Reggio’s

El conseller de la Generalitat señor  Huguet anunció el pasado lunes que su departamento tiene listo un proyecto de decreto que obligará a los profesores universitarios de Catalunya a tener la acreditación de un “grado de suficiencia” de conocimiento del catalán equivalente al del nivel C. Tal nivel, como es sabido, supone hablar y escribir con total corrección la lengua catalana. Más allá del C sólo está el nivel D, exigible sólo a traductores u otros oficios que tengan como finalidad específica el lenguaje.

Al día siguiente del anuncio efectuado por Huguet, el conseller Baltasar, en funciones de portavoz del Govern, rectificó buena parte de las declaraciones de su compañero de Gobierno, aunque sostuvo que era cierta la preparación de un decreto para exigir pruebas de conocimiento de catalán a los profesores de universidad. Así pues, se reaviva un tema que, tras anteriores intentos, parecía hibernado.

De nuevo es motivo de polémica el catalán en la universidad.

Para formarnos un criterio sobre este asunto partamos de una base en la que estaremos de acuerdo: en la universidad se enseñan saberes y conocimientos, no se enseñan lenguas, a excepción, naturalmente, de las carreras de filología. El estudio de las lenguas ha tenido lugar, previamente, en los ciclos de enseñanza primaria y secundaria. Por tanto, a los profesores de universidad sólo se les debe exigir que sean competentes en sus respectivas especialidades y que las enseñen de la mejor manera posible a sus alumnos. Ni más, ni menos. En la universidad la lengua tiene la misma función que en la sociedad: sirve para comunicarse y entenderse unos con otros. El profesor debe comprender la lengua en la que hablan sus alumnos y los alumnos deben entender la lengua en la que les habla el profesor. Sin esta comunicación, la enseñanza resultaría imposible.

Dando por sentada esta premisa, el asunto está resuelto jurídicamente en el artículo 35.5 del Estatut: “El profesorado y el alumnado de los centros universitarios tienen derecho a expresarse, oralmente y por escrito, en la lengua oficial que elijan”. Por tanto, en la universidad hay derecho de opción lingüística, libertad para usar una u otra lengua y, por tanto, el único conocimiento exigible a un profesor debe ser simplemente el del catalán pasivo, es decir, tener capacidad para comprenderlo y entenderlo, tanto oralmente como por escrito, pero sin necesidad de hablarlo ni, menos todavía, escribirlo. A su vez, en el mismo artículo, el Estatut ha previsto otras dos reglas que precisan el precepto anterior. Primera, el artículo 35.1 dispone que “el catalán debe utilizarse normalmente como lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza universitaria (…)”, todo ello sin perjuicio de que el castellano goce de idéntica condición al ser también lengua oficial, según la obvia interpretación del TC en su reciente sentencia sobre el Estatut. Segunda, el artículo 35.2 establece que “los alumnos tienen derecho a recibir la enseñanza en catalán en la enseñanza no universitaria”. Si este derecho a recibir la enseñanza en catalán sólo afecta a la enseñanza no universitaria, cabe deducir, sensu contrario, que tal derecho no rige en la universitaria. Por tanto, se refuerza la idea de la libertad de opción lingüística en la universidad y de la única necesidad del conocimiento pasivo del catalán por parte del profesorado.

En consecuencia, exigir a los profesores un nivel equivalente al C de catalán vulneraría el Estatut, ya que es totalmente desproporcionado respecto de la simple exigencia del conocimiento pasivo. El nivel C, como hemos visto, supone un grado de conocimiento muy superior. Pero tras el problema jurídico, bien resuelto en el Estatut, hay otro problema, más decisivo, que afecta a la futura calidad del profesorado, es decir, a la calidad de la universidad.

En efecto, ¿dónde hay que buscar a los buenos profesores? Evidentemente, en el mercado, en el mercado académico, y en el mercado académico más amplio posible para que sean seleccionados de forma competitiva. Cualquier barrera innecesaria que restrinja la libertad de circulación en dicho mercado va en detrimento de la calidad de los profesores que se puedan reclutar. Establecer pruebas lingüísticas innecesarias para la función que se ha de desempeñar tiene, sin duda, efectos disuasorios para que se incorporen a las universidades catalanas profesores competentes. No hay razones, pues, para establecer estas pruebas. Debe presuponerse que ninguna universidad admitiría a un profesor que no pueda comunicarse con sus alumnos por razones de lengua, dado que ello no le permitiría cumplir con su función docente, la función por la cual forma parte del claustro.

Sin embargo, en buena parte el mal ya está hecho, dado que desde hace tiempo se habla de estas exigencias de un elevado conocimiento del catalán y muchos las estiman ya vigentes. Por sectarismo político y cerrazón mental, quizás por un miserable puñado de votos, nuestros gobernantes, en connivencia con mediocridades académicas locales, han ido comprometiendo irresponsablemente el futuro de las universidades de Catalunya.

FRANCESC DE CARRERAS, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.

Este verano, y a pesar de estar viviendo los mayores dilemas sociales, económicos y políticos que haya tenido este país desde los años de la transición, no pasará a la historia por la profundidad de las reflexiones de los líderes políticos de nuestro país. Fuera de la presión del combate diario, cuando los periódicos suelen ofrecer espacio generoso para expresar cuestiones más amplias que durante el curso no tienen cabida, resulta que tampoco las ideas políticas han fluido vigorosas. Uno podría caer en la tentación de pensar que el problema está en las vacaciones de los asesores de los respectivos líderes. Quizás, también, cabría pensar que el desatino de algunas de las ideas vertidas en pleno verano pudiera deberse no tanto al relax del político, sino al periodista suplente que de política sólo sabe lo que ha mal leído en los periódicos. Todo ello podría ser, y a menudo se adivina en lo publicado. Pero tengo la sospecha de que el mal es otro: la política catalana sigue moviéndose en un espacio mental tan reducido que cuando se le plantean problemas graves y claros, da respuestas pequeñas y confusas. Y que conste que no me refiero al posible acuerdo o desacuerdo con tales ideas, sino a su escasa ambición, a su poca solidez y a su carácter errático.

