Reggio’s

En la muerte de Miguel Delibes

Nunca dejé de preguntarme qué interés pueden tener todas aquellas necrológicas que no van más allá de apresurados resúmenes sobre la vida y obra del finado que, ahora más que nunca, con las enciclopedias digitales, están al alcance de todo el mundo sin necesidad de emplear mucho tiempo en tales pesquisas. Y todo ello, en el caso de Delibes, es más claro aún. Nadie pone en duda su talla como narrador, ni tampoco su admirable trayectoria como periodista. Por si ello fuera poco, hay datos que avalan su honestidad y su coherencia, entre ellos, el haberse negado a escribir ex profeso una novela para un conocido premio que pretendía contar con su nombre en su inventario de galardonados. Otros, tanto de su generación como también más jóvenes, no pusieron reparos a ello. Así pues, la grandeza como ciudadano del autor de «Cinco horas con Mario» no estuvo por debajo de las otras, lo que lo convierte, si no en una excepción, sí al menos en uno de los pocos casos que no incurrieron en contradicciones entre la prédica y los hechos. Y, en este mismo orden de cosas, anotemos que Delibes dejó de escribir en el momento en el que ya no se sentía con fuerzas para ello. Es decir, no hay en su obra unos últimos libros flojos, carentes de interés, viviendo de sí mismo, como hicieron otros novelistas de su misma generación, que, tras haber creado obras maestras en su momento, acabaron publicando auténticos bodrios. Pongamos que hablo de Cela.

Dicho todo ello, más allá de la constatación y recuerdo de todas las excelencias que hemos apuntado, acaso no esté de más apuntar, aunque sea casi de soslayo por los límites de espacio de un artículo periodístico, qué es lo más genuino de la obra narrativa de Delibes.

A este propósito, en el caso que nos ocupa, entre las muchas cosas que merecen un estudio profundo del conjunto de su obra, se encuentra sin duda un cotejo a fondo entre dos Castillas, tan distintas y tan distantes, que fueron la que forjó literariamente el 98, frente a la que se encuentra en muchas de las novelas del gran escritor recientemente fallecido.

Delibes hizo, en efecto, una poética de un territorio en su obra, en este caso, de Castilla, que no es la del 98, sino la suya propia, aquella que contempla, no con los ojos decadentes de un Azorín, ni con las visiones agónicas de Unamuno y Machado, sino como un universo que, literalmente, se está desnaturalizando y desgarrando, no por una decadencia histórica, secuela última de un imperio que se desmembró, sino por las imposiciones de una nueva sociedad de consumo que impone la deserción de un modo de vida. No son, en general, los ganapanes machadianos los que se llevan la peor parte en el universo narrativo de Delibes, sino una clase media en gran medida desnaturalizada.

Una clase media que no existía en el momento en que la Generación del 98 hizo de Castilla la doble metáfora de la decadencia material y espiritual de España. Una clase media que tampoco tenía protagonismo cuando el regeneracionista Julio Senador habló de aquella Castilla en escombros. Así las cosas, sería muy conveniente que se conociese a fondo la Castilla que plasmó Delibes en su universo literario, frente a la noventayochista.

Tras la lectura de la mayor parte de su obra literaria, el lector sale satisfecho no sólo por la maestría de Delibes como narrador, sino también y en una medida no menos importante, por haber asistido a un proceso de justicia poética con unos personajes que, aun teniendo casi todas las circunstancias en su contra, salen airosos existencialmente de la peripecia en la que se han visto envueltos.

¿Acaso Cayo, del que se pretende el voto en las primeras elecciones tras la muerte del dictador, no queda muy por encima del mundo que le rodea, al tiempo que deja en el lector un poso melancólico inevitable? Pero, en todo caso, gana la dificilísima batalla de la coherencia.

¿Y qué decir de Mario y de su mujer? No me refiero en este caso a las grandes dificultades que plantea la estructura de ese largo monólogo hecho novela, sino al interés y respeto que nos suscitan dos perdedores, tanto el propio Mario como su viuda, en un mundo que discurría muy ajeno a lo que ambos representaban.

Personajes los de Delibes que, como la atmósfera en que casi todos ellos se desenvolvían, no estaban contaminados por los imperativos de una contemporaneidad que se enfrentaba a ellos, en tanto implicaba un mundo en el que no tendrían sitio.

Personajes muchos de ellos de una coherencia y una pulcritud moral que estaban en consonancia con esa prosa más alambicada que sencilla y, sobre todo, tan limpia como el cielo de Castilla y la mirada de este narrador irrepetible.

Poética de un territorio poblado en gran parte por personajes que representan el fin de un mundo que se va con ellos, un mundo puede que más inocente, pero, insistimos, más limpio y más afín.

Poética de un territorio en un universo narrativo de referencia. No es menos rica literariamente la Castilla de Delibes que la Castilla noventayochista.

Poética de un territorio concebida y creada más acá y más allá de un gran oficio periodístico, el mismo que reivindicaba este diario en su último editorial.

No sólo hemos perdido a un gran narrador y a un gran periodista, sino también a un ciudadano en cuya trayectoria pública no hay nubarrones negros y procelosos, sino claridad, el gran imperativo ético y estético de un eximio escritor, de un auténtico maestro.

Estamos ya en 2010, de manera que ha transcurrido el 10% de la vida útil de este siglo XXI. No es mucho, pero un 10%, en términos de inflación, rebajas, etc., es considerable y, por los tiempos que corren, mucho más. Partiendo de la obviedad de que este simple ejercicio se basa en los parámetros culturales de nuestro calendario eurocéntrico en origen, pero universal en su alcance y aplicación, podemos comparar porcentajes similares de otros siglos.

Por ejemplo, el siglo XIX y el siglo XX. Una primera constatación es que a la altura de los años 1810 y 1910, respectivamente, se puede sacar una conclusión contundente. A aquellas alturas, nadie podía ni por asomo sospechar lo que se avecinaba, por lo que, sin prejuicio de algún descubrimiento documental sorprendente, se puede concluir que la dificultad de la prospectiva ha sido siempre un problema.

