Reggio’s

El ojo del tigre

Al juez Baltasar Garzón lo han declarado pieza de caza mayor. Los discípulos del fantasmagórico bunker abrieron sus armeros, sacaron sus escopetas, las cargaron con cartuchos rellenos de postas, se tiraron al monte y comenzaron el acoso a la codiciada pieza. Abajo, en este valle de lágrimas, se oyen los gritos que lanzan los ojeadores en la montaña, los ladridos de la furiosa jauría y los disparos de los monteros. Es una fiesta nacional. Quien se cargue al implacable juez de la democracia (intransitiva) española, pasará a la Historia como un héroe de la cinegética nacional. La Historia de España es una antología de relatos de caza…

La derecha carpetovetónica, cuyo principal forraje político se lo facilita una prestigiosa fábrica de piensos ideológicos transgénicos (FAES), cuyo presidente ha descubierto, por fín, el Trifinus Melancólicus de la Transición española. Esa factoría también le suministra forraje dialéctico a la derecha agremiada bajo el amparo de las siglas PP; la cual, es la que jalea a los cazadores que participan alborotada y alborozadamente en esa indescriptible caza mayor…

Pero aquí –es decir, en este país- no ocurre nada que no tenga unos claros antecedentes paleopolíticos que lo explican todo. La cacería del juez que osa juzgar a dictadores y persigue a quienes cometan delitos de lesa humanidad, no es una idea que haya surgido espontáneamente entre el espeso gremio de los afiliados al club del cartucho con posta del 12, sino que obedece a un proceso finamente maquinado para evitar que el transcurso de la historia contemporánea no fluya sin que se recuerde que en este país hubo una época –no muy lejana- en la que los hombres, llamados de bien, insistían en reafirmarse en los valores permanentes en la doctrina ortodoxamente españolista y de las JONS… Hombres que se sentían uno solo cada vez que se identificaban con el penúltimo de los apóstoles del Movimiento Nacional (José Antonio Girón de Velasco). Digo que el penúltimo porque el último –por ahora- es José María Aznar y López, prometedor ideólogo.

Aquel presidente de los Excombatientes de la Cruzada Española fue el único que se atrevió a enfrentarse al Espíritu del 12 de febrero, que acababa de echar a volar el último presidente del Gobierno franquista casi sin Franco en la Tierra… Arias Navarro acababa de exponer durante un pleno de las Cortes Españolas la nueva tesis doctrinal que preludiaba la Transición final: “No excluimos sino a aquellos que se autoexcluyan en maximalismos de uno u otro signo, por la invocación a la violencia, por el resentimiento y el odio, por la pretensión bárbara de partir de cero…” (12-febrero-1975).

El Gironazo retumbó poco después, en el alma de los españoles mientras el cielo empezaba a cubrirse de negros nubarrones, que hacían presagiar lo peor. Algunos llegaron a pensar que nunca más podrían volver a cantar, prietas las filas, el Cara al sol. Tronaba el líder de los excombatientes: “A José Antonio no se le quiere secuestrar ideológicamente: se lo proscribe. Nosotros queremos devolver al hombre a su auténtico destino, y queremos salvar a la Patria de la confusión…”. Estas apostólicas palabras habían sido lanzadas tras estas otras no menos apostólicas: “Queremos reafirmarnos en los valores permanentes de nuestra doctrina y de nuestro estilo. Lucharemos hasta la extenuación”. Unos meses después, cuando Arias Navarro había vuelto a lanzar al aire, en Barcelona, el Espíritu del 12 de febrero, en la revista Fuerza Nueva –el Evangelio según Blas Piñar…- se publicaba un artículo del líder del grupo, titulado: Señor Presidente. En él se decía: “Nos autoexcluimos de su política. No podemos, después de lo que se ha dicho, colaborar con usted, ni siquiera en la oposición. Nosotros no queremos obedecerle, ni acompañarle…”. (A veces, escuchando al líder del PP, da la impresión de que la derecha carpetovetónica se inspira en aquel fogoso líder ultraespañolista. ¿O no…?).

Aquel nubarrón fascista, conocido como el Gironazo, alteró el clima de la primavera política, que había sido diseñada como el florecimiento de la democracia; consiguió volver a oscurecer la posibilidad de una convivencia nacional basada en la razón y no en la pasión. Ahora cazar a Garzón es la recuperación del Gironazo. Es lo mismo que negar nuevamente la probabilidad de que sobre la historia más trágica de la España del siglo XX –y su sucursal: el siglo XXI- vuelva a brillar el sol de la justicia social. Los catecúmenos del Gironazo son los que, ahora, escopeta en ristre acorralan al juez que quiere zanjar definitivamente el reparto equitativo de la herencia que representa la “Ley de la memoria histórica”.

Lorenzo Cordero. Periodista.

Estoy fascinado con los beneficios del sueño. Siempre he creído en sus efectos reparadores, pero ha sido una sorpresa saber que una noche en vela reduce la capacidad de asimilar conocimientos en casi un 40%. Lo dice un estudio que este periódico publicó la pasada semana. El sueño limpia la memoria a corto plazo y deja sitio libre para más información: “Es como si el buzón de correo entrante del hipocampo cerebral se llenara, y simplemente no entran nuevos hasta que no se vacíe”. De ahí que el sueño permita que los correos que estaban en la memoria pasen a otra carpeta, lo que deja sitio libre para recibir nuevos mensajes.

A la mayoría de ustedes les parecerá un estudio ya conocido, pero reconozco que a mí me ha abierto la mente. Ha tenido el mismo efecto que si hubiera dormido a pierna suelta durante siete días seguidos. Su lectura me ha llenado el hipocampo de nuevos mensajes. Y todos me llevan a la misma conclusión: que el mundo vaya tan mal es consecuencia directa de nuestra falta de sueño. Esta sociedad que hemos creado nos mantiene tan ajetreados que no hay lugar para el descanso, por lo que estamos reduciendo cada día nuestra capacidad de aprendizaje. Es preocupante, pero resulta una evidencia: cada hora que le robamos al sueño nos hace un poco más tontos.

La política está llena de dirigentes que deben de dormir poco o mal. Fíjense bien en sus caras y descubrirán que la mayoría de ellos tienen ojeras. Ello explica que muchas de las tonterías que dicen, seguramente no las dirían si hubieran dormido un poco más. No es una nimiedad, ya que se trata de una pescadilla que se muerde la cola. Se acuestan preocupados por la crisis económica, pasan la noche en duerme vela por el aumento del paro, y se levantan sin ideas. El hipocampo estaba lleno y no han entrado nuevos mensajes, lo que deriva en una manifiesta incapacidad para hacer frente a la crisis.

Los dirigentes del PSOE en Andalucía hace tiempo que duermen mal. Su sueño no está acompasado con el sueño de los andaluces. Después de casi tres décadas de duermevela, los ciudadanos parecen desperezarse mientras los socialistas siguen con la modorra. El electorado se despierta con la cabeza llena de nuevos mensajes, pero el PSOE sigue con la memoria del hipocampo llena de mensajes antiguos.

Siete de cada diez andaluces se han levantado de una larga siesta pensando que es necesaria la alternancia en Andalucía, entre ellos el 45% de los votantes del PSOE, que también apuestan por un cambio en la Junta. A los socialistas les quedan dos años para recuperar el sueño perdido. De lo que hagan dependerá que, en vez de contar votantes, tengan que contar ovejas.

