Reggio’s

Durante la época de la dictadura, la amnistía fue una de las principales reivindicaciones de las fuerzas democráticas de la oposición, encontrándose a la misma altura que la exigencia de un Gobierno provisional, la reinstauración de las libertades y los estatutos de autonomía.

La necesidad de reconocer a los cientos de miles de ciudadanos que habían sufrido todo tipo de represión por sus actividades políticas de oposición al franquismo constituyó una imperiosa necesidad de justicia, a la que siempre se opuso la voluntad implacable del dictador. Por eso, cuando se aprobó la solicitud de amnistía al Gobierno en el Congreso Nacional de la Abogacía, celebrado en León en 1970, la conmoción social y política fue enorme, provocando una serie de pronunciamientos a su favor de otros colegios profesionales e instituciones de todo tipo, que el Gobierno sólo pudo contener en parte declarando un mini estado de excepción.

Al llegar la democracia y tras las elecciones del 15 de junio de 1977, la necesidad de promulgar una amnistía se convirtió en insoslayable. Sin su aprobación la credibilidad de la naciente democracia se resentía, por lo que los partidos políticos decidieron crear al efecto una Comisión Parlamentaria a la que se encargó la redacción de un Proyecto de Ley por la que quedaran amnistiadas todas las personas que habían sufrido cualquier tipo de represión por oponerse al levantamiento armado contra la República y a la dictadura en defensa de las libertades públicas.

Se trataba de amnistiar a los reprimidos por el franquismo, no a los franquistas, que ya se habían autoamnistiado, de forma que fueron los partidos de izquierda y los nacionalistas con representación parlamentaria los que tomaron la iniciativa de redactar la ley, sin que los herederos de la dictadura ni siquiera aceptaran participar en la Comisión Parlamentaria, ni votaran posteriormente a favor de una ley que no les afectaba.

No se entiende por ello las continuas referencias a la Ley de Amnistía como amparadora de los delitos cometidos durante la Guerra Civil y la brutal represión practicada por la dictadura tras su conclusión continuada mientras Franco vivió, cuando era una ley que no contemplaba tales supuestos.

Una mera lectura de su articulado permite comprobar que las medidas de gracia que aprueba se refieren únicamente a los actos de intencionalidad política y a los delitos y faltas tipificados en las leyes franquistas que pudieran haber cometido sus opositores. En ningún momento se mencionan los delitos que hubieran podido cometerse por la dictadura, por la sencilla razón de que no eran considerados como tales por las leyes entonces vigentes.En caso de duda, toda disposición legal habrá de tener en cuenta la voluntad del legislador, y nada mejor para entender ésta que examinar lo que fueron las discusiones en la Comisión Parlamentaria redactora de la ley, sobre todo cuando el proyecto fue aprobado en su totalidad, sin modificación alguna, por el pleno del Congreso de los Diputados.

Los debates en la Comisión se redujeron a un tira y afloja de los partidos democráticos para que la amnistía fuera total y a un intento de los representantes de la UCD para limitarla en algunos temas conflictivos. De tal forma que para evitar falsas interpretaciones se fuerza en su artículo 2º a una casuística, que de otra forma hubiera sido innecesaria, en la que no cupiera duda alguna sobre los supuestos comprendidos en la ley: como los delitos de rebelión y sedición, de los que fueron acusados los defensores de la República y otros muchos posteriores juzgados ante tribunales militares, hasta llegar a los integrantes de la Unión Militar Democrática (UMD), en los años setenta; o los de objeción de conciencia o guarda de secreto profesional y los de prensa y similares.

La única preocupación de los representantes de UCD fue que los referidos militares de la UMD no pudieran reingresar en el Ejército y que también estuvieran comprendidos en la amnistía los delitos cometidos por autoridades, funcionarios y agentes del orden público en su actuación represora de las libertades, al encontrarse varias causas abiertas en su contra por homicidios, torturas y otras arbitrariedades en distintos juzgados y tribunales. Pero nada más.

En la Comisión Parlamentaria, y por mor de ser el más joven de sus componentes, me nombraron secretario de la misma, encargado de la redacción de las actas que recogieran lo tratado en las reuniones celebradas, y aunque tras la tercera reunión desistí de ello, pues nunca fueron firmadas por sus componentes, sí conservo las primeras -sin validez legal- y numerosas notas de las discusiones. Ni una sola de ellas hace mención a que la amnistía suponía el borrón y cuenta nueva de las responsabilidades en que hubieran podido incurrir los vencedores de la Guerra Civil.

Nadie planteó que la amnistía se ampliara a los delitos cometidos bajo el paraguas y en defensa de la dictadura. En primer lugar, porque Alianza Popular, su legítima heredera, no quiso intervenir en la Comisión Parlamentaria, a pesar de ser reiteradamente invitada a asistir, declinando la defensa de cualquier derecho en la misma. En segundo lugar, porque los franquistas vencedores en la Guerra Civil y en la posguerra no creían que fuera necesario que les amnistiaran por las tropelías que habían cometido, que no sólo no se persiguieron sino que se avalaron con total impunidad, estimando que estaban suficientemente protegidos por las leyes de la dictadura.

Por eso cuando leo o escucho en los distintos medios de comunicación el argumento de que la Ley de Amnistía impide la investigación de los hechos ocurridos durante la guerra y la posguerra y la búsqueda de los restos de las personas represaliadas que fueron ejecutadas, estimo que se trata de una interpretación arbitraria y sin fundamento.

Que se busquen otras excusas y otras disposiciones legales en las que se puedan proteger de forma vergonzosa, pero que no se amparen en la Ley de Amnistía de 1977, que no se dictó para ellos.

Jaime Sartorius es abogado y fue miembro de la Comisión Parlamentaria que redactó el proyecto de Ley de Amnistía, en representación del PCE.

El 24 de diciembre del 2001, a raíz de la nevada que afectó Catalunya y que puso en evidencia la muy deficiente respuesta del gabinete presidido por Jordi Pujol, escribí lo siguiente en estas páginas: “Desde el Govern de la Generalitat ha sido escandalosamente escasa la autocrítica (…) En cuanto a la autoridad, el papel de la Generalitat ante los servicios de interés público prestados por terceros no ha estado a la altura, empezando por el escándalo del suministro eléctrico y su corolario de injustificables razones señaladas por la compañía. El poder político del autogobierno es muy limitado, pero la autoridad que se ejerce dentro de las competencias traspasadas puede y debe tener la misma intensidad que en el caso del Gobierno central. Sin autoridad, la autonomía es sólo una ventanilla burocrática para el ir tirando”. Como ustedes pueden ver, lo aplicado entonces al Govern de CiU sirve perfectamente para comentar hoy los últimos fallos de gestión del tripartito. Vale el mismo análisis, sin tocar ni una coma.

Algunos deberían guardarse sus teorías conspirativas, según las cuales, ellos, los que hoy gobiernan Catalunya, son víctimas incomprendidas de manejos ocultos urdidos por una prensa que les tiene manía. ¿Se puede hacer más el ridículo para escapar de la responsabilidad institucional? Entérense, de una vez, especialmente los que se creen intocables o tienen la piel muy fina: si criticamos hoy los errores del conseller Saura y la falta de reflejos del president Montilla es porque antes hicimos lo propio con sus antecesores. Ningún alto responsable de cualquier administración puede eludir el escrutinio de la opinión pública. Los políticos que estaban en la oposición hace nueve años saltaban de contentos cuando los medios ponían el foco sobre lo que no funcionaba al final del pujolismo. Estos mismos personajes, hoy en los bancos gubernamentales, quieren que el periodismo no ilumine su incompetencia.

Pero, más allá del papel manifiestamente mejorable de los consellers implicados en la respuesta al temporal de nieve, más allá de la falta de liderazgo del president Montilla, más allá de la dejadez de las empresas eléctricas, de transportes y de telecomunicaciones que han dejado tirados a miles de ciudadanos, hay una buena noticia. Los alcaldes merecen un 10 por haber ejercido sus responsabilidades y también las de las otras administraciones con diligencia y alto sentido del deber. Cuando critiquemos a los políticos en general, tengamos en cuenta lo ocurrido estos días, para no ser injustos ni inexactos. Cuando nadie respondía, muchos ciudadanos sólo tuvieron a su lado a sus ediles, resolviendo problemas con pocos medios y mucha entrega. Esto debe subrayarse como un éxito de la buena política, la que da la cara y está cerca de la gente. Por ello debe escucharse con atención lo que exponen más de 40 alcaldes gerundenses de distintos partidos, en un manifiesto que, sobre todo, trata de impedir que este caos se repita.

