Las situaciones en las que se enmarcan son distintas, pero sus desempeños no lo son tanto. España se enfrenta a una crisis económica que pone su Estado de bienestar en riesgo de retroceso letal, producto de los draconianos ajustes del PP. Por su lado, Chile experimenta un crecimiento económico que no solo no resuelve sus dilemas de productividad, sino que, por sí solo, no responde las preguntas levantadas por las movilizaciones sociales. Estas remiten a la crisis de representatividad de un sistema político colocado usualmente como ejemplo de gobernabilidad, así como a un extendido repudio ciudadano frente al abuso del poder económico.

Chile se encuentra entre los 20 países más desiguales del planeta. Mientras fueron Gobierno, estando el socialismo chileno en coalición con la Democracia Cristiana por 20 años —lo que explica, en parte, su retraso en asuntos de libertades individuales—, se incurrió en cierta complacencia con el empresariado y no se fue diligente en la promoción de las inLa esperanza para la socialdemocracia estaría en América Latina, que atraviesa su mejor hora versiones necesarias para diversificar sus economías y poner a tono su mano de obra.

Su ejercicio en la oposición es una mezcla de reactividad con negación. Por los motivos que sean, no se han generado espacios para debatir sus respectivas derrotas. Confían en un pronto regreso al poder, ya sea por haberle puesto un dique al PP en las elecciones andaluzas, o bien por aferrarse a liderazgos con supuestas capacidades taumatúrgicas, como sería en Chile el de la expresidenta Bachelet. Aunque el relevo generacional no sea la panacea, es una asignatura pendiente para el progresismo chileno. Enfrascados en discusiones sobre cupos electorales y política de alianzas, apuestan a un retorno más asentado en los posibles errores del adversario que en la reelaboración de un proyecto histórico que conecte sus principios con las transformaciones en curso.

El triunfo de François Hollande, en Francia, podría tener un efecto ambiguo. Si bien permitirá el repunte de una izquierda hambrienta por mejorar su autoestima, podría acentuar el escamoteo de temas sustantivos como los dilemas del crecimiento y la distribución.

Frente a la tentación de tomar atajos, destaca el esfuerzo por encarar los dilemas de la socialdemocracia realizado por Carlos Ominami, exministro, exsenador y otrora jefe de campaña del expresidente chileno Ricardo Lagos. En su libro recién publicado, Secretos de la Concertación. Recuerdos para el futuro, desarrolla una reflexión política e intelectual que interroga tanto al pacto de la transición de fines de los ochenta, como a lo que vino después, en un ejercicio de introspección política. Confrontando en primera persona los miedos de toda una generación que vivió el golpe de Estado de 1973, aspira a contribuir al necesario enjuiciamiento crítico de una coalición de centroizquierda que, si bien contribuyó a reducir la pobreza y abrió Chile al mundo, no se aplicó de la misma manera en el combate de la desigualdad y la concentración económica. Tampoco removió la Constitución heredada del régimen militar que, aunque reformada, conserva su esencia neoliberal. Aboga por la necesidad de recuperar para la política progresista el sentido estratégico perdido, proponiendo alineamientos que respondan a los dilemas de seguridad, igualdad y cohesión. Dedica especial atención a la renovación del socialismo chileno que califica como frustrado ya que, a pesar de haber revalorizado la democracia, falló en dos elementos fundamentales, que hacen que catalogue la historia política del Chile reciente como de renuncia: falta de contrapesos al mercado e inexistencia de una fuerza política cohesionada.

Y aunque no menciona la influencia española, no deja de resultar una ironía el hecho de que el socialismo chileno, influenciado por un PSOE que cumplió un rol en su proceso de renovación, llamando a la moderación, haya devenido en una fuerza con talante conservador.

La confesión de Ominami, actor privilegiado de la transición chilena, sugiere, al menos, dos cosas. La primera, que la recomposición del socialismo, para ser efectiva, debe superar los estrechos contornos locales. Si hay esperanza para la socialdemocracia, pudiera encontrarse en una América Latina que atraviesa su mejor hora. La segunda, que es necesario hacer gestos de arrepentimiento, algo aparentemente alejado de los entresijos de la política, pero que, ya vemos, hasta los monarcas reconocen su importancia.

María de los Ángeles Fernández Ramil. Es directora ejecutiva de la Fundación Chile 21.

Se ha cambiado el tratamiento del delito sin modificar el Código Penal con una Ley Orgánica

Desde la aprobación de la amnistía fiscal aplicable a la afloración de capitales ocultos han sido varios los comentarios publicados, especialmente en diarios económicos, en torno a las dudas que, desde el punto de vista técnico, platea la citada amnistía o regularización especial, como queramos llamarla. Lo que ha llamado mi atención es que entre esas dudas no se haga mención de lo que, a mi juicio, es el elemento más vidrioso de la norma: el que esta exoneración de responsabilidad penal se establezca mediante Decreto ley.

Ya sé que para los portavoces del Gobierno (nunca su presidente) no estamos ante una amnistía, sino ante una simple regularización de la situación tributaria. De manera que el perdón de la pena no se derivaría del Decreto ley, sino de la aplicación del Código Penal (CP) que contempla la exención de responsabilidad en delito fiscal para “quien regularice su situación tributaria”, antes de ser descubierto por la Inspección de Hacienda o por la Justicia. Es lo que se insinúa en la propia Exposición de Motivos del Decreto ley, que, al presentar la regularización dice: “siguiendo en esta línea la norma penal que admite la exoneración de responsabilidad penal por estas regularizaciones voluntarias…”.

Pues bien, admitamos el uso del término regularización, no vale la pena discutir sobre palabras. Pero se trata de una regularización muy diferente de la requerida para la aplicación de la excusa absolutoria del artículo 305.4 CP. Hasta ahora, quien hubiera cometido un delito fiscal pero aún no hubiera sido descubierto podía librarse de la pena (prisión de hasta 4 años y multa del séxtuplo de lo defraudado) presentando una declaración complementaria mediante la cual reconociera la deuda defraudada y la pagara con los recargos e intereses que contempla la norma tributaria, muy inferiores al de las sanciones administrativas, que también se perdonan. Ese era el tratamiento aplicable hasta el Decreto ley y el que sigue siendo aplicable a los que hayan cometido fraude en impuestos distintos del IRPF, Impuesto de Sociedades o Impuesto sobre la Renta de No Residentes. Por ejemplo, en IVA o en Impuesto de Sucesiones. Sin embargo, cuando el dinero negro aflorado proceda del fraude en los impuestos citados en primer lugar, al defraudador se le ofrece la oportunidad, hasta el 30 de noviembre, de “ponerse al día” con Hacienda pagando el 10% del capital que hasta ahora se ha mantenido oculto.

Ejemplo numérico al canto: supongamos un contribuyente que en su declaración del IRPF 2009 hubiera ocultado rentas por importe de 1 millón de euros. Con el Código Penal en la mano, hasta la entrada en vigor del Decreto ley esta persona podría quedar exenta de pena confesando su fraude pero pagando una cantidad en torno a 500.000 euros. Si fuera una persona jurídica, el coste de la complementaria en Impuesto de Sociedades estaría en torno a 360.000 euros. Pues bien, lo que el Decreto-ley ofrece a estos sujetos es el perdón a cambio del ingreso de 100.000 euros.

No cabe duda de que lo que aporta el Decreto ley no es un simple retoque fiscal, sino una modificación sustancial en el tratamiento del delito. Pero esto no puede hacerse sin modificar el Código Penal. Quiero decir, modificación expresa y siguiendo la tramitación que impone la Constitución: mediante Ley Orgánica.

Un lector versado en Derecho podría objetar que el delito fiscal es una “norma penal en blanco” y que el artículo 305.4 del Código habla de regularizar la situación tributaria, de manera que la norma sería aplicable con independencia del contenido de la regularización, que sería cuestión de la ley fiscal. Con todo respeto, considero que el argumento tiene muy corto recorrido. Pues el sentido de la excusa absolutoria del Código Penal, es el de favorecer la reparación espontánea del daño causado, procediendo al ingreso de lo defraudado antes de ser descubierto. Así lo ha dejado muy claro el Tribunal Supremo en diferentes Sentencias, en las que ha declarado que el fundamento de la excusa absolutoria es la reparación espontánea: “autodenuncia y reparación” es la fórmula que emplea el Supremo. Y ciertamente no cabe hablar de reparación del daño en quien ingresa una cantidad varias veces inferior al importe de lo defraudado (y después de ser invitado a ello por el Gobierno). Aún habría que decir que el Tribunal Constitucional ha sido extraordinariamente exigente en lo que se refiere a la reserva de ley orgánica para la regulación de la materia penal.

¿Qué diría el juez ante quien se plantee la cuestión? ¡Sorpresa!: ese extremo ya está previsto en el Decreto ley, que ha añadido una norma que, desde el punto de vista jurídico y dejando al margen consideraciones morales, es aún más escandalosa, que la de amnistía propiamente dicha. Pues lo que dice el Decreto ley es que la encargada de estimar la exoneración de responsabilidad penal, es la propia Administración, “sin pasar el tanto de culpa a la Autoridad judicial ni al Ministerio Fiscal”. Se trata de una norma de alcance general, de reforma de la Ley General Tributaria, pero que no se puede separar de la del perdón para el dinero negro. Así lo indica la citada Exposición de Motivos del Decreto ley, que, al hablar de cómo se articula la norma de exención penal, dice: “A tal efecto se introduce la correspondiente modificación en la Ley General Tributaria”.

Atención, pues estamos entrando en aguas peligrosas. Hay que tener en cuenta que la excusa absolutoria se basa en un comportamiento postconsumatorio, es decir, que presupone un delito fiscal ya consumado. Lo que se ordena va más allá de la confidencialidad de que han hablado los portavoces del Gobierno (nunca su presidente): el término que cabría aplicar aquí es el de omertà, pues de lo que se trata es de imponer en el ámbito de la Agencia Tributaria que se ignore el deber de denunciar el delito o, al menos, de plantear las dudas para que las resuelva quien tiene poder para ello: el juez penal. Y esta opacidad para la Justicia se va a intentar imponer nada menos que a los encargados de la lucha contra el fraude, a servidores públicos con una bien ganada reputación de excelencia profesional, según pueden acreditar quienes, como el autor de estas líneas, tienen ocasión de tratar con ellos en diferentes ámbitos, incluido el del desempeño diario.

Concluyo con un consejo al Gobierno: si no quieren ustedes tener problemas con su amnistía (incluido el cumplimiento de las previsiones de recaudación), presenten cuanto antes un proyecto de ley orgánica de reforma del Código Penal. Y supriman la impresentable pretensión de mantener al margen a la Fiscalía y a la autoridad judicial. Es cierto que no vamos sobrados de tiempo (¿de quién sería la feliz idea de dejarlo todo para después de las andaluzas?) y que, pasado un mes, aún no se ha aprobado la “letra pequeña” de la “declaración especial” (lo que evidencia que hay más dudas, resistencias, o lo que sea, de las que inicialmente se previeron). Pero tienen ustedes la ventaja de su mayoría absoluta, que les asegura pasar el trance con celeridad, como se ha visto con la Ley de Estabilidad o con la reforma laboral.

El que avisa no es traidor.

Fernando Pérez Royo es catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Sevilla

Algunas de las mayores barbaries cometidas en el siglo XX se han contado como si fueran el resultado de una patología capaz de inspirar acciones criminales más que como el resultado de decisiones políticas concretas

Las ciudades rumanas de Ploiesti y Bucarest fueron bombardeadas durante la II Guerra Mundial por soviéticos, ingleses, estadounidenses y, después, por alemanes. “No una semana, tampoco un mes ni un año, sino años enteros”, escribe en sus memorias Raúl S-W Berg, el personaje que protagoniza la Enciclopedia B-S (Periférica), donde el historiador argentino José Emilio Burucúa reconstruye los avatares del siglo XX siguiendo los pasos de una familia judía centroeuropea. La Rumanía de Antonescu se situó desde el principio al lado del Eje. El 23 de agosto de 1944, sin embargo, el rey Miguel dio un golpe de Estado y su país empezó a combatir en el bando de los aliados. En el cielo cambiaron las banderas de los aviones, pero las bombas siguieron cayendo con puntualidad matemática y con más o menos puntería.

En uno de esos ataques los alemanes fueron particularmente certeros. Tras una acometida inicial se impuso la calma, así que Raúl abandonó el refugio y regresó a casa para recoger a Muqui, su perrita. Aprovechó entonces para afeitarse y en esas andaba cuando los aviones retomaron su rutina destructiva. Arrojaron nueve bombas en su calle, desde el número 1 al 17, y una de ellas cayó exactamente sobre el 11, su casa. Raúl y Muqui sobrevivieron sorprendentemente, pero la perrita quedó paralítica. Cuando regresó al refugio para dar noticias de que aún vivía, su mujer le puso un espejo delante: “Me miré; tenía todo el pelo blanco”.

“La brutalidad del comunismo rumano ocultó en gran medida la del nazismo anterior”, escribe José María Ridao en Radicales libres (Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores). Se ha detenido ahí, en Bucarest, porque está contando lo que pasó con algunos de los grandes intelectuales de aquel país durante ese periodo. Mircea Elíade y Emile Cioran formaron parte de la Legión de Hierro, la sanguinaria organización que permitió a Antonescu imponer en su país medidas parecidas a las que aplicó Hitler en Alemania. Eugène Ionesco y Mihail Sebastian, en cambio, prefirieron distanciarse de sus excesos.

A Raúl se le quedó el pelo blanco de puro espanto. Y ese espanto es una de las marcas del siglo XX, que ocupa seguramente el lugar central de ese libro de Ridao en el que ha reunido una colección de piezas —notas de lectura, apuntes de viajes, reflexiones sobre episodios puntuales de la actualidad, referencias a películas o a encuentros personales— que no parecen tener entre sí conexión alguna pero que terminan, acopladas una detrás de otra de manera cronológica, por proponer una escalofriante panorámica de cuanto les ocurre a hombres y mujeres cuando son atrapados en el torbellino de la historia. Algunos son seducidos por los reclamos de los poderosos, otros padecen sus delirios. Lo que José María Ridao procura es iluminar la “otra cara”, aquella de la que queda apenas rastro, la que atraviesan esos “seres solitarios avanzando en dirección contraria a la multitud, radicales libres”.

El recorrido empieza en el Egipto faraónico, se detiene en el teatro romano de Bosra, pasa por las confesiones de San Agustín o el martirio de Santa Juliana, asiste al tratado de Tordesillas de 1494 o a las Capitulaciones de 1491, observa las infames maniobras de los Médici en la Florencia de Lorenzo el Magnífico, da cuenta de los viajes de Gulliver que contó Jonathan Swift. De Balzac recoge su desafío, con el que pretendió emular a Napoleón: “Lo que él comenzó con la espada, yo lo alcanzaré con la pluma”. Luego entra en Tocqueville y en Richard Burton para constatar como la aventura colonial en África comparte buena parte de sus presupuestos ideológicos con los totalitarismos del siglo XX, y se detiene en La avenida Sydenham, el cuadro que Claude Pisarro pintó durante su forzada estancia en Londres cuando huía de la guerra francoprusiana de 1870. Dostoievski, Turguénev, Ibsen, la invención del cine por los Lumière, la fascinación por la ciencia de Julio Verne, las aventuras de Tarzán, el compendio de sabiduría que arman Bouvard y Pécuchet de la mano de Flaubert.

Ridao entra en el siglo XX de la mano de Kafka y su muralla china. De Italo Svevo recoge un diagnóstico sobre el clima que se vive cuando la Gran Guerra —18 millones de muertos— está a punto de estallar: “Un presente en que el miedo se ha adueñado de la vida cotidiana”. Cuando analiza la obra de Sebastian Haffner sobre la revolución alemana de 1918-1919 apunta que el nazismo se ha estudiado más como una patología capaz de inspirar acciones criminales que como el resultado de decisiones políticas concretas. El testimonio de un viaje de André Gide en el verano de 1936 le sirve para mostrar la deriva totalitaria de la revolución soviética: “Lo que se quiere y lo que se exige es la aprobación de cuanto hace la URSS”, escribió el escritor francés, “lo que se busca, que esta aprobación no obedezca a la resignación, sino a la sinceridad, incluso al entusiasmo. Lo más sorprendente es que se consigue”.

Es imposible sintetizar Radicales libres pues cada pieza tiene vida propia y agarra a su manera los sucesos y las experiencias de momentos muy concretos. Baste señalar, acaso, dos corrientes que fluyen por sus páginas. Una de ellas abunda en una inquietante paradoja: que las democracias debieran parte de su victoria sobre el totalitarismo en la Segunda Guerra Mundial a un régimen totalitario. La otra, que Ridao aborda cuando muestra que no todos los actos de la Resistencia fueron irreprochables o cuando se refiere a la matanza de 22.000 oficiales polacos por parte del Ejército soviético en los bosques de Katyn, le permite subrayar que “lo que importa es recordar que la victoria no puede ser una justificación retrospectiva de todas las acciones que la propiciaron, como la destrucción planificada de Alemania…”.

Avanzar en dirección contraria a la multitud, dice Ridao de su tarea, y por eso se ocupa de desmontar los mitos que consagran un mundo en blanco y negro y que esquivan la complejidad con buenas intenciones. Las piezas de su libro son una invitación a mirar con coraje la infamia a la que tantas veces conducen las grandes causas, pero también a celebrar la valentía de cuantos se negaron a aceptar la versión establecida y pelearon por acercarse a la verdad. Tras la II Guerra Mundial, Ridao avanza a lo largo del siglo, y se sumerge en el laberíntico conflicto de Oriente Próximo, recoge el final del Che Guevara en la selva boliviana, habla del terrorismo de la Baader Meinhof o analiza la guerra de Irak, entre otros asuntos.

La informe maraña de la pasada centuria que Burucúa ha atravesado siguiendo la vida de una familia judía y que Ridao, en una parte de Radicales libres, ha rastreado a través de sus lecturas, la aborda Tony Judt en una larga conversación con Timothy Snyder en Pensar el siglo XX (Taurus). En este caso, el historiador se niega a aceptar la versión oficial que de cuanto pasó fue solo “un lamentable historial de dictaduras, violencia, abuso autoritario del poder y supresión de los derechos individuales”. También hubo mejoras de la condición humana en general, dice. Así que se embarca, como Burucúa y Ridao, en la colosal empresa de volver a los hechos, a las vidas corrientes, a esas políticas concretas que se aplicaron en momentos concretos. “Lo primero es enseñar a la gente lo que son los árboles”, le dice Judt a Snyder. “La gente no debería aventurarse en los bosques, ni siquiera en bosques con las sendas marcadas, si no saben lo que es un árbol”.

Es necesario observar, por ejemplo, como hace Ridao, las distintas respuestas que dieron el general Paul Tibbets y el piloto Claude Eatherley a un experiencia que compartieron: arrojar sobre Hiroshima la primera bomba nuclear de la historia. Tibbets estaba convencido de que la bomba había ahorrado muchas vidas humanas y proclamo que “en las mismas circunstancias, volvería a hacerlo”. Eatherly, en cambio, no pudo ya conciliar el sueño y en un momento de extremo pesar, “valiéndose de un listín telefónico, redactó centenares de cartas que dirigió a otros tantos habitantes de Hiroshima escogidos al azar, y en las que simple y angustiosamente solicitaba su perdón”.

José Andrés Rojo (La Paz, Bolivia, 1958) entró en El PAÍS en 1992 en Babelia. Entre 1997 y 2001 fue coordinador de sus páginas de libros y entre 2001 y 2006 ha sido jefe de la sección de Cultura del diario. Licenciado en Sociología, su último libro publicado es Vicente Rojo. Retrato de un general republicano (Tusquets, 2006)

Y, sin embargo, nadie diría que la sociedad norteamericana está en riesgo de fragmentación social, no ya por el hecho de la radical división de opiniones en todos los grandes debates, sino tampoco por tener problemas de integración de algunas minorías o, visto desde una perspectiva europea, por la debilidad de sus “pilares del Estado de bienestar”. En primer lugar, con respecto a la diversidad de opiniones, en EE.UU. y en cualquier país democráticamente adelantado, el debate y la confrontación no pueden verse como causa de división, sino todo lo contrario. La opinión pública, sí, se ha convertido en uno de los artífices más potentes de cohesión social y de construcción nacional. Pero la fuerza de una opinión pública no está en la posibilidad de fabricar unanimidades, sino en la capacidad para proponer el tema sobre el cual se debe discrepar. Como en la Liga de fútbol, es el enfrentamiento entre equipos lo que los hace dependientes unos de los otros. En este sentido, la irritación que muestra el PP en Catalunya hacia nuestros medios de comunicación públicos no se debe como sostiene a que tengan un sesgo político independentista –una acusación verdaderamente estúpida y empíricamente refutable– sino al hecho que sí crean una opinión pública específicamente catalana. Con respecto los referentes políticos y culturales, como han demostrado muchos estudios, los medios públicos catalanes siguen siendo muy españoles. La realidad social y política actual se impone, y no es fácil informar al margen de los hechos. Pero es cierto: son portadores de una españolidad no nacionalmente española –no nacionalista–, radicalmente distinta de la del resto del Estado y, por tanto, de una opinión pública catalana, heterogénea, pero común.

