Estas últimas semanas hemos asistido a dramáticas tensiones en los mercados de deuda pública de Grecia, Irlanda, España y, en menor medida, Italia. En todos ellos se han desatado movimientos bajistas cuya explicación, oficialmente al menos, se atribuye a la conjura de poderosos especuladores. En el caso de España se dice que esa conjura podría haberse visto impulsada, además, por declaraciones y comentarios de personas y organismos internacionales por lo que, descubiertos los especuladores, aclaradas las circunstancias que les han impulsado y habiendo respondido nuestro Gobierno con explicaciones y planes para controlar el origen de la deuda -obviamente, el déficit público-, poco tendríamos ya que temer.

El panorama, sin embargo, parece bien distinto al descansar ese diagnóstico sobre dos puntos muy débiles. El primero, que todos crean en ese plan, cuando por Europa hay ya muchas voces que dudan de su posibilidad y coherencia. El segundo, que el plan realmente se cumpla, lo que tampoco parece probable al dejar nuestro Gobierno para mañana los deberes de hoy. Para colmo, aunque existen planes para salvar a Grecia, se están analizando también las posibilidades de expulsión de un país de la zona euro si no cumple con sus reglas mientras que algunos opinan que la suspensión del derecho de voto podría ser la sanción adecuada. Malos presagios para España después de la primera tormenta del año.

Los especuladores existen. Si no existiesen mal asignarían los mercados los recursos disponibles. Pero desde los lejanos tiempos de Francisco de Vitoria conocemos que, en mercados de libre competencia, el precio de un bien está relacionado con la utilidad que de él se espera y con su escasez o abundancia.

Los especuladores sólo inician o aceleran lo inevitable y su éxito depende del eco que logren en los mercados. Algunos se arruinan cuando se lanzan sobre activos de cuya rentabilidad no se duda y cuya oferta es ajustada. Y otros ganan cuando especulan sobre bienes de rentabilidad dudosa y oferta excesiva. Por eso, eliminados los especuladores como causa principal de la crisis de estas semanas, el pronóstico sobre el futuro de nuestra deuda dependerá de su cuantía y de que nuestro país pueda pagar sus intereses y amortizaciones. Dos factores ligados a los déficits futuros y a los tipos de interés.

La cuantía relativa de nuestra deuda pública se sitúa hoy en niveles cercanos a los máximos permitidos por el Tratado de Maastricht, pero inferiores a los que soportan otros países como Italia, Bélgica, Francia, Reino Unido, Alemania y, desde luego, Irlanda y Grecia. No parece, por tanto, que el problema sea la cuantía de la deuda sino la del déficit público, motor de sus nuevas emisiones, y nuestra capacidad para reducir ese déficit hasta el 3% del PIB en cuatro años o para atender el servicio de la deuda si el déficit no se redujese y si subieran, además, los tipos de interés.

Reducir el déficit del 12 al 3 % del PIB costaría bastante menos si nuestra economía creciese aceleradamente. Al aumentar el PIB, el empleo mejoraría, algunos gastos públicos se reducirían en cifras absolutas y otros disminuirían su peso relativo frente a una producción en rápido crecimiento. Al mismo tiempo, los ingresos públicos aumentarían al crecer rentas y transacciones, quizá a mayor velocidad incluso que estas magnitudes, porque nuestro sistema fiscal sigue conservando una elasticidad alta. Por eso la reducción del déficit sería mucho más asequible que en una situación de estancamiento. Pero hoy un rápido aumento de la producción exigiría de un fuerte tirón de las exportaciones, lo que resulta muy difícil sin la devaluación de nuestra moneda. Como la mayoría de nuestros compradores pertenecen al euro, devaluar nos exigiría que saliésemos de la moneda común y eso es lo que muchos nos recomiendan. Salirnos del euro y poner en libre flotación nuestra nueva moneda para devaluarla.

En apariencia las ventajas serían muchas. Además de impulsar nuestras exportaciones, como una fuerte devaluación aumentaría los precios interiores, la inflación disminuiría los salarios reales haciendo menos necesaria la reforma laboral; ayudaría a los deudores a pagar sus deudas, reduciendo la morosidad de bancos y cajas y disminuyendo así sus problemas actuales y, finalmente, en el caso de nuestra Hacienda la inflación haría también más llevadera la pesada carga de su deuda. En definitiva, la inflación animaría otra vez nuestros mercados. Por eso salir del euro constituiría para sus partidarios una excelente solución con un reducido coste. Además, sin trabas presupuestarias ni angustias monetarias, sería posible mantener el viejo sueño de algunos políticos de no renunciar al inmenso gasto público de un Estado que representa hoy casi la mitad de la producción nacional y deja cada vez menos espacio para la iniciativa privada.

Sin embargo, y frente a tantas pretendidas bondades, no resulta difícil imaginar adonde podría llevarnos un Estado sin frenos para aumentar gastos e impuestos y un Banco emisor sometido a los vaivenes de la política, obligado a financiar los déficits e incapaz, por tanto, de imponer disciplina monetaria, a lo que se añadirían unas relaciones laborales ancladas en las viejas estructuras y en las aun más viejas reivindicaciones de siempre. Tampoco resulta difícil imaginar, en tales circunstancias, hasta donde acabaría hundiéndose nuestra moneda.

De ese mundo de ineficiencia y arbitrismo tratamos de escapar con un primer movimiento de racionalización en 1959, con un pacto de largo alcance en 1977, con una apertura a Europa en 1986 y con un anclaje al euro y a su destino a principios del siglo XXI, tareas que, en ondas sucesivas y con consenso en los temas básicos, representaron el esfuerzo y la ilusión de algunas generaciones de españoles que no participamos en la Guerra Civil. Hay que añadir que, mientras fuimos capaces de seguir la disciplina de Maastricht, la economía nos fue muy bien, quizá mejor que nunca. También que, de haber hecho nuestros deberes en cuanto a reformas de fondo y de haber mantenido en los últimos tiempos esa disciplina, con las licencias coyunturales necesarias pero sin ninguna de las estructurales que tan alegremente nos hemos tomado, ahora ya estaríamos remontando la crisis, en lugar de penar en los mercados y de ser considerados la oveja negra más peligrosa del rebaño.

La disciplina del euro es esencial para nuestro bienestar a largo plazo y para dar solución a nuestros problemas de hoy. No podemos renunciar a ella. Sus claves se encuentran en contener el déficit público y en efectuar las reformas indispensables para estabilizar e impulsar nuestra economía. Hay que llevar ese déficit, más pronto que tarde, a los límites de Maastricht y la única estrategia sensata pasa por reducir y racionalizar sin más demora el gasto público.

Es posible armar un programa eficiente para esa tarea, aunque el Gobierno se empeñe en no quererlo encontrar. Algunas de esas posibles medidas ya están en el Parlamento. Otras podrían diseñarse en poco tiempo, partiendo de que un Estado eficiente en un país ya desarrollado no debería superar en mucho un tercio de la producción interior y que la deuda pública debería utilizarse lo menos posible, quizá sólo para financiar inversiones capaces de generar la producción que, en el futuro, permitiese atender sus intereses y amortizaciones.

En cuanto a las restantes reformas, las más perentorias son la laboral y la financiera. El mercado laboral no puede seguir discriminando de forma tan rotunda entre empleados fijos y temporales. Tampoco debería mantener los actuales esquemas de contratación colectiva. Y, desde luego, debería reducir el coste de la mano de obra con menos presión en las cotizaciones sociales. En el mundo financiero, además de otras reformas, deberíamos conservar las Cajas de Ahorros porque han servido muy bien para llevar sus servicios hasta los excluidos por su corta capacidad económica.

Pero deberíamos evitar la interferencia política en sus decisiones, consolidar sus redes y dotarlas de instrumentos eficientes para captar el capital que necesitan. También deberíamos cambiar nuestra enseñanza e investigación y tantas otras cosas que se vienen demandando, con escaso éxito, casi desde los memorialistas de nuestro Siglo de Oro.

A todo eso nos obliga la disciplina del euro, porque sólo con estabilidad presupuestaria y con reformas de fondo podremos mantenernos pacíficamente dentro de nuestra actual moneda, aumentando el potencial de bienestar del país. Fuera de esa disciplina, mejor ni imaginar siquiera el futuro que nos esperaría.

Manuel Lagares es catedrático de Hacienda Pública y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO.

Ayer ocurrió una de esas cosas que alteran la vida de la banca: que Standard & Poor’s redujo la nota a nuestro sistema financiero del 2 al 3 en una escala del 1 al 10. La banca española ha quedado al mismo nivel que la de EEUU, de Portugal, del Reino Unido o del terremoteado Chile, y por debajo de Alemania, Francia o Italia.

La noticia vino a caldear un poco más los ánimos. La semana pasada hubo desde pellizcos hasta puñetazos entre bancos y cajas de ahorro. Miguel Martín, presidente de la Asociación de Banca, dijo que las cajas están tardando en reestructurarse y que eso impide que el crédito vuelva a la economía. Lo secundaron Alfredo Sáenz, del Santander, y Ángel Ron, del Popular.

Las cajas respondieron que si hay alguien que da créditos son ellas, mientras que los bancos han cerrado el grifo. Por último, Mario Fernández, el presidente de la BBK, dijo que el acoso de los bancos era «interesado».

Ante la premura de los banqueros (temerosos de que la remolonería de las cajas dañe a todo el sector, como demuestra lo ocurrido ayer con S&P), el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, defendió los tiempos marcados por el Gobierno a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob). Y en el Banco de España, la opinión es que el proceso marcha lento (por las complejidades políticas y regionales que presenta cada caja), pero creen que una acción de otro tipo supondría unos costes fiscales que nos dejarían en una tesitura muy compleja. Vamos, que los 1.900 millones que se quieren recaudar con la subida del IVA serían un aperitivo.

El escenario que visualizan las autoridades es que las cajas se dividirán en tres grupos: el grupo malo, formado por las recalcitrantes que perseveren en su mala gestión (muchas veces protegida por intereses políticos), que acabarán siendo intervenidas por el Banco de España. Un gran grupo donde estarán cajas bien gestionadas y otras menos atractivas, pero que se dan cuenta de que sobrevivir en solitario no tiene sentido. Y una elite, formada por grandes cajas, que aunque parece que funcionan como relojes, necesitan una reforma de la ley, que se haría a posteriori, para adaptarlas a las nuevas normas de solvencia. «Las cosas sin dueño nunca funcionan», me decía un alto funcionario que defiende la necesidad de reformar la Ley de Cajas.

Los banqueros acusan de debilidad a Miguel Ángel Fernández Ordóñez porque no entra como toro en cacharrería en el mundo de las cajas. Pero ayer, en la junta directiva de la Asociación Hipotecaria Española, el director de regulación del Banco de España, José María Roldán, les recordó que como este año no superaremos la crisis inmobiliaria, la banca tendrá que hacer «un esfuerzo suplementario» de cobertura. Roldán cifró la exposición del sector financiero al ladrillo en 445.000 millones, cifra muy superior a los 325.000 millones que hasta ahora se manejaban. Pero como él mismo explicó, exposición no es sinónimo de pérdidas, ni siquiera de morosidad, ni de subestándar (el término que usan para un crédito problemático, o sea subprime). Roldán sí exigió al sector «claridad y transparencia» para que la percepción no sea «peor que la realidad misma». O sea, que actúen.

El Banco de España está procediendo con gran prudencia y consiguiendo así que un proceso que podría ser muy oneroso nos resulte, de momento, asequible. Claro, siempre hay un riesgo: que se haga realidad aquel refrán de que «lo barato sale caro».

john.muller@elmundo.es

La UE puede gestionar la crisis griega pero, aunque la economía española no se encuentra en una situación tan penosa, llegado el caso, le resultaría más difícil lidiar con la economía española, dado su mayor tamaño. A medio plazo, la debilidad de nuestra demanda hará que desciendan nuestros niveles de vida y, con ellos, nuestra capacidad potencial para producir. Sectores como el automóvil, la construcción y el financiero están sobredimensionados. Su reajuste implicará el cierre de empresas y una contracción adicional de la capacidad productiva. Por otro lado, muchas inversiones que se realizaron en condiciones monetarias laxas, tendrán ahora que refinanciarse en un contexto de estancamiento y expectativas de subidas de tipos. Lo que empezó como un shock de demanda se está transformando en otro de oferta, similar al del petróleo de 1973. Sin embargo, el ajuste se produce ahora dentro de la eurozona. No ajustar nuestra economía significará dificultar la buena marcha de nuestras exportaciones, seguir perdiendo cuotas de mercado y experimentar tasas perezosas de crecimiento.

Por otro lado, nuestra deuda exterior total alcanza ya el 164% del PIB, lo que explica, en parte, el saldo negativo de la balanza de rentas internacionales. En efecto, el saldo de las rentas del trabajo y de la inversión (intereses, beneficios y dividendos) ha pasado del -0,8% del PIB en 2000 al -2,4% en 2009. Esto supone una preocupante salida de renta neta hacia el exterior. Sólo si somos capaces de crecer al 5-6% en términos nominales podremos evitar una reducción draconiana de los estándares de vida. De lo contrario, se podrían contraer un 15%-20% durante el próximo decenio. Además, los economistas que alaban la reducción del déficit corriente (y capital) del 11% al 4,7% actual, olvidan que estas cifras reflejan la debilidad de nuestra demanda interna. Mientras, seguimos perdiendo competitividad y cuotas de mercado, reduciendo los beneficios y desalentando la inversión.

No hay una solución clara. Una alternativa consistiría en que Alemania acelerase su inflación, algo contra natura para ellos cuando, además, han ajustado su economía estabilizando los costes laborales unitarios, algo de lo que deberíamos aprender. También Blanchard, economista jefe del FMI, propone acelerar la inflación para facilitar a los Gobiernos la devolución de deuda.

Otra posibilidad estribaría en que los contribuyentes alemanes y de otros países ricos realizaran transferencias directas hacia los países del sur de Europa por valor del 6-7% del PIB, algo poco razonable. La tercera consistiría en que Alemania abandonase la eurozona. La cuarta, someternos a un programa de ajuste draconiano que incluiría -protegiendo los segmentos más desfavorecidos de la escala salarial- una reducción salarial para funcionarios, congelación de pensiones, acuerdos salariales más restrictivos que los recién firmados, etcétera.

Pasar por ese doloroso periodo de ajuste y empobrecimiento no estaría exento de muy serias tensiones sociales y políticas. Cabe la tentación de pensar que no sea necesario, pero sólo los hechos nos dirán si los mercados financieros nos seguirán financiando. Si dudan de nuestra capacidad de ajuste, dejarán de hacerlo. En ese caso, la alternativa no se planteará entre reducir o congelar los sueldos de los funcionarios y las pensiones, sino en suspender su pago, lo que abriría el debate sobre la conveniencia de abandonar la eurozona, algo que no conviene a largo plazo.

Una crisis de insolvencia soberana en Grecia ayudaría a aplicar reformas económicas profundas y una mayor gobernanza económica de la UE para supervisar los presupuestos de los Estados miembros. Pero, si no queremos que el proyecto europeo se vaya al traste, las declaraciones de los líderes europeos, que por ahora han calmado los mercados, deberán substanciarse. Por eso, urge una mayor coordinación de las políticas macroeconómicas en la eurozona, más integración económica, la creación de un fondo europeo de estabilización macroeconómica, y dotarnos de un presupuesto europeo del 5-7% del PIB que permita aplicar una política fiscal contracíclica.

En cuanto a España, tendremos que dar muestras de determinación al aplicar medidas de ajuste para que los mercados sigan financiando buena parte de nuestro consumo y nuestras inversiones, y confíen en nuestra solvencia. Será necesario que alguien le ponga el cascabel al gato. Pero, mientras esto ocurre, los principales partidos deberían demostrar su sentido de Estado y su patriotismo, y alcanzar acuerdos que legitimen la aplicación de medidas impopulares antes de que los mercados financieros nos saquen de la eurozona.

Manuel Sanchis i Marco es profesor de Economía Aplicada de la Universitat de València.

Viajeros llegados de La Moncloa cuentan de las desavenencias afloradas en esta segunda legislatura, de los litigios surgidos en torno a las aguas jurisdiccionales propias de cada miembro del Gobierno, de las competencias e incompetencias que les incumben o les desbordan. A distancia, desde fuera, se cobra a veces la impresión de que hubiera sonado la voz de rompan filas y abandonada la formación hubiera cundido la decisión de andar por libre y ponerse a salvo conforme a intereses estrictamente personales. La crisis reclama medidas y las respuestas generadas en distintos departamentos se lanzan y se retiran una y otra vez para desconcierto del personal de a pie y de los observadores internacionales, que luego califican la solvencia de nuestra deuda.

Se diría que este modelo ha sido adoptado miméticamente en Génova, la sede nacional del Partido Popular. Porque después de tantas afirmaciones de incompatibilidad con la corrupción, estalla el caso Gürtel y nadie reacciona. El tesorero nacional del partido Luis Bárcenas hace una fortuna inexplicable de la que sigue sin rendir cuentas. Queda en suspenso provisionalmente pero conserva despacho y accesorios en la central. En Valencia, después de la inundación informativa de graves irregularidades sólo ha sido relevado Ricardo Costa que, enseguida, ha encontrado nuevo acomodo en el grupo parlamentario de Las Corts.

En Castellón, sigue campando por sus respetos el presidente de la Diputación, Carlos Fabra, ese cuentachistes fantástico que hacía las delicias de Ánsar cuando los veraneos en Oropesa de los azulejeros, perdón de los mares. En la Galicia de Manuel Fraga aparece otra ramificación de Correa para la financiación del PP, sin que se registren consecuencias y suma y sigue. En Madrid, la presidenta de la Comunidad celebra haberle quitado un consejero de la Caja “al hijoputa”, naturalmente compañero de partido, sin que nadie rechiste. Al final, entra en funciones el Comité de Derechos y Garantías para empurar a Manuel Cobo, el vicealcalde de Madrid, por unas declaraciones a cara descubierta a propósito del espionaje sufrido por cuenta de los servicios de la CAM.

Prevalece el parecer del consejero áulico, Pedro Arriola, según el cual lo mejor es no hacer nada y esperar el desmoronamiento del adversario socialista. Claro que la consigna, que de modo tan escrupuloso sigue Mariano Rajoy, encuentra eco menor en otras figuras. Así, por ejemplo, Esperanza Aguirre, que cada día ensaya un lanzamiento. Tan pronto solicita un gobierno de coalición para aceptar el pacto buscado por La Moncloa, en el que el PP tendría las carteras de Economía e Interior, como pide elecciones anticipadas, llama a la rebelión en torno a la anunciada subida del IVA o exige la desaparición de los ministerios que considera inútiles. Propuestas sin duda interesantes pero por completo ajenas al ámbito autonómico de sus competencias. De ahí la sorpresa al observar cómo el presidente del PP asiste impávido a semejante festival como si para nada le afectara.

Así caminamos presurosos por la senda de la crisis hacia las urnas, primero catalanas, luego autonómicas y municipales y ya en 2012 legislativas. Pero podemos encontrarnos en la situación que describe Martin Wolf en su columna del pasado día 12 en el Financial Times titulada The British election that both sides deserve to lose, para que nos entendamos en inglés, “las elecciones británicas que ambos contendientes

[laboristas y conservadores] merecen perder”. Como escribe Wislawa Szymborska en Lecturas no obligatorias (Ediciones Alfabia. Barcelona, 2009) la cuestión reside en percibir la diferencia entre un pesimista maníaco y un profeta que tiene razón ya desde el principio. Porque entre ese instante en el que hacer sonar la alarma puede parecer precipitado y ridículo y ese otro en el que ya es demasiado tarde para todo debe haber un momento perfecto, oportuno, especialmente indicado para impedir la desgracia. ¿Qué momento es ese? ¿Y cómo reconocerlo? Veremos.

El temor a la pretendida impopularidad de algunas medidas está por ver. En primer término, porque resulta difícil querer liderar una situación de crisis sin aceptar el riesgo de tener que adoptar medidas que sean presuntamente impopulares. No se conoce de ningún líder que no haya resuelto con coraje una situación complicada. Los líderes que operan con coraje suelen superar los momentos difíciles con el aplauso de los mismos que criticaron sus medidas y que llegaron a manifestarse y pedir la dimisión del líder.

Pero es que, además, está por ver si lo que se califica como de impopular es visto así por los ciudadanos. Hoy lo que todos sabemos es que la crisis no se resolverá por sí sola ni por la ayuda exterior. Esto depende de los de casa y la gente sabe muy bien lo que deberá hacerse para dar trabajo a los que no lo tienen y para que no lo pierdan los que lo ven en peligro. Quizás la impopularidad sólo la vean así los que deben adoptar las medidas que son necesarias.

Seguramente, falta voluntad. Hay mucho miedo; y, así, se encuentra más comodidad en la acusación del fracaso que en la propuesta imbatible. Aquella que quien no la acepte, queda en evidencia. Y, de esta naturaleza, hay muchas o, como mínimo, varias. Y en este terreno no hay razón para no avanzar. Menos miedo, más coraje; empieza a ser más temerario no acordar nada que arriesgar en los acuerdos.

A pesar de todo, habrá que pactar.

Algunos análisis más refinados señalan que hay que esperar a las cifras oficiales del INE sobre el PIB regional, pues Funcas tiende a sobreestimar el PIB de Madrid, por lo que Catalunya seguiría siendo la mayor economía regional… por ahora… tensa espera… Aunque se les escapa un pequeño detalle a quienes viven esto como un partido de fútbol selección nacional-selección catalana: el sorpasso se produjo ya hace años. La comparación relevante no es la provincia de Madrid con la región de Catalunya, sino con la provincia de Barcelona. Es mucho más preciso que comparar ambas ciudades, pues en Madrid el conurbano está integrado en un único municipio, mientras que el conurbano barcelonés está fragmentado en varios.

Pues bien, Barcelona tenía 36% más habitantes que Madrid en 1900, pero en el censo de 1981 la provincia capitalina superaba a la de Barcelona por primera vez. Desde entonces la diferencia no ha dejado de crecer. En cuanto a riqueza producida, en 1965 Barcelona producía el 15,7% del PIB español, por encima del 14,0% de Madrid; pero en 2004 Madrid producía el 17,7% del PIB español, por un 13,9% Barcelona. Y en PIB por habitante, ya hace tiempo que Madrid es la región líder de España. Madrid ya es capital total. Al ser instituida Corte permanente en 1561 se convirtió en capital administrativa. En 1716, con el Decreto de Nueva Planta, logró la capitalidad política. A finales del siglo XX, logró la capitalidad económica, con lo que se supera la tradicional tensión entre capitalidad política y económica. Madrid ya es Capital Total -el París de España-, aunque España todavía no sea como Francia.

¡Ah!, los datos de Funcas revelan otra cosa interesante: Catalunya ha perdido 11 puntos de poder de compra de las familias relativo en la década de los 2000’s (aunque “sólo” ha perdido 5,5 puntos de PIB relativo). El poder de compra de las familias catalanas es 10 puntos inferior a su creación de riqueza, una pérdida que más que duplica la de la región más rica, Madrid. Son exactamente los efectos del déficit fiscal.

