Reggio’s

EDITORIAL

La tasa CO₂ a los aviones y el bloqueo polaco amenazan la política medioambiental de la UE

La política medioambiental de la Unión Europea está contra las cuerdas. Tradicional adalid de la lucha contra el cambio climático, el club europeo se ha topado con resistencias internas de momento insoslayables y con una guerra comercial que ya está amenazando a su más exitoso proyecto industrial que es Airbus. El pasado 1 de enero entró en vigor la tasa CO₂, que los aviones que despeguen o aterricen en suelo europeo deben pagar como derechos de emisión. Tal exigencia ha soliviantado no solo a las aerolíneas —tanto europeas como no comunitarias—, sino también a los Gobiernos. Pekín ha prohibido a sus compañías que satisfagan tal impuesto y ha dejado en suspenso el pedido a Airbus de 45 aeronaves por valor de 12.000 millones de dólares.

Esta grave guerra comercial llega en un momento delicado para las finanzas del continente, lo que puede funcionar como palanca ideal para lograr el apoyo de los líderes políticos, duramente presionados por el sector aeronáutico para renunciar a la nueva tasa. La industria alega que su pago socava su competitividad (en caso de elevar el precio de los pasajes) y deteriora su también difícil situación financiera. Esta, sin embargo, no afecta a todas las compañías por igual. Lufthansa ha anunciado unas pérdidas el año pasado de 13 millones de euros frente los beneficios de 1.130 millones en 2010, pero IAG (Iberia-British Airways) elevó sus beneficios hasta los 555 millones en 2011. El pago de la tasa le supondría a Iberia, según cálculos propios, una pequeña parte: unos 20 millones al año.

En este contexto se ha producido el bloqueo por parte de Polonia de los planes de la UE de suscribir un nuevo acuerdo ambiental: la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero —de entre los cuales el CO₂ es el más importante— en un 80% en 2050 con respecto a 1990. Varsovia sostiene que su electricidad procede en más de un 90% del carbón, lo que ilustra cabalmente las dificultades de adaptarse a esa economía verde que ofrece evidentes beneficios a largo plazo, pero exige sacrificios en el corto. Son dificultades doblemente preocupantes tras los fracasos de las últimas cumbres mundiales de cambio climático por cuanto se producen en el seno de la UE, el único bloque internacional dispuesto a pelear por un nuevo acuerdo que sustituya al de Kioto, ya caducado, para intentar luchar contra el calentamiento global.

TRIBUNA

El mundo del agua urbana es una burbuja que puede explotar en un futuro más o menos próximo

Un pacto del agua es el objetivo que nos anuncia el ministro Arias Cañete y que, vistos los despropósitos habidos en anteriores legislaturas, es más que oportuno. Presididas por políticas de oferta, se apostó por aumentar la disponibilidad de agua en las zonas presuntamente deficitarias del sureste de España. Coincidían en el fondo aunque no en la forma. Y en un movimiento pendular de libro, se pasó de proponer un trasvase de 1.000 kilómetros de longitud, el del Ebro, a inundar el litoral mediterráneo de desaladoras. Comentándolo con una de las personas que más se opuso al trasvase, acérrimo defensor de las desaladoras después, me espetó: “A un drogadicto no se le puede suprimir bruscamente la metadona”. Y al insistirle en que convenía más fomentar políticas de eficiencia, parodiando el famoso soneto de Lope —mañana le abriremos—, me respondió que eso quedaba “para más adelante”.

La legislatura que derogó el trasvase la presidió la demagogia y la crispación. Y hubo suerte porque cuando más arreciaba el temporal y los primeros barcos de agua llegaban, ridículo internacional incluido, al puerto de Barcelona, comenzó a llover abundantemente. Fue el inicio de la actual tregua hídrica. Y se comprende. Con la que está cayendo no quedan ganas de meterse en más berenjenales.

Pero claro, la política del agua es como el Guadiana. Aparece y desaparece al compás de la climatología. Y como ahora un nuevo ciclo seco nos amenaza, el asunto gana actualidad. Y la que ganará si sigue sin llover en abundancia. Unos volverán a reivindicar la propiedad de los ríos que discurren por su comunidad, mientras otros invocarán el valor esencial de la solidaridad entre territorios. Pero todos, en un proceder que me recuerda el mote de un antiguo profesor (por enseñarlo todo menos lo fundamental le apodaron el bikini), ignorarán lo que de verdad importa, gestionar eficientemente el recurso. Del mismo modo, una política que ignora lo esencial puede merecer ese mote.

Al fin y a la postre son políticas bikini las que han propiciado la crisis actual. Han sobrado fastos y ha faltado ver la gravedad de la situación que, de haberse atajado a tiempo, no tendría estas dimensiones. Tan graves son que España y el resto de PIGS europeos han perdido su independencia. Bailan al compás que marcan mercados y agencias de calificación de riesgo. Por el enorme déficit tarifario, si no se actúa, algo parecido le ocurrirá al ciclo urbano del agua. Y con idénticos compañeros de viaje.

De acuerdo con la International Water Association (IWA), el agua más cara del mundo es la de Copenhague, aunque allí llueva mucho y se riegue poco. Por 200 m³ de agua, el gasto anual, una familia paga 765 dólares norteamericanos. En Milán, la ciudad más barata, la misma cantidad sólo cuesta el 4%, 33 dólares norteamericanos. Y como no podía ser de otro modo, España está más cerca del sur que del norte. Algo más de 200 dólares norteamericanos es lo que, en media, se paga por el mismo volumen en las cinco ciudades españolas que incluye la muestra de la IWA. Sin embargo, qué curioso, la energía eléctrica es más cara en España (0,142 €/kwh) que en Dinamarca (0,116 €/kwh).

Tamaña contradicción es fácil de justificar. Mientras la energía eléctrica recupera todos los costes (está al caer una nueva subida para compensar el déficit tarifario), los países del sur de Europa siempre han subsidiado las grandes infraestructuras hídricas. Desde Bruselas, Madrid o la capital autonómica correspondiente. Y claro, el recibo no incluye los costes de amortización. Y mucho menos los ambientales, que en Copenhague ascienden a 0,84 €/m³, casi el precio total del agua en España. Tampoco existe inquietud alguna por dar al agua de grifo la máxima calidad. No es, pues, casualidad que el consumo de agua embotellada en Copenhague esté entre los más bajos del mundo (11 litros por persona y año) mientras Italia registra el más elevado (200 litros por persona y año). Con España —que también ignora las ventajas ambientales y económicas del agua de grifo frente a la embotellada— pisándole los talones.

El mundo del agua urbana es, pues, una burbuja hídrica que puede explotar en un futuro más o menos próximo. Dependerá de la evolución temporal de la próxima sequía o del aumento de la contaminación que traerá la falta de renovación de las depuradoras. Como los recibos que pagan los abonados impiden reponerlas, como las ayudas europeas que las financian agonizan y como, en fin, las arcas de las Administraciones están exhaustas, en cualquier momento puede llegar el colapso. Porque muerto el subsidio, con las actuales tarifas es imposible renovar un patrimonio formidable que supera los 100.000 millones de euros sólo en tuberías enterradas en las ciudades. Por ello el déficit tarifario eléctrico, comparado con el hídrico, es una menudencia. Y aún hay más. Porque, en un ejercicio entre desesperado e irresponsable, algunos Ayuntamientos alivian sus penurias descapitalizando, aún más, estos servicios. No son pocos los que desvían el dinero del agua a otros fines en una clara violación de la Directiva Marco del Agua que, desde 2010, exige recuperar todos los costes y reinvertirlos en mejorar el servicio. ¡Cuánta falta hace un regulador que ordene tanto desorden!