En segundo lugar, las desigualdades sociales sí pueden erosionar la cohesión social de un país. Pero la solución tampoco está, necesariamente, en pertenecer a un gran Estado de base benefactora. Este, al ser visto como garante de todo, puede quedar fácilmente en entredicho cuando no da respuestas a sus compromisos ni a las expectativas que ha generado, como pasa ahora en Grecia, por poner el caso más dramático. En cambio, un sistema meritocrático, que ponga el acento y la responsabilidad de la cohesión social en el individuo, si funciona con transparencia y juego limpio, puede generar desigualdades pero no división. Paradójicamente, menos Estado también puede ser una vía de cohesión. El debate es demasiado complejo como para liquidarlo en cuatro líneas, pero es interesante ver que un modelo de Estado tan individualista como el norteamericano da lugar a una sociedad tan solidaria, mientras que un modelo benefactor como el nuestro da lugar a tanta insolidaridad y corrupción moral como la de aquí.

Sostengo que la cohesión de un país no está en riesgo ni por la división de opiniones ni por cuestionar la protección de un Estado que, por otra parte, a estas alturas ya no puede garantizar gran cosa. Por lo tanto, enredarse ahora con la bandera de la cohesión para defender la opción de la dependencia –o la unión– con España, es un recurso demagógico al servicio del miedo. Y el miedo es el cáncer de la democracia. En el reciente documento de estrategia política del congreso del PP en Catalunya –“el partido de los catalanes que también se sienten españoles”, como reza el título de la ponencia política– el espantajo de la división se agita de manera obsesiva. Sólo para que se hagan una idea, además de los términos independencia, independentista o independentismo que aparecen cuatro veces, las palabras separación, separatismo y separatista salen hasta 21 veces en sólo 17 páginas. Aparte de constatar que el PP en Catalunya ya no sabe definirse si no es en oposición a una sensibilidad que, sin querer, él mismo contribuye a amplificar, su gran recurso es utilizar la expresión separación porque es lo que cree que puede generar más alarma ante la creciente aspiración a la soberanía política. Si no fuera tan grave, la cuestión sería para reír, siendo que, si no voy muy equivocado, España también es independiente y no sé si eso la hace separatista del resto del mundo o la encierra en un radicalismo identitario, y bla, bla, bla… Está bien debatir sobre las dificultades por mantener la cohesión social en un sistema democrático, y sobre todo en la perspectiva de un mundo de economía globalizada que debilita las políticas nacionales aisladas. Pero eso no tiene nada que ver con el derecho a la independencia de los pueblos. Si ante el movimiento a favor de un proceso de libre decisión democrática por la independencia de Catalunya alguien quiere oponerse a él, sea el PP o el PSC, que tenga la decencia política de dar buenos argumentos en contra, y de convencer. Que no se desprecie ni ridiculice, como nos llega desde Madrid. Pero aún menos que, desde aquí, se juegue a meter miedo y a amenazar con una división política grave para impedir la formación o la expresión de una voluntad mayoritaria. Al miedo también lo carga el diablo y, al final, algunos tendrán que cargar con la responsabilidad de hacia donde haya ido a parar el tiro.

salvador.cardus@uab.cat

Consideramos, pues, que la política democrática es una llave. Con esta llave nuestros representantes deben abrir las puertas que haga falta a cada momento. La llave no siempre encaja bien en la cerradura, a veces rasca, a veces se puede torcer, en casos extremos puede romperse. Los políticos competentes utilizan la llave con mano firme y delicada a la vez, saben escuchar el clic de la cerradura e improvisar el movimiento preciso que ayuda a abrir la puerta. La misma llave puede ser fabulosa en unas manos o completamente inservible en otras. Desde 1945, en Europa, la llave de la política democrática ha funcionado bastante bien y ha abierto puertas de dignidad, libertad y justicia a millones de personas. Nosotros llegamos muy tarde, pero ya llevamos bastante tiempo para poder afirmar que el balance es positivo.

¿Qué nos está pasando en estos momentos? La llave de la política democrática se ha oxidado muy rápidamente. Es cierto que nos iría bien tener un buen puñado de líderes como los que impulsaron lo que hoy es la Unión Europea, pero el problema principal es la herramienta. ¿Qué es lo que ha oxidado la llave? Han sido tres agentes los que, combinados de manera especial, la han estropeado: la crisis económica, la corrupción y la pérdida del control del tiempo de las decisiones políticas a causa de la aceleración de la información.

La crisis económica ha mostrado que los políticos intentaban gobernar un mundo global con instituciones locales; la corrupción ha iluminado la desfiguración del interés general en manos de castas neofeudales –el término lo tomo prestado del amigo Puigverd– que sólo velan por su interés particular; y, finalmente, el desconcierto comunicativo de los gobiernos pone encima de la mesa la falta de tiempo para reflexionar a fondo sobre lo que afectará a la gente. Hay que retener que la crisis económica es –cada día que pasa se confirma de manera más evidente– una crisis de la verdad. No sabemos qué proporción de toxicidad real contiene nuestro sistema financiero y eso provoca una desconfianza imposible de contrarrestar. La política no sólo ha permitido que se llegara hasta este punto sino que, en determinados casos, ha impulsado la opacidad y la confusión. La llave, cubierta de óxido, se ha convertido en un objeto desagradable y que remite a la arqueología. ¿Hay que concluir, pues, que la política democrática es una herramienta del pasado?

Los populistas, que tanto proliferan por toda Europa, así lo piensan. Ellos son partidarios de tirar la llave oxidada inmediatamente. El populismo de cariz ultraderechista sueña con un mundo en el cual los gobernantes abran las puertas a patadas mientras el populismo de extrema izquierda propone desmontar todas las puertas de un día para otro. En los dos casos, la política deja de tener sentido porque es una pérdida de tiempo. La llave, entonces, es vista como una reliquia, una cosa que los ciudadanos –pobres crédulos– dejaban en manos de unos cargos electos que casi nunca asumían sus responsabilidades. Lo que ha pasado con Bankia y sus máximos responsables alimenta de manera extraordinaria esta idea, sobre todo la que asocia el político profesional con una combinación destructiva de incompetencia y saqueo tribal. Y no hace falta ser neofascista ni neocomunista para darse cuenta de la diferencia elemental entre vivir para la política y vivir de la política.

Hay otra gente que piensa que, a pesar de todas las enormes dificultades y la desmoralización, hay que intentar sacar el óxido de la política democrática antes de que sea demasiado tarde. Yo soy de estos. Existen tratamientos para salvar objetos oxidados, sólo hace falta voluntad y dedicación, y el convencimiento de que vale la pena seguir utilizando esta llave para tratar de construir una existencia mejor. Si conseguimos eliminar el óxido de esta llave, habrá que aprovechar para reforzarla.

Más allá de las divisiones entre derechas e izquierdas en términos clásicos, parece que se dibuja una nueva fragmentación a raíz de la crisis económica en Europa: es entre partidarios de restaurar la llave de la política y partidarios de tirarla. Esto no es una simple reedición de la raya que antaño separaba a reformistas de revolucionarios o a pactistas de intransigentes. Es una pugna fatigante y muy polarizada que contiene restos de otros combates (entre demócratas y totalitarios, por ejemplo) y elementos inéditos, los propios de una época convulsa y creativa que justo ahora empezamos. Será el periodo en el cual los gobernantes deberán demostrar humildad, aferrarse a la verdad siempre, y practicar una ejemplaridad sin fisuras.

www.francescmarcalvaro.cat

Viene Montoro y nos pide realismo. ¿Es un sarcasmo, una ironía, un avión? No, es una desfachatez

Don Cristóbal Montoro es el más castizo de los ministros del reino. Con ese aire chulesco tan propio de los que llevan el cargo colgado del ego, encantados de haberse conocido, este mensajero de las malas noticias nos visita, nos aprieta y nos avisa, no fuera caso que esta “tierra de emprendedores” no fabricara suficiente dinero para embolsarlo en las arcas del Estado. Y mientras Montoro exige a Catalunya “objetivos realistas” y pide que “no fantaseemos”, la sobredosis de realismo nos cae sobre la cabeza en forma de nuevo recorte de la Generalitat. 1.500 millones de tijerazo es la misión imposible que se ha planteado el Govern, absolutamente asfixiado como nunca lo había estado en la historia. No sé qué quiere decir Montoro con realismo porque, hoy por hoy, los catalanes sufrimos una sobredosis de ídem, tanto que nuestro gobierno no tiene margen para invertir, ni para dibujar políticas, ni para plantear prioridades, ni para nada.

La situación que sufrimos es de tal hiperrealismo, que hemos reinventado el término pictórico. No tenemos recursos económicos, nos invaden competencias, no nos pagan las deudas reconocidas, se ríen de nuestras peticiones y encima nos dejan claro que si no nos portamos aún mejor, aterrizarán en Sant Jaume y acabarán de cortarnos las alas.

Es fantástico. Y encima viene Montoro y nos pide realismo. ¿Es un sarcasmo?, ¿es una ironía?, ¿es un avión? No, es la enorme desfachatez con la que el Estado se ríe de nosotros en nuestras propias barbas, plenamente convencido de que puede hacer lo que le da la gana. Es decir, se comporta como lo que es: nuestro amo.

Un amo, por cierto, que a la vez que nos exige el todo, dilapida las partes en unos AVE que no vuelan alto, en unas Bankia que son meriendas de gaviotas, en una Administración central que dobla competencias cedidas y, en resumen, en un despilfarro considerable que queda muy lejos de la tan cacareada austeridad. ¿Cómo pueden venir a Catalunya, cuyo expolio fiscal es único en el mundo (los ricos länder alemanes ceden la mitad de lo que nosotros cedemos al Estado y lo han llevado al Constitucional), y encima darnos lecciones? Sinceramente, creo que nos han perdido completamente el respeto.

La cuestión es hasta cuándo lo permitiremos. Porque la imagen de Artur Mas como un Sísifo condenado por los dioses a subir la montaña del déficit con la carga brutal de las cuentas catalanas, sabiendo que volverá a caer una y otra vez, es una imagen desoladora. ¿A eso hemos quedado reducidos, a hacer esfuerzos ingentes para subir piedras inútiles hacia la cima de montañas que no son nuestras? Y encima escuchando cómo se ríen los dioses. No sé, pero esto no puede aguantar mucho. Y no sólo porque el país empieza a estar exhausto, y no se pueden pedir más esfuerzos. Tampoco puede aguantar porque hay un límite entre perder los recursos y perder definitivamente la dignidad.

Como en el Desastre del 98, ha tenido que ser el exterior quien nos ha hecho conocer los errores de la élite político-financiera

Fue durante el vuelo de regreso de Washington a Madrid tras asistir a la última reunión anual del FMI. El presidente de una importante corporación financiera española, de los pocos dotados de una sólida formación intelectual y sentido histórico, confesaba desolado a su segundo de abordo: «En los años 50 solicitábamos desde la dignidad de nuestra pobreza ayudas internacionales y nos las concedían sin humillaciones ni dilaciones. Más tarde, ya en los 70, volvimos a pedir fondos para la Transición sin perder nuestro pundonor. También nos las otorgaron con simpatía hacia nuestro cambio de Régimen. Ahora, tres décadas después, al recabar ayudas al FMI, esta vez para nuestro marasmo, nos miran como se hace con el amigo alcohólico arruinado que te está pidiendo más dinero para seguir yéndose de copas». Y tras este desahogo ciertamente revelador, añadió: «Y lo peor no es eso. Es que nosotros no somos ya capaces de mirarles a los ojos. No lo somos. Eso es parte sustancial de nuestro drama, si no el drama mismo». Tras lo cual se sumieron los interlocutores en un silencio melancólico como aquel que recorre el soneto XVII de Quevedo: «Mire los muros de la patria mía…». Que contiene en sus versos, para quien los relea, muchas de las claves de lo que nos pasa desde honduras mayores que Bloomberg o el Ibex 35.

Y es que en los últimos tres años ha venido sucediendo un fenómeno que pasaba desapercibido al narcisismo y vivir en falso de nuestras élites políticas y financieras: en tanto que ellas estaban a lo suyo, mirándose en el lago de la complacencia y ocultamientos varios, el país iba siendo inspeccionado in situ y calladamente por diversos equipos del FMI, BCE y Unión Europea, la Troika al cabo. Tales chequeos exhaustivos se acometían en el plano de las haciendas locales, autonómicas y estatales apoyados a su vez por otro elemento al que tampoco se prestó -por nuestra petulancia dirigente- la debida atención: los informes periódicos que a petición de parte elaboraban los agregados comerciales -cada vez piezas más estratégicas- de las principales embajadas en Madrid, especialmente aquéllos de Alemania, EEUU, China y países escandinavos, cuyos fondos de inversión y de pensiones (que se consideran sagradas en las naciones serias) tantos intereses tenían en España. El nivel de detalle de sus memorándums sorprende por su concreción y conocimiento de causa: como si fueran un verdadero doctorado sobre nuestra almoneda hasta en sus últimos recovecos territoriales y hacendísticos.

Para cerrar el cerco del conocimiento del laberinto político-financiero español y del estado de error incubado, se les unía a dichas inspecciones la investigación simultánea de varias de nuestras Cajas, desbrozándose pacientemente su entramado con el poder autonómico y local, así como la falsedad de sus auditorías y las dolosas omisiones del Banco de España. El espanto inspector no dejaba de crecer en Berlín o en el Washington del FMI, ante la envergadura del fraude que tantas resonancias suponían para el resto del mundo. Pero a la vista de la escasa vigencia de la veracidad entre nosotros -el problema español es en gran parte su defectuosa relación con la realidad y por ende con el mundo actual-, la Troika, instalada ya en la filosofía de la sospecha, decidió diseccionar también el estado real de nuestros Bancos, tan reputados. El espanto se trocó en irritación creciente al descubrir, a la vista de las toxicidades que emanaban de sus zahúrdas, que del naufragio del sistema financiero español no se libraba nadie. Hasta el punto de que los resultados de una investigación específica de la SEC americana finalizada el mes pasado dejaban también en evidencia la onerosa realidad de nuestros dos bancos menos malos -inconsolable eufemismo- que operan en su territorio. De ahí emergieron las inquietísimas alarmas en The Wall Street Journal, Financial Times, The Economist y New York Times, secundadas por lo más serio de la prensa alemana. Y esto explica, de paso, las devaluaciones bursátiles y las rebajas de S&P y Moody´s de nuestras dos entidades más importantes, «si un tiempo fuertes ya desmoronadas», según la elegía quevedesca citada.

De manera que cotejados finalmente los datos de la Troika, SEC y embajadas, los resultados de la megainspección resultante han colocado a nuestros Narcisos del poder político y financiero ante un espejo tan arisco como el del retrato de Dorian Gray. Esto es, ante un golpe de realidad que nos aboca a una intervención nacional que supondría 700.000 millones de euros inexistentes o, más localizadamente, unos 100.000 millones para salvar sólo nuestro Sistema Financiero, que excede con mucho a la tragedia griega de Bankia. Draghi lo acaba de mostrar en la reunión del BCE de Barcelona cuando comunica que la supervisión de todas nuestras entidades financieras ya no recaería en el Banco de España. Y ello se ha dicho, para que entendamos bien el humillante mensaje, ante su mismísimo gobernador, quien todavía no ha presentado su dimisión.

Ha sido, como se ha visto, algo sobrevenido de fuera, similar al Desastre del 98 mencionado. Ha tenido que ser el exterior quien nos haya hecho conocernos a nosotros mismos y caer en la cuenta del doble error funesto cometido por nuestras élites citadas: ignorar, por un lado, que el banco emisor ya no estaba aquí sino en Fráncfort y, por otro, que en gran parte del mundo rige el principio de realidad merced al cual las acciones, comisiones y omisiones tienen consecuencias. Como, por ejemplo, la renovación forzada de los órganos de administración de nuestros bancos y la pérdida de la cínica impunidad con la que han venido actuando las élites políticas-financieras. Y, si no, al tiempo.

En estas horas ciertamente graves que preludian una intervención inédita por su magnitud y alcance, conviene releer un texto de Unamuno de un momento de nuestra Historia igualmente crítico, en que se nos impuso también una dolorosa realidad llena de pérdidas: «Es inútil callar la verdad. Todos estamos mintiendo al hablar de regeneración, puesto que nadie piensa en serio en regenerarse a sí mismo. No pasa de ser un tópico (…) que no nos sale del corazón sino de la cabeza. ¡Regenerarnos! ¿Y de qué, si aún de nada nos hemos arrepentido?». Creo que en él se esconde la condición necesaria para reconciliarnos con ese mundo agraviado por nuestros débitos y, de paso, poder volver a sostener su mirada. Mientras aguardamos la aparición de una nueva Generación del 12 que reavive este país hoy mortecino con aquella austera veracidad, amor al trabajo y a la obra bien hecha que concitó el noventayochismo nuestro. Que muy bien podía mirar a cualquier cara.

Ignacio García de Leániz Caprile es profesor de Recursos Humanos de la Universidad de Alcalá de Henares.

No esperes el día del juicio final, se celebra cada día. En cada cumbre política se anuncian cordilleras de sombra que oscurecen las ciudades y los países. Ayer la prima de riesgo rondó los 500 puntos y un rayo alcanzó al avión de Hollande. Ya sé que ustedes empiezan a no creer en los políticos, pero si se deja de creer en ellos, por muy estultos y chuflas que sean, se empieza a creer en cualquier absurdo. Menos mal que ayer salió De Guindos con cara de haber perdido con los otros cofrades de la estafa y habló, con la bandera de Europa como escudo, para decir que la posibilidad de que la crisis griega provoque un corralito en España es un sinsentido. Especular con la congelación de los fondos de los bancos para evitar la masiva huida de capitales es una actitud absurda, irracional, peligrosa, desestabilizadora, tal vez de granujas.

Lo que pasa es que estamos dando la nota, como un país otra vez desgarrado. Expansión publica una foto aterradora, que según Pedro Biurrun ha puesto colorado al ministro de Economía tras negar el corralito. Se ve en la puerta de la sede de Caja Madrid (Bankia) a ocho antidisturbios casco en mano y dos furgonetas policiales, como si los del 15-M fueran talibanes. A los políticos se les nota en la cara que no saben qué hacer y alguna gente se lleva la tela: unos a Suiza, aunque ya no está segura la confidencialidad, otros trasladan sus cuentas a Alemania o Inglaterra, y algunos, los más castas, meten la pasta en el somier, en la barriga de la cama.

No sé quién decía que estaba aceptado el privilegio de los teólogos de retorcer las Escrituras, como los curtidores hacen con el cuero; ahora los nuevos teólogos, los economistas, sobre todo anglosajones, anuncian a cada hora el fin del euro. La gente bien informada sabe que una restricción de depósitos es casi imposible mientras estemos bajo el paraguas de Europa, pero surgen cada día videntes a sueldo que siguen profetizando desdichas y precipicios. Los que en otros tiempos anunciaban malos agüeros por lo menos consultaban a los dioses, y si se equivocaban los apedreaban. Éstos se comportan como hienas. Y no son echadores de cartas sino premios Nobel. Sólo falta la irracionalidad de las multitudes para que empiecen la cola en las oficinas bancarias.

Los grandes banqueros, los políticos y los economistas norteamericanos nunca creyeron en el euro, lo llamaron dinero loco; inconscientemente defendían la hegemonía del dólar, no por patriotismo sino por codicia o narcisismo. El dólar, inspirado en el sestercio, es y será, según ellos, moneda imperial.

Pues bien, al final, el que más chifle, capao’r. De momento Grecia está en paradero desconocido y seguramente se cumplirá la profecía de Galbraith: cuando banqueros imprudentes conceden empréstitos a pueblos y gobiernos imprudentes, la deuda externa jamás se paga.