Pondré un solo ejemplo para no hurgar demasiado en la herida. Es inconcebible que ante la situación creada por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Catalunya, alguien pueda sugerir un referéndum no ya sobre la independencia de Catalunya, sino que incluya también la posibilidad de pedirnos un estado federal. Debería saberlo un estudiante de primero de Políticas, pero también un ciudadano medianamente bien informado: en Catalunya no se puede celebrar legalmente ningún referéndum que ponga en cuestión el actual orden constitucional español. Apuntar estrategias políticas de cambio sin advertir de que estas no son posibles sin una ruptura previa del marco jurídico-político legítimo es algo inaceptable en un profesional de la política. Y que a la propuesta de Joan Herrera luego se le sumen declaraciones de Pasqual Maragall y otros sólo contribuye a señalar la gravedad del naufragio.

Lo absurdo de la propuesta no sólo está en que es irrealizable, que no es poco, sino que a quien habría que preguntar por si se desea un estado federal y no el autonómico actual no es precisamente a los catalanes, sino a los españoles. ¿Se imaginan el esperpento conceptual que supone una Catalunya aprobando en referéndum un estado federal dentro de una España ya bastante abrumada con sus autonomías? En una encuesta demoscópica puede preguntarse cualquier cosa, incluso si el ciudadano desea dejar de pagar impuestos. Pero imagino que el nuevo líder de ICV sí tiene clara la diferencia en las consecuencias entre una encuesta y un referéndum. En este sentido, y como corolario de lo anterior, que ERC asegure que se ve capaz de arrastrar al PSCoaCiU – ¡y por qué no los dos a la vez!-a tal referéndum de tres opciones es verdaderamente delirante. Si el plan Ibarretxe, que ni tan siquiera planteaba la independencia del País Vasco y que contó con el apoyo mayoritario de su Parlamento, acarreó como reacción un pacto tan ideológicamente aberrante como el actual entre PP y PSOE, ¿cómo pueden ni tan solo pensarse estas originalidades?

Y si estos referéndums no son posibles sin romper previamente con el orden constitucional actual – cosa siempre pensable y por mi parte incluso deseable, pero que habría que afrontar con todas sus consecuencias-,no es menos absurdo que nuestro actual presidente salga con el argumento de que en cada convocatoria electoral ya se ejerce el “derecho a decidir”. Aquí se sigue con la voluntad de crear la máxima confusión, quizás por aquello de que “a río revuelto…”. Es cierto que la inconsistencia jurídico-política de la expresión “derecho a decidir”, y que he discutido tantas veces, merece un juicio severo hacia CiU. Son las leyes las que establecen, en un sistema democrático, a lo que un territorio tiene “derecho a decidir”. Y si se pretende situar tal “derecho” fuera del marco legal, entonces mejor hablar claro no sólo sobre hasta dónde se pretende llegar en los próximos cuatro años, sino también sobre cómo se va a ejercer sin romper la baraja. Pero, en cualquier caso, la respuesta política no puede ser afirmar que tal derecho ya se ejerce eligiendo un Parlamento, porque no es saliendo por la tangente que se encaran los debates políticos. El PSC sigue confundiendo el tener un proyecto claro con tener el mismo de siempre, a pesar de la evidencia del fracaso de su apuesta federal. Negar la existencia de los problemas no es la mejor manera de convencer de que se tiene una solución.

En definitiva: la mayor parte del discurso político estival catalán publicado, con raras excepciones, se ha situado en la más dramática de las inconsistencias. Las elecciones se acercan -eso sí, más lentamente de lo previsto- y de momento no parece que la tensión haga subir el tono. Me gustaría creer que lo oído este verano no es otra cosa que meras maniobras de distracción del adversario. Y pienso que Catalunya realmente sigue expectante a la aparición de nuevas ideas y grandes proyectos para salir del caos. ¡Por favor, sorpréndannos!

salvador.cardus@uab.cat

La democracia parlamentaria se mueve por una regla básica: cuando no se tienen los escaños necesarios para gobernar, hay que buscarlos. En la España del bipartidismo enconado y los nacionalismos insaciables, esa búsqueda suele estar rodeada de un tono dramático que a veces parece más un auto de fe que un hecho político. Cuando se trata de los Presupuestos, los dos partidos de representación estatal ni intentan entenderse, aunque cinco millones de parados supliquen una solución conjunta: parece un sacrilegio intentar un acuerdo. Y todo acercamiento a los nacionalistas nace marcado por un pecado original: parece que se pone a subasta la unidad nacional.

