Reggio’s

Desde hace años, sostengo que el principal problema que tiene la hipótesis independentista en Catalunya es el estilo de muchos de sus promotores, empezando por varios dirigentes de ERC. Aunque debe consignarse la emergencia de nuevos actores sociales favorables a la independencia cuyas formas son verdaderamente serias y solventes – destaca aquí la asociación Cercle Català de Negocis-,todavía quedan entornos movidos por la agitación antisistema, émula de tácticas y discursos de otros movimientos, ya sea la izquierda abertzale o los grupúsculos más extremistas de la alterglobalización. En estos momentos, y más allá de los partidos, en el independentismo hay de todo, lo mejor y lo peor de cada casa. La buena noticia es que los friquis y los fanáticos ya no tienen el monopolio del proyecto ni del discurso.

Pero los impresentables pueden ser ruidosos, si se lo proponen. Y pueden lograr protagonismo fácil, si escogen bien el momento. Así ocurrió el pasado viernes, cuando un grupo de jóvenes – sería bueno saber cuántos de ellos estudiantes-boicoteó una conferencia de Rosa Díez en la facultad de Ciencias Políticas de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Es notorio que estoy en las antípodas de lo que piensa y propaga la máxima dirigente del partido UPyD, pero no me permito trampas con las reglas básicas del juego democrático. Díez puede y debe exponer sus ideas con libertad, también aquellas que incluyen falacias sobre la realidad social catalana. Ello debe ser así siempre, incluso sabiendo que no existe nada parecido a una mínima simetría; quiero decir que sería extraño que un dirigente independentista pudiera explicar tranquilamente sus argumentos en universidades de Madrid u otras ciudades españolas. Por otro lado, los boicoteadores de Díez han dado de Catalunya y del independentismo una imagen pésima, manchada de intolerancia. Por eso son rematadamente estúpidos, porque se creen héroes cuando sólo marcan goles en propia puerta. Y la estupidez no suma. Además, han regalado a Díez un ejemplo perfecto para ilustrar sus tesis engañosas.

Para los puros e iluminados (del independentismo catalán, del españolismo, del socialismo, o de lo que sea), todo aquel que no encaje en su reducido esquema debe ser insultado y proscrito. Hace unos días, estos mismos totalitarios que pululan por la UAB intentaron impedir una charla del ex lehendakari Ibarretxe, demasiado pactista para su gusto. Por suerte, Catalunya no se reduce a estos cuatro “guardianes de la revolución”, que dicen hablar en nombre “del poble català”. El miércoles por la noche, el programa de TV3 Banda ampla nos mostró a unos universitarios muy diferentes, debatiendo sobre la independencia de Catalunya con tranquilidad, inteligencia y respeto. Fue un ejercicio democrático de pulcritud ejemplar. Es con estos jóvenes – y no con los que impiden hablar al adversario-que vamos a construir un país más libre, más respetado y con más oportunidades para todos.

¡Albricias! Parece que, al fin, han caído las máscaras, se han aventado las cortinas de humo y la realidad empieza a aparecer en toda su cruda desnudez. Desvelando lo que era un secreto a voces, ya se explica negro sobre blanco que las más altas instancias del poder judicial español llevan lustros siendo objeto de una concienzuda lottizzazione político-partidista. Ya se habla sin ambages de “mercadeo de votos” o de “pasteleo” entre “progresistas” y “conservadores” en el seno del Consejo General del Poder Judicial. Ya se explica con toda naturalidad que, para hacer carrera en los estratos superiores de la judicatura, es preciso circular con el carnet en la boca; con el carnet de la pertinente asociación de jueces, que oculta apenas la afinidad con uno u otro de los dos grandes partidos estatales.

Como saben, el desencadenante de tales revelaciones ha sido la admisión a trámite, por parte del Tribunal Supremo, de tres querellas contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, querellas que albergan el palmario propósito de poner fin a la trayectoria judicial del polémico y pugnaz magistrado. Contra esas intenciones se han movilizado prestigiosos juristas de los cinco continentes; y se han sacado a la luz viejos rencores personales de algún miembro del Consejo General hacia Garzón; y se ha radiografiado la tendencia política y la fecha de nombramiento de los 15 magistrados que componen la Sala Segunda, de lo Penal, del Tribunal Supremo; y se han publicado sentidas cartas de lectores que denuncian la “persecución”, la “crucifixión” de que está siendo objeto el juez Garzón. La tesis de fondo de todas estas reacciones es una, y bastante inobjetable: existe entre los querellantes (el montaje ultraderechista Manos Limpias, el partido Falange Española y de las JONS…), y también entre la mayoría de los miembros de la sala que deberá juzgarle, una manifiesta hostilidad ideológica contra Baltasar Garzón. O, como titulaba este mismo diario el pasado domingo, el futuro del hombre que veía amanecer “está en manos de jueces conservadores”.

Entretanto, el pobre Estatuto catalán de 2006 lleva ya tres años y medio en el “corredor de la muerte” del Tribunal Constitucional, a la espera de la ejecución, o del indulto, o de una reducción de pena. Pero todavía no ha aparecido ningún titular que diga: “El Estatuto de Cataluña, en manos de jueces españolistas”. Los paladines mediáticos de Garzón han hecho muy bien en subrayar que, entre los magistrados prestos a verle en el banquillo de la Sala Segunda del Supremo, el ponente que firmó la admisión de la querella de Manos Limpias es Adolfo Prego de Oliver, presentador de libros de Pío Moa y “patrono de honor” de la Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes), un lobby ultraespañolista creado en 2006 que denuncia la “pasividad ante el separatismo catalán” y propone reformar la Constitución para liquidar el Estado autonómico. Y bien, aunque más discretos en sus compromisos públicos, ¿no presentan varios de los magistrados del Constitucional un perfil socioideológico parecido al de don Adolfo Prego, un perfil absolutamente sesgado que debería invalidarles para juzgar de modo imparcial el Estatuto catalán?

Si ver al partido del yugo y las flechas querellarse contra el juez que quiso investigar los crímenes del franquismo da grima y descalifica moralmente todo el procedimiento, ¿no debería provocar el mismo efecto ver al PP tratando de ganar, con su recurso de inconstitucionalidad, la batalla contra el Estatuto que perdió repetidamente en las urnas tanto catalanas como españolas? Si, como opinan muchos, la querella de Falange contra Garzón debiera haber sido rechazada, ¿no cabe decir lo mismo y por idénticos motivos del recurso antiestatutario del PP? ¿Por qué, entonces, sólo Santiago Carrillo denuncia sin tapujos la falta de neutralidad del Constitucional? ¿Por qué, en España, Garzón tiene tantos defensores, y el Estatuto tan pocos?

Parafraseando al presidente Montilla, queremos mucho a Garzón, pero todavía queremos más al Estatuto. Aunque sólo fuese porque, ingenuos, casi dos millones de nosotros lo votamos.