Asistimos a profundas reformas, todas dolorosas. Del mercado laboral, del financiero, del sanitario o del Estado de las autonomías. Todo se revisa porque todo es insostenible. Y, ante la presión de Bruselas y de los mercados, con prisas. Con demasiadas prisas. No somos dueños de nuestras decisiones porque se ha actuado a la fuerza, cuando no se podía esperar más. Y sin embargo, todos los sectores en revisión son, comparados con el ancestral mundo del agua, muy jóvenes. ¡Cómo, pues, no va a necesitar una adecuación a los tiempos que corren un mundo anclado en el pasado! Pero claro, si una vez más se olvida que prevenir es mejor que curar, de nuevo nos sonrojarán y de nuevo estaremos a merced de las circunstancias. Y no nos conviene olvidar que el agua es mucho más importante que la electricidad. La humanidad ha vivido muchos siglos sin lo segundo. Jamás sin lo primero.

Felicitémonos, pues, de la intención del ministro y deseémosle la mejor fortuna en el empeño. Es evidente que reformar un mundo tan complejo solo es posible con un pacto que aleje el agua de la arena política y de la demagogia territorial. Un pacto que, olvidando intereses creados y disputas pasadas, parta de cero, incorpore los últimos avances científicos y, desde el sentido común, priorice la sostenibilidad y la eficiencia. Un pacto que apueste por un modelo frugal, que erradique excesos que, pronto o tarde, hay que pagar. Y que se ocupe de lo fundamental. De lo que de verdad interesa a los ciudadanos. A los actuales y, sobre todo, a los venideros. Un pacto que hoy, Día Mundial del Agua, debiera comenzar a cobrar cuerpo. El lema de este año, Agua y seguridad alimentaria, subraya lo que el más preciado recurso natural significa para el hombre. No tentemos más la suerte y, con Einstein, recordemos lo positivo del momento: “La crisis, porque solo ella es capaz de traer el verdadero progreso, es la mayor bendición que les puede suceder a personas y países”. Lo negativo, sin embargo, no es menester recordarlo. Por desgracia todos, en cada momento y lugar, lo sufrimos. No lo empeoremos más.

Enrique Cabrera es catedrático de Mecánica de Fluidos en la Universidad Politécnica de Valencia.

Cerca de cumplirse los 20 años desde que fuera instituido por las Naciones Unidas, el Día Mundial del Agua, que hoy celebramos, nació para remarcar lo esencial que resulta para la vida y desarrollo de todos los seres vivos este recurso natural tan escaso y preciado, e incidir en la necesidad de su uso responsable y sostenible. Propósitos de obligado cumplimiento una vez que la población mundial ya supera los 7.000 millones de personas y se estima que alcanzará los 9.000 millones en 2050, si no antes.

Las necesidades de suministro de agua en cantidad suficiente y buenas condiciones para semejante escenario demográfico tienen que compatibilizarse, además, con el respeto al medio ambiente y al conjunto de factores que mantienen el equilibrio natural del planeta. Por tanto, no sorprende que el lema de este año haga alusión a los aspectos en torno a Agua y seguridad alimentaria, pues la humanidad se enfrenta en las próximas décadas al desafío de poder alimentar con plenas garantías a esa población creciente partiendo de un recurso finito como es el agua potable, que es solo el 2% de toda la disponible en la naturaleza.

La Comunidad Autónoma de Murcia, a causa del déficit hídrico estructural que afecta a la cuenca del Segura, es depositaria de una sabia tradición milenaria, de un rico legado forjado durante siglos a base de experiencia, trabajo y mucha dedicación, que permite extraer el máximo rendimiento de ese tesoro natural que representa cada gota de agua.

El sureste español ocupa un lugar preferente a nivel europeo y mundial en cuanto a la adecuada gestión y reutilización de los caudales hídricos. Nadie tiene que verse perjudicado a la hora de buscar una solución definitiva Así lo atestigua la reciente concesión del prestigioso Premio Acueducto de Segovia, con el que el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de España ha galardonado al sistema general de regeneración y reutilización de las aguas residuales urbanas en la Región de Murcia. Infraestructura que a su condición de obra hidráulica de gran calado une su función a favor del medio ambiente, y que ha permitido la plena recuperación del río Segura, caracterizado hasta entonces por altos niveles de contaminación.

Esta actuación promovida por la Comunidad Autónoma de Murcia, en cuya ejecución han participado durante nueve años 240 ingenieros de Caminos y 108 empresas, ha hecho de nuestro más emblemático cauce fluvial uno de los más limpios de España.

Se culmina así el proceso que ha situado a la Región de Murcia como un ejemplo mundial en materia de reutilización de agua, con el 100% de la población conectada a depuradoras y redes de saneamiento, lo que ha permitido generar más de 100 hectómetros cúbicos anuales destinados a la sostenibilidad ambiental de nuestros cauces y su reutilización en regadíos.

Nuestros agricultores conocen muy bien el significado del lema escogido este año por la ONU, Agua y seguridad alimentaria, pues es a ellos, y a su esfuerzo por obtener los mejores productos que puedan competir con las altas exigencias que marcan los mercados, a quienes debemos una agricultura tan avanzada como la murciana, que llena las mesas y despensas de España y de Europa con alimentos de la máxima calidad.

La escasez de agua y una alta eficiencia en su gestión son los dos factores que tradicionalmente han definido la política hídrica de la región de Murcia y que podrían extrapolarse, en tiempos recientes, a zonas de Europa donde asistimos con preocupación a fenómenos similares, hasta ahora desconocidos. Situación que exige la aprobación con urgencia de una nueva directiva-marco del agua para todos los Estados de la Unión Europea, que incluya medidas eficaces que garanticen el suministro a todos los ciudadanos de Europa a partir de la solidaridad entre cuencas, la sostenibilidad, depuración y reutilización de los recursos hídricos.

Esos mismos criterios que demandamos para Europa han de ser los que inspiren el Plan Nacional del Agua, con el que el Gobierno central solucione definitivamente un problema que, secularmente, afecta de manera muy grave a determinados territorios de España.

Un gran acuerdo nacional en cuya elaboración se escuche a todas las partes implicadas, desde las comunidades autónomas a los regantes y científicos, y se respeten todos los argumentos para, sin que nadie resulte perjudicado y todos salgamos beneficiados, podamos conformar, de manera solidaria y efectiva, la solución definitiva a una cuestión tan decisiva para el presente y futuro de todos los españoles.

Ramón Luis Valcárcel Siso es presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia.

OTRAS VOCES: ANIVERSARIO DE FUKUSHIMA

El terremoto de Fukushima me pilló en Bangkok, con un coche a la puerta para ir a Pattaya. Antes de salir consulté elmundo.es y supe del cataclismo. Mi mujer estaba en Kioto y yo tenía que reunirme con ella tres días después. Puse la tele y, mirándola de reojo, escribí a porta gayola una primera crónica, que lo fue de oídas y de leídas, no de vividas.