Había pensado escribir sobre los 36 años que se pasó encerrado Hölderlin en una torre en Tubinga junto al río Neckar, donde compuso sus mejores poemas. Dejo el asunto de la locura y el aislamiento para otro momento porque ya tenemos bastante con lo que está lloviendo estos días.

Todo el mundo con el que he hablado en las últimas semanas ha caído en un profundo pesimismo existencial, vinculado a la falta de fe en los dirigentes políticos. En general, la sensación es que el Gobierno, la oposición y las instituciones navegan a la deriva en una tormenta que puede hacer zozobrar el barco en el que viajamos.

Hay dos quejas generalizadas y persistentes que van desde los ciudadanos que han salido a la calle para adherirse al 15-M al votante conservador que repudia las aventuras antisistema. La primera de ellas es la incapacidad de este Gobierno para acabar con los privilegios de la clase política, que siguen virtualmente intactos. Rajoy, y valga el ejemplo, no ha quitado ni un solo coche oficial ni ha tomado ninguna medida seria para aligerar el aparato burocrático del Estado, ahora ocupado por los suyos.

Lo que está sucediendo recuerda mucho al turnismo de la Restauración, donde los partidarios de Cánovas y Sagasta se iban sucediendo en los puestos ministeriales. La meritocracia que caracterizaba a los altos cargos de la Administración a principios de los años 80 ha dado lugar a una compadrecracia basada en la fidelidad ideológica.

La segunda queja es la absoluta falta de exigencia de responsabilidades políticas y penales a quienes han arrasado las arcas públicas o han provocado un perjuicio social por su mala gestión. Soy consciente de que nuestra legislación no permite sentar en el banquillo a los cargos electos que han gastado el doble de lo que ingresaban o que despilfarraban el dinero en obras faraónicas. Pero el Código Penal tiene un apartado que se llama De los delitos societarios, que va desde el artículo 290 al 297. Esos ocho artículos están pensados para castigar a los responsables de las sociedades que actúan con negligencia, incurren en fraudes o se enriquecen de forma ilícita.

Esta es la conducta que ha caracterizado presuntamente a los directivos de las cajas de ahorro y no hay ninguno procesado por la Justicia. Como no quiero escurrir el bulto, cito cuatro casos flagrantes que deberían ser investigados penalmente: la gestión de Miguel Blesa en Cajamadrid, la de José Luis Olivas en Bancaja, la de Modesto Crespo en la CAM y la de Juan Pedro Hernández Moltó en la de Castilla-La Mancha. En total, estas cuatro entidades han supuesto un quebranto para el Estado de unos 30.000 millones de euros, calculando por lo bajo.

Que no nos digan más esa mentira de que no se puede hacer nada y que hay que pasar página. Lo que sucede es que a nadie le interesa investigar la gestión de estas cajas porque detrás está la financiación de los partidos y la cara más siniestra y oculta de la política. Mientras no se haga justicia, los gobernantes no tendrán derecho a exigir nuevos sacrificios a los ciudadanos.

Empecemos por lo más obvio, la inexactitud de la comparación. Cualquier persona sabe que las familias, las empresas no financieras y las entidades financieras pueden gastar más de lo que ingresan y, lógicamente, cuando lo hacen, se endeudan. Suele ocurrir cuando compran un automóvil o una vivienda, emprenden o amplían un negocio, o adquieren otras empresas. Gastar más de lo que se ingresa y endeudarse es un hecho habitual, y además beneficioso en la mayoría de los casos tanto para el prestatario como para el prestamista. Si aplicáramos la máxima de Rajoy al sector privado, pocas familias habrían adquirido una vivienda y pocas empresas alcanzado su dimensión actual. Los problemas que padece la economía española no tienen su origen en gastar más de lo que se ingresa, sino en haber adquirido activos -suelo, viviendas, empresas de construcción, etc.- a crédito que han generado los ingresos esperados y posibilitado hacer frente a las deudas contraídas. Es haber destinado tantos recursos a invertir en activos devaluados lo que ha debilitado la inversión privada y el consumo, destruido varios millones de empleos y puesto a las entidades financieras en una situación muy delicada.

Políticas procíclicas y contracíclicas

En cuanto a la deseabilidad de acomodar los gastos a los ingresos, se puede afirmar que la mayoría de los economistas profesionales, desde la publicación de la Teoría general del empleo, el interés y el dinero en 1936, ha considerado deseable que gobiernos y bancos centrales implementen políticas contracíclicas, fiscales y monetarias, para suavizar los efectos de caídas de la demanda privada, y hasta encuentra aceptable que adopten medidas heterodoxas, como ha hecho la Reserva Federal desde 2008, para evitar que la combinación de una recesión severa y una crisis financiera acabe en una depresión económica. Hay, naturalmente, también algunos economistas que siguen confiando en los recortes de salarios y precios para restaurar la plena ocupación de los recursos, e incluso algunos que se muestran partidarios de que las autoridades persigan políticas procíclicas o de austeridad, como Rajoy gusta denominarlas. Hay que elegir entre ambas posiciones y la primera, en mi opinión, tiene un respaldo empírico mucho más sólido. En particular, pocos profesionales recomendarían al Gobierno español perseguir hoy políticas procíclicas y al BCE seguir contemplando el espectáculo desde la barrera.

Pues bien, las declaraciones y decisiones que han adoptado Rajoy y su equipo económico desde la llegada al Gobierno en diciembre los sitúa en el ala más radical del segundo grupo. Quieren alcanzar la estabilidad presupuestaria lo antes posible y hasta amenazan con exigir responsabilidades penales a aquellos gestores públicos que incumplan la norma. Poco o nada parece preocuparles los efectos negativos que las continuadas reducciones del gasto público están teniendo sobre la actividad económica y el empleo a corto plazo, ni el empeoramiento de la calidad de servicios públicos básicos, como sanidad y educación, o las infraestructuras y los recortes en I+D+i a medio plazo. Ante las crecientes dificultades de las distintas administraciones para hacer frente a los gastos, se han limitado a concluir que el “Estado de Bienestar no es sostenible”, verdad de Perogrullo, pues cualquier programa, por modesto que sea, resulta insostenible cuando no se recauda lo suficiente para financiarlo. Y lo que desde luego no parece habérseles ocurrido -ni durante los ochos años en que gobernaron, ni durante los ocho años que estuvieron en la oposición ni tras su vuelta al Gobierno- es que el equilibrio presupuestario también puede alcanzarse aumentando los ingresos públicos.

La Hacienda española necesita, además de reordenar competencias, priorizar y fiscalizar mejor el gasto, una profunda reforma. No me refiero a subir algunos tipos o eliminar deducciones, algo que ya hizo Rodríguez Zapatero y ha vuelto a hacer Rajoy con resultados recaudatorios decepcionantes, sino a poner en pie un sistema fiscal potente y ágil, capaz de detectar y gravar las rentas y actividades que hoy escapan al Fisco y castigar con dureza y prontitud a los defraudadores. Si el INE está en lo cierto, el PIB alcanzó 1,053 billones en 2007 y, casi la misma cifra, 1,073 billones, en 2011. Sin embargo, los ingresos no financieros de las AAPP se desplomaron durante esos años, desde 433.029 millones en 2007, a 402.278 en 2008, 367.661 en 2009, 381.427 en 2010 y 377.085 en 2011. La pérdida acumulada de recursos respecto a 2007 alcanza la imponente suma de 207.385 millones en cuatro años, una cuantía que explica por sí sola por qué las AAPP se han visto obligadas a despedir a sus empleados, a endeudarse para pagar las nóminas, a retener sine die las facturas de sus proveedores, a cerrar quirófanos, a recortar los fondos destinado a educación e investigación, y a endeudarse hasta las cejas.

Incluso si la UE y el BCE siguen empecinados en reducir los déficits presupuestarios a una velocidad excesiva, Rajoy puede seguir dos caminos muy distintos. Continuar recortando el gasto tres o cuatro años más y elevando “temporalmente” algunos tipos impositivos cuya efectividad recaudatoria está muy mermada por la expansión de la economía sumergida y las caídas en la actividad y el empleo que ocasionarán las reducciones del gasto. O reformar a fondo el sistema fiscal para aumentar su capacidad recaudatoria, gravando las rentas no salariales y las actividades invisibles que las generan a tipos efectivos comparables a los que soportan los salarios y las actividades no opacas. La segunda opción, además de suavizar el impacto de las políticas contractivas sobre el consumo y la inversión privada, el empleo y la morosidad, permitiría sostener servicios públicos básicos cuyo desmantelamiento puede agravar la marginación de los sectores más desfavorecidos de la sociedad y la creciente tensión social. Tampoco estaría mal que escuchara los consejos de Buffet y otros millonarios e incrementara la progresividad del IRPF, o estableciera como su amigo Sarkozy un impuesto “temporal” sobre grandes fortunas, o siguiera los pasos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y declarase la guerra a los bancos suizos. Hay pues alternativas serias a la pala y la piqueta empleada por Rajoy (y Mas en Cataluña) hasta ahora. Falta tal vez voluntad para ponerlas en marcha.

Clemente Polo. Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico.

Me limitaré por el momento al caso de quienes cometen actos vandálicos contra la propiedad o contra las personas, actuando en grupo y en el marco tanto de una manifestación autorizada como de una algarada más o menos prevista con antelación que, según se indica, tendría ya una regulación suficiente en el artículo 557 del Código Penal. El problema no se encuentra en la sanción de las lesiones o los daños a la propiedad; de hecho, el Código Penal de 1995 dejó bien claro que las penas de lesiones o de los daños deberían sumarse a la prevista para los desórdenes públicos, alejando la posibilidad de una absorción de las penas. Tampoco lo es la previsión del desorden público en tanto alteración del orden, por más que la descripción del delito del artículo 557 del Código Penal sea técnicamente inadecuada y muestra de ese discutible gusto del legislador por señalar como finalidades -”con el fin de alterar la paz pública”- el contenido de los hechos que sanciona. Sin embargo, esta referencia a la “paz pública” puede servir como punto de partida de mi reflexión.

Todos podemos entender que, por causa de una manifestación, debamos de variar nuestro itinerario cuando conducimos, permanecer parados un cierto tiempo a la espera de poder circular o caminar por un extremo de la acera a menor velocidad de la prevista. Lo inadmisible es que un cóctel molotov pueda alcanzar a nuestro vehículo, que algún grupo de manifestantes se dirija a nosotros con actitud amenazante porque el hecho de encontrarse allí en el automóvil muestra que no nos solidarizamos con el objetivo de la manifestación, o que, al caminar, corramos el riesgo de ser alcanzados por una piedra o por el fuego de una cafetería incendiada. Y, desde luego, intolerable es que esto suceda cuando la reunión no estaba autorizada y la invasión de la vía pública sea arbitraria. Ninguno de estos supuestos es pura imaginación en la Barcelona de estos años, y todos ellos afectan a la libertad de los ciudadanos, que, ante cualquier concentración pública, sea por un acontecimiento deportivo, por una movilización política o por cualquier otra causa, pueden sentir un temor fundado de ser víctima de lesiones o de daños.

Este aspecto es, a mi juicio, escasamente considerado en la previsión del delito y en las penas, en un Código Penal con una muy deficiente regulación -y aplicación- de los delitos básicos de amenazas y coacciones. Y, si se echa un vistazo, se observa que precisamente la amenaza dirigida desde grupos y la perturbación de la “paz pública” son prácticamente el hilo conductor de la sanción en el Código Penal alemán, que pena de forma agravada a quienes llevan armas o actúan de forma peligrosa para las personas o los bienes o a quienes atemorizan con la amenaza de comisión de delitos. Este planteamiento modifica, además, el contenido del debate en algunos puntos muy particulares, como en relación con la convocatoria, que también ha sido discutida: es obvio que la situación cambia si la convocatoria por medios electrónicos o por redes sociales anima a llevar armas o instrumentos que tuviesen esa utilidad, y que aquí ya no se trata del ejercicio legítimo del derecho de reunión y manifestación, sino de la preparación de un hecho grave que atenta contra la seguridad de los ciudadanos.

Concluyo, consciente de que la cuestión no es fácil, pero convencido de que hay cuestión jurídica. Las deficiencias no son solo penales: la ausencia de un derecho de policía en sentido estricto y un sistema procesal que no promueve una aplicación coherente de las leyes penales deberían ser también alguna vez objeto de atención.

Carlos Pérez del Valle. Catedrático y Rector de la Universitat Abat Oliba CEU de Barcelona.

Las consecuencias de este dominio ultra-conservador sobre el Estado y sobre la mayoría de las instituciones mediáticas y políticas del país son muchas. Como ejemplos podemos citar: una ley electoral escasamente proporcional, que discrimina a las izquierdas (y muy en especial al partido que lideró la resistencia antifascista); la ausencia de medios radiotelevisivos o rotativos de izquierda; y el enorme subdesarrollo social de España (que durante todos estos años ha continuado teniendo el gasto público social per cápita -que financia su escasamente desarrollado Estado del Bienestar- más bajo de la Unión Europea de los Quince (UE-15) (el grupo de países de semejante nivel de desarrollo económico al nuestro)).

Otra consecuencia de este dominio ultra-conservador del Estado español ha sido la enorme regresividad de la política fiscal, que explica, junto con el enorme fraude fiscal, los escasos ingresos al Estado. Tal realidad, fácilmente documentable (los ingresos al Estado representan sólo el 32% del PIB, el mas bajo de la UE-15) niega las tesis neoliberales promovidas por las voces próximas al capital financiero y a la gran patronal, como Fedea (fundación financiada por la banca y algunas de las mayores empresas del país, que se benefician extensamente de la existencia de paraísos fiscales que les permiten evitar el pago de tributos al Estado) de que nos estamos gastando en España más de lo que podemos. La validez de tal tesis queda fácilmente falseada con el siguiente dato. España no es pobre. Su PIB es el 92% del promedio de los países de la UE-15. En cambio, su gasto público social per cápita no es el 92% del promedio del gasto público social per capita de la UE-15, sino sólo el 72%, lo cual quiere decir que España se gasta 60.000 millones de euros menos de los que se deberían gastar por su nivel de riqueza.

Es cierto que durante el periodo democrático iniciado en 1978 ha habido cambios y mejoras, sobre todo en los periodos de gobiernos PSOE, cambios que han permitido reducir el enorme déficit de gasto público social. Pero debido al gran retraso que dejó la dictadura y también a la excesiva moderación de los gobiernos PSOE, el Estado del Bienestar ha continuado a la cola de la Europa Social. Y los enormes recortes que está imponiendo el gobierno del Partido Popular están aumentando todavía más este déficit social. Y ello es resultado de unas políticas públicas de austeridad que, en su objetivo central de debilitar al mundo del trabajo, están creando una recesión que para amplios sectores de la población alcanza niveles de Gran Depresión.

La rebelión de los jóvenes

Entre estos sectores que viven una Gran Depresión están los jóvenes. Hoy sólo uno de cada dos jóvenes encuentra trabajo. Y según las proyecciones de las agencias que gozan de mayor credibilidad, tal situación continuará durante al menos diez años, una situación intolerable. Y ello es resultado de decisiones políticas que se han ido tomando durante todos estos años, tanto en España como en Bruselas y en Frankfurt y que, con la complicidad de los medios, se han presentado como las únicas posibles. Los datos, sin embargo, muestran que por cada medida de austeridad había una política expansiva de gasto público posible (se hubieran conseguido más fondos revirtiendo la bajada de impuestos de sucesiones -2.500 millones de euros- que congelando las pensiones -1.500 millones de euros-).

No es de extrañar que existan protestas populares en las que los jóvenes –a los que erróneamente se les suponía que “pasaban de todo”- protagonicen las movilizaciones en contra de tales políticas y los establishments financieros, económicos, políticos y mediáticos que las imponen. El 15-M es un movimiento que surge como respuesta a tal crisis financiera, económica y política que ha causado la mayor pérdida de legitimidad de tales establishments. Y tanto en sus objetivos, tales como democratizar la sociedad (y la extensión de los derechos políticos, civiles y democráticos de los ciudadanos que ello conllevaría), como en su táctica (con manifestaciones y acampadas no violentas) ha despertado gran simpatía y apoyo popular, del cual deriva su poder.

Esta demanda de mayor democracia entra en conflicto con la democracia tan limitada que existe en España, consecuencia de la transición inmodélica referida anteriormente. Hoy, exigir democracia es subversivo del orden imperante en España. Exigir que cada ciudadano tenga la misma capacidad de incidencia en la gobernanza del país es revolucionario, pues terminaría con el dominio de las instituciones políticas por parte de las fuerzas conservadoras en el país. Exigir que exista una pluralidad en los medios de información es terminar con el monopolio de clase existente en los medios en España. Exigir que todo cargo representativo sea elegido es terminar con la Monarquía, que es el eje del aparato del Estado todavía controlado por las fuerzas conservadoras. Exigir que existan formas de participación directa (como referéndums a nivel de todo el Estado) es terminar con el control por las élites partidistas del sistema democrático. Exigir que los partidos se democraticen es terminar con el control por parte de los grupos dirigentes de tales instrumentos. Exigir que la economía esté al servicio de las clases populares y no al servicio del 1% de la población que controla las finanzas y grandes empresas es también profundamente subversivo en España. Estas demandas, como los adjetivan los portavoces del establishment, son “extremistas”, “populistas” o “demagógicas”, adjetivos utilizados por las estructuras de poder para marginar las voces críticas auténticamente democráticas que quieren desarrollar la democracia todavía extraordinariamente limitada en España.

Predeciblemente, la respuesta del establishment a tales peticiones ha sido la represión. Véase lo ocurrido el 1º de Mayo en las manifestaciones organizadas, entre otros, por el 15-M. Yo asistí por la mañana a la excelente marcha organizada por los sindicatos (100.000 personas) y por la tarde a la del 15-M (40.000 personas). Lo que ocurrió en esta última me recordó lo que ocurría en los años cincuenta. A los jóvenes, por ser jóvenes, se les detenía y se les registraba. Era el intento de identificar –como lo hizo el reportaje de La Vanguardia- a los jóvenes como terroristas. Era la criminalización de la juventud. El peligro de instalar de nuevo las prácticas represivas que vimos durante la dictadura existe hoy en España.

Vicenç Navarro ha sido Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Barcelona. Actualmente es Catedrático de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, España).

Asimismo, Hollande desdibujó el modelo de un directorio “a dos”  entre Francia y Alemania que habían impuesto Merkel y Sarkozy y habló de una colaboración abierta con el resto de naciones de la UE. Y aquí incluida Grecia sobre la que ambos dirigentes dijeron –y ello es una novedad, porque los ministros alemanes no cesan de pedir a Atenas que abandone el euro- que Grecia ha de seguir dentro de la zona euro de la UE.

En suma Hollande ha mantenido sus posiciones anunciadas en la pasada campaña electoral de las elecciones presidenciales galas y Merkel se ha adaptado rápidamente a la nueva realidad y a las  nuevas políticas que emanan de Francia, sabedora la canciller que el  francés tiene un compromiso político, social y solidario para su país (y para la Unión Europea) que no piensa a abandonar. Por lo que Alemania ante este vuelco ideológico y político de Francia no tiene mas remedio que acomodarse siguiendo los viejos esquemas de la “real politik”.

Y no perdió Hollande la oportunidad, ante todos les medios de comunicación, de hablar de la herencia recibida en Francia del anterior presidente Sarkozy –como Rajoy no cesa de recordar la herencia de Zapatero-, anunciando una auditoria del Tribunal de Cuentas para conocer al detalle la situación de su país, que por lo que se ve no consigue hacer avanzar su crecimiento, cosa que si ha logrado Alemania según los últimos datos.

Lo que no sabemos es si Hollande y Sarkozy, además de Grecia, hablaron de España e Italia y de los últimos coletazos furiosos de la crisis financiera que está sacudiendo de nuevo los cimientos de la UE. Pero tenemos la impresión que la alemana y el francés ya están al corriente y preocupados con los problemas financieros de la UE y que algo harán al respecto.

En cuanto a España podemos decir que la llegada de Hollande a Berlín y su discurso decidido a favor del crecimiento nos ayuda y nos beneficia, aunque Rajoy no se atreverá a reconocerlo ahora en público como debiera, para no enfadar a Merkel su compañera del PP europeo. Una canciller que tiene gran parte de responsabilidad de muchos de los males de los países del Sur de Europa, aunque ya sabemos que nosotros también tenemos nuestra propia culpa. En todo caso y mientras suenan los sones de la Marsellesa en ese viaje relámpago e iluminado por el rayo en la ciudad de Berlín, en Madrid tenemos motivos para un respiro y para decir –aunque la alegría nos dure poco- como en la película de “Casablanca” que “siempre nos quedará París”.