En las consultas populares que se están celebrando sobre la independencia de Catalunya se plantean fundamentalmente dos grandes interrogantes, para los que sólo existen muchas hipótesis interesadas y pocas respuestas de fiar. Por una parte, no sabemos qué importancia política y social tienen, en realidad, tales referéndums. En segundo lugar, están los desafíos que plantean no ya a los partidos políticos existentes, sino principalmente al propio independentismo. Mi punto de vista favorable al proceso iniciado en Arenys de Munt -aunque, como escribí, yo hubiera sido mucho más prudente en su extensión- y mi compromiso personal con el horizonte de la independencia del país, no aseguran que pueda dar una respuesta menos interesada y más crítica, pero voy a intentarlo y el lector ya juzgará.

Por una parte, está la cuestión de la importancia política de las consultas. A tenor de la atención recibida por los principales medios de comunicación catalanes e incluso por nuestra televisión pública, cabría decir que las consultas apenas tienen trascendencia alguna. Los dos periódicos de mayor difusión en Catalunya, el domingo pasado no mostraron el menor interés por las consultas que se iban a realizar y no les dedicaron ninguna atención informativa. El domingo por la noche la televisión nacional catalana consideró, ya con los datos de participación sobre la mesa, que la consulta merecía el cuarto puesto informativo justo después de la detención de etarras y de los diversos percances climáticos en distintas partes del mundo. La movilización popular en 79 municipios, los miles de voluntarios activados, los varios centenares de actos con gran éxito de público organizados con antelación en estas poblaciones y la propia consulta que llevaría a la participación de 62.360 ciudadanos, un 21,55% de los posibles votantes, no fueron considerados nada o casi nada relevantes. Quizás si se hubiese tratado de votar a favor de las corridas de toros habría sido diferente, pero tratándose solo de la independencia del país…

Este susurro informativo supone una interpretación absolutamente legítima sobre el significado social y político de las consultas que, después de Arenys de Munt, se han celebrado el 13 de diciembre pasado y este domingo 28 de febrero y que tendrán su continuación el 25 de abril y en siguientes fechas por determinar. Más allá de posibles análisis maliciosos sobre su intencionalidad política, es razonable que algunos consideren sinceramente que las consultas no van a tener ninguna trascendencia política, que no sugieren ningún cambio de fondo en las actitudes de los ciudadanos y que todo se reduce a puro esteticismo gratuito y evanescente, tan catalán según el tópico. Incluso puede pensarse que hay que actuar con responsabilidad para evitar que la espuma crezca y acabe creando un peligroso sentimiento de frustración. Quizás sea esta la buena interpretación. Pero existen otras. Por ejemplo, que en los tres años que llevamos de nuevo Estatut, cada día más catalanes estarían llegando a la conclusión que este no ofrece el horizonte político, social, económico y cultural que ambicionan. Que el encaje en España ha dejado de tener interés, por no decir que es un lastre ahora menos llevadero que nunca. Y que ya es hora de probar la vía de la independencia. En definitiva que, siguiendo a Aristóteles, una imposibilidad probable (la independencia) es preferible a una posibilidad improbable (el federalismo). Un veinte por ciento de los votos, conseguidos en un marco de apatía informativa, ya es mucho más de lo que obtienen los partidos con grandes y costosas campañas y en un clima de presión institucional. El tiempo dirá quién acertaba en su valoración y cuáles son las consecuencias que los ciudadanos más políticamente activos, y por lo tanto mejor informados, se vean mejor o peor interpretados en sus medios de comunicación.

El segundo gran interrogante debe dirigirse a cómo el independentismo va a encarar sus enormes desafíos. En primer lugar, está la cuestión de cómo se va a canalizar el empuje despertado a través de las consultas. La pregunta sobre el día después es la primera en todos los actos en los que he participado. La capacidad por mantener un doble plano, el de un movimiento social autónomo y plural, distante y en tensión con las nuevas ofertas electorales que puedan surgir, a estas alturas inevitablemente precipitadas, no es nada fácil. El movimiento social debería sobrevivir a cualquier éxito o derrota electoral de estas, incluso a cualquier fiasco futuro una vez en el Parlament. En segundo lugar, está la amenaza lógica de la fragmentación propia de todo arranque de un movimiento social mientras no se asientan los liderazgos. La historia de todos los partidos que ahora alardean de estabilidad -siempre relativa-empezó también de esta manera, y no puede exigirse a los nuevos madurez antes de hora. Pero lo cierto es que la amenaza de la división está a flor de piel, que los actuales liderazgos no parece ser los que acabarán cuajando y que la tentación populista es tan comprensible como peligrosa.

Finalmente, el independentismo debe llenarse de contenido si quiere ser algo más que una simple fuerza para desplazar el centro de los equilibrios políticos actuales. Su éxito estaría en convertirse en una nueva corriente política central, un main stream que, por debajo de las divisiones ideológicas habituales, cambiara el curso de nuestra historia para permitirnos ser sujetos de nuestro propio futuro como nación libre. Pero ninguno de los desafíos tiene aún respuesta clara.

salvador.cardus@uab.cat

Este domingo se ha celebrado una nueva ronda de consultas independentistas en numerosos municipios catalanes. 2010 será en Cataluña año de elecciones autonómicas. Por estos motivos, parece oportuno reflexionar sobre las interrelaciones económicas entre Cataluña y el resto de España. Tal vez la evidente importancia de los lazos comunes permita algún día sentar las bases de una nueva actitud, que se caracterice por el respeto mutuo y la colaboración en defensa de unos intereses compartidos. Todo lo contrario de lo que hoy predomina: atizar odios irracionales, enfatizar falsos agravios y el desplante permanente. La falta de perspectiva impide comprender que todas las comunidades están económicamente en el mismo barco. Ninguna va a salvarse en solitario, aunque logre la mayor porción de los restos del naufragio.

La economía de Cataluña está plenamente integrada en el mercado español y estrechamente vinculada a él. Fijémonos primero en las relaciones comerciales, es decir, en los intercambios de bienes. Algunos datos para el año 2006 se pueden ver en la Tabla 6 del trabajo sobre el comercio inter-regional en España promovido por CEPREDE.

Las exportaciones catalanas al resto de España fueron de unos 51.560 millones de euros, lo que equivale aproximadamente a una cuarta parte del PIB regional. Es decir, una cuarta parte de lo producido en Cataluña son bienes que tienen su clientela en el resto de España. Al extranjero se exportaron mercancías por valor de 43.880 millones de euros, lo que equivale a un quinto del PIB catalán. Dicho de otra manera, del total de bienes que Cataluña produce para vender fuera, el 54% tienen como mercado el resto de España y sólo el 46% restante el extranjero. Es cierto, sin embargo, que esta concentración del comercio catalán en el resto de España es hoy menor que antes de la entrada en la Unión Europea (como es lógico). De la parte que va al extranjero, Idescat (la agencia estadística catalana) nos informa de que un 68´5% se dirige a la Unión Europea de los 27.

