Reggio’s

Baltasar Garzón fue objeto de una biografía autorizada (existen otros relatos menos amables) realizada por Pilar Urbano cuando el magistrado tenía sólo 45 años pero un densa y polémica trayectoria a sus espaldas. Corría el año 2000 y la periodista  publicó Garzón, el hombre que veía amanecer en un momento estelar para el joven magistrado, titular de uno de los Juzgados Centrales de la Audiencia Nacional. Unos meses antes, a finales de 1998 y durante 1999, Baltasar Garzón se había convertido en el juez más conocido de Europa y de América Latina al ordenar la búsqueda y captura de Augusto Pinochet, que se había desplazado a Londres para ser tratado de una dolencia.

Logró que las autoridades británicas sometiesen al dictador chileno a arresto domiciliario y, a la postre, obtuvo un dictamen de la Cámara de los Lores favorable a la extradición a España del general golpista, devuelto sin embargo a su país aduciendo el premier inglés “razones humanitarias”. Pero la audaz actuación jurisdiccional de Baltasar Garzón impulsó, además de la Corte Penal Internacional, la exigencia judicial de responsabilidades en Chile y Argentina por los terribles crímenes perpetrados por los regímenes de Pinochet y Videla. Ese fue el momento culminante de la carrera de un joven magistrado, ambicioso y mediático pero también un tanto volátil y un punto inmaduro.

Un paseo humillante por la política

Antes de ese episodio de éxito, había mordido el polvo de la humillación. Garzón, de la mano de José Bono, que fue quien le presentó al entonces Presidente del Gobierno, saltó a la política como escudero –número dos por Madrid—de Felipe González en las elecciones generales de 1993 que ganó el PSOE por estrecho margen a José María Aznar. La retribución que obtuvo el magistrado metido a político no estuvo a la altura de sus expectativas: González sólo le nombró Delegado del Gobierno para el Plan Nacional contra las Drogas.

Quizás herido en su orgullo -él siempre creyó que el Presidente le había llamado a su vera para “regenerar” España  y se encontró con la displicencia del PSOE y la animadversión de los ministros- regresó a su Juzgado en la Audiencia Nacional desde el que emprendió una pelea judicial -en compañía de otros, hoy enemigos jurados del juez y viceversa-  contra el partido que le acogió en sus listas: la célebre investigación del caso GAL -terrorismo de Estado- que acabó con los huesos de José Barrionuevo, ex ministro de Interior, y de Rafael Vera, secretario de Estado de Seguridad, en la cárcel de Guadalajara. Garzón pasó así, sin solución de continuidad, de compañero de fatigas del PSOE a constituirse en su mayor detractor, jaleado por el Partido Popular de entonces.

Garzón es un magistrado que produce habitualmente perplejidad. Capaz de dictar en un auto (agosto de 2002) la ilegalización cautelar de Batasuna, lo fue también de instruir desastrosamente procedimientos que recibieron luego sonoros varapalos de las instancias jurisdiccionales superiores. Amante de los focos y las relaciones sociales, ha golpeado al terrorismo y al narcotráfico. Un personaje que encierra muchas versiones de sí mismo. Pero por alguna razón que ahora vamos descubriendo, el magistrado-juez de la Audiencia Nacional no termina de infundir confianza ni en el ámbito de la judicatura, ni en el de la abogacía. Su egocentrismo causa recelo y su afán de protagonismo molesta porque el magistrado se superpone casi sistemáticamente a sus propias resoluciones.

Graves sospechas sobre el juez

Ahora Baltasar Garzón es un juez sometido a serias y graves sospechas y atraviesa por el peor momento de su vida profesional y personal. El Tribunal Supremo (Sala Segunda) ha admitido a trámite por unanimidad una querella por prevaricación interpuesta por un extraño sindicato llamado Manos Limpias (y las tengan o no, lo cierto es que los argumentos de sus abogados han sido convincentes para cuatro magistrados), que le acusa de haber iniciado, sin competencia alguna para ello y a sabiendas de la ausencia de habilitación legal para instruir ese procedimiento, una especie de causa general contra el franquismo al declarar que el “Alzamiento Nacional” del 18 de julio de 1936  constituyó en realidad un conjunto de delitos contra los altos organismos  de la Nación, en conexión con otros de distinta naturaleza.

