Reggio’s

TRIBUNA

Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE tienen que potenciar la emisión de eurobonos por el BCE, capacitado jurídicamente para ello

No cabe negar que la firma, el 2 de marzo, por los representantes de 25 Estados de la UE, por supuesto los de la eurozona, del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza Económica de la Unión Europea es un éxito para los que se habían comprometido a llevar la política de austeridad fiscal al máximo nivel normativo: he ahí la cláusula de oro, por la que 25 constituciones europeas prohibirán en su articulado incurrir en déficit superior al 0,5% de su PIB, en tiempos normales, o al 3%, en los difíciles. Como es sabido, España se había adelantado con la propuesta del anterior Ejecutivo al Partido Popular que este aceptó y, hoy Gobierno, desarrollará.

Han quedado fuera, sí, el Reino Unido y la República Checa, y caben más descuelgues en la fase de ratificación (el quizá futuro presidente francés, François Hollande, así lo anuncia; Irlanda amenaza con el consabido referéndum, pero sépase que con 12 de los 25 el Tratado va adelante). Porque, quede claro, estamos ante un Tratado inter partes, meramente internacional, aunque con pretensión de incorporarse en su día a los de la Unión Europea, conforme al modelo de los acuerdos de Schengen y Prüm.

Así lo exigió la Resolución de Parlamento Europeo de 17 de enero: si el Tratado ve la luz, que conste expresamente el compromiso de adaptarlo e incorporarlo a los Tratados de la UE en un plazo de cinco años: los firmantes lo han asumido como propósito. Propósito, a mi ver, digno de escepticismo si a su contenido no se agrega, como sea, un impulso económico en la eurozona, que dicha Resolución identifica como una política de “solidaridad y crecimiento renovado”, que a su vez se plasma en “la creación de eurobonos a medio plazo”.

La emisión de tales instrumentos de mutualización de deuda soberana es petición casi unánime de los expertos, de las instituciones comunitarias, como de la Comisión Europea con Durão Barroso, o internacionales, como el FMI a través de Christine Lagarde; de casi todos los partidos políticos europeos como demostró el voto del Parlamento Europeo, y de sus miembros significados, como por ejemplo el entonces vicepresidente de la Comisión de Asuntos Económicos, hoy nuestro ministro de Asuntos Exteriores, José María García Margallo.

Los eurobonos constituyen la única forma de contrarrestar los ataques que, provengan del temor o del afán especulativo por parte del prestamista, castigan la deuda de Estados de la eurozona. Contrarréplica que no funcionó con el obsoleto Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) y que creo no operará con el más serio Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), firmado hace días cuya puesta en marcha se ha adelantado a julio próximo. Porque, como ha dicho el poco sospechoso economista de Citigroup, J. L. Martínez, “el FEEF no es un cortafuegos realista, no viene del BCE, es limitado”, cuando de lo que se trata —añade— es de “dotar (a la eurozona) de un montante casi ilimitado de capital, de forma que los inversores confíen en la solidaridad europea”.

Por otra parte, esa mutualización de deuda y consiguiente garantía de solvencia de la eurozona acabarían con una situación jurídicamente insostenible. A riesgo de ser tratado de legalista, no oculto mi opinión de que los procedimientos utilizados hasta hoy por el Banco Central Europeo para esos fines incurren en clara infracción de los Tratados.

Inyectar más de un billón de euros a la banca privada para que esta a su vez lo reconduzca a los Estados —mediante la compra de deuda pública emitida por estos en el mercado secundario—, es un recoveco que, aparte su intrínseca injusticia (quienes pagan al 1% después cobran al 5%), infringe claramente la prohibición de “concesión de créditos del BCE a Gobiernos (y) la adquisición directa por dichos Gobiernos de instrumentos de deuda” (emitidos por aquel).

Y no vale la coartada de que al prohibirse la inyección directa de fondos a los Estados, se permite la indirecta a través de la banca. Seguimos con la infracción, esta vez por la conocida vía del fraude de ley. Es unánime entre juristas y economistas la doctrina, corroborada por las instituciones de la UE, según la cual, interviniendo entes públicos en el secundario, su beneficio nunca es “indirecto”.

Una Unión de Derecho no puede admitir, por buenos que sean sus propósitos, infracciones de esa guisa, aparte de que el invento resulte contraproducente, porque la banca, criada respondona, reingresa a menudo —con notables pérdidas— en el BCE lo que de este había obtenido, y los Estados a la luna de Valencia.

Se me dirá que, puestos así, no hay solución.

La hay. Basta acudir a la técnica jurídica de interpretación finalista, la de nuestro Código Civil (artículo 3) y de cualquier texto legal que se precie.

Si los fines de la Unión, según el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea, aluden a la “cohesión económica (…) entre los Estados miembros”, también entre los integrantes de una “Unión Económica y Monetaria cuya moneda es el euro”, ¿no obliga ello a una interpretación progresiva de los preceptos citados para, por ejemplo, recibir las entidades públicas “el mismo trato” de que gozaron las privadas a través de los ingentes bailouts de que se beneficiaron? ¿En balde habla el Tratado cuando somete a “consideraciones prudenciales” la prohibición de acceso privilegiado al crédito por parte de los Estados? ¿Olvidaremos que las “garantías financieras mutuas para la realización conjunta de proyectos específicos” avalan la fórmula Rocard en favor de una decidida política de préstamos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) que para España vía ICO potenciaría nuestras empresas?

El modus operandi es tema a tratar más despacio, pero es ineludible aludir a los poderes implícitos de la Unión para conseguir la realización de los auténticos fines de esta; y también al articulado regulador de las “Cooperaciones Reforzadas”

En este punto, disiento de Manuel Marín y Mariola Urrea cuando en un excelente artículo rechazan para esta materia el mecanismo de las cooperaciones reforzadas, basándose en que no cabe utilizarlo al tratarse de competencias exclusivas de la UE, entre ellas, ciertamente, según el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea, “la política monetaria de los Estados miembros cuya moneda es el euro”. Sin apurar argumentos que nos alargarían demasiado, sí constato que los preceptos citados son más de política económica —¿qué otra cosa es la ya famosa “consolidación fiscal”?— que estrictamente monetaria.

Felicitemos, pues, a los jefes de Estado y de Gobierno que firmaron el reciente nuevo Tratado, deseémosles éxito en su propósito de rigor fiscal, pero exijámosles que a su vez potencien la solvencia económica de la eurozona a partir de la emisión de eurobonos por el BCE, capacitado jurídicamente para ello a tenor de los mecanismos que quedan expuestos.

No se satisfagan con un Tratado por el que el deseable avance en velocidad quede convertido en aparcamiento disuasorio.

Carlos Mª Bru Purón es notario, ex diputado a Cortes y al Parlamento Europeo.

APUNTES ECONÓMICOS

El año pasado ha dejado un sabor agridulce en lo económico. La recuperación mundial ha sido más intensa de lo proyectado inicialmente, aunque su ritmo fue bastante desigual. Los países emergentes tuvieron un comportamiento brillante y también sorprendió, por lo positivo, la evolución de la economía alemana con un crecimiento superior al 3%. Los Estados Unidos, tras dos trimestres dubitativos en los que reapareció con fuerza el fantasma de la deflación, volvieron a crecer intensamente en los últimos tres meses. Japón y, muy especialmente, los países periféricos de Europa fueron los que se quedaron más retrasados en la recuperación.

Sin embargo, lo peor del ejercicio que acabamos de dejar atrás es la sensación de que la economía mundial sigue siendo vulnerable por sus desequilibrios, tanto externos como fiscales, y que los estímulos monetarios extraordinarios no son sostenibles por mucho más tiempo. Entramos así en 2011, año en el que deberíamos ver una consolidación del crecimiento de la economía mundial y recuperar definitivamente los niveles de renta previos al inicio de la crisis. Los riesgos a la baja son, no obstante, importantes. Se describen a continuación algunos de los factores de incertidumbre que pueden marcar la evolución de la economía mundial a lo largo de los próximos 12 meses.

Los tipos de interés a largo plazo y el precio de las materias primas. En los últimos meses de 2010, hemos asistido a un importante repunte de los tipos a largo plazo y a un desplazamiento de la curva de rendimientos al alza, junto con un incremento de la pendiente positiva de la misma. Los movimientos de la curva de tipos son importantes, ya que suelen ser un indicador bastante ajustado de las expectativas de los mercados sobre el crecimiento, la inflación y los déficit públicos. La cuestión fundamental es encontrar la razón que hay detrás de esta subida de tipos a largo.