Más coloquialmente: El comerio con el resto de España supera a todo el comercio con el extranjero junto. La economía catalana es una economía muy abierta y la producción depende de esos intercambios al estar especializada. Si incluyésemos las exportaciones de servicios (como el turismo o los servicios financieros…) los porcentajes serían todavía más altos.

En cuanto a las importaciones catalanas, su valor fue en 2006 de 100.123 millones de euros (46,2% del PIB). Es decir, en las compras se trata de una economía también muy abierta. Se especializa en ciertas producciones, las vende fuera y se abastece allí de lo que necesita. La procedencia de esas compras exteriores fue en un 32% el resto de España y en un 68% el resto del mundo. De las importaciones extranjeras, el 59,5% procede de la UE. La concentración de las importaciones no es tan alta como la de las exportaciones, ni en el resto de España ni en la UE-27, porque han de importarse de otras zonas materias primas como el petróleo.

En términos de saldos comerciales (diferencias entre exportaciones e importaciones de bienes) Cataluña tiene un elevado superávit de 19.782 millones de euros con el resto de España, equivalente al 9,1% del PIB catalán. Esto le permite compensar buena parte de su déficit de 24.464 (11,3% del PIB) en sus intercambios con el extranjero.

Cuando incluimos bienes y servicios (como el turismo), los saldos resultantes son: superávit de 21.774 con el resto de España (10% del PIB), déficit de 15.070 con el extranjero (7% del PIB) y saldo global positivo de 6.704 (3% del PIB). Es decir, el superávit tan grande con el resto de España permite más que compensar el fuerte déficit con el extranjero.

No es el propósito de este artículo echar en cara estas cifras a Cataluña. Las interrelaciones van en ambos sentidos, siendo allí donde se genera un 20% del PIB español. Lo que se pretende señalar es que, como resultado de esa integración de la economía catalana en el conjunto de la española, estamos en el mismo barco nos guste o no. Como puede verse reflexionando sobre la total sincronía en el comportamiento de la producción, el paro o la inflación, no puede irnos bien a unos si les va mal a los otros. Véase, por ejemplo, el gráfico 3 del siguiente link para el caso del PIB. ¿No les parece alta la sincronía entre el PIB catalán y el del conjunto de España?

Frente a la actitud de aprecio mutuo y cooperación que de la realidad parecería derivarse, cabe empecinarse en las autodestructivas fantasías independentistas. Pero ¿cuáles serían sus consecuencias en realidad? Cataluña se enfrentaría al rechazo del resto de España y sus ventas disminuirían (recuérdese el precedente a pequeña escala del cava). Además, el nuevo Estado no formaría parte de la Unión Europea, por lo que sus ventas se enfrentarían a barreras arancelarias también en el resto de la Unión. En consecuencia, el acceso a sus principales mercados de exportación se vería dificultado. El ingreso en la UE no sería sencillo. Las ampliaciones se deciden por unanimidad, lo que daría a España derecho de veto. Países como Francia, el Reino Unido o Italia no querrían sentar un precedente que pudiera originar problemas similares en Córcega, Escocia o Lombardía. En el mejor de los casos, habría que ponerse a la cola detrás de Albania y de Turquía.

Los argumentos anteriores no han tenido en cuenta otros efectos importantes de una eventual separación, como los relacionados con la inversión extranjera. Una visión más amplia de las interrelaciones existentes de todo tipo puede verse leyendo entre líneas el libro La economía catalana, retos de futuro editado en 2007 por el BBVA. En él podemos encontrar, en el cuadro 7 de la página 120, hechos como que un 23% de la población catalana (1.612.457 personas) han nacido en el resto de España y un 12,5% son inmigrantes extranjeros (878.811). Bueno, en ese texto (como en casi todos hoy en día) pone “resto del Estado” en vez de “resto de España”, pero suponemos que no habrán nacido todos dentro de las oficinas de algún Ministerio. De los nacidos en Cataluña, una parte también tiene padres, abuelos… nacidos en el resto de España. Si a todo esto le sumamos la actual coyuntura económica: ¿a qué estamos jugando?

ANÁLISIS

Un amigo portugués  una vez me advirtió que el continuo análisis de la política conlleva el riesgo de atribuir un exceso de inteligencia o astucia a los actores de la misma, cuando todos sabemos cuán importante es la carambola en la vida humana. Esta sabia apreciación de Gabriel Magalhães debiera ser esculpida en el frontispicio de la actual confusión española.

Otro amigo portugués, Carlos Magno, sostiene que la política tiene una constante dimensión irracional, razón por la cual pidió ayuda a un psiquiatra para poner en marcha un programa de radio con un título tan bueno que resulta imposible no pedirlo prestado: “Freud & Maquiavel”.

No le demos más vueltas. Lejos de obedecer a unos cálculos fríos y perfectamente enrevesados, la política española es hoy una gran improvisación. Improvisa el Gobierno, improvisa la oposición, e improvisan los dos partidos que estos días se mueven con más inteligencia sobre el tablero: CiU y PNV (por este orden), verdaderos artífices de la interesante coyuntura que comenzó a fraguarse ayer, con mucha prosopopeya, en el madrileño palacio de Zurbano.

En el principio fue el verbo. El verbo pactar. Lo conjugó inicialmente Josep Antoni Duran Lleida, el más orgánico portavoz del mercantilismo mediterráneo, ese instinto que los catalanes llevamos inscrito en los genes y que tantos recelos provoca en los más antiguos pliegues de España (pactar es ceder; el mercadeo es propio de judíos). Recelos dignos del freudiano diván.

Y el verbo se hizo titular a cinco columnas el día que el Rey le insufló vida. El Monarca no es levantino, pero está seriamente preocupado por el porvenir, puesto que dispone de muy buena información sobre la evolución real de la economía. Don Juan Carlos sabe que aún no hay luz en el fondo del túnel, digan lo que digan las voluntaristas previsiones del Gobierno, periódicamente corregidas a la baja por la terca realidad. (El último informe de coyuntura de Funcas, dirigido por el economista Ángel Laborda, rebaja en medio punto las tenues previsiones de recuperación para los años 2010 y 2011. El Banco de España apunta en la misma dirección).

El verbo se hizo posibilidad y José Luis Rodríguez Zapatero, el más grande improvisador de la política española (atención al libro El Maquiavelo de León, retrato en tonos crudos, muy crudos, que acaba de publicar el periodista José García Abad), cogió la pelota al vuelo, descolocó a Mariano Rajoy en el Congreso y comenzó a empujar -de nuevo- al PP fuera del campo.

El de Pontevedra ha tardado una semana en reaccionar (¿qué nos diría Freud al respecto?) y, entre improvisación e improvisación, ha dispuesto una táctica para mantenerse con un pie dentro del círculo pactista y otro en el furor de la calle, que va creciendo, pese a la admirable paciencia de la gente que menos tiene.

