales y ecológicos que rodean a las nuevas tecnologías y cuyos informes han sido tan significativos respecto a los transgénicos o los sistemas de propiedad intelectual –por citar algunos ejemplos–, estaban disparando a un blanco equivocado. Me equivocaba, yo no lo veía porque en realidad estaban disparando a un blanco invisible pero real. Pasados ya unos años, la nanotecnología está bastante más presente de lo que percibimos.

“Actualmente –explicó Silvia para La Jornada– se conocen a nivel global más de 800 líneas de productos de venta directa al consumidor que contienen nanopartículas de plata o de carbono. Son usadas en barnices, pinturas, textiles, construcción, informática, telefonía, agricultura, alimentación, farmacéutica, cosméticos, vestimenta, entre otras industrias”. Pero además el pasado 8 de enero Lord Krebs, presidente del Comité de Ciencia y Tecnología de la Cámara Alta del Parlamento británico, alertaba de que “es probable que el uso de nanopartículas en los alimentos y los envases de comida aumente de forma drástica en la próxima década”. Y, de hecho, hace unos días la prensa catalana nos informaba del apoyo que el Ministerio de Ciencia e Innovación facilitaba a un departamento universitario en sus investigaciones con nanotecnología para mejorar la conservación de alimentos, los llamados alimentos de cuarta gama. “La investigación –explica el diario– se centra en la utilización de nano-recubrimientos comestibles sobre frutas como la manzana, la pera, la piña o el melón, entre otros, para facilitar la incorporación de diferentes compuestos activos que mejoren la calidad y la vida útil del producto final”. Delicioso.

Es decir, el futuro que yo no podía imaginar ya está aquí o, al menos, ahora lo visualizo. Y lo primero que constato es que la manipulación de la materia en la escala de los átomos y las moléculas, que eso es la nanotecnología (un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro), avanza bajo una grave falta de información y debate con la sociedad en general, y en el caso concreto de su aplicación en la alimentación, con las organizaciones de consumidores y productores. Ocurrió con los transgénicos y es un mal augurio. Cómo saldrá afectada la sociedad, cuál será su impacto ecológico y en la salud de las personas, quién se beneficiará de esta nueva tecnología y quién la controlará son preguntas que deben responderse también para el diseño de políticas públicas que regulen este nuevo campo. El propio Lord Krebs alerta: “La industria alimentaria, tanto en Reino Unido como en el resto del mundo, está siendo ‘bastante oscura’ sobre cualquier trabajo que emplee nanotecnología para sus productos o para el envasado: esa es exactamente la actitud equivocada”.

Krebs achaca a la industria ese oscurantismo y que no aporte información suficiente sobre las implicaciones en la seguridad y en la salud humanas. Silvia Ribeiro llega más lejos y documenta que hay más de 500 estudios científicos publicados en los últimos años que muestran la toxicidad de diferentes nanopartículas, nanocompuestos y productos nanoformulados en animales de laboratorio, en cultivos de células humanas y en el medio ambiente (en suelo, agua, cultivos, microorganismos, algas, invertebrados). Finalmente hemos de mencionar el estudio publicado el 20 de agosto del 2009 en el European Respiratory Journal, escrito por investigadores chinos liderados por Yuguo Song, del Departamento de Enfermedades Laborales y Toxicología Clínica del Hospital Chaoyang de Beijing, donde se demuestran por primera vez los daños fatales en personas en contacto con nanopartículas. Siete trabajadoras chinas enfermaron gravemente luego de haber trabajado algunos meses en una fábrica de pinturas que usaba nanopartículas. Dos de ellas murieron. Los análisis mostraron la presencia de nanopartículas de 30 nanómetros de diámetro en los pulmones y fluidos como las contenidas en la pintura que usaban. Invisibles pero presentes.