Estos días, el ambiente dramático está acentuado. No se discuten solo las cuentas públicas, sino la caída del Gobierno. A la mayoría del Parlamento le importa un pimiento en qué se va a gastar el dinero de todos, cuál será la educación de nuestros hijos, o si tendremos que buscar medicina privada; solo importa que los Presupuestos sean la palanca para provocar elecciones anticipadas. Posición de los peor pensados, que suelen tener razón: por salvarse, se pagará el precio que sea. Dicho en palabras de Soraya Sáenz de Santamaría, a Zapatero, el único puesto de trabajo que le importa es el suyo, que también podría decirse a la inversa: al PP, lo único que le importa es mandar al paro a Rodríguez Zapatero. En este juego de intereses de poder, a veces tan indecente, la llave está en el PNV, indiferente ante las cuentas del Estado, pero cachondo ante la oportunidad de decir a los vascos que mandan y consiguen más que el lendakari.

Liturgia política, barnizada con intereses de partido y procedimientos de feria. Que nadie se alarme: siempre ha sido así, y así seguirá ocurriendo, porque esa es la consecuencia del sistema que tenemos. Yo solo apunto un deseo en forma de pregunta: ¿llegaremos a ver algún día la normalidad de las negociaciones? Entiéndase por normalidad que, si se habla de Sanidad, no haya que pagar la compra de escaños con obras públicas; si se habla de Educación, no haya que pagarla con Justicia; y, si se habla de Presupuestos, no haya que pasar por la ventanilla de las políticas activas de empleo o, por usar palabras de estos días, por la ventanilla del autogobierno.

Y eso es lo grave: que el sistema autonómico no se está construyendo, ni ahora ni con Aznar, de acuerdo con un proyecto diseñado. Se está construyendo a golpe de arrancar competencias y transferencias según las necesidades coyunturales del Gobierno central. Cuanto más precaria es su minoría, más competencias del Estado se ceden. Siempre se está salvando el momento, y el Estado se hace y deshace a trompicones. Así no puede salir bien.

La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) ha mostrado el gran engaño de la Transición en Catalunya. Zapatero expresó con claridad la meta: “Se ha conseguido el máximo grado de descentralización posible en la España constitucional”. En la descentralización, un poder central decide las políticas a seguir y distribuye los recursos públicos para que sus delegaciones las ejecuten. En la autonomía con recursos no dependientes del Estado se decide exclusivamente y se ejecutan aquellas políticas que por ley le son propias.

El TC ha desmontado las paredes maestras del autogobierno catalán. Primera: la apelación a los derechos históricos y a la nacionalidad como fuente diferencial de autogobierno. Más allá de 1714, Catalunya tuvo existencia legal junto con Euskadi y Galicia en la España democrática del 31 al 36 y es la única comunidad que, reconociendo legalmente la legitimidad de la Generalitat en el exilio en la persona de Tarradellas, validó esta diferenciación histórica. Segunda: el TC elimina el principio básico del autogobierno que se aplica en cualquier Estado compuesto: la existencia definida de competencias exclusivas. Y tercera: niega el derecho elemental a la autoidentificación cuando, de forma obsesiva, elimina la posición preferencial, que no excluyente, del catalán en nuestra legalidad.

¿Cuáles son los antecedentes de la sentencia? Esta se basa en la Constitución y en su bajo techo democrático. En 1978, las fuerzas mayoritarias del catalanismo, en un ataque de responsabilidad –Catalunya tenía que hacer sacrificios en aras de la democracia–, negociaron mal y engañaron al electorado catalán, reclamando un sí masivo a la Constitución con el argumento de que allí cabían las demandas de autogobierno. La esperanza se perdió después del 23-F, al que sucedieron la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y reiteradas sentencias del TC que iban interpretando autonomía como descentralización. Este papel del TC fue otorgado por la Constitución y la ley subsiguiente votada por los catalanistas que ahora se quejan: socialistas, convergentes y ecosocialistas.

Mientras tanto, el pujolismo era una opción perfecta para la “conllevancia”, bien visto desde PSOE y el PP. Alimentaba la llama identitaria de vez en cuando –quiénes se han creído que somos nosotros– mientras practicaba la política de lobby liberal en Madrid, apoyando a gobiernos a cambio de influencia o favores. El modelo autonómico avanzaba cada vez más en descentralización y cada vez con menos margen de maniobra presupuestaria, más déficit fiscal e invasión competencial permanente. Y un Estado central cada vez más irresponsable, que traspasaba la gestión de los servicios reteniendo el poder de decidir en políticas y en capacidad presupuestaria real, endosaba gastos a las autonomías, ponía en marcha programas que invadían competencias y, en cambio, no tomaba decisiones que eran de su responsabilidad.

El Estatut de 2005 quería pasar página. No fue posible. Decía Mas en el Parlamento: “Si hubiéramos mantenido el anterior proyecto de estatuto, la carnicería habría sido más brutal”. Qué cinismo. Como la pareja de Sweeney Todd, los barberos Mas y Zapatero, de Moncloa Street, ya mutilaron brutalmente partes sustanciosas del Estatut de septiembre de 2005: derechos históricos en el prólogo, concierto económico, autocapacitad de organización territorial, etc. De hecho, si la sentencia del TC ha consistido en cuatro declaraciones de inconstitucionalidad y un puñado de interpretaciones es porque el texto pactado por Mas era poco más que revestimiento con cartón piedra del texto del 79. El TC ha puesto en evidencia dos problemas a la vez: las limitaciones democráticas de la Constitución y del propio TC, y el vacío y la ambigüedad del Estatut de la Moncloa.

¿Qué hubiera pasado aguantando el texto surgido del Parlamento? Que la mayoría PP-PSOE hubiera votado en contra del Estatut y no se hubiera llevado a referéndum, quedando claro de entrada lo que ahora ha tardado cinco años en demostrarse, con gran erosión.