Hace un par de años, un libro pasó con éxito por las manos de muchos políticos socialdemócratas en España. Se trata de No pienses en un elefante, de George Lakoff, que explica cómo la derecha estadounidense, ahora denominada neocon, usó el lenguaje político y la comunicación como una gran herramienta para hacer llegar sus propuestas a la ciudadanía. La derecha estadounidense intentaba hacer llegar sus recetas sin provocar rechazo y con su estrategia logró poner a los progresistas a la defensiva. Lakoff hablaba del uso de lo que denominó “marcos” como estructuras mentales que conforman nuestro modo de ver el mundo. El mejor y más usado como ejemplo es el que utilizó George Bush para hablar de su modelo de bajada de impuestos, y la consiguiente reducción de los servicios públicos soportados por estos, para dar paso a una mayor entrada de negocio privado en los servicios públicos básicos. Se le denominó “alivio fiscal” , que suena mejor. Quien te alivia es un héroe y quien trate de evitarlo, un villano.

Si hoy hiciésemos un análisis del lenguaje de la derecha española, nos llevaríamos varias sorpresas. Lo normal en los partidos conservadores occidentales es dulcificar su lenguaje para alcanzar el poder y mostrar dureza (firmeza, afirman ellos) una vez en el Gobierno. En España, esto es al revés. Durante el último Gobierno del PP se siguió hablando del centro reformista (¡qué habrá sido de él!) y del viaje al centro (ya dijo Alfonso Guerra: “De dónde vendrán que aún no han llegado”…, y lo peor, siguen sin llegar). Fue perder el poder, y el adalid del catalán en la intimidad y gran lector de Azaña pasó a revelar su lado más duro, más irritante, más irrespetuoso de toda la derecha conocida para terminar saludando con el dedo al tendido.

Pudimos ver ese gesto de José María Aznar (18-2-2010) ante una situación que, cuando se monta a otros gobernantes –Zapatero, González, Ibarretxe…–, los medios conservadores denominan libertad de expresión, pero cuando le ocurre a sus líderes pasa a ser poco menos que un acto de exaltación del terrorismo. En realidad, se trató de una falta de respeto de algunos jóvenes y un gesto de pésima educación y chulería impropio de un ex presidente del Gobierno.

Al mismo tiempo que este gran estadista nos mostraba dónde tenía el centro, nos encontramos con otros personajes de la derecha española que nos ilustran sobre su lenguaje característico.

Recordemos el famoso “hijoputa” de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre (29-1-2010). Todos pensamos que aludía a su eterno enemigo, el alcalde Alberto Ruiz- Gallardón. Sólo ella y sus palmeros repitieron que su procacidad estaba dirigida a otro miembro de su partido y, finalmente, en una entrevista televisiva, se descuelga que ni siquiera se dirigió a alguien del PP, a pesar de haber enviado una carta de disculpas a su… ¿compañero?

Siguiendo el ejemplo de Aguirre tenemos al imaginativo vicealcalde de Torrejón de Ardoz que llama “hijo de puta” al portavoz local de IU (1 de febrero). Les acompaña el vicepresidente de la Generalitat valenciana, Juan Cotino, que en una sesión parlamentaria afirmó lo siguiente a una diputada de la oposición: “Si fuera su padre, sentiría vergüenza de tener una hija como usted, pero como posiblemente no le conoce…” (24-2-2010). Sigue el excelso poeta José Luis Baltar, dirigiéndose de esta guisa a un adversario del partido socialista gallego: “Maricón, sinvergüenza y miserable” (27-2-2009). Y en la versión más macarra (hay que llegar a todos los públicos) tenemos al ultraderechista John Cobra con sus cinco minutos de gloria en televisión: “ Me vais a comer la …”.

Si estas expresiones fuesen un caso aislado, sería, sin lugar a dudas, una casualidad; de ser dos, una coincidencia; tres o más, son ya otra cosa. Responden a un modelo. Frente a la utilización de argumentos e ideas, mejor son los gestos populistas; siempre te dirán algunos de los tuyos: “¡Así se hace!”, “¡Con dos…!”, “¡Olé, Esperanza con el capote!”. ¿Para qué hablar de medidas contra el desempleo en la Comunidad de Madrid? ¿Mejoras en la sanidad madrileña o educación? No, un capote, una foto en la prensa amiga y todo arreglado. Triunfó el marketing de trazo grueso frente a los argumentos y las ideas. Porque, ¿recuerda últimamente alguna reflexión de contenido de Aguirre? Y sin embargo, seguro recordará algún gesto, anécdota o chascarrillo de “la lideresa”.

No nos engañemos, no estamos ante anécdotas, sino ante un modelo, tan serio como cualquier otro, que busca llevar mensajes cortos, de taberna, sin trasfondo alguno, al mayor número de personas. La estrategia es sencilla: unos, más finos, marcan las líneas de actuación contra Zapatero, contra Garzón, en fin, contra cualquiera que no les aplauda o que consideren perjudicial para sus intereses. Otros empiezan a apuntar en los medios afines (que son la mayoría) y, finalmente, un “espontáneo” remata con gracia.

Miguel Aguado Arnáez es secretario de Medio Ambiente del PSM-PSOE.

Sobre Italia se extiende un río de fango, escribe Asor Rosa. Lo repite Albero Burgio. Está recién publicado  por la editorial Bollati Boringhieri el libro de Franco Cordero El caldo de las Once –el que le era servido al condenado antes de ahorcarlo—, donde el más erudito e iracundo de nuestros juristas  nos pinta, tras de un primer capítulo sobre las fechorías de otro tiempo, la Italia de Berlusconi

¿Por qué esta masa apestosa se propaga ahora? Y ¿a qué cabe achacarla? ¿Únicamente a Berlusconi? Sus intereses, pensamientos y modales –entre sus defectos no está la hipocresía, sino, al contrario, la insistencia inoportuna— eran notorios para los italianos que lo han votado en tres ocasiones, y cada vez durante mandatos más largos. Habían sido bastante más cautos con respecto a Bettino Craxi, que era el amigo de Berlusconi y el hombre al que Enrico Berlinguer le echó en cara el problema moral.

¿Existe en Italia quizá una inclinación a corromperse y a ser corrompido, debida a los siglos de sometimiento bajo el dominio extranjero o a prepotentes  señores locales, con la excepción del luminoso intervalo del periodo municipal? Pero incluso en  Dante halló malversadores en su Infierno, y Petrarca se sentaba, melancólico, a orillas del Arno observando las plagas mortales de la Italia de su tiempo. Se puede decir que parece ser algo fatal la adherencia al poder de una dosis de  inmoralidad. No existe país alguno, por otro lado, en donde los escándalos no se produzcan , y estamos apenas al comienzo  -mejor dicho, estamos ya dentro- de una tempestad mundial de delitos financieros, a lo que parece, bastante difícil de castigar y de prevenir, y por sumas tan asombrosas, que los cinco mil euros públicos que el ex  alcalde de Bolonia hizo que le fuesen librados a la mujer de su corazón, para no hablar de los mil o dos mil a los invitados de Berlusconi, parecen una simple propinilla. Y sin embargo, no se puede decir que la principal característica de los EEUU de Madoff sea la malversación por doquier acompañada del escarnio contra la magistratura y los cambios en la ley para favorecer al presidente. Por el contrario, entre nosotros, sí. Hablar de Italia significa hablar de esto, tanto, que en el extranjero se ha convertido en signo de fair play no mencionarlo. Hemos desaparecido de la escena internacional

¿Cómo hemos venido a parar en esto? Ya habíamos inventado el fascismo apenas acabada la unificación nacional, pero incluso después del duro despertar de la guerra y de una resistencia que quiso limpiar el país y se dio una de las mejores constituciones europeas, no faltaron las porquerías . Para no hablar de la Mafia y de la Camorra, percibidas como un mal genético, la inmoralidad privada/pública estuvo siempre asediándonos, desde Lauro, que compraba votos con paquetes de pasta, hasta otros ejemplos que no podrían ser considerados meros casos de inmoralidad  local. No lo fueron ciertamente las fechorías de la Federconsorzi de Bonomi, las oscuridades de la Casa del Mezzogiorno, el escándalo de Lockheed (exactamente, ¿quién habrá sido Antílope Cobbler?) por citar los primeros que se me vienen a la mente, y por no hablar de Gladio y de los servicios secretos, perpetuamente desviados de su cometido. Todo esto pesaba sobre los hombros de la Democracia Cristiana, el partido convertido en Estado, pero –como dijo Aldo Moro en el parlamento sin que temblasen los escaños— la Democracia Cristiana no se procesa. Y en efecto, no supieron entender su memorial, no solo las Brigadas Rojas conducidas a la porpia ruina por su secuestro y asesinato, sino tampoco las dos cámaras de la Comisión de investigación. ¿Distraídos? ¿Cómplices?