La reunión de ayer en Zurbano fue de tanteo. Hubo mucha comedia puertas afuera. Al final habrá algún tipo de pacto, porque los partidos no pueden decepcionar radicalmente a la sociedad. El Rey ha elevado el listón y los sondeos comienzan a mostrar registros escalofriantes sobre la desconfianza de la gente en el actual estamento político.

Zapatero necesita el pacto, ni que sea mínimo, para atenuar la confusión que producen los vaivenes del Gobierno (el inútil desmentido de ayer de la segura congelación del sueldo de los funcionarios). Y Rajoy pactará siempre que pueda proclamar que las medidas acordadas ya fueron propuestas en su día por la oposición. Por ahí va el forcejeo.

Será interesante observar a Duran, que ayer se distanció de Zapatero. CiU quiere subrayar que la baza catalana vuelve a ser suya. Intrínsecamente suya. Maquiavélicamente suya. Freudianamente suya.

El pasado lunes, el notario López Burniol, el escritor Antoni Puigverd y yo mismo estuvimos reflexionando en CaixaForum sobre las ideas de Pi y Margall contempladas desde la perspectiva de hoy. La sesión llevaba el sugestivo y discutible título de “Pi i Margall i l´altra Espanya (que no arriba)”.

Francisco Pi y Margall nació en Barcelona en 1824. Tras licenciarse en Derecho estudió el doctorado en Madrid y desde entonces hasta su muerte en 1901 residió siempre en la capital. Como se sabe, Pi y Margall fue el más significado representante de las ideas federales en la España de su tiempo y prácticamente el único que defendió el federalismo desde entonces hasta hace muy poco, hasta la experiencia del Estado de las autonomías en la actual etapa democrática.

¿Por qué hasta ahora no ha habido federales en España? Esta es una buena pregunta. Antes de pasar a contestarla digamos que a pesar de que el Estado liberal español fue construido bajo esquemas centralistas, a imitación del modelo francés, durante el siglo XIX hubo corrientes que se declararon federalistas, situadas principalmente en el liberalismo democrático radical, lindante a veces, confusamente, con el anarquismo y el socialismo. Entre estas corrientes se movió en sus primeros años de vida política Pi y Margall, hasta llegar a presidente, durante poco más de un mes, de la breve, convulsa y desgraciada I República de 1873. Pero fue tal el fracaso de esta que, aparte de Pi y Margall y, a su muerte, de su hijo Pi Arsuaga, el federalismo apenas tuvo seguidores en España porque tal palabra evocaba, a derecha y a izquierda, desorden, caos y desintegración. Ni la II República quiso denominarse federal (se le puso el nombre de Estado integral), ni con dicho término se denominó el actual Estado de las autonomías, que no tiene denominación constitucional alguna.

En la Catalunya de fines del XIX y principios del XX hubo partidos y corrientes de izquierdas que se llamaban a sí mismas federales, más o menos seguidoras de Valentí Almirall, un discípulo de Pi que rompió con su maestro en 1881 y dio paso al primer nacionalismo catalán. El actual PSC es el heredero de estas corrientes. Por su parte, el catalanismo de derechas, la Lliga de Prat de la Riba, se mostró siempre distante del federalismo de Pi. La prueba más fehaciente está en el libro de Duran i Ventosa Regionalismo i federalismo, publicado en 1905, antes de La nacionalitat catalana de Prat. Jordi Pujol, heredero de este catalanismo, se ha mostrado también siempre contrario al federalismo. Por tanto, el catalanismo político, a derecha e izquierda, nunca ha sido federal, siempre ha sido nacionalista. El racionalismo democrático, contractualista y laico de Pi y Margall nada tiene que ver con el sentimentalismo romántico que ha estado siempre en la base del catalanismo político.

Pi y Margall, por tanto, se quedó solo y sin continuadores. Quizás por ello, tras su fracaso como gobernante, se decidió a publicar en 1876 Las nacionalidades, un libro de gran interés, donde expone un modelo de Estado federal para España, inspirándose en las únicas experiencias federales de la época, es decir, Estados Unidos, Suiza y Alemania. Pi y Margall, principal redactor del proyecto de Constitución federal de 1873, intenta justificar dicho proyecto, a pesar del fracaso, para así mostrar la posible validez futura de un Estado federal para España.

Cien años después de su muerte, puede decirse que, sigilosamente, sin que nadie se enterara, las ideas de Pi en buena parte han triunfado. De la actual Constitución no se deducía claramente un modelo federal, pero su desarrollo ha conducido a un Estado de este tipo. En efecto, el modelo autonómico, igualadas en lo sustancial las competencias de todas las comunidades durante los años noventa, podía ya incluirse en esta forma territorial de Estado. Sólo faltaba culminar el modelo con instituciones de integración, en especial un Senado federal, e incrementar la cultura política propia del federalismo, es decir, aumentar la colaboración y la mutua lealtad entre las comunidades y el Estado.

Esta era la situación del Estado de las autonomías en el año 2003. Se le estaba comenzando a dar la razón a Pi y Margall: su modelo de otra España, distinta a la centralista, estaba ya a punto de llegar. En este momento, sin embargo, se produce un giro: el Estatut de Catalunya. Un giro del que todavía no sabemos con certeza las consecuencias que tendrá ni hacia dónde irá. En todo caso, al modelo de Pi y Margall se le pretende oponer el modelo de Almirall y de Prat, un modelo plurinacional y asimétrico, con distintas competencias entre comunidades, con relaciones bilaterales en lugar de instituciones federales.

Hablábamos el otro día en CaixaForum, decía al principio, de “Pi y Margall y la otra España (que no llega)”. ¿Qué no llega? Me permitiría corregir el título: se trata de una España que recorrió noventa y nueve metros y que le faltaba uno para llegar a los cien, a la España plenamente federal. Por tanto, casi llegó. Pero los actuales sucesores de Almirall y de Prat de la Riba, el PSC y CiU, con el respaldo de Zapatero, improvisando siempre, impidieron que las ideas federales, las de Pi y Margall, finalmente se impusieran. Mientras, nos hallamos en la incertidumbre de quienes están en el limbo: a la espera de una sentencia a la que se le pide injustamente aquello que los políticos, los legisladores, no han sabido resolver.

FRANCESC DE CARRERAS, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.

El fenómeno de la “desafección” ciudadana respecto a la clase política está presente en prácticamente todas las democracias. En los últimos quince años se percibe en las encuestas de opinión y en el comportamiento electoral un creciente distanciamiento de las poblaciones occidentales respecto a sus gobiernos -sean de derecha o de izquierda-, si bien ello no cercena el apoyo a la democracia. Por lo menos de momento. La desafección se ha acelerado en los últimos años, y la crisis económica la refuerza. No son buenos tiempos para la política. Hoy estamos, además, en un momento de perfil bajo en prácticamente todos los escenarios cercanos de gobierno: tanto en la Unión Europea y en el Gobierno central como en el Gobierno catalán se percibe una clara falta de modelo, de proyecto y de liderazgo.