Es obvio que mientras todos estos datos se contrastan y analizan, debería primar y exigirse el principio de precaución, y declararse una moratoria a la liberación comercial de productos con base nanotecnológica, por mucho que la industria nos quiera vender sus bondades y maravillas, que eso también lo hicieron con los transgénicos o la energía nuclear. Sus argumentos los conocemos: las nuevas tecnologías vendrán para aliviar el hambre del mundo, para combatir el cambio climático, etc. Pero yo tengo mis reparos, porque –volviendo a sus aplicaciones en la agricultura y alimentación– estamos delante de innovaciones que, ojalá me equivoque, controladas por las grandes industrias buscarán servir los intereses de las grandes industrias. Será una pieza más que encajará en el puzzle de la agricultura intensiva y sin mano de obra. Con semillas modificadas por nanotecnología, con agrotóxicos producidos con nanotecnología, etc. se generará más dependencia del agricultor con la industria. Si en el desarrollo de la tecnología no hay espacios de reflexión colectivos y democráticos, presenciaremos un nuevo codazo para desplazar a la agricultura conducida y manejada por los mismos agricultores y agricultoras reproduciendo sus semillas, intercambiándolas, custodiándolas y asegurando la diversidad que la vida exige.

Gustavo Duch es editor de la revista ‘Soberanía alimentaria, biodiversidad y culturas’

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, reunidos la semana pasada por su nuevo presidente, Herman Van Rompuy, han intentado responder a las especulaciones de los mercados sobre la solidez de la zona euro y, en particular, de Grecia. Más allá de las medidas de solidaridad imprescindibles a corto plazo, el futuro de la zona euro pasa por una revisión profunda de las políticas económicas de la UE.

De hecho, la gestión de la crisis financiera ha mostrado las pocas ganas que tienen los estados de coordinar sus políticas de estímulo. Sin embargo, mejorar el modelo social europeo pasa por una mayor cooperación entre los estados miembros en el plano fiscal y tributario y por la reforma del pacto de estabilidad y crecimiento.

El presupuesto de la Unión no supera el 1% del PIB europeo, cuando el presupuesto federal de EEUU está en torno al 20% de su PIB. Esto refleja, por supuesto, historias diferentes, pero también muestra que la UE es un enano presupuestario, lo que no permite a la Comisión Europea estimular una verdadera política industrial, de investigación y de infraestructuras.

Sin embargo, ante retos como el del cambio climático, hay que organizar la puesta en común de nuestros esfuerzos de investigación para desarrollar las técnicas que necesitaremos para reducir drásticamente el contenido en carbono de nuestros patrones de producción y consumo. Las negociaciones sobre el presupuesto de la UE para el período 2014-2020 empiezan en 2010: los estados europeos deben proponer un aumento gradual del presupuesto del 1% al 5% del PIB de la UE en 2020, financiado al menos en parte por los impuestos directos recaudados por la Unión.

Para financiar este presupuesto y encontrar el margen de maniobra financiero que les permita reducir su déficit y su deuda pública, los Gobiernos deben actuar juntos sobre la fiscalidad. La absurda competencia fiscal entre ellos lleva a una continua bajada del impuesto de sociedades en la UE. La reconquista de una mayor soberanía fiscal pasa, como fue el caso en el ámbito monetario, por una mejor coordinación europea.

Este importante proyecto se basa en cuatro prioridades: 1. La adopción de la directiva sobre una base imponible consolidada para las multinacionales europeas para limitar las deslocalizaciones fiscales; 2. La puesta en marcha del intercambio automático de información entre los estados europeos, por un lado, y entre la UE y terceros países por otro, para luchar contra el fraude y la evasión fiscal en los paraísos fiscales; 3. El desarrollo de una fiscalidad en el ámbito de la energía que permitirá, si se realiza directamente a nivel europeo, favorecer los modos de producción más ecológicos y a la vez evitar distorsiones de la competencia entre los países del mercado único; y 4. La introducción de un impuesto sobre las transacciones financieras.

Es imposible defender, sin caer en la demagogia, una moneda única sin criterios de gestión financiera común y, por lo tanto, compromisos comunes en términos de déficit presupuestario y de gestión de la deuda pública.