En 1810, por ejemplo, no se podía prever la derrota y caída de Napoleón en Waterloo cuatro años después o, en todo caso, la cadena de cambios estructurales en cadena que ello conllevó. Porque la derrota de Napoleón no fue sólo un espectacular evento militar, o el fin de una cierta aventura megalómana del famoso emperador. Fue mucho más. Por un lado, el cierre propiamente dicho de la revolución francesa, iniciada en 1789. Implicó también que las potencias vencedoras de Napoleón, reunidas en el Congreso de Viena, procedieran a una vasta reordenación del sistema político mundial de su época. Un directorio de vencedores, pero sin Naciones Unidas, que no sólo procedió a repartirse propiedades del vencido, no. Rehízo el mapa del mundo (eurocéntrico) de su época, diseñando incluso el tipo de régimen político homologable, las “monarquías constitucionales limitadas”. Con ello, a la vez entierra el absolutismo caduco anterior, pero intenta amarrar formas de Estado y de gobierno conservadoras, con instituciones públicas bien asentadas.

En el horizonte inmediato: la aparición de varias ideologías muy radicales y, diríamos hoy, antisistema, pues el siglo XIX verá aparecer proyectos como republicanismo, socialismo utópico, anarquismo, comunismo. Todas ellas tienen en común, por cierto, una dimensión transnacional, global, una aspiración mundial, por si alguien todavía cree que la transnacionalización de las ideologías es de la segunda mitad del siglo XX. Podríamos añadir que el siglo en cuestión fue el de la expansión del colonialismo europeo, el de las independencias latinoamericanas y el de la lenta construcción de lo que en el siglo siguiente serían las superpotencias: Estados Unidos y Rusia (posteriormente Unión Soviética). Se caracterizó ese siglo por tener un número limitado de actores estatales –varios de los cuales, por cierto, surgen del Congreso de Viena, verdadero creador de países– y ninguna organización internacional (eso sí fue un invento del siglo XX), y las reglas eran simples tanto para cooperar como para competir: comercio, diplomacia y guerra. Fue un siglo largo, algo desfasado, pues empezó en 1814 y acabó en 1914, con el estallido de la Primera Guerra Mundial, y en el que sucedieron muchas cosas y casi todas inesperadas. Todo esto lleva a una primera conclusión: para quienes lo vivieron en primera persona, los diez primeros años del siglo XIX fueron una experiencia que en ningún caso permitía prever o adivinar cómo serían las décadas siguientes.

Si trasladamos esto al siguiente siglo, constatamos que los años que van de 1901 a 1910 son un extraño respiro antes del cataclismo total, la Primera Guerra Mundial, que, por cierto, se llamó la Gran Guerra porque era la mayor de todas las guerras conocidas, hasta que llegó, claro está, la Segunda. En 1910, por ejemplo, nadie podía pensar que el siglo XX sería el de las mayores desgracias y amenazas que hubiera conocido la humanidad. No sólo hubo dos guerras mundiales, sino que el propio “arte de la guerra” se transformó como nunca antes, llevando la guerra a las ciudades, lo que incluyó a la población civil en la estrategia de destrucción del adversario y la innovación en armas impensables (como los gases). Y sobre todo, la extraña aventura de la carrera de armas nucleares, el equilibrio del terror y todo lo que ello implicó.

Para un europeo medio de 1909 fue totalmente imprevisible la crisis de los tres imperios hegemónicos (el ruso, el austrohúngaro y el otomano), el declive de las dos supuestas grandes potencias europeas (Reino Unido y Francia) y, tanto después de 1918 como después de 1945, la nueva proliferación de estados, fronteras y litigios entre grupos étnicos, religiosos o de otro tipo que todavía hoy, en ciertas áreas (como los Balcanes y Próximo Oriente), envenenan la política internacional.

No debemos por tanto preocuparnos mucho por la profecía, en el sentido que es un arte que va más allá que la prospectiva, modesto intento de anticipar algunas tendencias de futuro. No tenemos, nosotros, ciudadanos de 2010, por qué saber lo que pasará a 20, 30 o 50 años vista, porque, si miramos atrás, en las dos ocasiones aquí reseñadas nadie acertó. Sí que deberíamos, en cambio, esforzarnos en identificar y tomarnos en serio algunos indicadores de futuro preocupantes, por su potencial desestabilizador, como las crisis económicas y financieras globales cíclicas, las incertidumbres sobre el cambio climático, el futuro de las fuentes de energía, el agua, la agricultura (como proveedora de algo tan esencial como la comida).

Cuando uno mira atrás, en el fondo, ve que razones para el temor siempre las ha habido, pero no hay que incurrir ni en el catastrofismo ni en el optimismo ciego. Y la profecía es a la prospectiva lo que la astrología es a la astronomía.

Pere Vilanova es catedrático de Políticas en la UB y analista en el Ministerio de Defensa.

El 24 de diciembre del 2001, a raíz de la nevada que afectó Catalunya y que puso en evidencia la muy deficiente respuesta del gabinete presidido por Jordi Pujol, escribí lo siguiente en estas páginas: “Desde el Govern de la Generalitat ha sido escandalosamente escasa la autocrítica (…) En cuanto a la autoridad, el papel de la Generalitat ante los servicios de interés público prestados por terceros no ha estado a la altura, empezando por el escándalo del suministro eléctrico y su corolario de injustificables razones señaladas por la compañía. El poder político del autogobierno es muy limitado, pero la autoridad que se ejerce dentro de las competencias traspasadas puede y debe tener la misma intensidad que en el caso del Gobierno central. Sin autoridad, la autonomía es sólo una ventanilla burocrática para el ir tirando”. Como ustedes pueden ver, lo aplicado entonces al Govern de CiU sirve perfectamente para comentar hoy los últimos fallos de gestión del tripartito. Vale el mismo análisis, sin tocar ni una coma.

Algunos deberían guardarse sus teorías conspirativas, según las cuales, ellos, los que hoy gobiernan Catalunya, son víctimas incomprendidas de manejos ocultos urdidos por una prensa que les tiene manía. ¿Se puede hacer más el ridículo para escapar de la responsabilidad institucional? Entérense, de una vez, especialmente los que se creen intocables o tienen la piel muy fina: si criticamos hoy los errores del conseller Saura y la falta de reflejos del president Montilla es porque antes hicimos lo propio con sus antecesores. Ningún alto responsable de cualquier administración puede eludir el escrutinio de la opinión pública. Los políticos que estaban en la oposición hace nueve años saltaban de contentos cuando los medios ponían el foco sobre lo que no funcionaba al final del pujolismo. Estos mismos personajes, hoy en los bancos gubernamentales, quieren que el periodismo no ilumine su incompetencia.