Los datos macro conocidos este martes refuerzan la confianza del dinero en este país, ya que se ha convertido en el principal valedor de la recuperación económica  europea, mientras Francia y Alemania han  dado a conocer resultados mediocres e incluso de retrocesos. Y España  está  previsiblemente en la cuesta abajo, en la medida en que los recortes de gastos que aún está aplicando el Gobierno complican cualquier recuperación. España empezó tarde a ajustar su economía y el desfase  con respecto a nuestros vecinos se está notando. Podría haber sido peor, pero por suerte Alemania, que es uno de nuestros principales clientes,  sigue comprando productos españoles a buen ritmo.

La saludable situación del bund alemán, que esta semana ha llegado a  reflejar una rentabilidad a largo del 1,45%,  mínimo histórico,  responde no sólo a la cada vez más saludable situación de la economía alemana, que ha dejado decididamente atrás la recesión, sino a la sensación de incertidumbre que se respira como consecuencia de la crisis de Grecia.  Una crisis profunda del euro podría sumir a Europa en una situación económica bastante compleja y, en todo caso, de proporciones impredecibles. Es bastante probable que, aunque la crisis del euro puede ser mala o muy mala para todos, lo será menos para Alemania y bastante más para países de la  periferia como España, Italia o Portugal.  La fortaleza del bund alemán no es, por lo tanto, ningún capricho. Es la apuesta conservadora más realista que desarrollan en estos momentos los  grandes inversores mundiales que aún  optan por mantenerse en el complejo tablero europeo.

En este complejo escenario, que en el caso español  se refleja en unos tipos a largo plazo  en torno al 6,35% (máximo histórico desde nuestra entrada en el euro), el Tesoro acude  este jueves en busca de financiación. Las subastas de títulos de deuda a medio plazo que se han convocado para este jueves afrontan las condiciones de mercado más duras de los últimos años, duras en cuanto a coste se entiende. Financiarse a tipos superiores al 6% a medio o largo plazo no resulta fácilmente sostenible para el país si al mismo tiempo tenemos que cumplir otros requisitos de estabilidad y equilibrio similares a los de nuestros vecinos.

Los costes financieros se están convirtiendo en  una lacra que hunde nuestras expectativas económicas  ya que el creciente stock de deuda  nos aleja cada vez más del equilibrio presupuestario o de objetivos de déficit asumibles. En los dos próximos años, el stock de deuda frente a los inversores (españoles y extranjeros, aunque estos últimos son cada vez menos entusiastas del papel público español) irá en aumento de forma inexorable, debido a que seguimos gastando mucho más de lo que ingresamos en las arcas del Estado y, por ello, la diferencia debe financiarse en los mercados. Aunque España empezó la crisis con una posición de deuda sobre  PIB envidiable,  en la actualidad estamos aproximándonos peligrosamente al 80% de deuda sobre PIB, un endeudamiento que hará mucho más  difícil la recuperación de la economía.  Tendremos más plomo en las alas.

Reconozco mi más absoluta desazón, impotencia, y hartazgo por el callejón sin salida al que nos han arrastrado la actuación de los ejecutivos actual y anterior, la ortodoxia económica, y la élite financiera. Sin embargo, siendo esto muy grave, lo peor es que nadie asumirá las consecuencias de un mal diagnóstico y unas propuestas de política económica absolutamente disparatadas.

Este fin de semana, se confirmaron mis sospechas cuando empecé a ojear el Real Decreto-ley 18/2012, de 11 de mayo, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero. Está todo “cogido con pinzas” y simple y llanamente no saben qué hacer. Las élites económicas y financieras se la jugaron a la carta equivocada, una recuperación del ciclo económico que mejorara el margen de explotación y aliviará su insolvencia. Se equivocaron, y ya es tarde.

Errores conceptuales del actual gobierno.

En las dos reformas del sector financiero impulsadas por el ejecutivo de Rajoy se cometen importantes errores conceptuales. En primer lugar, es necesario sacar los activos tóxicos del balance de los bancos y cajas de ahorro, y no dedicarse a incrementar las provisiones sobre los activos bancarios, problemáticos o no. Se comete el error de dar cifras ridículas, como los 50.000 millones de la primera reforma Guindos, o las provisiones nuevas que están anunciando estos días las entidades para cumplir con la segunda reforma Guindos.

Las provisiones sobre los activos no problemáticos son un sinsentido, salvo que se refieran a las muy voluminosas refinanciaciones de créditos malos con capitalización de intereses, que llevan a computar como válidos un capital y unos ingresos parcialmente ficticios. Se consideran créditos buenos multitud de préstamos que en realidad ya son morosos y sobre los que habría que provisionar mucho más. Pero es que además, el problema no es solo inmobiliario, la mora alcanza cifras muy superiores al 10% del total de préstamos de la banca.

Las normas contables exigen que todo saneamiento se haga contra resultados, y no contra reservas. En la primera reforma Guindos se hizo contra reservas, y ahora muchas entidades intentan hacerlo de nuevo con la segunda reforma. Al hacerlo contra reservas no se reduce el beneficio, que se exagera, se presenta una realidad contable falsa, y además las entidades intervenidas, ¡podrían pagar dividendos! Pero ahí no para todo, cuando las entidades necesitadas acuden a pedir financiación al FROB, se les está dando un préstamo, no inyectando capital. ¡Pero es que sólo se puede amortizar pérdidas con capital!

Con las reformas propuestas por el actual ejecutivo se sigue confundiendo el mero cumplimiento formal del marco regulatorio de las entidades con su saneamiento, y muchas veces me planteo si realmente, el actual como el anterior gobierno, saben leer un balance bancario.

Premisas intervención de la banca española

Varias premisas deberían servir de guión en el saneamiento de la banca. Hay que reducir la capacidad de nuestro sistema financiero de manera que sólo sobrevivan los bancos solventes. La idea es muy fácil de entender. El activo vale muchísimo menos de lo recogido en libros. Lo que no hay que hacer es repetir lo de Cajamadrid con Bancaja, ambas con problemas, o lo de Unicaja con las cajas de Castilla y León, e Ibercaja con Caja3, donde las entidades problemáticas acaban contaminando a la entidad solvente.

Es necesario sacar los activos tóxicos del sistema bancario e integrarlos en un banco malo aparte. No se puede permitir una chapuza como la de Bankia, es decir, un banco malo dentro de la entidad, donde simplemente se cambian de cajón los activos tóxicos, lo que acaba contaminando a todo, Bankia y BFA.

El precio de transferencia al banco malo debería aproximarse al valor fundamental. Basta ya de la opacidad que la banca ha mantenido hasta ahora. El banco tiene que proporcionar información sobre el valor actual confirmado tanto por expertos independientes como por la desacreditada autoridad de supervisión bancaria. El Estado, es decir, los contribuyentes, no puede permitirse el lujo de sobrepagar.

Al sacar el activo tóxico del banco y pagar por debajo de su valor en libros, desde el lado del pasivo no tendrá capital suficiente. Mi aproximación es muy clara y contundente: el Estado antes de poner un duro debe estrujar a los bonistas, transformado los bonos en capital, como en el rescate sueco. Han asumido un riesgo excesivo y se han equivocado. Sólo se garantizan los depósitos. Después, y si hiciera falta, conforme se va limpiando de activos contaminados y estrujando a los acreedores, el Estado podría entrar como accionista en aquellas entidades en las que se pueda garantizar su solvencia. El resto deben ser absorbidas o cerradas.

Banco malo

Existen distintos bancos malos posibles, con nombres y apellidos que me imagino el gobierno de Rajoy estará aún estudiando, porque, sinceramente, leyendo el último real decreto aún no sé si habrá o no banco malo, como se creará y cómo se financiará.

Si finalmente el ejecutivo optara por un banco malo, debería hacerse a costa de la gerencia, de la propiedad, y de los bonistas, siguiendo la experiencia de Suecia en 1992 o de Islandia en 2008. En la propuesta que en su momento planteamos tres economistas en 2008, a la vez que se saneaba el activo de los bancos, se hacía hincapié en la necesidad de reducir la deuda de los agentes económicos endeudados en torno a dichos activos. Esta idea, que sigue siendo tabú para algunos, ya ha sido asumida por el FMI en el capítulo tres de su último informe bianual el título “Dealig with Household Debt”. Hay otras alternativas a la nuestra, muy razonables, y que ya detallamos en otros blogs, como la de Aristóbulo de Juan, muñidor del rescate bancario de los 80, o como el banco malo a la alemana

Lo único que deseo y espero es que al gobierno no se le ocurra un banco malo “a la irlandesa”, donde todo el coste del rescate corre a cargo del Estado o contribuyentes, tanto en financiación del pasivo del banco malo como en la recapitalización del banco intervenido o insolvente. Este sistema simple y llanamente socializa las pérdidas. Sin embargo, me temo que por la evolución de la prima de riesgo estos días parte del mercado ya está apostando por este modelo.

Juan Laborda Herrero. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Zaragoza, postgrado CEMFI. Actualmente es socio de Razona, Estudio de Economía y Finanzas. Ha desarrollado una intensa actividad profesional como estratega y economista jefe en Abante Asesores, en el Hedge Fund BBVA & Partners, Barclays, Chemical Bank, Chase Manhattan Bank y Argentaria. Ha publicado numerosos artículos académicos sobre economía financiera.

No me parece lógica la deriva que están tomando las propuestas de copagar según renta en servicios públicos. Sí entiendo que en la disyuntiva de anclar y reducir prestaciones, que aun siendo efectivas son de coste coyunturalmente inasumible, se deba explorar también la posibilidad de acompañar el esfuerzo del contribuyente en su financiación con el del usuario. Pero la utilización de la renta como módulo de dicha aportación tiene al menos dos contraargumentos. Por un lado, si el objetivo es reducir consumo que se estima inadecuado (versión tiquet moderador), no se entiende qué razón hay para ajustarlo por renta. Si es inadecuado, sin matices, no debiera de modularse en modo alguno por la capacidad adquisitiva del usuario. Por otro lado, hacer copagar según renta penaliza a los contribuyentes que cumplen sus obligaciones fiscales. Es fácil intuir que en una situación como esa el defraudador y el no ahorrador salen mejor parados que quien es frugal y acepta ver su renta (y no solo su consumo) reiteradamente gravada. Y tras pagar en cuantías superiores no parece lógico que después, en el momento de tener que acceder al servicio (versión del copago recaudatorio, sobre demanda inelástica o necesidad grave), se le niegue la prestación a que como ciudadano tiene derecho si no realiza una nueva aportación (repago). Esto último es especialmente grave si dichos copagos afectan no a las partes periféricas de la asistencia (hotelera, de calidad subjetiva) sino a las sustantivas (clínicas, reparadoras).

Dicha situación es poco razonable y ya la vemos hoy en la cobertura de la dependencia: se postula que el copago en su financiación ha de representar una proporción fija para cada nivel (tanto para el más como para el menos grave) y exige una aplicación que no distingue si se está cubriendo la parte más clínica o acomodaticia del servicio.

Si preocupan los efectos que generen sobre la equidad los copagos inelásticos o inevitables, parece que sería mejor articularlos a coste único y con una cláusula stop loss, de máximos proporcionados no tanto a la renta como a la situación socioeconómica del usuario. Y ello, ex post, no a través de determinar copagos inicialmente diferentes.

Ello no evita parte de los efectos criticados antes, pero cuando menos reduce una categorización de beneficiarios tan espuria para algunos como lo es su nivel de renta declarada. Porque la solución por la que yo vengo abogando es que “el copago se lleve a la renta” y no “la renta al copago”.

En efecto, tanto por la estigmatización comentada como por la complejidad logística de su aplicación, no veo al usuario copagando con la declaración de la renta marcada en la frente (o en la tarjeta sanitaria que lea el profesional). Más bien entendería que lo que intenta castigar el copago (esto es, una utilización inadecuada del servicio público o un beneficio complementario) se incorporarse, según el coste que ha supuesto al sistema dicho uso, a la base imponible de la declaración anual de la renta: como si de un beneficio en especie se tratase, accedido gratuitamente cuando no se debía haber meritado, y por tanto así valorado al correspondiente tipo efectivo y la consiguiente contribución adicional.

Y si la estrategia no fuese la de la gratuidad, sino la de pagar inicialmente por los servicios en el momento de acceso, y recuperar después todo o una parte tan solo de aquellos consumos justificados (la situación simétrica a la comentada), una deducción fiscal en la cuota parecería lo más adecuado. No se obvian con lo que propongo todos los problemas criticados, pero sí unos cuantos: evita estigmatizar a la población, permite discriminar lo gravado / deducido según efectividad, lo hace de modo progresivo (en tipos o en deducciones selectivas o limitadas) y mantiene valores pedagógicos claros acerca de para qué sirven los impuestos que se pagan.

Guillem Lopez i Casasnovas es catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra.

La comunidad va a ensayar un modelo contrario a las privatizaciones de los servicios esenciales

El Estado de las autonomías que estableció la Constitución de 1978, tras casi 40 años de franquismo centralista, ha tenido un desarrollo distinto en las diferentes “nacionalidades y regiones”, a las que nuestra Ley Fundamental “reconoce y garantiza el derecho a la autonomía”. Las nacionalidades históricas —preferentemente Euskadi y Catalunya— jugaban con ventaja en ese proceso, hasta que Andalucía, invocando no la historia, sino directamente la Constitución y la voluntad de sus ciudadanos, alcanzó el máximo nivel de autonomía, no tanto para mirarse su ombligo identitario como para mejorar la situación del pueblo andaluz y desarrollar su modelo desde la izquierda.

No es extraño que dirigentes catalanes como Artur Mas y Josep Antoni Duran Lleida, desde sus posiciones nacionalistas excluyentes, hayan menospreciado a Andalucía, tildando su autonomía de “artificial”, jaleados por quienes, desde el PP, devotos de su única y patriotera nación española, coquetean, sin embargo, con comunidades autónomas de ribetes soberanistas, mientras amenazan a Andalucía, que siempre cumplimentó el mandato constitucional de solidaridad entre autonomías.

El signo de izquierdas de la nueva Junta de Andalucía, como consecuencia del sabio ejercicio del derecho al voto de los andaluces el 25-M, capaz de alterar los resultados anticipados por las encuestas demoscópicas, va a ofrecer una prueba más de la salud democrática de Andalucía: se va a ensayar, para salir de la crisis, un modelo de medidas socioeconómicas contrario a las privatizaciones de los servicios esenciales y que mantenga la prioridad de la educación y la sanidad en el sector público. Como explicó José Antonio Griñán en su discurso de investidura ante el Parlamento andaluz, reducirá en 2.696 millones de euros el presupuesto de 32.020 millones previsto para 2012, pero aseguró que buscará fórmulas para ahorrar, sin recortar derechos básicos adquiridos por los andaluces a lo largo de las tres últimas décadas.

Es preciso remontarse en el tiempo para entender de dónde proviene esa sabiduría electoral del pueblo andaluz, que le sirvió para salir de su historia de caciques, señoritos, miseria, abandono y engaño, perpetrada por la derecha tradicional española, y a la que de ninguna manera ha querido regresar, aunque los viejos lobos se vistieran ahora con la piel de cordero del “cambio” (¿el cambio suyo?, cabía preguntar). Prefirió el eslogan socialista —“Andalucía por el camino seguro”—, aderezado con la presencia en la Junta de Izquierda Unida, para consolidar un poder exigente, vigilante consigo mismo y capaz de erradicar conductas fraudulentas como las de los ERE.

Todo empezó cuando la Constitución abrió la puerta a las autonomías y Andalucía aprovechó la oportunidad para introducirse de lleno. No fue tarea fácil. Unión de Centro Democrático (UCD), comprensiva con el País Vasco y Cataluña (no así con Galicia, también nacionalidad histórica, pero con menos tradición nacionalista; azotada, como Andalucía, por el paro, la emigración y el subdesarrollo, y carente de una burguesía capaz de producir un partido análogo al PNV), puso todos los palos que pudo en las ruedas de la iniciativa andaluza, empeñada en equipararse al techo autonómico pactado para los estatutos de Gernika y de Sau.

UCD mantuvo la fecha del 28 de febrero de 1980 para la celebración del referéndum de iniciativa autonómica de Andalucía, comprometida por Adolfo Suárez con el líder andaluz Rafael Escuredo. Pero a partir de ahí trató de que la consulta a los andaluces demostrara el fracaso de quienes trataban de equipararse a los nacionalistas pata negra. Se aprobó urgentemente una ley sobre las diversas modalidades de referéndum, que acentuaba las difíciles exigencias constitucionales para el acceso al mismo nivel de autonomía de las nacionalidades históricas.

La necesidad de obtener más del 50% de síes sobre el total del censo en cada provincia significaba una barrera casi insuperable, especialmente cuando UCD, el partido que sostenía al Gobierno que convocaba el referéndum, pedía a los ciudadanos llamados a las urnas que se abstuvieran de votar. Y los votantes andaluces que, a pesar de todo, desearan votar, tenían que vérselas con la siguiente pregunta, políticamente siniestra, literariamente esperpéntica, y que parecía inspirada por los hermanos Marx: “¿Da usted su acuerdo a la ratificación de la iniciativa prevista en el artículo 151 de la Constitución a efectos de la tramitación por el procedimiento establecido en dicho artículo?”. Ni una mención a las palabras “Andalucía” y “autonomía”, esenciales para votar.

El resultado favorable a la iniciativa autonómica de Andalucía desbordó todas las previsiones. El proceso concluyó con la aprobación del estatuto de autonomía en 1981 y con sucesivos gobiernos de izquierda en la Junta de Andalucía, desde las primeras elecciones autonómicas del 23 de mayo de 1982 hasta las últimas del 25-M. El libro Del consenso al desencanto, que publicamos a principios de 1981 Soledad Gallego-Díaz y yo, prologado por Juan Luis Cebrián, recogía en caliente aquella voluntad frustrada de frenazo político al pueblo andaluz, que sintetizó la entonces responsable de autonomías del PSOE, María Izquierdo Rojo: “Se trata pura y simplemente de una vuelta a las fuentes antiautonomistas de UCD, comunes a los planteamientos de toda la derecha más reaccionaria española”.

El resumen del cuadro político tras estas elecciones sería: decepción ante los partidos clásicos, ascenso de los extremos, debilidad estructural de la izquierda. Hollande ha derrotado a Sarkozy, pero no a la derecha

La elección presidencial ha revelado algo latente en Francia: una profunda crisis de confianza de la mayoría del pueblo ante las elites que lo representan. Más allá de la victoria de François Hollande, que no es una victoria del programa del Partido Socialista, y de la derrota de Nicolas Sarkozy, que es sobre todo un rechazo a su persona, debemos extraer tres lecciones. En primer lugar, la emergencia, en la primera vuelta, de un voto de protesta, tribunicio, que recuerda a los años 50, 60 y 70 del siglo pasado, cuando el Partido Comunista Francés representaba a toda una parte de las clases populares explotadas sin esperanza alguna de acceder al poder. Esta vocación fue utilizada con mucha inteligencia política por François Mitterrand con el proyecto de Unión de la Izquierda, que permitió, a la vez, reconstituir el Partido Socialista, integrar al electorado del Partido Comunista en una perspectiva realista de acceso al poder y, a continuación, destruir la influencia ideológica y política comunista tras la victoria de la izquierda en 1981. Es útil recordar esta experiencia para comprender, en un contexto del todo diferente, lo que probablemente sucederá ahora con el Frente Nacional.

Este voto de protesta es colérico, determinado: o se reviste del progresismo del Frente de Izquierda (alianza de fuerzas socialistas, militantes de extrema izquierda y restos del Partido Comunista que han invertido toda su habilidad y su aparato de movilización en esta batalla) o representa a una constelación de fuerzas de extrema derecha y derecha xenófobas, gente sin ideología concreta pero desorientada ante los estragos de la crisis europea y de la globalización liberal. Estos dos “extremos” son, en realidad, cada vez más importantes en Francia. Se han hecho oír con fuerza en la primera vuelta, ya que representan aproximadamente a más del 30% del electorado.