No lo creo. En tiempos más serios, el PCI y el primer PSI invitaban a no confundir la clase dominante con los pinches de cocina, y a distinguir las distintas responsabilidades y culpas de una y otros, haciendo salir a luz en las Cámaras y en los consejos municipales, tal como sucedió en el caso de Roma, los escándalos, y haciendo aprobar, prescindiendo de los números de mayoría y oposición, las únicas reformas que tuvo el país. No se identificó nunca a Italia ni a la detestada Democracia Cristiana con sus, gordos, episodios de inmoralidad

Durante los años 70 la escena política cambió. El PCI persiguió inútilmente un acuerdo “histórico” con la DC, desarmando y dividiendo a la oposición institucional y desorientando las listas de izquierda. Con la muerte de Aldo Moro, a quien la DC no trató de salvar tal como él pedía y ella hubiera hecho de ser otro el que hubiera estado en su lugar, el partido democristiano quedó sumido en la mayor confusión, mientras que Berlinguer echaba en falta al único interlocutor que resultaba haber tenido, lo cual convertía en completamente vana la estrategia que había perseguido. De golpe, en el 79 cambiaba la línea, obstaculizado por un grupo dirigente y por cuadros locales que estaban, por el contrario, a la búsqueda de “amplios acuerdos” cuyos únicos resultados fueron el desmesurado crecimiento de los costes de la clase política y el fin de la oposición parlamentaria y popular. Así una mayoría ya sin un verdadero jefe y una izquierda desnortada se enfrentaron, sin verla, a una ofensiva capitalista de escala mundial que emprendía un vuelco de tendencia, reorganizando brutalmente la propiedad y la organización del trabajo. En 1984 el referéndum sobre la escala móvil acarreaba, por primera vez desde 1948, una derrota de los trabajadores, y tres años después, las elecciones de 1987 esbozaban el resquebrajamiento de los equilibrios de la primera república. Dos años después, y sobre un PCI ya en dificultades, caía el hacha del 89, ante la cual Occheto ofrecía voluntariosamente el cuello; a Craxi y al gobierno DC- PSI, Tangentópoli les daba el golpe de gracia

A varios años de distancia, se ve que bien pocos de los peces gordos imputados por Manos Limpias permanecieron en las redes de la justicia. Pero el impacto político, sumado a los procesos antes mencionados fue enorme porque la corrupción no dejó de crecer. Sobre un paisaje de partidos devastados por recíprocos tsunamis, aparecía en escena Berlusconi, símbolo del beneficio, de la empresa en estado puro, de la competencia sin escrúpulos que de golpe se presentaba como el único anclaje sólido con respecto a patrañas “ideológicas” tales como las clases, la explotación del trabajo, la perversidad de la especulación financiera e inmobiliaria, el primado del bien común o la necesidad de una ética pública…

Anclaje sólido y de manga ancha. Si su único precepto era producir al precio más bajo, hacer cesar cualquier mediación social para ser más generosos con el capital y los accionistas, vender a los ricos y obligar a los más pobres a comprar lo que no podían ya producir (¿qué otra cosa es, si no, el África?) especular a mansalva con el riesgo y con lo inexistente, ¿por qué demonizar cierta astucia, cierto modo de hacer la vista gorda, cierta mercantilización de la cosa pública? En el fondo, en los Estados Unidos, la compraventa de los miembros del Congreso y del Senado está legitimada por los lobbies, con los cuales está tratando Obama para lograr hacer pasar al menos un tercio de su proyecto de reforma sanitaria. Entre nosotros, el lobby más poderoso es una mayoría blindada mediante el voto de confianza, del cual nadie puede desembarazarse sin perecer. Las instituciones pierden por completo su naturaleza neutra en el caso de que la hayan tenido nunca, y todos dan por bueno que se privaticen funciones o bienes públicos. Si la ley se opone a ello, se cambia la ley. El parlamento podría ser cerrado también, tal como Berlusconi no ha dudado en decir, proponiendo que se sienten a votar solo los jefes de grupo parlamentario, en proporción con los electores que representan, y ni tan siquiera en esta ocasión las cámaras se alzaron aullando. Nuestro hombre tiene el nivel cultural de Sarah Palin y la falta de escrúpulos de Dick Cheney. Sólo que la mitad de los norteamericanos ha votado en contra de ambos, mientras que un poco más de la mitad de los italianos se pronuncia por él.

Entre los años setenta y los ochenta están las raíces de la actual proliferación de esta mala hierba. Contra la cual se yergue sin vacilaciones tan solo un magistrado ambicioso, para el cual la sociedad entera se compone de y divide entre honrados y corruptos. Antes había propuesto esta filosofía a los industriales reunidos en Cernobbio; ahora hace fortuna entre el pueblo, más o menos violeta, de una ex izquierda o dimisionaria o hecha trizas. Y luego hay quien especula sutilmente sobre el origen de la antipolítica.

Rossana Rossanda,  miembro del Consejo Editorial de SINPERMISO, es una escritora y analista política italiana, cofundadora del cotidiano comunista italiano Il Manifesto. Recientemente ha aparecido en España la versión castellana de sus muy recomendables memorias políticas: La ragazza del secolo scorso [La muchacha del siglo pasado, Editorial Foca, Madrid, 2008].

Traducción parawww.sinpermiso.info: Joaquín Miras.

Il Manifesto, 6 marzo 2010

CARTA DEL DIRECTOR

El lunes de la semana pasada un amigo común me transmitió un mensaje de su parte: «Dice Baltasar que por qué le persigue EL MUNDO… y que si podéis quedar a tomar un café». Mi respuesta fue clara: «Dile que niego la mayor… pero que no tengo inconveniente en hablar con él cuando quiera». El miércoles mi amigo volvió a verle y comprobó con asombro que Su Señoría ya no tenía interés alguno en llevar a término lo que él mismo había propuesto 48 horas antes. El viernes Su Señoría dirigió un inaudito escrito al Consejo General del Poder Judicial, presentándose como víctima de una campaña orquestada entre EL MUNDO, el PP y determinados estamentos judiciales. Así es Su Señoría: en el juzgado, como en la política y en la vida, él siempre tiene un plan B; puede hacer una cosa o su contraria, en función de su capricho, humor o conveniencia.

Garzón había entendido, pluma en ristre, que para su estrategia de echar los pies por delante le resultaba más útil exagerar la confrontación con nuestro periódico que buscar comprensión, desplegando ora sus dones persuasivos, ora sus dotes lastimeras. Y como todo lo que le sucede a él tiene que ser siempre lo más grande que le haya sucedido a nadie, escribió sin regateo alguno que está siendo «objeto de una persecución mediática sin precedentes por el periódico EL MUNDO». ¿Con qué motivo? «Por el solo hecho de haber cuestionado un informe pericial que sugería vinculaciones alucinadas de ETA con el atentado del 11 de marzo de 2004».

¡Ínclito Garzón! Basta invocar todas aquellas ocasiones en que muchos de sus actuales amigos denunciaban nuestra imaginaria connivencia para darse cuenta de hasta qué punto la coartada de la «persecución sin precedentes» ha quedado roída y raída por el uso. Pero su megalomanía lleva aparejada ya tal pérdida del sentido de la realidad que le hace reinventar sin pudor hechos públicos recientes. Así su extravagante imputación de un delito de falsedad a los tres peritos que denunciaban la manipulación de sus superiores, tras someterles a inquisitorial interrogatorio cuando ni siquiera era competente para entender del caso, se transforma en el «solo hecho» de «cuestionar» su «informe».

Como se recordará, la Sala de lo Penal de la Audiencia resolvió apartarle fulminantemente de ese sumario al constatar su abuso de jurisdicción y la juez natural, a la sazón Gema Gallego, levantó la imputación de los peritos y sentó en el banquillo, con el respaldo del tribunal superior, a los mandos de la Policía Científica que habían falsificado el informe. Ahora él convierte ese acto de reposición de los más elementales fundamentos del derecho nada menos que en motivo de recusación contra la juez Gallego, a la que no deja de insultar y denigrar. Y si bien es cierto que la conducta de esos mandos no mereció finalmente una sanción penal, no menos cierto es que en la sentencia absolutoria quedó acreditado que habían incurrido en graves «inveracidades» e «irregularidades administrativas», resultando «sorprendente» para el tribunal que hubieran recurrido a una práctica «tan inadecuada e incorrecta».

Si de esa manera quedaba corroborado, punto por punto, lo denunciado por EL MUNDO, ¿cómo es posible que Garzón haga emanar de ahí la inquina que nos atribuye? Pues mediante el acto de prestidigitación de introducir como nueva variable una sentencia de la jurisdicción civil -recurrida en casación- cuya única consecuencia, caso de ser firme, sería tener que publicar que utilizamos expresiones «innecesarias», lesivas para su honor. Todos sabemos que si Garzón hubiera atisbado un mínimo margen para actuar contra el periódico y ponernos en un brete, habría presentado una querella por injurias o calumnias.