Pero, más allá del papel manifiestamente mejorable de los consellers implicados en la respuesta al temporal de nieve, más allá de la falta de liderazgo del president Montilla, más allá de la dejadez de las empresas eléctricas, de transportes y de telecomunicaciones que han dejado tirados a miles de ciudadanos, hay una buena noticia. Los alcaldes merecen un 10 por haber ejercido sus responsabilidades y también las de las otras administraciones con diligencia y alto sentido del deber. Cuando critiquemos a los políticos en general, tengamos en cuenta lo ocurrido estos días, para no ser injustos ni inexactos. Cuando nadie respondía, muchos ciudadanos sólo tuvieron a su lado a sus ediles, resolviendo problemas con pocos medios y mucha entrega. Esto debe subrayarse como un éxito de la buena política, la que da la cara y está cerca de la gente. Por ello debe escucharse con atención lo que exponen más de 40 alcaldes gerundenses de distintos partidos, en un manifiesto que, sobre todo, trata de impedir que este caos se repita.

La Tercera de ABC

La historia de las sociedades es la historia del «trabajo vivo» de jóvenes y maduros que revitaliza el «trabajo muerto» de quienes se fueron, objetivado en obras, en cultura, también en instituciones. Los jóvenes, los herederos, pueden despilfarrar esa herencia o pueden multiplicarla. Pero lo que hagan dependerá de lo que nosotros hayamos hecho con ellos. Y me temo que no es nada positivo. Hablamos de algo más de nueve millones de españoles, el 21por ciento de la población. Pero ha sido una caída en picado, de modo que son pocos pero, además, van a menos. La nuestra es una sociedad envejecida en la que ya tenemos más abuelos que nietos: casi un millón más. Un problema al que no hemos sabido hacer frente y que se ha «solucionado» (sic) por la puerta de atrás, gracias a la emigración. (Por cierto, ¿es ésta la mejor solución? ¿No hubiera sido más prudente ayudar a los jóvenes a crear familias?). Pero es, por supuesto, la juventud mejor preparada que hemos tenido jamás. Cierto que hay pocos con educación secundaria, pero España produce tantos graduados universitarios en porcentaje de su población como Alemania, Francia o el Reino Unido. Casi uno de cada tres adultos jóvenes tiene estudios universitarios, y el porcentaje no para de subir.

Pocos y bien preparados, cierto, pero ¿cómo están siendo utilizados? La tasa de desempleo de los menores de 25 años es casi del 40 por ciento, el doble de la media, pero supera el 50 por ciento en algunas CC.AA. Y la tasa de temporalidad de los que están empleados es del 74 por ciento entre los más jóvenes y del 54 por ciento entre quienes tienen de 20 a 24 años ¿Es así como vamos a entrar en la economía del conocimiento, dejando fuera del mercado de trabajo a los más cualificados? Por supuesto, desde el paro o en la temporalidad no se pueden tener grandes proyectos. Un joven debería dedicar unos 2.600 euros al mes para poder comprar una vivienda, más del doble de lo que cobra. Y así, mientras que tan sólo el 5 por ciento de los jóvenes daneses o suecos obtienen recursos económicos de algún familiar, en España el porcentaje es del 34 por ciento. Si todos los jóvenes abandonaran la casa de sus padres -señala un informe de Caixa Cataluña-, más del 50 por ciento serían pobres. Estamos ante una marcada juvenilización de la pobreza, que no aflora porque la familia sigue siendo una de nuestras instituciones más sólidas. ¿Puede sorprender a alguien que en estas condiciones los jóvenes se desinteresen de la política? Pues los datos de desafección política de los jóvenes son preocupantes.

Según el último Informe de la Juventud, quienes aseguran que no tienen «nada» de interés por la política han pasado de un relevante 38 por ciento a un abrumador 50 por ciento en sólo cuatro años. Y más del 70 por ciento aseguran que «los partidos se critican mucho entre sí, pero en realidad todos son iguales», una de las expresiones que con más claridad define el desencanto político.

¿Son antisistema? Se supone que sí, pero nada más falso. Rechazan a ambos partidos, cierto, pero buscan otras alternativas. Hoy -son datos del CIS del barómetro de enero- el 77 por ciento de los jóvenes tienen poca o ninguna confianza en el presidente del Gobierno, y el 78 por ciento, poca o ninguna en el líder de la oposición. Resultados demoledores para ambos. Pero sorprenderá sin duda que ante la pregunta «¿cómo se definiría usted en política?» la mayoría de los jóvenes (el 24 por ciento) se definen como «liberales», casi el doble que la media de España (un 12 por ciento). Por el contrario, menos de un 10 por ciento se definen «socialistas», muy por debajo del 20 por ciento de media de España ¿Por qué «liberal»? Por lo mismo por lo que se definen de centro más que la media española: porque rechazan a unos y otros pero, en lugar de buscar una alternativa en los extremos, parecen haberla encontrado (por fortuna) en el centro liberal. (Por cierto, y por completar el cuadro, sorprenderá a más de uno saber que el 24 por ciento de jóvenes entre de 18 y 24 años votarían al PP, frente a un 16 por ciento que votarían al PSOE. Tomemos nota, pues, del vuelco generacional).

Lo evidente es que algo estamos haciendo muy mal cuando no conseguimos incorporar a esa juventud (moderada y bien formada) a la vida política y ciudadana. Por supuesto que los jóvenes tienen preocupaciones políticas, y son importantes. Era Jean Cocteau quien decía que los jóvenes saben lo que no quieren mucho antes de saber lo que quieren; es lógico. Pues bien, lo que nos están diciendo no es que no les interesa la política, sino que menosprecian un tipo de política partidista, cortoplacista en el tiempo y provinciana en el espacio, la política que menosprecia lo que ellos aprecian. Nos encontramos así ante un cruce interesante de expectativas y realidades que se vuelve visible si hacemos una comparación entre aquellos jóvenes que hace cincuenta años lideraron la transición y estos que ahora la reciben como envenenada herencia.

Aquéllos habían nacido en la posguerra, (años 40 a 50), justo durante o después de los años del hambre, padeciendo situaciones materiales duras y una economía de escasez, dificultad para acceder a los estudios, trabajos duros y repetitivos. Eran cohortes numerosas y crecientes cuyos valores se ajustaban a lo que los sociólogos llamamos «valores materialistas», en los que priman la austeridad, el trabajo, la seguridad, la disciplina, el ahorro. Tenían, además, escasas expectativas de futuro, que percibían sin grandes ilusiones e incluso con temor. Sin embargo, la vida fue muy generosa con ellos, progresaron aceleradamente, y se puede decir que aquellas generaciones -las de la transición- han vivido las últimas décadas muy por encima de sus expectativas.