Hay factores comunes que inciden en la desafección actual de las democracias, pero otros son propios de cada una de ellas. En nuestro contexto, se detecta un desasosiego teórico y un desapego práctico hacia los políticos. Estos últimos incluso aparecen hoy como uno de los principales problemas sociales. Sin embargo, ello no significa que crezca la despolitización.

De hecho, la sociedad catalana está hoy más politizada que sólo cinco años atrás. La subida del independentismo, por ejemplo, es un indicador que indica a la vez desafección y politización. Se percibe un hartazgo en importantes sectores de la población tras el decepcionante resultado de una reforma estatutaria que no ha transformado en profundidad la posición de Catalunya con relación a España, Europa y el mundo.

Podemos resumir en cuatro los objetivos que se pretendían encauzar con dicha reforma: 1) el reconocimiento legal de la realidad nacional diferenciada de Catalunya; 2) la ampliación y, sobre todo, la protección constitucional del autogobierno de las constantes invasiones del poder central; 3) el establecimiento de las bases de un modelo de financiación equitativo y eficiente que rompiera las premisas de expolio económico de los modelos anteriores; y 4) conformar unas relaciones básicamente bilaterales con el poder central que no diluyeran el autogobierno en el conjunto indiferenciado de 17 comunidades y dos ciudades africanas dotadas de autonomía. El resultado final ha sido decepcionante en los puntos 1 y 4, mientras que la protección del autogobierno se vislumbra precaria, y los resultados del modelo de financiación están aún por verse (hay solventes análisis críticos sobre la cuestión).

Y la decisión del TC sigue en el horizonte de la profundización de las amenazas institucionales. La conclusión es que también después del nuevo Estatut la posición de la Generalitat sigue siendo política e institucionalmente débil.

Ante esta situación cabe preguntarse qué tipo de gobierno conviene más en la actualidad a los ciudadanos catalanes, y qué tipo de actuación resulta exigible a los representantes de los partidos catalanes en la política española y europea. Catalunya, como entidad nacional, necesita recuperar el orgullo colectivo, debe volver a ser un país de primera. Para ello requiere propuestas de alcance, liderazgos claros, gobiernos sólidos. Un panorama muy distinto al de las meras declaraciones y ataques partidistas habituales en una clase política más atenta a la crítica del adversario que a ofrecer ideas, propuestas y estrategias que refuercen al país.

Personalmente, creo que hoy no resulta inteligente propiciar que a la debilidad institucional de Catalunya se le añada un gobierno de la Generalitat también débil. La repetición del tripartito o un gobierno de CiU en minoría volverían a ser opciones políticas débiles -con independencia de los aciertos de ambos en conselleries concretas (economía, cultura, bienestar social, educación…)-. Catalunya necesita gobiernos fuertes y con programas ambiciosos que se atrevan a tomar decisiones en términos nacionales. Unas decisiones que los gobiernos débiles no toman, y que si quieren ser efectivas estarán al borde de la legalidad (en infraestructuras, economía productiva, investigación e innovación, acción exterior, etcétera). Decisiones que permitan participar a las instituciones, empresas, asociaciones y ciudadanos en términos competitivos, no ya en esta Europa errática y que se ha quedado pequeña, sino en un mundo crecientemente interconectado. Los objetivos deben ir bastante más allá del simple “desarrollo del Estatut”. La política actual exige una mayor ambición y radicalidad en las acciones de gobierno.

Otro indicador del bajo perfil político actual es la actuación de parlamentarios catalanes en el Congreso español. En el Parlamento central debería notarse la actuación no sólo de los diputados de CiU, ERC e ICV, sino también de los del PSC, que son bastantes más que todos los anteriores juntos. Los 25 diputados del socialismo catalán deberían desempeñar un papel decisivo en la política española, pero no se les nota su procedencia. Quedan mudos en el magma del grupo socialista. Por ahí no vamos bien. La transversalidad de país debería estar presente tanto en el gobierno de Catalunya como en las actuaciones de los diputados catalanes. De todos ellos.

La política en general necesita recuperar su aspecto más noble. Y la política catalana necesita recuperar prestigio y, sobre todo, ambición en sus perspectivas de futuro para las nuevas generaciones. La debilidad institucional exige unidad política y estratégica. En caso contrario la posición relativa de las instituciones catalanas irá debilitándose aún más en los próximos años.

FERRAN REQUEJO, catedrático de Ciencia Política (UPF) y coautor de ´Desigualtats en democràcia´, Eumo 2009.

Los mismos que han intentado desacreditar a Artur Mas durante años, los mismos que han certificado que CiU había olvidado las enseñanzas de Jordi Pujol, los mismos que han repetido que el nacionalismo catalán mayoritario se había extraviado en una “deriva radical”, todos esos aplauden hoy el sentido de Estado, el realismo y la responsabilidad que el grupo catalán en el Congreso de los Diputados expresa cada día por boca de Duran Lleida. ¿Qué está pasando tras descubrir Zapatero el botón mágico que antes pulsaron Suárez, González y Aznar? ¿Por qué CiU, burlada o maltratada por el PSOE y el PP, sigue haciendo el papel moderador de un ideal partido centrista español cuando las cosas se ponen más feas para todos, incluidos los muchos que piensan que el catalanismo es una penosa anomalía histórica que debe ser extirpada?

Que nadie se llame a engaño, especialmente los que, satisfechos, dan palmaditas en la espalda a Mas. Las cosas son hoy más complejas que ayer, pero menos que mañana. La CiU que se ha ofrecido al Gobierno central para impulsar un gran pacto para salir de la crisis es la misma CiU que habla de lo que llama “el derecho a decidir” y que tiene militantes organizando y apoyando las consultas soberanistas municipales. ¿Les parece raro? Y, aunque parezca un contrasentido, también es la misma CiU que, en el actual contexto de falta de credibilidad del tripartito, vuelve a ser una opción interesante para votantes no nacionalistas (que vienen de votar PSC y PP) que quieren un cambio en Catalunya, porque están hartos de una avería institucional agónica. La federación integrada por CDC y Unió se ha desplazado unos pocos metros hacia formulaciones explícitamente soberanistas sin, por ello, dejar de ocupar un espacio central de síntesis, en una intersección que -hablando de los comicios al Parlament- hace frontera con votantes de ERC, PSC y PP. Cuidado: ya no se trata de esa legendaria ambigüedad que Pujol manejaba como un experto malabarista en un circo de tres pistas. Lo de ahora es otra cosa. Es, más bien, la cristalización de un soberanismo centrista que, sin perder el alma pragmática del pujolismo clásico, sigue interviniendo en Madrid pero ya no aspira a “otra forma de hacer España” ni confía en milagrosas pedagogías que arrumben el ancestral prejuicio centralista.