Pues bien, y aquí es donde al leerlo no pude reprimir una abierta carcajada, son estos antecedentes los que, según Garzón, me llevan a «no dejar pasar ninguna oportunidad» para perseguirle «desde el resentimiento». ¿Cómo, cómo…? ¡Pero qué dice este hombre! Al margen de que entre mis múltiples defectos no figura ninguno de los que se manifiestan a través del retrovisor, personal y corporativamente no tengo sino motivos de gratitud por las múltiples tardes -o mejor dicho mañanas- de gloria que, en los 20 años de vida de EL MUNDO, nos ha proporcionado Garzón por activa y por pasiva. Es como si alguien alegara que el director del ¡Hola! está «resentido» con alguna de las divas de la prensa rosa.

Pero después de la carcajada ha venido la reflexión. ¿Por qué, para lanzarla contra mí, ha elegido Garzón precisamente esa palabra, esa tara moral, ese concepto que Unamuno llegó a identificar como «el más grave de los pecados capitales»? La reciente llamada de uno de sus nietos para recordarme el inminente cincuentenario de la muerte del doctor Marañón ha refrescado mi memoria y me ha remitido a una de sus más certeras interpretaciones de la Historia. Cojan la ocasión al vuelo y comprueben a través de su biografía de Tiberio -subtitulada Historia de un resentimiento- la exactitud con que acaba de manifestarse una vez más ese reflejo condicionado por el que el ser humano, y no digamos el narciso siempre pegado al espejo de la autoadulación, tiende a detectar sus propios defectos, pero atribuyéndoselos siempre a los demás.

«Si hay un hombre cuya vida sea ejemplo de alternativas y de cambios en la conciencia y en la conducta; ejemplo de personalidad construida, no con material uniforme, sino con fragmentos diversos y contradictorios, ese hombre es Tiberio», escribió el doctor Marañón casi 20 años antes de que naciera nuestro Príncipe de la Justicia. Por algo Tácito había presentado ya a su biografiado como un hombre «mezcla de bien y de mal» que practicó «costumbres distintas según las épocas». Y por algo Dión le había definido como un «príncipe de buenas y malas cualidades». ¿Cuántos Garzones hemos conocido ya sucesiva o incluso simultáneamente?

La psiquiatría define el resentimiento como «la evocación de un sentimiento de hostilidad contra una persona o grupo que consideramos que nos ha tratado mal». ¿En qué puedo yo considerarme maltratado por un señor que, insisto, deliberadamente o no, ha venido contribuyendo de manera pertinaz -«más madera que es la guerra»- a que se colmaran todas mis expectativas sobre el periodismo como modus y arts vivendi?

Claro, que tengo la ventaja de haber querido una sola cosa en la vida. Por el contrario, Garzón ha ido dejando rastro público de cuáles eran sus expectativas, cuándo y cómo quedaban defraudadas y a quién responsabilizaba de ello. Si resulta que a continuación sus decisiones en el ámbito jurisdiccional afectaban negativamente a esa «persona o grupo», saquen ustedes sus propias conclusiones sobre si le cuadra o no la definición de resentimiento.

«Felipe González me engañó y me utilizó como un ardid electoral… me ha tratado como a un muñeco», denunció Garzón en mayo de 1994, al marcharse dando un portazo, apenas un año después de haber saltado a la política en las listas del PSOE. Belloch había sido nombrado ministro del Interior y había elegido a Margarita Robles para la Secretaría de Estado: justo los dos cargos que él anhelaba. Una ley disparatada le permitió volver al juzgado y él -por utilizar la pauta que ahora me achaca- «no dejó pasar la oportunidad» de ajustar cuentas con el «señor X» a través del sumario sobre el secuestro de Marey. Si el magistrado Moner no hubiera repetido la instrucción del caso en el Supremo, es probable que todo el procedimiento sobre aquel delito horrible hubiera terminado anulándose por la superposición de su vendetta. Rodríguez Ibarra declaró durante la vista oral que Garzón le dijo: «Si Felipe no me hace ministro, se va a acordar toda su vida». En este caso me lo creo.

«Es típico del resentido», escribe Marañón, «que cuando adquiere un poder fuerte y artificioso haga un uso bárbaramente vindicativo de él». Que después de no haber tenido reparo en proceder contra Barrionuevo y Vera, ahora Garzón haya invocado como causa para requerir la abstención de Margarita Robles su «coincidencia» en aquel gobierno, sólo se explica si continuamos leyendo al fundador de la Agrupación al Servicio de la República: «A cada instante vemos escapar por entre los resquicios de su perfecta armadura oficial el vaho de su rencor, dando a su vida el aspecto equívoco que los contemporáneos interpretaban como hipocresía». Pero en el pecado ha tenido la penitencia, porque la respuesta de la siempre íntegra Margarita Robles ha sido de las de antología.

En el caso de Aznar y el PP, el esquema se reprodujo a partir de la negativa del entonces presidente a apoyar la campaña mediante la que el megajuez trató de autopromocionarse para el Nóbel de la Paz, y no digamos nada tras la decisión de los vocales conservadores del CGPJ de preferir a Gómez Bermúdez para la presidencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia. Garzón no podía entender que tras los servicios que había prestado a Mayor Oreja en la lucha contra ETA -opuestos a los que una década después prestaría a Rubalcaba y Zapatero en la negociación con ETA- la derecha ni le ayudara a subir al pináculo de la gloria ni le promocionara en la jerarquía judicial.

De nuevo Garzón «no dejó pasar la oportunidad», con motivo de la guerra de Irak, para comparar a Aznar con el «humus pestilente de quienes carecen de sentimientos», para jalear los gritos de quienes le llamaban «asesino» y para maniobrar soñando con poder sentarle alguna vez en el banquillo. De su inquina hacia el PP quedó sobrada constancia en la forma en que instruyó el caso Gürtel, buscando hacerle el mayor daño posible con sus resoluciones. De ahí que de nuevo las medidas fruto de su obcecación -¡escuchas en las comunicaciones entre abogados y clientes!-, además de ponerle a dos pasos del banquillo, hagan peligrar el conjunto de la investigación contra la trama corrupta. Todo emana, según el biógrafo de Tiberio, «de una desarmonía entre su real capacidad de triunfar y la que él se supone».

¿Y el caso Liaño? ¿Cómo se inscribe en esta teoría la conducta infame de Garzón con alguien hacia quien, después de haber dado tantas veces la cara por él, sólo podía tener motivos de gratitud? El doctor Marañón también tiene una respuesta categórica: «Cuando se hace el bien a un resentido, el bienhechor queda inscrito en su lista negra de la incordialidad». Y añade incluso una frase tremenda atribuida a Robespierre: «Sentí desde muy temprano la penosa esclavitud del agradecimiento».

Cree, pues, el ladrón que todos son de su condición y quienes le conocemos de antiguo tenemos muy amortizado que, por acabar con las citas, «el resentido llega a experimentar la viciosa necesidad de los motivos que alimentan su pasión; una suerte de sed masoquista le hace buscarlos o inventarlos si no los encuentra».

Como ocurría hace 20 años con González, el problema de Garzón no estriba en lo que algunos pensemos o digamos de él, sino en las secuelas de sus propios actos. Y, en su caso, en la impresión que, como me decía no hace mucho un importante miembro del Gobierno, debe estar causando en la Sala Segunda del Supremo el hecho de que tres acciones penales, sólidamente fundadas en otras tantas conductas presuntamente delictivas de un magistrado, tengan el mismo protagonista. Porque, parafraseando a Espriu, aunque en ocasiones sea necesario y forzoso que un juez «muera» por la Justicia, nunca debe toda la Justicia «morir» por un solo juez.

pedroj.ramirez@elmundo.es

SONDEO DEL INSTITUTO NOXA PARA “LA VANGUARDIA”

Las elecciones del próximo otoño al Parlament de Catalunya abrirán un largo ciclo de año y medio hasta las generales del 2012, que pasa también por las consultas municipales y por buena parte de las autonómicas en el 2011. Cierto es que cada una de esas convocatorias presenta características propias y que los ciudadanos les adjudican distinta importancia, votando en unas más que en otras y, con frecuencia, por distintos partidos. Pero es muy probable que, dada su proximidad en el tiempo, los resultados de cada una de ellas condicionen, al menos de forma indirecta, los de las demás, creando un clima más favorable para unos que para otros. Por lo tanto, las elecciones al Parlament merecerán tanta o casi tanta atención fuera como dentro de Catalunya.

Se van a celebrar en una atmósfera enrarecida por el peso de la crisis, la preocupación por el paro y la convicción cada vez más extendida entre muchos catalanes de que Catalunya no está mejor preparada que el resto de España para superarla. Por supuesto, esas condiciones podrían mejorar y, en todo caso, en los nueve meses que faltan todavía podrían suceder muchas cosas. Además, los datos de este estudio se han recogido en una de las semanas más complicadas que ha vivido Catalunya en los últimos tiempos y, por ello, pueden quizá contener un punto de exageración. Sin embargo, lo que sí resulta evidente es que si las elecciones se celebrasen hoy, el mapa político de Catalunya se vería seriamente alterado.

