Reggio’s

He de reconocer que no soy un experto en el país de Sol Naciente pero aún así no he podido dejar de sorprenderme, como la mayoría de los españoles pelín informados, de la boutade ayer de nuestro presidente del Gobierno equiparando el “modelo económico de éxito” japonés al español. Regalar los oídos a sus interlocutores no deja de ser la especialidad de nuestro primer mandatario, aunque con ello ponga recurrentemente de manifiesto su incapacidad para hacerse con el quesito azul del Trivial. Y la ocasión la pintaban calva. Irresistible. Me imagino la cara de los nipones ante tal disparate.

No en vano, la frase tiene tres partes claramente diferenciadas. Una, la que presupone que el modelo aplicado por los socialistas en España es de éxito. ¿Ven cómo el discurso sobre las reformas estructurales era redundante? Y nosotros tan preocupados. Seguimos instalados en la Champions League, aunque no nos enteremos. En fin. La segunda, la que llega a la misma conclusión sobre Japón, ignorando el estallido de su burbuja inmobiliaria e industrial y el proceso deflacionista al que se ha visto abocado el país en las últimas dos décadas. ¿Nadie le ha comentado a este hombre que hablar de la japonización de una economía es como mentar la bicha a nivel internacional? Y tres, que ambas realidades son comparables, materia sobre la que nos centraremos en este post.

Dicen en mi pueblo que cuando dos cosas son como la noche y el día, se parecen “lo que un huevo a una castaña”, hecho que obvia que ambos son comestibles y que, por tanto, tienen un punto de encuentro en común… como ocurre entre España y Japón. Efectivamente ambas naciones participan de alguna característica conjunta aunque predominan las divergencias. La primera y no poco sustancial el contar o no con un Banco Central y una moneda propia como responsable de los respectivos “éxitos” o “fracasos” (¿qué hubiera sido de España sin el aporte de los fondos comunitarios y el mantenimiento de tipos artificialmente bajos durante más tiempo de lo estrictamente necesario?).

¿Cómo comparar las dos naciones? La mejor manera que se me ocurre de hacerlo es discurrir por las distintas partidas que configuran el PIB de un país. Dado que el caso español lo sufrimos a diario en nuestras propias carnes, ¿qué tal si nos centramos en Japón? Una descripción lo más sucinta posible para que cada uno saque sus conclusiones. Yo no les escamotearé la mía. Va al final del post.

Empecemos por el consumo. La difícil situación que siguió a la Segunda Guerra Mundial provocó que la propensión marginal al ahorro en Japón sea muy elevada, hasta el punto de que de modo recurrente se habla de las “viudas japonesas” como origen de movimientos financieros de calado. Pese a los bajos tipos de interés y los estímulos fiscales, la demanda privada no ha aumento en los últimos años, lo que ha mantenido al país en deflación o crecimiento negativo de los precios (hay un componente de constante mejora de productividad y tecnificación de la sociedad que también influye). La elevada edad de su población, se trata de facto de una gerontocracia, no invita a pensar en una alteración de estos patrones de actuación a medio plazo.

Por lo que respecta a la inversión, se da una situación atípica toda vez que una vez que es imposible, por razones físicas y un cierto proteccionismo, aumentar la producción, todo el esfuerzo ha ido encaminado a aumentar sus niveles de competencia internacional con un especial énfasis en la innovación, la investigación y el desarrollo (i+I+D). Un factor reforzado por el hecho de que todo su aprovisionamiento energético depende del exterior. La eficiencia, eficacia y coste, como meta y el valor añadido como seña de identidad. Obviamente hay excepciones pero con carácter general ha sido así.  La especial y duradera relación que se establece entre empleador y empleado y la cultura de vivir para trabajar, elementos que aún no han caído en decadencia, favorecen esta dinámica de actuación y el mantenimiento de tasas de desempleo moderadas, alrededor del 5%.

En cuanto a la balanza pública, y he aquí una de las similitudes con España, Japón acumula uno de los déficits presupuestarios más elevados de los países de la OCDE, cercano al 9%. Viene acompañado de una inversión de su pirámide poblacional que amenaza su estado del bienestar y que ha sido financiado recurrentemente por el asiático con recurso a su ingente deuda, compensada parcialmente por el elevado ahorro privado al que ya hemos hecho referencia. Las prestaciones realizadas desde el inicio de la crisis, unido a una estructura administrativa claramente sobredimensionada, se encuentran detrás de este deterioro de las cuentas de su Administración.

Por último, no me extenderé sobre el sector exterior. Es de todos conocida la posición de superávit por cuenta corriente de la economía nipona. Como en el caso alemán, las exportaciones son clave para el mayor o menor crecimiento económico del país, jugando un papel esencial en su evolución el devenir del yen. Economía abierta con todo lo que esto supone.

Ahora, busquen, comparen y si encuentran algún punto de encuentro adicional a los aquí reseñados, van y me cuentan. Bueno, sí los hay. España y Japón son sociedades que han vivido por encima de sus posibilidades, lo que se ha traducido en una serie de excesos que tardarán mucho tiempo en purgarse. Uno lleva 20 años. El otro apenas tres. Dos décadas que nacieron con una falta de reconocimiento primero de la realidad (¿les suena?), continuaron con la adopción de medidas inadecuadas de política fiscal (¿les suena?), se perpetuaron por la tardanza en abordar la reordenación del sistema financiero (¿les suena?) y siguen vigentes por la desconfianza que todo lo anterior generó en la población (¿les suena?). Trampa de liquidez y paradoja del ahorro, todo en uno. Modelo de éxito sin par. Con un par.

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La remuneración de los depósitos bancarios se ha disparado en los últimos meses como consecuencia de la ‘guerra del pasivo’ que libraron esta primavera las principales entidades del país y que se ha recrudecido en la vuelta de vacaciones, como ya adelantó El Confidencial a principios de agosto. Una guerra que tiene como objetivo captar el ahorro de los clientes como forma de obtener liquidez para hacer frente a los enormes vencimientos de deuda que afrontan bancos y cajas de ahorros.

Según cifras publicadas ayer por el Banco Central Europeo, la remuneración efectiva de los depósitos en España ha subido como media desde el 1,33% del mes de febrero hasta el 2,12% en julio, en el caso de los depósitos de empresas. Para los particulares, el nuevo dinero ha pasado de remunerarse al 2,04% en febrero hasta el 2,57% en julio, como se puede apreciar en el gráfico adjunto.

Estas cifras no parecen muy altas en términos absolutos, ni tampoco si se comparan con los niveles del 5% que llegaron a pagar las entidades en 2008. Pero lo preocupante es la clara inversión de la tendencia que habían marcado los depósitos desde esa fecha, en consonancia con la rebaja histórica de los tipos oficiales por parte del BCE; y peor aún, la divergencia respecto al precio oficial del dinero, que se mantiene estable en el 1% desde el 13 de mayo de 2009 mientras que la remuneración de los depósitos cada vez es más alta y con visos a continuar subiendo en el futuro.

“Aunque el aumento de la remuneración de los depósitos no parece haber tenido un impacto inmediato en el coste de la financiación en el último trimestre, esperamos que el impacto negativo se incremente con el tiempo y reduzca el beneficio futuro“, opina el banco de inversión Nomura.