La recuperación de la economía mundial, que impulsa unos tipos de interés que parten de niveles extraordinariamente reducidos como consecuencia de los temores deflacionistas, sería la explicación benigna. La expectativa de un repunte importante de la inflación constituye la razón alternativa y resulta, por el contrario, mucho menos tranquilizadora.

Ahora bien, el mayor repunte de los tipos a largo se dio con la aprobación del segundo programa de estímulo fiscal acordado por el presidente Obama y los republicanos. Ello subraya el temor de los mercados a un déficit público que se mantendrá por encima del 10%, elevando rápidamente el peso de la deuda pública respecto al PIB norteamericano. Además, el repunte de los tipos se ha producido a pesar del programa de compras de bonos del Tesoro por parte de la Reserva Federal, cuyo principal objetivo es moderar las rentabilidades de la deuda pública. De forma paralela, los precios de las materias primas han evolucionado también claramente al alza.

En la medida que las expectativas de inflación se siguen manteniendo a niveles muy moderados, la explicación del repunte de los tipos se encontraría principalmente en la mejora de las perspectivas de crecimiento, aunque el deterioro fiscal en EEUU puede haber tenido algún impacto, pero todavía no relevante. Ello sería a su vez congruente con la aceleración en el alza de los precios de las materias primas, y con el rally reciente de las Bolsas en gran parte del mundo. Por tanto, por el momento, se impone la interpretación de que el desplazamiento al alza de la curva de tipos es una respuesta natural a la consolidación de la recuperación mundial.

El riesgo soberano. La crisis de la deuda soberana ha sido el principal problema de la zona euro en 2010. Por primera vez en décadas, la crisis ha afectado al mundo desarrollado y no ha tenido su origen en los países emergentes. Las dos cuestiones fundamentales en los próximos meses son, por un lado, si algún otro país de la Eurozona necesitará ayuda como ha ocurrido con Grecia e Irlanda y, por otro, si algún país acabará reestructurando su deuda. Los determinantes fundamentales al respecto serán de diversa naturaleza. Por un lado, la ejecución de los programas de ajuste prometidos, pero muy principalmente la recuperación del crecimiento o al menos de la expectativa del mismo en los países afectados.

En la crisis del riesgo soberano encaja bastante bien la conocida frase de Tolstoy con la que inicia su novela Ana Karenina: «Todas las familias felices se parecen; las infelices lo son cada una a su manera». La infelicidad griega es distinta de la irlandesa, ya que en Grecia el problema fundamental ha sido el profundo deterioro de partida de sus cuentas públicas y su pérdida de competitividad lo que le impide recuperar el crecimiento. En Irlanda, por el contrario, sus cuentas públicas eran muy buenas, seguramente las mejores de la Eurozona, al inicio de la crisis. La infelicidad celta proviene de la cobertura que el Gobierno hizo de sus bancos que vivieron con especial intensidad la burbuja del crédito e inmobiliaria, y cuyas pérdidas arrastraron las finanzas públicas a un pozo sin fondo.

Portugal, el siguiente país en la lista del potencial contagio, comparte más bien los problemas griegos aunque, claramente, con menor intensidad que los helenos. España, a su vez, plantea problemas que no son equiparables a los de los griegos e irlandeses. Nuestra principal vulnerabilidad proviene del tamaño de la deuda del sector privado. De cualquier modo, lo más relevante será la acogida de los mercados a los vencimientos de deuda, tanto pública como privada, de las próximas semanas. Si las renovaciones se realizan con dificultad, entonces la percepción sobre la gravedad de los problemas se verá muy incrementada.

En definitiva, se trata de un problema de confianza y de credibilidad. Si no se consigue su retorno podríamos entrar en un círculo vicioso de dificultades de acceso a la liquidez, costes financieros crecientes, problemas de solvencia bancarios, restricción crediticia y menor crecimiento. Una espiral de este tipo puede acabar demandando una salida extraordinaria. 2011, como todos los años en sus inicios, plantea incógnitas e incertidumbres. Sin embargo, al final lo insospechado es lo que acaba ocurriendo. Que tengan ustedes un feliz año nuevo.

luisdeguindos@hotmail.com

Permítanme, como inicio de año, comentar tres conductas gubernamentales de estos días y dar noticia de un libro que vale la pena leer.

La primera es que, ¡al fin!, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, reconoció hace unas semanas en el Congreso que la economía española tiene un serio problema de competitividad y necesita cinco años para enmendar esa situación. Le ha costado, pero parece haber comprendido que crecer y crear empleo estable requiere crear condiciones para que se desarrolle una economía orientada a producir mercancías y servicios de calidad y precio competitivos con los de otros países. Necesitamos Zaras en muchos sectores de nuestro aparato productivo.

La segunda es el encomiable empeño de la vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado, en controlar el gasto de todas las Administraciones públicas. Es la única forma de reducir el déficit, dar confianza a los inversores y alejar el fantasma de un rescate europeo de la deuda pública española.

La tercera es la proclamación exultante del ministro de Fomento, José Blanco, de que con la inauguración de la línea del AVE para viajeros entre Madrid y Valencia, España es el país de la Unión Europea que mayor número de capitales de provincia tiene unidas a la capital del Estado por una línea de alta velocidad. Y la cosa continuará hasta que todas las capitales de provincia estén unidas a Madrid.

¿Qué relación hay entre estas tres conductas? Que la tercera se da de tortas con las dos primeras.

Si nuestro problema es de competitividad, entonces la inversión faraónica en el AVE radial de viajeros es una aberración económica. La razón es sencilla. El diseño de la alta velocidad española es incompatible con el tráfico de mercancías. Y no solo eso: la prioridad al AVE radial con Madrid ha postergado las líneas ferroviarias de mercancías con origen en los puertos y destino los mercados europeos. Por este lado, el AVE no aportará mucho a la mejora de la competitividad.

Por otra parte, la inversión en el AVE de pasajeros es el mayor agujero negro de la historia sobre los presupuestos públicos. La razón también es muy clara. Los ingresos por venta de billetes no llegan a cubrir un tercio del coste del servicio. Los otros dos tercios van a cargo de los Presupuestos del Estado.

Y así será eternamente, porque el elevado coste de inversión y de operación de estas redes, unido a la baja densidad del tráfico de viajeros, impedirá que los ingresos cubran costes. Un dato será suficiente. La línea de mayor tráfico del AVE es Madrid-Barcelona. En el año 2009 transportó 5,3 millones de pasajeros. La equivalente París-Lyon, 25 millones. Este mayor tráfico, unido a billetes más caros, hace autosostenible la red francesa. Pero no será así en la red española. Según estudios de la Comisión Europea, la alta velocidad no es rentable por debajo de nueve millones de viajeros al año. Ninguna línea española llega a ese volumen.

Se podría pensar que la alta velocidad española es una excentricidad de nuevo rico, pero desgraciadamente no es así. Lo mismo ocurre con las inversiones también faraónicas en aeropuertos; por cierto, de gestión centralizada, único caso en la UE, a excepción de Bulgaria. O con la red radial de autopistas, en unos casos públicas y libres de peaje y en otros de concesión privada, pero con garantía financiera con cargo a los presupuestos públicos (recuerden el rumor del rescate público de las autopistas radiales de Madrid).

¿Cómo explicar esta singularidad española en el diseño radial de la red de infraestructuras y financiación con cargo a presupuesto?

Un ensayo que acaba de aparecer en las librerías explica muy bien esta rareza. Su autor, Germà Bel, es un joven y conocido economista, profesor de la Universidad de Barcelona. El libro es atrayente desde su título: España, capital París (Destino).

Bel utiliza, de forma amena y brillante, tres ideas para explicar el porqué de esta singularidad española. La primera es que las políticas radiales en infraestructuras de transporte obedecen a objetivos políticos y administrativos, no a razones económico-comerciales. De ahí que necesiten una intensa asignación permanente de recursos presupuestarios en forma de subsidios y ayudas. La segunda es que esta conducta responde a un patrón histórico, regular y continuado, que se habría iniciado con el acceso a la Corona española de la dinastía borbónica, a inicios del siglo XVIII. Su aspiración política fue hacer de España un país como Francia, con una capital como París, sin tener en cuenta las diferentes condiciones económicas. La tercera idea es que ese patrón histórico, esa regularidad, permite entender por qué las políticas de infraestructuras en la España actual son tan singulares y diferentes de las de los países de nuestro entorno.

