Reggio’s

Una de las dificultades más importantes que está encontrando la reactivación económica de muchos países occidentales, entre ellos el nuestro, es la desconfianza creada por los elevados déficits públicos generados desde el comienzo de la actual crisis financiera. En parte, estos desequilibrios se deben a los llamados estabilizadores fiscales automáticos, es decir, a la bajada de los ingresos y a la subida de las prestaciones sociales ocasionadas por la propia crisis. Pero una parte importante de los desequilibrios presupuestarios que se han originado se debe al mal enfoque y total descontrol del gasto público.

Sin ir muy lejos, en Catalunya muchos ciudadanos se preguntan cómo puede ser que la Generalitat haya acumulado una deuda y un déficit tan enormes en un espacio de tiempo tan relativamente corto. El ciudadano se extraña de que no haya ningún mecanismo institucional o de otro tipo que pueda frenar el gasto desmesurado que se halla detrás del gran desequilibrio presupuestario que se ha producido en Catalunya. Y también resulta inaceptable la tardanza con la que se ha conocido la realidad de los hechos.

Consecuencias destructivas

El gasto desmesurado y los déficits a los que conduce acaban siendo un factor extraordinariamente destructivo de la cohesión social en todas partes donde se da este fenómeno. Los drásticos ajustes del gasto público conducen inexorablemente a sacrificios que afectan negativamente a una gran parte de la población, especialmente la que cuenta con menos recursos para hacer frente a la austeridad impuesta. En el plano internacional, como desgraciadamente sabemos por experiencia propia, los resultados del gasto público excesivo y descontrolado llevan fatalmente a una valoración o rating de la solvencia del país cada vez peor, con el consiguiente desprestigio internacional y el coste creciente de la deuda financiada por los mercados.

A la vista de la carcoma que representa el gasto público excesivo, la pregunta que se impone es la de si se podría hacer algo más para evitarlo. Para contestar a esta pregunta hay que partir de la premisa intocable de que en las democracias modernas, tanto la fijación de los impuestos como la de los gastos públicos es una atribución irrenunciable de los parlamentos. Las prioridades de gasto y cómo se distribuye la carga de este entre los ciudadanos para sufragar las necesidades públicas es un atributo parlamentario y nadie duda de que debe seguir siéndolo.

Por tanto, la respuesta a la pregunta de si se puede hacer algo más para frenar y controlar mejor el gasto público debemos encontrarla en la creación de algún nuevo contrapeso institucional que pueda, como es normal en las democracias, actuar como órgano de control y supervisión del gasto público y servir, por lo tanto, de limitación institucional a la capacidad, en la práctica ilimitada, que tienen los gobiernos de gastar más allá de lo que delimitan los presupuestos públicos aprobados.

Los actuales tribunales de cuentas, podría argumentarse, ya son organismos pensados para disciplinar el gasto público. Pero tienen dos serios inconvenientes para lograrlo. El primero es su politización, es decir, su formación a partir de las personas nombradas por los partidos políticos. El segundo escollo para la plena eficacia de este organismo para el control del gasto público es que su misión consiste fundamentalmente en la comprobación y verificación del gasto, pero muy indirectamente en la de su control.

Creo que es necesario crear un nuevo órgano jurisdiccional para atajar el problema del excesivo y descontrolado gasto público. Concretamente, debería ser un órgano totalmente independiente y formado por personas de reconocido prestigio. El cometido de este órgano debería ser el control institucional y la supervisión del gasto público. Ello significa, entre otros muchos cometidos posibles, que cada vez que el Gobierno planteara una desviación respecto del gasto presupuestado, el órgano en cuestión debería informar sobre su conveniencia o, por el contrario, establecer su criterio contrario. Cualquier reprogramación o ampliación de gasto debería contar con la opinión razonada y favorable de este nuevo órgano.

Su fuerza no sólo derivaría del respeto que fuera capaz de generar, sino también de una legislación sobre el gasto y los déficits públicos más estricta. En definitiva, una ley de estabilidad presupuestaria como la que proponen los alemanes como parte del pacto de competitividad para salvaguardar el euro. Esta ley, que ya existió durante el gobierno de Aznar, debería volver a cobrar vida y es posible que, de alguna forma u otra, acabe siendo uno de los elementos del pacto por el Euro.

El ejemplo de los Bancos

En este contexto, es relevante traer a colación la autonomía de los bancos centrales como ejemplo de limitación del poder desmesurado de los gobiernos en el campo económico. Históricamente, hubiera sido impensable que estos dejaran a un órgano independiente la gestión de la política monetaria y, lo que es más importante, la creación del dinero. Y, sin embargo, la emancipación de los bancos centrales ha sido muy positiva y ha contribuido a frenar muy eficazmente, por lo menos hasta ahora, las expectativas inflacionarias tradicionalmente ancladas en nuestras sociedades.

Al igual que los hechos llevaron a que se considerara conveniente que la gestión de la moneda fuera a parar a un organismo independiente, creo que el abuso del gasto público, que está haciendo tanto o más daño que la inflación, pide a gritos que se cree, especialmente en los estados donde la indisciplina fiscal es endémica o está haciendo más estragos, un órgano independiente de control y supervisión del gasto público. Este órgano ejercería sus funciones de forma análoga a como lo hacen los bancos centrales en el campo de la política monetaria.

Obviamente, la soberanía popular reside en los parlamentos y estos podrán hacer siempre lo que quieran. Pero, por lo menos, sería muy importante que alguien con autoridad les dijera que se están extralimitando antes de que las facturas impagadas llegaran a los contribuyentes.

Joaquim Muns. Catedrático de OEI en la UB. Premio de Economía Rey Juan Carlos I. Fue director ejecutivo del FMI y del Banco Mundial.