Los beneficios del sueño son evidentes. El mundo se sostiene porque de vez en cuando alguien duerme más horas de la cuenta. Le ha ocurrido al vocal del Consejo General del Poder Judicial José Manuel Gómez Benítez. El magistrado de tan adormecido órgano judicial debió de hacer sus últimas declaraciones recién levantado de la siesta, ya que habló con increíble sentido común y con una enorme carga de sinceridad. Lo hizo para denunciar el “pasteleo” y el “cambio de cromos” en los nombramientos del Poder Judicial. Un escándalo mayúsculo que los partidos políticos llevan años sosteniendo con absoluta normalidad y con la inestimable colaboración de las propias asociaciones de jueces.

Igual no es tan complicado para el PSOE darle la vuelta a las encuestas. Se trata de que algunos de sus dirigentes duerman ahora más de lo cuenta y actúen con la sinceridad del magistrado Gómez Benítez, para acabar con el “pasteleo” en el partido a la hora de nombrar los cargos institucionales, el ascenso de los mediocres, la confusión entre lo público y lo privado, y todas esas cosas más que han llevado aparejadas treinta años de gobierno ininterrumpido sin que nada ni nadie les quitara el sueño.

Los que hoy se niegan a condenar los crímenes del franquismo están a favor de los que ayer apretaron los gatillos”. Esta frase se me quedó grabada, hace años, en el cementerio de Daimiel, un pueblo de Ciudad Real, mientras se homenajeaba a los combatientes republicanos fusilados por la dictadura. La sentencia, valiente y justa, salía de los apretados labios del que hoy es un parlamentario europeo por el PSOE. Quién me iba a decir entonces que, 30 años después, esa sentencia tendría aún vigencia.

España no fue liberada por las tropas aliadas de la dictadura militar nacional-católica, tras la Segunda Guerra Mundial. Las potencias europeas y EEUU, ante el temor de una España progresista, vanguardia en la transformación social y cultural, miraron hacia otro lado, abandonando al pueblo español a su suerte. Esta vergonzosa actitud permitió la pervivencia del franquismo, casi 40 años de represión, mentiras y miedo, que ha desembocado en actitudes –no precisamente minoritarias– que, todavía hoy, en 2010, justifican desde diferentes tribunas el cruel levantamiento militar contra el Gobierno de la República de 1931. Estas ideas siguen grabadas a golpe de fuego y crucifijo en muchos españoles, dirigentes políticos de la derecha incluidos y, lo que es más grave, están presentes, como vemos, en una parte de la judicatura. El silencio cómplice de la Transición sobre estos asuntos, con su manto de interesado olvido, ha favorecido (y alimentado) estas actitudes antidemocráticas.

No pido venganza: reclamo dignidad. Estoy entre quienes desean que se haga justicia, aflore la verdad y se repare, hasta donde sea posible, a las víctimas del franquismo. Es imposible construir una España democrática con estos lastres en la memoria de varias generaciones. Es vergonzoso que sigamos, a estas alturas de la evolución democrática, discutiendo estos asuntos. Si no fuera trágico, sería ridículo. Somos hijos de la República, de su generosidad y esfuerzo, y renegamos de la herencia que el franquismo ha dejado en la mentalidad (sumisa e interesada) de muchos.

No se trata hoy de encausar y encarcelar a los autores intelectuales del levantamiento militar ni a quienes lo apoyaron con armas y capitales. Tampoco a quienes juzgaron, encarcelaron y asesinaron a miles de personas. Lejos de mi intención cargar las tintas democráticas contra los ejecutores materiales, ya que muchos actuaron por obediencia debida o, por mejor decir, “por temor impuesto”. No se trata de abrir la caja de la revancha, ya que no hay posible reinserción penitenciaria para los culpables ni pena de muerte posible. Los verdugos han fallecido y, aunque no fuera así, les ampararía nuestro texto constitucional y la opinión de quienes estamos en contra de la pena de muerte. Defender la memoria de los republicanos debería ser una obligación de los poderes públicos. No se puede levantar un país sobre los huesos olvidados de sus muertos. Y máxime cuando fueron asesinados por defender la legalidad democrática.

Los herederos de los golpistas y quienes con ellos se identifican no quieren que se analice el pasado, ni mucho menos que se siente en el banquillo esa parte negra de su historia: sus rincones oscuros. Sin embargo, una democracia no puede crecer manchada de sangre. Los franquistas descansan en los cementerios. Los vencidos siguen enterrados en las cunetas. “¿Por qué tenéis a mi abuelo enterrado en una cuneta?” es la pregunta popular que refleja la deuda que esta sociedad tiene con su pasado.

Los rebeldes, santificados por la Iglesia católica, crearon tribunales que condenaron a los que defendieron la democracia republicana. Miles de penas de muerte por el mismo delito que los franquistas cometieron: adhesión a la rebelión. Esta gran falacia sólo puede ser equiparada a la invasión militar de un país por tener armas de destrucción masiva, que luego resultaron inexistentes. Los argumentos de la derecha reaccionaria y de la Iglesia católica se repiten, como una farsa, a lo largo de la historia.

Los funcionarios públicos –miembros de la carrera judicial– que quieren condenar y apartar a un magistrado que ha defendido su independencia en causas de terrorismo, terrorismo de Estado, crímenes contra la humanidad y que ha investigado la corrupción de altos vuelos, se sitúan en el mismo lugar que aquellos que se levantaron contra el Gobierno de la República. Es hora de defender una democracia de calidad, no una democracia de superficie, maniatada por sustratos franquistas. Sin revanchismos, sin odio y sin rencor colectivo. Urge defender la actuación del magistrado Baltasar Garzón –con independencia de la opinión que sus actitudes políticas del pasado nos parezcan– de los sucios y viles ataques de los que siguen sin creer en la democracia y en la justicia. No es posible vivir en una democracia teñida de franquismo.

Una timorata Ley de Memoria Histórica, patrocinada por el PSOE, no debe de ser la excusa para dejar impunes los desmanes cometidos por la dictadura nacional-católica. Nada tenemos contra los descendientes de los asesinos. Incluso es comprensible que duela una condena a la memoria de sus antepasados. Cada persona, cada individuo, es responsable de sus actos. Los criminales del pasado no pueden quedar como héroes. Levantando la voz contra quienes persiguen a Baltasar Garzón no defendemos sólo al juez. Nos estamos defendiendo a nosotros mismos de los residuos franquistas. Unos residuos contaminantes que esperemos no se conviertan, por desidia colectiva, en una nueva mayoría natural.

Cayo Lara es coordinador federal de Izquierda Unida.

Como no teníamos bastante con la crisis económica y la desorientación política que afligen desde su comienzo a esta legislatura, las altas instancias judiciales han decidido entrar también en escena. En el centro de la nueva gresca, viejos conocidos: la magistrada Robles, el magistrado Garzón, los sindicatos vergonzantes de la carrera judicial, el Consejo, el Supremo, la Audiencia Nacional, y menos mal que por ahora la sangre no llega al río del Constitucional.