¡Extraña coincidencia! Escribo esto el día del primer aniversario del terremoto en un hotel de Phnom Penh. En cuanto lo termine saldré en coche hacia Pattaya.

Quise cambiar el billete. No fue posible. Me resigné. En la ciudad mencionada, durante setenta y dos horas de tensión, frente por frente de un mar en inquietante calma, seguí buceando en internet, mirando la tele y escribiendo crónicas.

Aterricé, por fin, en Osaka, me detuve un par de días en Kioto y al tercero subí a Tokio. Mi mujer me dijo que estaba loco, se enfadó, me llevó en coche a la estación y se negó a besarme.

Llegué dos horas después a mi punto de destino. En él no pasaba nada relevante, aunque todo transcurría al ralentí. Menos gente en las calles y casi ninguna, ya de noche, en los barrios de frufrú. Los gaiyin se habían largado, pero los japoneses seguían en sus puestos y la vida seguía como si tal cosa. Nada de particular habría percibido un viajero que llegase ese día a la ciudad sin saber lo que a no muchos kilómetros de ella había sucedido.

De todo ello seguí dando cuenta, junto a David Jiménez, en este mismo periódico. Nuestros colegas, con pocas excepciones, también habían puesto pies en polvorosa, lo que no fue óbice para que siguieran informando. ¿Era eso información?

Ni quedaba ni queda.

El Día de Difuntos, no sé si por casualidad o a impulsos del subconsciente, viajé de nuevo a Tokio y permanecí en esa ciudad hasta mediados de noviembre. Me impresionó la recuperación económica que se palpaba en sus calles. Todo volvía a estar lleno de gente cargada de bolsas que parecían el cuerno de la abundancia. No cabía un alfiler en ninguna parte. Los escaparates centelleaban. Millones de muchachas vestidas como si fueran a un desfile de modelos alegraban las calles, los pasillos de los grandes almacenes y los lugares de chicoleo. Había más frufrú que nunca en los barrios que habían apagado sus luces en los días que siguieron al terremoto.

Resumiendo: el consumo, pieza básica en la prosperidad del país más consumista de la tierra, volvía por sus fueros.

Pensé, una vez más, que allí, fuera de Fukushima, en apariencia, no había pasado nada.

En apariencia, digo, porque hablé con mucha gente en esas seis semanas del otoño y llegué a la conclusión de que no cabía confundir la recuperación económica a la que antes he aludido con la psicológica. Algo había cambiado, quizá para siempre, en el ánimo de los japoneses, en su carácter, en su filosofía, en su manera de evocar el pasado, vivir el presente y encarar el futuro.

Ese algo era sutil, etéreo, transparente. No se percibía con facilidad. Contaba yo, para salvar ese obstáculo, con alguien -mi mujer- que minuto a minuto me iba traduciendo lo que mis interlocutores decían.

Los japoneses, ya se sabe, consideran de mala educación -peor aún: es una falta de respeto al prójimo- manifestar sus sentimientos, así sean éstos de alegría. Tanto más cuando lo son de pesadumbre.

Pero también, si se les tira de la lengua, son parlanchines. Y así, hurga que te hurga, forzando el proverbial hermetismo de su raza, fui dándome cuenta de que los japoneses -no todos, por supuesto- han perdido la confianza en el futuro de la sociedad que con asombroso tesón y audacia levantaron sobre las cenizas de la derrota bélica y entre los restos del naufragio de sus más arraigadas tradiciones y singulares convicciones.

Vivían hasta ahora en un mundo aparentemente feliz, en una burbuja freixenet, en un pulmón artificial, en un centro de cuidados intensivos, en una megalópolis de rascacielos morales, y no sólo arquitectónicos, a prueba de seísmos.

Esa disneylandia, esa utopía, esa isla de Nunca Jamás, ese jardín del Edén, ese futuro, se ha venido abajo. El tsunami de Fukushima no sólo devastó el litoral de las sendas de Oku que, haiku a haiku, recorriese Basho, sino también las conciencias, acunadas y adormecidas por la molicie de los años de bienestar, de quienes creían, como su cuasi paisano Fukuyama, que la historia, en Japón, había terminado debido al advenimiento de la Edad de Oro.

Es sólo un detalle, pero… He podido comprobar, hablando con las gentes de a pie (el peluquero de mi mujer, por ejemplo, y el chico de los recados que en su motocicleta me traía sushi), que radio macuto propala ahora en Japón toda suerte de bulos relativos a las amenazas que se ciernen sobre el país y que de un momento a otro lo pondrán en jaque.

Los japoneses, por extraño que parezca en una sociedad de tecnología tan avanzada como la suya, son muy supersticiosos. Basta con pasear al anochecer por Ginza, que es la Quinta Avenida de Tokio y el cesto de muchas Grandes Manzanas, para comprobarlo. Videntes y echadoras de cartas, sentadas en minúsculos tenderetes de incierta y rojiza luz, y acurrucadas contra las paredes de las moles de hormigón, atienden en susurros a las personas que frente a ellas, en fila india, esperan turno.

Las especies difundidas en la Red de leyendas urbanas a la que antes me he referido son dignas de Nostradamus y carecen de fundamento, pero escenifican la zozobra que encrespa el mar interior de los japoneses.

Es lógico que así sea. Tres bombas atómicas -la de Fukushima, arrojada por madre natura, también lo ha sido- no caen en vano, y menos aún si lo hacen cuando el recuerdo del horror de las dos primeras, tan cercanas en la geografía y en el tiempo, no se ha desvanecido. A Japón, y sólo a él, le ha tocado esa china. Verdad es que ningún otro pueblo sobrelleva las calamidades con la entereza, la dignidad y la voluntad de resurrección con la que él lo hace, pero aun así…

Lo peor, además, podría estar por venir. No son infundios alarmistas de radio macuto, sino severas previsiones de sismólogos, las que anuncian la elevada probabilidad de que en el próximo lustro otro terremoto de fuerza similar o superior al de Fukushima sacuda toda la zona metropolitana de Tokio, su alfoz y el litoral que desde la antigua Edo llega hasta la ciudad costera de Shizuoka, al pie del Monte Fuji, en la que tiene su sede, para que en ese escenario apocalíptico no falte de nada, una de las primeras centrales nucleares que se construyeron en el país.

¿De dónde saldrá entonces el flujo de megavatios que el colosalismo industrial del país necesita para que sus motores no se apaguen poniendo fin con ello al sueño de comodidad y prosperidad concebido por quienes hace medio siglo lo apostaron todo a ese tipo de energía?

¿Nucleares sí? ¿Nucleares no? That is the question y el principal dilema que antes de que cante el gallo de una posible crucifixión sísmica deben resolver, así sea con la espada con la que Alejandro cortó el nudo gordiano, los habitantes del país del Sol Naciente, que podría derivar, si el Fuji estalla, a Sol Poniente.

No es, por desgracia, hipérbole. Habría que evacuar, caso de que ese futurible dejara de serlo, a más de treinta millones de personas. ¿Cabría hacerlo?

¡Ojalá nunca ponga Amaterasu en semejante brete a sus amados súbditos!