Como escribí una vez, lo que Pujol pactó con González en 1993 y con Aznar en 1996 fue un intento de amor. El amor ingenuo de unos periféricos (así se les ve desde Madrid) empeñados en culminar cien años de constructivo catalanismo político, primero con la izquierda y luego con la derecha democráticas. Esos romances dieron estabilidad a España, pero a CiU le salieron muy caros: perdió votos aceleradamente, muchos. Tras el amor fracasado, lo de ahora es una mera relación sexual de pago, sin romanticismo y sin malentendidos. Tampoco sin premios ocultos. Mas y Duran Lleida han aprendido la lección: si proponen un gran acuerdo para salir de la crisis no lo hacen porque confíen en que les abrirán una puerta trasera para llegar al Govern, ni porque esperen un ministerio a medida, ni porque se hayan convertido al españolismo de la noche al día.

Si CiU se mete en este jardín es porque no olvida que cualquier partido catalanista que acepta hacer política en Madrid -desde los tiempos de la Solidaritat Catalana- tiene un único compromiso que da sentido a su intervencionismo: la defensa de los intereses de los catalanes. Y, ahora, este objetivo va unido a otro, que es múltiple y de interés general para todos los ciudadanos de las Españas: acortar la crisis, frenar el desempleo y el cierre de empresas, impulsar la productividad y devolver la confianza. No perdamos de vista que ERC, que se declara independentista, concurre a las elecciones legislativas tratando de hacer lo mismo que CiU. Mientras los intereses de los catalanes dependan de las decisiones de un Gobierno central, lo único responsable es tratar de influir en las políticas que salen de la Moncloa. Y, para hacerlo hoy, hay que ofrecer medidas concretas contra la crisis, como las que expuso Duran Lleida.

En 1919, Niceto Alcalá Zamora le dijo a Francesc Cambó que debía elegir su papel, porque no era posible ser, a la vez, “Bolívar de Cataluña y Bismarck de España”. A Pujol también le echaron en cara lo mismo durante años. He aquí, resumida en una frase célebre, la doble tarea que se autoimpuso el nacionalismo catalán desde su maduración política y electoral a principios del siglo XX: recuperar el autogobierno de Catalunya y modernizar España, sin romper nada. Los separadores, más que los separatistas, han convertido todo esto en arqueología. Bella e inservible.

Nadie puede repetirle a Mas la frase de marras. Incluso en caso de que CiU acabe siendo -como parece- el salvavidas de un Zapatero con el agua al cuello. ¿Por qué? Que se lo pregunten a los miembros del Tribunal Constitucional y a los federalistas celtíberos, ahora que algunos linces han descubierto -¡por fin!- que tal especie no existe. Unas nuevas generaciones toman responsabilidades y ha empezado la desconexión mental de una parte considerable de la sociedad catalana, un giro histórico que ningún político catalán que aspire a tener un lugar en el futuro puede tomarse a broma. El soberanismo inteligente sabe que esta crisis económica reclama seguir interviniendo en Madrid, para evitar que los catalanes queden a merced de la tempestad junto al resto de administrados por el Gobierno central. Pero la prosaica tarea del socorrista ya no va unida a un cándido acto de fe. El socorrista no debe esperar recompensa alguna. Se trata de un gesto de pura necesidad y autoprotección. Porque vamos todos -de momento- en el mismo barco.

La práctica irreductibilidad del poder autonómico se convierte en el principal factor de fortaleza para los partidos nacionalistas, especialmente si optan por promover iniciativas soberanistas. Aunque esa misma irreductibilidad induce contrapesos o contestaciones centrífugas en el seno del PSOE y del PP, todavía no se ha mostrado capaz de moldear sus respectivas estructuras partidarias situándolas, en cuanto a su descentralización, a la altura del propio Estado autonómico.

Se da por supuesto que la dialéctica centro-periferia cuenta con siglas vocacionalmente situadas en cada uno de los lados. Las llamadas y pronunciamientos que han identificado a populares y socialistas como guardianes últimos de la cohesión territorial y del sentido patrio español permiten concluir que les resultaría imposible seguir siendo lo que son a través de una cultura interna de identidades compartidas.

Desde 1980 la corriente nacionalista mayoritaria no se había encontrado fuera del gobierno en las tres nacionalidades históricas -Catalunya, Euskadi y Galicia-. Quizá también por esto se dan situaciones tan paradójicas como las que llevaron al PNV a secundar los presupuestos generales para este ejercicio; o como la combinación que CiU ha establecido entre su reciente guiño a Rodríguez Zapatero para acordar medidas por la recuperación económica y el emplazamiento a Montilla para establecer un “frente catalán” en las Cortes, que mañana formalizará en la Cámara catalana. Es habitual referirse a las dificultades que entraña para socialistas y populares alcanzar la mayoría absoluta en las Cortes Generales como causa de la cotización al alza que experimenta el voto parlamentario de los nacionalistas.

Pero la situación es tan persistente que no puede entenderse ya como reflejo de una necesidad pasajera, de un apaño coyuntural, sino como una expresión más de la complejidad de un poder, territorial y partitocrático, que funciona según reglas de mutua dependencia. La mayoría en el Congreso y el Senado dependen, sobre todo, de Catalunya y de Andalucía. El arraigo socialista en ambas comunidades ha cimentado las aspiraciones del PSOE y limitado hasta hace bien poco las del PP. Hoy las expectativas populares crecen en Andalucía y aguantan en Catalunya, por lo que la dependencia del poder central respecto al comportamiento electoral en ambas comunidades sigue siendo una regla cierta. Es ahí donde incide la especial relación que PSOE y PP tienden a mantener con las formaciones nacionalistas. No se trata sólo de la querencia de Rodríguez Zapatero por sentirse con las manos libres para acordar con PNV y CiU cuestiones que, eventualmente, pudieran incomodar al presidente Montilla y al lehendakari López. Su actitud sintoniza con la inclinación que tanto socialistas como populares han mostrado al gobernar en Madrid, primando a menudo el entendimiento con el nacionalismo catalán y vasco a expensas de los intereses de sus respectivas organizaciones territoriales en Catalunya y en Euskadi. Reconociendo así al nacionalismo la exclusiva en la interpretación del autogobierno; porque al final al PSOE le resulta más cómodo eso que concederle tal papel al PSE-EE y al PSC, lo mismo que le ocurre al PP con sus organizaciones territoriales.

Desde el punto de vista nacionalista, “entenderse con Madrid” constituye una fuente permanente de ventajas competitivas respecto a las “sucursales” socialista y popular. Incluso está siendo útil para PNV y CiU, aun cuando ambos se encuentran en la oposición. Además, dado que el desempate entre Zapatero y Rajoy se juega en gran medida en campo catalán, esta vez no dependerá sólo de los escaños que obtenga cada uno entre los catalanes.