En este sentido, la mayoría de las entidades españolas que se han embarcado en la ‘guerra del pasivo’ han registrado fuertes caídas del gasto financiero en el primer semestre a pesar del aumento de los intereses pagados a los clientes, con casos tan sorprendentes como el de Banesto, que ha publicado un descenso del 54% en dicho coste. La principal explicación es la fuerte dependencia de las entidades españolas de la financiación del BCE, que ofrece toda la liquidez que se demande a un tipo fijo del 1% (la famosa barra libre). Es decir, piden más al BCE y menos en los mercados -que han estado cerrados casi todo el semestre-, lo que baja el coste medio de la liquidez.

Dependencia creciente de los depósitos

Pero esta situación es insostenible por la citada tendencia al alza del coste de los depósitos, por un lado, y por la voluntad del BCE de ir retirando la financiación ilimitada, que se acentúa por la preocupación de la autoridad monetaria ante la excesiva concentración de su riesgo con la banca española. De hecho, los recortes de valoración para los títulos que se llevan como garantía a la ventanilla del banco central obligarán a las entidades españolas a llevar muchas más titulizaciones para conseguir el mismo dinero.

Bancos y cajas necesitan esa liquidez aunque mantengan cerrado el grifo del crédito, porque tienen que hacer frente a vencimientos de deuda por valor de 64.000 millones en 2010, según estimaciones de JP Morgan, que tienen que devolver a los inversores que se los prestaron en su día si no son capaces de refinanciarlos en los mercados mayoristas. Éstos empiezan a dar signos de vida, pero sólo para las entidades más grandes y para emisiones a plazos muy cortos y muy seguras, como las cédulas hipotecarias (el último en emitirlas fue el Sabadell, ayer mismo). En todo caso, están muy lejos de normalizarse.

Esto hará que la dependencia de los depósitos cada vez sea mayor y, en consecuencia, la competencia por captar el ahorro de particulares y empresas. De hecho, este recrudecimiento de la guerra ya ha comenzado de la mano de Caja Madrid y del Banco Popular, que ha lanzado un depósito al 4,5%, la mayor remuneración que ofrece la entidad presidida por Ángel Ron en los dos últimos años y sólo superada en España por el 5% que ofrece Caixa Penedès. Todo un símbolo de hacia dónde se encamina la banca española.

La guerra del pasivo estalló con el lanzamiento del ’superdepósito’ del Santander al 4% en marzo, con el que captó 30.000 millones de euros y que obligó a todo el sector financiero a responder con productos similares para frenar la sangría de clientes hacia el banco que preside Emilio Botín. Las entidades aseguran oficialmente que la vinculación (contratación de varios productos) que se exige para acceder a estos depósitos de alta remuneración implica unos ingresos por comisiones que compensan la caída de los márgenes.

Pero en privado son mucho más negativas: “No puedes estar indefinidamente pagando los depósitos al 4% y cobrando el 1% por las hipotecas, es un negocio ruinoso. Si continúa el recrudecimiento de la guerra del pasivo, muchas entidades van a pasarlo muy mal“, vaticinan en una de las grandes cajas.

En 1941, Donald Rugg condujo un interesante experimento. Dividió en dos mitades a un grupo de personas aleatoriamente escogido. A la primera mitad se le pidió que contestase a la siguiente pregunta: “¿Cree usted que Estados Unidos debería permitir los discursos contra la democracia?” La segunda se enfrentó a su envés (“¿Cree usted que Estados Unidos debería prohibir los discursos contra la democracia?”).

Un 25% votó “sí” a la primera pregunta y, sin embargo, el porcentaje de encuestados que votó “no” a la segunda fue de un 46%; una disparidad de un muy notable 21% atribuible a la manera en que fueron planteadas dos preguntas que, en el fondo, eran un mismo interrogante. Desde entonces los realizadores y los intérpretes de encuestas varias prestan mucha atención a la manera en que una determinada selección semántica y orden sintáctico puede decantar las respuestas del preguntado, sesgando convenientemente la imagen de la opinión pública. Salvo que los resultados se presenten en mitad de agosto y pillen al personal con la guardia de vacaciones. Entonces los medios trasladan la noticia de agencia tal cual y nos desayunamos con el tradicional retrato del español delictuoso. “El 43% de los españoles justifica el fraude fiscal, y basa su opinión en que son las circunstancias las que obligan a defraudar para salir adelante (el 34%) o en que lo normal es evadir los impuestos (el 9%), según el Instituto de Estudios Fiscales (IEF)” afirmaba la noticia de Efe, pareciendo querer dar a entender que con una ciudadanía tan moralmente laxa es difícil trabajar.

Es comprensible que Efe no muerda la mano que le da de comer, pero ¿qué pasa con el resto de los medios? ¿Nadie se leyó el informe original? Si lo hubieran hecho, habrían podido comprobar cómo las opciones entre las que tenían que elegir los encuestados cuando se le preguntaba sobre su disposición a justificar el fraude fiscal eran:

“No se puede justificar en ningún caso; es una cuestión de solidaridad y de principios”.

“Hay circunstancias en la vida personal o de una empresa que justifican un cierto fraude para salir adelante”.

“El fraude es algo consustancial en los impuestos, todos tienden a hacerlo y de este modo se consigue un cierto equilibrio”.

Puestos a retratarse como rigoristas antipáticos, cínicos irredentos o almas misericordiosas y razonables, capaces de contemplar avatares en la “vida personal” (plus semántico-lenitivo) que puedan empujar hacia “un cierto” (plus semántico-analgésico) fraude, no es extraño que un tercio de las respuestas se inclinasen hacia la segunda opción. Ahora bien, de la misma forma que la absolución del pobre pero honrado padre de familia que se ve obligado a afanar una gallina para dar de comer a sus hijos no supone una justificación social del robo, ni preguntas ni respuestas a los encuestadores del IEF sostienen el amarillento titular de Efe. De hecho, con el mismo rigor podría sostenerse que “un 91% de los españoles condena el fraude fiscal, excepto en circunstancias muy excepcionales”. Pero entonces habría que preguntarse cómo es posible que una mayoría de los españoles sigan pagando religiosamente sus impuestos cuando, según el propio informe, albergan serias dudas sobre la rentabilidad de sus impuestos en términos de servicios públicos prestados,

sobre su función distributiva,

o sobre lo bien que se aprovechan nuestros impuestos en relación a otros países europeos.

Es decir, dudas serias sobre la gestión de nuestro dinero por parte de las administraciones públicas, que es de lo que deberían haberse hecho eco los medios.

¿Están estas dudas justificadas? Y, si lo están, ¿qué van a hacer los de arriba para mejorar el concepto de ellos que tiene el ciudadano, más allá de la cosmética política habitual? En esto de la fiscalidad, como en tantas otras cosas y si no les importa, menos criminalizar a buena parte de la ciudadanía vía encuesta ad-hoc, y más ponerse a la tarea de remediar lo remediable, que para eso les pagamos.

Buena semana a todos, y tengan cuidado ahí fuera.

análisis de actualidad

Uno de los problemas estructurales de los mecanismos de consolidación presupuestaria en democracia se deriva del papel que juegan los parlamentarios y gestores en el diseño y aplicación de los presupuestos. La magnitud de los déficits públicos en muchos países se explica por el comportamiento de políticos y gestores públicos que se benefician esencialmente del proceso de ingresos y gastos públicos y la presencia de grupos de presión que tratan de orientar esos programas en su propio beneficio. Si los políticos constituyen el último eslabón en la aprobación y gestión de estos programas presupuestarios, es a los políticos a los que hay que incentivar para que su comportamiento no lleve a un crecimiento constante del gasto y al consiguiente déficit. Los estímulos para actuar de forma expansiva son claros con independencia de la filiación ideológica, aunque unos más que otros: de ello depende la perpetuación en el poder a través de una reelección.

