Reggio’s

La alambicada fórmula propuesta por el Gobierno para el nuevo modelo de financiación autonómica, basada en el incremento de la responsabilidad fiscal de cada comunidad y redondeada mediante dos fondos de convergencia, supone en principio una distribución más justa y equilibrada de los fondos disponibles. Queda por ver qué efectos acarreará realmente sobre el déficit público y sobre los impuestos. Especialmente si tenemos en cuenta que la crisis añade demandas a las que las instituciones difícilmente podrán hacer frente durante por lo menos los dos próximos ejercicios sin poner en cuestión las bases de la estabilidad presupuestaria o aumentar la presión fiscal. La discusión pública sobre la financiación autonómica ha servido para clarificar el capítulo de los ingresos territoriales. Pero la transferencia de responsabilidad que supone, sobre todo, la asunción del 50% del IRPF y del IVA como incentivo para la creación autonómica de riqueza precisa de un debate sin reservas sobre los costes en todas las administraciones del Estado en relación con su rentabilidad social. De manera que el concepto recogido en la propuesta del Gobierno de las “necesidades reales de gasto” pueda ser manejado con rigor y exigencia.

Las comunidades autónomas gozan de una potestad legislativa que impide la intromisión de cualquier otra administración en cuanto a la distribución interna de los recursos, salvando el criterio de estabilidad presupuestaria. Pero ello no puede suponer que el debate sobre el gasto, que ya se encuentra suficientemente vedado a un control parlamentario incapaz o poco interesado en clarificar anualmente la liquidación de las cuentas de cada autonomía, se preserve ante las críticas que puedan manifestarse incluso desde fuera de la misma. Junto a esto, el nuevo modelo de financiación impondrá a la Administración central una contención presupuestaria propia que hasta la fecha no ha ido pareja con el traspaso de competencias a las autonomías.

Además, la trayectoria de las últimas décadas demuestra que la alternancia en el poder no sirve como mecanismo corrector de los excesos en aquellos gastos cuya rentabilidad social puede ser discutible, sino que por lo general quien llega de nuevas se eleva sobre el pedestal construido por el anterior introduciendo, si acaso, recortes aparentes en algunos cargos de designación.

Resulta paradójico que mientras todas las instituciones se muestran más que renuentes a revisar sus estructuras de personal, el Gobierno impulse una ley de Dependencia cuya aplicación se ve dificultada por la falta de una estructura administrativa capaz de gestionar una casuística tan individualizada.

Es posible que la cifra óptima de funcionarios y empleados públicos en España sea más o menos la actual. Pero resulta discutible que esa cifra esté distribuida adecuadamente por administraciones y por sectores de actividad. Extremadura cuenta con 4,27 funcionarios autonómicos por cada cien habitantes, mientras que Catalunya ofrece un índice de 2,16. En cuanto a los funcionarios locales, presentan porcentajes del 2,73 y del 1,30, respectivamente. No hay ninguna razón, derivada de “necesidades reales de gasto”, que justifique tal diferencia. Las carencias que pueden detectarse en el sistema educativo o en el de sanidad probablemente tengan su solución en el gasto que acarrean funciones viejas y nuevas que las administraciones asumen con índices de rentabilidad social en ocasiones escandalosamente bajos.

Basta comparar los costes de personal y el conjunto del gasto corriente con la actividad desplegada o las ayudas de diverso orden prestadas a iniciativas privadas por muchos departamentos de la Administración central, la autonómica o la local. Es dudoso que las organizaciones empresariales y los sindicatos estén en condiciones de afrontar la transformación del patrón de crecimiento que ha hecho aguas y el tránsito a otro basado en la productividad y la innovación. Pero el discurso al que se han apuntado todas las instituciones por un nuevo modelo de desarrollo en ningún caso significa que puedan liderar dicho tránsito.

Desde luego, difícilmente podrían hacerlo atendiendo a la eficacia del gasto público o, por decirlo de otra manera, de la propia función pública. Es imposible revisar, siquiera a modo de reflexión, la función que desempeñan los convenios colectivos mientras el capítulo del personal dependiente de las administraciones sea tabú.

El carácter intocable de las estructuras administrativas, que responden probablemente más a la sociedad de hace veinte o treinta años que a la actual, representa un lastre del que las administraciones y la sociedad sólo pueden liberarse mediante una decisión compartida que ya es ineludible.