Por cierto, Baleares ha perdido más posiciones en poder de compra que Cataluña, y la C. Valenciana y Murcia también pierden posiciones. Algo les pasa a los mediterráneos con el sistema de ingresos y gastos públicos en España. Igual al Mediterráneo nunca le ha sentado demasiado bien lo de la capital total.

La responsabilidad de los agentes sociales y su ejercicio de realismo estarían en la base de ese proceso virtuoso, seña de identidad de las relaciones laborales españolas desde la Transición. Y el último eslabón al respecto, particularmente valioso en una situación especialmente difícil que culminó con el desencuentro negociador obrero-patronal del año pasado, sería el Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva (AINC) en 2010. ¿Cómo puede haber entonces economistas que consideren que el ajuste salarial resulta imprescindible para atajar el proceso de destrucción de empleo sin parangón que padecemos? ¿Cómo puede haber quien sostenga que la inflexibilidad a la baja de los salarios, unida a la falta de flexibilidad en el conjunto de las condiciones de trabajo, es uno de los factores determinantes de que el empleo se convierta en el principal instrumento de ajuste de las empresas?

¿No se enteran de nada? ¿Son perversos liberales que quieren destruir el exitoso modelo social español? ¿O es que la moderación salarial tan ponderada esconde alguna trampa de la que no hemos sido conscientes? No voy a entrar en el debate acerca de si nuestra progresiva pérdida de competitividad debería atajarse, a falta de una moneda nacional que devaluar, mediante un ajuste a la baja del valor de los activos y de las rentas, pero sí a poner de manifiesto algunas incongruencias en relación con la pretendida moderación salarial de que hemos disfrutado.

La Unión Europea ha puesto de manifiesto en un informe que, en los años de vigencia de la Unión Monetaria, el nuestro ha estado entre los países cuyos costos laborales han crecido por encima del 2,5%, frente a aquellos en los que se han mantenido en el entorno del 1%. Es uno de los factores que explica que hayamos perdido un 20% de competitividad en el periodo, mientras Alemania ha ganado un 13%.

Incluso en los momentos más duros de la crisis económica, mientras en otros países europeos no crecían, hemos estado experimentando incrementos de los costos laborales y salariales inexplicables tanto desde el punto de vista del empleo como desde el de la caída de la actividad. La evolución del sector de la construcción, en ese sentido, durante el año pasado, desafía a la lógica económica.

Según la encuesta de costos laborales del INE, en el cuarto trimestre de 2009 el coste laboral por hora trabajada creció un 5%, si bien el dato desestacionalizado y corregido de calendario sitúa el porcentaje en el 3,6%. No deja de ser un dato sorprendente, y más sorprendente aún es el de la construcción, 6,1% y 4,1%, respectivamente.

No tenemos, pues, a pesar de los cuatro millones y medio de desempleados, y de la continua destrucción de empleo, una verdadera moderación salarial. Ni la hemos tenido en los años precedentes. Y hemos estado perdiendo competitividad a raudales.

Ello ha sido, por una parte, consecuencia de una negociación colectiva que ha hecho en ocasiones oídos sordos a las recomendaciones de los acuerdos interconfederales. Y, por otra, producto de una concepción de la evolución salarial vinculada a la marcha de la inflación y no a la de la productividad. No tendremos verdadera moderación salarial mientras los incrementos retributivos no estén cubiertos por incrementos de productividad. Éste es nuestro verdadero problema y sólo su mejora (entre otras vías, por medio de una mayor flexibilidad de las relaciones laborales empresariales) permitirá avanzar, sin consecuencias indeseables, en las mejoras retributivas.

Por eso, el AINC 2010 no supone ningún cambio. Los incrementos aconsejados, hasta el 1% este año, hasta el 2% en 2011 y hasta el 2,5% en 2012, y la previsión de recuperación de la inflación real al final del periodo, sin vinculación alguna a la productividad, quedan muy lejos de las necesidades de la economía y del empleo.

Federico Durán López. Catedrático de Derecho del Trabajo y Socio de Garrigues.

Nunca dejé de preguntarme qué interés pueden tener todas aquellas necrológicas que no van más allá de apresurados resúmenes sobre la vida y obra del finado que, ahora más que nunca, con las enciclopedias digitales, están al alcance de todo el mundo sin necesidad de emplear mucho tiempo en tales pesquisas. Y todo ello, en el caso de Delibes, es más claro aún. Nadie pone en duda su talla como narrador, ni tampoco su admirable trayectoria como periodista. Por si ello fuera poco, hay datos que avalan su honestidad y su coherencia, entre ellos, el haberse negado a escribir ex profeso una novela para un conocido premio que pretendía contar con su nombre en su inventario de galardonados. Otros, tanto de su generación como también más jóvenes, no pusieron reparos a ello. Así pues, la grandeza como ciudadano del autor de «Cinco horas con Mario» no estuvo por debajo de las otras, lo que lo convierte, si no en una excepción, sí al menos en uno de los pocos casos que no incurrieron en contradicciones entre la prédica y los hechos. Y, en este mismo orden de cosas, anotemos que Delibes dejó de escribir en el momento en el que ya no se sentía con fuerzas para ello. Es decir, no hay en su obra unos últimos libros flojos, carentes de interés, viviendo de sí mismo, como hicieron otros novelistas de su misma generación, que, tras haber creado obras maestras en su momento, acabaron publicando auténticos bodrios. Pongamos que hablo de Cela.

Dicho todo ello, más allá de la constatación y recuerdo de todas las excelencias que hemos apuntado, acaso no esté de más apuntar, aunque sea casi de soslayo por los límites de espacio de un artículo periodístico, qué es lo más genuino de la obra narrativa de Delibes.

A este propósito, en el caso que nos ocupa, entre las muchas cosas que merecen un estudio profundo del conjunto de su obra, se encuentra sin duda un cotejo a fondo entre dos Castillas, tan distintas y tan distantes, que fueron la que forjó literariamente el 98, frente a la que se encuentra en muchas de las novelas del gran escritor recientemente fallecido.

Delibes hizo, en efecto, una poética de un territorio en su obra, en este caso, de Castilla, que no es la del 98, sino la suya propia, aquella que contempla, no con los ojos decadentes de un Azorín, ni con las visiones agónicas de Unamuno y Machado, sino como un universo que, literalmente, se está desnaturalizando y desgarrando, no por una decadencia histórica, secuela última de un imperio que se desmembró, sino por las imposiciones de una nueva sociedad de consumo que impone la deserción de un modo de vida. No son, en general, los ganapanes machadianos los que se llevan la peor parte en el universo narrativo de Delibes, sino una clase media en gran medida desnaturalizada.

Una clase media que no existía en el momento en que la Generación del 98 hizo de Castilla la doble metáfora de la decadencia material y espiritual de España. Una clase media que tampoco tenía protagonismo cuando el regeneracionista Julio Senador habló de aquella Castilla en escombros. Así las cosas, sería muy conveniente que se conociese a fondo la Castilla que plasmó Delibes en su universo literario, frente a la noventayochista.

Tras la lectura de la mayor parte de su obra literaria, el lector sale satisfecho no sólo por la maestría de Delibes como narrador, sino también y en una medida no menos importante, por haber asistido a un proceso de justicia poética con unos personajes que, aun teniendo casi todas las circunstancias en su contra, salen airosos existencialmente de la peripecia en la que se han visto envueltos.

¿Acaso Cayo, del que se pretende el voto en las primeras elecciones tras la muerte del dictador, no queda muy por encima del mundo que le rodea, al tiempo que deja en el lector un poso melancólico inevitable? Pero, en todo caso, gana la dificilísima batalla de la coherencia.

¿Y qué decir de Mario y de su mujer? No me refiero en este caso a las grandes dificultades que plantea la estructura de ese largo monólogo hecho novela, sino al interés y respeto que nos suscitan dos perdedores, tanto el propio Mario como su viuda, en un mundo que discurría muy ajeno a lo que ambos representaban.

Personajes los de Delibes que, como la atmósfera en que casi todos ellos se desenvolvían, no estaban contaminados por los imperativos de una contemporaneidad que se enfrentaba a ellos, en tanto implicaba un mundo en el que no tendrían sitio.

Personajes muchos de ellos de una coherencia y una pulcritud moral que estaban en consonancia con esa prosa más alambicada que sencilla y, sobre todo, tan limpia como el cielo de Castilla y la mirada de este narrador irrepetible.

Poética de un territorio poblado en gran parte por personajes que representan el fin de un mundo que se va con ellos, un mundo puede que más inocente, pero, insistimos, más limpio y más afín.

Poética de un territorio en un universo narrativo de referencia. No es menos rica literariamente la Castilla de Delibes que la Castilla noventayochista.

Poética de un territorio concebida y creada más acá y más allá de un gran oficio periodístico, el mismo que reivindicaba este diario en su último editorial.

No sólo hemos perdido a un gran narrador y a un gran periodista, sino también a un ciudadano en cuya trayectoria pública no hay nubarrones negros y procelosos, sino claridad, el gran imperativo ético y estético de un eximio escritor, de un auténtico maestro.

Por ejemplo, el siglo XIX y el siglo XX. Una primera constatación es que a la altura de los años 1810 y 1910, respectivamente, se puede sacar una conclusión contundente. A aquellas alturas, nadie podía ni por asomo sospechar lo que se avecinaba, por lo que, sin prejuicio de algún descubrimiento documental sorprendente, se puede concluir que la dificultad de la prospectiva ha sido siempre un problema.

En 1810, por ejemplo, no se podía prever la derrota y caída de Napoleón en Waterloo cuatro años después o, en todo caso, la cadena de cambios estructurales en cadena que ello conllevó. Porque la derrota de Napoleón no fue sólo un espectacular evento militar, o el fin de una cierta aventura megalómana del famoso emperador. Fue mucho más. Por un lado, el cierre propiamente dicho de la revolución francesa, iniciada en 1789. Implicó también que las potencias vencedoras de Napoleón, reunidas en el Congreso de Viena, procedieran a una vasta reordenación del sistema político mundial de su época. Un directorio de vencedores, pero sin Naciones Unidas, que no sólo procedió a repartirse propiedades del vencido, no. Rehízo el mapa del mundo (eurocéntrico) de su época, diseñando incluso el tipo de régimen político homologable, las “monarquías constitucionales limitadas”. Con ello, a la vez entierra el absolutismo caduco anterior, pero intenta amarrar formas de Estado y de gobierno conservadoras, con instituciones públicas bien asentadas.

En el horizonte inmediato: la aparición de varias ideologías muy radicales y, diríamos hoy, antisistema, pues el siglo XIX verá aparecer proyectos como republicanismo, socialismo utópico, anarquismo, comunismo. Todas ellas tienen en común, por cierto, una dimensión transnacional, global, una aspiración mundial, por si alguien todavía cree que la transnacionalización de las ideologías es de la segunda mitad del siglo XX. Podríamos añadir que el siglo en cuestión fue el de la expansión del colonialismo europeo, el de las independencias latinoamericanas y el de la lenta construcción de lo que en el siglo siguiente serían las superpotencias: Estados Unidos y Rusia (posteriormente Unión Soviética). Se caracterizó ese siglo por tener un número limitado de actores estatales –varios de los cuales, por cierto, surgen del Congreso de Viena, verdadero creador de países– y ninguna organización internacional (eso sí fue un invento del siglo XX), y las reglas eran simples tanto para cooperar como para competir: comercio, diplomacia y guerra. Fue un siglo largo, algo desfasado, pues empezó en 1814 y acabó en 1914, con el estallido de la Primera Guerra Mundial, y en el que sucedieron muchas cosas y casi todas inesperadas. Todo esto lleva a una primera conclusión: para quienes lo vivieron en primera persona, los diez primeros años del siglo XIX fueron una experiencia que en ningún caso permitía prever o adivinar cómo serían las décadas siguientes.

Si trasladamos esto al siguiente siglo, constatamos que los años que van de 1901 a 1910 son un extraño respiro antes del cataclismo total, la Primera Guerra Mundial, que, por cierto, se llamó la Gran Guerra porque era la mayor de todas las guerras conocidas, hasta que llegó, claro está, la Segunda. En 1910, por ejemplo, nadie podía pensar que el siglo XX sería el de las mayores desgracias y amenazas que hubiera conocido la humanidad. No sólo hubo dos guerras mundiales, sino que el propio “arte de la guerra” se transformó como nunca antes, llevando la guerra a las ciudades, lo que incluyó a la población civil en la estrategia de destrucción del adversario y la innovación en armas impensables (como los gases). Y sobre todo, la extraña aventura de la carrera de armas nucleares, el equilibrio del terror y todo lo que ello implicó.

Para un europeo medio de 1909 fue totalmente imprevisible la crisis de los tres imperios hegemónicos (el ruso, el austrohúngaro y el otomano), el declive de las dos supuestas grandes potencias europeas (Reino Unido y Francia) y, tanto después de 1918 como después de 1945, la nueva proliferación de estados, fronteras y litigios entre grupos étnicos, religiosos o de otro tipo que todavía hoy, en ciertas áreas (como los Balcanes y Próximo Oriente), envenenan la política internacional.

No debemos por tanto preocuparnos mucho por la profecía, en el sentido que es un arte que va más allá que la prospectiva, modesto intento de anticipar algunas tendencias de futuro. No tenemos, nosotros, ciudadanos de 2010, por qué saber lo que pasará a 20, 30 o 50 años vista, porque, si miramos atrás, en las dos ocasiones aquí reseñadas nadie acertó. Sí que deberíamos, en cambio, esforzarnos en identificar y tomarnos en serio algunos indicadores de futuro preocupantes, por su potencial desestabilizador, como las crisis económicas y financieras globales cíclicas, las incertidumbres sobre el cambio climático, el futuro de las fuentes de energía, el agua, la agricultura (como proveedora de algo tan esencial como la comida).

Cuando uno mira atrás, en el fondo, ve que razones para el temor siempre las ha habido, pero no hay que incurrir ni en el catastrofismo ni en el optimismo ciego. Y la profecía es a la prospectiva lo que la astrología es a la astronomía.

Pere Vilanova es catedrático de Políticas en la UB y analista en el Ministerio de Defensa.

Una mínima atención a los comentarios cotidianos indica que para grupos muy amplios no están ni mucho menos claros conceptos como el tipo de interés, la cotización social o una deducción de un impuesto, por poner sólo algunos ejemplos. Más allá de la deformación profesional que me puede llevar a considerar esta ignorancia como problemática, parece claro que un ciudadano que no sepa nada de las oscilaciones del tipo de interés probablemente acabará teniendo dificultades con su hipoteca o será presa (más) fácil para alguna entidad financiera. Otro ejemplo: en los últimos años de crecimiento económico, hasta 2008, uno veía con estupor cómo la posibilidad de un cambio de ciclo era descartada progresivamente por el conocimiento popular. Las consecuencias personales y sociales que ello ha tenido aparecen ahora claras.

Las causas de esta falta de formación y madurez económica son complejas. Todavía, para muchos, la rancia división entre ciencias y letras empuja a considerar ajeno todo aquello en lo que aparece un número. En otros, ha acabado de hacer mella la información económica, tantos años demasiado centrada en la bolsa y alejada de los intereses reales de las personas.

Las entidades financieras, con su publicidad a menudo más que enrevesada, no han contribuido a mejorar el panorama. En la educación obligatoria, no se ha considerado una competencia básica, por ahora, la vinculada a la relación con el entorno económico. En fin, todo empuja a que para muchos ciudadanos (iba a decir para el ciudadano medio y quizás no sea una exageración) el entorno económico, el más inmediato y el más general, sea un arcano.

Esta situación es campo abonado para diferentes tipos de charlatanes mediáticos, divulgadores de explicaciones facilonas y de ideología. El público los acoge con el interés que despiertan los gurús. Los medios de comunicación les conceden sus quince minutos de fama y, a veces, bastantes minutos más. Los suficientes para que puedan vender sus libros divulgativos, que suelen sumir más en la confusión a quienes se exponen a ellos. Una raza específica de charlatán mediático está constituida por el charlatán neoliberal, que tiene un gancho mediático muy potente: sus recomendaciones sobre el desmantelamiento del sector público son potentes y fáciles de entender, aunque sean inverosímiles. Hasta que los ciudadanos tengan un mejor conocimiento sobre su entorno económico, las situaciones de abuso y manipulación ideológica seguirán siendo frecuentes.

Jorge Calero. Catedrático de Economía Aplicada.

El 12 de diciembre de 2007 veía la luz pública mediante una OPV Liberty Adquisition Holdings Corp., el nuevo socio de Prisa. Era catalogada por el supervisor del mercado bursátil estadounidense, SEC, como cheque en blanco (Blank Check) o SPAC, acrónimo que responde a las iniciales de Special Purchase Adquisition Company. Una carcasa vacía, cuyos fondos permitirían a sus gestores comprar uno o varios negocios, indeterminados en el momento de la oferta, por cualquiera de los medios habitualmente aceptados para tales transacciones tal y como recoge, en su tenor literal, la nota de prensa publicada con tal motivo.

Puede sonar a chiste pero estamos hablando de una práctica habitual en los últimos años de la burbuja, cuyas reminiscencias aún colean. Y no sólo con motivo del acuerdo al que se refieren estas líneas. En definitiva, ¿no es propia de un SPAC la oferta de captación de liquidez por parte de los Ruiz Mateos para acometer inversiones, aún por definir, para su grupo industrial? Más allá de la anécdota el esquema consistía en crear, alrededor del prestigio de unos operadores, una suerte de fondo de capital riesgo listado, una de cuyas principales ventajas era, precisamente, la cotización en bolsa de sus acciones.

No en vano, el éxito de Liberty se derivó, al menos en parte, del cierre poco antes de su lanzamiento por parte de sus fundadores o sponsors, Berggruen Holdings y Marlin Equities, de la salida al parquet de GLG Partners, la prestigiosa gestora de fondos, a través de la utilización de un instrumento similar. En concreto el 2 de noviembre de 2007 por medio de la SPAC Freedom Adquisition Holdings. A consecuencia de tales antecedentes, el éxito de la nueva firma fue fulgurante. 1.035 millones de dólares acudieron a la llamada gracias a la intermediación de Citigroup y Lehman Brothers que actuaron como aseguradores de la operación.

Por cierto, por el ejercicio de esta función tienen pendientes de cobro comisiones, entre efectivo y descuentos, de 27,5 millones de dólares. Tales dispendios están sujetos a la utilización de Liberty para el fin para el que fue creada. No es de extrañar que Citi esté vendiendo la bonanza de la transacción entre los socios estadounidenses de Liberty, por una parte, mientras mantiene severas cautelas sobre la valoración de Prisa, por otra. Lehman, mientras, descansa en paz.

Una vez que hemos respondido la primera pregunta, ¿qué es Liberty?, vamos con la segunda, esto es: ¿cuáles son los requisitos formales que ha de cumplir para unirse a Prisa? De la lectura de las 130 páginas del prospecto se obtienen curiosos datos acerca de la SPAC que hacen que servidor no pueda, por menos, que enarcar las cejas. Con una salvedad: nos encontramos, en definitiva, ante una OPA inversa que tiene por objeto la empresa teóricamente compradora, lo que hace que parte de los argumentos que se exponen a continuación puedan no ser de aplicación. Algo que, precisamente, puede dificultar aún más la aprobación del acuerdo por parte de los socios de Liberty.

A saber:

1. No limita su actuación sectorial a una industria concreta (por tanto lo mismo le da invertir en media que petróleo).
2. Su foco geográfico, eso sí, está en Norteamérica y, en concreto, en firmas que supongan una oportunidad significativa de crecimiento y que desarrollen la mayor parte de su actividad dentro de sus fronteras. De hecho, tiene una limitación contractual para actuar fuera de esa región, con las salvaguardas que en el folleto de emisión se establecen (PRIMERA SALVEDAD).
3. El tamaño previsto para una inversión target se sitúa entre 1.000 y 4.000 millones de dólares aunque la aportación de recursos propios se limita al 80% del dinero disponible en el fondo a fecha de la misma (alrededor de 800 millones en 2007) que habrán de estar colocados en el plazo que se señala más abajo. Un porcentaje que queda a duras penas cubierto con la operación de Prisa (SEGUNDA SALVEDAD).
4. Su objetivo son, y saltamos a la página 57, firmas con un sólido historial operativo y financiero (¡!); con fuerte y predecible generación de cash flows, ingresos estables (¡!), bajo capital circulante y escasas necesidades de inversión; líderes en negocios consolidados a futuro con ventajas competitivas importantes frente a sus comparables (¡!); equipo gestor experimentado y con un track record sólido (¡!); base de clientes y proveedores diversificada. Ustedes mismos (¿TERCERA SALVEDAD?).
5. Eso sí, Liberty se consolida como segundo plato de aquellos negocios desechados por Berggruen, en caso de que supongan competencia directa con alguna sociedad de la cartera de este último que, en el momento del nacimiento del blank check, incluye negocios de impresión y media (no en vano fue uno de los accionistas de referencia de Media Capital). No hay posibilidad de soslayo de tal obligación toda vez que hay una cesión de empleados sin coste y sin dedicación específica de tiempo a la nueva sociedad que permite al impulsor monitorizar la actividad (página 12). Ummm.
6. No sólo eso, se afirma en el folleto que la SPAC no será holding de participaciones minoritarias de tal forma que “sólo nos interesarán oportunidades en las que controlemos más del 50% del capital y/o los derechos de voto en las compañías compradas”, algo que casa mal con la limitación de ejercicio de los derechos políticos al 30% fijada por Prisa en su descripción de la operación y la limitación establecida para la representación en su Consejo (CUARTA SALVEDAD).
7. Si el fondo no ha acometido ninguna actuación transcurridos 30 meses a contar desde el 12 de diciembre de 2007, esto es 12 de junio de 2010, se liquida y los promotores pierden 12 millones de dólares desembolsados justo antes de la oferta pública, que se añaden al remanente que quede una vez sumados intereses y descontados gastos. El tiempo, por tanto, comenzaba a correr peligrosamente en su contra.
8. Si, por el contrario, en esos 30 meses los gestores tienen un acuerdo de intenciones, una propuesta provisional o un cierre definitivo pendiente de materialización formal, el plazo se alarga a 36 meses, que es la situación en la que nos encontramos ahora mismo. Específicamente se establece en el prospecto la imposibilidad de extender plazos que, en nuestro caso, se extienden a 12 de diciembre de 2010.
9. De esta forma, y tal y como se recoge en la página 19, se ha tenido que remitir a los accionistas, cuya aprobación de cualquier transacción es preceptiva, junto a la propuesta de unión con Prisa una advertencia de liquidación del SPAC en caso de que la fusión no se apruebe. No en vano, recoge el documento de la oferta que, de no completarse antes del 6 de diciembre de 2010 (página 8 de la descripción del acuerdo).
10. Más. En el caso de que la propuesta se apruebe, aquellos accionistas que hayan votado en contra tienen derecho a exigir que se le devuelvan las cantidades netas invertidas, ajustadas por intereses y gastos. Si el número de socios que exigen el reembolso superan el 30%, la operación queda anulada. De ahí que sea tan importante el road show actual.
11. Existen, por último, unos derechos de compra asociados a cada acción en circulación, así como una opción otorgada a los fundadores que podrían tener un fuerte efecto dilutivo del resto de los socios en caso de que llegaran a ejercitarse.