En este sentido, es necesario incorporar algún tipo de estímulo que contribuya a hacer coincidente la conducta de los políticos con el objetivo general de prevenir los déficits públicos. Visto que la defensa del interés general se diluye en la práctica diaria de los gestores públicos en gran medida, dada la falta de responsabilidad personal ante decisiones que afectan a la colectividad, parece difícil reducir el crecimiento excesivo del Sector Público sin tratar de motivar a los propios políticos. Hace ya algunas décadas, pero vale la pena recordarlo en este momento, Richard McKenzie creyó encontrar este incentivo en la fijación de un nivel de retribuciones para el conjunto de los políticos en sus respectivos ámbitos inversamente relacionada con la dimensión del déficit público permitido. Esto es, un, a modo, de complemento de productividad negativo vinculado a la magnitud del déficit asumido. Esta propuesta es, sin duda, pintoresca y, por lo tanto, cuenta con escasas probabilidades de aprobación, sobre todo si son los propios afectados los que tienen que defenderla. Sin embargo, y aquí está la moraleja, resulta evidente que mientras no varíen los sistemas de incentivos, y aquí la ciudadanía tiene que comenzar a premiar electoralmente una gestión eficaz y responsable de los presupuestos, existirán muy pocas probabilidades de que se altere el comportamiento incrementalista del presupuesto, registrado hasta hoy.

Si los políticos y gestores públicos no tienen motivaciones profundas para cambiar su comportamiento, es muy probable que el crecimiento del gasto público y el déficit se perpetúen. Como decía el profesor Fuentes Quintana en sus lecciones magistrales, lo fundamental es encontrar esa institución que fuerce a un comportamiento por interés propio de los decision-makers en el sentido de la restricción del gasto y la limitación del déficit frente a la alternativa expansiva que supone ampliación de poder y posibilidad de reelección y perpetuación en el poder.

Juan José Rubio Guerrero. Catedrático de Hacienda Pública. UCLM. Foro Independiente de Analistas Fiscales.

visión personal

La Universidad siempre ha sido sensible a las vicisitudes políticas y sociales de los tiempos. Siempre se ha apelado a la Universidad como el foro de las libertades, el ágora donde tenían capacidad de convivencia las diferentes formas de ver y sentir la realidad social.

Si dentro del mundo universitario toman especial importancia los conceptos de libertad de cátedra y de expresión, intrínseco a los mismos se alzan el resto de libertades del ciudadano. Su negación sería la negación del mismo. Es por ello que no nos sorprende, pero sí preocupa, la obsesión que tienen algunos políticos nacionalistas por justificar su proyecto de construcción nacional, amparándose en discriminar positivamente los derechos y libertades que tienen por conveniente, pretendiendo dictar a la ciudadanía la prelación de sus derechos y la renuncia a sus libertades.

El recurso a la lengua, a la política lingüística, es un tótem agitado para llamar a filas, para marcar perfil propio, eso sí, con negación y exclusión de todo lo que tenga que ver con España y su lengua común.

La decisión del gobierno catalán de hacer realidad y plasmar en un decreto ley el acuerdo que alcanzó en noviembre de 2009 el Consejo Universitario de Cataluña, y que aplican voluntariamente las universidades catalanas desde entonces, pone a la exigencia del conocimiento de la lengua catalana un claro adjetivo identitario.

Ya en el año 2006, y posteriormente en 2008, ERC intentó que prosperara dicha exigencia, pero ésta fue rechazada por la mayoría de los rectores de las universidades, quienes optaron por considerar que el mejor camino era el de flexibilizar la exigencia convirtiéndola en un mérito.

Pero como hemos visto en estos últimos años, la política lingüística se utiliza como instrumento sancionador y de confrontación. Especialmente tras la sentencia del Estatut de Cataluña, y con la aprobación de algunas normas que ahondan en esa errática política lingüística (la ley de acogida de inmigrantes, ley del código de consumo, ley del cine), el gobierno catalán sigue dando pasos hacia el abismo de la reivindicación nacionalista, alejándose cada vez más de la realidad social.

Su intervencionismo en la Universidad se ha avivado especialmente al conocer los últimos datos que ponían en evidencia que, pese al dictado y las ingentes cantidades destinadas a tal fin, el catalán había perdido peso en las universidades catalanas.

La situación se ponía de relieve especialmente con la adaptación al espacio europeo de educación con la implantación del Plan de Bolonia. Han sido los estudios de la Plataforma per la llengua y los sindicatos de estudiantes nacionalistas los que han pedido al Gobierno que dé un paso al frente y tense más la cuerda en estos últimos meses de agónica legislatura. Pero la diferencia con 2006 y 2008 es que ahora algunos rectores han entrado al juego de las pretensiones políticas y han olvidado que el cuerpo de rectores universitarios es nacional, y que con la norma propuesta pueden producir situaciones de discriminación. Es sorprendente cómo el Tripartito y CiU juegan a la subasta de quién es más nacionalista, llevando los posicionamientos a una situación de esperpento.

Son muchos los argumentos con los que se pretenden justificar, tales como equilibrar el catalán y el castellano, la no retroactividad de la norma, así como un cierto margen a las excepciones a la imposición que, si bien será dejado al libre arbitrio del rector, no por ello dejará de estar vigilado de cerca por el gobierno de turno.

Es tan absurda la imposición que incluso profesores universitarios que se han declarado nacionalistas, como Xavier Sala i Martín, han puesto el grito en el cielo. No sin razón, el profesor de economía de Columbia, Harvard, Yale y Pompeu Fabra, que da sus clases en catalán, ha enfatizado que nadie en Estados Unidos le ha pedido que acredite su nivel de inglés, y que lo importante es la materia, no la lengua en la que se imparta.

Sin duda, la norma planteada puede revertir en nivel de calidad de la enseñanza universitaria en Cataluña limitando las expectativas de los centros y su posicionamiento a nivel mundial en contra de la excelencia y la competitividad.

La suerte de tener dos lenguas la tenemos los catalanes, que hemos disfrutado de una educación dentro de los parámetros de lo racional, dando importancia a los contenidos por encima de la lengua, que nunca debiera ser otra cosa que la expresión de una educación en libertad.

Ángeles Olano. Diputada del PP en el Parlamento de Cataluña. Portavoz de la Comisión de Economía.

La derecha no quiere ser juzgada por la violencia de sus defensores mediáticos, pero corre a embolsarse los votos de esa extrema derecha. Mientras, la izquierda no quiere parecer de izquierdas.

José K. está complacido porque ha acertado con el jipijapa y la guayabera, que con este verano que nos ha caído va a amortizar de largo. Está íntimamente satisfecho, además, porque estaba a punto de sucumbir y comprarse un iPhone 4 para echar a su nuevo zurrón y presumir de moderno con sus amigos del cuaternario, cuando apareció en televisión aquel sinvergüenza, Jobs de apellido, para reconocer que el aparato no se oye. Chulo y fanfarrón, vino a decirnos que no sabemos llamar por teléfono. Steve presumirá de moderno pero no pasa de ser un charlatán, un cañahueca y un barbullón presuntuoso y delincuente. Si una empresa que fabrica teléfonos, los saca al mercado y no funcionan, se retiran, se piden disculpas y se invita a la concurrencia.