El libro va por la quinta edición, algo inusual para un ensayo de este tipo. Salvando las distancias, me recuerda el éxito editorial que tuvo el informe del Banco Mundial sobre la economía española, publicado el año 1962, también un verdadero best seller económico. Quizá sea porque en ambos casos la sociedad española estaba y está necesitada de respuestas al problema de la competitividad, el crecimiento y la creación de empleo.

El libro sugiere muchas consideraciones que no caben en este primer comentario. Pero hay una que me gustaría hacer aquí. El peso de las consideraciones político-centralistas en el diseño y financiación de las infraestructuras de transportes ha creado un capitalismo con sobredosis de negocios subsidiados, que son un pesado lastre para la competitividad de la economía española, así como para el control del déficit. Necesitamos con urgencia cambiar esas prioridades y fomentar un “capitalismo de riesgo y ventura. Sobre esto hablaremos otro día”. Por hoy, felices fiestas y buen año.

Antón Costas Comesaña es catedrático de Política Económica de la UB.

La incidencia del programa PISA, de la OCDE, sobre los sistemas educativos ha sido muy notable. Tras una década desde su primera aplicación tenemos suficiente perspectiva como para identificar sus efectos esenciales, distinguiéndolos del ruido que genera, cada tres años, la publicación de los resultados. Sin olvidar algunos problemas consustanciales, de modo general, a la evaluación educativa, a mi juicio estos efectos son en buena medida positivos. Entre ellos destacaré tres: en primer lugar, la aceptación en la comunidad educativa de la cultura de la evaluación, de los procesos por los que el conjunto de la sociedad puede conocer qué sucede en el sistema educativo. En segundo lugar, la focalización de la atención sobre los resultados educativos (en concreto, competencias instrumentales), cuando con anterioridad estos eran a menudo un objetivo secundario. Y, en tercer lugar, la proyección muy intensa hacia los medios de comunicación y la opinión pública de los problemas del sistema educativo y sus debates. Raramente, hasta la llegada de PISA, las portadas de los periódicos recogían noticias del ámbito educativo.

Los mencionados tres efectos son de plena aplicación al caso español. Los resultados de España se han mantenido prácticamente estables durante estos diez años. Si nos centramos en la comprensión lectora, los resultados españoles se han situado, en esta década, por debajo de la media de la OCDE, con una distancia entre 7 y 10 puntos (en una escala de 1.000). Por otra parte, las diferencias entre comunidades autónomas siguen siendo muy importantes: la puntuación máxima, obtenida por la Comunidad de Madrid, es de 503 puntos, mientras que la puntuación de Canarias, por mencionar una comunidad con resultados muy bajos, es de 448. PISA ha proporcionado una vara de medir utilísima para conocer nuestra posición aproximada en el contexto internacional y para incentivar las mejoras en algunas comunidades autónomas. Ha acabado de hacer consciente a la opinión pública, también, de cómo la procedencia sociocultural del alumnado incide sobre los resultados educativos. Además, PISA ha servido de modelo insustituible a una diversidad de evaluaciones educativas aplicadas en el conjunto de España o en diferentes comunidades. Más allá de su utilidad indiscutible como instrumento para la investigación, PISA ha alterado sustancialmente la reflexión pública sobre nuestro sistema educativo.

Jorge Calero es Catedrático de Economía Aplicada y presidente del Consejo Superior de Evaluación de Catalunya.

Vigencia de un mal endémico de España

No hacen falta nuevas leyes para evitar que los procesos penales se alarguen más de 10 años

Después de las vacaciones suele suceder como a principio de año: nuevos propósitos para solventar viejos problemas. Lo grave no es que los propósitos se desvanezcan con los primeros calores resistentes de septiembre, sino que los problemas sean los de siempre. Antes de partir de vacaciones, los que pudieron y los que no debieron, teníamos un problema que en España es secular: el de la corrupción. Como los buenos propósitos, atajarlo se queda prácticamente en eso, en un propósito.

Se me dirá que no es cierto; que la última reforma de Código Penal, que entrará en vigor en diciembre, incluye serias medidas, ha sistematizado delitos, ha agravado seriamente las penas, ha introducido nuevas figuras. Permítaseme discrepar.

Como decía, la corrupción es, en España, un mal endémico. Las causas son muchas y variadas; exponerlas nos ocuparía estanterías. De todos modos, enumerarlas, clasificarlas y polemizar sobre ellas nos ayudará bien poco a superarla. Sea como fuere, el panorama es desalentador y sobre este particular es sobre lo que hay que interrogarse muy seriamente. ¿Por qué somos, según Transparency Internacional, el 28º Estado más corrupto del mundo? Pretender ser la 8ª potencia casa mal con esa posición en el cuadro del deshonor. ¿Por qué, según los últimos estudios demoscópicos de Hacienda, se sigue viendo casi mayoritariamente la defraudación fiscal como algo justificado? ¿Por qué España ha tardado más de diez años en ratificar y publicar el tratado europeo contra la corrupción? ¿Por qué políticos corruptos siguen contando con el favor de sus votantes?

En mi opinión, la respuesta a estas y otras preguntas no radica en la simplona y habitual de cambiar las leyes penales. Bajo el franquismo, existían más de 70 delitos que castigaban específicamente a los funcionarios públicos; ahora, algo más de 30. Hasta hace 35 años, llevar a un cargo oficial, no ya a la cárcel, sino a juicio, era una entelequia. Hoy, desde luego, no tanto; y mucho se ha avanzado, pero menos de lo necesario. La respuesta no es la formulación de las nuevas leyes penales; está en la formulación y puesta en marcha con todo empeño de los mecanismos que hagan que esas leyes sean algo más que un azaroso obstáculo que solo caza a los más tontos.

Es hora de que se pongan los medios necesarios, es decir, policías, fiscales, jueces y todo el personal auxiliar que requieran, sin dejar de crear y reforzar la cooperación judicial y policial internacional, para que las leyes penales de que disponemos sean leyes penales efectivas.

¿Cómo puede tomarse en serio que los procesos contra Fabra se iniciaran cinco años ha y aún no se haya convocado el juicio oral? ¿Cómo puede ser que, pese a llevar Hacienda dos años trabajando el tema antes de ponerlo en conocimiento del juez, se haya tardado casi un año en concluir la auditoría en el caso Palau? ¿Cómo puede ser que, por término medio, casos que como los que he referido a título de ejemplo, estén en vigor entre seis y diez años? Recuerde el lector las fechas de comienzo y final de casos como los Filesa, De la Rosa, Gescartera, Estevill, Roldán, Gil y Gil, Turismo, … o desde hace un par de años ya, Gürtel.

Supongamos que al más ilustre de los chefs se le ofrece en un nuevo local las viandas más suculentas para cocinar; sin embargo, los pinches van y vienen, los cazos no son antiadherentes, el horno funciona de aquella manera y, encima, el dueño no hace más que traer a sus amigotes para presumir de inversión.

Pues eso es lo que pasa con la maquinaria para la persecución de la corrupción: leyes suficientes, policías, fiscales y jueces por lo general capaces, pero dependientes de obsoletas estructuras procesales, con difícil acceso pleno y sin trabas a los modernos medios de investigación y a las fuentes del delito y, para colmo, una sobrecarga de trabajo de aquí te espero. No cabe, como se hace a veces, achacar la dilación a las defensas por luchar con todos los medios a su alcance: ¡faltaría más que no obraran así! Lo que es absurdo es que, sabiéndolo, no se dote a la persecución de estos delitos de los medios personales y materiales apropiados.

Lo bueno del caso es que cuando el Estado ha querido responder implacablemente contra el delito, sin mermar un ápice las garantías de los imputados, se ha hecho. Ahí está el ejemplo del 11-M: juzgados los imputados en tres años por la Audiencia Nacional y en un año más revisada la sentencia por el Supremo: solo imagínese el lector el cúmulo de traducciones del y al árabe de documentación y declaraciones. No se reparó en medios: esa es la respuesta.

Porque, contra los que afirman que la corrupción es consustancial al hombre, hay que proclamar bien alto que no es menos consustancial al hombre vivir en una comunidad justa y segura, es decir, libre de delitos y de los listos que dicen, practicándolo, que el delito es algo natural. Sería tanto como afirmar que la corrupción es ecológica. Y no es eso.

Joan J. Queralt. Catedrático de Derecho Penal (UB).