Con informe favorable de la fiscalía, la querella se ha admitido al observar la Sala Segunda del TS que el magistrado Garzón quebró todas las reglas competenciales para atribuirse la instrucción de la causa. Y la acusación puede prosperar según no pocas tesis jurídicas, que coinciden en señalar al instructor del procedimiento -el también magistrado Luciano Varela- como un profesional “serio, ecuánime y competente”.

Pero hay más: la Junta del Colegio de Abogados de Madrid ha acordado interponer querella contra Baltasar Garzón por un posible delito de prevaricación y quebrantamiento del secreto de las comunicaciones, ambos presuntamente cometidos en la instrucción del caso Gürtel en Madrid. Efectivamente, Garzón permitió que saliesen a la luz pública conversaciones grabadas a imputados y otras personas que no lo están  y que carecían de relevancia penal, aunque eran lesivas para los afectados, y ordenó la intervención de conversaciones entre los imputados y sus abogados, razón también por la que la que el colegio madrileño -apoyado por el Consejo General de la Abogacía Española que ha elevado su protesta más rotunda- quiere exigirle responsabilidades penales si no lo hace el Fiscal de oficio.

Y para que no haya dos sin tres, Garzón ha vuelto a blindar con el más hermético secreto procesal el procedimiento penal en el que se investiga el presunto chivatazo policial a miembros de ETA -el caso del bar Faisán- que podría implicar a algún alto cargo de Interior comprometido con el falaz “proceso de paz” que en la legislatura anterior protagonizaron el Gobierno y la banda terrorista ETA. La percepción en muchos sectores de que el juez estaría protegiendo al Ejecutivo socialista (pretende archivar la causa sin esclarecimiento alguno) está muy extendida y deteriora aún más la maltrecha reputación de un Garzón, cuyo futuro es más crepuscular que vespertino como auguraba sin acierto su biógrafa en el año 2000.

Garzón debe retirarse

Parece razonable que el juez central de la Audiencia Nacional se aparte, de forma urgente y voluntaria, de la instrucción de los asuntos -Gürtel, Faisán, “Alzamiento Nacional”- en los que el ejercicio de su jurisdicción crea polémica y desconfianza. Como juez es inamovible e independiente en su función jurisdiccional, pero cuando un magistrado se tiene que ocupar más de defenderse ante los tribunales que de impartir justicia, debe recapacitar seriamente  hacia donde dirige su trayectoria profesional y humana.

Garzón se ha autoliquidado, se ha descapitalizado y ha neutralizado sus méritos contra el terrorismo y el narcotráfico con un temperamento descontroladamente egocéntrico, con una destemplanza en los comportamientos públicos demasiado notoria y con  unos vaivenes de preferencias políticas e  ideológicas -ora con unos, ora con otros-, que le han granjeado un profundo y extendido descrédito. Y no es grato afirmarlo de un juez que ha contraído en la lucha contra los criminales de ETA indudables méritos y en momentos críticos ha soportado muchas y duras presiones y descalificaciones.

Pero Garzón se ha mostrado como el peor enemigo de sí mismo. Por eso, es un hombre que ahora está mirando su propio anochecer. Sobre todo porque su entorno profesional -la magistratura-, y con el que se relaciona -la abogacía y los jurisperitos- le entienden y le asumen como un ajeno a quién han congelado cualquier ascenso, después de veinte años en el mismo destino y al que intentan sentar en el mismo banquillo  que él ha utilizado tan profusamente. Y es que se puede jugar por libre, pero no reventar el partido. Y Baltasar Garzón lo ha intentado con resultados que, como se ve ahora, le están resultando autodestructivos.