Ya en su bar acostumbrado, abre su periódico -porque es suyo, y muy suyo-, y no puede por menos que levantar sentidas plegarias hacia los buenos y generosos dioses, en este caso Alá, porque las inundaciones que han costado la vida a miles de paquistaníes, centenares de niños entre ellos, y arrancado de sus miserables casas a varios millones, haya afectado tan solo a suníes y chiítas, que saludaban amablemente a las aguas que les destruían: Salam aleikum (la paz -del señor- sea contigo), decían, Aleikum Salam, respondían las turbulencias. Gentes tan religiosas, pues, están muy agradecidas a todas las divinidades por tantos y tantos bienes como les procuran: los iraquíes, allá se las compongan tras haberles roto hasta el espinazo; los iraníes, lapidemos cuanto podamos, o los afganos, déjennos en la paz del opio y el burka.

Pero quizá alguien crea, a José K. se le encocoran los adentros, que estas cosas de los dioses solo cuentan en países dominados por Alá y su profeta Mahoma. De eso nada, advierte. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, a esos auténticos y genuinos americanos enrollados en la bandera del Tea Party, tan religiosos y fanáticos como el que más, enemigos acérrimos no ya del islam y cualquier cosa que se le aproxime, sino de cualquier modernización que se pretenda de la Biblia, libro sagrado ante el que los poderes públicos deben postrarse de rodillas.

A José K. le fue dado conocer, gracias a algún joven amigo que se los enseñó en YouTube, los nombres y las palabras de Glenn Beck o Sean Hannity, de la cadena Fox, propiedad del grupo Murdoch, a quien aconseja José María Aznar, siempre y cuando no tenga que viajar a Melilla en misión civilizadora.

Asumen las palabras de una de sus guías, Sarah Palin, aquella gobernadora ignorante que optó a la vicepresidencia con el republicano Mac Cain frente a Obama: “Seguiremos enganchados a la religión, a las pistolas y a la Constitución”. El Tea Party conmemora el boicoteo de un cargamento de té en Boston, en 1773, de los patriotas norteamericanos frente a los colonizadores ingleses en protesta por los impuestos. Cierto que entre aquellos demócratas no había ningún negro, demasiado ocupados en cosechar algodón o tabaco para sus amos, o en sobrevivir a las enfermedades de los barcos en los que eran trasladados como animales para trabajar en los campos de Georgia o Alabama. En estos momentos, el sofisticado pensamiento que mejor cuadra a los tea party, es “echen a ese mono comunista de la Casa Blanca”. ¿Molesta este movimiento a los republicanos? O mejor, ¿molesta a quienes sustentan a los republicanos? Más bien nada, porque varios de ellos van a presentarse por sus listas.

Cavilando en estas cosas, José K. se viene a España, que le reclama. ¿Esta caterva de cantamañanas, palabreros y prosadores de churro, zarajo y manteca colorá que nos agobia todo el día y desde todos los ángulos, son menos reaccionarios que aquellos de la hamburguesa y el ketchup? En absoluto. José K. defiende con vehemencia la calidad de la falacia, el grosor de los insultos, el hocicar de nuestros representantes ibéricos, capaces de competir en barbarie y grosería con cualquier representante mundial de la brutalidad. No hace falta más que escuchar algunos remedos de radios, ver ciertas imitaciones de periódicos o disfrutar con determinados chiringuitos, autodenominados jactanciosamente platós de televisión. En la maledicencia y el chicharreo, somos como La Roja: campeones universales. Oé, oé, oé.

Y José K. vuelve a preguntar: ¿molestan a la derecha, autointitulada democrática y centrista, estos boquirrotos reaccionarios? ¿Se sienten incómodos con ellos, les salen sarpullidos en su cercanía como a cualquier persona decente? Se responde José K.: no, nada, en absoluto. Y ya pueden decir o escribir lo que se les antoje, que la realidad les tumba y los hechos, unos detrás de otros, los sepultan. En esos micrófonos y ante esas cámaras sus dirigentes comparecen un día sí y otro también, dejándose querer, para sonreír y asentir, alegremente, ante la salvajada del gárrulo. “Haga usted el gasto de la barbaridad”, se dicen, “pero venga para la faltriquera el voto de sus fanáticos seguidores”. Ensucien el 11-M, trasteen con las víctimas del terrorismo y ETA, enreden con Marruecos, maniobren en los mercados, que ya nos viene bien. Como tanto hay de provecho para la misma derecha en el proceder de jueces retrógrados que aún viven en la Edad Media y confunden religión y Estado, ayudando a que una ilegítima tercera Cámara se cargue cualquier reforma progresista.

A estas alturas de la vida, suya y de la democracia, José K. duda de si alguna vez fue acertado aquel razonamiento, nacido en la Transición, de que era bueno que AP -el PP- taponara una extrema derecha como la francesa de Le Pen. Ahora se pregunta: ¿Y no será peor que esta derecha glotona que padecemos se haya zampado el centro, la derecha y la extrema derecha? Animal tan crecido tras tanto alimento, cual gigantesco Argentionosaurus, ¿no acabará por deglutirnos como el monstruo que es? José K., en noches de frescor, piensa que a lo mejor, solo a lo mejor, explotará por tragantón como los dragones de los cuentos…

Y mientras, aquí tenemos a este vibrante Gobierno de izquierdas, defensor de los débiles y azote de los poderosos, recita nuestro hombre antes de que le dé el ataque de risa ante la enésima negativa de la vicepresidenta económica a tocar los dineros a los ricos, pobres criaturas, un yate de menos eslora, un Ferrari de menos caballos.

Destrozados como estamos por una terrible retórica antiestatal, primero, antigubernamental, después, y antisocialista, finalmente, el partido en el poder aguarda en estado ectoplasmático a un otoño de rayos y centellas: elecciones catalanas, presupuestos, reforma laboral… Eso sí, a la orden para admitir las sabias recomendaciones de cualquier ablandabrevas del Financial Times o el Wall Street Journal -otra vez Murdoch, otra vez Aznar-, que sople en contra de España para la defensa heroica del libre mercado. José K. pide que la inteligencia española -incluidos ministros, banqueros y altos directivos- admita que en el Wall Street Journal puede haber el mismo número de majaderos, grosso modo, que, por ejemplo, en Le Monde Diplomatique. Pura ley de probabilidades.

Puestos en cosas de yanquis, José K. quiere acabar con sendas citas de norteamericanos. Paul Krugman: “Así que plantéenselo de esta manera: para evitar la posibilidad de que se produzcan futuros recortes de las prestaciones debemos recortar las prestaciones futuras”. Reconvertido en Forges, remata: “Estupendo”. John B. Judis: “Cuando la opinión pública estaba en pie de guerra, Obama no se cebó lo suficiente” con los causantes de la crisis. Y aún otra: “Obama no parece darse cuenta de que la demagogia viene siendo una parte indeleble de la mentalidad política estadounidense, y aquellos que se sienten incómodos haciendo llamamientos populistas… ven las consecuencias en las urnas”. Cambien, cambien nombres.

(José K. se aleja con las manos ocupadas. En la derecha lleva una bacinilla, para lo de Camps, mientras se muerde la izquierda para no hablar del PSOE de Madrid).

El verano político ha estado amenizado por el anuncio de la celebración de elecciones primarias para la designación del candidato socialista a la presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid. Los dos únicos aspirantes serán Trinidad Jiménez, todavía ministra de Sanidad del actual Gobierno, y Tomas Gómez, secretario de la Federación del PSOE de Madrid (PSM).