Eso es lo que cuenta. A estas alturas las estimaciones del voto hay que mirarlas con muchas reservas, pero si las examinamos en relación con otros indicadores tendríamos que anticipar un escenario en el que CiU podría acercarse a sus mejores resultados históricos y el PSC y ERC a sus peores registros. Si entre el 2003 y el 2006 se tuvo la impresión de que los republicanos podían avanzar, a expensas de Convergència i Unió, en el campo del nacionalismo, ahora eso parece una ilusión óptica. Los republicanos perderían hoy hasta la mitad de sus apoyos en beneficio de sus competidores. Pero CiU gana también de forma clara la competición con el PSC, lastrado por sus dificultades para imponer unidad, lealtad y coherencia al gobierno de coalición que preside José Montilla.

Ese panorama se completa con la estabilidad electoral del Partido Popular e ICV-EUiA y la difuminación de Ciutadans, mientras que el Reagrupament de Joan Carretero, de momento, apenas asoma la cabeza. Algunos expertos pronostican que esta última formación podría ir creciendo en los próximos meses y arrebatar algunos escaños a CiU y Esquerra. Tal vez, pero también es probable que sorprenda que Joan Laporta sea el peor valorado de los posibles candidatos.

De lo que no cabe duda es de que CiU avanza de manera irresistible, a la vez que los demás retroceden o se estancan, marcando una tendencia ininterrumpida que encuentra su mejor correlato en la generalizada voluntad de cambio que expresan los electorados de todos los partidos sin excepción.

Esa tendencia y esa voluntad de cambio vienen corroboradas por una serie de indicadores que reflejan la solidez y coherencia de ambas derivas. Empezando por los líderes, el president Montilla recibe una buena valoración, bastante mejor que la de su partido. Sin embargo, la valoración de Artur Mas, el líder de la oposición, es mucho mejor. Este inspira más confianza que aquel para sacar a Catalunya de la crisis, y la mitad de los catalanes lo prefiere como futuro presidente de la Generalitat frente a tres de cada diez que preferirían al presidente actual. Lógicamente, son los antiguos votantes de CiU y PP quienes más se inclinan a favor de Mas. La novedad es que la mitad de los votantes de ERC y más de una cuarta parte de los del PSC coinciden con ellos.

Pero hay más. En los últimos tres años los juicios sobre la gestión del Govern han sufrido un gravísimo deterioro. En el 2007 eran ligeramente favorables. Hoy, las valoraciones negativas son casi el doble que las positivas.

Y lo que debería obligar al Govern -si aún tiene tiempo de rectificar- a una reflexión más profunda es el hecho de que los catalanes consideren que CiU está más capacitada que él para afrontar casi todos los grandes problemas de Catalunya: el paro, la crisis, la seguridad ciudadana, el autogobierno, el problema lingüístico, e incluso la educación. Tan sólo en sanidad y lucha contra el terrorismo obtiene el PSC una mínima ventaja. ¿Qué ha ocurrido? La crisis y el paro cuentan, pero no lo explican todo.

Habrá que esperar y ver cómo evolucionan las cosas. Si en cuatro o cinco meses CiU ha dado un salto tan grande, nada impediría, en principio, una reversión de la situación, por improbable que hoy parezca. Pero hay algo mucho más preocupante y que se refleja en la segunda parte del sondeo, que se publica mañana: las actitudes frente a la inmigración. La inmensa mayoría de catalanes está a favor del acceso de los inmigrantes a los servicios públicos en condiciones de igualdad, pero muchos ciudadanos creen que su presencia es excesiva, un porcentaje notable piensa que un partido xenófobo podría lograr representación parlamentaria y una tasa significativa estaría en disposición de votarlo, sobre todo entre simpatizantes del PP y CiU. Eso sí que sería un drama.

JULIÁN SANTAMARÍA OSSORIO, catedrático de Ciencia Política de la UCM y presidente del Instituto Noxa Consulting.

¿Es seguro que las políticas para la promoción del coche eléctrico requieran un pacto de Estado? ¿Comenzarán los fontaneros a cobrar el IVA reducido porque así lo acuerden en un pacto de Estado los dos grandes partidos de ámbito estatal? El apoyo a las energías renovables ¿tendrá que dormir en el cajón hasta que los partidos flanqueados por los sindicatos se hagan la foto en el marco incomparable del Palacio Zurbano? ¿Sólo podrá salvar el ICO los grandes obstáculos con que tropieza su afán por conceder crédito a las pymes cuando los partidos y demás firmen el dichoso pacto de Estado? Y el fomento del alquiler de vivienda ¿necesita acaso un pacto de Estado para extirpar o, al menos, mitigar el innato deseo o la herencia genética que nos impulsa a adquirirla?

Es claro que no, que buena falta hace pasarse semanas y meses reuniendo comisiones, abriendo mesas de diálogo, manteniendo interminables conversaciones -en resumen, practicando la gobernanza- para alcanzar el tan pomposamente denominado pacto de Estado cuando las decisiones estratégicas de política económica para hacer frente a la crisis quedarán al albur de lo que ocurra en otras mesas, en otros palacios, en otros pactos. Más aún: aunque el Gobierno, en el caso de haber diagnosticado correctamente el origen y alcance de la crisis -un diagnóstico al que sigue mostrándose reacio, como todo el mundo pudo comprobar tras las inanes parrafadas de su presidente ante las cámaras de televisión- hubiera propuesto una estrategia coherente para hacerle frente, no necesitaba un pacto de Estado para ponerla en práctica. Le hubiera bastado, en la peor tesitura, el decreto y, en la mejor, una mayoría parlamentaria suficiente para sacar las medidas adelante, por más que la oposición, en el caso de que se decidiera a cumplir su papel, se opusiera.

¿Qué es esto de quedarse empantanados ante medidas claves contra la crisis acusando a la oposición de cosas tan pintorescas como no arrimar el hombro, no echar una mano, no empujar el carro? En los sistemas democráticos, que funcionan a base de mayorías, las oposiciones están para oponerse, elaborar una alternativa y mantener así la posibilidad de otra política. En tiempos de bonanza, como en tiempos de crisis, es fundamental que cada cual defina sus políticas, las dé a conocer al público, se debatan y, claro está, se pongan en práctica, con la idea de que el agotamiento de una de ellas -normalmente, la del gobierno- no arrastre a la otra. Pactos de Estado, con cuentagotas y sólo cuando un cúmulo de circunstancias extraordinarias los haga absolutamente imprescindibles, como ocurrió en 1977, recién inaugurada la legislatura constituyente.

Lo primero que se espera de un gobierno -sobre todo, en tiempos de crisis- es que gobierne. Para eso, lo habitual es establecer una estrategia, lo cual a su vez requiere identificar los problemas y decidir un orden de prioridades. Sólo por falta de liderazgo, o porque en el gobierno surgen posiciones enfrentadas, o simplemente porque no se sabe qué hacer, es cuando todo se vuelve buscar pactos de Estado, un eufemismo para significar pactos que involucren a la oposición, sea por activa, sea por pasiva. Si es por activa para embarcarla en la misma nave sin rumbo y así poder extender a diestro y siniestro la responsabilidad por los males que se sufren o avecinan; si es por pasiva para acusarla de no arrimar el hombro, no echar una mano, no empujar el carro. Todo menos gobernar cargando sobre los propios hombros la responsabilidad de lo actuado.

¿Tiene este gobierno capacidad y recursos para definir y conducir una política económica sin necesidad de pactos de Estado? Si por número fuera, con un puñado de diputados más habría bastante para alcanzar la mayoría absoluta, ahorrándonos este rigodón de mesas y palacios. Lo que la situación necesita no es tanto un pacto como una política, no es tanto un ejercicio permanente e interminable de gobernanza como una acción coherente de gobierno. Ocultar la incapacidad para definirla y ejecutarla hasta sus últimas consecuencias -sin decir hoy lo contrario de ayer y mañana lo contrario de hoy en cuestiones sustantivas- es lo que realmente se echa de menos. Los fuegos de artificio sobre yo quiero un pacto que tu no quieres porque eres malo y no arrimas el hombro y bla, bla, bla, están a punto de acabar con la paciencia de este santo Job en que la crisis ha convertido a millones de ciudadanos directamente afectados en su trabajo, en sus vidas, por aquella crisis que nunca fue y de la que ya vamos saliendo.

Ilham Moussaïd debe de haber perdido la cuenta de los artículos que, sobre ella, se han publicado en los periódicos europeos. Tanto ruido, no es por ocupar el cuarto lugar de la lista política del partido anticapitalista (NPA), por el departamento de Vaucluse, con vistas a las elecciones regionales que se celebrarán hoy en Francia. El motivo que ha despertado el interés es que cubre su cabeza con un pañuelo, signo explícito de su fe musulmana.