Sin embargo, una tercera parte del censo catalán votó a favor del Estatut recortado y es por ello que ERC ha defendido la voluntad democrática, apostando por su desarrollo. Ese es el sentido del segundo Gobierno de izquierdas, así como el objetivo de blindar con acuerdos nacionales tres aspectos básicos para un futuro de libertad y justicia social: pacto por la educación, por la inmigración y por la innovación, destinados a tener ciudadanos formados y nacionalmente cohesionados, garantizar la cohesión social y hacer que la economía catalana pase a ser global y no dependiente de la española. Esquerra ha seguido así una trayectoria coherente. Se abstuvo en la Constitución del 78 por poco democrática, dio apoyo al primer Gobierno de Pujol para consolidar la escasa autonomía y finalmente ha promovido un Gobierno con los federalistas para poder realizar una reforma federalizante del Estado. Las dos vías, autonómica y federal, han quedado abortadas explícitamente tras la sentencia del TC. Es por ello que la historia nos reconocerá el ejercicio de transparencia que hemos provocado. Ahora toca que los ciudadanos de Catalunya, de forma serena pero incansable, inicien con los votos, los argumentos y la organización de la sociedad civil el camino hacia el Estado catalán, el único que nos puede garantizar una plena democracia.

Josep Huguet i Biosca es Conseller de Innovación, Universidad y Empresa, y dirigente de ERC

La mayoría de catalanes hemos pensado alguna vez que nuestra nación tiene muchas dificultades para formar parte de un Estado cuya Constitución ayudamos a redactar. Una Constitución que explicita realidades políticas diferentes cuando menciona la existencia de “nacionalidades y regiones”.

En un mundo internacionalizado aquello que es propio, próximo y único es lo que nos identifica y nos arraiga. Respecto a Cataluña: las instituciones históricas, la lengua y la cultura, la tradición jurídica. Quien lo ponga en duda estará ignorando la historia y esta es tozuda y reaparece con más fuerza cuando es negada.

Como miembro del Gobierno de Cataluña asistí a la manifestación del 10 de julio. Desde 1977 nunca se había reunido tanta gente en una manifestación.

De aquella protesta yo quiero recordar a una familia completa de la que estaban presentes cuatro generaciones: desde la abuela en silla de ruedas hasta la bisnieta que llevaba la senyera como capa. Todos mostraban una indignación democrática por la decisión de un tribunal deslegitimado que cuestiona aspectos sensibles del Estatut pero, sobre todo, por las actitudes contrarias a la legítima aspiración de Cataluña de incrementar su nivel de autogobierno.

Desde entonces, he leído y releído los estudios de opinión y la conclusión es que el 10 de julio había un pueblo diverso. Es cierto que el clamor por la independencia fue protagonista, pero también es cierto que la ausencia de otras consignas dejó sin voz a la gran mayoría del pueblo.

En cifras, alrededor del 60% cree que el autogobierno es un sistema que aún puede desarrollarse más en Cataluña. Pero ha crecido el número de ciudadanos que opina que es necesario volver a un Estado centralista, del 6% al 15%, y ha aumentado el de aquellos que se decantan porque Cataluña sea un Estado independiente, del 15% al 25%.

“Es una hora grave”, decía el presidente Montilla el 16 de julio, porque el largo proceso del Estatut ha mostrado una dura ofensiva del nacionalismo español, que se expresó claramente durante la etapa de José María Aznar en La Moncloa (gracias al pacto del Majestic con CiU) y que no ha parado de avanzar.

Mientras, el pensamiento independentista arraiga y se radicaliza, sin concretar a través de qué vía se podría llegar a la independencia

Hay que hablar claro, el independentismo cada vez más fraccionado no concreta nunca su propuesta y corre el riesgo de generar odio hacia España, igual que el centralismo reaccionario lo genera hacia Cataluña.

Rechazo el centralismo reaccionario, el autonomismo uniformador, el independentismo que no explica cómo se llega a la independencia y la ambigüedad del nacionalismo que se mueve desde hace años con la etiqueta del “soberanismo” que no quiere decir nada, que solo busca votos. En los 23 años que gobernó CiU no propuso nunca aumentar el nivel de autogobierno reformando el Estatut.

Queda el trabajo duro, nada fácil, de fortalecernos en el espíritu del pacto institucional y reclamar y proclamar que aquel Estado plurinacional, pluricultural y plurilingüístico solo puede existir si las fuerzas del progreso abrazan con más fuerza que nunca el objetivo del federalismo. El primer paso tiene que ser el compromiso del Gobierno central de hacer posible la meta que marcaba el Estatut de 2006 y no dar por cerrado ningún proceso de descentralización,

El segundo paso es la aceptación explícita de naciones en el seno del Estado, Y el siguiente es el establecimiento de mecanismos de conexión real entre estas realidades nacionales y las instituciones dependientes del Gobierno central.

Por definición, los Estados realmente federales son asimétricos, ya que las instituciones de cada realidad política evolucionan a ritmos diferentes (naciones en España, Estados en el caso de Estados Unidos, landers en el caso de Alemania), tan asimétricos que en Estados Unidos por el mismo delito algunos Estados aplican la pena de muerte y otros no.

En este momento el PSC tiene que alzar la voz clara y unánime en favor del federalismo, garantizando la unidad civil de nuestro pueblo, que es lo que nos ha hecho realmente fuertes. Pero es también la hora grave y exigente de los progresistas de todas las tierras de España, especialmente del PSOE, recuperando la vinculación inseparable del pensamiento progresista con el reconocimiento de las realidades nacionales. Y lo es mucho para CiU porque no puede seguir en el reino de las ambigüedades apoyando el Estatut y renegando de él a la vez, coqueteando con el independentismo sin querer llegar a la independencia, sin rechazar a quienes crearon la actual crisis institucional por haber llevado el Estatut al Tribunal Constitucional, es decir, sin atacar nunca al PP sencillamente porque cree que así ganará las elecciones.