Todo comenzó con la trama narrativa urdida por Garzón para sentar en el banquillo a los culpables de un delito de insurrección militar contra los Altos Organismos de la Nación y todo debió haber concluido con el recurso de interpelación presentado por el fiscal de la Audiencia Nacional. No era posible procesar a los sublevados porque, como reconocía el auto de Garzón, todos y cada uno de los 35 mencionados en su lista estaban notoriamente muertos [ah, si hubieran estado vivos: ningún juez, ningún fiscal ha manifestado la necesidad de procesar a los culpables de la rebelión militar de 1936 hasta bien pasados 30 años de sus muertes]; ni cabía identificar a personas asesinadas hace seis décadas con el tipo penal de “detención ilegal sin dar paradero de la víctima”. Así lo entendió el mismo juez instructor sin más demora que la necesaria para ordenar determinadas diligencias a su mayor gloria y declararse no competente.

De manera que sólo metafóricamente puede decirse que Garzón es el primer juez que se ha atrevido en España a perseguir judicialmente los crímenes del franquismo. De lo que se trataba era de abrir un sumario contra los jerarcas del régimen que habían sido titulares de los ministerios militares, de Gobernación y de Justicia, o responsables de la estructura paramilitar de Falange. Para iniciar un procedimiento contra ese grupo, Garzón se basaba en las investigaciones sobre los crímenes del franquismo -realizadas, éstas sí, por decenas de historiadores que desde los años 80 vienen publicando listas de miles de asesinados- aunque sabía perfectamente que nunca entraría en la investigación de los crímenes vinculados a la sublevación militar por la sencilla razón de que el sumario habría de paralizarse en el mismo momento en que recibiera los certificados de defunción de los 35 muertos notorios.

El sumario se paralizó, pues, no porque la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional esté formada por un hatajo de jueces herederos del franquismo o enfermos de amnesia, esa pócima letal que nos hartamos de beber desde 1976 hasta el día de hoy; o porque nadie en la carrera judicial, excepto Garzón, se atreve a procesar a los culpables de aquellos delitos. El sumario se paralizó porque era imposible mantenerlo abierto sobre el artificio de que los asesinatos fueron desapariciones forzadas con detención ilegal permanente en una acción coordinada y dirigida por las Juntas Militares y los gobiernos desde 1936 a 1951. Que todo esto era un dislate procesal quedó claro en el recurso del fiscal Zaragoza y en la cuestión de incompetencia resuelta por la Sala de lo Penal.

¿Por qué entonces esta especie de saña vengadora que se ha acumulado sobre la cabeza de Garzón? La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo da curso a unas querellas que debió haber desestimado de un simple manotazo; el instructor del Supremo, Luciano Varela, no satisfecho con rebatir el relato de Garzón, lo acusa de prevaricación sin ninguna evidencia de que haya cometido injusticia alguna durante el tiempo en que el sumario permaneció abierto. Y para colmo, y mostrando una vez más sus proverbiales dotes para la política, Margarita Robles, miembro de la comisión permanente del CGPJ, mueve hilos e influencias para conseguir que el Consejo suspenda al magistrado-juez antes de que sea efectivamente procesado por el Supremo.

Se diría que entre todos se han propuesto erigir un pedestal al juez perseguido por la santa inquisición. Y esto -por decirlo a la manera cínica- es peor que un crimen, es un error de alcance universal. Nada de qué sorprenderse, porque Robles es experta en la materia desde los tiempos en que, al alimón con el ministro Belloch, mostró a Garzón la puerta de salida de su frustrada aventura política. El problema es que los errores de jueces fracasados en política, y regresados a la judicatura como quien sube y baja del tranvía, los pagamos todos. Y todos vamos a pagar este nuevo rifirrafe entre jueces políticos que con sus enconos y querellas por el poder han logrado convertir aquellos polvos de 1994 en este lodazal de 2010.

La cacería contra el juez Garzón disfrazada de procedimiento legal persigue tres objetivos relacionados entre sí pero de muy distinto alcance.

El de menos, a fuer de sabido y tradicional, es que se trate de la acostumbrada exhibición del pecado nacional de la envidia. Cuanto más independiente, auténtico, original o brillante sea alguien, más se empeñará la caterva de mediocres –empezando por los de su oficio– en silenciarlo y acabarlo. Gentes sin el menor relieve profesional o humano recurrirán a triquiñuelas de rábula en un procedimiento por razón de la persona a ver si acaban con quien, teniendo sus defectos, como todo ser humano, ha mostrado una audacia, integridad, agudeza de juicio y sentido de la justicia que se celebran allende pero no aquende las fronteras.

De mayor alcance es el hecho de que en esta persecución personal aparezca la larga mano del PP, que considera ahora que el breve paso del juez por el PSOE lo inhabilita para cuanto emprenda sin que adujera tal circunstancia cuando aquel instruía el caso GAL y la militancia estaba más reciente. Que Trillo, precisamente el ex ministro del Yak-42, acuse de prevaricación a Garzón prueba que no se trata sólo del juez por el juez sino de encontrar un pretexto para pedir la anulación de lo actuado en el caso Gürtel, muestra evidente del maridaje entre la delincuencia y la política de partido.

Lo más importante es el aspecto general, en el que la figura del juez mismo resulta ya del todo irrelevante porque de lo que se trata es de que los herederos ideológicos del franquismo, con la ayuda de magistrados de análoga orientación doctrinal, hagan en su persona un escarmiento para todos aquellos que crean que pueden ya por fin aclararse las responsabilidades de cada cual en los crímenes de la dictadura.

La Transición fue mansa con el franquismo y no depuró los aparatos represivos de su régimen. Al contrario, los amnistió. En sus puestos siguieron los torturadores de la Brigada Político-Social y los farsantes del Tribunal de Orden Público, que condenaban a largas penas de cárcel por delitos consistentes en ejercitar derechos fundamentales reconocidos en cualquier otro lugar, como los de asociación o expresión, por no hablar de los tribunales militares que mandaban fusilar por lo mismo. Al ver que, contra lo que cabía esperar, la democracia no los represaliaba, se crecieron y de ahí vienen los grupos parapoliciales, del Batallón Vasco Español (BVE) a los GAL, y esos jueces cuyas decisiones tratan de resucitar y legitimar la memoria de un régimen delictivo al que juraron lealtad.

Si quienes han iniciado, admitido e investigado esta agresión al juez Garzón siguen adelante con su empeño habrán blindado la iniquidad histórica de aquella dictadura cuya sórdida herencia mancillará la legitimidad de origen de la democracia, cosa que no ha sucedido en ninguna parte del mundo. Y habrán conseguido también que, a los 35 años de la muerte del tirano, sus víctimas sigan en las fosas comunes de la ignominia después de que, como al campesino de la parábola de Kafka, se les cierren las puertas de la ley y la justicia.

Ramón Cotarelo. Catedrático de Ciencias Políticas.

El ataque al magistrado atañe a toda la Europa democrática y liberal. Calificar como prevaricación el abrir diligencias sobre los crímenes del franquismo supone una amenaza neototalitaria a la división de poderes

El ostracismo al que los sectores antidemocráticos de España quieren condenar al juez Baltasar Garzón no es una mera cuestión interna española, sino que atañe a Europa entera y a su porvenir: se debate si las perspectivas de futuro del viejo continente seguirán siendo las de la democracia liberal, o si sobre las ruinas de una división de poderes aborrecida por el establishment se afirmará cada vez más la tentación de un modelo neototalitario, al estilo de Putin o de Berlusconi.