Los 75.000 documentos clasificados sobre la guerra en Afganistán que dio a conocer el sitio Wikileaks (//wikileaks.org) provocaron la airada reacción de la Casa Blanca, del Pentágono y de los neoconservadores de todo pelaje que pululan en Washington. No es para menos: se trata de informes internos de las fuerzas armadas de EE.UU. y la OTAN que combaten en territorio afgano y dan cuenta de hechos ominosos que no se declaran oficialmente y aun se niegan. El fundador y alimentador del sitio, Julian Assangem, les dio amplia difusión enviándolos a The New York Times, Der Spiegel y The Guardian y anunció que está analizando con su equipo otros 17.000 documentos que pronto dará a conocer. El gobierno de Obama condenó en duros términos semejante filtración, histórica por el volumen de registros secretos develados (ver Página/12, 27-7-10).

El vocero del Departamento de Defensa, Geoff Morrell, anunció que se ha lanzado una caza del hombre para encontrar al responsable de un acto que revela, por un lado, el poder de la informática y, por el otro, las fragilidades del Pentágono. La documentación cubre el período junio 2004-diciembre 2009 de la guerra y va de lo torvo, como el ocultamiento estadounidense de la muerte de civiles, a lo francamente ridículo, como el informe sobre un presunto complot del servicio de inteligencia de Pakistán (ISI, por sus siglas en inglés) para asesinar al presidente afgano Hamid Karzai envenenando su cerveza.

Esta hemorragia informativa pinta el verdadero rostro de la guerra en Afganistán, los llamados “daños colaterales” –el eufemismo inventado en la guerra de Vietnam para disimular el asesinato de civiles– que los mandos invasores encubren, las matanzas indiscriminadas en las aldeas, el accionar de escuadrones de la muerte, los bombardeos de aviones sin tripulación manejados a control remoto desde una base estadounidense, la complicidad del ISI con los talibán, los estragos que el “fuego amigo” provoca en la policía y el ejército afganos y otros detallitos que los Pactos de Ginebra califican de crímenes de guerra. Pero quién se acuerda de eso en Afganistán.

Asciende a 144 el número de incidentes que segaron la vida de simples ciudadanos en el período de referencia. Un par de días antes de la difusión de los documentos, un misil impactó en un caserío de la provincia de Helmand causando la muerte de 52 civiles (www.latimes.com, 26-7-2010). El servicio de inteligencia del ejército estadounidense registró “seis insurgentes muertos, incluido un comandante talibán”, pero el aldeano Abdul Ghaffar manifestó a la AP que había llevado siete niños heridos a un hospital de Kandahar. Marjan Agha, otro vecino, dijo que un grupo de pobladores fue al encuentro de las tropas alzando una bandera blanca y fueron recibidos a balazos con un saldo de dos víctimas.

Uno de estos “errores”: 300 campesinos afganos pasaron a mejor vida en el valle de Baghni por un ataque aéreo que, según un comunicado de la base de Bagram, se produjo “después de tener por seguro que no había afganos inocentes en los alrededores”. A Seguro se lo llevaron preso, recuerda el dicho popular. Las Naciones Unidas asentaron la muerte de 2412 civiles en 2009, un aumento del 14 por ciento respecto del año anterior. Esa clase de contabilidad suele minimizar los guarismos por un lógico prurito de considerar solamente lo probado.

Otro capítulo sombrío es el de las ejecuciones sin proceso que lleva a cabo el Grupo de Tareas 373 del ejército de EE.UU., la “unidad negra” de las fuerzas especiales. Sus efectivos se ocupan de capturar y sobre todo asesinar a dirigentes y activistas talibán considerados importantes, aunque hay en su haber más víctimas civiles, incluidos niños y mujeres –y hasta policías afganos– que insurgentes. Un ejemplo es el ataque que el 373 lanzó el 17 de junio de 2007 para liquidar al combatiente libio Abu Laith al Libi quien, según los datos de inteligencia, se escondía en Nangar Khel, poblado de la provincia de Patitka.

Los del GT 373 utilizaron un arma nueva cargada con seis misiles y transportable en la parte trasera de una camioneta. No encontraron a Libi, pero al acercarse a la aldea, cumplido el ataque, encontraron en la madrasa o escuela religiosa del lugar a seis niños muertos y uno herido que falleció 20 minutos después. Un comunicado de prensa del comando ocupante alegó que las tropas “habían vigilado el sitio todo el día y no hallaron indicación alguna de que hubiera niños en el edificio”. Pero había.

Preguntado si estimaba que el secreto de Estado es legítimo, Julian Assangem declaró a Der Spiegel que lo era tanto como el derecho a la apertura. “Desgraciadamente –aclaró–, los que cometen desmanes contra la humanidad o contra la ley abusan de la legitimidad del secreto para taparlos” (www.spiegel.com, 26-7-10). El inconveniente es que tres personas pueden guardar un secreto si dos de ellas están muertas, anotó Benjamin Franklin.

Link a la nota:  http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/contratapa/13-150300-2010-07-29.html

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A raíz de la congelación de las pensiones públicas por parte del Gobierno de Zapatero, ha habido un reavivamiento de argumentos sobre las pensiones por parte de voces neoliberales que, como consecuencia de las grandes cajas de resonancia de las que gozan en los mayores medios de información y persuasión del país, están calando en los establishments políticos y mediáticos. Uno de estos argumentos es que el supuesto poder electoral de los ancianos (el grupo poblacional que más participa en los procesos electorales) ha determinado un gran aumento del gasto público dedicado a los ancianos (incluyendo el gasto en pensiones y servicios públicos, como servicios de atención a las personas con dependencias), a costa del gasto público dedicado a otros grupos de edad, como niños e infantes. En este argumento, la lucha de clases ha sido sustituida por la lucha entre grupos generacionales, en la que los ancianos estarían consiguiendo grandes beneficios sociales a costa de los derechos de niños e infantes, entre otros. Como prueba de ello, tales autores se refieren a la disminución de la pobreza que, supuestamente, ha ocurrido entre los ancianos durante estos últimos años, lo que contrasta con el crecimiento de la pobreza entre los niños e infantes.

Los datos, sin embargo, no sostienen tales tesis neoliberales. Según la última información publicada por Eurostat, la Agencia de Estadística de la Unión Europea, el mayor porcentaje de pobres en la población española continúa siendo entre los ancianos (28%) mayor que entre los niños e infantes (24%). España, por cierto, es el país de la UE-15 (el grupo de países de semejante desarrollo económico al nuestro) que tiene mayor pobreza entre los ancianos (el promedio en la UE-15 es del 15%), y también entre los niños e infantes. No es, pues, que España gaste mucho en ancianos y poco en niños e infantes. En realidad, gasta muy poco (menos que en toda la UE-15) en ancianos, en niños e infantes y en todos los grupos etarios. Y ello se debe al enorme poder del capital y de las clases pudientes (30% de la población –burguesía, pequeña burguesía y clases profesionales de renta mediana-alta–), que no están contribuyendo al Estado en los mismos porcentajes que lo hacen sus homólogos en la UE-15. Las rentas del capital y las rentas superiores están entre las menos gravadas en la UE-15, causa de que los ingresos al estado estén entre los más bajos de la UE-15.
Es la excesiva influencia política y mediática de tales grupos sociales lo que explica que ancianos y niños (y todos los demás) tengan menos transferencias y servicios públicos que sus homólogos en la UE-15. El Gobierno de Zapatero, que hizo suyo aquel eslogan neoliberal de que “bajar impuestos es de izquierdas”, ha recortado gastos sociales (pensiones y servicios domiciliarios), que son a todas luces insuficientes, en lugar de subir impuestos a las clases pudientes. En realidad, el ahorro que se intenta conseguir congelando las pensiones es incluso menor que la cantidad de fondos que el Estado dejó de ingresar como consecuencia de la disminución del impuesto sobre el patrimonio que ha favorecido a las rentas superiores.

Otro mito neoliberal reproducido en los medios es que la pobreza entre los ancianos ha ido disminuyendo como resultado del incremento de las pensiones y de otras transferencias y servicios a los ancianos, consecuencia de un consenso supuestamente existente entre los partidos parlamentarios de no permitir que la capacidad adquisitiva de los ancianos disminuya. De nuevo, los datos muestran el error de tales supuestos. La reducción del gasto público social que ocurrió en España (en relación al promedio de la UE-15) durante el periodo 1993-2004 a fin de reducir el déficit del presupuesto del Estado (condición necesaria para que España se integrara en la eurozona –ver mi artículo “España social a la cola de la UE”, Público, 27-05-10–), afectó al total del gasto público social dedicado a los ancianos y a su tasa de pobreza. Según Eurostat, el nivel de pobreza entre ancianas en España pasó de ser del 15% en 1995 al 32% en 2004, y entre ancianos pasó del 16% al 27% durante el mismo periodo. Puesto que el PP fue el partido que gobernó España durante la mayoría de este periodo, carece de credibilidad ahora, cuando se presenta como el gran defensor de los ancianos y ancianas. Su historial no avala tal proclama. Esa pobreza descendió ligeramente en el periodo de Zapatero, pasando del 32% en 2004 al 30% en 2008 (último año en el que Eurostat publica tales datos) entre las ancianas, y del 27% al 25% entre los ancianos. Los recientes recortes de fondos públicos sociales revertirán estas cifras, aumentando la pobreza entre los pensionistas (y ello aún cuando se conserven los aumentos de las pensiones más bajas).