Dependerá también de la actitud que de antemano muestre CiU respecto a dicho desempate. Le bastaría con ayudar a Rodríguez Zapatero a sortear políticamente los difíciles meses que restan hasta el inicio de la recuperación económica, y demostrar que el entendimiento juega a favor de los convergentes ante las elecciones autonómicas, para que el actual presidente recuperase parte del crédito que se le cuestiona.

Pero si Artur Mas opta por  permanecer neutral, por activa y pasiva, ante dicho pulso, su arbitraje a distancia beneficiará al PP. Rodríguez Zapatero necesita diputados de Girona, Lleida, Tarragona y Barcelona, como los necesita Mariano Rajoy para ganar. Pero el primero precisa la colaboración de CiU ya, aunque ello pudiera desdibujar a los socialistas catalanes, e incluso poner en riesgo su continuidad al frente de la Generalitat. Mientras que a Rajoy quizá le baste con que Mas no vuelva a firmar ante notario su negativa a pactar con el PP.

De un tiempo a esta parte, nos sentimos en la intemperie. La crisis económica, sin duda. Aunque otra crisis de orden cultural nos afecta con mayor intensidad. La religión casi ha desaparecido de nuestras vidas, pero las ideologías que pugnaron por sustituirla no han resistido más.

La crisis cultural está en el fondo de un fenómeno del que hablamos sin parar: la desafección política. Es un lugar común referirse a la escasa talla de los políticos actuales, pero quizá deberíamos preguntarnos por qué los mejores huyen, no sólo de los partidos, sino de la esfera pública. Los aparatos de los partidos les impedirían el paso, es verdad; pero no es menos cierto que acercarse a la política no parece estar entre sus prioridades. No, el problema no es de personas, sino de modelos: las viejas ideologías (socialdemocracia, liberalismo) se deshacen como ceniza, impotentes para capear las exigencias del presente. La gente reclama respuestas rápidas e impecables a problemas muy complejos que no sólo no tienen solución, sino que no sabemos por qué se producen. El otro día Josep Cuní convocó en Els matins de TV3 a cuatro de los más reputados economistas catalanes: Antón Costas, Josep Oliver, Santiago Niño y Alfred Pastor. No coincidieron en el diagnóstico. Brillantes y sabios, nos regalaron una gran lección de economía, pero sembraron una rara inquietud en el corazón de los telespectadores: no acaban de saber qué está pasando.

Conectamos con el mundo a través de las pantallas que yo llamo hipnóticas: televisor, ordenador, teléfono móvil. Pero estas pantallas son algo más que intermediarios entre nosotros y el mundo: son fábricas de emociones y deseos. Para informar, nos impresionan. Y, seguidamente, nos incitan a desear todo, a obedecer cualquier capricho, a esperar lo imposible. Bajo el imperio de la emoción y el deseo, llegamos a considerar insoportable cualquier obstáculo que nos impide materializar el sueño o la apetencia. Pero la realidad es tozuda y acaba imponiendo su lógica, con lo que nuestra reacción (la de la sociedad, se entiende) recuerda a la del niño malcriado: frustración, decepción, resentimiento.

Quizá la crisis ha llegado también para recordarnos hasta qué punto habíamos olvidado el significado de algunas palabras de las que en otras épocas se abusó: abnegación, paciencia, aceptación, renuncia.

En los antípodas del egoísmo y la avidez, la abnegación ha sido considerada en las últimas décadas una virtud sospechosa. ¿Sacrificarse para que otro pueda acceder o disfrutar de lo que uno se priva? “¡Yo no soy tonto!”. En otros tiempos, la abnegación era virtud de santos y héroes, que daban su vida por los demás. Pero con el triunfo del individualismo, el abnegado se convirtió en loco o masoquista. No se concibe ahora que alguien renuncie a lo que posee o desea a fin de que otro pueda obtenerlo. Pero por el camino del desprecio de esta virtud, olvidamos la felicidad que los abnegados genuinos obtenían. A la fuerza, el abnegado y el ahorcado no se distinguen. Pero la felicidad del desprendimiento la conoce cualquier padre, madre, amante o amigo que no confunda amor con posesión. En estos últimos años babilónicos, creímos que en la posesión estaba la felicidad. No me extrañaría que pronto redescubriéramos las posibilidades de la renuncia.

Y las de la paciencia. En un mundo caracterizado por la velocidad y la inmediatez, la paciencia fue percibida como un comportamiento anticuado. Pero la espera no pudo ser expulsada de nuestras vidas: el avión obliga a interminables colas; las carreteras se bloquean; y, a pesar de que internet nos acerca a todo en un instante, aclararse en la red exige infinitas horas. Si la velocidad nos obliga a ser pacientes histéricos, ¿no sería mejor, en la estela de los clásicos, recuperar la paciencia como el arte de negociar con el presente?

Dicen los moralistas que la crisis nos enseñará a sacrificarnos y a prescindir de muchas cosas que no necesitábamos. Seguramente. Pero mejor sería darle la vuelta, como hacía mi abuela. Recuerdo una discusión en una comida festiva. Mi tío Lluís llena la copa y después de dar el primer sorbo exclama, soñador: “¡Si yo fuera rico, bebería champán cada día!”. Y mi abuela Remei contesta: “Doncs jo me n´estaria“. El verbo estar-se´n ha casi desaparecido del catalán actual. Equivale a prescindir. Aunque hubiera sido rica, ella no habría descorchado una botella cada día. No era rica, pero a su edad podía darse algunos caprichos. Apenas se concedía alguno. Le encantaban los caramelos de la Viuda Solana, pero no los compraba. No por avaricia; para no depender de ellos. “Me n´estic“, repetía tranquilamente. Renunciar no es exactamente la palabra. Tampoco prescindir. Y mucho menos sacrificarse. La palabra es autodominio.

Empezó como un drama y terminó como un vodevil. Pero la breve aventura épica de Ernest Maragall, cuestionando el sentido del Govern del que forma parte, nos invita a preguntarnos sobre lo que está o debería estar en el corazón de cualquier opción política: el proyecto. El conseller de Educació, antes de retractarse, escribió que el tripartito “ya hace tiempo que renunció a encarnar un proyecto integral de país con pretensión de ser entendido y aceptado como tal”. He aquí una de las verdades del barquero. Algunos ya advertimos, desde el primer día, que PSC, ERC e ICV no tenían nada parecido a un proyecto común, porque la naturaleza de sus respectivas metas finales no era únicamente distinta, era completamente antagónica y, además, excluyente. Entre socialistas y republicanos independentistas el gran nexo sólo tiene que ver con la competencia por el voto y el control institucional: ambos coinciden en el intento de repartirse el espacio socioelectoral central que ocupa CiU, para crecer en el gran cuadrante donde catalanismo y centrismo sigue siendo atractivo para muchos ciudadanos.