Por tanto, de lo anteriormente enumerado se desprende que existen, al menos, cuatro obstáculos formales para que la operación se lleve a cabo, siendo el más relevante el cuarto de ellos, la ausencia de control por parte de Liberty. A esto hay que añadir un quinto elemento: la aprobación interna de la transacción por parte de sus socios. Está por ver que se produzca. Pero, ¿en qué consiste la fusión?, ¿se abrán resuelto tales inconvenientes? Mañana se lo contamos en la segunda parte de la serie.

¿Por qué se necesita una gestión mundial? La crisis ha producido profundos cambios en la economía global. En el corazón del proceso están los planes para compartir la política a medio plazo de los países y mirar hacia un formato que promueva un dialogo multilateral efectivo. Para conseguir este objetivo se debe desarrollar un conjunto de políticas que ayuden a un crecimiento equilibrado, sostenible y fuerte.

¿Desde cuándo se viene pensando sobre la necesidad de estas políticas? El conjunto de estas políticas fueron presentadas en la reunión del Comité Financiero y Monetario Internacional en abril de 2007. Sin embargo, el ejercicio falló en atraer la suficiente acción política de los países como para poder evitar la crisis. Tal vez, las consultas fueron vistas como concebidas por el FMI y los países pudieron sentir falta de dedicación. Aunque los planes fueron en interés de los países, eso no significó que las acciones fueran populares. Un resultado positivo de la crisis es que se ha demostrado evidente el valor de la política económica. Como resultado, los potenciales beneficios de este proceso pueden ser vistos ahora más convincentes que en 2007.

Posteriormente, el G-20 publicó el “Marco para un Desarrollo Sostenible y Equilibrado” como forma de mantener la política de colaboración. Su base es el convencimiento que la expansión fiscal y monetaria masivamente aplicada después de septiembre del 2008 fue crítica para parar la recesión global. Ahora, el objetivo es la agenda de opciones para la Cumbre de Corea de Noviembre de 2010 y el realineamiento del control del FMI previsto para enero de 2011. (1)

El FMI ha sido llamado a jugar un papel fundamental de apoyo en este Marco, ayudando a combinar las previsiones económicas del G-20 con el objetivo de establecer previsiones globales. El FMI proveerá apoyo a las autoridades del G-20 sobre el impacto potencial de las iniciativas políticas.

¿Pero que se busca exactamente con una gestión global? La gestión global es el proceso de liderazgo que aúna gobiernos y sociedad civil para alcanzar objetivos. Proporciona dirección estratégica para atacar retos globales. El modelo de gestión global resultado de la Segunda Guerra Mundial no es el adecuado. Los problemas del siglo XXI requieren más coordinación. El conocimiento es improbable que sea efectivo a menos que sea guiado por una visión global.

Aumentar la gestión global requiere racionalizar las relaciones entre Estados, modernizar las instituciones y crear un cuerpo que vigile globalmente las relaciones internacionales. El primer y más importante frente es reformar el proceso por el cual los líderes nacionales se reúnen. Estas instituciones están dirigidas por ministros de diferentes áreas. Hasta que la interacción entre las autoridades refleje las interconexiones entre los problemas de estas áreas y la realidad del mundo globalizado, ningún esfuerzo para reformar esas instituciones producirá resultados.

¿Qué significaría esta gestión mundial para los países de la Unión Europea? Estamos viviendo tiempos excepcionalmente difíciles por la crisis, su dramático impacto en el empleo y la crisis climática que amenaza nuestra supervivencia. 2009 es el primer año de la gestión mundial con el establecimiento del G-20 en medio de la crisis financiera. La Conferencia de Copenhague es otro paso hacia el gobierno global de nuestro planeta.

Con la gestión global, los miembros del Consejo Europeo serían responsables de la estrategia económica en sus gobiernos y a nivel europeo. La crisis no puede ser resuelta por los países individuales. Necesitamos el mismo mecanismo impuesto sobre Grecia para monitorizar el resto de los países de la Unión. Las reformas deben ser coordinadas para maximizar sus efectos.

¿Qué piensan los gobiernos de los países de la Unión de esta gestión europea? Ningún país pone en cuestión la necesidad de un gobierno europeo. Todo el mundo está de acuerdo. Ésta es una de las lecciones de la crisis. De hecho, la Comisión está trabajando en un proyecto para un cambio de coordinación económica que permitiría aumentar su poder, la Estrategia Europa 2020, que sustituiría a la Agenda Lisboa.

Llegados a este punto, ustedes pensarán que el que escribe lo anterior ha perdido el juicio. Tendrían razón si no fuera porque los párrafos anteriores han sido escritos por personas con suficiente poder como para tener en cuenta sus opiniones.

1. Los primeros párrafos son extractos de un artículo de John Lipsky, segundo director del FMI y vicepresidente de JP Morgan en su día. Pueden leer el artículo completo aquí. (2).
2. Los párrafos intermedios son extractos de un trabajo de J. Boughton, historiador del FMI y director del Departamento de Desarrollo Político y de C. Bradford de la Brookings Institution. Pueden leer el artículo completo aquí.
3. Los últimos párrafos relativos a la Unión Europea corresponden al señor Van Rompuy, el presidente del Consejo Europeo y al señor Sarkozy. Pueden leer la declaración del señor Van Rompuy aquí y la opinión del señor Sarkozy aquí.

Históricamente, han existido múltiples intentos de crear organizaciones mundiales vía manu militari que de una forma u otra terminaron fracasando. Durante el último siglo, se abandonaron estas opciones y se optó por crear organizaciones supranacionales, bien de tipo político (ONU), financieras (Banco Mundial) o comerciales (Organización Mundial del Comercio). Sin embargo, estas organizaciones han carecido de poder real para imponer sus ideas sobre los gobiernos de los países.

¿Por qué un gobierno o gestión global podría tener éxito ahora? Por tres motivos:

a) Viene de dos organismos con capacidad para imponer sus decisiones a sus estados miembros como son el FMI y el Consejo Europeo (voluntaria o forzosamente).

b) La “idoneidad” de la presente crisis que ha evidenciado la incapacidad de los países para solucionar por sí mismos sus problemas.

c) Porque gracias a los procesos de concentración ya existentes en Europa (UE), en Asia (Asia-Pacifico Cooperación Económica) en África (con una moneda única) y en América (Área de Libre Comercio) resulta más fácil crear ahora una única estructura global uniendo estas partes que lo era antes uniendo país a país. (3)

El FMI cree que la aparición de la crisis convenció a los gobiernos (que rechazaban la idea en 2007) sobre las bondades de un gobierno global. El Consejo Europeo cree que la crisis demuestra la necesidad de una gestión global. Ambas entidades creen que las medidas que resulten de estas políticas serán “impopulares”. Ambas creen que el tiempo para este nuevo paso ha llegado.

¿Significa esto que sin la crisis no se hubiera podido establecer esta gestión global? ¿Para quién son las “acciones políticas políticamente impopulares” del señor Lipsky?

¿Sería esta gestión global mejor organización que los presentes gobiernos nacionales? Parece difícil que un gobierno global tomara decisiones peores que las tomadas por algunos gobiernos nacionales. Si la política monetaria ya depende de una institución supranacional (BCE) y la fiscal de Bruselas, ¿por qué no entregar ya todo el poder a un órgano supranacional?

Según el señor Van Rompuy, los pasos hacia la gestión global ya empezaron. Todo por los ciudadanos sin los ciudadanos. ¿Para qué molestarlos? Y sobre todo, ¿es esa gestión global el primer paso para un efectivo gobierno global?

(1) El “Marco” lo pueden encontrar aquí.

(2) Hervé Hannoun, vice manager del BIS también se ha expresado sobre la necesidad de un nuevo “Marco de Estabilidad Financiera Global”. Según el Sr. Hannoun, “el marco debe ser mundial porque el sistema financiero es global” y reitera las “ventajas” de la crisis actual al decir que “la crisis enfatiza la necesidad de un acercamiento mundial para la estabilidad financiera. La crisis proporciona evidencia que la estabilidad no puede asegurarse por cada país manteniendo su sistema financiero en orden”.

(3) Interesante el discurso del pasado febrero de Srinivasa Madhur, director de la Oficina Regional de Integración Económica del Banco de Desarrollo de Asia, comentando que “la soberanía económica de un país es un mito al ser los países ahora interdependientes. Una mayor integración será un factor determinante en la recuperación económica”.

Me sentí desconcertado cuando Wolfgang Schäuble, el ministro de Finanzas alemán, propuso un Fondo Monetario Europeo (FME). No me esperaba algo así. ¿Era un intento por desviar la atención del rescate que se avecina de Grecia, tal y como me sugirió un observador? No parece verosímil. ¿O tal vez supone un cambio genuino en la postura de Alemania? ¿Me había perdido algo?

Cuando leí minuciosamente la propuesta completa, la niebla se disipó –o tal vez es que mi confusión aumentó aún más–. Me di cuenta de que el FME no es más que una cortina de humo. Lo verdaderamente importante de esta propuesta es que los países podrían abandonar la eurozona sin salir de la UE. No se trata de dar apoyo a los países con problemas, sino de ayudarles a salir.

El mensaje político del plan Schäuble es que Grecia será el último rescate de la historia. A medida que avanzaban los preparativos para un rescate, la reacción de la opinión pública alemana se ha vuelto más hostil. Si el plan Schäuble estuviera en vigor, Grecia ya habría salido del euro. Es difícil concebir una situación bajo ese plan en la que un país simultáneamente cumpla el criterio para recibir ayuda, y la necesite.

La postura alemana es transparente, consistente y equivocada. Se reafirma con cada nueva resolución de su tribunal constitucional. El consenso en Alemania es que la divisa única debe asentarse sobre los pilares de la estabilidad de los precios y la rectitud fiscal. Esto, lógicamente, implica que todos los ajustes deben realizarse a través del sector privado o de las cuentas corrientes. El actual clima global no hace esta última opción muy probable, así que todos las modificaciones recaerán sobre el sector privado. Si la vida en la eurozona se hace intolerable, la salida se convertirá en el mecanismo de resolución de un impago. Y cuando se incluye la posibilidad legal de una salida, la dinámica económica y política cambia, y la amenaza de un abandono podría convertirse en una profecía que conlleve su propio cumplimiento. Esto no se aplica sólo a Grecia, sino también a una serie de países que han perdido competitividad frente a Alemania.

Antes, daba por hecho que Alemania tenía intereses nacionales en preservar la eurozona, ya que sus exportadores son los que más se benefician de una tasa de cambio estable. Por lo tanto, pensé que Alemania –pese a la retórica– haría lo que fuera necesario en última instancia para evitar una ruptura. Sería lo más racional. Pero creo que estaba equivocado.

Además, el plan Schäuble no contiene ninguna disposición que en algún momento pudiera ser vinculante para Alemania. Le permitiría seguir adelante, sin obstáculos, con su estrategia económica unilateral para erradicar el déficit presupuestario en 2016. Incluso si los gobiernos del sur de Europa tomasen conciencia y aceptasen la necesidad de efectuar profundas reformas, tendrían dificultades para reducir una diferencia competitiva con respecto a Alemania que sigue aumentando. Por lo tanto, no veo cómo va a encontrar el plan apoyo político.

No habría ningún problema con un FME como un sencillo sistema de seguro, financiado exclusivamente por países con déficit excesivos en su propio beneficio. Esto podría hacerse mediante una mejora de la cooperación, que permita a un subconjunto de miembros de la UE –en este caso la eurozona– crear instituciones específicas.

La propuesta Schäuble en su estado actual exigiría un cambio absoluto en los tratados europeos –y nadie quiere recorrer esa senda ahora–. Algunas de sus sugerencias son increíblemente extremas, privando, por ejemplo, a los países con déficit excesivos de sus derechos democráticos de voto, o reteniendo los pagos de los fondos de cohesión de la UE. No habrá mayoría en ninguno de estos aspectos, y mucho menos la unanimidad que exigiría un cambio de este tipo. Y a la inversa, dudo de que Alemania aceptase la creación de un mecanismo formal de rescate sin un refuerzo simultáneo del pacto de estabilidad.

Así que la consecuencia más probable es que la situación siga en un punto muerto.

Extraigo dos conclusiones principales de todo este desorden. La primera es que una unión monetaria que comprenda a 16 o más estados miembros de la UE exigirá en última instancia una unión fiscal en toda regla, o se verá abocada al fracaso. En teoría, todo lo que se necesitaría es una autoridad que ordene a Alemania y a España cambiar sus políticas. Pero en la práctica, resultará imposible obligar a grandes países soberanos a adoptar políticas contra su voluntad. El Consejo Europeo desempeñará un papel más importante en la futura coordinación política, pero sería de ingenuos pensar que los líderes europeos abordarán el problema de los desequilibrios internos, cuando ni siquiera lo reconocen. Si lo que se quiere es tratar el problema extremo de la negociación de un nuevo tratado, habría que abordar una unión fiscal, en lugar de malgastar recursos en un fondo monetario trucado. Desde luego, es algo que no sucederá.

La segunda conclusión es que aún es posible una unión monetaria basada en normas, pero sólo entre un grupo de países similares –en términos de desarrollo económico, y de actitud hacia la política económica–. Sólo un número relativamente pequeño de países es capaz de sostener una unión monetaria con Alemania desde el punto de vista político y económico.

La propuesta Schäuble me dice que el conservadurismo alemán anhela la segunda opción. Deberían tener cuidado con lo que desean. De una forma u otra podrían acabar consiguiéndolo.

The Financial Times Limited 2010. All Rights Reserved

Las acusaciones sobre la implicación de Ernst & Young en la quiebra de Lehman Brothers abrirán un debate de mayor trascendencia sobre lo que hasta ahora ha sido uno de los aspectos menos analizados de la crisis financiera –el papel desempeñado por las auditoras–.

El informe de Anton Valukas sobre la mayor bancarrota en la historia de EEUU ha sacudido la industria contable con sus duras críticas contra la auditora de Lehman, E&Y, una de las Cuatro Grandes firmas. En especial, su conclusión que apunta a la existencia evidencias verosímiles de que E&Y no cumplió con las normas de la profesión ha dañado la confianza.

El informe centra sus acusaciones en el hecho de que E&Y no diera paso alguno para poner en duda el hecho de que los ejecutivos de Lehman no revelaran la ocultación de 50.000 millones de dólares (36.299 millones de euros) mediante transacciones temporales fuera de balance conocidas como Repo 105, que mejoraron la posición financiera del banco.

Las denuncias contra E&Y, aunque excepcionales, dan alas a un creciente lobby que cuestiona el propósito de las auditoras a la hora de ofrecer a los inversores una imagen real de la salud financiera de una empresa.

Algunos expertos en contabilidad creen que el informe sobre Lehman ha dejado patente la necesidad de perfeccionar la ideología detrás de la comunicación de los resultados financieros para que no se oculten maniobras como las operaciones fuera de balance a los inversores. Exponen que es necesario un debate internacional al más alto nivel que incluya al Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, el organismo encargado de fijar los estándares contables. Su presidente, Sir David Tweedie, se reunirá con los ministros de Finanzas en la cumbre del Ecofin que tendrá lugar en los próximos días.

Stephen Haddrill, director del Consejo de Información Financiera, el regulador británico de la industria, se encuentra entre los que creen que “las auditoras han hecho exactamente lo que se les ha pedido”. “Pero debemos preguntarnos si necesitamos que hagan más en el futuro”.

Tal y como han señalado políticos y reguladores, las cuatro grandes firmas –PwC, KPMG, Deloitte y E&Y– elaboraron informes sobre otros bancos en plena crisis. También cobraron importantes honorarios. E&Y recibió 27,8 millones de dólares por la auditoría de Lehman, Deloitte ganó 17 millones de libras (18,7 millones de euros) por su informe sobre Royal Bank of Scotland, y KPMG cobró 9 millones de dólares por su estudio de HBOS, según una investigación del Parlamento británico. PwC recibió 1,8 millones de libras por el último año de su estudio de Northern Rock. Sin embargo, no hay ningún indicio de que estas firmas no cumplieran con los estándares profesionales que se exigen en estos casos.

Los críticos señalan que la cultura del marcado de casillas fomentada por la industria en los últimos 5 a 10 años, una técnica que ayuda a las firmas a defenderse frente a posibles demandas, les ha restado autoridad. Aseguran que las acusaciones contra E&Y son un buen ejemplo. La respuesta de la firma al informe de Valukas es que la quiebra de Lehman fue el resultado de acontecimientos sin precedentes en los mercados. También se atiene a su último informe sobre la compañía, para el año fiscal hasta el 30 de noviembre de 2007, señalando que las cuentas cumplían con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (GAAP por sus siglas en inglés) estadounidenses.

PwC, Deloitte y KPMG declinaron hacer declaraciones sobre el informe de Lehman, al igual que el regulador de la industria estadounidense. Importantes auditores de firmas rivales aseguran en privado que el informe de E&Y probablemente no cumpla con las normas contables de EEUU. Pero señalan que cumplir con los estándares no siempre implica presentar la imagen más clara de la salud financiera de una empresa. Repo 105 no es un truco financiero nuevo, sino una versión de un viejo ardid contable –la carga de los canales de distribución–. Tradicionalmente, los gestores han intentado maquillar las cuentas del final del trimestre inundando los canales de distribución de productos adicionales, con lo que registran ventas y beneficios, incluso pese a que aún no se han demandado esos productos.

Repo 105 también es una estrategia de maquillaje. “Sin embargo, el objetivo en este caso es el de deshacerse aparentemente de activos de baja calidad y de deudas simultáneamente”, señala Partha Mohanram, profesor de contabilidad de la Escuela de Negocios de Columbia.

Los expertos en contabilidad no creen que las secuelas de los informes de Lehman supongan un perjuicio letal para la reputación de E&Y, aunque el daño derivado de los costes por las demandas podría ser significativo, al igual que el impacto a largo plazo sobre la credibilidad de la profesión.

Steven Thomas, del bufete Thomas Alexander & Forrester LLP, cree que las continuas revelaciones están dañando la confianza en la profesión “y nos hace preguntarnos por qué existen las auditoras”.

“Lo que me preocupa es que ellas solas se están restando relevancia”, señala.

The Financial Times Limited 2010. All Rights Reserved.

Mirando la crisis de los 90 se aprecia que en España el pico más alto de deuda se dio en 1996 y que se tardaron 8 años en volver a los niveles anteriores (a una media de compensación de 2,7 puntos del PIB al año). Si, tomando esta referencia, aplicásemos una fórmula parecida con el techo de deuda en 2012, se tardarían desde ese punto 14 años en regresar al nivel previo a la crisis. Esto situaría el punto de retorno en 2026. ¿Lejos? Pues los expertos consideran que el patrón de recuperación de la crisis de los 90 es demasiado optimista para encajar con la situación actual.

¿Qué nos diferencia de entonces?

En primer lugar, en la crisis de los 90 la recuperación fue en ‘V’. Es decir, se pasó de un PIB del -1,1% en 1993 a crecer en los ocho años siguientes a una media superior al 3%. Ahora, sin embargo, la perspectiva apunta una mejoría más lenta, con dos años en negativo y crecimientos más débiles. A juicio de Juan Ignacio Crespo, director europeo de Thomson Reuters, “reducir la deuda puede venir por dos caminos: que haya superávit, y van a pasar muchos años hasta que lo haya, o que el volumen del PIB crezca considerablemente, y no parece muy probable que lo haga a tasas muy elevadas”.

Otra diferencia respecto a la década de los 90 es que entonces la construcción tiró con fuerza de la economía y ahora parece que ese cartucho está agotado.

En esta coyuntura confluyó otro factor importante: el déficit público era casi cinco puntos inferior al actual, con lo que el esfuerzo para volver a niveles aceptables era menor y, además, la exigencia de cumplir con el Pacto de Estabilidad (que marcaba como máximo un 3% de déficit) como requisito indispensable para entrar en el euro añadía una gran presión para que la economía española hiciera sus deberes.

A esto se suma que entonces la deuda aumentó 21 puntos y hoy se espera que lo haga en más de 28 puntos, con lo que el camino de vuelta es más largo.

En este escenario, la rápida corrección del déficit y la mejora del PIB contribuyeron también a que el diferencial de la deuda española respecto del bono alemán (referencia en la UE) menguara a cero y la carga de intereses disminuyó rápidamente. Sin embargo, a juicio de Ángel Laborda, director de Coyuntura de Funcas, “en estos momentos la prima de riesgo va a perdurar más tiempo y los intereses por el pago de la deuda podrían pasar de suponer el 1,6% del PIB en 2007 al 3,7% en 2013″.

A estos factores, Laborda añade uno más: “las previsiones del Gobierno no se van a cumplir, yo barajo un escenario peor”. “Aunque va a haber consolidación fiscal es muy difícil que se llegue al 3% del PIB de déficit en 2013, mi previsión es que en ese ejercicio todavía esté en el 5%”, explica.

“Tampoco creo que la deuda se pare donde prevé el Gobierno. El máximo lo sitúo en el 85% del PIB en 2014 (frente al dato oficial del 74,3% en 2013). En 2018 empezará a haber superávit y la deuda se reducirá significativamente, pero todavía estará en torno al 78%. Para recortar esa deuda igual hay que esperar más allá de 2030″, asegura Laborda.

Crespo, de Thomson Reuters, coincide con estas previsiones: “hemos salido de la recesión, pero se vivirán altibajos hasta 2018, así que se seguirá esa época con déficit. Con esta perspectiva, como pronto se llegará a un nivel de deuda similar al anterior a la crisis dentro de doce años”.

José Luis Martínez Campuzano, estratega de Citi, va más allá. “Volver a niveles de deuda del 36% del PIB parece improbable e innecesario planteárselo. En la época de los 90 se produjeron unos ingresos fruto de la vivienda que no volverán. Es un contexto macroeconómico difícil de que se repita”, explica.

Laborda también apunta en esta dirección: “Igual tampoco hay que volver al 36%, con estar en torno al 60% del PIB (nivel que marca el Pacto de Estabilidad europeo) ya podremos estar más tranquilos”.

Guillermo de la Dehesa, presidente del Centre for Economic Policy Research(CEPR), también mantiene que “habrá que olvidarse durante un largo periodo de tiempo de las cifras de 2007″ y calcula que “para llegar a una deuda del 60% tendrán que pasar, aun así, entre seis y ocho años”.

Además, “aunque tardemos años en recortar el endeudamiento tampoco hay que verlo como un lastre o una herencia negativa para las generaciones futuras. Si el gasto público se utiliza bien sostiene empleos y suaviza la recesión y eso también es una buena herencia para las generaciones futuras”, concluye Laborda.

Ante este panorama, al menos nos queda un consuelo, que tengamos un nivel elevado no significa que no podamos financiarnos. A juicio de Crespo, “no habrá problemas para colocar la deuda. Ahora, hay liquidez suficiente, que no va a los mercados bursátiles, para invertir en deuda. Así que no se producirá el tan citado crowding out“.