En segundo lugar, y éste es un fenómeno nuevo, la extensión del voto en blanco y nulo y de la abstención (24, 59 %), que supera ya los dos millones de electores. Cifra importante, dada la politización de los ciudadanos franceses y de la elección presidencial, vivida tradicionalmente como un escenario refundador del vínculo nacional y republicano. Este fenómeno tiene un significado no solo simbólico sino también político: constituye una estrepitosa desaprobación por parte de ciudadanos formados, políticamente educados (sobre todo los votos en blanco y nulos), de los programas de partidos políticos centrales (la UMP y el PS).

En tercer lugar, esta elección pone en evidencia un dato cruel que no debemos negar: la izquierda es minoritaria en Francia. En la primera vuelta, toda la izquierda no supera el 44% de votos; no es sino por la adhesión de una parte del electorado centrista y de una delgada franja del electorado del Frente Nacional que ha podido superar el 50%. Esta es una realidad que, por lo menos, tiene dos significados estructurales: por un lado, sociológicamente, la izquierda no ha podido recuperar la influencia que tenía en los años 80 en el seno de las clases populares y medias bajas (¡el Frente Nacional, de extrema derecha, se ha convertido así en el primer partido obrero del país!); por el otro, la alianza electoral del PS y del Frente de Izquierda solo podrá esperar una victoria en las próximas elecciones si se abre al centro o logra dar de nuevo esperanza a quienes han votado en blanco, nulo o se han abstenido. La apuesta de Dominique Strauss-Kahn, ese liberal de “izquierda” que tanto gustaba al electorado de las clases medias, era la apertura al centro. En esta elección, Hollande se definió más a la izquierda; le resultará difícil construir un puente entre el centro y la izquierda de la izquierda. Porque, en la cuestión de la lucha contra la crisis, existe una divergencia insuperable entre ambos campos. François Bayrou, dirigente de un centro débil, representa en realidad al centro derecha, es decir, las clases medias altas y la burguesía liberal, que aceptan la política de austeridad y quieren sobre todo una fuerte liberalización del mercado laboral. Sus tropas tenderán pues a ir hacia la derecha. El Frente de Izquierda pondrá como condición para su apoyo al PS la obtención de un grupo propio en la Asamblea nacional, lo que le permitirá pesar en futuras orientaciones de la política presupuestaria y económica. Hollande no está cerca de resolver estas contradicciones, porque cosechó un pobre resultado en la primera vuelta de las presidenciales y no ha podido movilizar a los indecisos en la segunda.

Resumen del cuadro político el día después de esta elección: decepción ante los partidos clásicos, ascenso de los extremos, debilidad estructural de la izquierda. La campaña electoral, a pesar de los esfuerzos de los medios para “calentarla”, desarrollada en un ambiente moroso y, al menos en la izquierda, con menos entusiasmo que en las primarias organizadas en el Partido Socialista, ha conducido ciertamente a la victoria de François Hollande y a la derrota personal de Nicolas Sarkozy pero no, fundamentalmente, a la derrota de la derecha. Es por ello que en las próximas elecciones legislativas el problema de las alianzas volverá a ser central con unas fuerzas políticas que han sido silenciadas en la segunda vuelta de las presidenciales.

En la derecha está claro que un problema ya histórico debe ser resuelto: el Frente Nacional se ha convertido en una realidad permanente de la escena política nacional. No nos desharemos de él ni con facilidad ni con rapidez. Dos evoluciones son posibles: o desintegra a la derecha tradicional, como proclama oficialmente Marine Le Pen, aunque ésta es una hipótesis poco plausible de momento; o evoluciona de manera progresiva influyendo ideológicamente a la derecha, compartiendo con ella cada vez más valores (la puerta ha sido abierta de par en par por Sarkozy), y se convierte en un partido de una derecha populista “respetable”, a imagen del partido neofascista de Fini en Italia y, por tanto, un aliado necesario y aceptable de la derecha clásica. Esta es la evolución más probable, por la que trabaja Marine Le Pen. Situación que, por otra parte, confirma la evolución sociológica e ideológica hacia la derecha de la sociedad francesa. La paradoja es pues que la izquierda ha ganado las elecciones en un contexto de derechización de la sociedad francesa y europea. Y este resultado se debe en buena medida al rechazo a la persona de Sarkozy, que nunca ha entendido nada de la identidad profunda de esta sociedad.

En la izquierda, el problema principal es el de la reconquista del electorado popular, que ya no está encuadrado por el Partido Comunista y ha sido abandonado por el Partido Socialista, que quiere ser en primer lugar el partido de las clases medias. Este electorado se ha perdido en provecho del Frente Nacional desde mitad de los años 90. De él depende la renovación de la izquierda. Esta no tiene ni la ideología ni la estrategia capaz de hacerlo volver a su seno: ya no tiene capacidad utópica para ofrecer un futuro mejor al pueblo ni estrategia de terreno capaz de encuadrarlo, como hacía antes el Partido Comunista. De otra parte, no hay que olvidar que todo el éxito de antaño del Partido Comunista estaba basado en su vocación de ser un partido identitario, mientras que la izquierda de hoy aparece más bien como una fuerza de poder electoral sin identidad bien afirmada. Es esencialmente liberal en el plano identitario, lo que no empuja al electorado popular a reconocerse en ella. En realidad, la única vía que permitiría a la izquierda regresar a la centralidad entre esas clases es la vía republicana, que concilia de manera equilibrada a la vez derechos y deberes de los ciudadanos. Pero por mucho que lo quiera y comprenda, el Partido Socialista aún está lejos de tomar esta vía por su gran alejamiento del pueblo en nombre de la ideología democrática liberal de estos últimos 20 años. Las próximas elecciones legislativas no serán fáciles para la izquierda. Deberá volver a dar confianza al pueblo. Es un desafío, porque, como ha subrayado el profesor Javier de Lucas en un reciente debate en la SER, la alegría con que se ha acogido su victoria ha sido, a decir verdad, una alegría “contenida”.

Sami Nair es profesor de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.

Traducción de M. Sampons.

Se está presentando el déficit autonómico como la consecuencia de un sistema descentralizado en exceso cuyo rumbo convendría corregir para recuperar la confianza en España. El autogobierno suscita inquietud en determinados sectores de opinión españoles porque el déficit ha aflorado recelos y prejuicios que añoran las seguridades de la nación centralizada y uniforme. La intervención ideológica se ha hecho patente de forma que posiblemente no se requieran intervenciones institucionales cuando ya hay comunidades autónomas absolutamente tuteladas por la Administración central. Los gobiernos autonómicos del PP, que son todos menos cuatro, se han retraído ante las críticas. Unos por saberse herederos de una gestión injustificable de las cuentas territoriales, y otros por haber comprendido que en periodo de crisis las competencias no incrementan la influencia política de las élites regionales sino que la comprometen. Ese retraimiento explica la salvaguarda en la que se mueve la Administración central, sin que nadie se pregunte cómo es que mantenga tanta estructura y gasto tras vaciarse de atribuciones y sin que nadie demande una mayor adecuación del modelo de financiación al reparto competencial.

A primera vista, el retraimiento autonómico, que afecta a todos los estatutos no refrendados, contrastaría con la efervescencia soberanista que podría desatarse en Catalunya y Euskadi. Lo cual, aun operando tan sólo como hipótesis o a modo de amago, propiciaría una mayor diferenciación entre unas y otras autonomías. La volatilidad ideológica de un Estado que ya nunca será de las autonomías y sus problemas financieros han realimentado la pulsión nacionalista. El pacto fiscal ha pasado de ser una aspiración a enarbolarse como la única forma de zanjar el contencioso sobre el retorno de los impuestos que pagan los catalanes cuando la Generalitat dice verse obligada a introducir recorte tras recorte. Por su parte, el abertzalismo presenta la situación económica en el resto de España como un lastre para las expectativas que podría albergar una Euskadi que ha vuelto a la recesión; una razón no exenta de jactancia que se añade a su periódico recordatorio de que persigue cortar amarras. La certeza de que el País Vasco está soportando la crisis mejor que las demás comunidades autónomas gracias al concierto y al cupo constituye un argumento definitivo para avalar la pertinencia del pacto fiscal. El nacionalismo tiende siempre a simular que está a punto de desatar el nudo. Pero continúa aferrándose al principio de realidad que indica que España no es un contexto fallido a punto de desmembrarse, porque sabe que ello arrastraría a Euskadi y a Catalunya.

El soberanismo no se basa tanto en el ansia por dotarse de un poder independiente como en el rechazo que provoca verse subsumido en el sistema constitucional con el mismo estatus que el resto de las comunidades autónomas. El desarrollo autonómico ha suscitado entre los nacionalistas la necesidad de diferenciarse de quienes se han dotado de un nivel de autogobierno similar al que ellos reivindicaban al comienzo de la transición. Por eso mismo, el retraimiento autonómico, preconizado abiertamente por Esperanza Aguirre y practicado por los dirigentes territoriales de su partido con responsabilidades de gobierno, devuelve en cierto modo a los nacionalistas la singularidad difuminada con el café para todos y, en esa misma medida, puede atemperar la tensión soberanista.

Aunque esa tensión se ve limitada también por la pluralidad social y política que representan Catalunya o Euskadi, tan o más diversas que lo que puede ser España en su conjunto. Fuera de ese amplio cauce central en el que la ciudadanía se manifiesta satisfecha de la autonomía realmente existente y predispuesta a recabar más atribuciones de autogobierno, la idea de un Estado propio o de un estatus político aún más diferenciado introduce la tensión en el seno de la propia sociedad vasca o catalana. De ahí que no resulte fácil imaginar que Catalunya se haga con el concierto y a las malas opte por retener el cupo mientras llega a un pacto con Madrid. Del mismo modo que el previsible cambio político que se dará en Euskadi tras la participación de la izquierda abertzale en los próximos comicios autonómicos difícilmente encontrará una fórmula de desenganche del Estado constitucional que no suponga la ruptura social y territorial del país de los vascos. En cualquier caso, hay una línea que los compromisos respecto al déficit no podrán traspasar sin cuestionar el carácter democrático de la España autonómica y sin poner en peligro su integridad territorial. Es la línea que Rajoy trata de sortear a su modo, aunque sin otra garantía que la de su contención verbal.

Europa ha vivido en diez días sacudidas políticas y financieras que afectan a cada uno de los 500 millones de ciudadanos europeos pero que también amenazan la estabilidad de la economía global. La pregunta ya no es quién es el responsable o responsables de los errores que nos han llevado a esta situación de miedo generalizado sino a quién hay que convencer para que los gobiernos puedan tomar las decisiones correctas sin cambiar de dirección en cuestión de horas o días.

Convencer a los ciudadanos es relativamente fácil. Los gobiernos invocan sus mayorías en el parlamento y toman las decisiones que consideran oportunas, necesarias y legítimas. Pero aquí no acaba ni comienza el proceso. Es el punto muerto de todo el proceso.

El ministro Luis de Guindos presentó el viernes la segunda fase de la reforma financiera. No sabemos si habrá tercera ni cuarta. Tampoco si la nacionalización de un gran banco como Bankia será suficiente para tranquilizar a los millones de clientes de esa entidad bancaria. No era una reforma definitiva porque tenía que pasar necesariamente por varios filtros que no se encuentran en España.

El primero es la auditoría de dos entidades que no tienen que ser españolas aunque se entiende que sean multinacionales. El segundo filtro tiene los tres mecanismos de control que son la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. No es fácil pasar esta prueba que Guindos sometió ayer a sus colegas de la UE.

Pero además de este esfuerzo para convencer a instituciones del espacio supranacional, hay que convencer también a los llamados mercados que son los que, finalmente, emiten la valoración más aceptada. Quien decide la salud de una economía, por lo tanto, no es el ministro, ni la opinión pública, ni las instituciones internacionales que velan por el estado de una economía nacional. Quien emite el informe definitivo son los mercados. No es normal ni justo entregar a los especuladores profesionales, habitualmente sin nombre ni cara, esta capacidad. Es una perversión insostenible del sistema al que se le cuelan por esas grietas enormes boquetes de cálculos abusivos que perjudican seriamente a los ciudadanos. El sistema no es malo en sí mismo. Lo que necesita una seria operación quirúrgica son los gestores de ese capitalismo desbocado y cruel.

Transcurridos unos días de la intervención de Bankia y del nuevo decreto de reestructuración financiera, es descorazonador contemplar la poca consistencia, no ya teórica, sino simplemente argumental, de algunos analistas y opinadores entre lo dicho al empezar la crisis y lo que dicen ahora. Hay quien siempre tiene razón, aunque tenga que decir lo contrario de lo dicho. Entre ellos, además de los profesionales de las catástrofes, se cuenta quien aduce continuadamente un “yo ya lo decía”, limpiando su memoria y pensando que así borra la de las hemerotecas. Recuerdo a los que acusaban al regulador de ir demasiado rápido, “que las cajas con más tiempo saldrían adelante”, y ahora dicen lo contrario. También los que pedían fusiones calientes y decididas, pues las frías no bastaban. Puede visualizarse aún a los que decían que la crisis era cuestión de tiempo. Mientras, la burbuja sobrevolaba la economía y cada vez que desde el regulador se quería atrapar el globo (dudando de si le tocaría contra natura pincharlo), aparecía la mano de algún político supuestamente más alto empujándolo más arriba. El externo que observaba el proceso y lo avalaba con los tests de solvencia hoy reclama auditoría externa, como si la complicidad no lo culpabilizara.

«El número de nuevos ricos en España sigue creciendo pese a la crisis; ya hay unos 150.000 millonarios en este país»

«Los ricos, aún más ricos; los pobres aún más pobres». Éste fue un reciente titular del periódico francés La Dépêche. Es la herencia del nuevo presidente francés, François Hollande. El diario se hacía eco del resultado de una encuesta según la cual el 20% de los franceses más pobres ha visto reducidos sus ingresos entre 1990 y 2010, y el 20% de los más ricos ha aumentado los suyos. Pero no hay nada excepcional en el caso de Francia, una nación que hoy tiene 2,6 millones de desempleados. Cifras similares del incremento de la pobreza se dan en cualquier país occidental.

En España también, los banqueros, los burócratas y los políticos se han hecho más ricos mientras el conjunto del país se ha empobrecido. Los años del Gobierno socialista fueron excepcionalmente buenos para que algunos se enriquecieran mientras la pobreza aumentaba a su alrededor. Ejemplos como el de ese amigo blindado del ex presidente que disfrutaba de un miserable salario anual de 100.000 euros y que ahora reclama una indemnización de 400.000 porque fue despedido de su trabajo, son evidencias elocuentes de que hay oportunidades de lucro en tiempos de miseria.

Todo el mundo asume que estamos en una época de crisis, que el desempleo es alto, que millones de familias no tienen ingresos y que la pobreza es lo que predomina. Los trabajadores pierden sus hogares, no pueden comprar comida y tienen que vivir de la caridad. Ese parece, al menos, el tema dominante. Pero, por supuesto, es sólo una cara de la verdad. La otra no menos impactante es la de los ricos.

Un informe sobre la desigualdad de ingresos en Europa, publicado por la OCDE hace semanas, dice explícitamente: «En las tres décadas anteriores a la reciente recesión económica, la diferencia en salarios se ha ampliado y ha aumentado la desigualdad de los ingresos familiares en una gran mayoría de países de la OCDE. Esto ocurrió incluso cuando los países pasaban por un periodo de economía sostenida y crecimiento del empleo».

La forma más terrible para evaluar esta brecha es simplemente mirando las estadísticas, en especial las de los sueldos y pensiones de los altos ejecutivos. Desde la gran crisis de la banca en Estados Unidos, la atención del público se ha fijado en los números. A principios de este año surgió la noticia de que Francisco Luzón, un ejecutivo del Banco Santander, se jubiló con una pensión de 56 millones de euros. Dado que de media un español percibe una pensión de unos 800 euros al mes, cabe preguntarse qué ha hecho el dichoso banquero para ganar casi cinco millones de euros al mes como pensión. Por supuesto, uno también tiene que tener en cuenta que la remuneración anual de Luzón en 2011 fue de 14 millones mensuales. Y hay otros en el banco que ganan mucho más que él. ¿Quién dice que hay pobreza en España?

¡Ciertamente no entre los banqueros! Es el caso de la ex directora de la Caja del Mediterráneo que tenía un sueldo anual de 600.000 euros y blindó en su finiquito una pensión de por vida de 370.000 euros al año. Como ella, otros cinco altos cargos de la CAM se jubilaron anticipadamente con ingresos millonarios. Asimismo, el escándalo en NovaCaixaGalicia, donde cuatro de los directores se otorgaron sumas millonarias en pagos, provocó la indignación pública.

¿Y pensamos que España es un país pobre, con la mayor tasa de desempleo en el mundo occidental y el mayor número de casas abandonadas? Olvídenlo. El número de nuevos ricos en España sigue creciendo pese a la crisis. El de personas con lo que se considera ingresos muy altos en España crece por miles cada año. En la actualidad, hay casi 150.000 millonarios en España, según un informe de Merril Lynch. Un funcionario de la empresa explicó que esta tasa de crecimiento en un país como España aparentemente pobre era «el doble que la de Alemania y superaba la de Italia y el Reino Unido».

¡Y el fenómeno es mundial! En el Reino Unido, la Rich List anual del Sunday Times dice que las personas más ricas de Gran Bretaña han desafiado la recesión para hacerse todavía más ricos a lo largo del año pasado. Ellos, dice el periódico, aumentaron su riqueza en un 5%. Los top 1.000 de la lista ahora tienen una riqueza combinada de cifras tan altas como para superar al total de la deuda pública de varios países. De las 10 personas más ricas del país hoy, dos son indios y dos rusos.

¿Y qué decir del país más rico del mundo (que, por cierto, tiene un sorprendente nivel de pobreza)? En Estados Unidos, según dos economistas franceses que estudiaron las declaraciones de Hacienda del país, los súper ricos se hicieron más ricos y más rápidamente que los meramente ricos. En 2010, más de un tercio del aumento de los ingresos fue al top 0,01% de los contribuyentes, un total de unos 15.000 hogares con un promedio de ingresos de 20 millones de euros cada uno. Estos pocos afortunados vieron sus ingresos aumentar en casi una cuarta parte. Por el contrario, el 99% de los contribuyentes recibió un aumento microscópico de 60 euros por persona en 2010.

Y retomemos el tema de las pensiones. The Wall Street Journal informa que el año pasado más de 200 ejecutivos vieron aumentar sus pensiones por encima del 50%. Por ejemplo, el jefe de la compañía farmacéutica Merck & Co. recibió una pensión de 20 millones de euros; el jefe de la petrolera Conoco recibió 65 millones de euros; y el jefe de Exxon Mobil recibió una pensión de 25 millones de euros.

De todos estos datos, es evidente que no necesitamos preocuparnos por el aumento de la pobreza. ¿Por qué preocuparse por los pobres, los desamparados y los desempleados? Nuestra economía se basa en los banqueros y los políticos. No es sorprendente que el movimiento Occupy en Estados Unidos y movimientos de protesta similares en otros lugares (como el de los indignados en España) hayan optado por centrar su protesta sobre estas personas, como símbolos de una filosofía social que no sólo es inhumana sino que socava la propia humanidad.

Henry Kamen es historiador británico. Su último libro es El Rey Loco y Otros Misterios de la España Imperial (La Esfera de los Libros 2012).

La mayoría de los tertulianos de radio y televisión se dedican a pontificar sobre lo que ignoran. Jamás pierden una ocasión para equivocarse. Contribuyen de forma muy tenaz a verbalizar la ceremonia de la confusión a la que asisten, pávidos, los españoles.

Por eso reconforta leer un artículo como el publicado por Gregorio Marañón y José Juan Toharia. Ambos autores muestran a Mariano Rajoy la senda que debe recorrer para alcanzar el pacto de Estado que hoy necesita España. Un mes antes del 20-N, el pasado 26 de octubre, Marañón había escrito: «La coyuntura es de tal gravedad que tras las elecciones del 20-N resulta imperativo recuperar el consenso como si de una segunda Transición se tratase, si no queremos correr el riesgo de que nuestro sistema político, nuestra convivencia cívica y nuestro bienestar económico embarranquen peligrosamente».

Emputecido por la mayoría absoluta, Mariano Rajoy ha poblado Moncloa de colaboradores convertidos en pavos reales que, con sus colas desplegadas al viento, se dedican al contoneo y al desdén. El presidente, sometido a la dictablanda de Arriola, hombre muy seguro en sus errores, no se ha dado cuenta de que no fue él quien ganó las elecciones. Las perdió Zapatero con sus despropósitos, sus ocurrencias y su livianidad.