Las primarias son una herramienta de ingeniería electoral importada de Estados Unidos que permite a los afiliados y simpatizantes de los partidos intervenir en el nombramiento de los candidatos a cargos públicos representativos, rompiendo así el monopolio de los aparatos burocráticos; su inconveniente principal es que las preferencias de los militantes no siempre reflejan los gustos de los votantes. La estructura de los partidos (laxa y descentralizada en América, rígida y jerárquica en España) y los sistemas de financiación y normas reglamentarias que rigen el procedimiento diferencian las primarias de uno y otro lado del Atlántico.

Ideada para democratizar a los partidos e impedir el mandarinato de sus dirigentes, la novedad ha tenido poco éxito en España, tal y como prueba la escasez de sus convocatorias. El PP continúa fiel a la práctica de que no sean los afiliados sino los órganos de dirección quienes invistan a los candidatos para las alcaldías, las presidencias de Comunidad y la presidencia del Gobierno. Así, Francisco Álvarez Cascos, pese a contar con importantes apoyos entre los militantes populares de Asturias, no podrá exigir que se celebren unas elecciones internas para designar candidato a la presidencia de su comunidad en mayo de 2011; Rajoy será el candidato del PP a la presidencia del Gobierno llueva, truene o relampaguee, a menos que un Congreso ordinario o extraordinario del partido lo impida.

Las primarias también han tenido un corto recorrido entre los socialistas por las restricciones estatutarias que las prohíben en determinados supuestos. De añadidura, la convocatoria para la presidencia de la comunidad autónoma madrileña no pretende tanto dirimir las pretensiones de dos aspirantes en igualdad de condiciones como resolver el conflicto creado entre las direcciones nacional y regional socialistas. El presidente del Gobierno apadrinó en su día la elección de Tomás Gómez, por entonces alcalde de Parla, como secretario general del PSM tras la dimisión semiforzada de Rafael Simancas, perdedor de las autonómicas de 2007; hace pocas semanas, sin embargo, Zapatero presionó -sin éxito- a su antiguo protegido para que renunciara en 2011 a la candidatura a la presidencia de la Comunidad en beneficio de Trinidad Jiménez, que perdió en 2003 la batalla por la alcaldía de Madrid cuando era una desconocida y fue impuesta como cabeza de las listas municipales socialistas por el actual presidente del Gobierno.

Zapatero intervino igualmente en la designación del candidato a las municipales madrileñas de 2007 imponiendo el nombre del novato Miguel Sebastián, premiado con el Ministerio de Industria después su previsible derrota. En ambos casos la operación de paracaidismo político perjudicó el normal desenvolvimiento de las instituciones municipales: la deserción los dos concejales socialistas electos y trasquilados -Trinidad Jiménez y Miguel Sebastián- dejó a la oposición socialista sin cabeza visible.

La resistencia de Tomás Gómez a satisfacer el deseo de Zapatero prolonga el levantisco historial de la Federación Socialista Madrileña, desgarrada en facciones movidas por las pasiones y los intereses. Pero la decisión de Tomás Gómez de forzar unas primarias cabría interpretarla también como un síntoma de que el poder o la autoridad del presidente del Gobierno está en retroceso: si el carisma de los dirigentes es una consecuencia de sus éxitos electorales, la caída en los sondeos es capaz de producir los efectos opuestos. El argumento más sólido a favor de Trinidad Jiménez y en contra de Tomás Gómez era -antes de que comenzase la trifulca- la desvaída imagen ante la opinión pública del secretario regional madrileño. Pero el anuncio de la celebración de las primarias ha reducido la ventaja de Trinidad Jiménez y proyectado la figura de su rival como un intrépido David que ha pasado del oscuro anonimato a un iluminado escenario. Por lo demás, las declaraciones de los ministros José Blanco y Alfredo Pérez Rubalcaba poniendo en berlina al modesto ex alcalde de Parla y acusándole absurdamente de ser un peón de la derecha, arroja serias dudas sobre la sinceridad de los propósitos gubernamentales de respetar la neutralidad del aparato oficial.

TRIBUNA: POLÍTICA DESPUÉS DE LA CRISIS

El autor lamenta que la ceguera política en la era de la opulencia haya precipitado el declive del Estado del bienestar. Sostiene que Zapatero ha chocado de bruces con una realidad que le ha obligado a renunciar a su ideología

Suárez y Calvo Sotelo fueron los presidentes de la Transición e institucionalización de la democracia, González el de la modernización y europeización, Aznar el de la prosperidad y Zapatero es el del postmaterialismo. Si González concretó el contenido del Estado social y Aznar garantizó su viabilidad, Zapatero se presentó como el promotor de su ampliación: derechos de nueva generación, cuarto pilar del Estado de bienestar, extensión de derechos civiles, em>buenismo, ayuda al desarrollo, Alianza de Civilizaciones…

En las sociedades europeas de la abundancia, la izquierda se reinventa cada día hasta el oxímoron porque parece ya obsoleto reivindicar la lucha de clases y también porque no está demostrado que sus Gobiernos garanticen mejor que otros la equidad social y la redistribución de la renta. Por ello, el vocabulario socialdemócrata es más rico en eufemismos que cualquier otro. La nueva izquierda europea asumió desde finales de los 60 del pasado siglo un nuevo rol y apostó por la defensa de los valores postmateriales, que surgieron cuando las sociedades postindustriales alcanzaron un determinado nivel de bienestar. Entonces, esos valores eran fundamentalmente tres: feminismo, pacifismo y medioambientalismo. Su auge coincidió con el fin de las ideologías o, si se quiere, con la desideologización de los partidos.

Posteriormente, en los 90, la nueva izquierda -que había surgido en Estados Unidos en torno al New Deal de los años 30 y al amplio consenso liberal de las décadas posteriores, la guerra contra la pobreza y la lucha contra la segregación racial- se transformó en tercera vía y nuevo laborismo. La aplicación práctica consistía en centrar a la izquierda en materia económica sin renunciar a los principios socialdemócratas. O sea, un difícil equilibrio basado en no utilizar el instrumento de la política fiscal como arma arrojadiza contra las clases medias pero a la vez mantener las políticas sociales.

Clinton dijo aquello de «es la economía, estúpido», y Blair aseguró que su programa contenía principalmente tres principios: «Education, education, education». No lo podía expresar de manera más clara: las verdaderas políticas igualitarias consisten en asegurar la igualdad de oportunidades en materia educativa. Con ello, la izquierda moderna se aseguraba sus apoyos tradicionales. Pero al mismo tiempo se veía impelida, para evitar la mimesis con el liberalismo económico, a ampliar su horizonte doctrinal.

En su origen fue la clase media urbana, con alto nivel de estudios y dedicada a profesiones liberales y no manuales, la que defendió los valores postmateriales y permitió a la socialdemocracia mantener un equilibro no reduccionista entre provisión de servicios y provisión de nuevos valores. En la última década, en España, la bonanza económica, la extensión del crédito y la era de la opulencia ampliaron la base de aquellos estratos sociales que al depositar su voto antepusieron los valores postmateriales a la mera gestión de los recursos.

Los valores postmateriales se instalaron en los barrios industriales periféricos donde emergió una conciencia subjetiva de white collar que podía disponer de coche nuevo cada poco y disfrutar de vivienda ajardinada. Arraigó igualmente entre skilled blue collar (trabajadores cualificados de mono azul), foremen (supervisores ex blue collar que incluso pudieron instalarse como autónomos y tener trabajadores a su cargo) y routine-nonmanual (oficinistas, vendedores, comerciales, dependientes, secretariado…). En aquellos años, ocho millones de españoles jugaron a la Bolsa.