Lo que está en juego en el caso Garzón es, en efecto, la propia autonomía de la judicatura. Sin una intransigente custodia de esa autonomía, y sin un sistema informativo realmente pluralista e imparcial (cuya estrella polar ha de ser el respeto por las “modestas verdades de hecho”, en las que Hannah Arendt veía el antídoto contra las tentaciones totalitarias de toda forma de poder), la democracia liberal corre serio peligro, al ver minada su propia esencia.

Pero los enemigos de Garzón (que en este caso coinciden con los enemigos de la democracia liberal) se defienden sosteniendo que son ellos los auténticos defensores de la autonomía del poder judicial, dado que es una instancia judicial, el Tribunal Supremo (TS), la que debe juzgar a Garzón y su supuesta prevaricación. Sin embargo, observando las cosas sin ira et studio y sobre todo recurriendo a la lógica de forma rigurosa (lo que en la actividad jurídica no puede ser nunca un extra), no resulta difícil apreciar el vuelco orwelliano que experimenta la expresión “autonomía de la magistratura”. Veámoslo con detenimiento.

Magistrado de la Audiencia Nacional, Garzón representa -para simplificar y atenernos al lenguaje internacional comprensible- al juez de instrucción. Considera que ciertos hechos pueden adscribirse a una categoría delictiva prevista por una ley (asume una notitia criminis), realiza las indagaciones pertinentes y procede eventualmente a la incriminación de quienes considera culpables. El juez de instrucción, obviamente, puede equivocarse: sea por considerar culpable a un inocente (para quien las pruebas no resultan suficientes, “más allá de toda duda razonable”), sea por considerar hecho delictivo un comportamiento que no está tipificado como tal por la ley (y el imputado será absuelto “porque los hechos no constituyen delito”).

Que el juez de instrucción pueda haberse equivocado es decisión del juez enjuiciador (por lo general un tribunal de varios miembros, en número impar). Todos los distintos ordenamientos democrático-liberales, sin embargo, prevén la posibilidad de una “apelación”, es decir, de una (o incluso dos) instancias sucesivas de juicio, que pueden dar la vuelta a la sentencia inicial y declarar errado un comportamiento juzgado justo, así como justo otro que había sido considerado errado. Sólo la sentencia definitiva e inapelable es, en sentido jurídico, la “justa”. Por más que, como sabemos, no pocas sentencias definitivas resulten erróneas en su esencia (se condena a inocentes, a muerte incluso, y se absuelve a culpables, de horrendos crímenes incluso). Pero es eso lo mejor que se ha conseguido excogitar hasta ahora para aproximarnos al ideal de la justicia.

Son cosas archisabidas que ni siquiera debería hacer falta recordar. Debemos prestar atención, sin embargo, a una consecuencia: en todas las fases de este procedimiento “en distintos estratos” podría darse el caso de que cada juez se equivocara en virtud de la decisión del juez sucesivo (y respecto a la justicia en sentido ideal y sustancial). Ahora bien, la única sanción que para tal equivocación cabe es una sentencia que desmienta las conclusiones del juez en cuestión. Si tales conclusiones, por el contrario, pudieran convertirse a su vez en motivo para una incriminación del juez (si una investigación, o una sentencia, pudieran convertirse en delito de prevaricación), la autonomía de la magistratura quedaría aniquilada y engullida en una guerra entre jueces en la que todos se hallarían, en relación a sus colegas, en la situación hobbesiana de homo homini lupus. ¿Cuántos jueces podrían seguir incriminando, dado que en caso de absolución del imputado podrían ser acusados de prevaricación? Pero es que tampoco podrían absolver tranquilamente, porque si la instancia superior condenase más tarde al imputado, quien lo hubiera absuelto en primer grado podría ser acusado de prevaricación (hacia las víctimas del delito, por ejemplo).

Es éste el verdadero aquelarre de anomia al que podría llegarse si se llevara a sus extremas (es decir, lógicas) consecuencias la pretensión de acusar de prevaricación a un juez sólo por interpretar una ley de forma diferente a la de su colega.

Pero en el caso de Baltasar Garzón, la cuestión es aún más grave, porque no se ha producido todavía la sentencia de un tribunal acerca de la culpabilidad o inocencia de los eventuales “criminales” de la época de Francisco Franco, sobre los que Garzón estaba investigando. Lo que se pretende juzgar como “delito” es nada menos que la apertura de diligencias y sus primeras medidas (exhumación de cadáveres, etcétera).

De esta manera se convierte en ley suprema la siguiente aberración jurídica: cualquier juez de cualquier clase o instancia, cuando advierte indicios de delito, instruye diligencias, lleva a juicio o, con mayor motivo, promulga una sentencia, en caso de que choque con la opinión de la mayoría del Tribunal Supremo, podría ser acusado de prevaricación. Lo que significa que la única magistratura “autónoma” en España sería el propio TS, y todos los demás jueces se verían abocados a volverse clones del TS, so pena de ser expulsados de la carrera judicial. Una auténtica lógica de la depuración, que hace del TS no ya un órgano de rango superior que no sólo puede dar la vuelta a los veredictos del resto de los jueces, sino también expedientarlos a su gusto, impidiendo que los procesos tengan lugar, o incluso que comiencen.

Omito la circunstancia de que en el Tribunal Supremo haya una densa presencia de magistrados con evidentes simpatías por el franquismo (algo que en su momento la recién nacida democracia española hubiera debido impedir, con una depuración análoga por lo menos a la realizada en Alemania tras el periodo nazi), y que la voluntad de exiliar a Garzón se plantee con singular tempestividad tras sus indagaciones en dos de los casos menos digeribles para la derecha española (cada vez más tentada por las sirenas extremistas): el de los crímenes franquistas y el de la supuesta amplia corrupción del caso Gürtel en Valencia.

Me he querido limitar únicamente a los aspectos de lógica jurídica que la eventual defenestración de Garzón de la magistratura implica. Y es que están sonando las alarmas por la autonomía de la magistratura en toda Europa, visto que dicha autonomía es objeto de ataques cada vez más frecuentes. Lo digo desde un país donde el tiro al blanco del régimen de Berlusconi y del establishment contra los magistrados que persiguen la corrupción y la mafia (y las tramas político-empresariales que de ellas se derivan) es desde hace años sistemática y cada vez más violenta, sin que las instituciones europeas se percaten de la gravedad del peligro. España, gracias entre otras cosas a las actuaciones ejemplares de Baltasar Garzón (que parecen encarnar aquel “¡Jueces hay en Berlín!” de la famosa anécdota del molinero de Federico II) parecía desde este punto de vista un posible baluarte contra tentaciones putinianas, berlusconianas o autoritarias de cualquier tipo. Evidentemente, era sólo una ilusión.

Me parece imposible pensar que un recurso contra las pretensiones del TS (si es que realmente llega a procesar al juez Garzón) pueda ser rechazado por el Tribunal Constitucional español o por alguno de los tribunales europeos. Porque en tal caso quedaría legitimado ese caos jurídico que a grandes líneas hemos dibujado (hasta el caso límite, aunque no imposible en esta lógica, de que una distinta mayoría del Supremo pudiera depurar a algunos de sus propios miembros que en el pasado hubieran…). Pero habrían pasado ya años y, entretanto, Baltasar Garzón habría dejado de estar en condiciones de hacer daño, es decir, de ejercer como magistrado con esa autonomía y rigor jurídico y moral que en todo el mundo democrático se le reconoce y por el que se le admira (mundo en sentido literal, de norte a sur). Y en Europa todos seríamos un poco menos iguales y menos libres.