Pero el anverso de la desesperación tiene siempre un reverso de esperanza. Si Japón renuncia a la energía nuclear, no tendrá más remedio que deponer la idolatría del American way of life que desde la llegada de MacArthur hizo suya y reactivar las tradiciones de armonía, respeto, calma y pureza (esos son los ideogramas -wa, kei, yaku, sei- de la ceremonia del té) que el zen propagó, Basho cantó, el bushido codificó y Mishima, en vano, intentó rescatar.

Que así sea.

Fernando Sánchez Dragó es escritor y columnista de EL MUNDO.

El anuncio del Gobierno de relajar la Ley de Costas es una pésima noticia medioambiental

El Gobierno ha anunciado su intención de reformar la Ley de Costas y los primeros mensajes emitidos hacen temer una peligrosa relajación en los mecanismos que esa norma estableció para frenar los desmanes urbanísticos en el litoral español. Aquella Ley de 1988 fijó la obligación de delimitar las zonas consideradas de dominio público, prohibió la construcción en las mismas y permitió la existencia de edificaciones previas como concesiones estatales durante un plazo de 30 años (prorrogables hasta 60) antes de acabar con ellas.

El titular de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, aludió en una de sus primeras comparecencias como ministro a la necesidad de compatibilizar la norma con el desarrollo económico y anunció el alargamiento de las concesiones. En las siguientes semanas, su departamento ha desgranado otras razones. Un reciente informe ministerial habla de la arbitrariedad con la que se ha hecho el trazado de los deslindes (delimitación de zonas públicas) durante estos años y de la “inseguridad jurídica” que ha generado en propietarios de construcciones que eran legales antes de 1988.

La Ley de Costas nació con la vocación de poner freno al urbanismo desaforado que ha devastado el litoral, invadiendo sin piedad playas, dunas y marjales. Las dificultades para aplicarla han sido enormes, hasta el punto de producir una división interna en el PSOE, partido que la impulsó. Se ha deslindado el 95% de la costa y se han afrontado los pleitos de los afectados, ganados en su mayoría por la Administración, así como un recurso ante el Constitucional, que avaló la ley.

No es casualidad que el PP dejara intacta una norma legal que no le gustaba durante su primera etapa en el poder (1996-2004) y que, sin embargo, arremeta ahora contra ella. Dentro de seis años, en 2018, caducan muchas de las concesiones y, en consecuencia, el Gobierno de turno debería gestionar el desalojo de cientos de propiedades. La intención del partido gobernante de echar marcha atrás no es una buena noticia y no solo para el medio ambiente. A corto plazo puede reportar ventajas económicas, pero el deterioro del litoral español también es una seria amenaza para la industria turística a largo plazo. Reformar la norma será la tabla de salvación de muchos negocios privados que ocupan suelo público, pero generará más inseguridad jurídica al perjudicar injustamente a los que ya cumplieron con ella.

Con este proyecto, el Partido Popular demuestra una táctica cortoplacista y un escaso respeto hacia lo público. Arias Cañete no es el titular de Economía, sino de Medio Ambiente y como tal sería más esperable que se esmerara en una mejor aplicación de una ley que, lamentablemente y debido en ocasiones a la presión de las autoridades locales, ni siquiera ha logrado evitar nuevas construcciones en un litoral comido por el ladrillo.

En los últimos días se ha hablado mucho sobre la Ley de Costas. Desde el movimiento ecologista queremos manifestar nuestro apoyo a una ley que, a la vista de la situación actual, debería ser reforzada y no rebajada. La Ley de Costas es la mejor garantía para salir de esta crisis económica sin sacrificar el delgado tramo de nuestro territorio que proporciona innumerables servicios naturales, como por ejemplo la defensa contra los temporales, y que nos proporciona un 10% del PIB.

Sin embargo, desde que comenzó a aplicarse, la ley se ha enfrentado a poderosos detractores: aquellos que solo ven en la franja costera una gran parcela a urbanizar, o aquellos que han sido víctimas de la desidia y arbitrariedad con la que muchos Ayuntamientos, comunidades autónomas y las propias demarcaciones de costas han jugado a su antojo.

Con la entrada en vigor de la Ley de Costas, en 1988, se dio un paso muy importante en la conservación de los recursos naturales. La nueva ley establecía claros límites al proceso de desfiguración que desde la década de los cincuenta se había iniciado en la costa, haciendo patente el uso público de la costa para todos los ciudadanos. El servicio público del litoral aparece ya recogido en el artículo 132 de la Constitución española.

La Ley 22/1988 de Costas establecía un plazo de cinco años tras su entrada en vigor para completar el deslinde —la delimitación cartográfica— del Dominio Público Marítimo Terrestre. Sin embargo, transcurridos más de cuatro lustros, el proceso aún no se ha completado. Este dato es fundamental para entender por qué no se puede ahora poner en duda la ley, ya que supondría tirar por la borda el ingente trabajo de la Administración pública para delimitar más del 90% de los 8.000 kilómetros del litoral. Estos deslindes, además, están El respeto a los procesos ecológicos no es un freno. La Ley de Costas debe completarse ratificados por sentencias firmes del Tribunal Supremo, órgano que ha confirmado la legalidad de la actuación de la Administración a lo largo de sus 24 años.

Además, la Ley de Costas, en sus disposiciones transitorias, salvaguarda los derechos de quienes contaban con derechos legítimos, dando el nada desdeñable plazo de 30 años prorrogables otros 30 para buscar otra ubicación al gran número de industrias altamente contaminantes que se asientan en la costa. No existe, pues, inseguridad jurídica o limitación desproporcionada sino, más bien, garantías y soluciones equilibradas aceptadas por el Constitucional.

La reforma que ahora se anuncia no es el primer intento de descafeinar la protección de la costa. En 2002, el Gobierno de Aznar introdujo varios cambios en la ley —escondidos en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales— que fomentaban la ocupación más completa del litoral, llegando a autorizar construcciones a tan solo 20 metros del mar y favoreciendo los planes urbanísticos de los Ayuntamientos. Después, el Gobierno de Zapatero también modificó la norma a través de segundas como la Ley de Economía Sostenible. Y ahora, con el cambio de Gobierno, se anuncia una “profunda reforma”.

En lugar de perseguir a quienes se enriquecieron gracias a la corrupción y los desmanes urbanísticos, se deja entrever un escenario de continuidad que daría por bueno el beneficio privado y la búsqueda de soluciones a medida, dejando en segundo plano el provecho que nos reporta una costa al servicio de todos. El peligro con esta reforma es que se premie a quienes se guían por la especulación. Existen multitud de ejemplos, como el del famoso hotel ilegal de El Algarrobico, construido a menos de 20 metros de la costa.

Desde Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Seo/birdlife y WWF consideramos que la aplicación de la Ley de Costas tiene que ser estricta, sin rebajas, eliminando las construcciones ilegales y compensando a aquellos propietarios víctimas de la mala gestión administrativa (estudiando caso por caso). La mejor política que se debe ejecutar es favorecer la conservación del entorno. Un estudio del propio Ministerio de Medio Ambiente considera que la costa española puede producir hasta 7.745 millones de euros anuales si se mantiene un estado de conservación favorable. Para mejorar nuestra competitividad económica, sobre todo la turística, no hace falta modificar la ley, hay que gestionar de forma integral todos los usos en el litoral.