¿Es compatible el pañuelo con el ideario político de un partido de extrema izquierda? ¿Es coherente que una mujer feminista cubra su cabeza con el pañuelo musulmán?

A veces tengo la impresión de que en Europa, y especialmente en Francia, le estamos cogiendo el gusto a que el debate se eleve por encima de la pesada realidad y se quede en el ancho mundo de las ideas.
Ilham Moussaïd es una joven de 23 años, estudiante, originaria de Marruecos que emigró a Francia a la edad de tres años. Hasta donde yo sé, un buen día, decidió, a diferencia de sus hermanas, cubrir su cabeza con el pañuelo.

En mi opinión, este trozo de tela, en jóvenes como ella, ya no puede ser analizado solamente desde una perspectiva religiosa. En el caso de las jóvenes europeas, tenemos que situar el debate en la relación que establecen con el país que las ve crecer.

Creo que tiene mucho de rebeldía, de inconformismo, de voluntad de emanciparse de una sociedad más cerrada de lo que se cree, obsesionada por algunas cosas y relajada en otras que, a su juicio, son más
importantes.

El pañuelo ya ha dejado de ser lo que era. En Europa, también es una forma de decir: aquí estoy, me tienes que ver y me tienes que aceptar como soy. ¿No somos todos iguales?

La noticia en el caso de Ilham es que ella ha encontrado una salida más que digna a su inquietud y quiere representar a la gente que, como ella, procede de los barrios más pobres, luchar por lo que ella cree utilizando una vía elaborada y muy adecuada: la política. Escuchémosla y que la voten aquellos ciudadanos franceses a los que convenza.

Creo sinceramente que también tenemos que ser críticos con nuestras obsesiones. El pañuelo musulmán lo está siendo. Tengamos claro, eso sí, los límites que no son otros que los de la dignidad y la autonomía personal. No me parece, aunque no me gusten los pañuelos, que Ilham sea una mujer víctima de una sistema patriarcal asfixiante o de una visión retrógrada de la religión musulmana. Sí que me atrevería a decir, en cambio, que, de forma un tanto idealista, adecuada a la edad, e ingenua, trata de mantenerse fiel a su origen denigrado y de plantarle cara a su sociedad actual poniéndola en un aprieto.

Seguramente ella no estará de acuerdo pero yo creo que tiene mucho de actitud defensiva. ¿Tienen razón de ser este tipo de actitudes? ¿Hemos hecho algo mal para que muchos hijos de inmigrantes no se sientan bien en su país? Me gustaría ver, escuchar y leer que en Francia, el paraíso de los debates, se formulan también estas preguntas.

La lógica de la exclusión actúa y genera reacciones desmesuradas, inadecuadas o polémicas. Lo importante es ver cómo la combatimos como sociedad. En este caso yo resaltaría que Ilham tiene 23 años y va en las listas de un partido político. Con el desinterés creciente de los jóvenes por la política, esta debería ser la noticia que, además, puede contener un mensaje muy positivo para otros hijos de inmigrantes: aquí tenéis un camino para combatir las injusticias. No es con la violencia que resolveréis vuestros males.

En España, he escuchado demasiadas veces que lo que sucede en Francia no nos llegará. De forma un tanto ingenua, estas voces parecen querer decir que aquí hacemos las cosas mejor.

Sin embargo, yo creo que Francia tiene más elementos a favor para ayudar a la integración de la gente originaria del Magreb. Conserva una influencia nada desdeñable sobre buena parte de estos países, traduce a muchos más autores e intelectuales árabes que nosotros, cuenta con más escritores originarios de estos países que escriben directamente en su lengua, el francés es un idioma que buena parte de los magrebíes siente como propio y, en general, conoce más y mejor su complejidad cultural. Y aún así, los problemas son muchos.

Si queremos aprender algo de sus errores, la lección principal a extraer es, a mi juicio, la de intentar combatir los guetos y luchar por la igualdad de oportunidades. Una asignatura pendiente en Francia.

El día 19 de febrero nos despertamos con la noticia de que en Pisos Planes, una barriada del municipio de Vendrell (Baix Pendès, Catalunya) se había producido un enfrentamiento entre los Mossos d’Esquadra y un buen puñado de vecinos. La chispa que provocó el enfrentamiento fue la solicitud de la documentación a un joven marroquí que llevaba hachís encima. Imposible evitar el temor de que aquí suceda lo que en las banlieus (Francia) en el año 2005.

En 2004 se aprobó en el Parlamento catalán una de las leyes que, en mi opinión, están más encaminadas a hacer frente a este tipo de problemas: la ley de barrios. A grandes rasgos, es una ley que propone una intervención integral en barrios con el objetivo de evitar su degradación y mejorar las condiciones de la gente que vive en ellos. El espíritu de esta ley es el de actuar sobre el conjunto y no sobre el individuo. Ayudar a resolver los problemas estructurales y, de paso, evitar estigmatizar de nuevo al colectivo originario de la migración como el receptor de todas las ayudas en detrimento de la necesidad del resto.

El dinero escasea y debemos de invertirlo en buenas ideas. Esta, desde luego, lo es.

Saïd El Kadaoui Moussaoui es psicólogo y escritor.

El frío mensaje que transmitió la cumbre sobre el clima de Copenhague parece haberse instalado en este largo invierno. La aspiración de conseguir un acuerdo vinculante entre los Estados queda hoy muy lejana. Pero más lejana, si cabe, está la apuesta por un nuevo modelo de desarrollo basado en una economía más ecológica.

Las previsiones acerca del incremento de la población privada de acceso a agua potable, unos 3.000 millones de personas en 2025, la progresiva sustitución de cultivos por la producción de combustibles o la reducción de la biodiversidad no son elementos que se estén considerando en el diseño de la estrategia que nos saque de la crisis. El cambio de modelo energético no es previsible cuando entre 800 y 1.000 plantas de carbón se encuentran en planificación o construcción y cuando el carbón puede convertirse en la fuente de energía de mayor crecimiento, como reacción a un eventual incremento de los precios del petróleo y el gas natural. Y es que la crisis económica actual convierte cualquier ejercicio de prospectiva en algo insustancial, y cualquier acción política, en utópica.

Podemos decir entonces que, si bien somos cada vez más conscientes y responsables del problema, esto no es suficiente para desarrollar un modelo de economía ecológica. Y no es por falta de proyectos. DESERTEC es uno de ellos. Mediante la construcción de una red de centrales termosolares, parques eólicos y otras fuentes de energía renovables en el Norte de África y Oriente Medio, este proyecto pretende abastecer, en 2050, el 15% de la demanda energética de Europa, así como dos tercios de la demanda de los países del Norte de África y Oriente Medio. Se trata de un proyecto que exige la cooperación de un buen número de países en el arco mediterráneo y que está siendo emulado en el área del Pacífico. Como señala Gerhard Knies, presidente de DESERTEC, los desiertos reciben en seis horas tanta energía solar como el consumo de toda la humanidad en un año.

Sin embargo, cuando este mensaje se traduce en cifras –unos 400.000 millones de euros–, las dudas sobre su viabilidad económica lo condenan a la utopía. No obstante, para saber lo que esta cifra representa, debemos considerar otros factores adicionales, como la desigual distribución de la riqueza que ocasiona el modelo energético basado en el petróleo. Según estimaciones del McKinsey Global Institute, los valores extranjeros en posesión de los países del Golfo alcanzaron los 1,9 billones de dólares a finales de 2006, lo que supone aproximadamente el PIB conjunto de Brasil e India. A nadie escapa, con lo que estamos aprendiendo de esta crisis, el potencial impacto que tienen estos fondos en los mercados internacionales.

Por ello el desarrollo de un modelo energético alternativo no es una opción que se deba evaluar exclusivamente a partir de la inversión económica inicial. La capacidad de las energías renovables para articular nuevos ejes de cooperación entre países debiera ser también parte del estudio de viabilidad. Las bases de una economía ecológica dependen, pues, del mayor protagonismo de estas fuentes de energía en la política exterior de los estados, y no tanto del compromiso internacional por luchar contra el cambio climático en un futuro más o menos lejano.

Alfonso Egea de Haro. Profesor de Ciencia Política.

La memoria

Se cumplió el jueves el sexto aniversario de los atentados terroristas del 11-M en Madrid, una fecha que ha marcado el devenir español como lo hicieran el 18 de julio de 1936 o el 20 de noviembre de 1975, por citar solo dos, trascendentales, en la reciente Historia de España. Casi 200 muertos y cerca de 1.000 heridos como cortejo fúnebre para un cambio de Gobierno que ha resultado ser mucho más: casi un cambio de modelo social propulsado por las iniciativas legislativas de un Ejecutivo que, deliberadamente o no tanto, ha intentado una gran operación de ingeniería social reescribiendo, primero, la reciente historia de España desde al año 1936 para acá [algo que obviaron todos los Gobiernos de la democracia, incluidos los de Felipe González], y remodelando, después, o tratando de hacerlo, el “inconsciente colectivo”, en terminología de Jung, de los españoles, mediante una batería de leyes destinadas a alterar las pautas de conducta moral de los ciudadanos.