Pero la relación entre expectativas y realidades se trunca en las actuales generaciones. Éstas han vivido en condiciones de progreso, con facilidad para acceder a los estudios o al trabajo, durante un periodo de abundancia, con expectativas fuertes y positivas de trabajos creativos. Por ello sus valores -como los de casi todos los jóvenes europeos- son «posmaterialistas», en los que priman la libertad, la expresión, la autorrealización, el consumo más que el trabajo. Valores de abundancia, no de escasez. Y, sin embargo, su realidad está siendo muy distinta, de modo que viven muy por debajo de las expectativas que hemos generado en ellos. Bajo el título «Las esperanzas rotas de la generación española», la revista Time denominaba recientemente a la juventud española como la «Generación Decepción».

Y esto es importante. Hace décadas que los sociólogos sabemos que la rebeldía -incluso las revoluciones- tienen más que ver con la frustración de expectativas que con las necesidades reales. Y los jóvenes sufren, sin duda, una notable frustración de expectativas que, me temo, va a continuar. Por ejemplo, no sería mala cosa que analizáramos el creciente endeudamiento público desde la perspectiva de la justicia intergeneracional. Lo normal es que los padres tratemos de solucionar los problemas de nuestros hijos con nuestro esfuerzo. Pero el endeudamiento es justo lo contrario, es solucionar nuestros problemas actuales con su esfuerzo futuro, generando una herencia de deudas, obligaciones y pasivos. Herencia envenenada la que les estamos dejando: una brutal crisis económica que impide su integración y los mantiene en una adolescencia forzosa, doblada de crisis política ante la que se manifiestan como espectadores irritados.

Emilio Lamo de Espinosa. Catedrático de Sociología (UCM).

Anthony Giddens, que fue el gurú  inicial de Tony Blair, escribió con tino sobre la asunción y gestión de riesgos en la vida pública. Si mal no recuerdo, defendía el equilibrio entre la actuación y la inacción (no hay problema grave que no se resuelva a base de no hacer otra cosa que dejar transcurrir el tiempo). Tolstoi, el fatalista, maestro de la inexorabilidad de los grandes avatares que conforman la existencia colectiva, predicaba que poco o nada podemos hacer ante las grandes corrientes, que nos arrastran sin que valgan la libertad o la voluntad. Mi experiencia limitada de patrón y amigo de muy experimentados navegantes, lejos de dar la razón a uno u otro, anota que en cualquier caso más vale prevenir. Siempre recordaré la historia de un navegante solitario que, remontando un severo temporal a vela y con ayuda del motor, dejó una driza no del todo asegurada, un golpe de mar se la llevó al agua sin que lo advirtiera y, como es natural el cabo se le enrolló en la hélice, por lo que pasó dos días de indecible sufrimiento, sin electricidad a bordo y sin poder entrar en puerto, ya que el viento era demasiado duro para maniobrar a vela. En conclusión preliminar, cuantos menos cabos sueltos, mejor.

Andamos poco acostumbrados a sufrir los rigores de la climatología. Faltos de memoria, en cuanto salimos de una situación adversa presumimos que no volverá a suceder, y como en efecto tarda lo suyo en repetirse, y nunca de forma igual o ni siquiera parecida, siempre nos pilla desprevenidos, como si fuera la primera vez, como si los elementos tuvieran la obligación de mostrar su cara más amable sin excepción. No sucede así. La naturaleza, en principio amable, es voluble, propensa a dejar que nos confiemos para descargar su furia cuando menos lo esperamos. ¿Significa ello que no debemos invertir en previsión? Así lo consideran algunos fanáticos del carpe díem, pero siguiendo sus razonamientos tampoco deberían existir las normativas de construcción antisísmica o contra incendios (a fin de cuentas, se producen tan pocos). Así lo consideran y lo seguirán considerando hasta que ellos o alguien próximo sufran las consecuencias, deseemos que no muy nefastas, de la imprevisión.

Pocas horas antes de que ustedes lean estas líneas, o puede que incluso en este momento, sigue habiendo decenas de miles de conciudadanos sin electricidad, sin productos de primera necesidad, sin dinero porque bancos y cajeros no funcionan, sin combustible para calentarse, cocinar o salir en dirección opuesta a las penalidades que se ven obligados a soportar. Ante ello, los responsables políticos muestran buenos deseos y se aprestan a interceder. Si de veras estuvieran al servicio de la sociedad y no de quienes abusan de los monopolios o sus posiciones de dominio, en vez de amenazar con multas, que pagaremos los consumidores, deberían legislar a fin de castigar a los responsables de dejarnos sin los servicios y suministros básicos. Seguro que esto no volvería a suceder. Como mínimo, el Parlament podría aprobar una tabla de cuantiosas indemnizaciones de las compañías a los perjudicados, de modo que el coste de dejar a los abonados en la estacada fuera superior al beneficio de no invertir en el correcto mantenimiento de las redes y sistemas de suministro. Ya verán como nada parecido figura, descartadas las iniciativas gubernamentales, en los programas electorales de los partidos. ¿Al servicio de quién están? No, desde luego, de sus votantes.

Confiar en la buena estrella es un modo bastante estúpido de convocar la desgracia. He dedicado los últimos fines de semana a caminar por Collserola. El bosque sigue impracticable, con miles y miles de árboles caídos hace más de un año, amén de abundantísima vegetación bajo cables de alta tensión. Es yesca para el pavoroso incendio del próximo verano, o el siguiente o el otro. Los medios con que cuentan los responsables son a todas luces insuficientes, pero desde los despachos se dedican las energías a ampliar el parque en vez de dotarlo para que se gestione mejor (o traspasarlo por entero a la Diputación de Barcelona, excelente gestora en este y otros menesteres). Valga este ejemplo como uno de tantos -la relación completa no está a mi alcance pero seguro que es interminable- en los que la falta actual de previsión es causa inexorable de futuras desgracias.

Hora es de potenciar las redes sociales. Por desgracia, no basta la acción de los medios de comunicación. Es la propia ciudadanía la que debe organizarse y prepararse mejor en un doble sentido. Por una parte, en la detección de peligros y la exigencia de medidas de previsión. Por la otra, en las reacciones y actuaciones para cuando sobrevenga la desgracia. Contando con la escasa probabilidad de que los responsables estén en sus puestos y cuenten con los efectivos imprescindibles, sólo a través de la autoorganización podremos afrontar las emergencias. Por lo pronto, deberíamos todos proveernos de cadenas para los coches, de extintores, sistemas propios de generar electricidad, y un pequeño etcétera.