Puede sonar a boutade con la que cayó después, pero lo cierto es los Gobiernos de Aznar se sumaron a este auge del postmaterialismo determinado por los cambios sociales, lo cual se tradujo en la supresión del servicio militar, en la creación, por primera vez en España, de un Ministerio de Medioambiente y en colocar a dos mujeres, también por primera vez en nuestra Historia, al frente de las dos Cámaras, Congreso y Senado. España iba tan bien que no hubo fuegos fatuos para festejarlo; iba tan bien que ni unos cuantos trabajadores despedidos acampados en la Castellana durante meses ni una huelga general pudieron reactivar la lucha de clases. Iba tan bien que nos permitimos mirar por encima del hombro a cientos de miles de inmigrantes que llegaban a nuestro país atraídos por el milagro económico español para trabajar en aquello en lo que trabajábamos nosotros cinco minutos antes.

Y en mitad del festín apareció el candidato Zapatero para pasar de pantalla. Era el candidato perfecto para emprender tamaña empresa, el candidato de la postmodernidad y del postmaterialismo, encargado de gobernar en la sociedad líquida del hedonismo y la opulencia. Utilizó recurrentemente este término que Galbraith acuñó en 1958 pero dándole otro sentido. El profesor norteamericano denunció en su obra La sociedad opulenta el desequilibrio existente entre la abundancia y exceso de consumo en la esfera privada y empresarial y la escasez y el deterioro de lo público. Esto ocurría en Estados Unidos, pero no en la Europa del bienestar, donde el Estado asistencial mantiene unos aceptables niveles de equilibro social. Y mucho menos en la España del superávit, que permitía a los poderes públicos multiplicar el gasto y duplicar o incluso triplicar el número de administraciones encargadas de proporcionar un mismo servicio.

Pero Zapatero, desde que llegó a La Moncloa, ha cometido varios errores de enorme magnitud (los aciertos ya están amortizados). Primero, incluyó en su programa postmaterial una reforma no meditada -por no decir una revisión improvisada y sujeta a criterios de oportunidad política y geografía electoral- del sistema autonómico y, por extensión, constitucional, a modo de innecesaria segunda Transición (en el sentido estricto del término: las transiciones no tienen un sendero previamente delimitado y su deriva es incierta).

En segundo lugar, desplazó la lucha de clases, la bipolaridad y la división entre españoles hacia el pasado, colocando en el cesto del postmaterialismo también una revisión de la Historia y aplicando un maximalismo conceptual impreciso e intemporal («la derecha no me ha enseñado nada» o «ya sabemos la tradición de la derecha en este país»). Al mismo tiempo, y con ello, revitalizó la distinción entre izquierda (futuro) y derecha (pasado). Y por último creyó que el maná de la prosperidad era efectivamente eso, un maná, aunque no fuera enviado por Dios. Pensó que la opulencia era un rasgo estructural de nuestras sociedades y que el futuro ya había sido definitivamente conquistado.

Pero la crisis dio al traste con gran parte de su programa postmaterial y le pegó un enorme bocado a su ideología. Zapatero había sido elegido para profundizar (sic) en la igualdad pero las circunstancias le impelen ahora a hacer la vista gorda. Su discurso ha perdido consistencia porque ha girado 180 grados. Y resulta superfluo que la razón que explique el viraje sea la asunción de responsabilidad porque lo que realmente ocurre es que ha pasado su turno y se ha hecho mayor de golpe. Que ha cerrado su ciclo y que se ha dejado en el camino arrobas de confianza. Su estampa resulta impostada. Hace exactamente un año afirmó que la ideología le impedía acometer una reforma laboral. Hoy está en trámite.

La ausencia de Rodiezmo es la metáfora de esta conversión. Como sobre tantos asuntos, Zapatero construye alegorías, no elaboraba un pensamiento. Y su presencia anual en la cuenca minera representaba el compromiso con los trabajadores. Pero el nuevo contexto ha trazado la parábola del presidente que quiso seguir siendo siempre candidato y tras seis años de gobierno descubrió que sobre sus espaldas se desplomaba la economía del país y se deshilachaban las costuras que lo cosían.

Porque un presidente es poderoso, pero no del todo libre. Un presidente puede actuar con más o menos ataduras impuestas por su partido y la sociedad que lo ha elegido, pero no puede desprenderse de las fuerzas que operan en los sistemas complejos. No son -sólo- las fuerzas del mercado -o son también, si se quiere, las fuerzas del mercado político-; son todos los actores e instituciones que intervienen sobre la acción política y que contribuyen a equilibrar demandas e intereses. Es decir, el tamaño de los desafíos ha de ser ajustado más o menos a las posibilidades; y la coherencia entre ellos es una medida inequívoca de aptitud. Todo lo demás son ejercicios vanos de política adolescente.

Y en estas, toca otra vez, y parecía imposible, descender algunos peldaños y gestionar los recursos, de nuevo limitados. El cambio de modelo, hoy por hoy, se reduce a que todos somos un poco más pobres y hemos de medir mejor nuestras decisiones y relación con el mercado, hemos de priorizar necesidades -queda pendiente hablar de las lecciones de la crisis-. El cambio de modelo se reduce a una bofetada de realidad que sirve para depurar una economía colapsada pero que por encima de todo supone una tragedia para más de cuatro millones de españoles que ya sólo reivindican el verdadero derecho de autonomía: el derecho al trabajo, el primero de los derechos que hace al individuo libre respecto de su entorno más próximo. Es más que un derecho social, es la garantía de libertad de actuación sobre lo concreto y lo inmediato. Es la base de la libertad de elegir.

Pues bien, la sociedad opulenta amplió los límites de la libertad de elección sin condiciones y a crédito, sustituyó valores y despreció los de la educación y el mérito como motores del progreso económico y social. Nos encandilaron las palabras hermosas y los candidatos que las pronunciaban. Pero la realidad ha vuelto a superar a la ficción. De modo que Zapatero es responsable de muchas cosas y su Gobierno se ha mostrado ineficaz ante la crisis, pertinaz en el error y proclive al desconcierto, pero sobre todo, Zapatero, más que un hacedor, es un producto. Un producto de un tiempo, de otro tiempo.

Javier Redondo es profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid.

EL RUIDO DE LA CALLE

Veo a los gitanos en la puerta de los tribunales con su careto de guirlocheros o en los pasillos del hospital porque si se pone para el tinte uno, se ponen todos. Cumplen sus ritos: cuando llegan al juzgado, los gitanos van desarmados y son ellas las que llevan debajo del mandil las armas. Hasta que llegó Federico García Lorca, el rey de los gitanos, éstos habían tenido mala literatura y peores pragmáticas. Nuestros clásicos decían que los gitanos han venido al mundo para ser ladrones, creerse ladrones, criarse como ladrones y estudiar para ladrones.

Alguno reconoció que había dos clases de buscas, los que vivían en los palacios y los que birlaban mulas, y éstos eran menos dañinos. Camilo José Cela dice que a la gitanilla que en una tienda se guarda entre las sayas lo que ha robado se le dice mechera, pero si es una señora se le llama cleptómana.