El pacto de estabilidad, por su parte, ha quedado obsoleto: la mayoría de los estados en la zona euro no lo cumple y se han puesto de relieve sus “ángulos muertos”. Antes de la crisis, España tenía cifras de déficit y de deuda pública acordes con el pacto de estabilidad pero dejaba escapar la deuda privada que alimentó una burbuja especulativa. Resultado: al estallar la burbuja, la recesión es peor que en otros lugares (¡19% de paro!) y las cuentas públicas entran en números rojos. La zona euro debe dotarse de un instrumento adicional de gestión económica que permita a la Comisión y al Banco Central Europeo presionar a los estados que dejan que se constituyan burbujas especulativas. Otro ángulo muerto del pacto de estabilidad son los déficits y superávits de la cuenta corriente, es decir, principalmente el saldo del comercio de bienes y servicios.

En una economía tan integrada como la de la zona euro, algunos de los déficits son los excedentes de los demás. Alemania, con su política agresiva de reducción de los costes laborales, está limitando el consumo interno y tomando cuotas de mercado de sus competidores europeos, en lugar de desempeñar su papel de locomotora de la zona euro. La deflación salarial puede ser una estrategia ganadora para un país aislado, pero se torna contraproducente si todos los países de la zona hacen igual.

Sin embargo, al no poder llevar a cabo una devaluación de su moneda, los países miembros de la zona euro más afectados por la crisis –España, Irlanda, Grecia, etc.– ya se adentran por este camino como consecuencia de la aplicación del Pacto de estabilidad. Si es cierto que el Estado griego debe hacer esfuerzos para reducir la economía informal y mejorar la eficiencia del gasto público, una solución sostenible va mucho más allá de la visión castigadora de la actual Comisión.

Los estados miembros, y en particular los de la zona del euro, están en una encrucijada: o bien siguen practicando la no cooperación y corren el riesgo de reventar el acervo europeo –en primer lugar el euro–, o bien salen de la crisis por la puerta grande mediante la puesta en marcha de nuevas cooperaciones. Esto implica transferencias de soberanía nacional. Pero, a su vez, permitirá más soberanía europea para garantizar nuestros modelos sociales. Este año será un año crucial. ¡Buena suerte, señor Van Rompuy!

Daniel Cohn-Bendit es copresidente del Grupo de Los Verdes en el Parlamento Europeo

Pascal Canfin es eurodiputado de Europe Écologie

Sven Giegol es eurodiputado de Die Grünen

Florent Marcellesi es coportavoz de la Coordinadora Verde

Será posible que la destitución tan injusta como inexplicable de Pepe el Ferreiro sirva como aldabonazo para que la sociedad asturiana en su conjunto tome conciencia de lo que está sucediendo en el occidente de Asturias y sienta que esta parte de nuestro territorio es algo que a todos nos incumbe y pertenece? ¿Acaso es necesario esgrimir argumentos para convencer a la ciudadanía de que el monasterio de San Salvador de Cornellana y el río Narcea, por poner dos ejemplos entre otros muchos, forman parte no irrelevante del patrimonio común? ¿Acaso se desconoce el estado en que se encuentra el río, cada vez con más vertidos y menos salmones, así como el aspecto ruinoso que presenta un monasterio cuyas partidas económicas para su rehabilitación, parece ser que aprobadas, no acaban de llegar? ¿Acaso se ignora que de unos años a esta parte las agresiones medioambientales están aquí a la orden del día? Y, lo que es más importante, ¿tan difícil es caer en la cuenta de que la defensa del patrimonio cultural y paisajístico de estas comarcas tiene que ser llevada a cabo por el conjunto de Asturias, pues de no ser así los destrozos serán tan irreversibles como irrecuperables?

Se permiten el lujo de alarmar a todo el suroccidente de Asturias con unos planes para el Hospital de Cangas del Narcea que abren interrogantes más que serios sobre su futuro. Nadie pone freno a una invasión de parques eólicos que llevó a algún Alcalde a alzar la voz en contra. Las infraestructuras en marcha sufren retrasos continuos y, quizás, el caso más sangrante de todos es el tramo Grao-Doriga de la autovía de la Espina, cuyo enlace no sólo está sin hacer, es que ni siquiera se sabe por dónde se va a habilitar, y eso que el candidato in péctore del PSOE al Gobierno de Asturias aseguró en diciembre en Cangas del Narcea que estaría listo en abril. Se trata del tramo que evitaría la Cabruñana. Mal empieza, don Javier, con sus promesas por estos lares.