El respeto a los procesos ecológicos no es un freno al progreso, es el camino para salir de la crisis. Además, no se lo pueden permitir ni dunas ni albuferas ni calas. Pero tampoco se lo pueden permitir ni la industria turística ni las pesquerías artesanales, y mucho menos los pueblos costeros y sus paseos marítimos, que ven peligrar la seguridad ciudadana por la previsible subida del nivel del mar y las inundaciones y avenidas debido al cambio climático. En España se han destruido en 20 años el equivalente a ocho campos de fútbol al día en la costa. Y la situación en insostenible. Con la vista puesta en el futuro de este país, la reforma de la Ley de Costas sería el peor de los mensajes porque ya hemos aprendido que el ladrillo no es la solución.

Mario Rodríguez Vargas es director ejecutivo de Greenpeace. Francisco Segura Castro es coordinador de Ecologistas en Acción. Firman también este artículo las organizaciones Amigos de la Tierra, Seo/birdlife y WWF.

Me da más miedo el ministro Miguel Arias Cañete que la ola de frío siberiano de estos días”, decía un twitt de un joven geógrafo, que me parece del todo oportuno. El ministro anunció en el Congreso 66 medidas que, en materia de medioambiente, pretenden enmendar la totalidad de la legislatura ambiental. Por tierra, mar y aire, esto sería un resumen de lo que pretende cambiar: ley de costas, de calidad del aire, de la biodiversidad, las emisiones de CO², etc. Pero de todo ello lo más preocupante es el nuevo plan hidrológico del agua que quiere llevar a cabo porque es lo más peligroso en términos ambientales, sociales y territoriales.

Hagamos un poco de memoria. En 2001 se aprobó el Plan Hidrológico Nacional del Gobierno de Aznar, cuando Jaume Matas era ministro de Medio Ambiente. El principal objetivo era el trasvase del Ebro hacia tierras valencianas, se tenía que reforzar el modelo de crecimiento especulativo que abanderaba la Comunidad Valenciana. Y para ello se promulgaron leyes urbanísticas que favorecían la especulación inmobiliaria y la construcción masiva, con los resultados que ya sabemos y que ahora estamos pagando con creces. Pero con poner a disposición de los especuladores todo el suelo disponible no era suficiente, el modelo requería de agua y esta estaba en el Ebro. Fácil: la llevamos, y con ello engrosamos las cuentas de las empresas constructoras y presumimos de solidaridad entre territorios.

El revuelo que se armó fue considerable; manifestaciones masivas en muchas ciudades españolas, declaraciones en contra de expertos y académicos. Incluso Europa expresó su disgusto. El proyecto afectó a gobiernos locales y autonómicos, y muchos cambiaron de color. Sin embargo el PP, con su mayoría absoluta, hizo, en la campaña electoral de 2004, un amago de inauguración de los primeros movimientos de tierra del trasvase.

El trasvase de 2001 y las intenciones del ministro Cañete forman parte de una misma estrategia geopolítica que tiene como objetivo la especulación territorial. Ahondar en un modelo de desarrollo que es caduco, que sólo beneficia a unos pocos y empobrece a la mayoría. Antaño se concentraba en el Levante español, ahora tenemos que estar alerta de dónde ponen las rayas en el mapa.

Carme Miralles-Guasch. Profesora de Geografía Urbana.

Fue uno de esos incómodos momentos en los que te das cuenta de pronto de que estás en el sitio equivocado, que eres un palurdo de un lugar perdido en una ciudad sofisticada cuyas costumbres no acabas de entender.

Politico [conocida revista digital norteamericana] patrocinó la semana pasada un simposio de “Análisis del año en Washington” y me invitó a formar parte de los ponentes sobre energía. Así que aunque apenas había pasado tres semanas en Washington este año (y las noches más memorables transcurrieron en su pabellón central de prisión por protestar ante la Casa Blanca para bloquear el oleoducto Keystone XL), me encontré viajando hasta Vermont para compartir escenario con dos miembros de la Cámara de Representantes: Ed Markey (demócrata por Massachusetts) y Lee Terry (republicano por Nebraska).

Estaba un poco nervioso, pues Terry había presentado recientemente un proyecto de ley para forzar una rápida aprobación del oleoducto que invalidara al presidente. Pero hablamos por extenso bastante amablemente, mientras le explicaba en qué estaban equivocadas las cifras de puestos de trabajo que no dejaba de repetir. Markey señaló que el petróleo de las arenas alquitranadas canadienses que se transportaría a lo largo del oleoducto, lejos de incrementar la seguridad energética de los EE. UU. estaría destinado a venderse en el extranjero. Era todo armonía de la de “avenirse a diferir”.

Y entonces, de pasada, dije algo que me pareció tan evidente que ni siquiera se me ocurrió que alguien pudiera ponerle objeciones: que eran claramente los grandes intereses petrolíferos los que querían resucitar el oleoducto y que utilizaban a los congresistas a los que subvencionaban generosamente para que así sucediera.

Noté que, a mi lado, Terry se irritaba. Terció rapidamente con algo por el estilo de ¿está usted diciendo que estamos “comprados”? Y de repente me sentí mal, como si verdaderamente hubiese dicho algo incorrecto. Farfullé, intenté decir que no sabía nada de él en particular, que estaba seguro de que al final sería parte de la solución y demás. Pero el hielo quedó en el aire; pareció genuinamente lastimado por que alguien pudiera pensar que se le presentase alguna clase de conflicto.

¿Es realmente posible que la gente de Washington no comprenda lo que el resto del país — izquierda, derecha y centro — cree respecto a ellos: que aceptan dinero de grandes empresas para sus campañas a cambio de gestionar sus peticiones?

Me fui a casa y busqué el nombre de Terry en la base de datos de la Dirty Energy Money Campaign [Campaña sobre el Dinero de Energías Sucias], elaborada por Oil Change International. Koch Industries le había entregado 15.500 dólares, Exxon Mobil le había concedido 25.500 dólares, la Petroleum Marketers Association le había lanzado otros 12.500…Conoco Phillips, Chevron, BP: en total, desde 1999, había obtenido 365.798 dólares de la industria de combustibles fósiles, y en el último recuento, la página de la base de datos dejaba sentado que se “alineó” con los intereses de las energías sucias en el 100% de las votaciones escogidas”.

Lo mismo resulta cierto de todos los demás patrocinadores de la legislación que intenta desbaratar la revisión del Keystone y construirlo rápidamente, y al clima que le den. Entiendo que esta clase de corrupción es bipartidista y también que es enteramente legal, pero entiendo también que todo el mundo, y quiero decir todo el mundo, con que me he encontrado fuera de Washington piensa que huele a podrido. Quiero decir que allí sentado en el estrado me sentía maleducado pero aturdido. ¿Usted cree de verdad que es correcto? ¿Aceptar dinero de gente cuyos intereses tiene luego que juzgar?

No es muy distinto de ir a un partido de fútbol en el que uno de los equipos pagara a los árbitros.

Middlebury College es quien paga mi sueldo. A mi no se me ocurriría, digamos, actuar como juez en un concurso de becas académicas en el que participasen estudiantes de mi universidad. No confiaría en mi mismo a la hora de hacer lo correcto.