Otro punto a favor: “la economía española tiene un nivel de impuestos y de gasto público sobre el PIB menor que otros socios europeos como los nórdicos. Esta menor presión fiscal nos da cierto margen y, si fuera necesario, se puede utilizar esta vía para hacer frente al pago de la deuda”, explica De la Dehesa.

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El líder norteamericano lanzó en ese momento afirmaciones que hoy permanecen todavía vigentes –«somos el grupo económico más grande en el mercado, que afecta y es afectado por casi todas las decisiones económicas públicas y privadas… pero también el único grupo importante cuyos puntos de vista a menudo no son escuchados», aseveró– y fijó, gracias a su alocución, un inequívoco punto de partida para las legislaciones sobre los derechos del consumidor por llegar. Lo hizo mucho antes de que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobara, un 9 de abril de 1985, las directrices para la Protección de los Consumidores, que dotaban a sus derechos de reconocimiento y legitimidad internacional.

No parece mala idea repasar, tal día como hoy, en qué puntos incidió Kennedy en su disertación y, de paso, reflexionar sobre su pertinencia y grado de cumplimiento en la actualidad. Los consumidores, explicó el presidente, debían tener derecho a la seguridad, a la información, a la libre elección, a la existencia de competencia de precios y a ser escuchados por los gobiernos en la formulación de sus políticas de consumo. Toda una declaración de intenciones que generó normas a favor de un colectivo hasta entonces en situación de inferioridad respecto a las empresas y mejoró su calidad de vida.

La educación de las personas en su condición de consumidores, una faceta cada vez más importante, significa transmitirles la conciencia de que es necesario informarse, es decir, comprar sabiendo qué adquirimos en realidad: componentes, fecha de consumo e ingredientes –en el caso de tratarse de productos de alimentación–, fabricante y precio de venta de los artículos expuestos.

También, de que tenemos derecho a que aquello que se nos ofrezca no suponga ningún riesgo para nuestra salud y nuestra seguridad, algo que las administraciones deben garantizar en sus legislaciones. De que es posible y deseable manifestar nuestro parecer cuando así lo estimemos en los órganos oportunos y estar representados en asociaciones. Además, a la hora de elaborar una norma, el Ejecutivo ha de escuchar al Consejo Nacional del Consumo, la voz organizada de los consumidores. La reparación en caso de daños y perjuicios y la protección jurídica y técnica en situaciones de debilidad son otros de nuestros derechos.

Muchos han sido los avances logrados en la materia desde aquel lejano 1962, sobre todo gracias a la formulación de normas, a la creación de estructuras administrativas con competencias para su ejecución y a la consolidación de los movimientos asociativos. Sin embargo, el consumidor afronta, en el presente, grandes retos como tal. En primer lugar, a la hora de proteger sus datos personales o en cuanto a la utilización de sus pautas de consumo por parte de las compañías para enviarle publicidad y promociones, nuevos desafíos que plantean realidades como la emergencia del comercio electrónico y que exigen una actualización de las normativas vigentes. Porque todos somos responsables de que las líneas maestras del discurso de JFK no caigan en saco roto.

La necesidad de reconocer a los cientos de miles de ciudadanos que habían sufrido todo tipo de represión por sus actividades políticas de oposición al franquismo constituyó una imperiosa necesidad de justicia, a la que siempre se opuso la voluntad implacable del dictador. Por eso, cuando se aprobó la solicitud de amnistía al Gobierno en el Congreso Nacional de la Abogacía, celebrado en León en 1970, la conmoción social y política fue enorme, provocando una serie de pronunciamientos a su favor de otros colegios profesionales e instituciones de todo tipo, que el Gobierno sólo pudo contener en parte declarando un mini estado de excepción.

Al llegar la democracia y tras las elecciones del 15 de junio de 1977, la necesidad de promulgar una amnistía se convirtió en insoslayable. Sin su aprobación la credibilidad de la naciente democracia se resentía, por lo que los partidos políticos decidieron crear al efecto una Comisión Parlamentaria a la que se encargó la redacción de un Proyecto de Ley por la que quedaran amnistiadas todas las personas que habían sufrido cualquier tipo de represión por oponerse al levantamiento armado contra la República y a la dictadura en defensa de las libertades públicas.

Se trataba de amnistiar a los reprimidos por el franquismo, no a los franquistas, que ya se habían autoamnistiado, de forma que fueron los partidos de izquierda y los nacionalistas con representación parlamentaria los que tomaron la iniciativa de redactar la ley, sin que los herederos de la dictadura ni siquiera aceptaran participar en la Comisión Parlamentaria, ni votaran posteriormente a favor de una ley que no les afectaba.

No se entiende por ello las continuas referencias a la Ley de Amnistía como amparadora de los delitos cometidos durante la Guerra Civil y la brutal represión practicada por la dictadura tras su conclusión continuada mientras Franco vivió, cuando era una ley que no contemplaba tales supuestos.

Una mera lectura de su articulado permite comprobar que las medidas de gracia que aprueba se refieren únicamente a los actos de intencionalidad política y a los delitos y faltas tipificados en las leyes franquistas que pudieran haber cometido sus opositores. En ningún momento se mencionan los delitos que hubieran podido cometerse por la dictadura, por la sencilla razón de que no eran considerados como tales por las leyes entonces vigentes.En caso de duda, toda disposición legal habrá de tener en cuenta la voluntad del legislador, y nada mejor para entender ésta que examinar lo que fueron las discusiones en la Comisión Parlamentaria redactora de la ley, sobre todo cuando el proyecto fue aprobado en su totalidad, sin modificación alguna, por el pleno del Congreso de los Diputados.

Los debates en la Comisión se redujeron a un tira y afloja de los partidos democráticos para que la amnistía fuera total y a un intento de los representantes de la UCD para limitarla en algunos temas conflictivos. De tal forma que para evitar falsas interpretaciones se fuerza en su artículo 2º a una casuística, que de otra forma hubiera sido innecesaria, en la que no cupiera duda alguna sobre los supuestos comprendidos en la ley: como los delitos de rebelión y sedición, de los que fueron acusados los defensores de la República y otros muchos posteriores juzgados ante tribunales militares, hasta llegar a los integrantes de la Unión Militar Democrática (UMD), en los años setenta; o los de objeción de conciencia o guarda de secreto profesional y los de prensa y similares.

La única preocupación de los representantes de UCD fue que los referidos militares de la UMD no pudieran reingresar en el Ejército y que también estuvieran comprendidos en la amnistía los delitos cometidos por autoridades, funcionarios y agentes del orden público en su actuación represora de las libertades, al encontrarse varias causas abiertas en su contra por homicidios, torturas y otras arbitrariedades en distintos juzgados y tribunales. Pero nada más.

En la Comisión Parlamentaria, y por mor de ser el más joven de sus componentes, me nombraron secretario de la misma, encargado de la redacción de las actas que recogieran lo tratado en las reuniones celebradas, y aunque tras la tercera reunión desistí de ello, pues nunca fueron firmadas por sus componentes, sí conservo las primeras -sin validez legal- y numerosas notas de las discusiones. Ni una sola de ellas hace mención a que la amnistía suponía el borrón y cuenta nueva de las responsabilidades en que hubieran podido incurrir los vencedores de la Guerra Civil.

Nadie planteó que la amnistía se ampliara a los delitos cometidos bajo el paraguas y en defensa de la dictadura. En primer lugar, porque Alianza Popular, su legítima heredera, no quiso intervenir en la Comisión Parlamentaria, a pesar de ser reiteradamente invitada a asistir, declinando la defensa de cualquier derecho en la misma. En segundo lugar, porque los franquistas vencedores en la Guerra Civil y en la posguerra no creían que fuera necesario que les amnistiaran por las tropelías que habían cometido, que no sólo no se persiguieron sino que se avalaron con total impunidad, estimando que estaban suficientemente protegidos por las leyes de la dictadura.

Por eso cuando leo o escucho en los distintos medios de comunicación el argumento de que la Ley de Amnistía impide la investigación de los hechos ocurridos durante la guerra y la posguerra y la búsqueda de los restos de las personas represaliadas que fueron ejecutadas, estimo que se trata de una interpretación arbitraria y sin fundamento.

Que se busquen otras excusas y otras disposiciones legales en las que se puedan proteger de forma vergonzosa, pero que no se amparen en la Ley de Amnistía de 1977, que no se dictó para ellos.

Jaime Sartorius es abogado y fue miembro de la Comisión Parlamentaria que redactó el proyecto de Ley de Amnistía, en representación del PCE.

Europa vuelve, hoy y mañana, a examinar a Grecia. Pero sobre todo, a sí misma. El primer ministro griego, Yorgos Papandreu, ha prestado un enorme servicio, al acelerar el viaje hacia una verdadera unión económica. Tras encajar el más draconiano plan de austeridad, inició su campaña contra los especuladores antieuro. Y puso a la Unión Europea ante el espejo, anunciando que si ésta no cumple su parte del contrato, apoyar en caso necesario a Grecia, ésta recurriría incluso al Fondo Monetario Internacional. Una salida equivalente a certificar la inanidad internacional de la moneda única. “Si Grecia cae, el euro deja de tener sentido”, apostillaba el presidente francés, Nicolas Sarkozy.

De repente, ha cambiado el sesgo de la discusión pública. Ya no se enfatiza el peligro griego (que se exageró; su economía supone sólo un 0,3% de la eurozona), sino la necesidad de una respuesta europea. Menudean los enunciados de posibles recetas ad-hoc, a medida, para el caso (más que posible) de que Grecia necesite ayuda con que evitar el encarecimiento excesivo de sus emisiones de deuda soberana, e incluso la suspensión del pago de ésta.

Tres son las fórmulas comunitarias más comentadas: avales de la UE para la deuda de sus Estados miembros con problemas; ampliación a la zona euro del fondo de 50.000 millones de euros del que dispone la Comisión para apoyar a socios europeos exteriores al euro, ya usado para Rumania, Letonia y Hungría; emisión de deuda de alcance y respaldo europeo. Y dos son las fórmulas preferidas para un rescate bilateral, a cargo de algunos Estados. El aval a las nuevas emisiones de Atenas (unos 40.000 millones en lo que queda de año); o la compra directa de esos bonos por la banca privada, sobre todo francesa y alemana (las máximas tenedoras ya ahora), con el apoyo de la banca pública de sus países.

Si se produce una urgencia, habrá que recurrir a cualquiera de esas fórmulas o a variantes o vecinas suyas. Pero como ya han dejado claro los mercados, la cuestión de Grecia no es sólo un asunto griego, sino el problema del euro: la necesidad de completar los mecanismos de la unión monetaria y de avanzar hacia una unión económica vinculante, no sólo voluntaria. Entre esos mecanismos, permanentes y preventivos, debe figurar un Fondo de Emergencia para eventuales rescates de países, bien reglado y con unas condiciones de acceso tan duras como sea preciso (a fin de evitar el riesgo moral, o incentivo a la laxitud y la mala gestión), pero claras y universales.

Lo lógico es que ese Fondo se nutra del presupuesto común: disponer de un Tesoro blinda ante los reveses y permite reaccionar rápido, como demostró Washington tras la quiebra de Lehman Brothers. Para ello habría que ampliarlo, del 1% del PIB de los 27 en que hoy se cifra (133.800 millones), progresivamente, quizá hacia el 2%. Ni siquiera se necesitaría llegar al entorno del 30% del presupuesto federal de EE UU, pues aquí los jueces (que aplican el derecho europeo) y los médicos y los militares son funcionarios estatales, y así seguirán o mucho tiempo o siempre. La gestión de ese Fondo podría encomendarse a una autoridad distinta a la presupuestaria (que es la Comisión), para sortear ciertas reticencias.

Una variante de esta idea acaba de ser lanzada por Daniel Gros, director del más conspicuo think tank de Bruselas, el Center for European Policy Studies (CEPS) en comandita con un relevante economista del Deutsche Bank, Thomas Mayer, en un paper titulado Cómo manejar una suspensión de pagos soberana en Europa: hacia un Fondo Monetario Europeo. Ese FME sería una copia continental del FMI, cuya intervención no conviene, argumentan, porque si el país problemático se atrincherara (como Argentina en 2001) sería incapaz de disciplinarlo, y el drama para el euro acabaría en tragedia. El FME plasmaría la proclamada solidaridad europea y sería paradójicamente financiado por los países más incumplidores de los requisitos de Maastricht (tope de deuda del 60% del PIB; tope de déficit del 3%), el aspecto más polémico de la sugerente propuesta.

Como un resorte, esta vez en positivo, el ministro de Hacienda alemán Wolfgang Schauble ha postulado para la eurozona una institución así, “con el mismo mando y los mismos poderes ejecutivos que el FMI”. ¡Cuánto ha llovido desde que el pasado 12 de febrero declarase al Frankfurter que “Grecia deberá ayudarse a sí misma (…) no veo que a los contribuyentes alemanes les corresponda el papel de rescatadores”! Otros conciudadanos suyos, como Jurgen Stark, el talibán y economista-jefe del Banco Central Europeo (BCE), ya protestan porque el FME “crearía un estímulo falso” y “minaría la aceptación del euro”. O como su antecesor Otmar Issing: “un rescate de Grecia sería un desastre para Europa”. Pero lo que cuenta es que la canciller Angela Merkel apoya la idea, aunque duda de su viabilidad legal, sin antes, oh tortura, volver a reformar el Tratado.

Ella, pero sobre todo los militantes anti-rescate de un país socio, partidarios de dejarlo en la ruina (¡aunque no, por supuesto, a la banca privada del propio país!), leen restrictivamente el Tratado de Funcionamiento de la UE. Alegan que su artículo 123 prohíbe al BCE y a los demás bancos centrales dar créditos o comprar deuda de los Estados: cierto, pero sólo a esas entidades, no a otras. Sostienen que el artículo 125 prohíbe el rescate: “La Unión [tampoco los Gobiernos] no asumirá ni responderá de los compromisos de los Gobiernos”, reza su primer párrafo. Pero una cosa es responder, y otra contribuir a resolver. Y la apariencia de rotundidad quiebra en el párrafo tercero, que reconoce que la prohibición debería especificarse.

Y, sobre todo, olvidan que el artículo 122 (previo en numeración) legitima el rescate: “En caso de dificultades o en caso de serio riesgo de dificultades graves en un Estado miembro” producidas por catástrofes naturales o hechos excepcionales, se “podrá acordar una ayuda financiera de la Unión al Estado miembro en cuestión”.

Pues si las ayudas concretas son legales a la luz del Tratado, nada impediría que se otorgasen a través de un mecanismo permanente, un Fondo de Emergencia o un FME, sin necesidad de reformarlo… todo ello con la venia del Tribunal Constitucional de Karlsruhe, cada vez más nacionalmente quisquilloso en sus tres sentencias sobre Maastricht, el paso a la tercera fase de la moneda única, y el Tratado de Lisboa.

Si hasta ahora era el momento de Grecia, de que demostrase la seriedad olvidada, ahora ha llegado el de Alemania, de que evidencie el liderazgo necesario. De que deje ya en el baúl de los recuerdos el lógico enfado del contribuyente neto porque un gorrón tramposo falseó sus cuentas e incumplió sus compromisos, a su costa.

Será mejor apelar al interés que al liderazgo. Porque la unión monetaria ha beneficiado a todos. Con su estabilidad, que ahuyentó tormentas internas y movimientos especulativos externos durante un decenio. Con sus bajos tipos de interés. Con la relevancia internacional de la divisa, configurada como moneda de reserva en mayor medida que el marco. Con su incitación al saneamiento de las finanzas públicas.

Cierto que los países menos prósperos, receptores netos (los mediterráneos y otros) hallaron en la política estructural que facilitó su convergencia, una palanca esencial para su acceso al euro. Lograron una manguera de ayudas para modernizarse por una media anual de un 1% de su PIB. Pero a cambio, Alemania y otros contribuyentes netos afianzaron su superávit comercial (su déficit fiscal es la contrapartida equitativa de aquél) gracias a la ocupación industrial de los mercados menos desarrollados: tranvías alemanes Siemens en Atenas, fragatas francesas Frem en Pireo.

Además, Europa ha sido solidaria con la unificación de Alemania. Sus länder orientales son la segunda zona receptora de ayudas estructurales. Y la unificación del marco oriental y el occidental obligó, antes, a una política monetaria restrictiva, de altos tipos de interés, exportada a todos. Más aún, la UE permitió a Alemania (y a Francia) ejercer un heterodoxo diktat cuando fue ella la que en 2003 incumplió los límites del Pacto de Estabilidad. Hasta el punto que lo suspendió y reformó en 2005 su reglamento para poder detraer de las cuentas de su déficit “las contribuciones financieras para (…) la unificación de Europa”. ¡Menudo traje a medida! De modo que si todos para uno, también uno para todos.

La Legislación española en materia de recursos penales incumple el Derecho internacional. Cuanta más condena se impone a un justiciable, sorprendentemente, menores son las garantías para verificar si fue justa o no. Es incompresible, y constituye una violación de derechos fundamentales, que una persona juzgada y condenada en una Audiencia Provincial o en la Audiencia Nacional por delitos con penas superiores a cinco años de prisión, o en un Tribunal Superior de Justicia en el caso de aforados regionales, sólo pueda interponer contra esa condena, como única posibilidad legal, recurso extraordinario de casación ante el Tribunal Supremo, que le impide la revisión íntegra de la condena; mientras que los condenados a penas que no excedan los cinco años por juzgados menores (instrucción, penal o central de lo penal) disfrutan del denominado derecho a la doble instancia o doble grado, a través del recurso de apelación que, en cierta medida, permite una revisión casi completa de la condena.

Tampoco es de recibo que los aforados juzgados y condenados ante el Supremo, o que quienes hubieren sido absueltos en un primer juicio y posteriormente condenados en un segundo procedimiento, carezcan de la posibilidad de recurrir esa única condena.

Nuestra Constitución no contempla expresamente el derecho al doble grado penal; sin embargo, esta garantía, cuando menos, se integra en el derecho a la tutela judicial efectiva y en el del debido proceso. Y es el propio texto constitucional el que indica que las normas relativas a los derechos fundamentales y garantías que reconoce la Constitución se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los convenios sobre esta materia ratificados por España.

En este ámbito internacional, los compromisos adquiridos por España se circunscriben al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y al Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). Estos dos instrumentos de Derechos Humanos, universal y regional, respectivamente, proclaman, en parecidos términos, el derecho de todos los condenados a que el fallo y la pena impuesta sean sometidos o examinados por un tribunal superior (art. 14.5 del PIDCP y art. 2 del Protocolo 7 del CEDH).

A pesar de este marco normativo, muchos justiciables, incursos en los supuestos planteados, y muy especialmente en el primero (insuficiencia del recurso de casación) han acudido, ante la negación por nuestros tribunales del derecho a la doble instancia plena, al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que, después de estimar diferentes denuncias, ha evidenciado -con la salvedad de determinados casos en los que la prueba además de ser suficiente fue examinada con detenimiento en el primer juicio- que los fallos condenatorios no se revisaron íntegramente porque, en contra del texto del PIDCP, lo impedía nuestro limitado recurso de casación. Asimismo ha dictaminado que tanto los aforados juzgados y condenados por el Supremo como las personas primero absueltas y luego condenadas, tienen el derecho a la revisión de su sentencia por un tribunal superior. Aclara el Comité que, aunque el PIDCP se remita al régimen de recursos establecido en nuestra legislación interna, no supone dejar este derecho de revisión a la discrecionalidad de nuestro legislador.

En estos casos, el Comité no ha vacilado en declarar la violación del PIDCP y ha interpelado a España -de acuerdo con la obligación contraída al ratificar el Pacto de hacer efectivos los derechos allí proclamados- a adoptar las medidas legislativas necesarias para evitar en el futuro situaciones similares. Y aunque estos dictámenes del Comité carecen de fuerza ejecutiva directa, y más allá de que tampoco han sido asumidos por el Tribunal Constitucional, es evidente que, ante la ausencia de reserva alguna al citado art. 14.5 PICP por España, sus recomendaciones deben cumplirse.

La respuesta española no supera el mero voluntarismo. Hasta ahora, se ha modificado la Ley Orgánica del Poder Judicial con el fin de otorgar la competencia orgánica de la segunda instancia a determinados tribunales y se ha redactado un proyecto de ley procesal penal que permanece en el más absoluto olvido. Sea cual sea la causa de esta omisión legislativa, la incongruencia de nuestra norma interna con la internacional debe tener los días contados. España, por fin, ha ratificado el referido Protocolo número 7 del CEDH, que entró en vigor el 1 de diciembre, y que, desde ese momento, pasa a formar parte de nuestro ordenamiento interno. Este Protocolo que proclama, en términos semejantes al PIDCP, el derecho a la doble instancia para todo condenado, impone, al chocar frontalmente con el actual régimen jurídico del recurso de casación -supuesto de mayores quejas y críticas-, también para la casación penal, el derecho a la revisión íntegra de la condena.

No obstante, el Protocolo establece, con carácter facultativo, a diferencia del PIDCP, que este derecho podrá exceptuarse para infracciones penales de menor gravedad, para las que afecten a los aforados y para las penas impuestas a los que fueron declarados culpables después de estimarse un recurso contra su absolución. Esta contradicción entre el CEDH y el PIDCP es aparente. Las infracciones penales leves -y sin perjuicio de que en España no es objeto de polémica- el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha precisado que toda pena privativa de libertad, por mínima que sea, debe gozar del doble grado jurisdiccional. Y, por otro lado, y aunque, en principio, sí podría suponer un impedimento para los restantes dos supuestos de reducidísima aparición en la práctica judicial española (aforados y los que en un primero momento fueron absueltos y después condenados), tampoco es obstáculo alguno, porque esta facultad debe ejercerse en el sentido más favorable al recurso de revisión pleno, ya que el propio CEDH determina que los derechos que reconoce no pueden interpretarse en el sentido de limitar o perjudicar los Derechos Humanos y las libertades fundamentales reconocidos en nuestra ley o en otro Convenio del que seamos parte.

Conclusión: los justiciables que se encuentren en estos supuestos detentan el derecho supranacional de ejercer los recursos impugnatorios necesarios que garanticen el derecho a la doble instancia plena y nuestro legislador la obligación, inexcusable, de incorporarlos en las normas correspondientes. Desde el 1 de diciembre de 2009, y en caso de incumplimiento legislativo y/o judicial, la última palabra corresponderá al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuyas sentencias, a diferencia de los dictámenes o recomendaciones del Comité, albergan fuerza obligatoria y ejecutiva.

Manuel Ollé Sesé es profesor de Derecho penal de la Universidad Rey Juan Carlos, y abogado y presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos (APDHE).

Wen Jiabao, primer ministro chino, citó ayer al más popular de los poetas de su país, Qu Yan, para poner de manifiesto su compromiso con un crecimiento equitativo. «Mi corazón -recitó Wen- pertenecerá siempre a mis más nobles esperanzas y para eso no tendré ninguna excusa, incluso si muero nueve veces».

Las amenazas para la economía china no son pocas. Por eso, aunque Qu Yan sea el poeta y patriota más conocido de China y en su honor se celebre el Festival de los Barcos Dragón y las familias elaboren Zongzi (bolas de arroz envueltas en hojas de bambú), el primer ministro tuvo que centrar su comparecencia, tras el cierre de la legislatura de la Asamblea Nacional Popular, en aspectos mucho menos poéticos.