Me llamó mucho la atención que el actual alcalde de Grandas de Salime, uno de los principales artífices de la destitución del Ferreiro, dijese que la gente que se concentró en Grandas tras esa tremenda cacicada era en su mayor parte foránea. ¡Cráneo privilegiado el de este buen señor, que diría el personaje valleinclanesco! Pero ¿es que hace falta ser un genio para llegar a la conclusión de que el Museo Etnográfico de Grandas es patrimonio común de toda Asturias? ¡Cráneo privilegiado el de este señor, que afirmó que ningún empleado debe criticar a su empresa! Es decir, que hay alcaldes y politiquillos que piensan que son incuestionables, que no admiten la crítica y que además consideran, a lo que se ve, que los ayuntamientos no son una institución de la ciudadanía, sino su propio cortijo. ¡Toma socialismo! ¡Toma democracia!

Lo que acaba de hacerse contra Naveiras es atacar a alguien que plasma uno de los valores más importantes en el sentir y en el pensar de esta tierra. Se trata de ensañarse contra un ciudadano que representa lo que en estos lares se conoce como ser un Paisano con mayúscula. Y eso sí que es imperdonable, hasta para los más dóciles.

Tras enormes embestidas al paisaje, alguna de las cuales no culminó, como la de Salave, por la oposición ciudadana, o como las pretensiones de minas a cielo abierto en Tineo por parte de don Victorino Alonso, que fueron frenadas el año pasado por el coraje de su alcalde, culminaron sus agresiones contra el paisanaje en la persona de Pepe el Ferreiro.

Algo se está moviendo en el occidente de Asturias para que 128 profesores de la Universidad de Oviedo estampen su firma pidiendo la readmisión de Pepe el Ferreiro al frente del museo de Grandas. Y algo, mucho, tendrá que moverse para que el tesoro paisajístico de estas comarcas del occidente asturiano deje de estar en venta, a muy bajo precio, además, y eso que nos gobierna la izquierda plural y transformadora.

Esa IU que no sale del Gobierno ni con agua hirviendo, y que, sin embargo, en la persona de doña Laura González, tenga la desfachatez de fotografiarse al lado de Naveiras, aunque, eso sí, su idolatrada hija Noemí no abandone la Consejería de la que es titular. Esos Verdes, también coaligados con Areces, que no se sonrojan por lo acontecido en el valle de Carondio. Esos Verdes que apoyaron a IU en Grado, que en la pasada legislatura aprobó en la localidad Santa Marina la famosa subestación a la que sus vecinos se oponen frontalmente.

En el occidente de Asturias se constata que, para desgracia nuestra, no es la izquierda quien asume la defensa de sus tesoros medioambientales, ni tampoco la puesta en valor de su patrimonio artístico y cultural. En el occidente de Asturias se tiene el pleno convencimiento de que esta batalla por la dignidad que le toca librar a una población envejecida sólo podrá tener posibilidades de éxito cuando Asturias en su conjunto se vea implicada en su devenir.

Resulta desolador que los tesoros paisajísticos y culturales de estas comarcas tengan que defenderse no sólo sin contar con el apoyo de los políticos de la llamada izquierda de siglas, sino también en algunas ocasiones en contra de ellos. Pero, al mismo tiempo, es esperanzador ver que cada vez son más los ciudadanos e instituciones de esta tierra que están dispuestos a luchar para que estas comarcas puedan seguir sobreviviendo a muchas adversidades, entre ellas, las de no pequeña parte de sus políticos.

Reivindico con este artículo el clamor de que el occidente de Asturias también existe y sobrevivirá si todos lo sentimos nuestro, que lo es.

El actual modelo de agricultura y alimentación es completamente injusto, responsable de que 1.020 millones de seres humanos padezcan hambre (es decir, ingieran una cantidad insuficiente de calorías para su vida diaria); de que otros 1.000 millones de personas ingieran suficientes calorías pero estén malnutridos por una alimentación deficiente en micronutrientes; y de que además 1.300 millones de personas estén también malnutridas, esta vez con síntomas de obesidad y sobrepeso. Vamos, que la mitad del mundo no tiene una alimentación adecuada. Y después del fiasco (y negligencia) de Copenhague, parece ratificado formalmente el pasado 31 de enero, que alimentarse debidamente se volverá cada vez más complicado. Mientras pensamos en qué hacer con nuestros representantes políticos, ¿cómo nos adaptamos a los cambios climáticos? ¿Quién nos alimentará?