En España a los gitanos, después de tantas persecuciones y deportaciones, se les ha aceptado, sobre todo en Andalucía. Pero otra vez, una vez más, como siempre, están arrestando y acosando a los calorros. El aire se conmueve y empalidecen los olivos, vuelve la cinta rayada con los peores manotazos de la recesión, como en los años treinta. Gobiernos europeos elegidos por los ciudadanos incendian los vertederos y los basureros donde se iban pudriendo los rumanos, los últimos europeos que se lavaban la cara en el río.

No exageremos las metáforas, aunque Sarkozy sea un sobrero y lleve alzas como Hitler, y Berlusconi tenga cierta traza y empaque mussoliniano, el remarque no es simétrico, sin embargo hay que advertir a ambos líderes políticos que palabras como deportar, etnia, destierro, confinamiento, proscripción, erradicar, gitanos delincuentes, inmigración, carga para la seguridad social, están repletas de significados fatídicos y ecos vergonzosos.

En Francia, la luz, el país de asilo, la tierra de la libertad, el cementerio de tantas persecuciones, deportan a seres humanos como si fueran chatarra. Parece increíble, desmantelan campamentos con churumbeles y patriarcas dentro. Setenta años después de que Hitler diera la orden de deportación de todos los judíos de Alemania y la castración de la “subraza gitana” un presidente francés ordena el destierro de miles de europeos con todos los derechos.

La poca izquierda que queda llama a este verano el de las deportaciones, el de la vergüenza. Parece que algunos ministros se desmarcan de la postura del desventurado presidente. Hay división en el gabinete. El ministro de Exteriores, un ex socialista, ha insinuado la posibilidad de dimitir. Pero como digo, están repitiéndose algunos de los sucesos de la vergüenza, de aquella pesadilla, que resucita en cualquier nación y en cualquier momento europeo. No hace tanto que hubo ajuste étnico en las naciones de Yugoslavia.

Este verano, y a pesar de estar viviendo los mayores dilemas sociales, económicos y políticos que haya tenido este país desde los años de la transición, no pasará a la historia por la profundidad de las reflexiones de los líderes políticos de nuestro país. Fuera de la presión del combate diario, cuando los periódicos suelen ofrecer espacio generoso para expresar cuestiones más amplias que durante el curso no tienen cabida, resulta que tampoco las ideas políticas han fluido vigorosas. Uno podría caer en la tentación de pensar que el problema está en las vacaciones de los asesores de los respectivos líderes. Quizás, también, cabría pensar que el desatino de algunas de las ideas vertidas en pleno verano pudiera deberse no tanto al relax del político, sino al periodista suplente que de política sólo sabe lo que ha mal leído en los periódicos. Todo ello podría ser, y a menudo se adivina en lo publicado. Pero tengo la sospecha de que el mal es otro: la política catalana sigue moviéndose en un espacio mental tan reducido que cuando se le plantean problemas graves y claros, da respuestas pequeñas y confusas. Y que conste que no me refiero al posible acuerdo o desacuerdo con tales ideas, sino a su escasa ambición, a su poca solidez y a su carácter errático.

Pondré un solo ejemplo para no hurgar demasiado en la herida. Es inconcebible que ante la situación creada por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Catalunya, alguien pueda sugerir un referéndum no ya sobre la independencia de Catalunya, sino que incluya también la posibilidad de pedirnos un estado federal. Debería saberlo un estudiante de primero de Políticas, pero también un ciudadano medianamente bien informado: en Catalunya no se puede celebrar legalmente ningún referéndum que ponga en cuestión el actual orden constitucional español. Apuntar estrategias políticas de cambio sin advertir de que estas no son posibles sin una ruptura previa del marco jurídico-político legítimo es algo inaceptable en un profesional de la política. Y que a la propuesta de Joan Herrera luego se le sumen declaraciones de Pasqual Maragall y otros sólo contribuye a señalar la gravedad del naufragio.

Lo absurdo de la propuesta no sólo está en que es irrealizable, que no es poco, sino que a quien habría que preguntar por si se desea un estado federal y no el autonómico actual no es precisamente a los catalanes, sino a los españoles. ¿Se imaginan el esperpento conceptual que supone una Catalunya aprobando en referéndum un estado federal dentro de una España ya bastante abrumada con sus autonomías? En una encuesta demoscópica puede preguntarse cualquier cosa, incluso si el ciudadano desea dejar de pagar impuestos. Pero imagino que el nuevo líder de ICV sí tiene clara la diferencia en las consecuencias entre una encuesta y un referéndum. En este sentido, y como corolario de lo anterior, que ERC asegure que se ve capaz de arrastrar al PSCoaCiU – ¡y por qué no los dos a la vez!-a tal referéndum de tres opciones es verdaderamente delirante. Si el plan Ibarretxe, que ni tan siquiera planteaba la independencia del País Vasco y que contó con el apoyo mayoritario de su Parlamento, acarreó como reacción un pacto tan ideológicamente aberrante como el actual entre PP y PSOE, ¿cómo pueden ni tan solo pensarse estas originalidades?

Y si estos referéndums no son posibles sin romper previamente con el orden constitucional actual – cosa siempre pensable y por mi parte incluso deseable, pero que habría que afrontar con todas sus consecuencias-,no es menos absurdo que nuestro actual presidente salga con el argumento de que en cada convocatoria electoral ya se ejerce el “derecho a decidir”. Aquí se sigue con la voluntad de crear la máxima confusión, quizás por aquello de que “a río revuelto…”. Es cierto que la inconsistencia jurídico-política de la expresión “derecho a decidir”, y que he discutido tantas veces, merece un juicio severo hacia CiU. Son las leyes las que establecen, en un sistema democrático, a lo que un territorio tiene “derecho a decidir”. Y si se pretende situar tal “derecho” fuera del marco legal, entonces mejor hablar claro no sólo sobre hasta dónde se pretende llegar en los próximos cuatro años, sino también sobre cómo se va a ejercer sin romper la baraja. Pero, en cualquier caso, la respuesta política no puede ser afirmar que tal derecho ya se ejerce eligiendo un Parlamento, porque no es saliendo por la tangente que se encaran los debates políticos. El PSC sigue confundiendo el tener un proyecto claro con tener el mismo de siempre, a pesar de la evidencia del fracaso de su apuesta federal. Negar la existencia de los problemas no es la mejor manera de convencer de que se tiene una solución.

En definitiva: la mayor parte del discurso político estival catalán publicado, con raras excepciones, se ha situado en la más dramática de las inconsistencias. Las elecciones se acercan -eso sí, más lentamente de lo previsto- y de momento no parece que la tensión haga subir el tono. Me gustaría creer que lo oído este verano no es otra cosa que meras maniobras de distracción del adversario. Y pienso que Catalunya realmente sigue expectante a la aparición de nuevas ideas y grandes proyectos para salir del caos. ¡Por favor, sorpréndannos!

salvador.cardus@uab.cat

TRIBUNA

Con la ley aprobada en el Parlamento catalán, prácticamente de modo unánime, se cierra el proceso abierto para la reconversión de las cajas. La nueva normativa se ajusta a la nueva situación y salva en lo sustancial las competencias de la Generalitat en lo que pueda ser la reordenación anunciada de estas nuestras entidades financieras. Con ello se pone fin a un periodo de gran turbulencia del que se reconducen por el momento las vías de tratamiento de las situaciones creadas, nuevas y antiguas, más que permiten atisbar ya soluciones definitivas del nuevo mapa de entidades, vista cual pueda ser la evolución futura del sector financiero en general.