De repente, muchos políticos y comentaristas han descubierto que la sociedad es pasiva y consentida, se niega a aceptar la cara fea de la realidad y exige a la administración que resuelva en un periquete cualquier dificultad. “¡La ciudadanía es una criatura malcriada!”, exclaman amargamente. La sociedad en la que todos los derechos son exigibles, pero ningún deber parece necesario es, ciertamente, una sociedad débil e infantilizada, incapaz de enfrentarse a una realidad que, con nieve o sin ella, está cada vez más chunga y lo será durante años. No quitaremos la razón a los que de repente han descubierto la importancia del compromiso de cada ciudadano en la vida pública, pero, aunque sea en forma de benéfica purga, tendrán que tragarse los sapos monstruosos que contribuyeron a crear. ¿Quién halagó por sistema todas las quejas hasta convertirlas en la única manera de conectar con gentes y territorios? ¿Quién convirtió el Estado de bienestar en un campeonato de promesas de protección sin contraprestación? ¿Quién transformó por vez primera los desastres naturales en un ariete político? ¿Se acuerdan ahora de cómo aprovecharon el chapapote? ¿Y de la nevada del 2001? De aquellos polvos vienen estos lodos.

La nevada ha puesto en evidencia una cadena de errores que tienen su origen en una manera instrumental de entender la gobernanza. Gobernar es ocupar sillas. Este sistema sólo funciona cuando el viento sopla a favor. Si las cosas se tuercen, enseña obscenamente las vergüenzas. Falló desde el primer momento la comunicación del Govern. No sólo porque, en la época del móvil, informaba de lo que todo el mundo ya sabía, sino también porque aquella información dejaba fuera a muchos ciudadanos que pasaron la noche en completa orfandad. La nevada ha demostrado que no existe en Catalunya (ni en España) algo que pueda denominarse seriamente “protección civil”. Una verdadera organización que vincula en una misma red a todas las administraciones y al voluntariado, una organización capaz de autoorganizarse cuando la excepcionalidad lo exige, aquí no existe. Tampoco existe (y aquí los medios de comunicación debemos entonar muy alto el mea culpa) un verdadero control de las grandes compañías de servicios. Es cínico hablar ahora de la MAT. Endesa ha fallado (dejando tirados durante días y días a miles de personas en lo más crudo del crudo invierno) porque su línea de alta tensión sólo aguanta en condiciones de normalidad: los consumidores de Girona sufren en sus carnes las inversiones mínimas de la compañía. ¿Bajo el imperio de sociedades frívolas, se exige paciencia y sufrimiento ciudadanos? ¿Políticos que anteponen su interés al proyecto de país piden sangre, sudor y lágrimas? En nuestra sociedad nadie tiene autoridad moral. Consiguientemente, en el momento de la verdad, la energía social se hunde, doblando el espinazo como las torres de Endesa.

Estamos asistiendo a roces producidos por el rápido asentamiento de la población inmigrante, pero no a enfrentamientos xenófobos ni a choques de integración. El telón material es la competencia por los recursos escasos, y la falta de oxígeno en la crisis está generando actitudes de saturación. Para que sean choques de integración hace falta que los inmigrantes reivindiquen la igualdad y organicen su densidad social; y para calificarlos de conflictos xenófobos sería menester que el motivo principal no fuera el empleo, las plazas escolares o la inseguridad urbana, sino la imposición de la identidad nacional. Analicemos actitudes y conductas.

Empecemos por la encuesta del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) que se realizó en septiembre de 2008 y cuyos resultados se acaban de hacer públicos. En este estudio se registra un aumento en las actitudes de rechazo hacia los inmigrantes respecto del sondeo levantado el año anterior. La investigación refleja que el malestar de saturación tiene dos fundamentos: la reacción ante las consecuencias de la crisis y frente al asentamiento de los inmigrantes.

El análisis de OBERAXE clasifica a los españoles en tres tipos según cuáles sean sus actitudes respecto de los inmigrantes. El 37% es reacio, un tercio se muestra tolerante y el 30% restante aparece ambivalente. El cambio más significativo es que los tolerantes han aumentado un 4% respecto del año anterior. El grupo que mengua ha sido el de los ambivalentes y, aunque los reacios siguen siendo los más numerosos, lo cierto es que conservan su peso. De modo que, en el primer año de crisis, se fueron decantando las posiciones a favor de los tolerantes.

Hace tres años el tipo ambivalente era muy mayoritario (46%), mientras que los reacios no llegaban al tercio y los tolerantes representaban menos de la cuarta parte. Así que, entre noviembre de 2005 –después de la regularización masiva– y septiembre de 2008 –en pleno golpeo del desempleo sobre los españoles–, la ambivalencia ha disminuido sustancialmente al tiempo que aumentaban seis puntos los reacios y 11 los tolerantes. Estos datos traducen, mas allá de la incomodidad que puedan producir las etiquetas, que el asentamiento de los inmigrantes ha sido mas tolerado que repudiado.

Así que roces y actitudes traslucen las consecuencias de la crisis y dan fe de cómo se percibe el proceso de instalación. Porque, a la par que crecían los dos tipos polares de actitudes respecto de los nuevos habitantes, aumentaban los niños en las escuelas, los permisos de residencia permanente, los matrimonios mixtos y los nacidos de madre extranjera. En una frase, las ideas se han ido aclarando conforme ha aumentado la convivencia. El roce exterioriza que los inmigrantes comparten derechos y tienen las mismas necesidades.

De unos meses a esta parte también asistimos a comportamientos de rechazo que tienen lugar en varias localidades. Estos sucesos saltan precisamente allí donde el asentamiento está más avanzado y la crisis muerde con fuerza. Los roces son también señal de integración.

Antonio Izquierdo. Catedrático de Sociología.

La iniciativa legislativa popular es una de las instituciones de democracia directa que está contemplada en nuestro ordenamiento constitucional y es como consecuencia de una iniciativa de esta naturaleza como ha llegado al Parlamento de Cataluña la propuesta sobre si se deben o no prohibir las corridas de toros en dicha comunidad. No es un proyecto o una proposición de ley, es decir, una iniciativa gubernamental o parlamentaria lo que está en el origen del debate, sino una iniciativa popular, instrumentada mediante la recogida de firmas, con la finalidad de enviar una proposición a la Mesa de la Cámara que tiene que decidir sobre su tramitación parlamentaria.