Todos estos datos muestran que la entrada entonces y la permanencia ahora de España en la eurozona se ha hecho y continúa haciéndose a costa de un gran retraso en la corrección del déficit de gasto público por habitante en todos los grupos etarios, incluyendo ancianos, entre España y la UE-15. El déficit de tal gasto en ancianos por habitante subió de 569 a 816 euros de 1995 a 2004. En realidad, el hecho de que las pensiones se corrijan según la inflación, y no sobre el crecimiento promedio de los salarios (como se hace en muchos países de la UE-15), explica que el estándar de vida de los ancianos disminuya en comparación no sólo con el resto de la sociedad, sino con el resto de la UE-15. Es más, el Estado (tanto central como autonómico y local) español es el menos redistributivo por clase social de la UE-15, con lo cual su impacto reductor de la pobreza entre los ancianos es muy limitado, pasando del 31% de todos los ancianos (antes de que incidan las instituciones públicas –impuestos y transferencias–) al 28%, comparado con Suecia (el país que históricamente ha tenido unas izquierdas más fuertes en Europa), que pasa del 26% al 11%. No es, pues, una lucha generacional, sino una lucha de clases ganada diariamente por las rentas superiores lo que explica esta situación.

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y director del Observatorio Social de España.

El 14 de mayo de 1919, Keynes escribía a su madre, en estado –según decía– de gran depresión e incluso con fuertes remordimientos por su pequeña participación en el Tratado de Versalles: “La paz es afrentosa e imposible, sólo puede acarrear desgracias”. Poco después publicaba una de sus obras de más éxito, Las consecuencias económicas de la paz, en la que criticaba fuertemente las cargas impuestas a Alemania y denunciaba la insinceridad, hipocresía e iniquidad del tratado, pero, sobre todo, las consecuencias desastrosas que acarrearía a toda la economía europea. La paz cartaginesa impuesta a Alemania no era viable ni sostenible.

Angela Merkel haría bien en leer este libro porque, en estos momentos, es Alemania la empeñada en imponer a Grecia unas condiciones económicas que difícilmente va a poder cumplir. La situación ahora es tanto más injusta por cuanto no ha mediado ninguna contienda y el único pecado de Grecia es haberse integrado en la Unión Monetaria, colocándose así un corsé que le impide respirar. El 3 de mayo pasado, uno de los más prestigiosos diarios del mundo se preguntaba sobre la idoneidad de someter al país heleno a un ajuste tan duro puesto que, lejos de propiciar que pueda hacer frente a sus compromisos crediticios, va a hundir su economía en la deflación y en un foso desde donde le va a ser imposible pagar sus deudas.

El plan aplicado a Grecia es radicalmente injusto. En primer lugar, en una óptica interna, porque mientras un ajuste en el ámbito monetario a través de una devaluación de la divisa empobrece más o menos por igual a toda la población, cuando el ajuste se realiza en el ámbito de la economía real y con la intensidad y dureza de esta ocasión, el coste recae brutalmente y de forma exclusiva sobre los jubilados, trabajadores y funcionarios. En segundo lugar, desde la perspectiva internacional, al distribuir la carga de manera desigual entre los países miembros, castigando fuertemente a los deudores y no a los acreedores. El déficit griego tiene su contrapartida en el superávit de Alemania, país que principalmente se ha beneficiado de la Unión Monetaria y que es tanto o más responsable que Grecia, Portugal o España de los desequilibrios actuales. Tal como Keynes pensaba del Tratado de Versalles, la dureza del ajuste heleno puede ser un bumerán que se vuelva contra Europa en su totalidad.

Juan Francisco Martín Seco. Economista.

En ocasión de celebrar el trigésimo aniversario de la creación del Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil, el principal periódico independiente de izquierda, Brasil de Fato, publicó entrevistas con cuatro de los principales intelectuales de izquierda. Los cuatro fueron activos alguna vez en el PT, de hecho se cuentan entre sus fundadores. Tres de ellos se retiraron del PT –el historiador Mauro Iasi se unió al Partido Comunista Brasileño, el sociólogo Francisco de Oliveira se unió al Partido Socialismo y Libertad y el historiador Rudá Ricci se hizo izquierdista independiente. El cuarto, el historiador Valter Poner, permanece en el PT y es una de las figuras principales de su facción de izquierda.

Expresaron cuatro análisis, sorprendentemente diferentes, de lo que Ricci llama el antiguo dilema de la izquierda brasileña: como ser popular y de izquierda. Pero por supuesto ése ha sido el dilema de la izquierda en todo el mundo, y sigue siéndolo hasta ahora.

Brasil es un lugar interesante para analizar este dilema y cómo se expresa. Es un país con una larga y activa tradición política, y hoy goza mucho de una situación multipartidista. Es también una nación cuya situación política ha mejorado mucho en años recientes, particularmente en los últimos 10 años. Y Brasil es un país que ha estado afirmando mucho liderazgo político en América Latina. Así que la pregunta se vuelve ¿cómo medimos la popularidad de un partido y cómo evaluamos sus credenciales de izquierda?

El periodista de Brasil de Fato abrió sus entrevistas apuntando que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva es una figura carismática, que es el mandatario más popular desde la redemocratización del país y que a lo largo de su historia el PT ha incrementado su apoyo entre los estratos más pobres de la población. Para que el partido se vuelva más popular, aseveró, tuvo que hacer concesiones al pragmatismo.

¿Cómo reaccionaron los cuatro intelectuales a esta premisa? Para Ricci, el lulismo se ha vuelto más importante que el partido, lo que invierte el concepto original del PT. El PT se americanizó dice él. Hoy es simplemente una maquinaria electoral. La izquierda encuentra difícil ser popular debido a su lastre teórico de origen europeo. La cultura popular, dice, es compleja y conservadora, y Lula dialoga con su cultura popular. El PT es estatista y desarrollista, y como tal conservador y pragmático. Así que el problema es retornar a la idea original de una utopía de izquierda democrática sin tornarse elitista.

Para Iasi, el PT se volvió uno de los dos principales partidos de Brasil, de centroizquierda con un programa pequeño burgués. El precio que pagó por el tamaño de su respaldo fue el abandono de los principios y las metas políticas que estaban presentes en su origen. El lulismo o el populismo es un modo de hacer que las masas accedan a las políticas que no fueron hechas en su interés.

Para Oliveira, el PT que comenzó con una base de trabajadores, de teología de la liberación y de movimientos de democratización, se ha vuelto simplemente parte de la jalea general del sistema partidista brasileño. Una perspectiva socialista no se basa en los pobres sino en un análisis de clase. Y en cuanto al programa del partido, la estatización, está 100 años atrasado, es parte de la dolencia infantil del estatismo. Es un programa para fortalecer las industrias brasileñas y no tiene nada que ver con la izquierda o el socialismo.

Poner ve la situación muy diferente. Él concuerda con que al principio el gobierno de Lula era social-liberal en su orientación. Pero después de 2005, se hizo hacia la izquierda. Sí, dice él, el partido es desarrollista. Pero hay dos variedades de desarrollistas –los conservadores y los demócrata-populares. Con la crisis del capitalismo, el socialismo está de vuelta al debate.

Lo sorprendente acerca de los tres análisis críticos es el miedo al populismo. Lo que sorprende de los análisis es la ausencia de cualquier discusión de geopolítica.

Justo unos días después del artículo de Brasil de Fato, Fidel Castro publicó una de sus Reflexiones periódicas en La Jornada, en la ciudad de México. Lula acababa de estar de visita con Castro. Éste dijo que conocía a Lula hace 30 años, es decir, desde la creación del PT. Dada la historia de Cuba y las dificultades de más de 50 años, Castro dijo que lo que tiene para nosotros una enorme trascendencia era la reciente reunión en Cancún donde se había decidido la creación de una Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe que incluía a Cuba y excluía a Estados Unidos y Canadá. Esta reunión fue en gran medida un logro de Lula.