Luchar en los últimos meses contra este oleoducto me ha proporcionado una nueva percepción del Distrito de Columbia. Cuando la batalla se libra en campo abierto — cuando la gente oye a los científicos explicar que explotar a gran escala las arenas alquitranadas canadienses equivale a declarar que “en lo esencial no hay más que hacer” en lo referente al clima — tenemos la oportunidad de imponernos. Pero cuando la acción desaparece tras las puertas cerradas del Congreso, el dinero manda.

Esa es una razón por la que deberíamos contar con una financiación pública de las campañas o idear alguna otra forma de sacar al dinero de la política. Todo ese dinero conduce a malas decisiones políticas, impulsadas por intereses corporativos en vez de por el bien público. Pero hay otra razón que me sorprendió en ese estrado. El honor de estos hombres y mujeres está en juego; es injusto pedirles que se mantengan por encima de tentaciones que el resto de nosotros no podríamos vencer. No sólo soy yo, en cierto plano todos le debemos una disculpa a Terry y sus colegas. Al permitir este sistema, les hemos colocado en una situación imposible.

Soy consciente de que Washington considera normal esa imposible situación y mi postura, ingenua. Pero una encuesta de octubre demostraba que sólo el 9% de los norteamericanos daba su aprobación al Congreso (comparado con un 11% en junio que creen que la poligamia es una buena idea, y un inexplicable 16% que daba su aprobación a BP durante el vertido de petróleo de 2010). Es hora de rescatar a la institución, y el sitio evidente por el que empezar son los cambistas de los pasillos.

Bill McKibben es autor de una docena de libros, el último de los cuales aparecerá publicado con el título: Earth: Making a Life on a Tough New Planet (Times Books, abril de 2010). Ejerce como profesor en el Middlebury College, Vermont. Pueden hallarse archivos de audio en los que pone en evidencia a los negacionistas del cambio climático en: tomdispatch.com.

Traducción para www.sinpermiso.info: Lucas Antón

Tom Dispatch, 14 diciembre 2011

La reunión sobre cambio climático (COP17) en Durban concluyó con un resultado fatídico: ya no existe algo que se pueda llamar un régimen global sobre cambio climático. En esta conferencia se desmanteló lo que quedaba del Protocolo de Kioto. Ese tratado adolecía de muchos defectos, pero por lo menos consagraba el principio de obligaciones vinculantes para los países que más han contribuido a generar el problema del cambio climático. El PK expira el año entrante y no tenemos ya nada con qué remplazarlo.

A pesar de este saldo negativo, la prensa de negocios presenta las conclusiones de la COP17 como un triunfo de la diplomacia internacional. ¿Qué fue lo que pasó? En las primeras horas del domingo se llegó a un acuerdo para mantener las negociaciones abiertas con miras a alcanzar un tratado con metas firmes y vinculantes en 2015. Ese tratado entraría en vigor en 2020. Además, se acordó fortalecer el Fondo verde para el clima, una bolsa de recursos para cubrir los costos de adaptación y reducción de emisiones de los países pobres. Nada de esto representa necesariamente buenas noticias.

Para empezar, la idea de negociar un tratado con compromisos vinculantes para 2015 representa un atraso extraordinario en el tema del cambio climático. Los científicos ya nos han alertado sobre la necesidad de estabilizar la acumulación de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera. Casi existe un consenso entre los científicos sobre la necesidad de mantener un nivel de 350 partes por millón de CO2. Alcanzar ese nivel lo antes posible es considerado necesario para mantener el cambio climático global en el rango de hasta dos grados centígrados. Ya de por sí ese aumento de temperatura tendrá serias consecuencias para la agricultura mundial (en especial en los países pobres), eventos meteorológicos extremos más frecuentes, elevación en el nivel de los océanos, sequías e inundaciones más severas, deshielo de glaciares, etc.). Pero parece que permitiría evitar una catástrofe aún mayor.

Lo realmente grave es que en 2010 se alcanzó el nivel de 389 ppm y un regreso a las 350 ppm se antoja casi imposible en las condiciones actuales. Es decir, para cuando comenzó la reunión de Durban ya era tarde.

Eso no es todo. Estados Unidos, con su habitual arrogancia, ha anunciado que una de las características claves del nuevo acuerdo (para 2015) será la verificación. Aquí no se trataría de llegar a acuerdos como el de Kioto, donde el inventario nacional de emisiones de cada país era tomado como un documento fidedigno sobre la generación de gases de efecto invernadero. Nada de eso. Para Estados Unidos el nuevo acuerdo tendrá que tener un régimen de verificación para evitar que algunos países hagan trampas. Por supuesto, la arquitectura de ese sistema de verificaciones será algo complicada. Pero además, habrá que ver cómo reciben esta noticia países como Brasil, China e India, que el nuevo acuerdo buscaría incorporar. Esas negociaciones se van a poner muy difíciles. Quizás eso es precisamente lo que busca Washington.

Sobre el Fondo verde para el clima hay que decir que los 100 mil millones de dólares que contempla ese fondo serán brutalmente insuficientes para hacer frente a las necesidades de los países subdesarrollados. Pero, más allá de eso, esa cifra ni siquiera ha sido depositada o entregada. Por el momento todavía se trata de promesas. Para información detallada véase www.climatefundsupdate.org.

Por otra parte, buena parte de las negociaciones en Durban, y del acuerdo final, tienen que ver con la administración de esos recursos. Estados Unidos insistió durante la mayor parte de la conferencia que el fondo debería ser manejado por el GEF en el Banco Mundial. Esa fue una maniobra de negociación para buscar concesiones sobre otros aspectos del acuerdo. Al final se aceptó que el manejo del fondo estaría bajo una oficina en el marco de la Convención marco sobre cambio climático de las Naciones Unidas. Pero en el nuevo acuerdo de 2015 todo puede cambiar.

Como tiro de gracia, Canadá anunció un día después de la COP17 que se retiraba unilateralmente del Protocolo de Kioto. Su proyecto para explotar las arenas bituminosas de Alberta ya no tiene ningún obstáculo. Muy malas noticias en materia de cambio climático y testimonio de un colosal fracaso alrededor de la Convención marco sobre cambio climático.

Para los países más pobres del planeta, y en especial para África, el resultado de la COP17 es un insulto. Es testimonio de la arrogancia y cinismo de los países poderosos. A la codicia de Estados Unidos y Europa en África, ahora hay que sumar la de China y hasta Brasil, que ya implantan nuevos mecanismos de dominación y de saqueo de recursos. A la violencia asociada a estas incursiones, ahora hay que añadir la del cambio climático. África es el continente que más va a sufrir por el aumento de la temperatura global. La trágica ironía es que aquí es donde se terminó de hundir el régimen global sobre cambio climático.

Alejandro Nadal es miembro del Consejo Editorial de SinPermiso.

La Jornada, 14 diciembre 2011

Apesar de la que está cayendo, el precio del barril de Brent se resiste a bajar de los 100 dólares e incluso se permite flirteos con los 110-115 dólares. Unos guarismos que a finales del 2011 llevarán a España a situarse cerca del récord de déficit comercial por importaciones de productos energéticos, alcanzado en el 2008, en torno a los 42.668 millones de euros. De enero a septiembre de este año dicho déficit era ya de 31.147,7 millones, un 22,5% más que durante el mismo periodo del año anterior y cerca de un 88% de todo el déficit comercial de nuestro país. El aumento de los precios ha superado ampliamente el efecto del descenso del consumo ligado a la coyuntura de crisis y lo malo es que las perspectivas no son nada halagüeñas.

