Reggio’s

El paro ha pasado del 8% de hace tres años a más del 20%, según la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2010, la última disponible. A veces no somos conscientes de que se ha destruido una cantidad de empleo que equivale a más del 10% de los puestos de trabajo existentes en el sector privado al inicio de la crisis. Además, todo parece indicar que la tasa de paro a lo largo de este primer semestre continuará incrementándose, y que nos aproximaremos peligrosamente a los cinco millones de parados.

Las razones de esta destrucción de empleo son fundamentalmente dos. En primer lugar, el enorme peso que la construcción llegó a alcanzar en nuestra economía, lo que llevó a que fuéramos capaces de crear una cantidad enorme de empleo en los años del boom inmobiliario, que se destruyó incluso a un ritmo más intenso cuando la burbuja se pinchó. Pero la profundidad del deterioro laboral en España no se puede comprender sin la aportación de un factor adicional, como es la regulación laboral, que ha trasformado la caída del PIB en un descenso muy superior del empleo. Y esta destrucción de empleo no se ha dado en otros países que experimentaron burbujas inmobiliarias parecidas a la nuestra.

El ajuste laboral típico que realizan las empresas españolas ante una reducción de su demanda es despedir a los trabajadores temporales, cuyo coste de rescisión es prácticamente nulo, y que resulta muy fácil de ejecutar. De este modo, la adaptación a las exigencias de una demanda más deprimida se produce principalmente a costa de los trabajadores temporales, que además suelen coincidir con los más jóvenes. Por ello, en España, la tasa de paro juvenil es más del doble del total de la población laboral.

¿Y por qué las empresas españolas ajustan sus costes laborales de esta forma ante una caída de la actividad? La razón fundamental la encontramos en nuestro sistema de negociación colectiva, que determina cómo se fijan las condiciones laborales en las empresas. Este sistema lleva a que los ajustes se produzcan vía despidos, al no ser posible modificar otras variables como la jornada y/o los salarios. Incluso, no resulta extraño encontrar convenios colectivos con subidas importantes de salarios en sectores en los que se está destruyendo empleo con virulencia.

Para entender dicha inflexibilidad y sus consecuencias es imprescindible analizar someramente el entramado de la negociación colectiva, su origen y características. En España, la negociación colectiva tiene una importancia muy relevante a la hora de fijar las condiciones laborales en el sector privado. Por varios motivos. En primer lugar, no existe prácticamente ningún país de la OCDE en el que la diferencia entre el porcentaje de trabajadores a los que cubre la negociación colectiva y la tasa de sindicalización sea tan significativa como en nuestro caso. Además, los convenios tienen eficacia general, es decir, cubren obligatoriamente a los trabajadores aunque no estén afiliados a los sindicatos que los han negociado. Ello supone, en última instancia, que los negociadores cuentan con una prima de representatividad que no se da en otros ámbitos de una democracia moderna.

Por otro lado, la gran mayoría de los trabajadores -casi el 90%- fija sus condiciones laborales a través de convenios de ámbito superior al de empresa, cuya duración es muy dilatada, entre otras razones por el juego de la ultraactividad, que lleva a que las condiciones de un convenio estén vigentes, incluso cuando el mismo ha concluido, si no se acuerda uno nuevo. Todo lo anterior determina un sistema, altamente inflexible, que otorga una representatividad desmesurada a los interlocutores sociales, una herencia del sistema de relaciones laborales vigente en el franquismo, que es muy antiguo -más de 30 años- y que resulta enormemente inadecuado para una economía abierta, moderna y que forma parte de la zona euro.

Por ello, la transformación del sistema de negociación colectiva es sin duda la principal reforma pendiente de la economía española. Lo ideal hubiera sido haberla realizado antes de la crisis. Nos habríamos evitado mucha destrucción de empleo, pero, por desgracia en este país, los cambios sólo se realizan cuando nos encontramos con el agua al cuello. El sentido de la reforma pendiente es bastante simple. Debe otorgarse prevalencia a la negociación en las empresas frente a los acuerdos de ámbito superior, y evitar la petrificación de los convenios a través de la modificación de la regla de la ultraactividad.

España se ha comprometido a cumplir con el denominado Pacto por el Euro, que es una especie de quid pro quo impuesto por Alemania a cambio de la ampliación y flexibilización del fondo de rescate. El punto estrella de dicho pacto es el compromiso de que los salarios se deben ligar a la productividad, lo cual, a priori, suena bastante poco concluyente. En última instancia, a lo que nos estamos comprometiendo es a descentralizar la negociación colectiva. Y ello, porque la productividad es un concepto que sólo tiene sentido real en el ámbito empresarial, no de forma agregada. En definitiva, lo que nos exigen es una reforma que lleve a que nuestros costes laborales unitarios se ajusten a los de nuestros competidores como consecuencia de una evolución salarial adecuada y no a través de la destrucción masiva de empleo.

No resulta fácil mover esquemas que han estado vigentes durante décadas y que han generado sus inercias. Los interlocutores sociales tendrán que ceder su prima de sobrerrepresentatividad, lo cual no será sencillo para unas organizaciones que han crecido en gran parte como consecuencia de dicha situación. Sin embargo, la reforma es indispensable para adaptarse a una realidad que ha cambiado drásticamente y que si se ignora puede imponer -ya lo está haciendo- unos costes sociales enormes.

La economía española necesita generar la expectativa de que puede volver a crecer y generar empleo sin necesidad de una burbuja inmobiliaria y de crédito. La modificación de la negociación colectiva es el elemento clave para alcanzar dicho objetivo.

luisdeguindos@hotmail.com