Si el intento de cambiar usos y costumbres ha sido drástico, no han sido menores las novedades introducidas, por la puerta falsa de la modificación de los estatutos de autonomía, en la organización territorial del Estado, con el catalán como punto de no retorno, diga lo que quiera en su día el Constitucional. En realidad, los cambios introducidos, o su mero intento, han sido de tal calado que obligan a replantear en toda su crudeza la cuestión fundamental del quid prodest referida a la masacre del 11-M. La sentencia del tribunal que presidió en juez Gómez Bermúdez en ningún modo puede apaciguar las conciencias de aquellos ciudadanos libres poco acostumbrados a comulgar con ruedas de molino. La versión oficial no es creíble, salvo para estómagos acostumbrados a digerir piedras. Ni teorías conspiratorias estilo Orquesta Mondragón, rozando a veces la paranoia, ni soluciones de conveniencia que ni han conseguido identificar a los culpables de la masacre ni, mucho menos, a sus autores intelectuales. Los atentados siguen despidiendo el mismo tufo que exhalaban pocos días después de ocurridos: operación típica de servicios secretos, en cuyo abecedario figura la posterior eliminación física de los autores de la matanza (Leganés) para borrar pistas. ¿Servicios secretos extranjeros con apoyos puntuales internos, o viceversa? La pregunta clave sigue siendo esta: ¿quién marcó la fecha para volar los trenes justo tres días antes de unas elecciones generales?

Lo llamativo, a la par que dramático, de la experiencia vivida estos años bajo la presidencia de Rodríguez Zapatero es que el país estaba tan cansado de la soberbia de Aznar y tan dolorido por las bombas del 11-M que, tras las generales, estaba clamando como agua de mayo por la llegada de un Gobierno y un presidente dispuesto a cerrar heridas y repartir bálsamo por doquier, porque ese presidente se hubiese hecho con la ciudadanía entera en dos días. Zapatero eligió, sin embargo, la vía de la confrontación mediante el recurso artero de gobernar para quienes le votaron –su propio partido-, abriendo de nuevo en canal la división entre las “dos Españas”. Seis años después de la matanza, lo peor que se puede decir de los españoles es que no hemos sido capaces –Gobierno y sociedad civil- de dar una respuesta cabal al puzzle del 11-M, incapaces de resolver la masacre desde un punto de vista estrictamente criminal, al margen de los componentes políticos involucrados en el suceso. Por distintos motivos, casi todos hemos preferido mirar hacia otro lado y callar. El PSOE, porque la matanza posibilitó la llegada a la Moncloa de su presidente por accidente, de modo que lo mejor era echar tierra al asunto cuanto antes. Y el PP por miedo, terror más bien, a ser tildado de desestabilizador y facha por la imponente armada mediática que arropa al Ejecutivo.

El aniversario

Dos años transcurridos ya desde las generales del 9 de marzo de 2008 que revalidaron a Zapatero como presidente del Gobierno para otros cuatro años. “Por el pleno empleo”, rezaban los carteles electorales del PSOE que llenaron calles y plazas de España en las semanas previas. Hoy, esa misma España soporta una cifra de parados de 4 millones y pico y camina indefectiblemente hacia los cinco. Ejemplo del líder universitario, radical y populista, de los setenta, ZP ha resultado ser el perfecto ignorante en materia económica que todos sabíamos, el gestor peor pertrechado para hacer frente a una brutal crisis económica que, si bien de dimensión global, tenía aquí características típica y perfectamente diferenciadas en la gigantesca burbuja inmobiliaria que venía embalsada al menos desde el 2003. Encantado de haberse conocido, ZP dilapidó la herencia recibida y empleó todos sus esfuerzos en negar la evidencia, primero, decir que se trataba de un problema internacional, después, y echar la culpa al empedrado, siempre.

Cuando no fue posible seguir negando la mayor, el leonés se dedicó a repartir el dinero de todos, convencido de que tirando del gasto público se arreglaba el problema. Zapatero cumple a la perfección el ejemplo de aquel maquinista de Renfe a quien en plena llanura manchega se le para el tren a las tres de la tarde de un tórrido día de verano. El sujeto recorre los vagones pidiendo calma a los viajeros: no hay aire acondicionado, cierto, pero los revisores pasarán enseguida repartiendo abanicos, y agua fresquita, y bocadillos, y aún lectura y hasta música enlatada. El sol abrasa los rastrojos mientras canta la cigarra, pero el maquinista está decidido a que sus parados gocen de toda clase de comodidades. Todo lo supervisa personalmente, de todo se preocupa, menos de ir a la máquina a intentar averiguar dónde está la avería para tratar de repararla lo antes posible. Y parados seguimos en plena Mancha de la crisis. El manual indica que 2008 tenía que haberse aprovechado para acometer el saneamiento del sistema financiero, empezando por las Cajas; 2009, por su parte, tendría que haber sido el año del ajuste o consolidación fiscal, destinado a meter la tijera al gigantesco déficit público que suele generar toda crisis, y el año en curso, en fin, tendría que haberse empleado en abordar toda una serie de reformas estructurales (mercado laboral, entre ellas) y procesos de liberalización. Como no se hizo el trabajo en 2008 –de hecho sigue pendiente-, el crédito sigue sin llegar a particulares y empresas, a menos que uno esté dispuesto a pagar intereses de hasta el 14%. Como no se abordó el ajuste fiscal en 2009, el reino de España sigue enfrentado a un riesgo cierto de default, lo que en roman paladino antes se llamaba vulgar suspensión de pagos. Y como este año siguen sin acometerse las reformas de fondo, el horizonte español no puede estar marcado más que por el empobrecimiento colectivo y la marginalidad. La decadencia como país.

El culpable

“Aunque nos inculcan que las personalidades no forjan la historia, especialmente si se oponen a la evolución progresista, aquí tenemos, sin embargo, una que durante un cuarto de siglo nos ha retorcido nuestras colas de borrego como ha querido, y nosotros ni siquiera nos hemos atrevido a chillar. Ahora dicen que nadie comprendía nada, ni lo comprendían los rezagados, ni la vanguardia. La vieja guardia era la única que sabía de la monstruosa obra de Koba [alias de Stalin en la Rusia zarista], pero prefirió envenenarse en un rincón, pegarse un tiro en casa, o terminar sus días en tranquila jubilación, con tal de no tener que denunciarlo desde una tribuna”. Este párrafo corresponde al Archipiélago Gulag III, de Solzhenitsyn (Tusquets Editores, 2007) y exhala el desconcierto profundo que, en la retrospectiva de la historia, suele producir en los estudiosos el fenómeno del silencio, ese espeso silencio de los corderos que acompañó a las más sanguinarias dictaduras del desdichado siglo XX. Lo conocimos en España durante la larga etapa de Franco, donde, con excepción del PCE, nadie movió un dedo para acortar el trance y, salvadas todas las distancias, lo estamos viendo ahora en la ausencia de esas voces críticas que, desde la sociedad civil –intelectuales, universidad, empresariado, etc.-, tendrían que haber sido capaces de denunciar el proceso de “reinvención” de la España consagrada en la Constitución del 78, emprendido subrepticiamente por ZP tras su victoria electoral que siguió a los atentados del 11-M.

Como le acaba de ocurrir con el fútbol a cierto prepotente empresario madrileño acostumbrado, en la mejor tradición patria, a hacer negocios a la sombra del Gobierno de turno, también a ZP se le ha venido el andamio abajo a cuenta de una crisis económica que ni supo prever ni sabe contrarrestar, entre otras cosas porque se lo impide su “ideología”. Ahora, un grupo de notables de la órbita socialista ha montado, con dinero de empresarios de derechas, una gran campaña mediática para aligerar la presión sobre Moncloa y hacernos a todos copartícipes del desastre. Estosololoarreglamosentretodos.org, reza el lema de una operación que calla o silencia una verdad que está en el origen del problema: estolojodiózapaterosolo.org, una evidencia que difícilmente va a lograr enmascarar cualquier intento de repartir culpas a diestra y siniestra.

Y la becaria

El caso Garzón, el juez de la Audiencia Nacional  acostumbrado a ponerse la Ley por montera, se ha convertido en la más cruda pelea entre poderes, incluido obviamente el judicial, registrada en muchos años, con excepción, quizá, del gemelo caso Sogecable, principio de una traición que abrió las puertas del poder y el dinero al famoso Campeador. En esa pelea, que retrata como pocas la corrupción del Sistema entero, se está dilucidando la capacidad de regeneración de nuestra democracia, si es que alguna le quedara. Al frente de las operaciones mediáticas de defensa del granuja se ha colocado desde el principio el grupo Prisa, que con la precisión leninista que caracteriza a la dirección del antiguo emporio ha obligado a salir a la palestra a todo personaje que coma, duerma o habite en derredor del grupo. Falta por salir a escena el gran Bacigalupo, cuyo magisterio al respecto, la verdad, se empieza a echar en falta.