Así lo sugiere la Agencia Internacional de la Energía (AIE) en su último informe sobre el panorama energético global (World Energy Outlook 2011), en el que considera tres escenarios sobre la evolución de la demanda mundial. El primero, denominado de Políticas Actuales, proyecta adónde nos conduce la rutina actual y prevé un aumento del consumo global de petróleo durante el periodo 2009-2035 de 20,4 millones de barriles diarios (mbd). El segundo, llamado de Nuevas Políticas, asume que todos los compromisos y planes anunciados por los gobiernos en lo relativo a la reducción de gases de efecto invernadero y a la eliminación de subsidios a los combustibles fósiles acabarán cumpliéndose, de manera que la demanda mundial entre el 2009 y el 2035 aumentaría en 12,7 mbd (cerca de un 38% menos que en el escenario anterior). El tercero se denomina 450 porque presupone que se adoptarán drásticas medidas para limitar a 450 partes por millón equivalentes de CO la concentración 2 de gases de efecto invernadero, lo que posibilitaría, con un 50% de probabilidad, que la temperatura media del planeta no aumentara en más de dos grados. En este escenario, la demanda global crecería durante el periodo 2009-2020 en 1,4 mbd, de los 86,7 a los 88,1 mbd, para después caer hasta 78,3 mbd en el 2035.

Sólo en el caso de que el mundo se ajuste a las previsiones del escenario 450, moderando su consumo en los próximos años, para después, a partir del 2020, reducirlo de forma drástica, podemos esperar que el precio medio del barril de petróleo importado por los países de la OCDE se estabilice en torno a los 97 dólares. En los otros dos escenarios, el barril aumentaría progresivamente de precio hasta alcanzar en el 2035 los 120 dólares en el escenario de Nuevas Políticas y los 140 en el de Políticas Actuales. Claro que todos estos valores están expresados en términos reales (dólares del 2010). Porque en términos nominales (sin descontar la inflación), en el 2035 estaríamos hablando de 171, 212 y 247 dólares, respectivamente. ¿A qué esperamos para cambiar de rumbo?

Mariano Marzo Carpio es catedrático de Recursos Energéticos en la Facultad de Geología de la Universidad de Barcelona.

Hoy día existe una norma profundamente arraigada en nuestras mentes y hábitos: trabajar de forma remunerada a tiempo completo. Por qué negarlo, la jornada completa, agitada frenéticamente como señuelo aún más en tiempos de crisis y de desempleo brutal, supondría para las masas trabajadoras la plena integración social así como un poder adquisitivo a la altura de sus hipotecas bancarias y de la avidez promocionada por la obsolescencia programada y la publicidad. De hecho, según la Encuesta de Población Activa, la mayoría de las personas que trabajan a tiempo parcial afirma que su situación laboral de media jornada no se debe a su propia elección, sino a las necesidades de la empresa o a la situación laboral general del país.

Es cierto que el discurso dominante de las élites políticas y económicas ha allanado el camino. A la conquista del poder en 2007, el presidente francés Nicolás Sarkozy proclamaba que era prioritario “trabajar más para ganar más”. Mientras tanto, Mariano Rajoy no quiso parecer menos en su carrera a la Moncloa y, en una entrevista en marzo pasado al periódico El Correo, inauguró un desacomplejado “trabajar más y ganar menos”. La crisis económica terminó de asentar esta idea: Portugal, una de las dianas favoritas de los mercados y de las políticas de austeridad, ha decidido aumentar en media hora al día la jornada laboral en su sector privado. Para alimentar el crecimiento económico continuo y la promesa del pleno empleo, no quedan dudas ni alternativas ante la recesión: trabajar más (y consumir más) es un deber patriótico de la ciudadanía moderna.

Sin embargo, ¿saben los exegetas de la economía del crecimiento infinito que para mantener el nivel de producción y consumo anual tan solo se requiere que las personas activas dediquen al trabajo remunerado en torno a 25 horas de media a la semana? ¿Les importan las desigualdades ante el empleo que hacen que en España más de un 21% de personas estén desempleadas, un 13% trabaje a tiempo parcial y un 66% a tiempo completo (sin hablar de las millones de personas trabajadoras pobres y precarias)? ¿Saben que, sumando su trabajo remunerado y no remunerado, las mujeres trabajan diariamente casi una hora más que los hombres? ¿Saben que España agotó su capital ecológico del año apenas llegado el 19 de abril (es decir, que este día su huella ecológica ya superaba su biocapacidad)? ¿Han pensado que si el 100% de la población activa trabajara a jornada completa en el modelo socio-económico actual, nuestro país produciría un 33% más, lo cual ni nos dejaría empezar el año siguiente con algún superávit ecológico?

Sean o no conscientes de ello, es indignante comprobar que están promoviendo políticas exactamente opuestas a los intereses de la gran mayoría de la ciudadanía y del planeta. En todo caso, no nos quedemos en la indignación: transformémosla en un compromiso positivo hacia una política laboral global y ambiciosa que sepa combinar justicia social y ambiental.

Primero, apostemos todos los sectores de esta sociedad por el reparto del trabajo. Es una de las soluciones más simples para mantener el empleo sin aumentar la producción, si se quiere ir hacia una economía próspera sin crecimiento. Dicho de otra manera, trabajar menos horas para trabajar más personas, a la vez que respetamos los ecosistemas y cumplimos con nuestras obligaciones climáticas internacionales. En esta senda, hablemos a través del diálogo social de una ley de 35 horas semanales y luego avancemos progresivamente hacia una mayor reducción de jornada para favorecer la compatibilidad entre vida personal, laboral y cívica, la igualdad entre mujeres y hombres, y la plena inclusión laboral de la mayoría de la ciudadanía.

En paralelo, incentivemos –y hago especial hincapié en los sindicatos– acuerdos voluntarios de reducción de horarios en las entidades privadas y públicas, racionalizando los horarios de trabajo tal y como propone la Comisión Española de Expertos. Tras años de constante aumento del trabajo remunerado tanto para mujeres como para hombres, la reducción de la jornada laboral es asimismo una apuesta por transformar los aumentos de productividad en tiempo libre no consumista (lo que implica en paralelo políticas sociales y educativas para salir de las lógicas de consumo de masas). Es hora también de favorecer el trabajo a tiempo parcial y el teletrabajo, siempre y cuando vayan acompañados de condiciones de trabajo dignas y salarios justos y suficientes, para evitar en cualquier momento la trampa de la pobreza.

Asimismo, si trabajamos menos tiempo y más personas desde condiciones laborales decentes, supone reducir las horas extraordinarias, combatir la precariedad laboral, la flexibilidad no deseada, los contratos basura, el estrés, la intensidad y los accidentes laborales, así como reforzar los derechos de las personas trabajadoras inmigrantes. Trabajar mejor es trabajar con criterios de calidad y el orgullo de ser útil a la sociedad. Esto significa también una transformación ecológica de la economía para desarrollar sectores ricos en empleo verde y poco intensivos en energía (agricultura ecológica, cuidados a las personas, economía social, energías renovables, etc.) y, al revés, una contracción para los que exigen mucha energía fósil y/o especulación financiera (industria manufacturera, sector automovilístico, pesca industrial, bancos y seguros, etc.). Lo que supone a su vez la reconversión laboral pactada y planificada de las personas trabajadoras –y de sus valiosos conocimientos– desde los sectores en contracción hacia los emergentes.