En uso de sus atribuciones y con buen criterio, la Mesa del Parlamento ha decidido que, antes del trámite de toma en consideración de la propuesta por el Pleno de la Cámara, comparecieran una serie de personas reconocidas, bien porque se han singularizado por haber reflexionado sobre el tema, bien por estar profesionalmente vinculados al mundo del toro. Las comparecencias han sido muy equilibradas en opinión generalmente compartida, de tal manera que tanto el punto de vista de la abolición de las corridas como el de su preservación han sido presentados con un peso similar. El principio de igualdad de armas, que se exige constitucionalmente en todo tipo de procesos, se ha respetado en el Parlamento catalán.

Gracias a esta iniciativa y a la tramitación parlamentaria asistimos, no sólo en Cataluña sino en toda España, al primer debate ordenado sobre la conveniencia de continuar o no con las corridas de toros. Pues, aunque el lugar del debate es el Parlamento de Cataluña, lo que allí se está diciendo está siendo recogido por los medios de toda España e incluso complementado con un debate en algunos de tales medios, como por ejemplo EL PAÍS, que también está siendo equilibrado, en mi opinión, acerca de dicha iniciativa.

No creo que nadie que esté siguiendo el debate pueda llegar a la conclusión de que se está debatiendo un problema de identidad nacional. No estamos ante un pulso al nacionalismo español por parte del nacionalismo catalán. Estamos ante un problema de naturaleza moral, que no entiende de identidades nacionales. En esto no creo que haya discrepancias entre quienes participan en el debate. Es en la valoración del problema donde las hay. A unos la valoración del problema les lleva directamente a una posición abolicionista. A otros, no.

Tengo la impresión de que, independientemente de la suerte que corra en el Parlamento la propuesta abolicionista, el debate volverá a plantearse en España y que la votación en el Parlamento de Cataluña no va a ser la última palabra. La convicción moral de los abolicionistas es de tal intensidad, que estoy seguro de que no dejarán de volver sobre el tema en el futuro, en Cataluña si no se aprueba la ley, y fuera de Cataluña tanto si se aprueba como si no. Y es prácticamente imposible que la sociedad española no tenga que atender a sus argumentos, para aceptarlos o rechazarlos. Bastaría con que se hiciera uso de la iniciativa legislativa popular prevista en el artículo 87.3 de la Constitución y desarrollada en la Ley Orgánica 3/1984, para que ello ocurriera. Y los requisitos que se exigen en la Constitución y en la ley no son difíciles de cumplir.

En todo caso, sería positivo que tal iniciativa se llevara a cabo y que el debate moral se produjera sin que pudiera ser desvirtuado con una carga nacionalista, que posibilita e incluso propicia conductas oportunistas como la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que sí es profundamente inmoral, en la medida en que resuelve un problema moral con una decisión administrativa autoritariamente decidida.

Se puede no tomar ninguna decisión. Pero si se toma alguna, únicamente puede ser fijada en sede parlamentaria. Tienen que ser los representantes democráticamente elegidos los que tienen que hacer la ponderación de las distintas valoraciones morales que están presentes en la sociedad respecto de las mismas y decidir lo que se considera que debe ser la voluntad general. Lo que no cabe es hurtar el debate, como ha hecho Esperanza Aguirre, y sustituir la voluntad de los ciudadanos por la suya propia. La posición del Parlamento de Cataluña está siendo democráticamente impecable. La reacción de la presidenta Aguirre dista mucho de serlo.

Una característica de todos los sondeos es la valoración muy negativa que los ciudadanos hacen de la capacidad del sistema democrático para solucionar la crisis económica, lo cual redunda en un cuestionamiento de la calidad de la democracia. En muchas ocasiones, la política (con minúscula) se impone al sentido común y defrauda las expectativas de la gente.

Es síntoma de ello lo que está ocurriendo en España con el debate partidario en materia económica. Los Presupuestos del Estado, las convocatorias para lograr un pacto transversal que permita aunar fuerzas para combatir la peor crisis económica en muchísimos años, el planteamiento de anteproyectos como el de la Ley de Economía Sostenible, son ocasiones perdidas en las que lo que emerge a la luz pública son, más allá de los matices y diferentes responsabilidades que se les podría atribuir a cada uno, los ejercicios de permanente desautorización entre el Gobierno y la oposición. La discusión central, tal como trasluce, tiene más que ver con luchas sobre el poder y con ejercicios de mera supervivencia partidista que con el deterioro de las condiciones de vida de los ciudadanos en materia de desempleo, empobrecimiento y pérdida de bienestar. Seguramente no es del todo justa esta percepción, pero es la que es: se manifiesta una ausencia de densidad argumental en el debate político de la crisis económica, en beneficio de otros asuntos más corporativos de sus escasos protagonistas.

Está bien que el Ejecutivo pretenda administrar su acción con el mayor consenso político y social y no mediante el despotismo de otros momentos, pero ese consenso no puede ser limitativo de la acción de gobernar. La oposición del PP se está ejerciendo por mero deterioro del Gobierno: o no tiene alternativa económica o la esconde temerosa de sus costes sociales en número de votos. El Banco de España, que habría de ejercer ahora un papel muy activo debido a la restricción del crédito -que es la principal limitación al crecimiento de la inversión y el empleo- habla de cualquier otra cosa más que de ello causando la irritación no sólo de los sindicatos sino de los empresarios: la reestructuración del sistema financiero está siendo mucho más lenta de lo esperado. Qué decir de otras instituciones centrales como el Tribunal Constitucional (incapaz de ser renovado por los partidos políticos), el Consejo General del Poder Judicial (del que se han conocido recientemente sus procedimientos de selección) y otros organismos supervisores y reguladores. Etcétera.

Muchas instituciones aparecen demediadas o fuera de forma en esta coyuntura, en la que serían esenciales para la revitalización de la vida política y su relación con la crisis económica. La crisis multiplica la inseguridad de los ciudadanos y en ese contexto cobran más importancia que nunca las instituciones. La historia muestra que cada vez que se produce una crisis tan extrema, los ciudadanos redescubren la necesidad de instituciones eficaces, de estar bien gobernados, la necesidad de lo colectivo, la significación de los servicios públicos y su buen funcionamiento. Es seminal la calidad del marco normativo y de las instituciones que, cuando funcionan bien, reducen la incertidumbre, aminoran los costes de transacción y facilitan la cohesión social.

Dándose cuenta de este agujero negro ha aparecido la iniciativa estosololoarreglamosentretodos.org, un intento de movilizar a la sociedad civil para recuperar la confianza bajo el lema de “queremos arreglar esto y no vamos a esperar que nadie lo haga por nosotros”. En su presentación, el presidente del Consejo de Cámaras de Comercio, Javier Gómez Navarro, declaró: “El que los políticos lo estén haciendo mal no puede ser una excusa; la sociedad civil tiene que moverse”.