Puede parecer que el nuevo orden se ha producido con escasa discusión y debate, pese a la importancia que tienen las cajas en nuestra realidad social. Quizás sea cierto. Pero en regulación financiera, las actuaciones efectivas han de ser rápidas, sin poder dejar pudrir situaciones que afectan a la tranquilidad de múltiples ahorradores. Cierto que tras lo peor de la crisis, el retorno a la banca minorista y la separación de la de inversiones podía dar nuevo aire al negocio tradicional de las cajas. Y cierto es también que la nueva ordenación crea incertidumbre respecto de lo que pueda suponer una determinada bancarización indirecta del estatus tradicional de las cajas, vía fundaciones y juego de mayorías.

Pero también es evidente que algunas cajas hacía tiempo que se habían desviado de sus objetivos iniciales jugando a ser lo que no eran. La confianza del depositante en su gestor se había desvanecido en la vorágine promotora y de derivación financiera. También a la vista de las prácticas retributivas de directivos y algunas actuaciones de sus consejos.

He tenido la oportunidad de seguir de cerca el proceso desde el ente regulador y de algunos de sus principales actores. Los ejemplos no citables de malas prácticas llenarían varias páginas, aunque supongo que no son muy distintas de las de muchos bancos. Pero estos se juegan, en principio, el dinero de sus accionistas y las cajas el de unos ahorradores cuya voz en el mejor de los casos está fuertemente atenuada.

Por todo ello contrasta bastante la realidad con el espejo en el que buscábamos encontrar en las cajas unos genes diferentes al del negocio fácil, una obra social próxima y al servicio del territorio. Hace ya tiempo, sin embargo, que el recorrido de muchas de ellas no se hacía con chirucas ni la cima pretendida parecía ser el bienestar comunitario. Supongo que la evolución era la previsible en el mundo en el que vivimos. De ahí que se hayan tenido que reconducir las guías de navegación para que quienes surquen los mares del crédito lleguen a buen puerto y quizás las peor manejadas deban navegar en mares cerrados o, simplemente, entrar en dique seco.

Sólo un pero a lo que ha sido el conjunto del proceso, bien llevado a mi juicio por la conselleria catalana de Economia i Finances. Las tutelas generales para el conjunto de la banca no llegan. Ni a nivel internacional ni en su adaptación local, más allá de lo ya hecho por el Banco de España y que no ha estado, a juicio de casi todos, nada mal. De modo que hace falta más que nunca estar atentos a la entrada de bancos en cajas que lejos de solucionar un problema pueden crear dos.

Guillem López i Casasnovas. Universitat Pompeu Fabra.

Los deportes son benéficos para las personas que desean practicarlos y juegan un papel importante en la vida de todas las sociedades. Organizan y expresan emociones individuales y colectivas profundas y juegan un papel ideológico: son una escuela educadora de individuos y países. Llama la atención la importancia que se le da en España en estos momentos. Habría que preguntarse por las causas del protagonismo que tiene el deporte en nuestra sociedad. Habrá causas ideológicas, como la desaparición de los proyectos políticos y culturales basados en una ideología; causas económico empresariales, como que la economía especulativa entró de lleno en los deportes. El caso es que España educa intensamente a su población a través de los medios de comunicación en la admiración absoluta a los juegos de los deportistas.

Prensa escrita, radio y televisión suministran una dieta masiva de información deportiva: futbolistas, motoristas, pilotos, tenistas, baloncestistas… En la práctica, lo que los medios publicitan es que lo único valioso es lo que hacen esas personas. Desde luego que cuando en un país se consiguen tantos éxitos deportivos es señal de que hay importantes capacidades humanas y también de que hay una fuerte política deportiva, pero asociar a los éxitos deportivos la marca España es jugar todo a esa baza. ¿Cuánto valdrá esa marca si mañana no revalidan sus éxitos? Una valoración de las actividades deportivas en tal medida implica la valoración de las demás actividades sociales, el trabajo, la ciencia y la creación artística: lo que se hace es quitarle valor a esos otros campos.

La cultura vive una transformación evidente y profunda. El paso que estamos viviendo desde el papel a la pantalla de internet está creando un nuevo tipo de persona, más allá del ciudadano y del consumidor que puede ser visto de dos modos distintos, quizá complementarios: un consumidor salvaje o una persona libre. Una utopía consumista o una libertaria. En todo caso, pierde papel el Estado, toda autoridad y toda prescripción: cada uno elige casi libremente lo que desea conocer o ver a través de la red. No se le garantiza el estatus ni la existencia a nada ni a nadie. Eso está afectando y va a afectar mucho más a la creación de pensamiento y artística más exigente, la que pide mayor esfuerzo y que desde ahora ya no tiene el aval de ninguna autoridad actuante, sea académica, intelectual o administrativa. La figura de autor tal como ha llegado al siglo XX está condenada a ser cuestionada o a desaparecer, pero eso no es lo importante. Lo que importa es que está desapareciendo el espacio para las formas de arte y pensamiento que son imprescindibles y a las que la industria cultural ya no le garantiza un lugar. En la dirección que va esa industria, lo que no sea espectáculo veloz y fugaz, no será.

El deporte, además de ser una práctica personal, tiene una dimensión comunitaria. Ahí están los deportistas subidos a podios, con manos caídas, en el pecho o sujetando un ramo de flores atendiendo a los himnos nacionales. Esos himnos dicen que el deportista representa a un Estado. Sí, los deportistas hacen política de forma muy evidente, tan evidente que parece algo tan natural que nos resulta invisible. Lo ocurrido con la selección española de fútbol ha sido un ejemplo de cómo se da en el deporte una lucha ideológica: perdió la idea de España que reconoce su diversidad, “la España plural”, y ganó el españolismo más castizo. Una selección que integró procedencias diversas, con fuerte y valiosa impronta catalana, cuando llegó a Madrid pasó a ser la de las bulerías, Bisbal y Manolo Escobar.

Creemos que falló porque faltó la tarea de construir un espacio informativo y cultural español plural. La derecha nacionalista española, con unos medios de comunicación a su servicio muy potentes que descansan sobre el discurso nacionalista español de siempre que nunca ha sido cuestionado, sigue formando a la ciudadanía. Los medios de comunicación nacionales, radicados todos en Madrid, siguen ignorando o desdeñando la visión de España desde otras ciudades y lugares. Dada su afirmación de tener carácter “nacional español”, es mayor su responsabilidad. Por su parte, los medios catalanes y vascos han ido creando también espacios estancos que acaban por hacer imposible un espacio comunicacional compartido.

La hipertrofia del deporte español invade el espacio social de la creación artística y cultural y lleva aparejada la continuidad del nacionalismo castizo. Creo que debiera considerarse que, igual que se establecen cuotas para corregir situaciones injustas o dañinas, se establezca una cuota para la cultura, muy en concreto para la que no se reduce fácilmente a espectáculo, por lo cual debe ser protegida, para la creación cultural que se expresa a través del texto escrito: pensamiento, literatura, ciencia. Naturalmente, eso es proteger la industria del libro, claro, pero eso no debe cegarnos a la realidad de que buena parte de la creatividad cultural, de lo que se escribe y comunica, ya está en la red. Cualquier política cultural que pretenda ignorar la realidad de internet perderá el tiempo y dejará al margen a las generaciones jóvenes.

No es mucho pedir para la cultura un tercio del tiempo que se dedica en los medios de comunicación públicos y privados al deporte y que ese espacio transmita la creación en las distintas lenguas y en los distintos lugares del Estado. Un tercio no es mucho pedir.

Suso de Toro es escritor y guionista.