Paolo Flores d’Arcais es filósofo y editor de la revista Micromega.

Traducción de Carlos Gumpert.

Tal vez las gestiones de don Juan Carlos en favor de un pacto contra la crisis se expliquen sencillamente por su deseo de acreditar la utilidad de la Monarquía como poder mediador. Es decir, por su deseo de hacer frente a esa forma de cuestionamiento de la legitimidad de la institución asociada al revisionismo sobre la Transición que se ha abierto paso en sectores de la opinión pública. Si la hipótesis fuera cierta, sería posible establecer un hilo entre los dos temas políticos del momento: la propuesta de un pacto de Estado anticrisis y algunas implicaciones políticas del caso Garzón en relación con la causa sobre los crímenes del franquismo, y en particular con la reinterpretación de la amnistía como imposición postrera de ese régimen para indultarse a sí mismo.

Es dudoso que la actuación de Garzón en defensa de su competencia en esa causa tenga encaje en el delito de prevaricación. Pero es lamentable que esa defensa le llevara a ignorar, mediante complicados razonamientos, el alcance (y significado profundo) de la Ley de Amnistía de 1977. Esa norma completó lo que habían dejado pendiente los indultos que siguieron a la muerte de Franco y la amnistía parcial decretada por Suárez en julio de 1976, que excluía a los condenados o acusados por actos que hubieran “puesto en peligro o lesionado la vida o la integridad de las personas”.

La oposición reclamaba que se ampliase a “todos los delitos de intencionalidad política” a fin de culminar, dijo Carrillo en la sesión constitutiva de las Cortes salidas de las elecciones de junio de 1977, el “proceso de reconciliación”. Como ha recordado Santos Juliá, esa palabra, reconciliación, fue incorporada a la argumentación en favor de una amnistía sin excepciones. Pero en las conversaciones de Suárez con la oposición se introduce, en paralelo a la inclusión de los delitos de sangre, una referencia a las actuaciones contra los derechos humanos de las autoridades y funcionarios franquistas. Amnistía total es un término que pasa a identificarse, dice Juliá, “con el fin de la Guerra Civil y de la dictadura”.

De forma que cuando la ley es finalmente aprobada en el Congreso (con sólo dos votos en contra y 18 abstenciones), el entonces diputado Xabier Arzalluz la saluda como norma votada por un Parlamento en el que comparten escaños “personas con muchos años de cárcel y exilio en sus biografías junto a otras que han participado en los Gobiernos causantes de esa cárcel y ese exilio”. Y recuerda que “hechos de sangre” los había habido por ambas partes, por lo que interpreta la norma como cancelación de ese pasado y gesto de perdón recíproco.

Durante más de 20 años el consenso establecido sobre la Transición partía de la consideración de la guerra como un fracaso colectivo a superar, de la Constitución como marco compartido por todas las opciones pacíficas, igualmente legítimas, y de la amnistía como reconciliación. Ese consenso se debilitó hacia el cambio de siglo, por razones generacionales pero también políticas. El revisionismo sobre la Transición la presenta como un proceso incompleto o semifracasado (por la coacción militar y la falta de arrojo de la izquierda para provocar la ruptura); y a la amnistía, como auto-exculpación del franquismo.

J. M. Ruiz Soroa, en un artículo publicado en El Correo (7-12-2008), alertaba sobre las consecuencias aparentemente no buscadas pero altamente desestabilizadoras que podrían derivar de ese cambio de visión: el cuestionamiento de la legitimidad de la Monarquía, dada su relación pasada con el franquismo, y la desautorización moral de la derecha política como heredera del régimen del General, lo que a su vez deslegitima la posibilidad de alternancia, y que se manifiesta en expresiones como “bloque constitucional”, que la excluye, o condenas al ostracismo como la del Pacto del Tinell o el compromiso ante notario de Artur Mas de no pactar nada con el PP.

En la situación actual de incomunicación entre las partes, y con las encuestas reflejando el deseo mayoritario de concertación frente a la crisis, el Rey habría tomado la iniciativa de abogar públicamente por ella. Tal vez desde el recuerdo de aquel octubre de 1977 en el que, con un intervalo de 10 días, se aprobaba la Ley de Amnistía y firmaban los Pactos de la Moncloa, que contribuyeron, escribe Charles Powell (España en democracia. 2001), a legitimar “medidas de austeridad inevitablemente impopulares” y a la “reconciliación entre antiguos antagonistas”. Tal vez de acuerdo con Tucídides, historiador de la guerra del Peloponeso para quien la política sirve para que “el odio no sea eterno”.

Una de mis mayores sorpresas cuando volví de mi largo exilio fue ver la enorme tolerancia que había en España hacia el fascismo. En realidad, ni siquiera se utilizaba el término fascismo para definir el régimen dictatorial que existió en España durante 40 años. Se le llamaba régimen franquista, implicando que era un régimen caudillista dirigido por el general Franco, ignorando que aquel régimen fue mucho más que un régimen caudillista. En realidad, reunió todas las características de los regímenes fascistas, por mucho que politólogos procedentes de aquel régimen, como Juan Linz, y revisionistas de varias sensibilidades políticas –incluidas algunas de centro izquierda– lo nieguen. Como he documentado en otro artículo, “Franquismo o fascismo” (Público, 28-05-09), aquel régimen tenía cada una de las características del fascismo, es decir, un nacionalismo exacerbado con visiones imperialistas basado en una concepción racista que justificaba su derecho de conquista –ver “El racismo del nacional catolicismo” (Público, 14-01-10)–; un absoluto control sobre los medios que intentaba reproducir una ideología totalizante, el nacional catolicismo; una supeditación de la sociedad civil al Estado, dirigido por una persona que el régimen presentaba como dotada de méritos sobrenaturales (referido como “caudillo por la gracia de Dios”), líder supremo del partido fascista, del Estado y de sus Fuerzas Armadas, caudillo que dirigía un Estado enormemente represivo. Por cada asesinato político que cometió Mussolini, Franco cometió 10.000. Más de 200.000 personas fueron fusiladas y 114.421 desaparecieron en el periodo 1936-1951, sin que todavía hoy se conozca dónde están sus cuerpos. El mal llamado franquismo fue un régimen fascista, uno de los regímenes que cometió las mayores atrocidades y violaciones de los derechos humanos en la Europa del siglo XX.

Resultado de la manera inmodélica en que se hizo la Transición, no existe plena conciencia de lo horrible que fue aquel régimen. El silencio que siguió a la dictadura y el olvido del pasado (excepto en pequeños círculos académicos) explica que la juventud, por ejemplo, no sepa que en otros países donde existieron regímenes semejantes, como en Alemania, cualquier tolerancia al nazismo está prohibida, incluyendo la existencia del partido nazi o de asociaciones afines. No así en España, cuyo Jefe del Estado –el monarca– fue nombrado por el régimen anterior. En realidad, todavía hoy uno de los dos mayores partidos del país, el PP, muestra su rechazo a condenar aquel régimen por su nombre, excusándose en denuncias genéricas y asumiendo una equidistancia en los horrores y responsabilidades en los dos bandos de la mal llamada Guerra Civil (que, en realidad, fue un golpe militar, ayudado por Hitler y Mussolini, resistido por la mayoría de las clases populares durante tres años), que dan prueba de su falta de comprensión de lo que fue aquel régimen fascista. El PP no es antifranquista, y esto disminuye su credibilidad democrática. Y en algunas comunidades autónomas gobernadas por él, como Madrid y Valencia, sus gobiernos autonómicos todavía apoyan programas educacionales que justifican el golpe militar y el régimen que estableció.