Es una hora grave, pero también es la hora de otro tipo de política, de perder el miedo a las palabras, de hablar claro, de hacer lo que se dice, de un nuevo esfuerzo estimulante, porque el pesimismo y la negación no ayudan a avanzar. Y Cataluña necesita, urgentemente, avanzar.

Montserrat Tura i Camafreita es consejera de Justicia de la Generalitat de Cataluña.

José Montilla reclama un mayor compromiso al PSOE con la España federal y se anuncia que van a investigar la momia del general Prim, que disfruta del sueño eterno en el cementerio de Reus. Aunque lo parezca, no es una casualidad. Algo muy poderoso une ambos acontecimientos, seguro que un astrólogo de guardia sería capaz de explicarlo. Yo no, pero lo intuyo. El cuerpo embalsamado del catalán que ha tenido más poder en la España contemporánea (sea dicho con permiso de Narcís Serra) va a ser inspeccionado mediante una endoscopia, porque hay que molestar lo mínimo a los grandes hombres. El admirado Josep M.ª Ainaud de Lasarte explica, en uno de sus amenos libros, que la famosa frase catalana “o caixa o faixa” se atribuye al militar y político reusense; al parecer, Prim la pronunció cuando le acusaron de buscar ansiosamente la faja de general en la represión de las bullangas barcelonesas. Precisamente, en Catalunya andamos desde hace tiempo metidos en un “o caixa o faixa” que no parece tener resolución.

“O caixa o faixa”. La España federal es tanto o más inalcanzable que la independencia de Catalunya. Lo dicen ilustres voces. Y los escépticos describen el panorama como una subasta de fantasías, pero es un hecho objetivo que hay más independentistas en Catalunya que federalistas en España, sin contar a los dirigentes del PSC. A ver, seamos positivos, antes de que comience oficialmente el curso político y prolifere la mala uva. Una salida bonita al “o caixa o faixa” sería que la ministra Chacón -catalana, pensadora y dedicada al Ministerio de la Guerra como Prim- rescatase de un cajón una brillante idea del líder de La Gloriosa: caminar hacia una confederación formada por España y Portugal. Era un sueño que al de Reus le metió en la cabeza Víctor Balaguer, y que debía pasar por Fernando de Coburgo como aspirante al trono. No pudo ser, pero se podría actualizar. Prim no podía ver a los Borbones, no es el caso de Chacón, suponemos, así que lo complicado es convencer a los portugueses. Si Saramago no hubiera fallecido, amigo como era de Zapatero y de las causas nobles, podría haber preparado el terreno, aunque tampoco hay que olvidar que el novelista fue un patriota portugués de tomo y lomo, como recuerda el maestro Joan Francesc Mira desde El Temps.

¿Sueña Chacón con presidir el Consejo de Ministros como hizo Prim? Tras haber firmado un artículo preventivo con Felipe González, algunos no lo descartan. Ay, ay. ¿Sueña Montilla con ovejas eléctricas conducidas por el fugado Castells? Mientras, la bella e inteligente Rocío Martínez-Sampere asegura que el PSC debe seducir a la izquierda española. ¿Sirven para ello los 25 diputados en Madrid? Y la momia de Prim inspira las explosivas declaraciones de Maragall desde Prada de Conflent: hagamos un referéndum. Lo dicho: “O caixa o faixa”.

Los socialistas esperaban contar con los votos del PNV para sacar adelante la reforma laboral en el Senado, no eran imprescindibles, ni el último recurso, pero suponían una buena señal para la suerte del Presupuesto 2011, escollo principal para Zapatero en lo que queda de legislatura. El PNV no apoyó a los socialistas por lealtad a sus hermanos catalanes de CiU, que optaron por la abstención ante el rechazo de alguna de sus enmiendas que propiciaban mayor flexibilidad para modificar algunas condiciones laborales.

Las enmiendas catalanas basculaban la reforma hacia el bando empresarial y los socialistas no han querido pasar esa línea roja aunque la ruptura con los sindicatos será irreversible durante unos cuantos meses.

Los socialistas no deben sentir aun desesperación parlamentaria ya que en ese caso hubieran aceptado las enmiendas catalanas. El PNV atendió a sus hermanos nacionalistas y dejó solos a los socialistas que compusieron una mayoría por el sistema de ponderación que resuelve los empates  en votaciones de comisión.

Las relaciones entre socialistas y nacionalistas (vascos y catalanes, gallegos y canarios) son de extrema complejidad, siempre penden de un hilo, pero son imprescindibles para sacar adelante las votaciones importantes. En los casos límite el idilio funciona y los socialistas se llevan el gato al agua. Pero a medida que avanza la legislatura cada pacto es más laborioso e incierto.

Los del PP no han prestado el menor apoyo al gobierno para sacar adelante la reforma laboral, su estrategia es de no prestar ningún apoyo, ni aun cuando los populares reivindiquen una reforma semejante. Hubo apoyo en materia financiera y de cajas, pero responde a otros intereses y simpatías, que van por delante de la estrategia y la táctica. Para los populares el ideal hubiera sido el fracaso de la reforma laboral que hubieran interpretado como incapacidad del gobierno y motivo justificado para el adelanto electoral. No va a ocurrir, los socialistas han impuesto su reforma laboral por decreto y por ley con el rechazo de los sindicatos y del PP, pero con votos suficientes en las cámaras.