Es seguro que los cambios climáticos afectarán (ya sucede en algunas realidades concretas) la producción de alimentos. Tendremos, en general, un clima más caluroso y con menos lluvias, será más fácil la migración de plagas y se darán situaciones extremas (huracanes, lluvias torrenciales…). Según un informe coordinado por la organización Biodiversity International, en el África subsahariana las pérdidas de cosechas inducidas por la crisis climática podrían llegar a ser de hasta el 50% dentro de sólo diez años. Un dato que ilustra el mensaje que se ha venido repitiendo por parte de los movimientos sociales: el cambio climático afecta y afectará a todo el planeta, pero de forma más grave a las poblaciones que hoy ya sobreviven con muchas dificultades. En los países industrializados nos alimentamos en una parte muy significativa de cosechas, pesca, acuicultura o ganadería totalmente dependiente de combustibles fósiles, que sabemos cada vez más escaso y más caro. Así que la crisis alimentaria puede ser entonces global.

Mi tesis es simple: se pueden plantear cambios de adaptación a la próxima realidad climática que son los mismos que se requieren para corregir las desigualdades ya presentes. De entre todas estas medidas quiero destacar las que se refieren al uso de la tierra, de la tierra fértil: un bien finito. Ante la inseguridad futura no parecería sensato que, por ejemplo, los campos agrícolas del parque agrario del Llobregat, cercanos a Barcelona, fueran tragados por nuevos polígonos industriales, ¿verdad? Pues cosas parecidas están sucediendo, y todos conocemos casos a pequeña escala, pero también se dan a gran escala, como lo que ya se conoce como el “nuevo despojo de tierras” que se está llevando a cabo en el Sur global. Acaparar millones de hectáreas para cultivar en ellas productos para la exportación no sólo impide la alimentación local tan necesaria, sino que además desplaza cultivos tradicionales que han sabido adaptarse a condiciones extremas y que perderemos del stock global. Se desperdiciará material genético de regiones que, precisamente, con el paso de muchos años y la cuidadosa selección por parte de las campesinas y campesinos de la región, sería muy válido para cultivar en las condiciones climáticas futuras.

Muchas de estas hectáreas usurpadas, junto con grandes extensiones que ya están en manos de terratenientes, están siendo dedicadas a cultivos no alimenticios, a cultivos energéticos: los agrocombustibles. Lo que se señaló cómo una arriesgada tendencia es, después de Copenhague, una terrible insensatez. No se puede presionar –como se hará bajo el pretexto de la captura de CO², a los países africanos, latinoamericanos y asiáticos–, para incrementar la producción de agrocombustibles que compiten directamente con el agua y los nutrientes del suelo que pueden, en cambio, producir comida. Ni tampoco con el argumento de usar “tierras ociosas”. Con esa denominación se quieren adquirir las tierras comunales entre bosques y selvas que tienen muchos usos (aunque no se contabilicen) para las comunidades rurales cercanas: son espacios para la pesca, caza, recolección de vegetales, frutos, hongos, etc. Como dice el ETC Group, “esta cosecha oculta no sólo proporciona nutrientes irremplazables en su dieta, sino que además, es esencial para la seguridad alimentaria”. Las comunidades campesinas de Borneo, por ejemplo, garantizan dos tercios de sus alimentos de estos espacios comunes, y las mujeres campesinas en Uttar Pradesh, India, obtienen casi la mitad de sus ingresos de la recolección de especies forestales. El cálculo global estima que hasta un 15% del abastecimiento de las familias campesinas de los países del Sur proviene de esas tierras, hoy en el punto de mira de las transnacionales.

En el uso actual de las tierras fértiles también hay una dedicación abusiva destinada a la alimentación de la ganadería industrial. El 40% del grano que hoy día se cosecha se dedica al engorde industrial al igual que 47 millones de hectáreas sembradas con pastos y forrajes. Si bien es cierto que la cría de animales a pequeña escala con alimentación local (muchas veces proveniente de suelos no aptos para la agricultura) es una fuente de alimentos sostenible, el uso de cereales para el engorde del ganado representa, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el equivalente de los requerimientos de consumo calórico de más de 3.500 millones de personas (media humanidad).