Pero esta tolerancia ha llegado a un extremo que es vergonzoso. Las fuerzas herederas de aquel fascismo quieren llevar a los tribunales al único juez, Baltasar Garzón, que ha intentado llevar a los tribunales al franquismo. Tal situación es impensable en cualquier país democrático europeo que vivió y sufrió el fascismo. Y lo que es vergonzoso es que el Tribunal Supremo esté dispuesto a considerar esta acusación, utilizando además el argumento, defendido por uno de sus miembros, el juez Varela, de que la Ley de Amnistía firmada al final de la dictadura ofreció inmunidad a los dirigentes de aquel régimen, ignorando también que el Estado español firmó tratados internacionales que exigen el juicio de los responsables de aquellas atrocidades. No puede verse hoy en Europa un hecho semejante y cubre a España de vergüenza. ¿Cómo pueden los miembros del Tribunal Supremo (presidido por un juez que juró lealtad al fascismo) llegar a este extremo de insensibilidad democrática? ¿Cómo pueden llegar a legitimar a los herederos del régimen que asesinó al mayor número de españoles y demócratas en el siglo XX, aceptando su demanda? Tal comportamiento ofenderá una vez más a los millones y millones que perdieron todo lo que tenían en su defensa de la democracia. ¿Y donde están las derechas, siempre listas ellas para defender el honor de España, en un momento y en un hecho que cubre de vergüenza al país? Su hipocresía sobre el terrorismo queda evidenciada cuando excluye de su homenaje al enorme número de víctimas del terrorismo fascista, que fue mucho mayor en número que el cometido por el terrorismo de ETA. ¿Cómo es que el príncipe Felipe, en representación del monarca, presidiera los actos de homenaje a los últimos y nunca ha presidido ninguno de los primeros?

El argumento que se ha utilizado para definir lo que estamos viendo es que es un mero conflicto entre dos jueces, uno de ellos molesto por el excesivo protagonismo del otro. El juez Varela que intenta penalizar a Garzón es cómplice de aquella demanda y como tal merece el mayor rechazo por parte de todas las personas demócratas. Su animosidad hacia Garzón y el protagonismo de Garzón son temas irrelevantes. Es una enorme frivolidad ver lo que está ocurriendo como un mero conflicto de personalidades. Al contrario, este comportamiento del Tribunal Supremo (en caso de aceptarse la petición del juez Varela), le haría cómplice del fascismo, mostrando un indicador más de lo inmodélica que fue la Transición de la dictadura a la democracia y de la escasa sensibilidad democrática del Estado español. El fascismo continúa vivo y presente en España.

Vicenç Navarro es catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra.

La causa abierta contra el juez Baltasar Garzón ha provocado la misma reacción que cada una de sus actuaciones más sonadas: dependiendo de quién se considere beneficiado y quién perjudicado, el juez es ensalzado hasta los cuernos de la luna o arrastrado por el lodo. Con un importante matiz que suele extraviarse una y otra vez en cuanto se desatan las recurrentes tormentas en torno al magistrado: tanto los insultos como los ditirambos que se le dirigen están motivados por los asuntos que instruye, no por la manera en la que los instruye.

Así, no es necesario conocer el resultado de las diligencias que realiza o los argumentos jurídicos de sus autos, sino que basta con tener noticia aproximada de su asunto, para anticipar punto por punto las reacciones.

Si se trata del caso GAL, el reparto de papeles entre derecha e izquierda es uno. Como es exactamente el contrario si el juez fija su atención en el caso Pinochet. La única salvedad a esta mecánica maniquea ha sido, hasta el momento, la lucha contra el terrorismo etarra, en la que nadie le ha escatimado sus muchos méritos.

El hecho de fijar exclusivamente la atención en los asuntos que instruye el juez, y no en la manera en la que los instruye, ha llevado a interpretar la situación en la que se encuentra como resultado de una conjura salida de las sentinas de la historia. Falange Española y de las JONS, el partido del dictador, le interpone una querella y el Tribunal Supremo da los primeros pasos jurídicos para sustanciarla.

La investigación de los crímenes del franquismo que se había propuesto el juez, provocando una vez más las inexorables reacciones, se convierte, de pronto, en una investigación sobre la rectitud de sus decisiones en este caso.

Como además el juez tiene pendiente un proceso por la financiación de unos cursos que dirigió en Nueva York, interpuesto por Manos Limpias, una asociación que representa intereses, por así decir, desconocidos, la explicación que se impone es que existe una conjura contra él, motivada por haber removido el tabú sobre el que se apoya este remedo de régimen democrático instaurado en 1978.

Una explicación como ésta sólo se sostiene, en efecto, si la atención se fija en el asunto que ha querido instruir el juez; si, por el contrario, se fija en la manera en la que lo ha instruido, la duda, la inquietante duda que surge es si, en su propósito de encontrarle las vueltas a la ley para sentar a Franco y sus generales en el banquillo, el juez no habrá terminado por ofrecer a Falange Española y de las JONS el inconmensurable regalo de un acta de acusación contra un auto emanado del poder judicial democrático.

Porque si este fuera el caso, y que es lo que tendrá que dilucidar el Tribunal Supremo, la disyuntiva en la que el juez ha colocado al sistema de la Constitución del 78 no resultaría fácil. Bien es verdad que Falange podría haber sido prohibida como partido, pero, puesto que no lo fue y ha podido presentar una querella contra la manera en la que un juez ha instruido un sumario, no contra el tenebroso asunto de ese sumario en el que tuvo un protagonismo destacado, ¿qué se hace ahora? ¿Se le dice que, por ser Falange, no tiene derecho a solicitar la aplicación de las leyes democráticas y la intervención de la justicia? ¿O se exige del Supremo que vulnere las leyes democráticas para que se salve el juez y no se beneficie Falange?

La tentación que parece adivinarse en algunas de las manifestaciones de apoyo que ha recibido el juez -y que, por cierto, se toman por inaceptables presiones a la justicia cuando los destinatarios son políticos u otros encausados- parece ser esta última, aunque formulada como implícita conclusión: si el Tribunal Supremo no se pronuncia en el sentido de exculpar al juez, quedará fehacientemente acreditado que sus componentes actúan por envidia y, sobre todo, que los crímenes del franquismo siguen siendo tabú y limitando la naturaleza democrática del sistema político. Respecto de lo primero, nada justificaría que se lancen sospechas sin fundamento; pero si el fundamento existe, nada justificaría tampoco que no se denunciase de inmediato a los miembros del Supremo que actúan por envidia.

Respecto de lo segundo, y en el supuesto de que ese tabú fuera cierto, la pregunta que se plantea es si para romperlo se está dispuesto como ciudadano a aceptar que alguien nos redima por encima o al margen de las leyes. Es decir, la intervención de hombres providenciales.