Pero estas son escaramuzas parlamentarias antes de la batalla final que se dará con el presupuesto 2011 que estos días ultiman en Hacienda y al que Zapatero dedica máxima atención y prioridad, tanto como para asumir la cabecera de la comisión de asuntos económicos y entrar a fondo en el debate.

Unos presupuestos que necesitan el apoyo nacionalista para salir adelante y no dejar al gobierno a la intemperie. Por eso el idilio de Zapatero con vascos y catalanes entra en fase crítica.

Nota biográfica

Rebajas de impuestos al ahorro y de sociedades, cortesía de Mariano Rajoy. Un nuevo sistema de financiación para Catalunya equiparable al envidiado concierto económico vasco, por la gracia de Artur Mas. Promesas, aquí y allí de quienes aspiran a tomar el mando del Gobierno y la Generalitat. Recuperar unas cuantas obras que su propio Ejecutivo había paralizado con la excusa de recortar el déficit, contraataque de José Luis Rodríguez Zapatero para intentar recuperar desde la Moncloa el terreno perdido en las encuestas. ¡Ah! y nada de subir más impuestos, ni a los que más ganan. Fue sólo un despiste de José Blanco. Un sofoco provocado por los calores estivales. Es lo que tiene estar al pie del cañón. Y desde el Palau de la Generalitat, José Montilla, de momento, no ofrece más que “seguir creyendo” en la obra del Govern tripartito y en un Estatut hecho jirones que ya sólo él defiende. ¿Y los electores? ¿Creer? ¿En qué? ¿En quién?

La experiencia es una suma de desengaños y nos dice que nadie ofrece tanto como el que sabe que no va a cumplir. Sobre todo en política. El calendario electoral es insaciable y ningún líder que se precie se arriesga a perder comba con las urnas esperando a la vuelta de la esquina. Los partidos, sometidos a la tiranía de las encuestas, han hecho su elección. Primero las palabras, y de los hechos, pues ya hablaremos. Sólo palabras. ¿Los discursos inspiran menos confianza que las acciones? Cierto, pero no es cuestión de desenterrar ahora a Aristóteles. De lo que se trata es de ganar elecciones y, para lograrlo, nada mejor que un amplio programa regado de buenas intenciones y proyectos con muchas dosis de imaginación y sólo un poco de certezas de futuro.

Esas serán las cartas de los candidatos. Zapatero y Rajoy disputarán su primer asalto – con permiso de Catalunya-en las elecciones municipales y autonómicas del próximo mes de mayo. Los populares han blindado sus feudos, pero la coyuntura económica les ha abierto nuevos horizontes. Sobre todo a su presidente, que ya anuncia megaplanes de reformas que impresionan tanto como su falta de concreción. Al menos es un plan.

Antes, Montilla y Mas se jugarán la presidencia de la Generalitat. Un concierto económico imposible y un derecho a decidir indeterminado es la oferta del líder de CiU para generar entusiasmo frente a la sobriedad verbal de Montilla. Sabía Napoleón que la mejor forma de cumplir con la palabra empeñada es no darla jamás. También lo ha aprendido Montilla. Prometió gafas y sonotones para las personas con rentas bajas en su primera campaña electoral catalana. Y así estamos, ciegos de tanto ver y sordos de tanto oír.

igarcia@lavanguardia.es

La semana pasada visitó Camprodon un médico de Puigcerdà. Un tipo de mediana edad, con aspecto de galán maduro en blanco y negro. Frente despejada, bigote severo, ojos de metal. Nunca había escuchado al doctor Carretero en directo, aunque conocía su discurso, que pivota sobre dos ejes: independencia y regeneración democrática. Su idea de independencia no puede ser más sencilla: mayoría en el Parlament, proclamación del Estado catalán y convocatoria de referéndum para validarlo. Ni una palabra sobre los movimientos reactivos del Estado español, sobre el papel de Europa o sobre las consecuencias de la proclamación en el interior de Catalunya. Carretero, sin embargo, desgranó tan fácil recorrido en palabras más que secas: coriáceas. Con una seriedad tan extrema que la expansión patriótica del público quedó cortada, como corta la dulce leche el amargo café. Finalizado el discurso, algunos asistentes se atrevieron a solicitar al conferenciante lo que tantos independentistas sueñan: unidad con Laporta y compañía para que el independentismo (de ERC ya ni se hablaba) dé el gran salto. La respuesta de Carretero impresionó por su tozudez. No pactará -repitió una y otra vez- si no se produce un debate a fondo, no sólo sobre estrategia y programa, sino incluso sobre cómo se pagará la campaña. Con un látigo constante, castigaba a los que le pedían, casi de rodillas, unidad: “Jo no perdré la dignitat!”. Uno tras otro, le imploraron el pacto, pero el médico, impertérrito, sacaba a relucir la analítica: “En 1906, Solidaritat Catalana consiguió un gran éxito, pero al día siguiente ya estaban todos enfrentados”. La tristeza del auditorio se podía mascar.

Le acusan de carlista; y lo es. Pero no en el sentido convencional: no es un carca (la regeneración democrática que propugna es de corte anglosajón); ni es un populista. Pero sí un tozudo espectacular: uno de aquellos generales carlistas que preferían quedarse solos a rendirse. Mientras el resto de los políticos adula al electorado, Carretero riñe al auditorio como el médico a un paciente con colesterol. En lugar de pelotear al personal, le recrimina: “Si no tenim independència és per culpa dels catalans”.