Ahora Gregorio Marañón, flanqueado por José Juan Toharia, vuelve a la carga, asegurando que el consenso, que el pacto de Estado, constituye un gesto de fortaleza moral y no una muestra de debilidad ideológica. Y dibuja ante el lector la imagen de un avión con una importante avería en pleno vuelo. «¿Qué puede sentir el pasaje si ve al piloto y al copiloto enzarzarse en descalificaciones mutuas, responsabilizando cada uno al otro de la inminente catástrofe en vez de buscar, juntos, la forma de evitarla?».

Considera Marañón que Rajoy es hombre de excepcional capacidad para adentrarse en la selva pública, que tiene un modo de actuar firme, pero suave y sin estridencias, y que es independiente de ciertos extremistas de su partido y también de los pavos reales que presumen como vedettes en los jardines monclovitas al sol de la victoria electoral «rosmando amenazas», según la expresión de Valle-Inclán. Por su parte, Alfredo Pérez Rubalcaba está atalayado por una larga experiencia política que le entronca con la Transición y el pacto de Estado. Hundido en el descalabro electoral debe cesar, eso sí, en la bravuconería con que advierte a Rajoy: «Si me sacas del pozo, te juro que te perdono la vida».

Ante el acoso internacional, las impertinencias europeas, la debilidad de una parte del sector financiero, se hace cada vez más necesario el entendimiento entre PP y PSOE, que no la confrontación estéril o la aliteración partidista: «La coyuntura -escribe Marañón- es de tal gravedad que resulta imperativo recuperar ya, sin dilación, el consenso, como si de una segunda Transición se tratase». La desvertebración de España se acentúa mes a mes. El régimen se está agotando y su regeneración exige también el pacto de Estado para proceder a la reforma constitucional que exigen las nuevas generaciones.

Si Mariano Rajoy quiere pasar a la Historia como un estadista deberá desprenderse de los acosos internos y sonorizar con la frente alta y el ánimo esperanzado el camino del pacto político con el PSOE. Ha pasado el tiempo de las ocurrencias y las trapisonderías, de las capillitas electoreras, los intereses partidistas y la palabra yerta. España camina sobre el filo de la navaja al borde del precipicio. Si Mariano Rajoy no abre los portones del palacio de la Moncloa a la gran política del pacto y el consenso, la nación terminará desplomándose y los esfuerzos de la generación que construyó la Transición, la democracia y la libertad, habrán sido baldíos.

Luis María Anson es miembro de la Real Academia Española.

Los conductistas hallaron tres condiciones para la irracionalidad

Ayer cotizaba todo para mal: la derrota de la coalición de Angela Merkel, el fracaso de los griegos para formar un gobierno estable que les deja al borde de la Eurozona, los vaticinios de Paul Krugman sobre el fin del euro y, tal como se había percibido en la prensa anglosajona del fin de semana, las dudas que ha levantado la segunda reforma financiera española. Resultado: las primas de riesgo disparadas, las bolsas en números rojos y la cotización de Bankia en caída libre.

Curiosamente, la consultora McKinsey decidió encabezar ayer su newsletter trimestral sobre trabajos clásicos de Economía con el título «¿Son las bolsas racionales?». El tema principal es un estudio publicado en 2005 que se titulaba ¿Son los fundamentales o las emociones las que gobiernan las Bolsas?, firmado por Marc Goedhart, Timothy Koller y David Wessels. En él se concluye que las emociones pueden determinar el comportamiento del mercado en unas pocas situaciones de corto plazo, pero que en el largo plazo la valoración fundamental se impone.

El informe opone por un lado a los estudiosos del conductismo (behaviorismo) que creen que cuestiones como el exceso de confianza, la sobrerreacción, los prejuicios y las emociones juegan un papel en las cotizaciones, y los especialistas en análisis fundamental que creen que el precio de una empresa cotizada se forma básicamente por su valor intrínseco reflejado en su balance.

La «exuberancia irracional» de los mercados, tal como la definió el ex presidente de la Reserva Federal Alan Greenspan, fue considerada por los economistas conductistas como una prueba de que las emociones podían determinar las cotizaciones. Sin embargo, en el largo plazo los episodios de irracionalidad de los mercados no suponen desviaciones significativas del valor intrínseco de una empresa. Aún así, resulta muy interesante determinar en qué circunstancias y con cuánta frecuencia pueden producirse esos episodios.

Los conductistas apuntan a tres condiciones y cuando las tres coinciden, se producen distorsiones en los mercados «significativas y persistentes». Una condición es que exista un comportamiento irracional que se produce cuando los inversores digieren erróneamente la información disponible. La segunda es que produzcan patrones sistemáticos de conducta, es decir, que la conducta no sea accidental, sino que se desarrolle de manera sostenida. Por último, que se produzcan conductas de anticipación importantes, esto quiere decir que si una empresa tiene buenos resultados, los inversores pueden confiar y comprar el valor, pero algunos pueden tener la tentación de apostar en contra, lo cual terminará haciéndolo caer.

Aunque el estudio es sólo sobre el mercado de acciones, parece claro que estas tres condiciones han coincidido ahora: hay dificultad para procesar correctamente todos los acontecimientos de las últimas horas, esto viene ocurriendo desde hace meses y hay gente en los mercados que está apostando en contra de la deuda soberana del sur de Europa. Estamos, en consecuencia, en medio de una tormenta perfecta. Un momento, además, en que los malos fundamentales de nuestra economía ni siquiera nos permiten equilibrar la tendencia de corto plazo.

john.muller@elmundo.es

La creación del euro fue una decisión política. La teoría de las áreas monetarias óptimas desaconsejaba que economías con niveles de productividad distintos y baja movilidad del trabajo cedieran su soberanía monetaria y cambiaria si no estaban dispuestas a crear una unión fiscal plena con un presupuesto capaz de actuar de forma contracíclica. Sin embargo, se dio el paso adelante confiando en que sería posible ir completando la gobernanza del euro paso a paso, como siempre se han hecho las cosas en la construcción europea.

Hoy, nuevamente, la política vuelve a mandar sobre la economía pero en la dirección contraria, ya que en esta ocasión la política puede llevarnos hacia cierta desmembración del euro justamente cuando los economistas han identificado claramente qué habría que hacer desde el punto de vista técnico para resolver la situación: permitir que el BCE actúe consistentemente como prestamista de última instancia de bancos y países, aumentar el tamaño del fondo de rescate, pasar de la actual austeridad coordinada a una auténtica unión fiscal, crear un mecanismo europeo de resolución bancaria e ir dando pasos hacia la creación de un instrumento de deuda paneuropeo.

Salida de capitales

Un rápido vistazo a los mercados muestra las bolsas en caída libre, la prima de riesgo española disparada y al euro cayendo frente al dólar, lo que demuestra que además de haber una salida de capitales desde la periferia del euro hacia Alemania (como venía sucediendo hasta ahora), también hay inversores sacando capitales hacia Estados Unidos.

Aunque en España no paremos de hablar de Bankia, el factor más importante que ha precipitado estos acontecimientos es la situación política en Grecia. Las elecciones tendrán que repetirse porque es imposible formar gobierno y es muy probable que los nuevos comicios den la victoria a los partidos de izquierda que abogan por revertir las políticas de austeridad, lo que, hoy por hoy, es incompatible con permanecer en el euro (si Grecia no continúa con los ajustes, la Troika no hará nuevos desembolsos y el país irá a un nuevo default, al que podría seguir o no una salida del euro). Y aunque en Bruselas estén muy contentos con el Mecanismo de Estabilidad que se estrenará en julio y afirmen contundentemente que el euro podría superar el evento Grexit, los mercados no están tan convencidos.

El contagio hacia España es cada vez más intenso y probablemente requerirá nuevas intervenciones del BCE para calmar la situación. Esto supone que, en las próximas semanas, debería continuar la volatilidad en los mercados, al menos hasta saber qué sucede en las elecciones griegas. Y en los próximos meses, si los deslegitimados partidos de centro no logran formar gobierno en Grecia, habrá que estar preparados para un default, que ni siquiera un nuevo pacto por el crecimiento en la UE podría parar, ya que llegaría demasiado tarde, al menos para Grecia. Si finalmente el país heleno opta por salir del euro es imposible predecir si el contagio generará un tsunami que tumbará a Portugal y forzará un rescate a España e Italia (para el que no está claro si hay dinero suficiente) o si, por el contrario, sólo habrá una fuerte tormenta financiera de corta duración.

Mirando un poco más a largo plazo hay algunas señales para el optimismo. Primero, Alemania parece estar dispuesta a aceptar subidas de salarios y de la inflación, requisito imprescindible para que las economías del sur puedan hacer sus necesarias devaluaciones internas a un coste algo menor. Segundo, parece que en el Consejo Europeo extraordinario del 23 de mayo se lanzará una agenda de crecimiento y financiada por el Banco Europeo de Inversiones. Aunque será insuficiente, podría lograr mejorar algo las perspectivas de crecimiento en la zona euro, requisito imprescindible para que las primas de riesgo se relajen un poco.

En todo caso, lo que sabemos es que los próximos meses pueden definir el futuro del euro y que, una vez más, serán las decisiones políticas las que determinen nuestro futuro económico. En último término, se trata de decidir si somos los Estados Unidos de Europa (y, por tanto, Grecia es como California, que tampoco puede pagar su deuda pero no tiene problemas porque recibe transferencias de Washington) o si hemos recreado el patrón oro, que terminó colapsando en el periodo de entreguerras porque los ajustes a los que obligaba eran inasumibles desde el punto de vista político.

Federico Steinberg. Investigador Principal del Real Instituto Elcano y Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid.

«Asistimos al fin de la crisis de la Restauración, crisis de sus hombres, de sus partidos, de sus periódicos, de sus procedimientos, de sus ideas, de sus gustos y hasta de su vocabulario; en estos años, en estos meses concluye la Restauración la liquidación de su ajuar… Yo os diría que nuestra bandera tendría que ser ésta: la muerte de la Restauración: Hay que matar bien a los muertos». (Ortega, «Vieja y nueva política»).

Ahora, como hace casi cien años, la vieja política, en Asturias y en España, atraviesa un desprestigio tan merecido como alarmante. Los grandes baluartes de esta segunda restauración borbónica se están viniendo abajo desde la cúspide hasta la base. Y es en un momento como éste cuando su partido irrumpe en la vida pública asturiana, con un discurso teórico que dice desentenderse de la vieja política. Celebro, claro está, semejante proclama. No obstante, las dudas no pueden no asaltarme.

Dos objeciones, inevitables, de entrada. La fundadora de su formación política proviene de un partido en el que lo intentó casi todo, tanto en el País Vasco como en España. Es decir, su origen está en la vieja política. En segundo término, el discurso de UPyD es poco favorable al Estado autonómico. Para ello, se pueden esbozar, sin duda, argumentos convincentes, aunque no se debe perder de vista que en las escasas experiencias democráticas vividas por España se tendió siempre a reducir el centralismo. Por otro lado, estaría bien que se manifieste con claridad qué idea de España se defiende. Usted, que admira a Ortega, conoce bien las dudas que el filósofo tenía al respecto: «Dios mío, ¿qué es España?». Y si, retóricas aparte, Ortega planteaba grandes dudas metafísicas acerca de lo que es España, es difícil pensar que la presidenta de su partido pueda tener más clara su idea de España que el filósofo más brillante que dio nuestro idioma.

Sigamos con la vieja política centrándonos en esta tierra. El actual candidato socialista, máximo dirigente de la FSA desde el otoño de 2000, no puede esgrimir que nada tiene que ver políticamente con los despilfarros, nepotismos y excesos faraónicos del arecismo, ello por no hablar de la corrupción que se destapó el pasado año, pues el desconocimiento de lo sucedido no exime de responsabilidad política. Cierto es que en la lista que el PSOE asturiano presentó las últimas elecciones el arecismo desapareció casi por completo. Pero, aun así, cuesta creer que estemos ante una cúpula socialista astur totalmente desmarcada de la vieja política arecista, máxime si se tiene en cuenta que poca renovación hubo en la mayoría de las agrupaciones locales, responsables en muchos casos de despilfarros escandalosos en algunos gobiernos municipales.

¿Y qué decir de los partidos que forman la derecha astur, que no está nada claro que al final se apoyen entre sí para formar Gobierno? Mire, contra Cascos se dicen infinidad de cosas, y, sin embargo, se soslaya que el PP astur, al que lleva enfrentado desde que anunciara su intención de presentarse como candidato a gobernar Asturias, es, ante todo y sobre todo, la herencia que el ex ministro dejó aquí tras su enfrentamiento con Marqués. Quienes lo encumbraron hasta el paroxismo son sus mayores enemigos. Juego de contradicciones, nada hegeliano, en el que no cabe reclamar coherencia por parte de nadie. Pero, en todo caso, don Ignacio, el PP es vieja política, la vieja política resignada a ejercer una cómoda oposición a Areces, la vieja política que consignaba entre sus glorias los logros de Cascos para Asturias en los gobiernos de Aznar. La vieja política que, en un momento dado, se desdijo de su discurso y puso a doña Isabel Pérez-Espinosa como lideresa, lideresa que no marca un antes y un después en la historia del parlamentarismo. La vieja política de un Ovidio Sánchez que, cada año, lanzaba invectivas contra Areces en el debate sobre el estado de la región y poco más hacía. La vieja política que decide en su día poner a Cherines al frente del partido conservador en Asturias, cuya vida política no es explicable sin Cascos. Y esa vieja política hizo que en mayo de 2011 y en marzo de 2012 el PP astur fracasara estrepitosamente en las elecciones autonómicas.

Y ahora se da la paradoja de que Cascos sospecha que usted está por el continuismo. ¿Acaso no es don Francisco el político asturiano con más dilatada trayectoria ya desde los tiempos de AP? Todo el mundo tiene derecho a cambiar, y son frecuentes los casos de políticos que así lo hicieron. Pero lo cierto es que el discurso del actual presidente en funciones no se tradujo en práctica política, más allá de broncas y desencuentros.

Vieja política, don Ignacio. Desentenderse de ella por completo podría llevar a otra cita electoral anticipada, lo que no parece muy deseable. Y, por otra parte, apoyar a la vieja política en cualquiera de los frentes haría difícil los equilibrios de coherencia.

Hablando del pasado, me viene a la mente un personaje admirable de nuestra transición: Atanasio Corte Zapico, que nunca fue vieja política, que nunca estuvo por lo cortesano, que planteó iniciativas aún pendientes como la fiesta cívica de Asturias el 25 de mayo, seguramente siguiendo a Renan, cuando hablaba de glorias comunes en el pasado, frente a remordimientos, que configuran lo que es una nación. No estaría mal ese referente, se lo aseguro.

Deseoso estoy de ver, don Ignacio, cómo se las maneja usted entre la vieja política astur. Y, sobre todo, de contemplar y comprobar que usted nada tiene que ver con canovistas y sagastinos.

«En medio del viaje de nuestra vida, me encontré en un bosque oscuro en el que el camino recto se había perdido». Creo que estas primeras líneas del «Infierno» de Dante hace ya algún tiempo que reflejan bastante bien los problemas a los que nos enfrentamos los economistas. La ciencia económica prometía mucho en sus inicios, los economistas clásicos -Adam Smith, Thomas Malthus, David Ricardo y Karl Marx- no tenían temor a utilizar la teoría como método de análisis, pero su trabajo estaba claramente orientado hacia los problemas que afectaban a la vida de los ciudadanos. Y la economía, que por entonces se conocía con el término de economía política, no trataba solamente de las cuestiones económicas, sino también de los conceptos más amplios de la política económica. En otras palabras, las cuestiones a las que se enfrentaba el análisis económico eran escogidas precisamente por su importancia y su relevancia política.

Sin embargo, desde finales del siglo XIX, se ha ido elaborando una ortodoxia económica -como decía mi admirada Joan Robinson, construida tras matorrales de álgebra- que llegó a creer que contenía todas las economías, de todos los tiempos, e ignorando casi siempre que la economía debería analizarse dentro de un contexto social e institucional determinado. La visión de que la sociedad está constituida por individuos que actúan calculando racionalmente su propio interés impregna toda la teoría económica moderna. En este sentido, cabe recordar la famosa afirmación de Margaret Thatcher: «La sociedad no existe», y, en esa línea, cabe afirmar que para muchos economistas sólo existen los individuos que la forman. Sin embargo, esta noción es bastante ajena a la filosofía de Adam Smith, ahora ensalzado como descubridor intelectual de la bondad del mercado libre, y para quien el predominio de la moral pública sobre la conducta individual era algo innato.

Hace ya algunos años, en concreto en 1998, que el insigne historiador del pensamiento económico Mark Blaug afirmaba que la economía moderna está enferma y añadía que «la economía se ha convertido cada vez más en un juego intelectual, llevado a cabo para entretenerse y no atendiendo a sus consecuencias prácticas. Los economistas han transformado gradualmente la materia en una especie de matemáticas sociales en las que el rigor analítico, tal como se entiende en los departamentos de matemáticas, lo es todo y la relevancia empírica, tal como se entiende en los departamentos de física, no es nada».

Mark Blaug data el comienzo de la enfermedad de la economía en el año 1954, fecha de la publicación del famoso artículo de los premios Nobel Kenneth Arrow y Gerard Debreu. Según Blaug, este artículo marca el principio de lo que desde entonces ha dado lugar a un crecimiento canceroso en el mismo centro de la microeconomía. Desde la crisis económica de los setenta este tipo de críticas se ha ido extendiendo y la crisis en economía, que todavía no se ha resuelto, constituye un fenómeno complejo que implica una combinación de cuestiones teóricas, empíricas, de política y sociológicas, resultante de una interacción de presiones internas y externas.

A este respecto, las quejas más comunes son las siguientes: el sobredesarrollo de la teorización formal matemática, la absorbente preocupación por las técnicas, la irrelevancia de gran parte de la investigación teórica, la debilidad de los fundamentos empíricos de la disciplina, la prevalencia de una formación que es bastante inútil a la hora de preparar candidatos para trabajos no académicos, un sistema de incentivos perverso que perpetúa el status quo y el hecho de que la profesión se halle en un estado de confusión, mientras sus miembros sufren de arrogancia colectiva.

En la actualidad muchos economistas teóricos nos traen a la memoria la comedia «El Virtuoso», escrita por Shadwell en 1676. El virtuoso era un eminente teórico acerca de cualquier cosa que se moviera, por ejemplo, era el mejor nadador teórico del mundo. Pero en realidad no sabía nadar en el agua, simplemente se tendía sobre una mesa e imitaba a la perfección los movimientos de una rana que colgaba de un cordel frente a él. Aunque por lo menos el virtuoso, al observar la rana, tenía el mérito de permitir que la realidad empírica influyera en él hasta cierto punto.

Así pues, la ciencia económica convencional, atrapada en una visión del mundo idealizada y mecanicista, es incapaz -como ocurrió en los años veinte del siglo pasado- de prestar la ayuda necesaria para sacarnos de la profunda crisis actual. Un ejemplo muy sencillo: los economistas que han venido defendiendo la necesidad de una reforma laboral desreguladora como la única vía para la recuperación del empleo todavía no han dado una respuesta satisfactoria a una cuestión tan concreta como es la explicación del porqué con la misma legislación laboral las tasas regionales de paro son tan diferentes en nuestro país. Si a esto unimos la utilización abusiva de un lenguaje incompresible para el resto de la humanidad, especialmente oscuro en el ámbito de los mercados financieros, no nos debería de extrañar que hoy la gente, además de estar de acuerdo con Thomas Carlyle en denominar a la economía como la ciencia lúgubre, considere a los economistas como los sofistas de nuevo cuño.

En fin, esperemos que el nuevo Keynes aparezca pronto y nos saque de este atolladero, antes de que la crisis actual tenga que resolverse por otras vías distintas a las medidas de política económica.

Jesús Arango Fernández, profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Oviedo. Miembro del Consejo Económico y Social de Asturias, Jesús Arango, trabajó entre 1971 y 1980 en la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (SADEI). Consejero de Agricultura, cargo que desempeñó desde mayo de 1982 hasta julio de 1987, primero con Rafael Fernández (primer presidente autonómico) y a continuación con Pedro de Silva, al tiempo que era diputado de la Junta General del Principado de Asturias por la circunscripción occidental entre 1983 y 1987. Su salto a la política nacional tuvo lugar en agosto de 1987. Fue entonces cuando el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación le nombró secretario general de Estructuras Agrarias, desempeñando seguidamente la presidencia del Instituto para la Reforma y el Desarrollo Agrario (IRYDA) y, a continuación, la de la Comisión de Agricultura de Montaña. Su siguiente destino fue el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, como secretario general de Empleo y Relaciones Laborales (abril de 1991-julio de 1993). Durante este periodo fue parte integrante del Comité Permanente de Empleo de la Unión Europea.