Otro día habrá que abordar los defectos de la sociedad civil española, que no es ni mucho menos perfecta, en la crisis de confianza que padecemos. Mientras tanto, reproduzcamos la opinión de Ivan Krastov, miembro fundador del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, en este periódico el pasado sábado: “Somos testigos de un colapso de la confianza en las élites políticas y empresariales. (…) Las elecciones están perdiendo su significado de opción entre alternativas y se transforman en procesos a las élites. Así, la democracia ya no es una cuestión de confianza, sino más bien de gestión de la desconfianza”.

Febrero es un mes lúcido y laborioso, muy consciente de sus propias limitaciones. Suele compensar con una disciplinada agenda de trabajo la carencia de días que sufre desde su nacimiento caprichoso en los calendarios. Febrero es rotundo para lo bueno y para lo malo. Con lo caras que resultan las afinidades electivas, mi hermano Adolfo y mi amigo el poeta Felipe Benítez Reyes se pusieron de acuerdo para nacer un 25 de febrero de 1960. Estos abusos sentimentales sólo ocurren en febrero, el mes en el que me abandonan las mujeres, entran en crisis mis equipos de fútbol y las llamadas telefónicas son capaces de ponerme la vida del revés.

Estábamos pegando carteles un 23 de febrero de 1981, cuando Álvaro Salvador y yo nos enteramos de que la Guardia Civil caminera y decimonónica había tomado el Congreso. Un solo día de febrero estuvo a punto de pesar más que todos los años de asambleas, manifestaciones, sueños, educaciones sentimentales y luchas por la democracia. En pocas horas mi biblioteca podía perder más de la mitad de sus libros. Ningún reloj ha sabido nunca medir la verdadera dimensión del tiempo.

Resulta muy difícil calcular lo que cabe dentro de los 30 años que han pasado desde que un 28 de febrero de 1980 voté a favor de un trato justo para Andalucía. Es una fecha hermosa, digna del mejor febrero. Pero a mí se me hace un nudo en la garganta, después de haber vivido tantos días y de haber escrito tantos artículos, cuando escribo ahora otra fecha hermana: 4 de diciembre de 1979.

Yo no nací en febrero por un descuido amoroso de mis padres. Nací un 4 de diciembre, y eso me permitió celebrar mis 21 años rodeado de 100.000 personas en las calles de Granada, en la manifestación más grande de su historia. En Sevilla hubo 350.000 participantes y en Málaga 40.000, pero daba igual, no se trataba por una vez de rivalizar con Málaga y Sevilla, sino de pensar en Andalucía. Bueno, en Andalucía, en España y en la democracia, porque todos los que participaron en aquel desmesurado e inolvidable cumpleaños tenían claro que no sólo exigían un proceso autonómico digno para los andaluces, sino que necesitábamos inventarnos la nueva geografía de la democracia española, después de que el franquismo hubiese achicharrado para siempre los viejos símbolos de la nación, y la democracia no podía fundarse en un trato discriminatorio entre las comunidades, y hacía falta equilibrar el Estado, y por eso brindaba con banderas verdes y blancas la gente en la calle. La cerveza Cruzcampo de Sevilla, la Mahou madrileña, la sidra asturiana, sentaban muy bien en mi fiesta de cumpleaños, tan bien como el cava catalán o como los chiquitos en el barrio viejo de San Sebastián.

¿Ustedes saben lo que son 100.000 personas en Granada? ¿100 personas para alguien como yo, acostumbrado a quedarme solo cada vez que defiendo una idea? Había mucha gente, estaba el profesor admirado, el camarero del bar de la esquina, el pediatra de mi infancia, el abogado de mi primer problema con la justicia, la churrera del barrio, la poeta famosa, la madre de mi novia, y hasta mi novia estaba, rodeada de compañeros, vecinos, familiares y desconocidos íntimos.

Hoy parece imposible, pero fue verdad. Como fue verdad que el 28 de febrero de 1980 la gente acudió masivamente a votar por un trato digno para Andalucía. Como fue verdad que por una vez, por una grande, libre y única vez en la historia de mi vida, la gente de la calle consiguió ganarle el pulso a los decretos oficiales. Por eso recuerdo con emoción y asombro aquellos días, y por eso mi orgullo andaluz no tiene que ver con las patrias, los nacionalismos y las razas, sino con la manera de ser de mi gente, el verdadero patrimonio de una Andalucía que no suele preguntarle a nadie por su lugar de nacimiento.

El cuadro era tan perfecto, que casi parecía una puesta en escena: tras pronunciar en la Universidad de Oviedo una conferencia durante la cual había denunciado la “carencia de convicciones” de su sucesor, Rodríguez Zapatero, alias “el jefe de los pirómanos”, el ex presidente José María Aznar, con ademán altivo y bien arropado por sus escoltas, respondió haciendo una higa -así se llama en castellano clásico- al grupo de estudiantes que llevaban toda la sesión insultándole y abucheándole. Inmediatamente, esa mitad de la opinión publicada que tiene en Aznar -et pour cause- a su bestia negra favorita se lanzó a repudiar el “gesto soez”, “grosero”, “obsceno”, “ofensivo”, “despectivo” o “maleducado” del político conservador. Y el otro hemisferio político-periodístico, aunque con alguna incomodidad, ha procurado justificarlo o disculparlo.

Por mi parte, quisiera desplazar el foco del análisis desde el dedo de Aznar hasta quienes boicotearon su comparecencia. A punto de cumplir cuatro décadas de permanencia en ella, no soy de los ingenuos que conciben la Universidad como un santuario del saber donde todas las ideas gozan del respeto más escrupuloso, la libertad de expresión es absoluta y el debate alcanza los niveles de la Academia de Atenas. Con todo, me resisto a aceptar que, en el ámbito universitario, la libertad de expresión sea menor, esté más amenazada que en el salón de un hotel, en un ateneo o en un centro cívico de barrio. Y, sin embargo, tal es la situación real hoy por hoy.