Castro subrayó entonces la importancia y el simbolismo de esta última visita de Lula antes de que deje de ser presidente de Brasil. Recordó que en la década de 1980 tuvo un emotivo encuentro con él, su esposa y sus hijos en su sencilla morada y alabó de Lula “su placer de luchar… con intachable modestia”. Aquí no hay crítica alguna al lulismo.

Todo lo que los intelectuales brasileños de izquierda critican, Castro lo alaba –el desarrollo tecnológico de Brasil, el crecimiento del PIB, convertirse en una de las 10 más grandes economías del mundo. Aun en la cuestión de la producción de etanol, a la que Castro dice que se opone, no culpó a Lula. Comprendo perfectamente que Brasil no tiene otra alternativa, frente a la competencia desleal y los subsidios de Estados Unidos y Europa, que incrementar la producción de etanol.

Castro termina en esta nota: Una cosa es indiscutible: el obrero metalúrgico se ha convertido actualmente en un estadista destacado y prestigioso cuya voz se escucha con respeto en todas las reuniones internacionales.

¿Cómo pudieron los intelectuales brasileños de izquierda y Castro llegar a retratos tan diferentes de Lula? Es claro que estaban mirando dos cosas por completo diferentes. Los intelectuales brasileños de izquierda miraban primordialmente la vida interna de Brasil y expresaron su pena por el hecho de que Lula fuera, a lo sumo, un pragmático de centroizquierda. Castro miraba principalmente a Brasil en su papel geopolítico, que él ve que socava a su enemigo primordial, el imperialismo de Estados Unidos.

¿Cuál es entonces la prioridad para los intelectuales de izquierda? Ésta no es meramente una cuestión brasileña. Es una cuestión que debe preguntarse casi en todas partes, tomando en cuenta el curso de la historia y el estatus geopolítico del país en cuestión.

© Immanuel Wallerstein

Traducción: Ramón Vera Herrera.

AJUSTE DE CUENTAS

El que paga manda. Este dicho popular catalán es un compendio del buen funcionamiento del capitalismo. Por eso, a quienes profesamos respeto al derecho de propiedad, nos chirría que existan limitaciones al voto de los accionistas en algunas empresas.

La Ley de Sociedades Anónimas permite a éstas que fijen límites en sus estatutos. Compañías estratégicas como Iberdrola, Repsol o Telefónica y bancos como el Sabadell y el Popular, tienen limitado a un 10% los votos de aquellos accionistas que poseen más de ese porcentaje de los títulos pero menos del 29%, que es el límite ante el cual se debe lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA).

La medida surgió como una manera de proteger a los minoritarios después de que se constatara que en varias operaciones -la adquisición de Metrovacesa por Joaquín Rivero, la de Dragados por parte de ACS (Florentino Pérez) o la de Vallehermoso por Sacyr (Luis del Rivero)- los compradores se hicieron con el control de la empresa sin sobrepasar el límite marcado por la ley para lanzar una OPA. Definían así el destino de la compañía y muchos minoritarios se sintieron desprotegidos.

La eliminación de estos límites figuraba en el programa del PSOE y para muchos expertos son un menoscabo al derecho de propiedad. Los críticos dicen que hay gestores que los usan para atrincherarse frente a accionistas que no les son simpáticos.

Lo cierto es que en Europa no hay claridad sobre el asunto. Sí la había respecto de la famosa «Ley Rato» que blindaba a las empresas privatizadas en la época de Aznar (norma que Zapatero derogó en 2009), pero no la hay respecto de esta normativa. De hecho, hay dictámenes para todos los gustos. El informe Sherman-Sterling, solicitado por la UE, determinó que estas limitaciones no eran blindajes ni dañaban a los mercados.

De hecho, la abolición de estos límites convertirá a España en un caso singular en Europa. En 23 países de la UE-25 existen normas de este tipo. Sólo Italia y Alemania, que tienen otros mecanismos de control sobre sus empresas estratégicas, carecen de ellas. Con razón, desde Iberdrola, por ejemplo, dicen que esto dejará a nuestras grandes firmas desguarnecidas ante ataques especulativos. Otro de los fantasmas que agitan los partidarios de la norma son las Operaciones en Manada, que es cuando varios cazadores conciertan sus participaciones para tomar el control de una empresa y repartírsela.

Con todo, lo más criticable es que el Gobierno incluyera la enmienda entre gallos y medianoche en una reforma de la Ley de Auditoría, emboscándola en una transposición europea. El PP y CiU ahora se muestran recelosos, mientras que el PNV la rechaza de plano.

Es malo que haya premura por zanjar desde el Gobierno un asunto donde se requiere una gran calidad legislativa para equilibrar inteligentemente las prerrogativas de los propietarios con los derechos de los minoritarios sin abrir la puerta a operaciones que conduzcan a la destrucción de la propia empresa. No se comprende que un Gobierno que está calificando de especulativos a los mercados cada día, de pronto se muestre dispuesto a retirar una norma que ha frenado muchas operaciones de ese tipo. Es verdad que el que paga manda. Y para mandar en una empresa hay que tener el 50% más una de las acciones.

john.muller@elmundo.es

© Mundinteractivos, S.A.

De entre las ilusiones ópticas que se hacen valer en los últimos tiempos entre nosotros hay una que despunta: la que nos sugiere que, una vez dejadas atrás la crisis y la recesión en curso, mal que bien veremos reaparecer el escenario anterior a una y otra, esto es, el escenario de un crecimiento económico bonancible.

Semejante percepción ignora, claro, una de las consecuencias principales derivadas de la acumulación de crisis de orden dispar a la que asistimos. Y es que, junto a la crisis que hemos dado en etiquetar de financiera, hay, en la trastienda, otras mucho más graves. Una de ellas es, sin duda, el cambio climático que, cada vez más agudo y más fácil de percibir en sus diferentes manifestaciones, constituye una realidad que no parece llamada a tener efecto saludable alguno. Otra la configura el encarecimiento, inevitable en el medio y en el largo plazo, de la mayoría de las materias primas energéticas que empleamos. Y una tercera –por dejar las cosas ahí y esquivar una lista más larga– la proporciona el mantenido expolio de los recursos humanos y materiales de los países pobres, expolio en el que sigue asentándose buena parte de nuestra riqueza.

Aun cuando los efectos de la crisis financiera puedan quedar atrás –convengamos en que es difícil que, hablando en serio, tal cosa ocurra en plenitud–, se impone recordar que los de las demás no sólo pervivirán sino que, más aún, habrán experimentado una inquietante aceleración, con lo cual el escenario será visiblemente peor que el que se registraba antes de 2007. Si hay que tomarle el pulso a lo que tenemos entre manos, bastará con echar una ojeada a las estimaciones que instancias públicas y privadas realizan, con periódica regularidad, en lo que atañe a las sumas que será preciso destinar a la lucha contra el cambio climático: a medida que los meses van pasando, los recursos que será necesario invertir para restaurar precarios equilibrios son visiblemente mayores.

En esas condiciones, y volvamos al argumento principal, pensar que pronto recuperaremos el escenario propio de la bonanza anterior a 2007 es, sin más, equivocarse, y lo es –repitamos lo que antes adelantamos– incluso en el caso, improbable, de que la crisis financiera, por sí sola, no deje insorteables legados negativos. No está de más agregar algo –eso sí– en relación con la última de las crisis que antes sugerimos que se hallan en la trastienda. Tenemos por fuerza que preguntarnos si podemos seguir mirando el mundo desde nuestra eurocéntrica y personalísima percepción, en abierta y orgullosa ignorancia de los problemas de otros. O, por decirlo de otra manera, hora es de preguntarse si resulta razonable aplicar –como lo hemos hecho siempre– la lógica del sálvese quien pueda, aun a sabiendas de los efectos dramáticos que tiene sobre los países del sur. Sobran las razones para concluir, en cualquier caso, que muchos de los habitantes de estos últimos añorarían compartir con nosotros, siquiera fuera unas pocas horas, el peor de los momentos de esta crisis que a nuestros ojos presenta perfiles pavorosos.

Carlos Taibo es profesor de Ciencia Política.

Desde que el sistema financiero mundial empezara a deshilacharse hace dos años, los distinguidos economistas han sufrido su propia crisis particular. Profesores de la Ivy League que habían anunciado con fanfarrias el albor de una nueva era de estabilidad se ven en apuros a la hora de explicar cómo, por decirlo con exactitud, la peor crisis financiera desde la Gran Depresión ha cogido en paños menores a su profesión entera.