Si se adoptaran medidas para un uso correcto de los suelos (prohibir la especulación con las tierras, favorecer sus usos consuetudinarios, promover dietas menos cárnicas, una reforma agraria que elimine el latifundio, una moratoria a la expansión de los agrocombustibles, etc.) todos ganaríamos seguridad alimentaria: algunos para nuestro futuro, otros para su presente.

Gustavo Duch es editor de la revista ‘Soberanía alimentaria, biodiversidad y culturas’.

Almacenar residuos nucleares no es lo mismo que almacenar ladrillos o cascotes. Estos son inertes, mientras que los residuos nucleares emiten radioactividad y calor. Los de media y baja radioactividad, que son en torno al 99% del total, se trasladan, en España, a una antigua mina de uranio situada en El Cabril (Córdoba). Aunque son menos peligrosos que los de alta radioactividad, hace falta encerrarlos en bidones bien sellados y depositarlos en lugares seguros.

Un reciente informe de World Nuclear News señala que el Gobierno alemán ha ordenado que se retiren 126.000 bidones con residuos de baja y media actividad de una mina de sal abandonada de la localidad de Asse (Baja Sajonia) donde se empezaron a depositar en los años sesenta. Las autoridades han estimado que hay riesgos porque esas minas han resultado geológicamente inestables y han empezado a llenarse de agua.

Los residuos de alta actividad, aunque ocupan mucho menos volumen (en torno al 1% del total), son obviamente más peligrosos. A los restos de plutonio hay que añadir, entre otros, los de estroncio y cesio, que emitirán radiaciones durante miles de años. Lo habitual es mantener estos residuos en piscinas de agua que protegen el entorno de sus radiaciones mientras son refrigerados y van perdiendo radioactividad. Luego se vitrifican, se combinan con hormigón, se encierran en bidones de acero, etc. para poder retirarlos de las piscinas.

Desde que existen centrales atómicas, se investiga sin éxito para lograr una solución definitiva para los residuos. Mientras, se adoptan soluciones provisionales. Se lanzan a fosas oceánicas profundas (entre ellas, las que hay ante las costas de Galicia) o se encierran en minas alejadas de poblaciones. Si los residuos de baja y media intensidad han de ser objeto de vigilancia permanente, como en el caso de Alemania, no hace falta decir que los de intensidad alta la requieren de modo más apremiante.

En 1979 el biólogo ruso Medvedev, exiliado en Reino Unido, relató un incidente ocurrido en 1957 en un depósito de residuos de la localidad de Khistym, en los Urales, sobre el cual la férrea censura soviética de prensa hizo caer un telón de silencio. El Gobierno soviético acabó admitiéndolo sólo 40 años más tarde. Al parecer, se acumularon grandes cantidades de residuos de alta actividad sin las debidas precauciones produciéndose sobrecalentamiento, emisión de gases y explosiones químicas que dispersaron los materiales radioactivos. Se habló de un centenar de muertos directos por la explosión y de la evacuación de 20.000 personas de una amplia zona afectada por la contaminación radioactiva.

Hoy, más de medio siglo después, sabemos gestionar un almacén de estas características minimizando los riesgos. Pero el episodio de Khistym revela que los residuos nucleares no son inertes y que su deposición exige una vigilancia permanente para evitar desgracias. En un país como el nuestro hoy contamos con los medios para asegurarla. Pero ¿podemos estar seguros de que año tras año, siglo tras siglo, existirán las condiciones sociales y técnicas que harán posible una vigilancia fiable, y de que las condiciones geológicas no depararán sorpresas desagradables en algún momento del futuro? ¿Cómo justificar esta herencia envenenada a nuestros descendientes?