La sombra de la dictadura de Franco es alargada. No resulta fácil olvidar ese periodo prolongado de autoritarismo, sus miles de asesinatos, sus humillaciones, torturas y violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Pero, precisamente por esas mismas razones, hay también muchas personas que no quieren que se recuerde.

El proceso para suspender de sus funciones al juez Baltasar Garzón es la última proyección oscura que el franquismo nos lanza más de 30 años después de su muerte oficial. Dicen que Garzón tiene pocos amigos en el Consejo General del Poder Judicial, cuya Comisión Permanente es la que ha acordado por unanimidad iniciar los trámites para esa suspensión; que algunos no le perdonan sacar a la luz los trapos sucios del caso Gürtel; y que otros tienen con él viejas disputas que saldar. Pero todo comenzó, recordémoslo, cuando en mayo del año pasado el Tribunal Supremo admitió a trámite una querella contra Garzón por asumir la investigación de los crímenes del franquismo.

La democracia española y sus principales instituciones tienen un serio problema con las historias y recuerdos que afloran de la República, de la Guerra Civil y de la dictadura. Y todo se resume en un déficit de educación democrática y, como consecuencia de él, en la persistencia en el falseamiento de la historia, en no haber sabido poner en marcha políticas públicas de memoria para aprender de ese pasado.

Aprender, por ejemplo, de la Segunda República, un régimen sobre el que se pueden hacer diferentes valoraciones, pero que, en cualquiera de los casos, y comparado con lo que siguió, merece un puesto de honor en la historia de la política del siglo XX español. Nunca lo creyeron así los políticos de la Transición y nadie desde los poderes de la democracia actual se atreve a defenderla, pese a que España fue durante cinco años, el tiempo que los militares golpistas permitieron, una República parlamentaria y constitucional, con elecciones libres, sufragio universal y gobiernos responsables ante las Cortes. Casi nadie recuerda a sus dirigentes, muertos la mayoría de ellos en el exilio, a quienes presidieron sus instituciones, hicieron sus leyes y dieron el voto a todos los ciudadanos, incluidas las mujeres.

España comenzó los años treinta con una República y acabó la década sumida en una dictadura derechista y autoritaria. El discurso del orden, de la patria y de la religión, se impuso al de la democracia, la república y la revolución. La larga dictadura de Franco, que mató, encarceló, torturó y humilló hasta el final, durante cuatro décadas, a los vencidos, resistentes y disidentes, culpó a la República y a sus principales protagonistas de haber causado la guerra, manchó su memoria y con ese recuerdo negativo crecieron millones de españoles en las escuelas nacionales y católicas. Nada hizo la transición a la democracia por recuperar su lado más positivo, el de sus leyes, reformas, sueños y esperanzas, metiendo en un mismo saco a la República, la guerra y la dictadura, un pasado trágico que convenía olvidar.

Bastaron, sin embargo, tres años de guerra para que la sociedad española padeciera una oleada de violencia y desprecio por la vida del otro, por la deshumanización del contrario, sin precedentes. Por mucho que se hable de la violencia que precedió a la Guerra Civil, para tratar de justificar su estallido, está claro que en la historia del siglo XX español hubo un antes y un después del golpe de Estado de julio de 1936. Además, tras el final de la Guerra Civil en 1939, lo que se instaló en España durante mucho tiempo fue una historia de propaganda, mentiras, intimidación y crimen.

El juez Baltasar Garzón pidió investigar las circunstancias de la muerte y el paradero de decenas de miles de víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura de Franco, abandonadas muchas de ellas por sus asesinos en las cunetas de las carreteras, junto a las tapias de los cementerios, enterradas en fosas comunes, asesinadas sin procedimientos judiciales ni garantías previas. Como los poderes políticos nunca tomaron en serio el reconocimiento jurídico y político de esas víctimas, fue un juez quien tomó la iniciativa, el mismo, por cierto, que actuó contra los GAL, envió a prisión a cientos de terroristas de ETA u ordenó el arresto de Augusto Pinochet.

En vez de permitir que ese pasado de degradación y asesinato político se investigue, de intentar comprender y explicar por qué ocurrió, condenarlo y aprender de él, un sector de jueces, de políticos y medios de comunicación se muestran encantados con la idea de sentar en el banquillo a Baltasar Garzón, inhabilitarlo durante el tiempo suficiente para darle la jubilación.

La posible inhabilitación de Garzón no hará desaparecer el recuerdo, el verdadero rostro de esa dictadura asesina, porque nadie ha encontrado todavía la fórmula para borrar los pasados de tortura y muerte, que vuelven una y otra vez. Servirá para demostrar, eso sí, la indiferencia y desprecio que algunos poderes siguen mostrando desde la democracia hacia la causa de esas víctimas y de todos aquellos que quieren honrarlas.

Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza.

Homenaje a un ilustre republicano asturiano en el 25.º aniversario de su fallecimiento

Hoy, 11 de febrero, fecha en la que coinciden el 25.º aniversario del fallecimiento de don José Maldonado y el de la proclamación de la I República, nos parece el marco más adecuado para recordar a este ilustre republicano asturiano que dedicó toda su vida a la defensa de la libertad y de la democracia.

Como esta región nuestra es bastante proclive a la desmemoria, sobre todo en lo que concierne a los valores republicanos y a sus insignes defensores, es necesario no dejarlos caer en el olvido, recordando sus trayectorias de defensa inquebrantable de la República, y analizando la permanente vigencia de los valores que le sirven de base.

Máxime cuando estamos asistiendo al desarrollo de una ocurrencia tendenciosa que consiste en afirmar que la República murió en el exilio y que, por lo tanto, se ha producido la desaparición de la disociación Democracia-República: gracias al «éxito» de la transición, ahora la Monarquía asumiría plenamente los valores republicanos.

Queremos, pues, desmontar dicha ocurrencia y probar que la capacidad de renovación del republicanismo siempre es posible gracias al carácter intrínseco de sus valores. Y los hechos muestran que lo que se comprueba durante esta transición que no acaba de transitar es el empeño continuo de intentar destruir la capacidad de renovación del republicanismo, mediante toda clase de descalificaciones e incluso llegando hasta una reescritura de la Historia.

Para denunciar esta actitud y destruir tan falaz razonamiento, un pequeño grupo de republicanos asturianos hemos creado una Asociación José Maldonado con el doble objetivo de recuperar la figura del ilustre tinetense y de difundir y explicar la vigencia de los valores republicanos.

Así, dentro de la modestia de nuestros medios, tanto materiales como inmateriales, intentaremos analizar su trayectoria de inquebrantable lealtad a los valores republicanos. Su entereza e independencia de carácter, su gran tolerancia, la capacidad para asumir las consecuencias políticas y materiales de esa actitud, la austeridad de su vida, su serenidad ante los peores momentos, fueron los rasgos esenciales de su acción política, que sin duda alguna lo colocan muy por encima de la mediocridad de la inmensa mayoría de quienes ocupan el espacio político actual, caracterizado cada vez más por el predominio de la inmoralidad, la corrupción y la partitocracia.