Entre el suplicio y la autoflagelación, algunos comentaristas, algo más cerebrales, han comenzado a hablar de la llegada del “momento Minsky”, y un número cada vez mayor de personas con acceso a información privilegiada incluso empiezan a advertir de la llegada de un “colapso Minsky.”

“Minsky” es la abreviación para Hyman Minsky, un macroeconomista desconocido hasta la fecha que murió hace ya más de una década. Muchos economistas nunca habían oído hablar de él cuando estalló la crisis, y sigue siendo en gran medida una figura oscurecida en el gremio. Pero últimamente ha comenzado a emerger como el más aventajado pensador sobre los sucesos en desarrollo. Un economista a contracorriente en la conformidad de la Norteamérica de la posguerra, un experto en los campos de las finanzas y las crisis, entonces tan poco de moda, Minsky fue uno de los economistas que vio lo que se avecinaba. Predijo, hace décadas, casi con toda exactitud el tipo de desplome que ha sacudido a la economía mundial recientemente.

En los últimos meses la estrella de Minsky no ha hecho más que brillar. Economistas galardonados con el premio Nobel hablan de incorporar sus conocimientos a la disciplina y se reimprimen copias de sus libros que se venden estupendamente bien. Ha pasado de ser una figura prácticamente olvidada a otra clave en el debate sobre cómo solucionar el sistema financiero.

Pero si Minsky estaba en lo cierto, como parece que así fue, la noticia no es algo que precisamente anime. Él creía en el capitalismo, pero también creía que tenía una flaqueza en su genética: las modernas finanzas, dijo, estaban muy lejos de ser la fuerza estabilizadora que la economía al uso retrataba. Es más, se trataba de un sistema que creaba la ilusión de estabilidad mientras creaba simultáneamente las condiciones para un desplome inevitable y dramático.

En otras palabras, la única persona que predijo la crisis también creía que el sistema financiero  contenía las semillas de su propia destrucción. “La inestabilidad”, escribió, “es una imperfección inherente al capitalismo de la que éste no puede escapar.”

Puede que la visión de Minsky fuera sombría, pero él no era ningún fatalista: creía que era posible diseñar políticas que pudiesen atemperar los daños colaterales causados por las crisis financieras. Pero con un número cada vez mayor de economistas prestos a declarar que la recesión ya ha terminado, que hemos dejado a la crisis misma detrás nuestro, estas políticas pueden demostrarse tan poco cómodas como las que acaba de reemplazar. Más aún: a medida que los economistas van adoptando los juicios proféticos de Minsky, parece que están muy lejos de recordar todo lo que ello implica.

En un mundo ideal, una profesión dedicada al estudio del capitalismo sería tan irresponsable e innovadora como el objeto de su estudio. Pero los economistas han estado a menudo sujetos a poderosas ortodoxias, y nunca lo estuvieron tanto como cuando Minsky entró en escena.

Esa ortodoxia, nacida en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, era conocida como “síntesis neoclásica.” La vieja creencia en un mercado libre que se autoregulaba y se estabilizaba a sí mismo había absorbido selectivamente algunas de las teorías de John Maynard Keynes, el gran economista de la década de los treinta que escribió extensivamente sobre cómo el capitalismo puede fracasar a la hora de mantener el pleno empleo. La mayoría de economistas aún creía que el capitalismo de mercado libre era, en lo fundamental, una base estable para la economía, aunque gracias a Keynes, algunos ahora reconocían que el gobierno podía bajo ciertas circunstancias jugar un papel central en la economía –y en el empleo– para mantener la estabilidad del sistema.

Economistas como Paul Samuelson se convirtieron en el rostro del nuevo establishment: él y otros, procedentes de contadas universidades de elite, terminaron siendo inmensamente influyentes en Washington. En teoría, Minsky podría haber sido una estrella académica en el nuevo establishment. Como Samuelson, se doctoró en economía por la Universidad de Harvard, donde estudió con el legendario economista austríaco Joseph Schumpeter, así como el futuro premio Nobel Wassily Leontief.

Pero Minsky estaba cortado por otro patrón. Descendiente de inmigrantes de Minsk, actual Bielorrusia, Minsky vino al mundo entre paños rojos, hijo de socialistas mencheviques. Mientras que la mayoría de economistas se pasaron los años cincuenta y sesenta estudiando penosamente modelos matemáticos, Minsky hizo una investigación sobre la pobreza, algo que difícilmente puede considerarse el no va más para los economistas. Con sus largos cabellos blancos, Minsky se encontraba más cerca de la contracultura que de la economía al uso. Era, según recuerda el economista L. Randall Wray, un antiguo estudiante, “todo un personaje.”

Así que mientras sus colegas de universidad iban ganando premios Nobel y escalando posiciones en la Academia, Minsky palidecía. Fue sin rumbo de trabajo en trabajo, de Brown a Berkeley, y de ahí a la Universidad de Washington. Aún peor: muchos economistas ni siquiera conocían su obra. Una reseña sobre Minsky publicada en 1997 anotaba simplemente que “su obra no ha ejercido una influencia a tener en cuenta en las discusiones macroeconómicas de los últimos treinta años.”

Con todo, se mantuvo ocupado. Además de la pobreza, Minsky empezó a ahondar en el estudio de las finanzas, las cuales, a pesar de su aparente importancia, no ocupaban ningún lugar en las teorías formuladas por Samuelson y otros. También empezó a formular una pregunta simple e inquietante: “¿’Eso’ podría volver a ocurrir?”, donde “eso” era, como Voldemort, la némesis de Harry Potter, lo innombrable: la Gran Depresión.

En sus escritos, Minsky miraba hacia su héroe intelectual, Keynes, razonablemente el mayor economista del siglo XX. Pero donde la mayoría de economistas extraían una lección, por lo demás muy simple, de Keynes (a saber, que el gobierno podía dar un paso al frente y microgestionar la economía, limar las asperezas del ciclo económico y mantener las cosas en funcionamiento), Minsky no tenía ningún interés en lo que él y otros economistas disidentes llegaron a definir como “keynesianismo bastardo.”

En vez de eso Minsky extrajo sus propias y mucho más sombrías conclusiones de los principales escritos de Keynes, en los que no sólo trató los problemas del desempleo, sino también del dinero y la banca. Aunque Keynes nunca lo afirmó explícitamente, Minsky sostuvo que toda la obra de Keynes conducía a la conclusión de que el capitalismo era por su misma naturaleza inestable y propenso a su desplome. Lejos de dirigirse hacia algún tipo de estado de equilibrio mágico, el capitalismo podía hacer justamente lo contrario. Podía ir dando bandazos por un acantilado.

Este análisis llevaba la marca de su consejero Joseph Schumpeter, el reputado economista austríaco hoy famoso por documentar el incesante proceso de “destrucción creativa” del capitalismo. Pero Minsky se pasó más tiempo pensando en la destrucción que en la creación. Al hacerlo, formuló una intrigante teoría: no sólo el capitalismo era propenso al desplome, escribió, sino que precisamente eran sus períodos de estabilidad económica los que allanaban el camino a crisis monumentales.

Minsky llamó a esta idea “la hipótesis de la inestabilidad financiera.” En el despuntar de una depresión, observó, las instituciones financieras son extraordinariamente conservadoras, como lo son los negocios. Con los prestatarios y prestamistas alimentando la economía con sus acuerdos de alto riesgo, las cosas marchan con suavidad: los préstamos se pagan casi siempre a tiempo, los negocios tienen por lo general éxito y a todo el mundo le va bien. Este éxito, empero, inevitablemente anima a los prestatarios y a los prestamistas a arriesgarse más con la razonable esperanza de conseguir más dinero. Como observó Minsky, “el éxito alimenta el rechazo a la posibilidad de un fracaso.”

Cuando la gente olvida que el fracaso es una posibilidad, una “economía eufórica” se desarrolla finalmente, alimentada por el crecimiento de prestatarios que emprenden riesgos -lo que denominó prestatarios especuladores, cuyos ingresos cubrirían los intereses pero no las deudas principales; y aquellos a quienes denominó “prestatarios Ponzi”, que ni siquiera cubrirían los intereses y sólo podrían pagar sus facturas pidiendo nuevos préstamos. A medida que los miembros de estas últimas categorías creciesen, la economía general se desplazaría de un ambiente conservador pero rentable a un sistema mucho más irresponsable dominado por agentes cuya supervivencia no depende solamente de planes empresariales sólidos, sino del dinero prestado y de créditos a libre disposición.