Miguel Ángel Quintanilla tenía razón cuando, desde este mismo periódico, argumentaba que las altas compensaciones que el Gobierno ofrece a los municipios que acepten el Almacén Temporal Centralizado (ATC) sirven para hacer frente a un riesgo imaginado más que a un riesgo real. Pero si las ofrece es porque nadie ha sido capaz de disipar la sensación de riesgo, aunque sea imaginado. En realidad, ese temor favorece un criterio muy racional, el principio de precaución: ante la duda, no exponerse, sobre todo si hay alguna razón para pensar que las ventajas no compensan los riesgos. Y ¿por qué menospreciar el miedo? El miedo ha resultado útil a la especie humana desde el punto de vista adaptativo para prevenir peligros. Cuando la incertidumbre se suma al peligro, el miedo puede ser buen consejero hasta nuevo aviso.

El asunto de los residuos pone en evidencia la falta de prudencia que supuso embarcarse, después de Hiroshima y Nagasaki, en la producción nuclear de electricidad. Ante el dilema de si proseguir o no con la energía nuclear, la carga de la prueba corresponde a los pronucleares. Y la verdad es que no dan salidas convincentes a las objeciones que suscita su apuesta. El argumento al que acaban apelando es que “todo tiene su riesgo” y que el temor al riesgo no debe paralizarnos si no queremos “detener el progreso”. Pero ¿por qué es más progreso la energía nuclear que la fotovoltaica, la eólica o la solar termoeléctrica? ¿Por qué es más progreso despilfarrar energía que consumirla con moderación y eficiencia?

Se investiga para transmutar los elementos más radioactivos en otros que no lo sean o que lo sean sin peligro significativo. Pero en tal caso lo razonable es esperar a que esta investigación culmine: entonces sería el momento de reabrir el debate. Mientras tanto, lo prudente es esperar. Al fin y al cabo, las nucleares sólo aportan el 17% de la electricidad y el 6% de toda la energía consumida en el mundo. Esta cantidad se puede cubrir de sobra con las fuentes renovables hoy disponibles. Destinemos las enormes inversiones que se comen las centrales nucleares a desarrollar las renovables.

Por esto, y con independencia del procedimiento para elegir el lugar donde ubicar el necesario e inevitable almacén nuclear, los ecologistas tienen buenas razones para proponer que la decisión se vincule a un compromiso del Estado para cerrar todas las centrales españolas a medida que vayan agotando su vida útil. Si no se cierran, ¿cuántos años tardaremos en volver a discutir dónde instalar un nuevo almacén? Porque los residuos no cesan de salir de las centrales, por toneladas al año.

Joaquim Sempere es profesor de Teoría Sociológica y Sociología Medioambiental de la Universidad de Barcelona.

Hay muchas razones para desear que no instalen un Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en el patio trasero de tu casa. Por ejemplo, prefieres dedicar tu patio a cultivar flores. Así que, si estás en esa situación, es comprensible que prefieras que tus concejales no se apunten a la carrera por conseguir el ATC, por la misma razón que te opondrías a la instalación de una batería de aerogeneradores: no quieres que te alteren el entorno. Y si lo hacen, tienes derecho a negociar compensaciones. También puedes oponerte al almacén de residuos porque crees que es altamente peligroso, o simplemente porque eres antinuclear. Las tres opciones son legítimas, aunque la más racional es la primera (sopesar las compensaciones, con información adecuada). La segunda se basa en información, en mi opinión, errónea; y la tercera es inconsistente: si eres antinuclear deberías ayudar a resolver el problema del almacenamiento de residuos.

Estas reflexiones deben haber sido muy comunes entre los vecinos de los municipios que se han planteado presentar su candidatura para acoger el ATC. Todos los que han participado en el proceso merecen respeto. En esto España ha mejorado mucho. Durante años ha sido imposible dar una respuesta adecuada al problema del almacenamiento de los residuos de las centrales nucleares y en cambio ahora, por primera vez, se vislumbra una solución eficiente, segura y consensuada. Sin embargo, aún quedan rastros de irracionalidad en el proceso de decisión colectiva sobre estos temas.

En primer lugar, hay un conflicto entre la política de compensaciones económicas y la gestión correcta de la información científica para hacerla accesible a los ciudadanos. Ciertamente las compensaciones pueden ayudar a que se tomen decisiones con criterios racionales. Pero también contribuyen a complicar la situación. El argumento más obvio reza así: a falta de otra información, si las compensaciones son tan altas debe ser que el riesgo que se asume es muy serio. Sin embargo, esto no es cierto: la probabilidad de que el ATC cause la muerte de una persona por contaminación radiactiva es, sin duda, menor que la de que esa persona muera atropellada por un tractor agrícola. La importancia de las compensaciones no tiene nada que ver con la gravedad del riesgo real, sino con el riesgo imaginado, que es muy alto precisamente porque no se utiliza de forma adecuada la información científica relevante.