Ante la crisis y el desempleo de masas, nuestra generación necesita un cambio urgente de normas laborales: para vivir mejor hoy y para que las generaciones futuras puedan simplemente vivir. Una política laboral eficiente y compatible con la ecología y la equidad es por tanto un ejercicio de realidad a la altura de los retos sociales y ambientales del siglo XXI.

Florent Marcellesi. Miembro de la Comisión Gestora de Equo.

Hoy, 9 de noviembre, el organismo Internacional de la Energía publica su informe anual -World Energy Outlook, el informe energético de referencia mundial- el cual confirma que no vamos por el buen camino para reducir el calentamiento global. Con la actual tendencia de producción de energía, la temperatura media de la tierra en 2100 superará en más de 2º C la de 1990, por lo que se dañará irreversiblemente el planeta, empeorando las condiciones de vida de la humanidad.

Es preocupante como la crisis -tan larga y virulenta- está absorbiendo casi toda la atención del mundo, detrayéndola de los retos energéticos que seguimos teniendo ante nosotros. Sorprende la ausencia de iniciativas medioambientales: en Estados Unidos, a nivel federal, es un debate inexistente desde hace tiempo; la Unión Europea se encuentra en el epicentro de un huracán financiero; y los emergentes siguen tenaces en su crecimiento económico para sacar a millones de personas de la pobreza. En este contexto, la próxima cita de la Convención sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas (UNFCCC) prevista para finales de noviembre en Durban (Sudáfrica) está pasando absolutamente inadvertida.

Pero la energía es fundamental para la humanidad no sólo por sus potenciales externalidades negativas, sino también por su relevancia económica: los países occidentales gastamos entre un 8 y 12% del PIB en energía -los países en vías de desarrollo el doble o el triple-. Por ello, es necesario un sistema que gobierne la energía.

Principalmente debido a sus externalidades medioambientales negativas, el mercado desregulado no es un mecanismo de gobernanza útil, ya que es incapaz de interiorizar los costes medioambientales. Se calcula que las fuentes más contaminantes (carbón, petróleo…) deberían soportar una tasa del 70% para reflejar sus externalidades negativas. El mercado libre tampoco funciona debido a la falta de información consustancial a este sector, pues la información es técnicamente difícil de obtener -por ejemplo, las propiedades de una reserva de gas-. Además, los estados consideran los recursos naturales como estratégicos y no facilitan información. Y los marcos temporales relacionados con la energía suelen ser largos -como son los efectos medioambientales (siglos) o la amortización de las inversiones (decenios)-. Por lo tanto, toca gobernar la energía vía la cooperación y la regulación, aunque ello sea sumamente complejo. Veamos por qué.

Gobernar la energía requiere considerar diversas dimensiones a la vez: la técnica, la política (y los fuertes grupos de interés) y la económica. La dimensión técnica de la energía engloba a muchas disciplinas y tecnologías distintas -eólica, fotovoltaica, nuclear, carbón-, por lo que el conocimiento está fragmentado en distintos silos epistémicos. Algo parecido existe en lo político, donde los sectores industriales y económicos están organizados pero divididos. Por si la conjunción de estas dimensiones no fuera suficiente complicación, existe una dificultad adicional: su dimensión internacional.

El sector energético ejemplifica las inadecuadas instituciones que tenemos para gobernar el mundo. Los estados son nacionales, las externalidades energéticas globales. Una fuga radiactiva, la ruptura de un pozo de petróleo en alta mar y, sobre todo, las emisiones de CO2 no se ciernen a un solo estado. En cambio, los beneficios de la energía si se pueden circunscribir aun agente concreto, ya sea como consumidor, productor o vendedor. Esta asimetría crea un claro incentivo al freerider: me beneficio yo y pagamos todos.

Además, la gobernanza global se hace necesaria porque la demanda y oferta de energía están desacopladas a escala mundial. Muy pocos países tienen una balanza energética neutral. El caso del petróleo (la principal fuente de energía del mundo) es indicativo en este sentido: Medio Oriente tiene un superávit comercial de petróleo del 266% y Estados Unidos un déficit del 65%. Este desajuste geográfico requiere de un sistema de intercambio ordenado, de reglas de juego claras, un mercado bien regulado. En cambio, a día de hoy, en el mundo proliferan los acuerdos bilaterales opacos, existen requisitos medioambientales muy dispares, y conviven subvenciones contradictorias.

Las instituciones globales dedicadas a la energía de las que disponemos actualmente son insatisfactorias. El Organismo Internacional de la Energía solamente incorpora a países de la OCDE, por lo que no incluye al mayor consumidor energético del mundo, China. El Energy Charter Treaty, un tratado intergubernamental que obliga a los firmantes a aplicar reglas de mercado imparciales a los productos y servicios energéticos, no está firmado por Estados Unidos (el segundo consumidor energético del mundo) ni ratificado por Rusia (el primer productor de petróleo del mundo). Los acuerdos comerciales auspiciados por la Organización Mundial del Comercio se aplican muy tangencialmente a la energía, que al considerarse en muchos casos un recurso natural agotable, queda exento de las normas.

¿Pero cómo es posible que ninguna de las instituciones mencionadas haya sido capaz de convertirse en un mecanismo efectivo de gobernanza energética? Fundamentalmente, porque los países no occidentales -ese grupo variopinto que incluye, entre otros, a grandes consumidores (China, India…) y productores (Oriente Medio, Rusia…)- desconfían de este sistema institucional creado principalmente por Occidente. Los países emergentes y grandes consumidores consideran, y con razón, que Occidente es responsable del problema actual del cambio climático. El desarrollo de Occidente, desde la revolución industrial hasta hace muy poco, ha estado libre de cualquier restricción medioambiental. Ellos creen que no deben cargar con los costes del cambio climático. En cambio, los países productores se oponen a ceder una de las pocas bases de poder que poseen.

La solución debe pasar por una negociación en una institución distinta a las mencionadas. Quizá, inicialmente, sería conveniente negociar entre los grandes emisores del mundo -el propio G-20 o algo parecido a un G-20 energético-. Posteriormente, se podría abrir la negociación a todos los estados -por ejemplo, situándola en la Convención sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas (UNFCCC)-. El foco de las negociaciones tiene que ser amplio y contener limitaciones a las emisiones y apoyo financiero y tecnológico para invertir en tecnologías menos dañinas con el medio ambiente. Las limitaciones a las emisiones hacen recaer desmesuradamente los costes sobre los países exportadores de petróleo y los países emergentes consumidores (con tecnología menos sofisticada).

En Durban, todos los países -desarrollados, emergentes, con y sin recursos naturales- debemos sumar para que el cese de la crisis no nos coja distraídos.

Javier Solana, presidente de Esadegeo, ex alto representante para Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea, ex secretario general de la OTAN y Senior Fellow de Brookings Institution, Ángel Saz-Carranza coordinador de Esadegeo.