Una vez desarrollada una economía como ésta, cualquier pánico podría hacer que se fuera a pique al mercado. El fracaso de una sola empresa, por ejemplo, o la revelación de un fraude asombroso podrían disparar el miedo y un repentino y generalizado intento de la economía por liberarse de la deuda. Este hito -que más tarde recibiría el nombre de “momento Minsky”- crearía un ambiente profundamente inhóspito para todos los prestatarios. Los especuladores y prestatarios Ponzi serían los primeros en venirse abajo, a medida que pierden acceso al crédito que necesitan para sobrevivir. Incluso los agentes más estables pueden encontrarse en la situación de no ser capaces de afrontar sus deudas sin vender sus activos. Esta venta de activos forzada haría entrar el valor de los mismos en una espiral descendente e inevitablemente el agrietado edificio financiero empezaría a venirse abajo. Los negocios se tambalearían y la crisis se extendería a la economía “real” dependiente del sistema financiero ahora en desplome.

Desde los sesenta en adelante Minsky trabajó en esta hipótesis. En aquella época creyó que este desplazamiento estaba ya produciéndose: la estabilidad de posguerra, la innovación financiera y el reflujo del recuerdo de la Gran Depresión estaban gradualmente estableciendo las bases para una crisis de proporciones épicas. La mayor parte de lo que dijo fue a caer en oídos sordos. Los sesenta fueron una época de sólido crecimiento, y aunque el estancamiento económico de los setenta fue un duro golpe para el grueso de la economía neokeynesiana, los responsables de la política económica no acudieron raudos a Minsky. En vez de eso, el fundamentalismo de libre mercado echó raíces: el gobierno era el problema, no la solución.

Además, el nuevo dogma coincidió con una notable época de estabilidad. El período de finales de los ochenta hacia adelante ha recibido el nombre de la “gran moderación”, una época de recesiones poco profundas y de una gran capacidad de recuperación en la mayor parte de las mayores economías industriales. Las cosas nunca habían sido tan estables. La posibilidad de que “eso” ocurriese de nuevo parecía una broma.

Y a pesar de todo, en este período el sistema financiero -no la economía, sino las finanzas como industria- estaba creciendo a pasos agigantados. Minsky se pasó los últimos años de su vida, a principios de los noventa, advirtiendo de los peligros de la titulización y otras formas de innovación financiera, pero pocos economistas le escucharon. Tampoco prestaron atención a la creciente dependencia de los consumidores y empresas de la deuda, y el empleo creciente del apalancamiento en el sistema financiero.

Para finales de siglo XX, el sistema financiero del que Minsky había advertido se había ya materializado, completado con prestatarios especuladores, prestatarios Ponzi y unos pocos prestatarios conservadores que completaban el esquema y eran los cimientos de una economía verdaderamente estable. Después de décadas, habíamos olvidado de verdad el significado de la palabra riesgo. Cuando empresas financieras de varios pisos de altura empezaron a derrumbarse, enviando señales a través de la economía “real”, sus predicciones comenzaron a parecerse mucho a un mapa de carreteras.

“No fue un momento Minsky”, explica Randall Wray. “Fue medio siglo Minsky.”

Ahora Minsky hace furor. Hace un año un influyente columnista del Financial Times le confió a sus lectores que la relectura de la “obra maestra” de Minsky de 1986 -Stabilizing and Unstable Economy (Estabilizando una economía inestable)- “me había ayudado a aclarar mis ideas respecto a la crisis.”  Otros se unieron al coro sin tardanza. A principios de este año, dos pesos pesados de la economía –Paul Krugman y Brad DeLond– se quitaron el sombrero ante él en foros públicos. Es más, el ganador del premio Nobel Paul Krugman tituló una de sus conferencias en la London School of Economics “The Night They Re-read Minsky.” (La noche en que releyeron a Minsky)

Hoy la mayoría de economistas, qué duda cabe, están leyendo por vez primera a Minsky, intentando encajar sus análisis, tan poco convencionales, en los andamiajes teoréticos de su profesión. Si Minsky viviera, sin duda hubiera aplaudido este reconocimiento tardío, aún produciéndose a un terrible costo. Como observó irónicamente en una ocasión, ¿acaso nos es Minsky de alguna ayuda? Si el capitalismo es un sistema inestable e inherentemente autodestructivo -más allá de que produce desigualdades y desempleo, como observó Keynes-, ¿ahora qué?

Después de haber empleado su vida advirtiendo de los peligros de la complacencia en lo que se refiere a la estabilidad -y que dieron en oídos sordos-, Minsky fue razonablemente pesimista en cuanto a la posibilidad de cortocircuitar el trágico ciclo de booms y pinchazos. Pero sí que creía que se podían hacer muchas cosas con el fin de sortear el peligro.

Para evitar que el momento Minsky se convirtiese en una calamidad nacional, parte de su solución (que era compartida por otros economistas) era que la Reserva Federal -que él gustaba en llamar “Big Bank”- se adentrase en la brecha y actuase como prestamista en última instancia para las empresas bajo asedio. Inyectando liquidez a las empresas en zozobra, la Reserva Federal podría romper el ciclo y estabilizar el sistema financiero. Fracasó a la hora de hacerlo en la Gran Depresión, cuando se quedó a un lado y dejó que la crisis bancaria entrase en una espiral fuera de todo control. Esta vez, bajo la dirección de Ben Bernanke –como Minsky, un académico de la Depresión– ha tomado un acercamiento diferente, convirtiéndose en el prestamista en última instancia de todo, desde hedge funds a bancos de inversión y fondos monetarios.

La otra solución de Minsky, no obstante, era considerablemente más radical y políticamente un sapo difícil de tragar. La táctica favorita de sacar a la economía de la crisis estaba –y está– basada en la noción keynesiana de “bombear el inflador” (priming the pump) enviando dinero para emplear a grandes masas de mano de obra cualificada y sindicada en la construcción de una línea de ferrocarril, por ejemplo.

Minsky, sin embargo, defendió un acercamiento del tipo “burbuja”, que enviase primero dinero a los pobres y los obreros no cualificados. El gobierno –o como él prefería llamarlo, el “Gran gobierno”– debería convertirse en “última instancia en el empleador”, dijo, ofreciendo trabajo a cualquiera que quisiera ejercer uno a partir de un salario mínimo que sería pagado a los trabajadores que proporcionasen cuidados a los niños, limpiasen las calles o proporcionasen servicios que dieran a los contribuyentes pruebas visibles de la inversión de sus dólares. Disponibles para todos, sería incluso más ambicioso que el New Deal, reduciendo considerablemente las cuentas del estado de bienestar al garantizar un empleo para cualquiera que fuese capaz de trabajar. Un programa como éste no sólo ayudaría, según él creía, a los pobres y a los trabajadores no cualificados, sino que también pondría una red de seguridad debajo del salario de todos los demás, previniendo que los salarios de los trabajadores más cualificados cayese precipitadamente, y enviando los beneficios a lo largo de toda la escalera socioeconómica.

Mientras los economistas acaso reconozcan algunos de los análisis de Minsky respecto a la inestabilidad financiera, parece que puede afirmarse con seguridad que incluso los responsables políticos más liberales están muy lejos de pensar un papel para el gobierno americano tan expansivo. Un caro programa de pleno empleo estaría demasiado cerca del socialismo como para que fuese cómodo para los políticos. Por su parte, Wray piensa que los críticos están dispuestos a interpretar incorrectamente a Minsky: “él vio estas ideas como perfectamente consistentes con el capitalismo”, dice Wray. “Harían que el capitalismo funcionase mejor.”

Pero no a la perfección. Si hay que extraer alguna conclusión de las obras completas de Minsky, es que la perfección, como la estabilidad y el equilibrio, son espejismos. Minsky no compartió la extraña creencia de su profesión de que todo podía ser reducido a un pequeño modelo o a una teoría fácil. La suya era una especie de economía existencial: el capitalismo, como la vida misma, era difícil, e incluso trágica. “No hay ninguna respuesta simple a los problemas de nuestro capitalismo”, escribió Minsky. “No hay ninguna solución que pueda transformarse en una frase pegadiza e imprimirse en grandes carteles.”

Es un sentir que puede limitar el que Minsky se convierta en parte de una nueva ortodoxia. Pero eso es probablemente lo que él hubiera preferido, según creía el economista James Galbraith. “Creo que se resistiría a ser domesticado”, dijo Galbraith. “Se pasó toda su carrera aislado profesionalmente.”

Stephen Mihm es profesor de historia en la Universidad de Georgia y autor de A Nation of Counterfeiters [Una nación de falsificadores] (Harvard, 2007).

Traducción para www.sinpermiso.info: Àngel Ferrero.

Globe Correspondent, 13 septiembre 2009