Su principal mensaje fue para resistir las presiones de quienes exigen una revaluación de la moneda china. «Nuestra moneda no está subvaluada», dijo Wen y enseguida criticó a aquellos países «que se dedican a acusarse con el dedo mutuamente o amenazan a otras naciones para que revalúen sus monedas».

El yuan, cuya cotización frente al dólar fue parcialmente liberada en 2005, prácticamente volvió al tipo de cambio fijo con la divisa estadounidense durante la crisis de 2008. El primer ministro chino contradijo ayer a los analistas y dijo que su moneda se ha apreciado un 21% frente al dólar desde 2005.

El Tesoro norteamericano tiene en la mira al yuan y se espera que a mediados de abril pueda calificar a China como un país con su moneda manipulada. Esto suele ser la antesala de sanciones comerciales.

Ayer, Wen también tuvo argumentos para defenderse de posibles represalias. Casi la mitad de las exportaciones de su país corresponden a productos montados en factorías chinas pero donde todos los componentes son importados y el 60% de todo su comercio exterior corresponde a compañías extranjeras o a joint ventures con socios foráneos. «Si se restringe el comercio con China, estarán perjudicando a sus propios países», vaticinó.

Advirtió también que la economía mundial corre el peligro de experimentar una recesión en «W». Los altos niveles de desempleo en países que son buenos clientes de China, los problemas de solvencia de algunos gobiernos que necesitan continuar endeudándose (caso de Grecia y también de España) y la inestabilidad de los tipos de cambio podrían provocar que después de uno o dos trimestre de crecimiento, la riqueza mundial sufra una nueva y severa contracción.

Wen criticó la falta de estabilidad del dólar y dijo que está preocupado por la solvencia de EEUU. China es el principal tenedor de la deuda norteamericana con casi 900.000 millones de dólares.

En cuanto a la economía local, donde muchos analistas coinciden en que la masiva inyección de dinero público efectuada el año pasado para evitar que el país entrara en recesión ha provocado algunas burbujas inmobiliarias y bursátiles de nivel local, Wen insistió en que su principal temor es la inflación: «La inflación, junto a una distribución desigual de los ingresos y la corrupción, pueden ser lo suficientemente fuertes como para dañar la estabilidad social e incluso la consolidación del poder estatal».

«Durante mucho tiempo he suspirado y llorado por ver a mi gente inclinada ante penas y miedos», cantó Qu Yan. Ayer, Wen Jiabao, se sentía inspirado por el poeta popular chino. No en vano aprobó una importante reforma que da más poder electoral a los campesinos. Pero no tuvo ni una palabra sobre la situación de la banca china, cuya situación ha sido objeto de devastadores informes en los últimos meses.

john.muller@elmundo.es

Algunos deberían guardarse sus teorías conspirativas, según las cuales, ellos, los que hoy gobiernan Catalunya, son víctimas incomprendidas de manejos ocultos urdidos por una prensa que les tiene manía. ¿Se puede hacer más el ridículo para escapar de la responsabilidad institucional? Entérense, de una vez, especialmente los que se creen intocables o tienen la piel muy fina: si criticamos hoy los errores del conseller Saura y la falta de reflejos del president Montilla es porque antes hicimos lo propio con sus antecesores. Ningún alto responsable de cualquier administración puede eludir el escrutinio de la opinión pública. Los políticos que estaban en la oposición hace nueve años saltaban de contentos cuando los medios ponían el foco sobre lo que no funcionaba al final del pujolismo. Estos mismos personajes, hoy en los bancos gubernamentales, quieren que el periodismo no ilumine su incompetencia.

Pero, más allá del papel manifiestamente mejorable de los consellers implicados en la respuesta al temporal de nieve, más allá de la falta de liderazgo del president Montilla, más allá de la dejadez de las empresas eléctricas, de transportes y de telecomunicaciones que han dejado tirados a miles de ciudadanos, hay una buena noticia. Los alcaldes merecen un 10 por haber ejercido sus responsabilidades y también las de las otras administraciones con diligencia y alto sentido del deber. Cuando critiquemos a los políticos en general, tengamos en cuenta lo ocurrido estos días, para no ser injustos ni inexactos. Cuando nadie respondía, muchos ciudadanos sólo tuvieron a su lado a sus ediles, resolviendo problemas con pocos medios y mucha entrega. Esto debe subrayarse como un éxito de la buena política, la que da la cara y está cerca de la gente. Por ello debe escucharse con atención lo que exponen más de 40 alcaldes gerundenses de distintos partidos, en un manifiesto que, sobre todo, trata de impedir que este caos se repita.

En febrero del 2009 más de un millar de empresarios del metal se manifestaron en el Palau de Congressos de Catalunya bajo el lema de la Crida del Metall Català. En dicho acto, propusimos un decálogo de medidas urgentes entre las que sobresalían la necesidad de un pacto social contra la crisis y la mediación de la Generalitat en la consecución de un acuerdo entre entidades financieras e industrias. Un año después, muchas de las medidas propuestas siguen centrando la agenda de nuestros políticos y tenemos más de seiscientos mil parados más… En el documento se plasmaba también la necesidad de comprensión entre empresas, trabajadores, patronales y organizaciones sindicales. Desde entonces, los representantes del metal hemos recorrido instancias gubernamentales y no gubernamentales para soslayar la excepcionalidad de la coyuntura del sector y la urgencia de tomar medidas extraordinarias. Morosidad, financiación, cobertura del riesgo comercial, formación, agilidad en los ERE… En definitiva, para evitar cierres de empresas y destrucción de empleo. Y el saldo resulta desalentador. En el 2009, el metal catalán ha perdido musculatura empresarial en un 11%, actividad productiva en un 23,5% y empleo en un 14,2%.

Todos debemos realizar un ejercicio de responsabilidad, al margen de cualquier injerencia política y electoral. Situaciones excepcionales exigen medidas excepcionales y no rigidez de miras (que solamente conduce a callejones sin salida, que se saldan con más cierres de empresas, menos inversiones nacionales y extranjeras y más paro). No estamos hablando de rebajar el poder adquisitivo de los trabajadores, sino de moderación salarial y la regulación de los convenios. Es perverso hablar de aumentos de sueldo que perjudican nuestra competitividad cuando hay más de cuatro millones de parados. ¿Qué pasa con ellos? Y, sobre todo, ¿qué debemos hacer por ellos?

No son defendibles incrementos salariales por encima del 3% en un sector en crisis -máxime cuando en los últimos años ha mejorado notablemente el poder adquisitivo-, en el que las administraciones públicas han concedido en ayudas más de 4.000 millones de euros sólo con el plan Integral del Automóvil y en el que el número de parados se ha incrementado notablemente.

¡Por favor, no perdamos otro año!

Antoni Marsal. Presidente de la Unió Patronal Metal·lúrgica.

Dada la falta de transparencia del Gobierno para explicar cómo va a reducir el déficit desde el 11,4% del PIB de 2009 al 3% al finalizar 2013, que es el plazo máximo concedido por la Comisión Europea, ha surgido la polémica de si dicho objetivo podrá ser alcanzado. La improvisación del Gobierno en el tema del déficit ha sido de consecuencias fatales para nuestra economía: ¿cómo ha sido posible que el Gobierno con un déficit previsto para el 2009 del orden del 12% del PIB en el momento en que se presentaban los Presupuestos para 2010 vuelva a repetir en dicho Presupuesto un déficit desorbitado que en unión de los correspondientes a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales, vuelva a repetir un déficit de la misma cuantía en porcentaje del PIB, según estimación del Fondo Monetario Internacional? ¿Qué habrá dicho el presidente del Gobierno español que durante este semestre preside la Comisión Europea, cuando se haya hablado del tema de la estabilidad presupuestaria en Europa, de la difícil situación española y de la falta de medidas para conseguirla?

El Gobierno español ha presentado un plan de austeridad, que fue analizado en nuestro artículo ¡Ajuste presupuestario, ya!, publicado en este diario el 19 de febrero de 2010, en el que se ponía de manifiesto que dado que el 60% de nuestro déficit es estructural, las medidas de ajuste presupuestario no eliminan la totalidad del déficit, siendo necesario efectuar reformas estructurales en determinadas políticas de gasto de protección social. La agencia de calificación Standard & Poor’s muestra sus dudas sobre la capacidad del Gobierno para reducir el déficit al 3% del PIB, considera que sólo logrará situarlo en el 5%, no descartando rebajar el rating a España porque no cumplirá con la Unión Europea.

Creo que hay que cumplir lo dispuesto por la Comisión Europea, para lo cual hay que realizar reformas estructurales en la protección social (sanidad, servicios sociales, desempleo y pensiones), recortando el nivel de prestaciones que las leyes otorgan a los ciudadanos. A tal hecho se ha llegado tanto por el envejecimiento de la población como por la falta de previsión del Gobierno que ha ido elevando las prestaciones sin efectuar cálculo alguno de la incidencia en el gasto público y en el déficit y sin proponer las reformas adecuadas para solventar el problema. A nadie nos gusta el recorte en el nivel de prestaciones sociales, pero la realidad es la realidad y hay que afrontarla.

Se acercan para España horas muy difíciles. Es necesario efectuar un ajuste muy duro si se quiere recobrar la confianza de los mercados financieros internacionales. El premio Nobel de Economía Paul Krugman , que participó el 13 de febrero de 2009 en las jornadas Respuesta ante la crisis, señaló que los precios y salarios en España son insostenibles y no están alineados con su situación económica, por lo que nuestro país necesita una deflación relativa del 15%. Explicó que si la Unión Europea crece entre un 2 o 3% anual, España sólo sentirá un dolor moderado durante 5 o 7 años, pero si la Unión Europea entra en deflación, lo que es muy posible, habrá que reducir mucho salarios y precios. Coincide con lo que publicamos el 31 de enero de 2009 en CincoDías Alarmante déficit público en 2009.

¿Qué haría España si no estuviera en el euro?: devaluar. Como esto no es posible, hay que efectuar un ajuste muy duro con medidas equivalentes en resultados.

La Fundación de las Cajas de Ahorros estima que las previsiones económicas para España son para el corriente año de un decrecimiento del PIB de siete décimas (-0,7) que para 2011 se transformará en crecimiento del PIB del 0,8% siendo los factores que impulsarán el crecimiento el consumo final de los hogares y la inversión en bienes de equipo, y en los dos años siguientes (2012 y 2013) la economía no podrá crecer por encima del 2%, sin generación por tanto de empleo.

Los índices de competitividad de la economía española han caído con todos los países, pero especialmente con aquellos con los de Europa, que son precisamente con los que tenemos mayores volúmenes de intercambio comercial. La subida de costes, especialmente de salarios y de precios durante más de una década han deteriorado fuertemente nuestra competitividad, es necesario corregirla, y como estamos en la zona euro, no es posible devaluar, lo que tendría un fuerte efecto sobre la disminución de los costes salariales. Por ello es necesario actuar sobre los salarios, que constituye el principal componente de los costes.

En Europa la mayor parte de los países han puesto en marcha en el mercado de trabajo la conocida como flexiseguridad, consistente en políticas activas de empleo que mantengan la seguridad y protección de los trabajadores sin mermar la flexibilidad de las empresas. En la negociación colectiva el crecimiento de los salarios deberá efectuarse en función del crecimiento de la productividad y no de la inflación, a cuyo efecto los acuerdos salariales se efectuarán a nivel de empresa y no a nivel de cúpula como se hace hoy en día.

Grecia que se encuentra en una situación de crisis económica peor que la nuestra, pero no totalmente diferente, ha acordado una reducción salarial; es claro que ha tenido una contestación social pero los Gobiernos deben actuar en función del interés general. En España estimo que debería efectuarse una corrección salarial tanto en el sector público como en el sector empresarial como consecuencia del desajuste habido en el pasado entre subidas salariales y productividad. Seguiríamos el consejo dado por Krugman. En cuanto a los precios un mayor nivel de competencia y una mayor desregulación serían medidas oportunas.

José Barea. Catedrático emérito de la UAM.

La historia de las sociedades es la historia del «trabajo vivo» de jóvenes y maduros que revitaliza el «trabajo muerto» de quienes se fueron, objetivado en obras, en cultura, también en instituciones. Los jóvenes, los herederos, pueden despilfarrar esa herencia o pueden multiplicarla. Pero lo que hagan dependerá de lo que nosotros hayamos hecho con ellos. Y me temo que no es nada positivo. Hablamos de algo más de nueve millones de españoles, el 21por ciento de la población. Pero ha sido una caída en picado, de modo que son pocos pero, además, van a menos. La nuestra es una sociedad envejecida en la que ya tenemos más abuelos que nietos: casi un millón más. Un problema al que no hemos sabido hacer frente y que se ha «solucionado» (sic) por la puerta de atrás, gracias a la emigración. (Por cierto, ¿es ésta la mejor solución? ¿No hubiera sido más prudente ayudar a los jóvenes a crear familias?). Pero es, por supuesto, la juventud mejor preparada que hemos tenido jamás. Cierto que hay pocos con educación secundaria, pero España produce tantos graduados universitarios en porcentaje de su población como Alemania, Francia o el Reino Unido. Casi uno de cada tres adultos jóvenes tiene estudios universitarios, y el porcentaje no para de subir.

Pocos y bien preparados, cierto, pero ¿cómo están siendo utilizados? La tasa de desempleo de los menores de 25 años es casi del 40 por ciento, el doble de la media, pero supera el 50 por ciento en algunas CC.AA. Y la tasa de temporalidad de los que están empleados es del 74 por ciento entre los más jóvenes y del 54 por ciento entre quienes tienen de 20 a 24 años ¿Es así como vamos a entrar en la economía del conocimiento, dejando fuera del mercado de trabajo a los más cualificados? Por supuesto, desde el paro o en la temporalidad no se pueden tener grandes proyectos. Un joven debería dedicar unos 2.600 euros al mes para poder comprar una vivienda, más del doble de lo que cobra. Y así, mientras que tan sólo el 5 por ciento de los jóvenes daneses o suecos obtienen recursos económicos de algún familiar, en España el porcentaje es del 34 por ciento. Si todos los jóvenes abandonaran la casa de sus padres -señala un informe de Caixa Cataluña-, más del 50 por ciento serían pobres. Estamos ante una marcada juvenilización de la pobreza, que no aflora porque la familia sigue siendo una de nuestras instituciones más sólidas. ¿Puede sorprender a alguien que en estas condiciones los jóvenes se desinteresen de la política? Pues los datos de desafección política de los jóvenes son preocupantes.

Según el último Informe de la Juventud, quienes aseguran que no tienen «nada» de interés por la política han pasado de un relevante 38 por ciento a un abrumador 50 por ciento en sólo cuatro años. Y más del 70 por ciento aseguran que «los partidos se critican mucho entre sí, pero en realidad todos son iguales», una de las expresiones que con más claridad define el desencanto político.

¿Son antisistema? Se supone que sí, pero nada más falso. Rechazan a ambos partidos, cierto, pero buscan otras alternativas. Hoy -son datos del CIS del barómetro de enero- el 77 por ciento de los jóvenes tienen poca o ninguna confianza en el presidente del Gobierno, y el 78 por ciento, poca o ninguna en el líder de la oposición. Resultados demoledores para ambos. Pero sorprenderá sin duda que ante la pregunta «¿cómo se definiría usted en política?» la mayoría de los jóvenes (el 24 por ciento) se definen como «liberales», casi el doble que la media de España (un 12 por ciento). Por el contrario, menos de un 10 por ciento se definen «socialistas», muy por debajo del 20 por ciento de media de España ¿Por qué «liberal»? Por lo mismo por lo que se definen de centro más que la media española: porque rechazan a unos y otros pero, en lugar de buscar una alternativa en los extremos, parecen haberla encontrado (por fortuna) en el centro liberal. (Por cierto, y por completar el cuadro, sorprenderá a más de uno saber que el 24 por ciento de jóvenes entre de 18 y 24 años votarían al PP, frente a un 16 por ciento que votarían al PSOE. Tomemos nota, pues, del vuelco generacional).

Lo evidente es que algo estamos haciendo muy mal cuando no conseguimos incorporar a esa juventud (moderada y bien formada) a la vida política y ciudadana. Por supuesto que los jóvenes tienen preocupaciones políticas, y son importantes. Era Jean Cocteau quien decía que los jóvenes saben lo que no quieren mucho antes de saber lo que quieren; es lógico. Pues bien, lo que nos están diciendo no es que no les interesa la política, sino que menosprecian un tipo de política partidista, cortoplacista en el tiempo y provinciana en el espacio, la política que menosprecia lo que ellos aprecian. Nos encontramos así ante un cruce interesante de expectativas y realidades que se vuelve visible si hacemos una comparación entre aquellos jóvenes que hace cincuenta años lideraron la transición y estos que ahora la reciben como envenenada herencia.

Aquéllos habían nacido en la posguerra, (años 40 a 50), justo durante o después de los años del hambre, padeciendo situaciones materiales duras y una economía de escasez, dificultad para acceder a los estudios, trabajos duros y repetitivos. Eran cohortes numerosas y crecientes cuyos valores se ajustaban a lo que los sociólogos llamamos «valores materialistas», en los que priman la austeridad, el trabajo, la seguridad, la disciplina, el ahorro. Tenían, además, escasas expectativas de futuro, que percibían sin grandes ilusiones e incluso con temor. Sin embargo, la vida fue muy generosa con ellos, progresaron aceleradamente, y se puede decir que aquellas generaciones -las de la transición- han vivido las últimas décadas muy por encima de sus expectativas.

Pero la relación entre expectativas y realidades se trunca en las actuales generaciones. Éstas han vivido en condiciones de progreso, con facilidad para acceder a los estudios o al trabajo, durante un periodo de abundancia, con expectativas fuertes y positivas de trabajos creativos. Por ello sus valores -como los de casi todos los jóvenes europeos- son «posmaterialistas», en los que priman la libertad, la expresión, la autorrealización, el consumo más que el trabajo. Valores de abundancia, no de escasez. Y, sin embargo, su realidad está siendo muy distinta, de modo que viven muy por debajo de las expectativas que hemos generado en ellos. Bajo el título «Las esperanzas rotas de la generación española», la revista Time denominaba recientemente a la juventud española como la «Generación Decepción».

Y esto es importante. Hace décadas que los sociólogos sabemos que la rebeldía -incluso las revoluciones- tienen más que ver con la frustración de expectativas que con las necesidades reales. Y los jóvenes sufren, sin duda, una notable frustración de expectativas que, me temo, va a continuar. Por ejemplo, no sería mala cosa que analizáramos el creciente endeudamiento público desde la perspectiva de la justicia intergeneracional. Lo normal es que los padres tratemos de solucionar los problemas de nuestros hijos con nuestro esfuerzo. Pero el endeudamiento es justo lo contrario, es solucionar nuestros problemas actuales con su esfuerzo futuro, generando una herencia de deudas, obligaciones y pasivos. Herencia envenenada la que les estamos dejando: una brutal crisis económica que impide su integración y los mantiene en una adolescencia forzosa, doblada de crisis política ante la que se manifiestan como espectadores irritados.

Emilio Lamo de Espinosa. Catedrático de Sociología (UCM).

Si hoy hiciésemos un análisis del lenguaje de la derecha española, nos llevaríamos varias sorpresas. Lo normal en los partidos conservadores occidentales es dulcificar su lenguaje para alcanzar el poder y mostrar dureza (firmeza, afirman ellos) una vez en el Gobierno. En España, esto es al revés. Durante el último Gobierno del PP se siguió hablando del centro reformista (¡qué habrá sido de él!) y del viaje al centro (ya dijo Alfonso Guerra: “De dónde vendrán que aún no han llegado”…, y lo peor, siguen sin llegar). Fue perder el poder, y el adalid del catalán en la intimidad y gran lector de Azaña pasó a revelar su lado más duro, más irritante, más irrespetuoso de toda la derecha conocida para terminar saludando con el dedo al tendido.

Pudimos ver ese gesto de José María Aznar (18-2-2010) ante una situación que, cuando se monta a otros gobernantes –Zapatero, González, Ibarretxe…–, los medios conservadores denominan libertad de expresión, pero cuando le ocurre a sus líderes pasa a ser poco menos que un acto de exaltación del terrorismo. En realidad, se trató de una falta de respeto de algunos jóvenes y un gesto de pésima educación y chulería impropio de un ex presidente del Gobierno.

Al mismo tiempo que este gran estadista nos mostraba dónde tenía el centro, nos encontramos con otros personajes de la derecha española que nos ilustran sobre su lenguaje característico.

Recordemos el famoso “hijoputa” de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre (29-1-2010). Todos pensamos que aludía a su eterno enemigo, el alcalde Alberto Ruiz- Gallardón. Sólo ella y sus palmeros repitieron que su procacidad estaba dirigida a otro miembro de su partido y, finalmente, en una entrevista televisiva, se descuelga que ni siquiera se dirigió a alguien del PP, a pesar de haber enviado una carta de disculpas a su… ¿compañero?

Siguiendo el ejemplo de Aguirre tenemos al imaginativo vicealcalde de Torrejón de Ardoz que llama “hijo de puta” al portavoz local de IU (1 de febrero). Les acompaña el vicepresidente de la Generalitat valenciana, Juan Cotino, que en una sesión parlamentaria afirmó lo siguiente a una diputada de la oposición: “Si fuera su padre, sentiría vergüenza de tener una hija como usted, pero como posiblemente no le conoce…” (24-2-2010). Sigue el excelso poeta José Luis Baltar, dirigiéndose de esta guisa a un adversario del partido socialista gallego: “Maricón, sinvergüenza y miserable” (27-2-2009). Y en la versión más macarra (hay que llegar a todos los públicos) tenemos al ultraderechista John Cobra con sus cinco minutos de gloria en televisión: “ Me vais a comer la …”.

Si estas expresiones fuesen un caso aislado, sería, sin lugar a dudas, una casualidad; de ser dos, una coincidencia; tres o más, son ya otra cosa. Responden a un modelo. Frente a la utilización de argumentos e ideas, mejor son los gestos populistas; siempre te dirán algunos de los tuyos: “¡Así se hace!”, “¡Con dos…!”, “¡Olé, Esperanza con el capote!”. ¿Para qué hablar de medidas contra el desempleo en la Comunidad de Madrid? ¿Mejoras en la sanidad madrileña o educación? No, un capote, una foto en la prensa amiga y todo arreglado. Triunfó el marketing de trazo grueso frente a los argumentos y las ideas. Porque, ¿recuerda últimamente alguna reflexión de contenido de Aguirre? Y sin embargo, seguro recordará algún gesto, anécdota o chascarrillo de “la lideresa”.

No nos engañemos, no estamos ante anécdotas, sino ante un modelo, tan serio como cualquier otro, que busca llevar mensajes cortos, de taberna, sin trasfondo alguno, al mayor número de personas. La estrategia es sencilla: unos, más finos, marcan las líneas de actuación contra Zapatero, contra Garzón, en fin, contra cualquiera que no les aplauda o que consideren perjudicial para sus intereses. Otros empiezan a apuntar en los medios afines (que son la mayoría) y, finalmente, un “espontáneo” remata con gracia.