También pretendemos que el análisis de esta trayectoria sea la base de partida para actualizar, consolidar y desarrollar la cultura republicana (es decir, democrática), que no se circunscribe a defender la forma de Estado más apta para asegurar la consolidación de la democracia, ni a practicar una forma de gobernación basada en la educación cívica para formar ciudadanos, sino que, además, pretende demostrar que el patrimonio ideológico del republicanismo es permanente y que sus valores básicos siguen vigentes: la soberanía del pueblo, la laicidad del Estado, la libertad, la igualdad y la fraternidad están ahí esperando las reflexiones serenas y sólidas que sólo pueden llevar a cabo quienes estén lejos de las prisas por llegar al poder. Sobre todo cuando lo que les impulsa no es defender los intereses supremos del país sino su propio provecho.

El mejor recuerdo y homenaje que podemos hacer a don José Maldonado en el 25.º aniversario de su fallecimiento es presentarlo como ejemplo a las nuevas generaciones. En cuanto a nosotros, republicanos, si queremos seguir su trayectoria, debemos consagrarnos a la tarea difícil pero muy eficaz a largo plazo (tanto como sea necesario para crear una conciencia de ciudadanía en nuestro país) de reafirmar nuestra fidelidad a los principios republicanos, cuyos pilares son la razón y la soberanía del pueblo. Creo que, hoy en día, la condición de republicano sobrepasa la mera pertenencia a un Partido Republicano. Nuestra labor cotidiana es ejercer de ciudadanos, es decir, analizar objetiva y continuamente la realidad de nuestro país, evitando cualquier posición neoposibilista, y no acatar en ningún caso, aunque como demócratas que somos respetemos el resultado de las elecciones, la Monarquía mientras su legitimidad no sea sometida al refrendo del pueblo español, único depositario de la soberanía nacional. Y recordar que la República, o es patrimonio de todos los españoles, o no merecerá tal nombre.

A esta firmeza en la defensa de los valores republicanos tenemos que añadir la tolerancia. Además, esta defensa tenemos que hacerla sin ofender a nadie, dejando la ofensa como patrimonio de quienes implícita o explícitamente siguen anclados en la apología del golpe militar de 1936, de la «cruzada» y del franquismo. Ellos sí nos ofenden todos los días negando el derecho a la memoria, a la dignidad y a la rehabilitación de quienes dieron su vida por la defensa de la libertad y al seguir presentando la República como un régimen sinónimo de desorden (RAE), persecuciones religiosas y guerras civiles…

Creo que si actuamos así, estaremos cumpliendo con la labor de transmitir a la juventud el mismo mensaje que la generación de don José Maldonado hizo con la nuestra. También servirá para recordarles que todavía no hace mucho tiempo hubo en España personas que como don José Maldonado fueron capaces de anteponer una ética política y un rigor austero, en aras de la regeneración de nuestro país, a la voracidad por conseguir, gracias a la política, situaciones materiales personales privilegiadas, como ahora ocurre, desgraciadamente, con demasiada frecuencia en nuestro país.

Macrino Suárez Méndez. Economista y ex Ministro de la República en el exilio.

Una vez un profesor canadiense, entonces establecido en Oxford, me confesó en Madrid que un colega de su universidad le desaconsejó venir a España. “No vayas”, le decía, “es un país de locos. Trabajan tanto o más que nosotros, pero encima mantienen un extravagante sistema de horarios de comidas que acaba contigo en un par de días. Te recogen en el hotel a las nueve de la mañana, te llevan a trabajar, te dan una impresionante comida; luego, siguen trabajando. Cuando piensas que ya se va acabar la cosa, te llevan a cenar (eso sí, estupendamente, y bien regada de vino y copas); te sueltan en el hotel medio beodo a la una de la madrugada… Y a las nueve del día siguiente, ¡ahí están otra vez!”.

Esto es una mera anécdota, pero seguramente pueda hipostasiarse a la imagen general que hemos venido dando en los países de nuestro entorno. Éramos los “prusianos del sur”, sí, pero antes “del sur” que prusianos. Aquellos que nos conocían de cerca no se podían creer que fuera posible mantener nuestras lunáticas costumbres meridionales y ser a la vez competitivos. Por eso ahora deben de cuadrarles todos sus prejuicios cuando observan que, en efecto, al final no podíamos ser como ellos, las serias culturas protestantes del trabajo y la responsabilidad. El acrónimo PIGS (”cerdos”, que incluye, en inglés, a Portugal, Italia, Grecia y España) es un lapsus freudiano que lo dice todo. Sabían que no podían dejarnos fuera de un proyecto europeo común, pero a pesar de las ayudas que nos proporcionaron, y de la evidente simpatía que sienten por nosotros, siempre desconfiaron. No hay más que ver lo que ahora se proyecta en la complaciente retina de los Financial Times y tutti quanti.

Seguramente cada uno de los PIGS tenga sus peculiaridades. En lo que se refiere a España, todos esos prejuicios son una verdad a medias. En pocos lugares del mundo se trabaja más que aquí -quienes tienen trabajo, claro-, a pesar de que el mantenimiento de nuestras costumbres nos obligue a dormir poco. Desde luego, carecemos de su sentido de la responsabilidad y de esa cultura política forjada a lo largo de decenios de prosperidad y democracia. Aun así, no lo hemos hecho tan mal. No hay más que ver cómo era este país hace sólo 30 años. Junto con nuestro vecino peninsular, ningún otro hubo de soportar una dictadura tan larga ni tan difíciles condiciones objetivas. ¿Dónde están aquí esos fastuosos ríos centroeuropeos, esas verdes y fértiles llanuras, esa cultura de la Ilustración que nos fue robada por el dogmatismo religioso?

Lo hicimos bien, muy bien. Hasta que nos lo creímos. Hasta que algún político pretendió que el producto del esfuerzo de todos era en realidad obra suya. Hasta que otros comenzaron a desvincularse de la ambición de país y priorizaron sus particulares intereses de partido o se concentraron en los intereses locales, en el confortable calorcito de su terruño. Supimos dar lo mejor de nosotros mismos mientras nos mantuvimos unidos y con un proyecto común. Antes de que la propia sociedad se fragmentara a su vez en la cultura del pelotazo, la insolidaridad y la fiebre privatista. Antes de que se diluyera nuestra creatividad bajo el peso de la banalidad de la cultura de masas.

Si, como se dice, nuestra identidad se forja a través de la mirada de los otros, ésta que ahora nos arrojan debería hacernos reaccionar. Gracias a ella al fin hemos podido vernos en nuestra relativa desnudez. Bienvenida sea, a pesar de sus distorsiones, si al menos sirve para ponernos en nuestro sitio, para disipar nuestra pretenciosidad de nuevos ricos y emplearnos a fondo, con humildad, en la reconstrucción de eso que hemos perdido. Pero no vamos bien cuando esas críticas que vienen de fuera se utilizan exclusivamente como crítica al Gobierno, ignorándose que de este desastre somos responsables todos, cada uno a nuestro nivel. El Gobierno tendrá su parte, pero no sólo él. Bien pensado, nuestro gran pecado puede que no haya sido sólo el luciferino de la soberbia; ha sido el de la irresponsabilidad generalizada. Es importante que no erremos al hacer el diagnóstico.

No desesperen, quienes ahora nos miran con displicencia ignoran que tenemos una importante ventaja comparativa. Fuimos uno de los pocos países que supieron reinventarse en un tiempo récord y bajo condiciones tremendamente difíciles. Quién sabe, si nos sirve para reencontrar el camino igual esto de la crisis acaba siendo una oportunidad. Pero no nos equivoquemos, nada ni nadie nos va a salvar si no nos sentimos todos aludidos.