Dos cosas buenas en medio de la decepción, de John Müller en El Mundo
AJUSTE DE CUENTAS
Había mucha gente decepcionada ayer con la famosa Ley de Economía Sostenible. Josep Sánchez Llibre, portavoz de CiU en el Congreso, dijo que era «un acto de desprecio» y una «burla» al Parlamento. La calificó de acto de «propaganda política sin precedentes». Y lleva bastante razón. Aunque diversos medios de comunicación informaron de que el Consejo de Ministros había aprobado el anteproyecto de ley, lo cierto es que no fue así: el Gobierno sólo analizó el anteproyecto (así lo afirma el comunicado de La Moncloa). De hecho, el Ejecutivo no ha remitido nada al Congreso.
La razón de que no haya aprobado un anteproyecto es que ayer la vicepresidenta económica, Elena Salgado, tenía que presentar sus ideas sostenibles a la patronal y a los sindicatos. La próxima semana lo hará en el Congreso y el 14 de diciembre, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, enseñará la ley a los presidentes autonómicos. Después, el Consejo de Ministros aprobará el anteproyecto.
O sea, todo puede cambiar. Por lo que se ve, ésta va a ser la ley más cacareada de la historia y, ayer, muchos la tildaban de inútil o de «cajón de sastre».
En cuanto a su desorden legal y normativo, ya que compendia medidas tributarias, administrativas, fiscales, comerciales, educativas, medioambientales, etc., me recordó aquellas enormes leyes de acompañamiento que introdujo José María Aznar en los Presupuestos Generales del Estado durante sus dos legislaturas. Esos textos había que mirarlos con detenimiento porque muchas veces en el artículo 130 se modificaba la disposición de todas las antenas de televisión de un pueblo o se convocaba un concurso público. Zapatero se propuso acabar con aquellas normas -y lo hizo-, pero ahora se ha inventado la Ley de Economía Sostenible, un mamotreto parecido.
Por no repetirme con lo que ya anticipé ayer sobre el «aire frito» de esta norma, destacaré dos cosas que me han llamado la atención y que me parecen acertadas.
Una es la creación del grupo especial que evaluará el gasto, la estructura de los ministerios y organismos públicos y mejorará su eficiencia. Si esto se hace en serio y si además se consigue que la clandestina Agencia de Evaluación y Calidad de las políticas públicas (que depende de Presidencia) salga del anonimato en el que se encuentra desde su creación en 2006, tanto mejor. Su presidenta, María Luisa Carcedo, es uno de los personajes más desconocidos de la Administración y no sé si será porque prefiere trabajar al estilo de los asuntos internos de la Policía o qué. También me parece un acierto reducir el costo y la duración de los trámites para crear empresas. Si el Estado consigue que las autonomías se plieguen a esta iniciativa con sus respectivas burocracias, que son las que realmente tardan, será excelente.
En cambio me parece un error clamoroso -por citar sólo uno conocido ayer- que los beneficios fiscales para obras relacionadas con la eficiencia energética en las viviendas se limite a las rentas inferiores a 24.107,2 euros y sólo si se realizan antes del fin de 2012. Para una ley que sitúa sus ambiciosos efectos en 2020, me parece roñoso y poco eficaz.
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