Miguel Aguado Arnáez es secretario de Medio Ambiente del PSM-PSOE.

Recordemos que cuando los gobiernos de los países de nuestro entorno acabaron asumiendo la crisis, acordaron como un solo hombre que no había que dejar la recuperación al libre albedrío de los mercados, sino que los estados debían aportar cuantiosos paquetes de ayudas para combatirla. Los economistas críticos se congratularon de este inesperado triunfo del keynesianismo frente al maligno neoliberalismo, interpretándolo como una victoria de la izquierda frente a la derecha. El escaso tiempo transcurrido evidencia lo errado de este diagnóstico y sus nefastos resultados.

Hay que empezar recordando que el capitalismo no es la encarnación de la utopía liberal, sino un sistema social fruto del devenir histórico, que lo mismo adopta posiciones liberales que intervencionistas en función de sus intereses. El hecho de que el Gobierno estadounidense de Bush adelantara el “plan Paulson” para salvar entidades financieras, reforzado después con el más abultado paquete de Obama, denotó que el supuesto conflicto entre liberalismo e intervencionismo brillaba en este caso por su ausencia, dejando claro que el mismo capitalismo que había provocado la crisis era el primer interesado en beneficiarse de esos planes de salvamento, sobre todo si no entrañaban contrapartidas que condicionaran su propiedad o su gestión.

Lamentablemente, la aquiescencia de los críticos a las cuantiosas inyecciones de liquidez y gasto público dio alas a los gobiernos para orientarlas impunemente a favor de los intereses más inmediatos del capitalismo sin apenas exigencias que condicionaran su gestión, lo cual tuvo efectos perversos en un doble sentido.

Por una parte, estas inyecciones contribuyeron a salvar bancos y a paliar la caída en la actividad de las empresas, pero también, y sobre todo, a reanimar la inversión especulativa, al no haberse cambiado las reglas del juego que la incentivaban. Repuntaron así las cotizaciones bursátiles, el oro y las materias primas, pero no el crédito, la inversión productiva, ni el empleo.

Por otra, la prodigalidad inicial del gasto y de la financiación pública consiguió paliar la bancarrota privada a base de inflar el déficit y la deuda que los Estados tienen que atender ahora, cambiando el rol de los personajes: hoy es la banca la que financia interesadamente a los Estados exigiéndoles solvencia y equilibrio presupuestario. Y con esta nueva exigencia se invierte el discurso originario que achacaba la crisis a “la codicia” de los especuladores y a la desregulación del sistema monetario internacional, para acabar hablando sólo de la necesidad de reformar el mercado laboral o las pensiones, de recortar sueldos y derechos de los trabajadores y de apretar las clavijas al grueso de los contribuyentes.

Asistimos así a un discurso económico servil que, tras cegar otras posibles salidas, acaba proponiendo como la única viable la conocida ley del embudo, consistente en socializar pérdidas y privatizar beneficios.

José Manuel Naredo. Economista y estadístico.

Primero las mentiras: como afirma el historiador e hispanista norteamericano Stanley G. Payne, “la verdad en España es justo lo contrario de lo que afirma Zapatero”. Si sacáramos los vídeos de sus mentiras tardaríamos días en verlos todos. Por ello sólo mencionaré dos de su soflama en TVE: “No valoramos bien la importancia de la crisis”. Desde mediados 2006 los desequilibrios económicos eran tales que resultaba evidente para cualquiera que la continuidad del crecimiento era imposible. En febrero de 2007 se alcanzaría el punto de inflexión, iniciándose un proceso de caída que aún no se ha detenido.

No voy a repetir el comportamiento absolutamente irresponsable y mendaz del BdE y del vicepresidente Solbes ante la situación, que rayaría lo suicida después del estallido de la crisis financiera en agosto de 2007, pero sí incidiré en la gigantesca estafa que permitiría a Zapatero ganar las elecciones. El BdE y el INE cometen en febrero de 2008 la mayor tropelía de su historia, donde a pesar de que todos los indicadores señalaban lo contrario, afirman que el PIB del cuarto trimestre de 2007 era superior al del tercer trimestre, 0,8% versus 0,7%. Luego España no decrecía como el resto del mundo, sino que crecía. Después de las elecciones cambiarían la cifra diciendo justo lo contrario. En un país decente los responsables de tal incuria habrían sido procesados. Es decir, Zapatero conocía de tal forma la importancia de la crisis, que dio instrucciones precisas a sus secuaces del BdE y el INE de ocultar la realidad.

La siguiente mentira -sin contar con coletillas tales que los brotes verdes o “España saldrá de la crisis a finales de 2009”- fue el increíble dislate de que la subida del IVA “servirá para pagar las prestaciones de 500.000 personas desempleadas”. Realmente esperpéntico. Primero, porque el IVA es un impuesto no una tasa, y por ley no puede aplicarse a un fin concreto sino a financiar el total del gasto; segundo, porque si dice a los mercados que sube impuestos para reducir el déficit y ahora lo contrario, pronto se enterará de lo que piensan. De momento, el BCE acaba de afirmar que “el plan de austeridad de Zapatero no está apoyado por medida concreta alguna”; y tercero,  el aumento del IVA y demás impuestos servirán no para pagar las prestaciones de 500.000 personas, sino para crear 500.000 parados más.

Respecto a sus contradicciones, Zapatero es el único presidente del mundo civilizado capaz de afirmar primero una cosa, luego la contraria, y después que nunca lo ha dicho. Las más recientes: “No subiré los impuestos”, julio de 2009, y dos meses después realiza la mayor subida de impuestos de la Historia; “el ahorro es fundamental para la recuperación” y más tarde lo penaliza; “reduciremos el déficit en 50.000 millones”, y luego  solo lo reduciremos “cuando empecemos a crecer”; “nadie, absolutamente nadie puede quitar la vida a nadie”, en Ginebra, y ese mismo día aprueba la ley del aborto más permisiva de Europa. El colmo de la miseria moral y del cinismo.

Todos juntos no podemos o por qué Zapatero nos lleva al desastre

Una mayoría de personas, incluso bien informadas, piensa de buena fe, que antes o después saldremos de la crisis. Se equivocan. Es imposible con  Zapatero. El que sigamos cayendo mientras los demás crecen, el que el futuro de la deuda y el desempleo sea solo crecer y crecer, no es ya ni por la crisis mundial, ni por el ladrillo. Nuestra situación actual no tiene salida, y eso es lo que una mayoría ignora o prefiere ignorar. Y no tiene salida por tres razones que, o se arreglan las tres, o no hay solución posible.

La primera, porque ningún país puede salir de una crisis cuando el gasto publico es casi la mitad del PIB y sigue creciendo sin control; ningún país puede salir de una crisis cuando 13,1 millones de ocupados no públicos a tiempo completo tienen que mantener a 17,8 millones, entre parados, jubilados, empleados públicos, asesores y liberados sindicales. Tenemos el mayor descuadre de las cuentas publicas desde el siglo XVI. Por ello, o el gasto público se reduce hasta un tercio del PIB, como señala el catedrático de Hacienda Pública profesor Lagares, o la recuperación es imposible, y eso no va a suceder.

Zapatero no está dispuesto y Rajoy solo en las declaraciones pero no en los hechos: ni siquiera es capaz de exigir a Gallardón que acabe con el despilfarro y el insulto que suponen sus 1.525 cargos de confianza, la mayor cifra de todas las capitales del planeta. Bloomberg, el alcalde de Nueva York, tiene poco más de 20, y ni él ni nadie tiene coche oficial. Va al despacho en metro cada mañana. ¡Y es multimillonario!

En línea con ello, el hundimiento de la economía gana velocidad. Todos los indicadores del consumo privado, 57% del PIB, ventas minoristas, IPC, consumo de los hogares, se han desplomado en enero y febrero. Las ventas minoristas cayeron en enero un 4,5%, nueve veces más que en diciembre, una cifra casi inimaginable; el IPC sin productos energéticos cayó en febrero un -0,2%, frente al +1,6% del año anterior (“algo gordo está pasando para que la inflación se sitúe en esa cifra”, dicen en Funcas. ¡Imaginen lo que puede ocurrir cuando suba el IVA!); y la producción industrial aceleró su caída en enero casi al doble que en diciembre. A efectos comparativos, los ingresos fiscales de 2010 se han calculado con una caída del consumo privado del -0,1%. S&P dice ya que el endeudamiento neto del Estado será al menos un 25% superior al previsto por el gobierno, y eso sin contar con las deudas que esconde.

Las ventas de gasolinas y de gasóleo automoción, muy representativas de la marcha de la economía, caían a 12 de marzo el 4,1% acumulado anual, frente a un -4,5% en 2009, con las gasolinas cayendo bastante más que los gasóleos, lo que, incluso  descontando la creciente  dieselización, da una idea de de la profundidad del derrumbe  del consumo privado. Fijándonos en el gasóleo, el más correlacionado, el PIB estaría cayendo hoy el 3,4% en tasa anual. Da lo mismo las mentiras que nos cuenten el BdE y el INE, porque esto es la prueba del nueve, que además se asemeja a la estimación del director de coyuntura de Funcas: -0,6% en el primer trimestre, o el -2,4% en tasa anual.

El crédito más caro del mundo

La segunda, porque ningún país puede crecer cuando más de la mitad  del sistema financiero está seriamente deteriorado. Sin crédito suficiente, la financiación del sector privado aceleró su caída en diciembre. Además, los pocos préstamos que hay se conceden al precio más caro del mundo desarrollado –16% TAE ¡y luego dicen que no hay demanda!-. No hay mejora posible del consumo ni de la inversión, por ello, o el BdE pone fin a la maraña de trampas contables para ocultar la inviabilidad de numerosas entidades, como es su obligación, reestructura de una vez el sistema financiero y el crédito se restablece, o no hay salida posible.

Y la tercera, ningún país puede salir de una crisis con una productividad 15 puntos por debajo de la de sus principales competidores, con un absentismo laboral tres veces superior a la media, con un mercado interior fragmentado en 17 trozos, con la mayor subida de impuestos estatales, autonómicos y locales de la historia, casi 1.000 euros por familia, y que las multas pueden llagar a doblar para muchos en las grandes ciudades, y con los precios energéticos mas altos de todo el mundo desarrollado. Da igual lo que se esfuercen los empresarios, los autónomos y los trabajadores, nunca podrán levantar estas losas. O el gobierno y la oposición arreglan los problemas de base, cada uno donde gobierna, algo que solo está en su mano, o entre todos jamás podremos y alguien deberá responder por ello.

M x V = P x Y

Viene a decirnos que el PIB real (Y) a precios (P) de mercado, esto es, el PIB nominal (P x Y), puede expresarse como el múltiplo de la cantidad de dinero (M) por la velocidad de circulación del mismo (V). Es una equivalencia clave en la definición de la Política Monetaria y por ello los bancos centrales las estiman de distintas formas; para ello utilizan diferentes definiciones de dinero (vean los enlaces en USA M1, M2, MZM y V; en Europa M3) según su liquidez, así como las interrelaciones entre las mismas (Multiplicador M1 USA)

Todo parece indicar que El Banco de España no estima las M1, M2 y M3 para España, pero como a nosotros sí nos interesa (y mucho) lo que pasa aquí, he utilizado dos agregados monetarios (convendría que clicaran este enlace y lo mantuvieran abierto); los tomaremos con mucha precaución, pues esta labor en realidad debería ser resultado un consenso sobre aspectos metodológicos y estadísticos entre especialistas de nuestro banco central. Creo que esas magnitudes nos serán de gran utilidad, ya que tampoco se trata de afinar. Veámoslas.

Efectivo en Poder del Público: Indicador del dinero más líquido. Hizo tope en Diciembre del 2.008, aunque puede decirse que se ha estabilizado desde finales del 2006. En cuanto a la M, calculada como la suma de Efectivo y Depósitos Transferibles, preocupa que por primera vez en casi dos décadas se ha estancado y, aún y con la  monetización de activos financieros por el BCE-BdE (quantitative easing), se ha mantenido prácticamente estable desde diciembre del 2008, aunque en Septiembre del 2009 era un 2% menor al referido de 2.008. Podemos concluir de la observación de estas dos definiciones de dinero, que la M española en la parte izquierda de la equivalencia de Fisher presiona a la baja el PIB Nominal Español. Veamos ahora que ocurre con los multiplicadores (las V)

En cuanto a la Velocidad de Circulación según el Efectivo en Poder del público, llama la atención que, con excepción del período de introducción del Euro, este multiplicador se mantiene estable en torno a 10, equivaliendo el Efectivo a unas cinco semanas de PIB Nominal; podemos decir que este indicador es neutro. Todo lo contrario ocurre con La Velocidad de Circulación de Efectivo y Depósitos, que ha perdido un 36% de su velocidad desde 2.001 (también ocurre algo similar en USA); es de suponer que este hecho, junto con la conclusión cuantitativa anterior sobre M habría tenido que activar alguna alarma, si es que hay alguien que se ocupe de eso, claro. También, pues, en la V, encontramos presión a la baja en el PIB Nominal. Ambas conclusiones sobre V y M para España tienen consecuencias, veamos cuales:

Toca PIB Nominal: los economistas solemos trabajar con el PIB Real (descontando inflación), pero en esta etapa del Ciclo Largo hemos de cambiar el chip. Lo hemos de hacer porque es con el PIB nominal con el que se paga la Deuda y porque éste es determinante en la recaudación Fiscal. Lamentablemente, nuestros gestores económicos actúan con total independencia del riesgo cierto de que el comportamiento del PIB Nominal durante la próxima década no sea el que ha tenido hasta ahora, ni actúan para sostenerlo cuando M y V van a la baja (enlace PIB Nominal español)

La Expulsión del Sector Privado (al paro): Si siendo optimistas creemos que el lado izquierdo de la equivalencia de Fisher (M x V) para España será estable, las acciones del gobierno que afecten al PIB Nominal afectaran sus componentes como vasos comunicantes. Podemos verlo en cómo se financia el PIB nominal, o sea, por Consumo (C), por el Ahorro tanto interno (Si) como ahorro externo neto (Sx-i), o por Impuestos (T); igualmente, si lo observamos por el lado del Gasto Agregado, el PIB Nominal tendríamos sus componentes, que son: Consuno (C), Inversión (I), Gasto Público (G) y el saldo entre Exportaciones e Importaciones (X-M). La Equivalencia de Fisher nos quedaría así:

M x V = C + Si + T + S(x-i) = C + I + G + (X-M)

Con M x V constante, o disminuyendo, un aumento de Impuestos (T) traerá una disminución del Consumo (C) y más paro, pues uno de los determinantes de la actual situación es el ajuste de balances y, tras años de mala gestión de las inversiones y descuido de la solvencia financiera, ese ajuste de balances requiere aumento del Ahorro; pedir que no se ahorre y se consuma es ridículo y disfuncional. De forma similar, un aumento del Gasto Público (G) obliga a reducir Consumo, Inversiones o Importaciones, algo que traerá más paro, aumentará el déficit y se absorberá ahorro que se detraerá de la Inversión o desequilibrará más los balances, con lo que de nuevo habrá que ahorrar más para arreglarlos y para pagar más déficit, un déficit fiscal (T-G) que junto con el comercial (X-M, 5% PIB) equivalen a todo el ahorro nacional (Si, 17% PIB), con lo que el ajuste de balances se tiene que hacer liquidando activos (o reduciendo el crédito) o vía deuda externa (Sx-i). En eso estamos, en un círculo vicioso de destrucción de economía, empleo y solvencia de país.

La mayoría de las ocurrencias dogmáticas del gobierno y sus aliados políticos, desde el ICO o la morosidad municipal, no son más que una redistribución improductiva de recursos que destruye un tejido productivo de una Economía privada que se había creado bajo las duras condiciones que fijan las leyes de competencia de los mercados. Este desgobierno constituye un verdadero crimen económico contra los esfuerzos y sacrificios cotidianos de años de trabajo de los españoles.

La Excusa del Euro: nuestras autoridades monetarias y fiscales, responsables de que España sea un Riesgo Sistémico Global (too big to fail?),  pueden excusarse en que ya no creamos dinero (para no hacer nada), pero eso no es cierto. El BdE, como miembro del Consejo de Gobierno del BCE, debe, dentro de sus funciones y obligaciones, advertir de la situación monetaria española (¿calcularán la M?), de la necesaria expansión monetaria española y demostrar que se tiene una política interna destinada a restaurar la solvencia del País (con ZP esto es imposible) Adicionalmente, como la banca crea dinero, si usaran bien el FROB, que además, si se financia con ahorro externo (Sx-i), se aliviaría temporalmente de dos formas nuestro problema monetario (de M x V) Pero a Largo Plazo, incluso con cierto enfoque Mercantilista, ese problema Monetario también lo es de Competitividad (X-M) y eso exige Reformas Estructurales, algo de lo que son incapaces nuestras actuales autoridades monetarias y fiscales, que en dos años de Crisis casi ni han empezado con lo básico. Sin resolver nuestro problema político difícilmente resolveremos el círculo vicioso de nuestra economía.

Casi un año y medio después de la quiebra del banco de inversiones Lehman Brothers, por 639 mil millones de dólares, considerado el detonador de la crisis financiera global, el examinador Antón Valukas, nombrado por un juez para indagar las causas del desfalco, emitió un voluminoso reporte que los multimedia anglosajones definen como dañino de las prácticas comunes –específicamente referentes a los ominosos derivados financieros catalogados por Warren Buffett como armas financieras de destrucción masiva– de los principales bancos globales asentados en Wall Street y la City.

El reporte Valukas no aporta nada novedoso, con la salvedad de algunos inventos ingeniosos de contabilidad creativa: se trata de un déjà vu (algo ya visto) que hemos denunciado desde hace más de 10 años y que forma parte del alma consustancial a las finanzas israelí-anglosajonas.

La empresa de auditoría global Ernst & Young ocultó 50 mil millones de dólares de activos insolventes de la hoja contable de Lehman Brothers, un banco con un historial de 158 años (The New York Times, 11/3/10).

Su maniobra contable se ha vuelto célebre: repo 105 que traslada en forma secreta (sic) millones de dólares cuando los libros contables de Lehman Brothers se encontraban bajo el escrutinio público y que mágicamente transformaban las pérdidas en ganancias inesperadas.

Los repos, otro terminajo de la jerigonza monetarista neoliberal, consisten en acuerdos de recompra (“repurchase agreements”) cuando un banco pide prestado dinero a otro en forma urgente para un corto periodo, que se garantiza por colaterales y que debe ser devuelto con una jugosa tasa de interés.

¿No es, acaso, el mismo tipo de truco contable que armó Goldman Sachs para ocultar la insolvencia del gobierno griego y desencadenó la crisis del euro?

¿No es el mismo género de truco contable que utiliza el Banco de México para inflar las reservas mediante los swaps triangulados por la Reserva Federal?

The Daily Telegraph (11/3/10) señala que JP-Morgan Chase y Citigroup contribuyeron al colapso de Lehman Borthers. En el zoológico de lobos de la desregulada globalización financiera no se conoce la compasión.

No podía faltar la inevitable participación de la plaza financiera londinense, donde el banco británico Barclays extrajo parte de la carroña de Lehman Brothers.

James Quinn y Sean Farell, del rotativo británico The Daily Telegraph (12/3/10), comentan que Londres (¡súper sic!) se encuentra en el centro de los trucos contables de Lehman Brothers y dejan expuestas las complejas transacciones de ocultamiento contable mediante el repo 105 avaladas por la consultoría legal británica Linklaters.

No existe nada disimilar entre los engaños contables de Bernie Madoff (ver El Correo Ilustrado, La Jornada: Respuesta a Adolfo Gilly, 23/12/08) y/o de la gasera mafiosa texana Enron (vinculada al nepotismo dinástico de los Bush) con las exhumaciones pestilentes de Lehman Brothers y su colusión con Ernst & Young, una de las cuatro empresas contables más grandes del mundo.

Así como ayer la empresa Arthur Andersen fue atrapada con su fraude contable para beneficiar a la gasera mafiosa texana Enron, hoy Ernst & Young ha sido puesta en la picota por su involucramiento en el masaje numérico de Lehman Brothers.

Se habla más de los desfalcos de los bancos israelí-anglosajones de inversiones en Wall Street y la City –que han conformado una bidireccionalidad de supercherías– que de las cuatro grandes empresas de auditoría global, ya no se diga de las hilarantes cuan incalificables calificadoras de crédito de la tripleta anglosajona Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch, que cierran el círculo mafioso de todas las tratativas financieras.

¿Quién califica a las calificadoras, cuyas selectivas degradaciones crediticias en el mundo financiero equivalen a una invasión militar?

Ya que el mundo de los derivados financieros carece de regulación gubernamental y/o ciudadana, ¿quién audita a las cuatro grandes auditoras globales, un genuino oligopolio anglosajón que hace posible y perpetúa los fraudes de las principales empresas globales?

El oligopolio anglosajón de las cuatro grandes auditoras globales está conformado por: 1) Pricewaterhouse Coopers (ingresos por 26 mil 200 millones de dólares en 2009 y 163 mil empleados); 2) Deloitte Touche Tohmatsu (ingresos por 26 mil 100 millones de dólares y 168 mil empleados); 3) Ernst & Young (ingresos por 21 mil 400 millones de dólares y 144 mil 441 empleados), y 4) KPMG (ingresos por 20 mil 110 millones de dólares y 135 mil empleados).

No faltan apologistas del modelo depredador neoliberal, como el escritor Paul Murphy, cobijado por las páginas de The Financial Times (12/3/10), que aduzcan sin ninguna compunción que los especuladores realizan el trabajo de Dios (¡extra súper sic!).

Lo mismo había expectorado en las páginas del rotativo británico The Sunday Times (8/11/10) Lloyd Craig Blankfein, mandamás de Goldman Sachs: Estoy realizando el trabajo de Dios.

¿No estarán Murphy y Blankfein confundiendo a Dios con Shylock, el despreciable Mercader de Venecia inmortalizado por Shakespeare y abortado metafóricamente por la humanista civilización renacentista?

En el muy concurrido 14 seminario internacional del Partido del Trabajo (México), donde tuvimos la distinción de impartir la conferencia magistral, fue nuestra tesis que el verdadero cáncer global es el manejo discrecional, para no decir tiránico, de los derivados financieros por la banca israelí-anglosajona, en donde en fechas recientes han destacado nuevos instrumentos tóxicos (les llaman mutaciones) de alta letalidad como los intraducibles CDS (credit default swaps), sobre los cuales nos hemos extendido en cuanto a su objetivo avieso de destruir al euro para que perviva el dólar (ver Bajo la Lupa, 7/3/10).

Ha sido nuestra hipótesis, a partir del efecto tequila, que desembocó en la captura de la banca mexicana (alrededor de 90 por ciento, en términos de capitalización de mercado, en manos foráneas), que el objetivo real de los derivados financieros de la banca israelí-anglosajona es una invisible guerra financiera global desde los paraísos fiscales para capturar las joyas estratégicas de los países afectados. Su conejillo de Indias fue México y su exitosa implementación fue emulada en Latinoamérica y Asia (ahora toca el turno al euro), lo cual plasmamos en nuestro libro agotado El lado oscuro de la globalización (Editorial Cadmo & Europa, 2000).