Hace años, en efecto, que las autoridades académicas tiemblan cada vez que se anuncia la visita a una facultad de algún político. Si éste se halla situado en el lado derecho del espectro ideológico, el riesgo de incidentes se multiplica; pero figuras tan dispares como Felipe González, Jordi Pujol, Alberto Ruiz-Gallardón, Josep Piqué y, ayer mismo en Bellaterra, el ex lehendakari Juan José Ibarretxe, han sido objeto de boicoteos e insultos. Y lo peor, a mi juicio, es que esas violaciones flagrantes de la libertad de expresión no suelen concitar el repudio social y mediático que merecerían en otro contexto. Cuando los hechos suceden en un campus catalán, vasco o gallego, la opinión españolista los atribuye al natural intolerante de los separatistas, y la otra piensa que ciertos políticos andan provocando. Si quien promueve los incidentes es un grupo de extrema derecha, casi todo el mundo concluye que, con los fachas, ya se sabe… Y cuando, como en Oviedo la semana pasada, los boicoteadores invocan el ¡No a la guerra! y otros lemas presuntamente de izquierdas, ¡ah, entonces el progresismo les ríe las gracias y concluye que, después de todo, Aznar se lo tiene bien merecido!

Pues lo siento, pero discrepo, y no precisamente desde la afinidad o la simpatía hacia el ex líder del PP. Las responsabilidades políticas de José María Aznar fueron juzgadas por el cuerpo electoral en marzo de 2004, sin otra apelación posible que los futuros libros de historia. En todo caso, su polémica gestión gubernamental lo fue con plena legitimidad democrática y el apoyo de millones de votos. Y bien, ¿qué legitimidad, cuántos votos respaldan a las dos docenas de estudiantes “asamblearios” -un eufemismo para no admitir que sólo se representan a sí mismos- que el otro día, en la capital asturiana, lo llamaron “criminal de guerra”, “asesino”, “fascista”, “nazi”, “terrorista”, etcétera? ¿Qué legitimidad tendrán los que, la próxima vez, profieran insultos contra Rodríguez Zapatero o Patxi López o…?

No puede ser que la presencia de un político en la Universidad tenga que guardarse en secreto hasta la víspera, para minimizar riesgos. No puede ser que los alborotadores queden impunes, porque, al parecer, el despliegue de policía uniformada en los campus viola un tabú sacrosanto. No puede ser que ínfimas minorías radicalizadas decidan quién puede hablar en paz y quién no en unas aulas que son de todos. Si, como sociedad, no somos capaces de convenir en eso, negro futuro nos aguarda.

FUERA DE FOCO

“Nos estamos volviendo todos locos”, sintetiza en un SMS un amigo desconcertado ante la avalancha de gestos, frases y actitudes desabridas que inundan la vida político-social del país. Los ex presidentes hacen gestos obscenos, en los parlamentos se oyen insultos barriobajeros, hay líderes (as) que utilizan tópicos regionales para desprestigiar al rival político, y diputados que de noche beben y conducen, y de día forman parte de la comisión de Seguridad Vial del Congreso. Los miembros del gobierno, tras recibir el pescozón sindical por la polémica de las pensiones, parecen boxeadores sonados: la ministra de Economía y el secretario de Estado de Presupuestos se contradicen en un tema tan sensible e impopular como la congelación del salario de los funcionarios, que finalmente no se congelan sino que suben (¿) un 0,3 por ciento.

Para colmo, bajo la imponente cúpula de Miquel Barceló en la sede de la ONU de Ginebra, el presidente de turno de la UE desaprovecha una ocasión no menos imponente para tirarle de las orejas a Cuba; si no es a raíz de la muerte de Zapata en prisión, ¿cuándo si no? Luego rectifica Zapatero, como rectifica Elena Salgado o como pide disculpas Nacho Uriarte o Juan Cotino… otros no se disculpan nunca.

Con este panorama, en medio de la pertinaz lluvia, me consuelo escuchando a un francés hablar bien de España. Michel Camdessus, ex director gerente del Fondo Monetario Internacional, dice que admira nuestro tesón y optimismo, sostiene que las medidas que está tomando el Gobierno van en la buena dirección -si se concretan-, y confía que el papel que desempeñarán los sindicatos, que otras veces ya han hecho gala de su responsabilidad histórica. Destaca el complicado reto mundial que supone para los estados ir retirando las ayudas económicas sin acogotar la incipiente recuperación económica. “Es todo un arte”, afirma.

Le pregunto por Grecia. “Es una estupidez pensar que España puede resultar contagiada por la situación griega. Es verdad que para franceses y españoles, como para los griegos, el euro ha sido un analgésico: nos ha llevado a no mirar nuestros desequilibrios en el comercio exterior, porque gracias al euro no había que plantearse ajustes duros y devaluaciones… pero gracias al euro Grecia saldrá adelante, si hace los deberes”, augura. Camdessus, que estuvo trece años al frente del FMI, sonríe cuando le pregunto si hay que bajar los impuestos -como sostiene Rajoy- para impulsar la economía. “No hay país en el mundo que baje hoy los impuestos”, sentencia. “El debate es saber cómo ajustarlos, sin perder de vista la justicia social.”

Camdessus habla hoy en Barcelona de la responsabilidad social de las empresas, en una conferencia en Iese: sus palabras aportan la cordura y sensatez que empieza a ser complicado encontrar a este lado de la frontera. Me despide con un aviso: “Esta crisis encierra grandes peligros pero también una gran oportunidad de cambio, si sabemos aprovecharla para crear algo mejor”. ¿Sabremos?

Maquillaje contable

Cuando Camdessus anunció su retirada en el 2000, comenzó el baile de posibles sustitutos, entre ellos Mario Draghi, hoy gobernador del Banco de Italia: antes pasó un tiempo en Goldman Sachs. Al banco de finanzas estadounidense se le investiga por ayudar a Grecia a ajustarse a las condiciones del euro con artificios contables. Italia hizo algo así. El banco niega cualquier vinculación de Draghi.

Egos revueltos

Se presenta en Barcelona el libro de Juan Cruz con sus memorias literarias junto a los grandes de la vida cultural a ambas orillas del Atlántico. Recuerda con emoción las lágrimas del poeta cubano Severo Sarduy al confirmar que padecía sida. Hay retazos más divertidos: como la incapacidad de Cela de quedarse dormido si estaba solo; el periodista tuvo que hablarle hasta que se durmió.

Hilo a hilo

Bronca (menor) en Madrid por unos cursos del Ayuntamiento sobre costura y repostería. IU se mofa y habla del espíritu de la franquista Sección Femenina. El error del Ayuntamiento es hacer los cursos sólo para mujeres; el de IU, reírse de la hermosa labor de coser, actividad femenina por excelencia, mal pagada y nunca reconocida, con la que tantas mujeres han sacado adelante a los suyos: no dejen de leer el preciosista libro de Maeva Las mujeres que no pierden el hilo.