Ya nadie duda de que, con sus peculiaridades y originalidades, su carácter urbano y festivo, su falta de estructura vertical, su esencia asamblearia y espontánea, el 15-M se ha labrado un hueco permanente en la vida política de nuestra sociedad.  Ya nadie  duda de que, a su modo, incorpora vías de acción social y protesta nuevas y difíciles de reprimir y de que, en definitiva, es una especie de revolución con ritmos pausados pero eficaces.

El permanente intento de criminalización del movimiento por las autoridades en plaza no solamente no consigue su objetivo sino que fortalece la protesta. La acción desconcertada de las fuerzas del orden cuya mera presencia pone de manifiesto la cruda diferencia entre unos ciudadanos pacíficos que ejercen sus derechos y un absurdo aparato de represión que parece hecho de robocops, prueba que no hay contraestrategia preparada para esta forma de protesta pacífica, masiva, legal, permanente. Lo mismo sucede con las patrañas y estupideces con que el frente ideológico del gobierno, sus periódicos y emisoras, tratan de desprestigiar el movimiento. En la tarea hay algún periódico que tal parece un comic sin gracia pero con mala baba.

El 15-M desborda fronteras y es seguido cada vez por más gente en muchos puntos del mundo, en un proceso de internacionalización de la protesta que acabará teniendo consecuencias. Y, desde luego, el apoyo con que cuenta en España probablemente sea el más alto con mucho del que registra cualquier otro fenómeno o institución, excluido el fútbol. En realidad, más que de apoyo, hay que hablar de imbricación social porque, con la incorporación de los yayoflautas, el 15-M es un movimiento representativo del conjunto de la sociedad, de todos los estamentos, actividades y generaciones. Es, en realidad, la propia sociedad que, sintiéndose agredida por le estafa disfrazada de crisis del capitalismo y desamparada por quienes hubieran debido protegerla, ha generado su propio mecanismo de resistencia: amorfo, horizontal, fragmentario, espontáneo, líquido, inaprensible y, por eso indestructible, poco más o menos como ella misma.

Porque es el caso que todos los problemas señalados por el 15-M, todos sus diagnósticos y valoraciones son hoy compartidos por el conjunto de la población. Nadie se atreve a negar que el capital domina las relaciones humanas, que la democracia es insuficiente e imperfecta, que los ladrones campan por sus respetos dentro y fuera de los poderes públicos, que los políticos son una casta venal, que las instituciones están corrompidas y no son representativas y que un 1 por ciento de la sociedad trata como mercancía al 99 por ciento restante. Se dice, sin embargo, que si el 15-M diagnostica con rigor es en cambio incapaz de encontrar soluciones. Es muy posible, pero lo mismo pasa con los que el 15-M juzga responsables de la catastrófica situación, los banqueros, políticos, medios de comunicación, financieros o guías espirituales: tampoco aportan solución alguna con una diferencia importante: que ellos cobran por aportarla y se benefician por no hacerlo.

Tras el primer año de venturosa existencia, el 15-M aborda el segundo con un nuevo objetivo: identificar a los responsables de esta crisis/estafa, investigar su comportamiento, enjuiciarlo públicamente y pronunciar las condenas a que haya lugar. Se trata de reconocer algo simple: la crisis responde a fallos, errores, delitos cometidos por seres humanos, no por las fuerzas del averno, tiene responsables y no hay que dejar que se vayan impunes, sino que hay que exigirles responsabilidades y que paguen por ellos. Todos esos banqueros que se han llevado primas millonarias por arruinar sus entidades y defraudar a los impositores, esos políticos corruptos al servicio del capital y sus propios bolsillos, toda la caterva de colaboradores, cómplices y defensores intelectuales deben afrontar la responsabilidad por lo que han hecho.

Se tardará más o menos pero, al final, los responsables de este desaguisado monumental y quienes han hecho fortuna con él quedarán expuestos al juicio público. La sociedad no parece dispuesta a tolerar que un conjunto de sinvergüenzas, incompetentes y mangantes pueda hundir con sus trapacerías el cuarto banco del país y salir no solo indemnes, sino enriquecidos.

Ramón Cotarelo. Catedrático de Ciencias Políticas.

Lo que está sucediendo parece, más bien, una mezcla del temor a la salida de Grecia de la zona euro, que perjudicaría a los países más vulnerables, como España, y algunas otras cuestiones estrechamente relacionadas con la enfermedad aguda de nuestra economía, como es la crisis bancaria no resuelta. Las medidas que aprobó el Gobierno el pasado viernes no han sido recibidas con el suficiente grado de convencimiento de que van a servir para arreglar los problemas, mientras muchos se preguntan de dónde va a salir la financiación necesaria para afrontar los planes de saneamiento que prevén estas medidas. Con estos dos factores adversos, la petición de auxilio a Bruselas por parte del Gobierno no es gratuita.

Este lunes, los tipos alemanes a largo plazo han vuelto a batir récords y están ya por debajo del 1,50% mientras los españoles han dado un importante salto al alza hasta rondar el 6,24%. Cuanto mayor es la confianza en una economía, más bajos se sitúan los tipos de interés, ya que la mayoría de los inversores apuesta por comprar activos de ese país y, ante la presión de la demanda, las rentabilidades caen en paralelo con la subida de los precios. La distancia es ya abismal y crece porque los dos factores de la resta se mueven en direcciones contrarias. Es decir, el mercado no sólo está castigando a España sino al mismo tiempo premiando con una dosis adicional de confianza a los títulos alemanes, a pesar de que la solidez política que ampara al Gobierno de la Angela Merkel no pasa, precisamente estos días, por sus mejores momentos.

Los flujos de capitales están siendo de una intensidad desconocida en España desde hace muchos años. En los últimos ocho meses (hasta finales de febrero) se estima que han salido de España cerca de 130.000 millones de euros que estaban colocados en diversos instrumentos de ahorro y de inversión. Gran parte de ese dinero ha abandonado la Bolsa española, lo que está causando un notable perjuicio a los inversores españoles que siguen en el mercado. El pasado mes de febrero, las salidas de capitales alcanzaron los 25.000 millones de euros, cuando se daba por probable un abandono del euro por parte de Grecia y la puesta en marcha de una dinámica de abandonos por parte de otros países, entre ellos España.

En este mes de mayo y en abril pasado, las salidas de capitales parece que están alcanzando dimensiones también considerables, como se puede ver en algunos indicadores monetarios. Por ejemplo, el recurso de los bancos españoles a la financiación del BCE está alcanzando cotas récord y supera al de Italia, con 263.500 millones de euros a finales del mes de abril, un 15% más que en el mismo mes del pasado año.

La subida de los tipos a largo plazo hasta niveles del 6,24% como ha sido la de este lunes nos deja en una posición muy delicada en lo que atañe a la financiación del Estado y del conjunto de la economía. Son los tipos más elevados de Europa y un impedimento para que la competitividad de la economía española adquiera los rasgos necesarios para salir de la crisis, incrementar las exportaciones y constituir un atractivo sólido para las entradas de capital. Sin embargo, lo que está sucediendo es justo lo contrario. En esa desesperada carrera por recuperar la credibilidad y la confianza de los agentes económicos, el Gobierno español está perdiendo la batalla.

Como sostiene una conocida “ley” atribuida a un ingeniero norteamericano en los años cuarenta del siglo pasado, si algo es susceptible de empeorar, empeorará. La filosofía subyacente es la misma que ese otro, más pedestre, refrán que asegura que a  perro flaco, todo son pulgas. Se lo dijo Mariano Rajoy sin pestañear, juran que sin morderse la lengua, el día en que el presidente del Gobierno –las 13 horas del domingo 15 de abril-  acudió a visitar al Rey, ingresado en el Hospital USP San José de Madrid: “Lo único que le falta a España en las actuales circunstancias es un escándalo de este tipo, Señor, con la Familia Real de por medio…”  Ante el gesto de sorpresa de quien esto suscribe, el informante se reafirma: “Pues lo ha hecho; este señor de barba cana, que a menudo desprende esa imagen huidiza y como falta de compromiso, le ha cantado las cuarenta a Juan Carlos I. Con un par. Seguramente porque no tiene vocación de cortesano y porque está libre de compromisos”.

La frase pronunciada por Rajoy a la salida de la clínica, sin embargo, es una antológica muestra de ese falsario lenguaje basura que se ha impuesto oficialmente cuando se ocultar la realidad se trata: “Lo he encontrado muy bien, muy animado y con ganas de recuperarse y volver a sus actividades. De hecho, esta semana tengo un viaje oficial a México pero el viernes tendremos un despacho de los habituales”. No se sabe si fue la reprimenda del presidente del Gobierno, el órdago de la Reina Sofía durante el peripatético almuerzo, martes 17, mantenido por ambos en el propio Hospital, que por primera vez en cincuenta años amenazó con coger las maletas y largarse para siempre de La Zarzuela y de España, o la firme postura crítica, contundente, de su hijo, el Príncipe Felipe, el caso es que el Monarca pretendió acortar los plazos de su recuperación como si nada hubiera pasado. Pasó. Tuvo que volver a ser intervenido en la madrugada del viernes 27 de abril.

Un incidente más en un episodio a medio camino entre la comedia y la tragedia. Ahora se ha sabido que el Gobierno español no tuvo noticia del accidente ocurrido, según la versión oficial, en la madrugada del viernes 13 en Botswana, hasta horas después de que el avión privado en que viajaba de regreso la comitiva que acompañó al Monarca en su cacería de elefantes tomara tierra en el aeropuerto de Torrejón de Ardoz. El grupo estaba compuesto por Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, su hijo de 11 años, el empresario saudí Mohamed Eyad Kayali, residente desde hace años en España, y hombre enlace entre el Rey y la casa real de Arabia Saudí en España, que fue quien corrió con los gastos del festejo, y dos empresarios ingleses amigos de la pareja española.

Desde la base de Torrejón, don Juan Carlos fue trasladado directamente al ya citado Hospital San José, mientras Corinna y su hijo se refugiaban en la casa que la supuesta princesa alemana ha ocupado en los últimos tiempos en El Pardo, antigua residencia del General Franco, un chalé de unos 400 metros cuadrados, decorado por el famoso Jaime Parladé, al que se accede directamente desde el recinto del palacio de La Zarzuela. Corinna y su hijo no llegaron a estar ni 24 horas descansando. El tiempo justo para hacer las maletas y largarse, porque a primera hora de la mañana del sábado 14 de abril, casi al mismo tiempo (9,30 de la mañana) que la Casa del Rey informaba de que don Juan Carlos había sido operado por el doctor Villamor de lo que, en Vozpopuli, Juan Carlos Escudier ha calificado de “luxación de Corona”, y descansaba en la Unidad de Cuidados Intensivos de la clínica San José, Corina y su hijo emprendían vuelo con rumbo desconocido desde el aeropuerto de Barajas, bajo la atenta supervisión de dos agentes del CNI, después de que se les ordenara abandonar España a toda velocidad.

Corinna: ni está ni se espera que vuelva

Corinna Zu Sayn-Wittgenstein no ha vuelto a hacer acto de presencia en España. Ni está ni se le espera, y hay quien asegura que no volverá a pisar Madrid. ¿Consecuencia del susto sufrido por Su Majestad tras el incidente/accidente? ¿O real y sincero propósito de enmienda por parte de quien corresponde? Quienes conocen la tela que se guarda en el arca desconfían de que esto sea así, sobre todo después de que la propia Casa del Rey emitiera en un comunicado la sorprendente, por no decir alucinante, afirmación de que el soberano “mantendrá una mayor discreción con respecto a sus amistades personales, pero no renunciará a ellas”, porque tiene todo el derecho del mundo, insisten, a mantener su vida privada lejos de la curiosidad general.

Hay quien sostiene, aunque esto podría no pasar el filtro del mero rumor, que sería la propia princesa Corinna quien habría puesto a su amigo el Rey ante una disyuntiva radical: como a partir de este sucedido, ha venido decir, ya no podremos llevar la vida muelle de la que hemos disfrutado hasta ahora, urge que tomes una decisión trascendental, un camino que podría resumirse en el dilema “Corinna o Corona”, el mismo motto que estos días recorre Madrid, pero formulado por protagonistas distintos y desde posiciones diametralmente opuestas a las dichas hasta ahora.

Con todo, el trabajo del CNI, una auténtica filigrana la suya, no ha terminado, ni mucho menos, en este caso. Y es que el Monarca habría cometido, al decir de los enterados, un error de principiante, obligado por su condición, tal vez, pero error mayúsculo, el mismo que en su día cometió con quien fuera su intendente, Manuel Prado y Colón de Carvajal. Y es que Corinna se ha ido de España tal vez para no volver, pero se ha largado con el riñón bien forrado, porque todo el dinero estaba, está, en sus cuentas personales, cifras importantes acumuladas durante años de estrecha y privilegiada posición al lado de don Juan Carlos, dinero que sin duda no se habría podido hacer sin la capacidad y el talento de esta mujer ambiciosa y siempre cercana al poder y a los poderosos. Las cuentas son suyas, el dinero está a su nombre –dicen que una parte importante en la sucursal monegasca del Crédit Foncier-, y aquí paz y después gloria. Pero  la historia, insisten, no ha terminado.

El control policial de las protestas y el repliegue político amenazan el futuro de este movimiento

La ausencia de una estructura institucional que represente al movimiento de los indignados —también denominado 15-M o Democracia Real Ya (DRY)— no ha impedido que, un año después de su aparición en la escena pública, esta rebelión ciudadana siga viva y se haya convertido, de una manera u otra, en un referente político. El revulsivo que supusieron las manifestaciones y acampadas de mayo de 2011 ha impregnado los programas electorales de todos los partidos y sus ecos han traspasado fronteras. Con el precedente de la primavera árabe, las sociedades acomodadas de medio mundo, especialmente concentradas en Europa y EE UU, vivieron movilizaciones similares inspiradas en los mismos anhelos de regeneración de la política y un más justo reparto de los sacrificios de la crisis. Sobre todo en España, el país del desempleo juvenil masivo.

Aun sin otorgar a este movimiento el monopolio de las reivindicaciones que abandera, lo cierto es que ha sido capaz de generar un debate público sobre la representatividad de las instituciones políticas, las leyes electorales, la dación en pago, la transparencia o el control de las retribuciones de las élites profesionales. Con un apoyo mayoritario de la población —aunque en descenso, según la última encuesta de Metroscopia—, este difuso movimiento es una expresión de las aspiraciones de una población golpeada por el repentino empobrecimiento y los recortes sociales. Pero ese mismo malestar alienta también el ascenso de la extrema derecha en algunos países, lo cual puede privarles de simpatías sociales y derivar en un repliegue político que se pretendía combatir.

Apagados los rescoldos de sus primeros y entusiastas pasos, el Movimiento 15-M se ve obligado a encontrar nuevas vías de expresión. Los poderes públicos no parecen dispuestos a permitir más ocupaciones largas de los espacios públicos, como lo prueba el desalojo policial de las 200 personas que quedaban en la Puerta del Sol, de Madrid, durante la madrugada del domingo, cuya Delegación del Gobierno autorizó que la pacífica concentración efectuada allí sobrepasara el horario previsto, pero no que se establecieran acampadas. La ausencia de problemas en Barcelona y los pequeños incidentes en otras ciudades completan ese cuadro de relativa tranquilidad. Autoridades e indignados parecen haber aprendido las lecciones del pasado, si bien la suerte de los detenidos en Madrid durante la madrugada del domingo inquietaba a los millares de personas concentradas de nuevo anoche en la Puerta del Sol.

Los indignados poseen una poderosa herramienta: Internet y las redes sociales. Pero su verdadera razón de ser se la otorga una crisis profunda y larga, que está aumentando las desigualdades y desposeyendo de poder a las instituciones elegidas democráticamente; y que se ceba en especial con las clases trabajadoras, los jubilados y los más jóvenes.

El movimiento de los indignados no sólo ha representado la opción contrapuesta a la política del miedo y del repliegue a lo privado. Es la construcción a tientas, experimental, de prácticas de solidaridad

El veredicto se ha pronunciado: el 15-M necesita mejorar, no progresa adecuadamente. Insuficientemente socialdemócrata, insuficientemente revolucionario, insuficientemente liberal, el movimiento parece ser un niño siempre en falta. Esta impaciencia es compartida tanto por la derecha como por parte de la izquierda, aunque por diferentes razones. Allí donde el evangelio neoliberal, asentado en el supuesto fin de la historia, observa una mera protesta afectiva, una suerte de grito impotente frente a una realidad estructuralmente correcta, el discurso supuestamente revolucionario se impacienta por unos ensayos que se demoran en un experimentalismo estéril sin conducir a ninguna meta. En el fondo, para ambas posiciones críticas, el 15-M se definiría por ser una negatividad condenada a la frustración al ser incapaz de articularse en guion histórico alguno: una indignación sin gramática, mero contenido sin forma, un acontecimiento simplemente emocional, que diría Zygmunt Bauman.

El debate sobre la mayoría o minoría de edad política del 15-M ha sido recurrente en este último año. Sin embargo, ¿hasta qué punto se pierde en él lo más importante: el análisis de lo ocurrido, una clarificación de su dimensión utópica justo en su lenguaje más concreto? En este punto es donde a veces se tiene la sensación de que una excesiva carga melancólica respecto a los viejos ideales perdidos o una fatal fascinación por el “fin de la historia” impiden acercarse de forma más desprejuiciada al fenómeno.

En realidad, pocas veces en los últimos tiempos se ha manifestado de forma tan rotunda la dimensión “espectral” de un fenómeno político como con ocasión del 15-M. Tan pronto apareció el fantasma, los medios y la clase política no tardaron en mostrar su perplejidad y reaccionar con cómodas categorías a aquello que estaba ocurriendo. Pero cuanto más se resistía el incipiente “movimiento” a utilizar las viejas consignas, más incertidumbre y ansiedad se generaban en el campo social ya estructurado.

Sintomática fue la reacción histérica de algunos grupos de presión que, ante su falta de definición y programa, no tardaron en proyectar sus miedos y angustias más profundos (”Tercera República”, “chusma juvenil”, “populismo demagógico”, “resentimiento de masas”) sobre el nuevo campo de fuerzas que se abría. Desde este ángulo resulta muy interesante estudiar la lista de espectros del 15-M como proyección de diferentes imaginarios sociales ligados a una larga represión de la discusión política. A través de ellos, muchas coordenadas ideológicas hasta ahora “durmientes” quedaron retratadas con una claridad insospechada. Este carácter espectral del 15-M sirvió en Madrid y Barcelona como un catalizador susceptible de desnudar y llevar a la superficie actos reflejos cercanos al autoritarismo que permanecían latentes.

Mucho se ha subrayado, y con razón, el carácter difuso, horizontal, evanescente, del 15-M. ¿Pero hasta qué punto esta atribución espectral puede ser también el resultado de una óptica teórica demasiado abstracta? ¿De una orientación poco sensible a los contenidos? Irónicamente, en las tentativas de suturar la herida social abierta, muchas cosas se han aclarado a través de las reacciones. Polemizando con este fantasma, cierta izquierda, por ejemplo, no ha sabido percibir la penetración molecular del movimiento en espacios políticamente desatendidos, el paciente trabajo en un tejido social, poco a poco descompuesto por las prácticas del individualismo neoliberal. En un momento como este, en el que se exaltan las virtudes de la austeridad, posiblemente nunca ha sido tan importante hablar de las cosas pequeñas y vulgares como el derecho a la vivienda, la dignidad en el trabajo, las condiciones de la libertad y la igualdad. ¿Sería acaso esto demagogia?