No basta regular y/o abolir uno de sus peores engendros: los tóxicos CDS. Los ciudadanos del mundo deben presionar a sus respectivos gobiernos para iniciar un amplio movimiento de liberación financiera que extirpe el cáncer de los derivados –y sus nuevos engendros letales como los CDS–, mediante los cuales la banca israelí-anglosajona controla las finanzas mundiales y sojuzga la voluntad política de los países.

Más que otro tema, este es el verdadero desafío global del siglo XXI para que pueda pervivir y prosperar el género humano succionado por el parasitismo de la banca israelí-anglosajona.

¿Por qué esta masa apestosa se propaga ahora? Y ¿a qué cabe achacarla? ¿Únicamente a Berlusconi? Sus intereses, pensamientos y modales –entre sus defectos no está la hipocresía, sino, al contrario, la insistencia inoportuna— eran notorios para los italianos que lo han votado en tres ocasiones, y cada vez durante mandatos más largos. Habían sido bastante más cautos con respecto a Bettino Craxi, que era el amigo de Berlusconi y el hombre al que Enrico Berlinguer le echó en cara el problema moral.

¿Existe en Italia quizá una inclinación a corromperse y a ser corrompido, debida a los siglos de sometimiento bajo el dominio extranjero o a prepotentes  señores locales, con la excepción del luminoso intervalo del periodo municipal? Pero incluso en  Dante halló malversadores en su Infierno, y Petrarca se sentaba, melancólico, a orillas del Arno observando las plagas mortales de la Italia de su tiempo. Se puede decir que parece ser algo fatal la adherencia al poder de una dosis de  inmoralidad. No existe país alguno, por otro lado, en donde los escándalos no se produzcan , y estamos apenas al comienzo  -mejor dicho, estamos ya dentro- de una tempestad mundial de delitos financieros, a lo que parece, bastante difícil de castigar y de prevenir, y por sumas tan asombrosas, que los cinco mil euros públicos que el ex  alcalde de Bolonia hizo que le fuesen librados a la mujer de su corazón, para no hablar de los mil o dos mil a los invitados de Berlusconi, parecen una simple propinilla. Y sin embargo, no se puede decir que la principal característica de los EEUU de Madoff sea la malversación por doquier acompañada del escarnio contra la magistratura y los cambios en la ley para favorecer al presidente. Por el contrario, entre nosotros, sí. Hablar de Italia significa hablar de esto, tanto, que en el extranjero se ha convertido en signo de fair play no mencionarlo. Hemos desaparecido de la escena internacional

¿Cómo hemos venido a parar en esto? Ya habíamos inventado el fascismo apenas acabada la unificación nacional, pero incluso después del duro despertar de la guerra y de una resistencia que quiso limpiar el país y se dio una de las mejores constituciones europeas, no faltaron las porquerías . Para no hablar de la Mafia y de la Camorra, percibidas como un mal genético, la inmoralidad privada/pública estuvo siempre asediándonos, desde Lauro, que compraba votos con paquetes de pasta, hasta otros ejemplos que no podrían ser considerados meros casos de inmoralidad  local. No lo fueron ciertamente las fechorías de la Federconsorzi de Bonomi, las oscuridades de la Casa del Mezzogiorno, el escándalo de Lockheed (exactamente, ¿quién habrá sido Antílope Cobbler?) por citar los primeros que se me vienen a la mente, y por no hablar de Gladio y de los servicios secretos, perpetuamente desviados de su cometido. Todo esto pesaba sobre los hombros de la Democracia Cristiana, el partido convertido en Estado, pero –como dijo Aldo Moro en el parlamento sin que temblasen los escaños— la Democracia Cristiana no se procesa. Y en efecto, no supieron entender su memorial, no solo las Brigadas Rojas conducidas a la porpia ruina por su secuestro y asesinato, sino tampoco las dos cámaras de la Comisión de investigación. ¿Distraídos? ¿Cómplices?

No lo creo. En tiempos más serios, el PCI y el primer PSI invitaban a no confundir la clase dominante con los pinches de cocina, y a distinguir las distintas responsabilidades y culpas de una y otros, haciendo salir a luz en las Cámaras y en los consejos municipales, tal como sucedió en el caso de Roma, los escándalos, y haciendo aprobar, prescindiendo de los números de mayoría y oposición, las únicas reformas que tuvo el país. No se identificó nunca a Italia ni a la detestada Democracia Cristiana con sus, gordos, episodios de inmoralidad

Durante los años 70 la escena política cambió. El PCI persiguió inútilmente un acuerdo “histórico” con la DC, desarmando y dividiendo a la oposición institucional y desorientando las listas de izquierda. Con la muerte de Aldo Moro, a quien la DC no trató de salvar tal como él pedía y ella hubiera hecho de ser otro el que hubiera estado en su lugar, el partido democristiano quedó sumido en la mayor confusión, mientras que Berlinguer echaba en falta al único interlocutor que resultaba haber tenido, lo cual convertía en completamente vana la estrategia que había perseguido. De golpe, en el 79 cambiaba la línea, obstaculizado por un grupo dirigente y por cuadros locales que estaban, por el contrario, a la búsqueda de “amplios acuerdos” cuyos únicos resultados fueron el desmesurado crecimiento de los costes de la clase política y el fin de la oposición parlamentaria y popular. Así una mayoría ya sin un verdadero jefe y una izquierda desnortada se enfrentaron, sin verla, a una ofensiva capitalista de escala mundial que emprendía un vuelco de tendencia, reorganizando brutalmente la propiedad y la organización del trabajo. En 1984 el referéndum sobre la escala móvil acarreaba, por primera vez desde 1948, una derrota de los trabajadores, y tres años después, las elecciones de 1987 esbozaban el resquebrajamiento de los equilibrios de la primera república. Dos años después, y sobre un PCI ya en dificultades, caía el hacha del 89, ante la cual Occheto ofrecía voluntariosamente el cuello; a Craxi y al gobierno DC- PSI, Tangentópoli les daba el golpe de gracia

A varios años de distancia, se ve que bien pocos de los peces gordos imputados por Manos Limpias permanecieron en las redes de la justicia. Pero el impacto político, sumado a los procesos antes mencionados fue enorme porque la corrupción no dejó de crecer. Sobre un paisaje de partidos devastados por recíprocos tsunamis, aparecía en escena Berlusconi, símbolo del beneficio, de la empresa en estado puro, de la competencia sin escrúpulos que de golpe se presentaba como el único anclaje sólido con respecto a patrañas “ideológicas” tales como las clases, la explotación del trabajo, la perversidad de la especulación financiera e inmobiliaria, el primado del bien común o la necesidad de una ética pública…

Anclaje sólido y de manga ancha. Si su único precepto era producir al precio más bajo, hacer cesar cualquier mediación social para ser más generosos con el capital y los accionistas, vender a los ricos y obligar a los más pobres a comprar lo que no podían ya producir (¿qué otra cosa es, si no, el África?) especular a mansalva con el riesgo y con lo inexistente, ¿por qué demonizar cierta astucia, cierto modo de hacer la vista gorda, cierta mercantilización de la cosa pública? En el fondo, en los Estados Unidos, la compraventa de los miembros del Congreso y del Senado está legitimada por los lobbies, con los cuales está tratando Obama para lograr hacer pasar al menos un tercio de su proyecto de reforma sanitaria. Entre nosotros, el lobby más poderoso es una mayoría blindada mediante el voto de confianza, del cual nadie puede desembarazarse sin perecer. Las instituciones pierden por completo su naturaleza neutra en el caso de que la hayan tenido nunca, y todos dan por bueno que se privaticen funciones o bienes públicos. Si la ley se opone a ello, se cambia la ley. El parlamento podría ser cerrado también, tal como Berlusconi no ha dudado en decir, proponiendo que se sienten a votar solo los jefes de grupo parlamentario, en proporción con los electores que representan, y ni tan siquiera en esta ocasión las cámaras se alzaron aullando. Nuestro hombre tiene el nivel cultural de Sarah Palin y la falta de escrúpulos de Dick Cheney. Sólo que la mitad de los norteamericanos ha votado en contra de ambos, mientras que un poco más de la mitad de los italianos se pronuncia por él.

Entre los años setenta y los ochenta están las raíces de la actual proliferación de esta mala hierba. Contra la cual se yergue sin vacilaciones tan solo un magistrado ambicioso, para el cual la sociedad entera se compone de y divide entre honrados y corruptos. Antes había propuesto esta filosofía a los industriales reunidos en Cernobbio; ahora hace fortuna entre el pueblo, más o menos violeta, de una ex izquierda o dimisionaria o hecha trizas. Y luego hay quien especula sutilmente sobre el origen de la antipolítica.

Rossana Rossanda,  miembro del Consejo Editorial de SINPERMISO, es una escritora y analista política italiana, cofundadora del cotidiano comunista italiano Il Manifesto. Recientemente ha aparecido en España la versión castellana de sus muy recomendables memorias políticas: La ragazza del secolo scorso [La muchacha del siglo pasado, Editorial Foca, Madrid, 2008].

Traducción parawww.sinpermiso.info: Joaquín Miras.

Il Manifesto, 6 marzo 2010

Para refutar a quienes sostienen que el problema real ha sido el sistema financiero y su fallida regulación, basta una sola palabra: España. España ha alcanzado ahora notoriedad por tener una tasa de desempleo superior al 19%, la tasa más elevada entre los países ricos. España no tuvo una crisis financiera. En efecto, su bien regulado sistema financiero ha menudo ha sido presentado como modélico en los EEUU.

España tuvo una terrible burbuja inmobiliaria. A causa de ella, el sector de la construcción en su economía pasó de representar menos de un 8% del PIB a fines de los 90 a alcanzar un 12,3% en 2007. Para tener un punto de comparación: en los EEUU, en los años sin burbuja, ese sector representa menos del 6% del PIB. Ese acelerado crecimiento de la construcción llevó a una sobreproliferación de la edificación, lo que no podía terminar sino con un colapso, cayendo la construcción muy por debajo de los niveles normales.

El curso al alza de los precios de las viviendas tuvo también el previsible efecto en el consumo. Puesto que la gente creyó que el alza de precios de la vivienda respondía a unas buenas bases fundamentales de la economía, los propietarios de vivienda dieron en pensar que la riqueza de nueva creación generada por su vivienda era una riqueza real, y pasaron a gastar conforme a ese supuesto ilusorio. La tasa de ahorro española cayó de poco menos de un 6% en 2000 a un 3% en 2007. Cuando desapareció la riqueza originada en el alza de precios de la vivienda generada por la burbuja, la gente, como es natural, cortó en seco su consumo.

Y en eso consiste la crisis española. De acuerdo con el FMI, la nueva construcción ha caído en España cerca de un 80% en relación con el momento culminante del auge. Aunque la construcción total no llegado a caer tanto (reformas, rehabilitaciones y construcción no residencial no cayeron ni de lejos tanto), si, con todo y con eso, la construcción en España puede haber caído cerca de un 50%, eso significa una pérdida anual de demanda superior al 6% del PIB. Trasladado a los EEUU, eso vendría a ser una caída de la demanda de más de 800 mil millones de dólares.

Análogamente, la perdida de riqueza dimanante de la propiedad de la vivienda invierte el efecto riqueza. Si el consumo hubiera caído lo bastante como para devolver la tasa de ahorro a su nivel pre-burbuja, eso significaría una pérdida de demanda anual de consumo de más de 3 puntos porcentuales del ingreso disponible. En los EEUU, eso vendrían a ser más de 300 mil millones en consumo anual evaporado.

No hay mecanismo fácil para reemplazar más de un billón de dólares en demanda evaporada. Por eso la economía española se halla ahora mismo en una situación de gravísimo desplome. Repárese en que casi todos los analistas están de acuerdo en este extremo. El sistema financiero español estaba bien regulado, y estaba libre de todos esos préstamos locos y de toda esa manifiesta corrupción que caracteriza a Wall Street y al sistema financiero norteamericano. Y sin embargo, sufre el presente declive económico incluso más que los EEUU.

La moraleja de esta historia es que el problema primero o más importante no es el de una crisis financiera. Puede que haya sido divertido ver a Wall Street y a los chicos del gobierno sudar la gota gorda tratando de evitar que los grandes bancos se ahogaran en la ciénaga que ellos mismos habían creado. Pero eso es un espectáculo menor. Nadie nos salvó de una “segunda Gran Depresión”; esta gente se limitó a salvar sus puestos de trabajo y la riqueza de la pandilla de Wall Street.

El problema real de la economía es sencillamente la pérdida de demanda generada por el colapso de la burbuja. Inyectar aún más dinero en los bancos es una manera de asegurar que éstos no sufrirán las consecuencias de su propia codicia y estupidez. No una manera de recuperar la economía.

Restablecer la salud de la economía pasa por buscar un substituto de la demanda evaporada, resultante del colapso de la burbuja. A corto plazo, eso significa un incremento del gasto público y de los recortes fiscales. Los déficits inyectan dinero en la economía, y sirviéndonos del anticuado dicho de que la gente trabaja por dinero, podemos determinar la cantidad de dinero que necesitamos que gaste el gobierno para devolver a la economía a un estado de pleno empleo.

A largo plazo, necesitamos poner en macha un comercio más equilibrado, con más exportaciones y menos importaciones, respondiendo a la pérdida de demanda que ha traído consigo el colapso de la burbuja inmobiliaria. Eso exigirá un dólar devaluado, y cualquier otra cosa que se diga en punto a comercio es simplemente de cara a la galería.

Necesitamos una reforma financiera. Tenemos un sector financiero increíblemente despilfarrador e irresponsable. Pero la mala regulación financiera, por sí misma, no fue la que causó el 10% de desempleo, ni una buena regulación habría bastado para prevenirlo. Pregunten, si no, a los trabajadores españoles.

Dean Baker es codirector del Center for Economic and Policy Research (CEPR). Es autor de Plunder and Blunder: The Rise and Fall of the Bubble Economy.

Traducción parawww.sinpermiso.info: Roc F. Nyerro.

The Guardian, 9 marzo 2010

Los déficits públicos son tan viejos como el capitalismo. Tras el descubrimiento en el siglo XVII del déficit público “permanente”, los mercados financieros viven de ese déficit, y no para mal. Un año sí y otro también, todos los Estados contraen nueva deuda, a fin de poder devolver viejos préstamos que llegan a su vencimiento. La refinanciación de estos cobros pendientes no representa normalmente ningún problema. Se hace, evidentemente, problemática cuando Estados como Grecia o Portugal, Irlanda y España pierden reputación y los mercados financieros, ayudados por las agencias privadas de calificación del riesgo –¡precisamente!–, disparan al alza los intereses de sus préstamos. Sólo Grecia necesita en 2010 unos 53 mil millones de euros en nuevos créditos para subvenir al pago de créditos vencidos. Con intereses muy superiores al 6% y recargos por riesgo de un 3,75% y más, la carga de los intereses llegará previsiblemente a resultar insoportable para el presupuesto público griego. Tanto más, cuanto que el gobierno de Atenas se dispone a seguir el férreo curso de austeridad pública que los mercados financieros y la Comisión Europea quieren imponerle.

Si los griegos quieren que su déficit pase en sólo tres años de un 12,7 a un 2,8 por ciento del PIB mediante recortes presupuestarios y “reformas fiscales”, el desastre está anunciado. Cualquier brote de reviviscencia coyuntural se verá cortado en seco. Gracias a la interferencia de la Comisión Europea, el “saneamiento” no significa otra cosa que supresión de puestos de trabajo, recorte de salarios y pensiones, puesta en almoneda de bienes públicos y retroceso en las prestaciones públicas de servicios de salud, educación y formación. Así pues, más desempleo, más trabajo en negro y más economía sumergida y un sector público más depauperado: las condiciones ideales para una floreciente corrupción.

La solución de estos problemas resulta obvia, y sería extremadamente sencillo ponerla por obra. Bastaría con que los Estados de la Eurozona se apoyaran mutuamente mediante un europréstamo garantizado por todos ellos y por el Banco Central Europeo (BCE), un europréstamo que, gracias al Banco de Inversiones de la UE, podría organizarse muy rápidamente y colocarse fácilmente en unos mercados financieros que nadan en dinero. Grecia podría salir del apuro en que se halla, y  la solidaridad de los europaíses daría un buen chasco a los mercados financieros y a las agencias privadas de calificación del riesgo. Se ganaría tiempo para poder encarar finalmente los problemas estructurales de la UE y de la Eurozona, señaladamente el representado por los extremos desequilibrios entre los países miembros, desequilibrios de los que se ha beneficiado, sobre todo, la economía exportadora alemana y a los que, sobre todo, ha contribuido la política económica alemana de la pasada década.

Pero no habrá tal. El cerril dogmatismo de los neoliberales que tienen vara alta en la Comisión Europea y en el BCE impedirá también ahora que ocurra algo que resulta tan necesario como razonable. Se opondrán con todas sus fuerzas a que se cambie la malhadada política del dumping salarial y fiscal. Seguirán todos engañándose a sí propios y creyendo que se puede tener una moneda común sin disponer de una política económica coordinada y de un sistema de compensación financiera. Y así hasta el amargo final.

Michael R. Krätke, miembro del Consejo Editorial de SINPERMISO, es profesor de política económica y derecho fiscal en la Universidad de Ámsterdam, investigador asociado al Instituto Internacional de Historia Social de esa misma ciudad y catedrático de economía política y director del Instituto de Estudios Superiores de la Universidad de Lancaster en el Reino Unido.

Traducción parawww.sinpermiso.info: Amaranta Süss

www.sinpermiso.info, 14 marzo 2010

El lunes de la semana pasada un amigo común me transmitió un mensaje de su parte: «Dice Baltasar que por qué le persigue EL MUNDO… y que si podéis quedar a tomar un café». Mi respuesta fue clara: «Dile que niego la mayor… pero que no tengo inconveniente en hablar con él cuando quiera». El miércoles mi amigo volvió a verle y comprobó con asombro que Su Señoría ya no tenía interés alguno en llevar a término lo que él mismo había propuesto 48 horas antes. El viernes Su Señoría dirigió un inaudito escrito al Consejo General del Poder Judicial, presentándose como víctima de una campaña orquestada entre EL MUNDO, el PP y determinados estamentos judiciales. Así es Su Señoría: en el juzgado, como en la política y en la vida, él siempre tiene un plan B; puede hacer una cosa o su contraria, en función de su capricho, humor o conveniencia.

Garzón había entendido, pluma en ristre, que para su estrategia de echar los pies por delante le resultaba más útil exagerar la confrontación con nuestro periódico que buscar comprensión, desplegando ora sus dones persuasivos, ora sus dotes lastimeras. Y como todo lo que le sucede a él tiene que ser siempre lo más grande que le haya sucedido a nadie, escribió sin regateo alguno que está siendo «objeto de una persecución mediática sin precedentes por el periódico EL MUNDO». ¿Con qué motivo? «Por el solo hecho de haber cuestionado un informe pericial que sugería vinculaciones alucinadas de ETA con el atentado del 11 de marzo de 2004».

¡Ínclito Garzón! Basta invocar todas aquellas ocasiones en que muchos de sus actuales amigos denunciaban nuestra imaginaria connivencia para darse cuenta de hasta qué punto la coartada de la «persecución sin precedentes» ha quedado roída y raída por el uso. Pero su megalomanía lleva aparejada ya tal pérdida del sentido de la realidad que le hace reinventar sin pudor hechos públicos recientes. Así su extravagante imputación de un delito de falsedad a los tres peritos que denunciaban la manipulación de sus superiores, tras someterles a inquisitorial interrogatorio cuando ni siquiera era competente para entender del caso, se transforma en el «solo hecho» de «cuestionar» su «informe».

Como se recordará, la Sala de lo Penal de la Audiencia resolvió apartarle fulminantemente de ese sumario al constatar su abuso de jurisdicción y la juez natural, a la sazón Gema Gallego, levantó la imputación de los peritos y sentó en el banquillo, con el respaldo del tribunal superior, a los mandos de la Policía Científica que habían falsificado el informe. Ahora él convierte ese acto de reposición de los más elementales fundamentos del derecho nada menos que en motivo de recusación contra la juez Gallego, a la que no deja de insultar y denigrar. Y si bien es cierto que la conducta de esos mandos no mereció finalmente una sanción penal, no menos cierto es que en la sentencia absolutoria quedó acreditado que habían incurrido en graves «inveracidades» e «irregularidades administrativas», resultando «sorprendente» para el tribunal que hubieran recurrido a una práctica «tan inadecuada e incorrecta».

Si de esa manera quedaba corroborado, punto por punto, lo denunciado por EL MUNDO, ¿cómo es posible que Garzón haga emanar de ahí la inquina que nos atribuye? Pues mediante el acto de prestidigitación de introducir como nueva variable una sentencia de la jurisdicción civil -recurrida en casación- cuya única consecuencia, caso de ser firme, sería tener que publicar que utilizamos expresiones «innecesarias», lesivas para su honor. Todos sabemos que si Garzón hubiera atisbado un mínimo margen para actuar contra el periódico y ponernos en un brete, habría presentado una querella por injurias o calumnias.

Pues bien, y aquí es donde al leerlo no pude reprimir una abierta carcajada, son estos antecedentes los que, según Garzón, me llevan a «no dejar pasar ninguna oportunidad» para perseguirle «desde el resentimiento». ¿Cómo, cómo…? ¡Pero qué dice este hombre! Al margen de que entre mis múltiples defectos no figura ninguno de los que se manifiestan a través del retrovisor, personal y corporativamente no tengo sino motivos de gratitud por las múltiples tardes -o mejor dicho mañanas- de gloria que, en los 20 años de vida de EL MUNDO, nos ha proporcionado Garzón por activa y por pasiva. Es como si alguien alegara que el director del ¡Hola! está «resentido» con alguna de las divas de la prensa rosa.

Pero después de la carcajada ha venido la reflexión. ¿Por qué, para lanzarla contra mí, ha elegido Garzón precisamente esa palabra, esa tara moral, ese concepto que Unamuno llegó a identificar como «el más grave de los pecados capitales»? La reciente llamada de uno de sus nietos para recordarme el inminente cincuentenario de la muerte del doctor Marañón ha refrescado mi memoria y me ha remitido a una de sus más certeras interpretaciones de la Historia. Cojan la ocasión al vuelo y comprueben a través de su biografía de Tiberio -subtitulada Historia de un resentimiento- la exactitud con que acaba de manifestarse una vez más ese reflejo condicionado por el que el ser humano, y no digamos el narciso siempre pegado al espejo de la autoadulación, tiende a detectar sus propios defectos, pero atribuyéndoselos siempre a los demás.

«Si hay un hombre cuya vida sea ejemplo de alternativas y de cambios en la conciencia y en la conducta; ejemplo de personalidad construida, no con material uniforme, sino con fragmentos diversos y contradictorios, ese hombre es Tiberio», escribió el doctor Marañón casi 20 años antes de que naciera nuestro Príncipe de la Justicia. Por algo Tácito había presentado ya a su biografiado como un hombre «mezcla de bien y de mal» que practicó «costumbres distintas según las épocas». Y por algo Dión le había definido como un «príncipe de buenas y malas cualidades». ¿Cuántos Garzones hemos conocido ya sucesiva o incluso simultáneamente?