Presentó el acto el alcalde de Montagut, que ha cambiado ya tres veces de partido: CiU, ERC, Reagrupament. ¿Mañana? Tal evolución expresa un recalentamiento nacionalista, sí, pero también cierta psicología de masas. Expresa el nerviosismo de un sector de la sociedad catalana que no puede soportar por más tiempo la pantanosa situación actual y reclama un alivio. Enric Juliana acuñó el término català emprenyat. Entre el público que escuchaba al doctor Carretero creí detectar una profundización de aquel estado: el desfici català. La desazón catalana. El neguit. Curiosamente, Carretero se mostró indiferente a tal desasosiego. Es médico, no psiquiatra.

En lo referente a la reforma del Estado la pregunta no es «¿hasta dónde se puede llegar?», sino «¿qué camino hay que seguir?». Aunque el dicho inglés mantenía una excepción que parecía lógica -«la ley puede hacerlo todo menos cambiar a un hombre en mujer»-, es evidente que tan prudente enunciado ha sido arrasado por la práctica jurídica de los tiempos modernos, y que ya se puede celebrar una boda entre un muerto y un vivo (Francia), optar por el género neutro (Australia), hacer casamientos homófilos (diez o quince países), mudar de hombre a mujer -y viceversa- en repetidas ocasiones (España y algunos otros países), o pasar de ser a no ser con cargo al Estado (Holanda). Y por eso nadie va a discutir que la ley pueda convertir a Cataluña en un país integrado en España (y oprimido, como apostillaría Carod Rovira), independiente (como Andorra o Mónaco), o mediopensionista (integrado en España en horario comercial y mientras los bancos estén abiertos o la Liga en juego, e independiente el resto del día y de la noche).

A mí, si he de ser sincero, me vale cualquiera de las tres opciones, porque no creo que las sociedades muten a golpe de ley, ni que las cosas fuesen a cambiar sustantivamente porque Zapatero y Montilla tiren palante con sus numerosas y peligrosas ocurrencias. A lo que no estoy dispuesto es a que el camino se haga a trompicones, rompiendo los modelos jurídicos y los hábitos establecidos, tomándole el pelo a los ciudadanos corrientes, y dando la sensación de que el sentido institucional del poder y del Estado se ha puesto en almoneda.

Todo lo que se está haciendo para «contentar a Cataluña», desde que Zapatero dijo que respaldaría cualquier cosa que aprobase su Parlamento hasta hoy mismo, es una chapuza. Y la idea de gobernar en plan Pepe Gotera y Otilio, chapuzas a domicilio es la enfermedad más grave que puede afectar a un Estado democrático y moderno. El problema no está en saber adónde van Cataluña y el Estado que vive acomplejado ante las numerosas chuminadas que dicen sus dirigentes, sino en la evidencia de que, ante la imposibilidad de hacer el payaso dentro de los límites legales, el Gobierno de Madrid está dispuesto a vestirse de lagarterana, y el de Barcelona de gigante Polifemo (que veía por un ojo solo y era incapaz de apreciar las distancias y los relieves) con tal de que Montilla salve los dos o tres escaños que le permitan seguir desgobernando.

Y ante eso hay que plantarse responsablemente y a toda costa, incluso si tal acto de patriotismo lleva a González Pons al Ministerio de Justicia. Porque, aunque la merluza se pueda hacer a la vasca, y el pulpo a la gallega, no es tolerable que Montilla y Zapatero legislen «a la catalana».

La sentencia del Constitucional contra las Cortes valencianas

El TC dice que preguntar al Gobierno para su control «pertenece al núcleo de la función representativa»

La potestad legislativa, el control del Gobierno y el impulso político a la acción del poder ejecutivo son las funciones esenciales que dan sentido a los parlamentos democráticos. De cómo se ejerzan depende, y mucho, la calidad de las formas de gobierno basadas en la democracia representativa. En el juego institucional de frenos y equilibrios (check and balances) que caracteriza a las relaciones entre el Parlamento y el Gobierno, el control del primero sobre el segundo juega un papel decisivo para que la institución parlamentaria acredite su condición de órgano depositario de la soberanía popular, con independencia de que el Gobierno goce o no de una cómoda mayoría parlamentaria para dirigir la política del Estado y aplicar las leyes.

Sin ignorar que la evolución institucional de los sistemas democráticos ha ubicado al Parlamento en una posición no precisamente hegemónica, lo cierto es que en la lógica del sistema representativo, ya sea en los sistemas presidencialistas (Estados Unidos), semipresidencialistas (Francia,) o parlamentarios (España), el Parlamento tampoco puede comportarse como un mero correveidile del Gobierno. Y el ejercicio de la función de control es un buen test para demostrar que no le va a remolque. Porque en ello está en juego la relevancia del derecho fundamental a la participación política que ejercen los parlamentarios en nombre de la soberanía popular o, lo que es igual, la efectividad del ius in officium, esto es, el derecho al ejercicio del oficio representativo.

Esta reflexión general sirve como necesario preámbulo al comentario que suscita la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, 44/2010, de 26 de julio, por la que ha anulado diversos acuerdos de la Mesa de las Cortes valencianas, que desestimaban los recursos de reposición interpuestos contra resoluciones de dicha mesa por las que se inadmitían a trámite algunas preguntas formuladas al Gobierno valenciano por el Grupo Parlamentario Compromís (Esquerra Verda y Bloc Verds), y también una proposición no de ley presentada por el mismo grupo. El tribunal ha resuelto que las decisiones negativas de la Mesa de las Cortes, el órgano de gobierno del Parlamento valenciano, carecían de motivación, es decir, de una mínima justificación, razón por la cual violaban el derecho a la participación política en condiciones de igualdad del artículo 23.2 de la Constitución.