El miedo al fantasma del 15-M como viejo “izquierdismo resucitado” que, desde ciertos sectores socialdemócratas, se ha proyectado sobre este fenómeno popular, ¿no dice por ello más de la incapacidad de estos para entender los contenidos de la protesta que del propio movimiento como tal? Bajo este ángulo, la perezosa categoría de “populismo”, ¿no está sirviendo para rechazar de antemano cualquier aproximación concreta y de cuño más materialista al escenario social y —lo que es más preocupante— ahorrase, en virtud de esta distinción, el esfuerzo político de hacer pedagogía o practicar una hegemonía convincente? Buscando antes la distinción que la comprensión de este “espectro populista”, la izquierda socialdemócrata no solo corre el riesgo de encapsularse en un discurso eufemístico sobre la realidad y sus contradicciones, haciendo así el trabajo a la derecha, sino de tirar simultáneamente al desagüe el precioso bebé con el agua sucia de la mala indignación demagógica.

Hacer el esfuerzo de discriminar el grano utópico en la paja de la frustración inmediata es justo lo que ha brillado por su ausencia en muchos análisis. Desde aquí también se entiende la urgencia por pensar de otro modo el momento “populista”, despreciado sistemáticamente. Si hay que participar en el esfuerzo de articular y dar forma política al contenido utópico de la indignación es porque, dada su ambivalencia, este se encuentra abierto y puede ser ilusoriamente falseado por actitudes reaccionarias. En este plano se pagaría un alto precio por dejar en manos del populismo fascista todo malestar popular contra el presente. ¿No es justo este trabajo de cortafuegos el que está haciendo el 15-M?

En esta constelación de fuerzas, en un contexto de crisis económica severa, el 15-M no sólo ha representado la opción contrapuesta a la política del miedo y del repliegue individualista a lo privado: la de la construcción a tientas, experimental, de prácticas de solidaridad. En este sentido, fue la interpretación despolitizada del acontecimiento la que se esgrimió entre las filas conservadoras. Desde ella buscó cifrarse interesadamente la indignación popular en un “comprensible” gesto individual de resistencia frente al poder excesivo del Estado socialista y las mediaciones políticas. Bajo esta lectura, el escenario del 15-M quedaba de antemano reducido a una confrontación que oponía sin matices la indignación quejumbrosa de unas masas y la forma excesiva del Estado, para ciertos sectores demasiado intervencionista.

En un escenario en el que la desatención de la izquierda socialdemócrata hacia las preocupaciones de las clases populares ha hecho de éstas un botín muy preciado para la hegemonía neoliberal, ¿no cumple el 15-M una función crucial? Cuando la crisis toca fondo, es extremadamente complicado articular un discurso con contenidos sociales. Los últimos resultados de las elecciones francesas y griegas han mostrado cómo el imaginario del pesimismo antropológico y del “hombre lobo para el hombre” resulta mucho más seductor para las clases trabajadoras que cualquier discurso de acento emancipador. Limitarse a exorcizar el fantasma popular en este contexto significa renunciar a hacer política.

No abogando por el “cuanto peor, mejor”, sino por visibilizar el marco de lo común paulatinamente desolado por unas prácticas neoliberales tanto más envalentonadas cuanto más responsables de la crisis, el 15-M no solo ha abierto una gran fisura en el horizonte hegemónico del capitalismo actual; lejos de fomentar el esnobismo del precarizado herido en sus antiguos privilegios y el culto a los líderes, se ha instalado en esta desertización de lo social con el propósito de cuidar del espacio público. Frente al incesante desnudamiento neoliberal que extrae fuerza viva de trabajo al precio de desgarrar el tejido social, el 15-M ha tratado de empoderar y revestir los cuerpos, llamando la atención sobre los entornos secuestrados. Por todo ello caricaturizaríamos el 15-M si lo definiéramos simplemente como una reacción en masa frente al malestar producido por un horizonte de demandas o expectativas no cumplidas y no acertáramos a ver en él un cierto movimiento político desde el que se denuncian como ficciones las posibles soluciones neoliberales de la crisis. Esas con las que los mismos pirómanos tratan ahora de legitimarse como bomberos.

Germán Cano es filósofo.

Del mismo modo que los Presupuestos Generales del Estado 2012 tuvieron un pospresupuesto casi inmediato, compuesto por 10.000 millones de euros de recortes en sanidad y educación, la reforma financiera del PP de principios de año ha sido complementada por una contrarreforma dos meses después, dada la inanidad de la primera. ¿Generará crédito para las familias y empresas, que es el único objeto social que justifica la existencia de la banca? ¿Ello significa que dadas las espantosas cifras de paro puede haber otra reforma laboral más “extremadamente agresiva” que la anterior? Los datos, las actitudes, las declaraciones, indican una forma de gobernar a golpes de improvisación, por mucho que el presidente de Gobierno diga que sabe lo que tiene que hacer y que lo va a hacer.

Mientras aquí centrábamos la atención en el conjunto del sistema financiero, con especial atención a Bankia, su cuarta entidad por tamaño, la Comisión Europea (CE) presentaba sus previsiones de primavera, que son una enmienda a la totalidad a la política económica española: va a continuar aumentando el paro, no se conseguirán los porcentajes de déficit público comprometidos y nuestro país será el único de la UE que a finales del año que viene seguirá en recesión, incluyendo en la medición a Grecia y Portugal.

El verdadero factor diferencial de nuestro país respecto a la treintena de los de la OCDE es el porcentaje de paro. Veamos lo que dice sobre su evolución tanto el Gobierno como la CE. Al final de 2011, el desempleo ascendía al 21,6% de la población activa; esta es la terrible herencia socialista. El cuadro macroeconómico oficial indica que este año se añadirán al ejército de reserva 630.000 personas. Y en el Programa de Estabilidad 2012-2015, presentado por el Ejecutivo en Bruselas, se dice que a finales de 2015 el desempleo ascenderá al 22,3%. Es decir, que no solo no se habrá creado ni un solo puesto neto en el conjunto de la legislatura del PP, sino que el paro habrá aumentado un poco más. La CE lo ve aún más negro al indicar que este año el desempleo ascenderá al 24,4% y en 2013, al 25,1%. Y todo ello con la reforma laboral plenamente vigente y con dos años ya de andadura. Datos como estos son los que permiten hablar de la “impotencia de la política” y justifican el vigor del movimiento de los indignados.

Preguntado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sobre el motor de su política económica, responde: “¡Déficit, déficit, déficit!”. Según la CE, tampoco se logran los objetivos en este terreno (5,3% del PIB este año y 3% en 2013). Las previsiones de Bruselas indican que, so pena de nuevos y brutales recortes, este ejercicio se llegará todo lo más al 6,4%, y el año que viene apenas se reducirá el desequilibrio de las cuentas públicas una décima, al 6,3%. La CE y el Eurogrupo han de tomar una decisión con extremada urgencia: si exige a España más sacrificios o si aplaza en el tiempo (no solo un año) ese porcentaje cabalístico del 3% de déficit público.

Los recortes en el gasto, los ajustes macroeconómicos, la austeridad entendida como antítesis del crecimiento, generan en tiempo de recesión más recesión. Krugman habla del “momento Coyote Vil”, el personaje de dibujos animados que se despeña y queda suspendido en mitad del aire hasta que mira hacia el fondo del barranco; de acuerdo con las leyes de la física animada, solo entonces cae hasta estrellarse. La CE avisa de que España está a punto de quedarse al margen de la recuperación que empieza a atisbarse en la zona euro, y que a finales de 2013 será el único país de la eurozona que seguirá decreciendo. Pese a los números del desempleo y a la anemia de la producción, ninguna de las medidas tomadas por el Gobierno español en estos cuatro últimos meses tiene que ver con el crecimiento económico. Hasta Mario Monti, alarmado por el crecimiento de la exclusión social en su país (con algún brote de violencia) ha anunciado un plan para invertir en el sur de Italia en acciones contra la pobreza, y a favor de ancianos, familias con niños y pequeñas empresas.

La Place de la Bastille volvía a ser el lugar de una celebración para la que no hacía falta convocatoria

“J’aime Paris au mois de Mai, / Quand les bourgeons renaissent, / D’une nouvelle jeunesse, / S’emparent de la vieille cité, / Qui se met à rayonner”. Ya lo cantaba Aznavour, y todos lo repetían hace décadas. “J’aime sentir sur les places, / Dans les rues où je passe, / Ce parfum de muguet que chasse, / Le vent qui passe, / Il me plaît à me promener, / Par les rues qui s’faufilent, / À travers toute la ville”. Aquel domingo, el domingo, se había levantado soleado. París salía de una semana gris, de clima incierto, con lluvias intermitentes. Pero el día era espléndido. La luz de París siempre enamora en mayo. Y, a veces, esa luz es indicio, premonición. Lo dijo Balzac en Ferragus: “Se dan en París efectos de luz singulares, extraños, inconcebibles”. Así era entonces. La ciudad parecía transformada por los colores de París que adoraba Jacques Prévert: “Couleurs de Paris, de sa musique secrète, de sa détresse muette, de ses rêves heureux, de ses chants amoureux”.

Al mediodía, con mis amigos, habíamos paseado por Matignon, la residencia del primer ministro. Las puertas, cerradas, y apenas media docena de gendarmes apostados en las esquinas vecinas. Era domingo, y la calma, total. Pero era una calma tensa, expectante. En el colegio electoral de Invalides, la gente votaba con alegría y satisfacción. Hay rutinas que se instalan en el metabolismo, y Francia lleva más de dos siglos eligiendo a sus representantes políticos. Se nota. La madurez no deja espacio a la frivolidad. Por la tarde, deambulamos por Marais y acabamos, cansados del callejeo, en la Place du Marché-Sainte-Catherine. Caía el sol, acariciando los bellísimos tejados de París. El tiempo parecía como suspendido. Sensación de un cuadro de Chardin. De repente, sin embargo, a las ocho de la tarde, todo cambió: primero fueron los cláxones, luego un rumor lejano y un murmullo creciente que, en pocos minutos, se convirtió en una inmensa explosión de júbilo y euforia. París se había lanzado a las calles. Salimos a la Rue Saint-Antoine y nos pusimos a caminar, llevados por una marea humana, hacia la Place de la Bastille, enclave simbólico de la revolución y del espíritu republicano francés. El 14 de julio de 1789, veinte mil ciudadanos habían atravesado París caminando furiosos, desde el Palais Royal, para tomar por asalto el penal ignominioso. Dos siglos después, se celebró la victoria de Mitterrand, en 1981. Y ahora, sin duda, volvía a ser el lugar de una celebración para la que no hacía falta convocatoria.

Miles y miles de personas ocupaban la plaza, las calles y avenidas que conducían al inmenso espacio presidido por la Columna de Julio, rematada por la escultura dorada del Genio de la Libertad, que recogía desde las alturas los últimos rayos de sol. A sus pies, ya desatado, el entusiasmo incontenible. Y jóvenes, muchísimos jóvenes. Franceses de todo tipo de origen. Orgullo republicano. Tres gritos recorrían los cuerpos de la multitud de forma unánime: “Sarkozy, c’est fini!”, y “Oui, le changement, c’est maintenant”. Y en la cara y las palabras de jóvenes de origen árabe y subsahariano: “Moi, je suis français!”.

La gente no celebraba menos la victoria de Hollande que haber impedido el paso al Elíseo a Sarkozy. Ese tipo, pensaban, no podía ser el presidente. Y lo habían conseguido. La obstinación de Sarkozy, le petit empereur, fue su suicidio político y moral. El pueblo castigaba su política ultraliberal, antisocial y autoritaria, su complicidad con la xenofobia de extrema derecha, su mano militar, su odio a los nuevos sans-culottes y a la realidad multicultural, su desprecio por los desahuciados de la crisis, cuya magnitud él y sus iniciativas políticas y económicas habían contribuido a aumentar de forma peligrosa. El Tercer Estado imponía su voluntad y, era el veredicto, no permitiría otra Restauración. La efervescencia era contagiosa. La Place Vendôme, esa noche, lugar de celebración de la victoria de Sarkozy en el 2007, estaba desierta. El presidente más breve de la V República se disponía a hacer las maletas. No había perdido: lo habían echado.

A Hollande, el presidente a quien nadie esperaba, le bastó invocar algunos valores republicanos esenciales: educación, fraternidad, libertad, progreso, ambición de igualdad y justicia, defensa de la res pública. En Francia, con eso no se juega. Son pilares sagrados, fundamentos casi teológicos de la democracia francesa. Y Sarkozy había traspasado sus líneas rojas. Aviso para émulos y navegantes, fuera de Francia. Ya se verá qué es lo que hace Hollande. La opinión pública francesa espera de él nada menos que un new deal. El tiempo lo dirá. En todo caso, ya ha sido capaz de abrir un cisma en el dogma: el estado de las cosas no es inevitable. Las medidas contra la crisis del dúo Sarkozy-Merkel, con el plácet o el diktat de la oligarquía financiera, no son como la ley de la gravedad, inexorables, sino una opción política. Al menos en estos días de mayo, cuando toda Europa espera qué sucederá con la Asamblea Nacional, a Hollande se le puede reconocer el mérito, y por ello habrá que juzgarlo, de haber restituido la esencia del credo progresista: reclamar, más allá del principio individualista de las sociedades contemporáneas, que un nosotros existe y que debe regir la organización de la vida pública. Veremos.

Ahora, como escribió Nicolas Demorand aquella noche, “el trabajo no ha hecho más que empezar, y será duro”. “Pero hoy, sed felices y vivid plenamente este bello mes de mayo”. Fue un privilegio estar allí.

La casta tiene temblores y carga sobre nuestras espaldas: el peso de su enfermedad puede aplastarnos

Apenas hablamos ya del drama que sufren millones de parados; o de la falta de crédito que asfixia nuestras pequeñas y medianas empresas. Apenas hablamos de la deuda privada, una de las más altas del mundo; ni del déficit público que sube a pesar de los recortes sociales. Nos hemos resignado a dichos recortes, que amenazan con cargarse la única obra verdaderamente magna de la democracia española: una sanidad pública excelente, de las mejores del mundo. Y es que ahora estamos dominados por el terremoto de Bankia. Xavier Vidal-Folch ha calculado que la suma de apoyos españoles y europeos que el grupo Bankia acumulará alcanzará los 82.965 millones. La cifra es espeluznante: es superior al déficit de las administraciones central y autonómica en el 2011.

El caso de los bancos y cajas es tremebundo. Cuando la crisis estalló, se dijo que, a diferencia de lo que sucedía en los países anglosajones, obligados a nacionalizar, nuestro sistema bancario era sólido y solvente. Ahora constatamos que también aquella afirmación era un engaño. De todos los desastres que la crisis nos trae, el principal es la pérdida de confianza: no nos creemos nada de lo que nos dicen. No nos lo podemos creer. Y por supuesto: nadie nos cree fuera de España. El engaño ha sido el único lenguaje de las élites.

Hablemos, pues, de estas élites que nos dirigen. Las élites políticas son reiteradamente criticadas, burladas, satirizadas. Su credibilidad está por los suelos. Sus corrupciones ocupan todas las portadas. La indignación juvenil se ceba con los políticos. La autoridad de los gobiernos se pone en entredicho días después de su llegada al poder. Sucedió con el Govern de Mas y sucede con el Gobierno de Rajoy. A este paso, el presidente español será como el anterior: un pararrayos perfecto. Por si fuera poco, la crisis ha coincidido con algunos vistosos resbalones del monarca, afectado, además, por los feos negocios de su yerno. Pero, a la luz del agujero negro de Bankia, una pregunta parece pertinente: ¿son las élites políticas las únicas culpables del desaguisado? ¿Vamos a seguir vapuleando en exclusiva a los políticos mientras un velo de opacidad protege a las élites económicas?

El poder de élites del dinero es tan fuerte como oscuro. Su capacidad de intimidación es superior al de la política, pero su capacidad de seducción es bastante más efectiva: el dinero es el silenciador más poderoso. Esto explica, seguramente, la opacidad con que dichas élites hacen negocios, tejen relaciones, hunden raíces, cosechan fortunas e imponen sus intereses.

En su momento, escandalizó a la opinión pública de la Europa democrática descubrir que los millonarios rusos del tipo Abramóvich, propietario del Chelsea, procedían de los jóvenes cuadros del comunismo. Desmantelaron la arruinada URSS y mientras el buen pueblo ruso pasaba de nuevo hambre y frío, ellos se convertían en potentados de talla mundial. Algo parecido sucedió en el Estado español. Muchos de los nuevos ricos españoles fueron, en su momento, altos funcionarios encargados de la privatización de los viejos monopolios en tiempos de González y Aznar. En teoría el Reino de España no es un inquietante estado de excepción como la nueva Rusia, pero la aparición de fortunas poco estéticas apenas ha causado algún escándalo. Muchas de ellas se han obtenido gracias a la información privilegiada y a las posiciones estratégicas que la política regaló y sigue regalando.

El verdadero poder en España es un punto ciego que vincula las altas finanzas y empresas estratégicas con los altos mandos de la Administración (generalmente en manos de los cuerpos especiales del Estado). Es fácil pasar del mundo de la alta Administración a los grandes negocios; y viceversa. En este punto ciego ha prosperado una casta. No es la única casta española. En la Barcelona municipal y en la autonómica existen castas parecidas. Como en Andalucía, en Valencia, en todas partes. Las castas crecen siempre al calor de una Administración. Se han escrito infinitas burlas y sarcasmos sobre estas castas, a menudo grotescas (miserias del Palau, trajes valencianos, ERE andaluces concedidos con ayuda de un gin-tónic). Pero sobre la gran casta desarrollada al calor del Gran Madrid apenas se habla. Sin duda, porque los medios de comunicación de la capital, envueltos en la rojigualda, forman parte de ella. Estos medios han bombardeado a las castas regionales durante años no sólo con un objetivo político (desprestigiar las autonomías), sino también para construirse un escudo protector: no hay mejor defensa que un buen ataque. Mientras los trajes del infeliz Camps distraían al personal, los negocios de verdad iban prosperando. Así se ha construido el verdadero poder de España.

Debido a sus temblores de hoy, lo cargan sobre nuestras espaldas. Pesa mucho, puede aplastarnos.

La familia de la señora Pérez es como CiU: aumentan los independentistas pero hay de todo, menos españolistas.

La señora Pérez, una votante tipo de CiU, no ha entendido nunca las tensiones y disputas entre Unió y Convergència, dos partidos federados que la mayoría de la gente considera una única fuerza política. Otra cosa es lo que sienten y piensan las respectivas militancias, obligadas a cohabitar con más o menos armonía según las localidades y comarcas del país. Las relaciones entre Artur Mas y Josep Antoni Duran Lleida son buenas, pero, por debajo, perviven desconfianzas atávicas. El último congreso de UDC ha provocado nuevos choques.

A mí me interesa mucho la opinión de la señora Pérez. Porque ella es la que hace y deshace mayorías en este país, más que las personas más politizadas o los que nos dedicamos a comentar la jugada desde los medios. ¿Qué piensa hoy la señora Pérez? Ella no ha militado nunca en ningún sitio pero vota CiU porque considera que, de momento, es la opción que defiende mejor los intereses de los catalanes, aunque no siempre está de acuerdo con Mas o Duran Lleida. Por ejemplo, no le entra en la cabeza que CiU abone la amnistía fiscal. ¿Y, sobre el futuro, qué piensa? Los dos hijos de la señora Pérez están a favor de la independencia, su marido no lo ve nada claro, y ella, en cambio, cada día está más cansada de Madrid, pero tiene algunas dudas importantes. Hace cinco años, no hablaba nunca de la independencia.

Después de los congresos de CDC y de UDC, el panorama es tan ambiguo como fluido: Convergència es un partido que no renuncia al camino de la independencia pero que no quiere definirse como independentista y Unió descarta la independencia pero quiere contar con su sector independentista. La familia de la señora Pérez es como CiU: aumentan los independentistas pero hay de todo, menos españolistas que quieran limitar todavía más la autonomía.

Mas y Duran Lleida deben gestionar esta realidad tan compleja. Por eso Mas hace un papel y Duran Lleida hace otro, un ejercicio que puede desconcertar a unos y puede tranquilizar a otros. El que quiera mensajes más claros y decididos tiene ERC. No olvidemos que CiU siempre ha buscado conectar con una gran mayoría, un sector del país que evoluciona hacia posiciones soberanistas pero que no lo hace de manera unánime, detalle muy importante. La clave del futuro de CiU pasa por saber detectar a tiempo el momento en que ser a la vez una marca autonomista e independentista restará más que sumará votos. En los últimos comicios, esto todavía sumó.

CiU es una marca que recoge votantes que quieren cosas diferentes. Esto no durará siempre, hay cambios de fondo. Adivinar el momento exacto de la reconfiguración de una nueva mayoría social es el reto principal de CiU, adelantarse al día en que la suma ganadora en las urnas partirá de nuevos valores.