La psiquiatría define el resentimiento como «la evocación de un sentimiento de hostilidad contra una persona o grupo que consideramos que nos ha tratado mal». ¿En qué puedo yo considerarme maltratado por un señor que, insisto, deliberadamente o no, ha venido contribuyendo de manera pertinaz -«más madera que es la guerra»- a que se colmaran todas mis expectativas sobre el periodismo como modus y arts vivendi?

Claro, que tengo la ventaja de haber querido una sola cosa en la vida. Por el contrario, Garzón ha ido dejando rastro público de cuáles eran sus expectativas, cuándo y cómo quedaban defraudadas y a quién responsabilizaba de ello. Si resulta que a continuación sus decisiones en el ámbito jurisdiccional afectaban negativamente a esa «persona o grupo», saquen ustedes sus propias conclusiones sobre si le cuadra o no la definición de resentimiento.

«Felipe González me engañó y me utilizó como un ardid electoral… me ha tratado como a un muñeco», denunció Garzón en mayo de 1994, al marcharse dando un portazo, apenas un año después de haber saltado a la política en las listas del PSOE. Belloch había sido nombrado ministro del Interior y había elegido a Margarita Robles para la Secretaría de Estado: justo los dos cargos que él anhelaba. Una ley disparatada le permitió volver al juzgado y él -por utilizar la pauta que ahora me achaca- «no dejó pasar la oportunidad» de ajustar cuentas con el «señor X» a través del sumario sobre el secuestro de Marey. Si el magistrado Moner no hubiera repetido la instrucción del caso en el Supremo, es probable que todo el procedimiento sobre aquel delito horrible hubiera terminado anulándose por la superposición de su vendetta. Rodríguez Ibarra declaró durante la vista oral que Garzón le dijo: «Si Felipe no me hace ministro, se va a acordar toda su vida». En este caso me lo creo.

«Es típico del resentido», escribe Marañón, «que cuando adquiere un poder fuerte y artificioso haga un uso bárbaramente vindicativo de él». Que después de no haber tenido reparo en proceder contra Barrionuevo y Vera, ahora Garzón haya invocado como causa para requerir la abstención de Margarita Robles su «coincidencia» en aquel gobierno, sólo se explica si continuamos leyendo al fundador de la Agrupación al Servicio de la República: «A cada instante vemos escapar por entre los resquicios de su perfecta armadura oficial el vaho de su rencor, dando a su vida el aspecto equívoco que los contemporáneos interpretaban como hipocresía». Pero en el pecado ha tenido la penitencia, porque la respuesta de la siempre íntegra Margarita Robles ha sido de las de antología.

En el caso de Aznar y el PP, el esquema se reprodujo a partir de la negativa del entonces presidente a apoyar la campaña mediante la que el megajuez trató de autopromocionarse para el Nóbel de la Paz, y no digamos nada tras la decisión de los vocales conservadores del CGPJ de preferir a Gómez Bermúdez para la presidencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia. Garzón no podía entender que tras los servicios que había prestado a Mayor Oreja en la lucha contra ETA -opuestos a los que una década después prestaría a Rubalcaba y Zapatero en la negociación con ETA- la derecha ni le ayudara a subir al pináculo de la gloria ni le promocionara en la jerarquía judicial.

De nuevo Garzón «no dejó pasar la oportunidad», con motivo de la guerra de Irak, para comparar a Aznar con el «humus pestilente de quienes carecen de sentimientos», para jalear los gritos de quienes le llamaban «asesino» y para maniobrar soñando con poder sentarle alguna vez en el banquillo. De su inquina hacia el PP quedó sobrada constancia en la forma en que instruyó el caso Gürtel, buscando hacerle el mayor daño posible con sus resoluciones. De ahí que de nuevo las medidas fruto de su obcecación -¡escuchas en las comunicaciones entre abogados y clientes!-, además de ponerle a dos pasos del banquillo, hagan peligrar el conjunto de la investigación contra la trama corrupta. Todo emana, según el biógrafo de Tiberio, «de una desarmonía entre su real capacidad de triunfar y la que él se supone».

¿Y el caso Liaño? ¿Cómo se inscribe en esta teoría la conducta infame de Garzón con alguien hacia quien, después de haber dado tantas veces la cara por él, sólo podía tener motivos de gratitud? El doctor Marañón también tiene una respuesta categórica: «Cuando se hace el bien a un resentido, el bienhechor queda inscrito en su lista negra de la incordialidad». Y añade incluso una frase tremenda atribuida a Robespierre: «Sentí desde muy temprano la penosa esclavitud del agradecimiento».

Cree, pues, el ladrón que todos son de su condición y quienes le conocemos de antiguo tenemos muy amortizado que, por acabar con las citas, «el resentido llega a experimentar la viciosa necesidad de los motivos que alimentan su pasión; una suerte de sed masoquista le hace buscarlos o inventarlos si no los encuentra».

Como ocurría hace 20 años con González, el problema de Garzón no estriba en lo que algunos pensemos o digamos de él, sino en las secuelas de sus propios actos. Y, en su caso, en la impresión que, como me decía no hace mucho un importante miembro del Gobierno, debe estar causando en la Sala Segunda del Supremo el hecho de que tres acciones penales, sólidamente fundadas en otras tantas conductas presuntamente delictivas de un magistrado, tengan el mismo protagonista. Porque, parafraseando a Espriu, aunque en ocasiones sea necesario y forzoso que un juez «muera» por la Justicia, nunca debe toda la Justicia «morir» por un solo juez.

pedroj.ramirez@elmundo.es

Cuando empecé a publicar esta columna, hace casi dos años, todavía estábamos discutiendo el nombre de la cosa. Quienes decíamos estar ante una crisis profunda del sistema económico, en lugar de ante una desaceleración temporal del mismo, nos podemos sentir tristemente reconfortados al escuchar al presidente del Gobierno reconociendo esta semana, en una entrevista televisiva, que no haber sabido ver la magnitud de la crisis ha sido uno de sus principales errores. El haber tenido razón entonces no garantiza que la volvamos a tener siempre, pero nos obliga a señalar que, ahora, tampoco está sabiendo ver la magnitud de la tarea que, como país, tenemos por delante para salir, bien, de esta profunda recesión.

Cuatro millones y medio de parados, un déficit público de dos dígitos, la mayor tasa de endeudamiento nacional (público y privado) de la historia, así como el riesgo de enfrentar una década perdida en términos de riqueza y bienestar social no son asuntos menores ni que se puedan abordar con rutina y trámite burocrático. Estamos viviendo una crisis sistémica del capitalismo internacional que se ha llevado por delante los factores en los que se ha basado nuestro modelo de crecimiento de los últimos 15 años. Nada será igual después de este terremoto y de nada valdrá aparentar lo contrario.

A corto plazo, tenemos que articular un paquete de medidas orientado a fomentar el crecimiento y el empleo, compatible con la recuperación de la competitividad perdida, un reparto equitativo de los costes de la recesión y la disminución ordenada del endeudamiento. A medio plazo, hay que sentar las bases de una economía inteligente sobre vectores distintos al pasado: de la cantidad y el precio, a la calidad y el valor añadido. Y todo ello se debe hacer de manera eficaz mediante un Pacto de Estado más parecido a los de la Moncloa que al de Zurbano, debido al número y profundidad de reformas estructurales que se requieren, el amplio conjunto de instituciones involucradas y la necesaria garantía de continuidad en el tiempo.

El presidente Zapatero también dijo que el Gobierno había aprobado 137 medidas para luchar contra la crisis. La verdad es que no me salen tantas, pero no estamos ante un asunto que se pueda analizar al peso. Ciento cincuenta medidas no serían mejor, porque ni todas son homogéneas ni un número indica nada sobre lo pertinente de las mismas. No es una cuestión de trabajar mucho, sino de trabajar bien, con sentido y en la dirección correcta. Y ahí, en la estrategia, es donde creo que la política económica del Gobierno es manifiestamente mejorable, porque parte de un diagnóstico equivocado sobre la gravedad del problema al pensar que ya estamos a punto de salir sin necesidad de hacer nada más que esperar. Eso lanza señales confusas en asuntos relevantes
como los siguientes:

Impuestos y gasto público. Dada la fragilidad de la recuperación, sobre todo en España con tanta deuda privada por devolver, el FMI está pidiendo prudencia a la hora de subir impuestos y retirar los estímulos públicos puestos en pie por los países. La estrategia conservadora pide recortar el gasto público y rebajar impuestos como manera de inyectar recursos en la economía privada. Por su parte, la estrategia progresista defiende que en situaciones de grandes incertidumbres, y con un sector privado altamente endeudado, la capacidad del dinero público para impulsar la actividad, es mayor y  más directa, por lo que debe primar el mantenimiento del gasto público productivo. Anteponer la recuperación económica frente al recorte presupuestario es una decisión estratégica que debe negociarse en un Pacto de Estado. Como también el abordar, de verdad, la reconversión del complejo inmobiliario-financiero español.

Rebaja de costes productivos. Salir de una crisis profunda exige reajustar los costes para recuperar competitividad. Sin devaluación posible, eso sólo se puede hacer actuando sobre los salarios o sobre el resto de costes productivos. Esa es una de las patas principales del Pacto. Concretar los sacrificios que necesitamos hacer para ajustarnos a una nueva realidad en la que somos más pobres y debemos mucho dinero. La (casi) congelación salarial pactada por los interlocutores sociales puede no ser suficiente y debe verse acompañada de rebajas en las cotizaciones sociales, reducción de costes administrativos y judiciales, así como de reformas estructurales en los mercados de factores y productos. Todo ello, para recuperar capacidad de crecer en un mundo globalizado.

Reparto equitativo de sacrificios. No podemos pedir los esfuerzos siempre a los mismos, pero la alternativa no es dejar de hacerlos, sino atrevernos a repartirlos de manera equitativa. Esa es otra de las patas del Pacto. Resulta difícil de aceptar que los pensionistas que cobran 870 euros al mes ponen en riesgo la viabilidad del sistema mientras se suprime el impuesto de patrimonio para los más ricos. Buscar nuevas fuentes solidarias para financiar el sistema de pensiones se convierte, además, en pieza clave para rebajar costes laborales no salariales.

Necesitamos un paquete articulado, equilibrado y compensado de medidas que respondan a una estrategia definida y conocida de lucha contra la recesión. Y que, respaldado por las fuerzas parlamentarias, interlocutores sociales y Comunidades Autónomas, fortalezca la posición internacional de España, resaltando nuestra solvencia y credibilidad a la vez que recuperando confianza en el interior. Marcar rumbo a partir del reconocimiento de lo obvio: la situación es muy complicada, no estamos ante un paréntesis tras el que volveremos al punto de partida, necesitamos hacer sacrificios, esfuerzos y cambios importantes que debemos repartir de manera justa.

Ésta es una crisis de las que alteran algunos fundamentos de una sociedad, señalando un antes y un después. El impulso reformista internacional está perdiendo fuerza y ya nadie habla de refundar el capitalismo. En España, de momento, estamos también perdiendo el partido y, con él, las posibilidades de continuar en la Champions. Pero aún estamos a tiempo. Espero que, dentro de dos años, el presidente no tenga que reconocer que no supo valorar a tiempo la magnitud de la tarea reformista que exige la situación.

Hace ahora un año, el mundo vivía el momento más caliente de la crisis financiera y de la recesión global ocasionada por la misma. Casi desde la Gran Depresión no se había sufrido una caída de la actividad tan intensa ni generalizada. Su máximo exponente fue el derrumbe del comercio internacional. Sin embargo, a partir del segundo trimestre de 2009 la actividad económica empezó a mostrar tasas menos negativas e incluso las principales economías exportadoras, Japón y Alemania, tuvieron alzas intertrimestrales en dicho período. De este modo, la mayoría de las economías avanzadas, y por supuesto las emergentes, registraron un crecimiento positivo a partir del tercero. Esta recuperación desde marzo de 2009 fue descontada por los mercados financieros, tanto de renta variable como de crédito, en prácticamente todos sus indicadores.

Un año después, la cuestión fundamental es si la recuperación en curso sigue ganando fuerza o si, por el contrario, ha ido perdiendo gas. En estos momentos se podría decir que la misma es mucho menos intensa de lo usual en ciclos previos y que presenta una evolución bastante desigual en las diferentes áreas económicas del mundo. El resultado tiene bastante que ver con el origen de la crisis. Los desequilibrios que la desencadenan vienen dados por un exceso de endeudamiento privado y por la aparición de burbujas en el precio de los activos. Su estallido afecta inicialmente a la solvencia de los bancos y exige un ajuste del crédito y del valor de los activos, especialmente de los inmobiliarios.

Por tanto, la primera etapa de la crisis es la bancaria, que posteriormente, vía una contracción en la disponibilidad de crédito, produce la caída de renta y empleo que constituye la segunda fase en la evolución de la crisis. La que acabamos de dejar atrás. Éste es el punto en el que nos encontramos. El carácter desigual de la recuperación se refleja en que está siendo mucho más intensa en los países emergentes que en los desarrollados. El mejor ejemplo del rebote lo tenemos en China, con un crecimiento que se aproxima al 10%. Es en estas zonas donde más está cobrando vigor el comercio exterior, pero también donde –y muy especialmente en las economías asiáticas– más temores existen de que se estén repitiendo los excesos que dieron origen a la crisis mundial.

En Estados Unidos, las señales de la reactivación son mucho más tenues que en las economías emergentes. Es cierto que el crecimiento en el cuarto trimestre superó claramente en tasa trimestral anualizada el 5%. Sin embargo, una parte importante de este crecimiento proviene de la reconstitución de inventarios, cuya aportación se irá difuminando en los próximos trimestres. Además, los datos más recientes del sector de la vivienda ponen de manifiesto que continúa la caída de los precios y que la demanda en este sector no repunta. En estas circunstancias, no resulta extraño que la mora hipotecaria siga en aumento y se sitúe en niveles muy elevados. Por otro lado, la mejora de la actividad no ha conseguido todavía generar empleo: continúa la destrucción de puestos de trabajo aunque, lógicamente, a un ritmo mucho menos intenso que hace un año.

Por último, donde la recuperación está siendo más dubitativa y frágil es en Europa. Aunque Alemania y Francia salieron relativamente pronto de la recesión, el crecimiento de la economía alemana volvió a ser nulo en el cuarto trimestre de 2009 y no sería descartable que incluso se volviera negativo en el primer trimestre de este año, como consecuencia de la adversa meteorología y de la desaparición de las ayudas extraordinarias a la compra del automóvil. En definitiva, la recuperación parece bien instalada en las economías emergentes, mientras en Europa existen serias dudas sobre su mantenimiento y EEUU, por su parte, sigue en una posición intermedia.

En estos momentos, la principal amenaza a las expectativas de recuperación viene dada por el ritmo de retirada de los estímulos fiscales y monetarios. Bastó que la Reserva Federal elevara tímidamente el tipo de interés de su ventana de descuento para que cundiera el temor en los mercados, haciendo necesario que Bernanke anunciara que el tipo de intervención se va a mantener bajo por un período dilatado de tiempo. La conclusión es que la recuperación sigue dependiendo de medidas extraordinarias que, en principio, no deberían mantenerse por mucho más tiempo, pero no resulta raro que el Fondo Monetario Internacional haya subrayado la necesidad de ser muy prudente a la hora de retirar los estímulos fiscales para evitar una recaída en la recesión.

Bastante más controvertida ha sido la petición del economista jefe del Fondo de que los bancos centrales eleven el rango superior de sus objetivos de inflación hasta el 4%, frente al 2% actual. La justificación de esta propuesta es que con tipos de interés nominales más elevados, por la mayor inflación, la política monetaria podría hacer frente
a las recesiones con más margen de maniobra para reducir los tipos. Pero el temor es que la propuesta responda en el fondo al convencimiento de que la única forma de reducir el peso del endeudamiento que acumula la economía mundial sea generar un nivel alto de inflación para contraer el valor real de la deuda.

Todo parece indicar que estamos entrando en lo que sería la tercera fase de la crisis actual, que viene dada por una crisis fiscal fruto de los enormes déficit acumulados y de las ingentes emisiones de deuda pública a realizar, que se adicionarán al endeudamiento privado. Parece claro que el camino de salida, a pesar de que la recesión ha quedado atrás, va a ser largo y tortuoso, sin que existan atajos para la necesaria corrección de los desequilibrios que se encuentran en el origen del problema.

luisdeguindos@hotmail.com

La brecha generacional sigue siendo un elemento imprescindible del análisis político y social estadounidense. La noción de que las circunstancias y experiencias especiales de cada cohorte sucesiva la dotan de percepciones, creencias y valores distintos parece intuitivamente razonable y atractiva. También es halagadora. En una cultura de masas, pertenecer a una categoría con rasgos característicos, incluso si comprende a muchos millones de individuos, contribuye a despertar una sensación de identidad.

En una encuesta de Gallup realizada en 1969, el 74% de los estadounidenses decía creer en la brecha generacional. Una encuesta realizada el año pasado concluía que el 79% cree en ella hoy. Entre aquel entonces y el presente, por supuesto, las generaciones han cambiado.

Entonces eran los de la generación post-Segunda Guerra Mundial (que hoy tienen entre 46 y 64 años) los que disputaban el puesto a las generaciones de la Segunda Guerra Mundial y la Depresión. Ahora es la generación que llegó a la mayoría de edad con el cambio de siglo (tienen hasta 29 años) y la Generación X (de 30 a 45) los que compiten con los de la post-Segunda Guerra Mundial y los estadounidenses de la tercera edad. Los límites generacionales exactos están cogidos con alfileres, y las demás diferencias individuales (ingresos, religión, educación, geografía) por lo general pesan más. Sin embargo, los contrastes generacionales ayudan a seguir el relevo y la continuidad en América.

Considere el estudio de los 50 millones de integrantes de la generación del milenio llevado a cabo por el Pew Research Center. El informe descubre ciertos avances sorprendentes y otros no tan sorprendentes. Sorprendente (para mí): casi las dos quintas partes de la generación del milenio tiene tatuajes, más que el tercio de los de la Generación X que los lleva y de la séptima parte (15%) de la generación de los 60.

No es sorprendente: la generación que alcanzó la mayoría de edad en el cambio de siglo es la primera generación verdaderamente digital. La tres cuartas partes de ella han abierto un perfil en Facebook o en alguna otra red social. Sólo la mitad de la Generación X y el 30% de la generación post-Segunda Guerra Mundial lo han hecho.

Una quinta parte de la generación del milenio ha colgado vídeos en la Red, muy por delante de los de la Generación X (el 6%) o los de los 60 (2%).

En muchos sentidos, los integrantes de la generación del milenio se limitan simplemente a ampliar las tendencias sociales existentes. Desde el final del servicio militar obligatorio, a principios de la década de los 70, la prestación del servicio se ha vuelto progresivamente más infrecuente. Apenas el 2% de los varones de la generación del milenio son veteranos; a una edad comparable, el 13% de la generación post-Segunda Guerra Mundial y el 24% de la tercera edad estadounidense estaban licenciados. Cada generación joven muestra una mayor apertura racial y sexual.

La mitad de la generación del milenio es partidaria del matrimonio homosexual; entre la generación de los 60 y los estadounidenses en la madurez, el apoyo es de la tercera y la cuarta parte respectivamente. Sólo el 5% de la generación del milenio se opone al matrimonio interracial, en contraste con el 26% de aquellos con 65 años o más.

Lo que también es llamativo son las vastas áreas de continuidad. Pew formuló preguntas acerca del matrimonio feliz. Más de las cuatro quintas partes en todas las horquillas de edades lo consideran muy importante. ¿Vivienda en propiedad? Alrededor de las tres cuartas partes de todos los grupos cronológicos dicen que también es muy importante. La fe en Dios es generalizada: el 64% de la generación del milenio y el 73% entre aquellos con más de 30 años. No hay consenso en muchos valores, incluso si los ideales (matrimonios estables, por ejemplo) son violados con frecuencia.

Las generaciones no importan. Existe una tendencia a exagerar las generalizaciones, minimizar la cultura nacional y pasar por alto las diferencias individuales. El estereotipo de la generación post-Segunda Guerra Mundial que se tenía en la década de los 70 –por poner un ejemplo evidente– de díscolos anticapitalistas porreros obsesionados con el sexo que cuestionan cualquier autoridad fue desmentido por la realidad. Sin embargo, en el caso de los jóvenes de hoy, la situación generacional puede cobrar gran peso en un terreno: la economía.

La acusada crisis ha castigado a la generación del milenio. Según los datos de Pew, casi las dos quintas partes de los que tienen entre 18 y 29 años de edad (el 37%) está en paro o fuera del mercado de trabajo, «el porcentaje más elevado… en más de tres décadas». Sólo el 41% posee un empleo a jornada completa, por debajo del 50% de 2006. Proporcionalmente, más integrantes de la generación del milenio han perdido el empleo recientemente (el 10%) que aquellos con más de 30 años (el 6%). Alrededor de un tercio dice estar recibiendo ayuda económica de sus familias, y el 13% de aquellos con entre 22 y 29 años ha vuelto a casa de sus padres después de haberse independizado.

Los efectos adversos podrían persistir en el tiempo. Un estudio muy citado realizado por la economista de la Universidad de Yale, Lisa Kahn, concluye que los licenciados universitarios que se incorporan al mercado laboral con un acusado desempleo reciben salarios inferiores, y esa diferencia salarial puede durar dos décadas.

Escribiendo en The Atlantic, Don Peck afirma que muchos de los que alcanzaron la mayoría de edad con el cambio de siglo, sobreprotegidos como niños y albergando una sensación de derecho, están mal preparados para tolerar un «clima económico difícil». Les falta tenacidad e imaginación para salir adelante bien. Dicha acusación formal puede ser injusta. Mi propia experiencia es que los compañeros de trabajo de la generación del milenio son diligentes, disciplinados y se crecen ante la frustración.

De todos modos, podrían llegar más malas noticias. A medida que los de la generación del Baby Boom se vayan jubilando, el mayor gasto federal en la seguridad social, Medicare y Medicaid podría disparar los impuestos de la generación del milenio y agotar los presupuestos de los demás programas gubernamentales. Será más difícil fundar y formar una familia.

La generación del milenio podría convertirse en la generación de los panolis. Podrían pagar por los pecados económicos de sus mayores, en particular el fracaso a la hora de hacer frente con hechos al predecible coste de la jubilación de la generación post-Segunda Guerra Mundial. Esto plantea una pregunta. En los comicios de 2008, los integrantes de la generación del milenio votaron a Barack Obama por un margen de 2 a 1; en las encuestas, dicen estar más abiertos que los estadounidenses más maduros al gran gobierno y al gobierno que interviene activamente. Su pasión por Obama ya se está enfriando. ¿Sofocará su entusiasmo por el Gobierno una importante subida tributaria?

Robert J. Samuelson es analista del diario The Washington Post.