Lo podemos expresar de otro modo. El gran proyecto común de las izquierdas catalanas ha sido más reactivo que constructivo: impedir que CiU gobernase, no sólo en la Generalitat, también en los municipios (donde se forjaron los primeros tripartitos) y en las diputaciones provinciales. En esta estrategia, PSC, ERC e ICV han tenido éxito en el primer objetivo de la batalla: dejar a los convergentes sin palancas ni recursos públicos, salvo una diputación y algunos ayuntamientos, no los más importantes. Pero han fracasado, en cambio, en el segundo objetivo: destruir a Convergència, partido que algunos creían que iba a disolverse rápidamente lejos del poder, como le pasó a la UCD de Suárez. Los estrategas del tripartito cometieron un error garrafal: menospreciaron la resistencia y el arraigo de las bases sociales del nacionalismo moderado. Más sectarios que analíticos, se creyeron su propia y burda propaganda.

Lo que define las democracias es la posibilidad de echar a un gobernante para poner a otro. Los dos tripartitos, construidos por fuerzas perdedoras sin proyecto común, han devaluado el sentido de la alternancia al reducir la permanencia en el poder a un fin en sí mismo. Dado que no ha habido proyecto, ha sido imposible que el Govern aplicase un programa coherente y articulado para Catalunya. Cada conselleria ha ido a su aire y muchas políticas se han visto bloqueadas por falta de criterio. En la etapa de Pasqual Maragall, el ruido del proceso del Estatut ocultó un poco este mal. Con José Montilla, nada ha podido disimular la debilidad fundacional del artefacto, por decirlo como el titular de Educació.

Se gobierna a partir de un proyecto bien pensado, del cual se deriva un programa de prioridades que es desplegado bajo un liderazgo solvente. El tripartito no tiene ni proyecto, ni programa ni líder. Hoy es simple inercia y pánico.

CUADERNO DE MADRID

Hoy vamos a hablar de la política politizada. De la política en sí misma, sin aditivos metafóricos, que en Madrid, si te descuidas, te pueden conducir más allá de los límites de un razonable costumbrismo. Por tanto, sólo diré que el día era ayer espléndido, el cielo velazqueño, y que este fin de semana Madrid parece una gran ciudad europea (una vez al año no hace daño), entregada a cinco ferias de arte y a doscientas exposiciones en la órbita de Arco.

Al grano. El debate del miércoles en el Congreso de los Diputados ha introducido importantes modificaciones tácticas en el tablero. Es del todo falso que el debate no haya servido para nada. Como también es falso que el mensaje del Rey en favor de un amplio acuerdo haya quedado en agua de borrajas. Falso. El mensaje de don Juan Carlos se ha instalado en el centro del ágora y no es previsible que se mueva de ahí mientras dure la crisis. Con una interpretación republicana del artículo 56 de la Constitución, que le atribuye la función de moderar y arbitrar, el Monarca ha reactivado el mito que dio forma a la restauración democrática de 1977: el consenso como método para vivir mejor y no volver a las andadas. Conviene recordarlo.

Portugal vivió tres años antes, en 1974, un corte brusco con el pasado. España, no, en parte como consecuencia del inesperado golpe democrático portugués. Un putsch que asustó a Washington al ver soldados de la OTAN con claveles rojos en la boca de los fusiles y cómo Angola y Mozambique pasaban a la órbita soviética. A mitad de los años setenta, todo el flanco sur de la OTAN estaba en riesgo. Portugal, España, Italia y Grecia. ¿Curioso, no? Los países que ahora inquietan a la ortodoxia monetaria alemana. Los PIGS tan denostados por la prensa anglosajona. Países con economías hoy muy endeudadas, porque resolvieron (cada uno a su manera) las contradicciones de la Guerra Fría mediante una acelerada propulsión del bienestar material. Consenso para vivir mejor y no volver a las andadas. Ese es el mito fundacional de la democracia española y su vigencia explica por qué las palabras del Rey han sido tan bien acogidas por la gente de la calle. Todos los líderes políticos lo saben.

El debate del miércoles en el Congreso giró, por tanto, alrededor de un único eje: el pacto. General o parcial; verdadero o simulado. Y se movió el tablero. Como consecuencia del regio mensaje, por la innegable astucia táctica del PSOE (que no desea un acuerdo de máximos, que le obligaría a adoptar una impopular política de severidad y sacrificios), y por la inteligencia operativa de Convergència i Unió, que ha decidido convertirse en el partido del Rey mientras aún se celebran consultas soberanistas en tierra carolingia. Catalunya siempre ha sido un país irónico. Bueno, eso del partido del Rey es una exageración. CiU ha calibrado correctamente la debilidad objetiva de Rodríguez Zapatero y ha decidido generar una nueva coyuntura política española para llegar a las elecciones catalanas en plena forma: con la bandera mítica del consenso, con el respetable estandarte de la gobernabilidad, con el apreciado banderín del sentido común y con la posibilidad de arruinar a Zapatero -dejándole solo- antes de las decisivas elecciones locales y autonómicas de 2011, en las que la socialdemocracia española se jugará su futuro a quince años vista.

Sin el gesto de CiU (rápidamente secundado por el PNV, que ya abrió camino apoyando los presupuestos generales del Estado de este año), Zapatero habría salido destrozado del debate del miércoles. Desdibujado el semestre europeo, vulnerable en el exterior (la deuda pública se está colocando bien, pero pueden surgir nuevas turbulencias), bloqueado en el interior, tenso con los sindicatos, castigado por las encuestas (índice de desconfianza del 76%), y con el prestigio literalmente carbonizado en la vasta España central, el presidente se ha salvado gracias a la dialéctica del pacto, que el PP hostigará con prudencia, si Mariano Rajoy mantiene la sangre fría.

Estamos ante lo que los italianos llaman una decantazione. Un tránsito. Una dinámica espera. Una búsqueda de tiempos mejores, que Zapatero ha encargado a un singular triunvirato. Su composición (Elena Salgado, José Blanco y Miguel Sebastián) preanuncia cambios en el Gobierno (¿en noviembre, tras las elecciones catalanas?) y nos explica que una de sus funciones principales será la de actuar de comité de enlace con CiU. ¿Por qué nos lo explica? Porque hay dos ausencias. En el nuevo estado mayor del zapaterismo no están ni la vicepresidenta primera María Teresa Fernández de la Vega, ni Celestino Corbacho, ministro de Trabajo, en teoría necesario en toda negociación sobre la crisis. De la Vega es la interlocutora habitual del presidente José Montilla y Corbacho forma parte de la dirección del PSC. Comunicaciones cortadas con el Palau de la Generalitat y con la calle Nicaragua. (”¿Houston?, ¿Houston? Responda, Houston…”). Maquiavelismo leonés. Gambito de caballo que convierte al PSC en el definitivo eslabón débil. En la pieza a sacrificar. Y el lector perdonará, porque al final se han escapado unas metáforas.