De las cuatro preguntas rechazadas por la mesa, dos de ellas versaban sobre la eventual realización de contratos por diversas consejerías del Gobierno con una serie de empresas relacionadas con la investigación judicial sobre el llamado caso Gürtel; una tercera se refería a unos vertidos tóxicos, y la última, a unas adjudicaciones de licencias de radio y televisión y a un plan de emergencia exterior. Por su parte, la proposición no de ley pretendía proponer el reconocimiento público a Francesc Bosch i Morata, que fuera consejero de Cultura del Consejo Provincial de Valencia durante la Segunda República. Respecto de las preguntas, el tribunal reconoce que la mesa no motivó su rechazo, limitándose a transcribir de forma lacónica y estereotipada los artículos del reglamento parlamentario, «sin especificar por qué procede su aplicación al caso concreto». E idéntica falta de justificación se produjo respecto de la proposición no de ley, al argüir, sin más, que su contenido no era propio de este instrumento de impulso a la acción del Gobierno, de tal manera que las Cortes, dice el tribunal, «desde la óptica de la representación democrática estarían obstaculizando la posibilidad de que se celebre un debate público entre las diversas fuerzas políticas» sobre dicho tema.

La facultad de formular preguntas al Gobierno es una de las formas habituales del control parlamentario sobre el Ejecutivo. Como recuerda el tribunal, se trata de una actividad del diputado o senador que «pertenece al núcleo de la función representativa parlamentaria, pues la participación en el ejercicio de la función de controlar la acción del Consejo de Gobierno y su presidente y el desempeño de los derechos y facultades que la acompañan constituyen manifestaciones relevantes del ius in officium del representante». Si ello es impedido con una manifiesta ausencia de justificación por parte del propio órgano de gobierno de la Cámara, no solo se viola el derecho de participación política del representante electo, sino que, implícitamente, también queda enervada la base democrática del sistema, que nunca puede permitir que sus instituciones actúen de forma arbitraria. Como ha reiterado el tribunal, el derecho de participación política de todos los ciudadanos queda vacío de contenido o sería ineficaz si el representante político se viese privado o perturbado en el ejercicio de sus funciones.

Dado que la legislatura de las Cortes valencianas no ha terminado, el derecho que el tribunal ha reconocido a los diputados de Compromís habrá de permitir que sus iniciativas sean estudiadas seriamente –ahora sí– por la Mesa de las Cortes y sus servicios jurídicos, a fin de reparar el daño causado.

Marc Carrillo. Catedrático de Derecho Constitucional (UPF).

Hay frases que invitan a pegar rápidamente el trasero a la pared. La Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, afirma lo siguiente: “Quiero a Catalunya con locura”. Ante tal proclama de amor encendido, poco puede decirse, salvo aclamar a esta buena mujer, militante del PP por más señas, que ha tenido el bonito detalle de recurrir ante el Constitucional la ley catalana de Acogida de Inmigrantes. Lo ha hecho por coherencia -explica- con la sentencia sobre el Estatut, en concreto en lo que se refiere al uso de las lenguas.

La señora Cava, que tanto nos quiere, considera que el catalán no debe ser la lengua primera de integración del inmigrante en Catalunya y mantiene que los extranjeros “se integran perfectamente con la lengua castellana, por lo que no es necesario que hablen el catalán”. Ya lo decía mi abuela: quien bien te quiere te hará llorar. Y lloramos porque esta ejemplar, neutral y ecuánime Defensora del honrado pueblo español dice una verdad como un templo. Lo primero que descubre alguien que llega a Catalunya para trabajar (incluidos los jugadores del Barça) es que puede pasarse el idioma catalán por la entrepierna sin problema. La razón es sencilla: la inmensa mayoría de los catalanohablantes hacemos automática dejación de la lengua de la madre que nos parió y nos pasamos al castellano a la mínima, no vayan a tomarnos por descorteses, aldeanos o separatistas irredentos.

La Defensora, que de tanto querernos le duele hasta el alma, no hace más que levantar acta de la habitual actitud suicida del catalanohablante para con su idioma, fenómeno impensable, por ejemplo, en Flandes o Quebec. Aquí, con el tiempo y una caña, lograremos la desaparición de la lengua del poeta Ausiàs March y de la emisora radiofónica RAC1, hermana de este diario.

Miren si es colosal el abandono del catalán por parte de los catalanohablantes que cualquier camarero llegado de otras latitudes se ve capaz de enviar a la mierda al cliente que osa pedir cualquier cosa – pongamos un tallat-en la lengua de Salvador Espriu, el que tanto ensalzó “los puentes de diálogo”. Esto ocurre a diario. El camarero foráneo se da cuenta, en dos días, de quién es el fuerte y el débil. El catalanohablante es una minoría cultural menospreciada en su propio país. Es lo que ocurre cuando no te respetas a ti mismo. TV3 y la inmersión escolar, como éxitos de la política, no pueden ocultar la realidad precaria del catalán en la calle. Llenita de amor, la Defensora es solidaria con el inmigrante que estudia els pronoms febles,tan difíciles. Aunque yo, que soy malpensado, apostaría doble contra sencillo que la señora Cava piensa más en sus amigos jueces y fiscales que, enviados en misión a Catalunya, podrían ver lesionados sus derechos humanos al tener que entender un poquito la rara jerga de los indígenas.