En segundo lugar, resulta impresentable la frivolidad con la que casi todas las fuerzas políticas han afrontado este proceso. Partidos que defienden la energía nuclear amenazan a sus ediles si participan en un concurso abierto que esos mismos partidos reclamaron que se pusiera en marcha. Presidentes de comunidad autónoma, relevantes personalidades del partido gobernante, que podrían alardear de estar contribuyendo a solventar un problema importante para toda España, aducen ahora cuotas de solidaridad territorial (solidaridad ¿frente a qué?) para escurrir el bulto.

Tenemos derecho a rechazar un ATC en nuestro patio trasero, pero por favor, que sea sin hipocresía, con buenas maneras, información adecuada y razones dignas.

Miguel Ángel Quintanilla Fisac. Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia.

La impugnación por el presidente del Gobierno del decreto-ley valenciano sobre el Cabanyal debería ser suficiente para evitar que se produzcan nuevos derribos en ese barrio. Por un lado, la impugnación, con invocación expresa del art. 161.2 de la Constitución (CE), provocará la suspensión automática de la disposición autonómica, con lo que esta no se podrá invocar para avalar futuras actuaciones para la destrucción del barrio. Por otro lado, si bien el Tribunal Constitucional (TC) puede levantar la suspensión, no parece que esto vaya a ocurrir si aplica su propia doctrina. En el ATC 336/2005, de 15 de septiembre –mencionado por el Consejo de Estado en su Dictamen 60/2010– el TC apreciaba, para mantener la suspensión de una disposición autonómica impugnada, “un perjuicio actual y directo al interés general que resultaría del bloqueo de las competencias estatales”.

Es justamente el bloqueo de las competencias estatales para la defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación (art. 149.1.28ª CE) lo que pretende el decreto-ley. De título involuntariamente irónico (“de medidas de protección y revitalización del conjunto histórico de la ciudad de Valencia”), el Decreto-Ley 1/2010, de 7 de enero, del Consell, está orientado a impedir la aplicación de la Orden CUL/3631/2009, de 29 de diciembre, por la que se resuelve el procedimiento por expoliación del conjunto histórico del Cabanyal. Esa orientación es manifiesta en su art. 3 cuando, al habilitar los actos de ejecución (léase “derribo”), especifica: “Sin que tales actos de ejecución puedan verse menoscabados de cualquier modo por los actos o acuerdos de otras Administraciones Públicas”.

Si la suspensión de los derribos parece asegurada hasta que el TC se pronuncie sobre el fondo, también parece claro que, en el conflicto jurídico planteado, es al Estado a quien le asiste la razón, toda vez que los pronunciamientos judiciales realizados hasta ahora se han mantenido en los términos de un juicio de legalidad ordinaria y lo que ahora se está discutiendo es si el Estado puede hacer valer sus competencias constitucionales para evitar la expoliación del patrimonio cultural. A esta cuestión central se unen otras deficiencias formales del decreto-ley como la de inexistencia de extraordinaria y urgente necesidad (art. 44.4 del Estatuto de la Comunidad Valenciana). Sin embargo, lo que tiene mayor relevancia es la indubitada competencia estatal y el hecho de que el Consell, en lugar de impugnar la Orden del Ministerio de Cultura, que es lo que debía de haber hecho si no estaba de acuerdo con su contenido, ha procedido, de manera ilegítima, a intentar impedir su aplicación por medio de este peculiar decreto-ley.

¿Debería tranquilizar todo esto a las personas que se han manifestado en contra de los derribos? Claramente no: el destino del Cabanyal sigue estando en peligro porque hay intereses muy poderosos que van a permanecer siempre activos. A medio y largo plazo, la movilización ciudadana es la única esperanza de salvación del barrio.

Francisco Balaguer Callejón. Catedrático de Derecho Constitucional.