Pero como le ocurre a los sectarismos de toda clase y condición, la campaña orquestada por las huestes de Cebrián en defensa de Garzón corre el riesgo de traspasar las barreras de lo mafioso para irrumpir directamente en las de lo chusco. El pasado miércoles día 10, la labor de apoyo al galán corrió a cargo de Bonifacio de la Cuadra, uno de los históricos de El País en información de tribunales, con un artículo cuyo último párrafo es una joya argumental de valor imperecedero. Vean: “Ante ésta y otras aberraciones jurídicas, Sara España, una alumna del Máster de Periodismo UAM/EL PAÍS, en un trabajo de opinión sobre Baltasar Garzón y la justicia, en aplicación sencilla de la lógica, considera prevaricadora la resolución del magistrado Varela [ponente de una de las querellas que pesan sobre el juez], por ser ‘un acto que podría tacharse, en el fondo y por apariencia, de injusto’”. En la campaña contra un Tribunal Supremo que ha osado, por fin, tocar a Garzón faltaba, pues, la becaria, una alumna del máster de periodismo de El País, como fuente de autoridad. Seguimos, insisto, esperando con ansiedad la lección magistral del enorme Bacigalupo al respecto. No puede defraudar a sus fans.

TRANSBORDO, MONCLOA

El resumen político de la semana podría ser éste: Zapatero, cansado; la oposición, desbocada. La impresión sobre el presidente tiene dos orígenes: su aspecto físico, que ha perdido algo de lozanía, y su entrevista en TVE, donde un mal escenario para una conversación televisada agrandó la escasez del mensaje. El diagnóstico sobre la oposición está en la crónica diaria. Con razón o sin ella, el PP, alanceado por un buen acompañamiento mediático, se lanza sin piedad sobre cualquier suceso o declaración de ministro. Desarrolla una actividad destructora que no se había visto ni en los tiempos del “España se rompe”. Y presenta un panorama desolador del país que quizá esté en la base de la creciente falta de confianza social.

Ciertamente, los gobernantes les facilitan el trabajo. Es ya un tópico la facilidad con que se contradicen, como si estuvieran remando a favor del PP. Esta semana, además, pareció que regalaban parcelas de poder o de discurso. El ejemplo más notorio fue el bondadoso consejo de don Celestino Corbacho, que fue a caer justamente en lo que más recuerda la memoria colectiva de la despedida y cierre del felipismo: háganse ustedes un plan privado de pensiones. No está el combate político para esas bondades de intención.

Lo que ocurre es que, abierta la compuerta del ataque general, aparecen los incontrolados. Hay una carrera para ver quién es más duro, y la novedad de estos días es el paso de la pelea verbal a la acción en la calle. La recogida de firmas que se hizo en Catalunya contra el Estatut se quiere hacer ahora en Madrid contra el incremento del IVA. Quedará para la pequeña historia la llamada de la presidenta Aguirre a la rebelión -esa fue la palabra- contra el impuesto, en una arenga que recuerda la convocatoria del alcalde de Móstoles: ciudadanos, la economía está en peligro. Sólo le faltó pedir que no se cobre y no se pague el impuesto. Aguirre no es una outsider; es la representante del Estado en una comunidad autónoma, pero su prodigioso instinto electoral la lleva a comportamientos de rebeldía y motín en lo que afecta al bolsillo del contribuyente. A Rajoy no le queda más remedio que bailarle el agua, si no quiere resucitar conflictos de liderazgo.

Una mínima prospectiva de futuro sugiere que esto irá a más. Los sondeos indican que es rentable la destrucción de Zapatero. No ganan muchos votos, pero se los hacen perder al PSOE, y han empezado a recrearse en el mito de que las elecciones no se ganan, sino que las pierde el gobierno, como les pasó a ellos el 2004. Pasado el ecuador de la legislatura, nos espera una segunda mitad de asedio cruel. Nada que reprochar, desde el punto de vista de la estrategia y de las obligaciones de la oposición. Únicamente alguna duda: el anuncio de la hecatombe económica por la subida de impuestos, ¿no ahuyenta a los posibles inversores? ¿No contribuye a aumentar la desconfianza social? ¿No retrasa todavía más la salida de la crisis? Dios, ¡qué difícil es combinar el beneficio de partido y el interés nacional!

Ejemplo inglés

Que nadie espere que Rajoy explique con exactitud qué política económica hará si llega a gobernar. Se quedará en los aspectos genéricos positivos, ni un detalle más. Aprendió del líder conservador británico, James Cameron. Llevaba 20 puntos de ventaja sobre Brown. Ahora están empatados. ¿Por qué esa caída, si Brown tampoco se desveló como un genio? A Cameron se le ocurrió explicar lo que tenía pensado hacer…

A su tiempo

Que nadie espere tampoco que el mismo Rajoy pida un adelanto electoral, aunque esté convencido de que sólo él nos sacará de la crisis. Tiene su secreto, que se lo escuché a un influyente diputado del PP: interesa ganar en el 2012, cuando la economía empiece a salir a flote. Ponerse a gobernar ahora sería fracasar también ante la dimensión y profundidad de la crisis. No importan los gobiernos y sus medidas. Importa el calendario.

Primera víctima

Recogido en ambientes del gobierno: la Sanidad será la primera víctima del déficit público. Se renuevan pocos contratos laborales. No se contratan nuevos médicos ni enfermeros. Empieza a faltar personal sanitario en servicios de referencia. Y un ejemplo de dificultades, más elocuentes que las cifras del déficit del sector: hay hospitales de Madrid donde no se facilitan muletas a los escayolados.

En los últimos meses no han sido pocas las voces que, conocedoras de lo que se cuece en la Unión Europea, han expresado su recelo ante un argumento mil veces repetido: el que llama la atención sobre las presuntas bondades del Tratado de Lisboa en lo que se refiere a acrecentar la agilidad y la eficacia de unas instituciones hasta hoy más bien mortecinas. Para muchas de las voces que nos ocupan, y por decirlo rápido, el tratado ha llegado demasiado tarde en un escenario en el que han surgido de por medio nuevos y acuciantes problemas.Lo cierto es que las semanas transcurridas desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa no han aportado savia nueva a una Unión Europea que sigue tan cabizbaja como antes. Basta con echar una ojeada a los nombramientos de las dos figuras –Herman van Rompuy y Catherine Ashton– que encabezan la UE en estas horas para percatarse de que poco hay que huela a un renovado impulso que rescate a la Unión de su crisis. Aunque hay quien aducirá, con respetable razón, que la ausencia de figuras de primer orden en Bruselas bien puede ser una buena noticia –nos alejará, sin ir más lejos, de políticas marcadas por irrefrenables designios personales–, el problema de fondo parece, en realidad, otro: la Unión Europea de estas horas no tiene resuello para encarar ninguno de los grandes retos que debe afrontar, algo que convierte en anécdota los nombres de quienes encabecen unas u otras instituciones.

El primero de esos retos inabordables lo configura un inquietante alejamiento entre políticos y tecnócratas, por un lado, y ciudadanos de a pie, por el otro. Sobran las razones para aducir al respecto que se ha acabado un idilio de años. Las trampas vinculadas con la ratificación del viejo tratado constitucional y con el propio Tratado de Lisboa han dejado una huella imperecedera a la que se suma una circunstancia más: el chalaneo permanente al que se entregan desde hace tiempo liberales, conservadores y socialistas ha cancelado en los hechos muchos de los elementos de vivacidad que, al calor de la competición y la oposición, dan aire a tantos sistemas políticos.

No es más halagüeño el registro de la Unión, cada vez más inmersa en la consolidación de una Europa fortaleza, en lo que hace al encaramiento de la crisis económica. Si en los 20 últimos años los poderes públicos han perdido dramáticamente capacidades de acción, los problemas que acosan a Grecia o a España a duras penas aciertan a ocultar que en el propio núcleo duro de la Unión faltan las respuestas convincentes mientras, y con lo que ha llovido, la desregulación, adobada con los mitos de la competitividad y del crecimiento, sigue impregnándolo casi todo. A estas alturas, y en paralelo, sólo los más ingenuos creen que la UE, esa audaz compradora de cuotas de contaminación que los países pobres no están en condiciones de agotar, se halla comprometida en una lucha sin cuartel contra el cambio climático. Qué no decir, en fin, de una política exterior que, alicaída, sigue arrastrando una dócil sumisión al dictado norteamericano. Quédenos el consuelo de certificar, eso sí, que –con los mimbres presentes– no hay ningún motivo para afirmar que una diplomacia fuerte del lado de la UE dibujaría un mundo más justo y solidario…

Carlos Taibo. Profesor de Ciencia Política.