Reggio’s

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Me sentí desconcertado cuando Wolfgang Schäuble, el ministro de Finanzas alemán, propuso un Fondo Monetario Europeo (FME). No me esperaba algo así. ¿Era un intento por desviar la atención del rescate que se avecina de Grecia, tal y como me sugirió un observador? No parece verosímil. ¿O tal vez supone un cambio genuino en la postura de Alemania? ¿Me había perdido algo?

Cuando leí minuciosamente la propuesta completa, la niebla se disipó –o tal vez es que mi confusión aumentó aún más–. Me di cuenta de que el FME no es más que una cortina de humo. Lo verdaderamente importante de esta propuesta es que los países podrían abandonar la eurozona sin salir de la UE. No se trata de dar apoyo a los países con problemas, sino de ayudarles a salir.

El mensaje político del plan Schäuble es que Grecia será el último rescate de la historia. A medida que avanzaban los preparativos para un rescate, la reacción de la opinión pública alemana se ha vuelto más hostil. Si el plan Schäuble estuviera en vigor, Grecia ya habría salido del euro. Es difícil concebir una situación bajo ese plan en la que un país simultáneamente cumpla el criterio para recibir ayuda, y la necesite.

La postura alemana es transparente, consistente y equivocada. Se reafirma con cada nueva resolución de su tribunal constitucional. El consenso en Alemania es que la divisa única debe asentarse sobre los pilares de la estabilidad de los precios y la rectitud fiscal. Esto, lógicamente, implica que todos los ajustes deben realizarse a través del sector privado o de las cuentas corrientes. El actual clima global no hace esta última opción muy probable, así que todos las modificaciones recaerán sobre el sector privado. Si la vida en la eurozona se hace intolerable, la salida se convertirá en el mecanismo de resolución de un impago. Y cuando se incluye la posibilidad legal de una salida, la dinámica económica y política cambia, y la amenaza de un abandono podría convertirse en una profecía que conlleve su propio cumplimiento. Esto no se aplica sólo a Grecia, sino también a una serie de países que han perdido competitividad frente a Alemania.

Antes, daba por hecho que Alemania tenía intereses nacionales en preservar la eurozona, ya que sus exportadores son los que más se benefician de una tasa de cambio estable. Por lo tanto, pensé que Alemania –pese a la retórica– haría lo que fuera necesario en última instancia para evitar una ruptura. Sería lo más racional. Pero creo que estaba equivocado.

Además, el plan Schäuble no contiene ninguna disposición que en algún momento pudiera ser vinculante para Alemania. Le permitiría seguir adelante, sin obstáculos, con su estrategia económica unilateral para erradicar el déficit presupuestario en 2016. Incluso si los gobiernos del sur de Europa tomasen conciencia y aceptasen la necesidad de efectuar profundas reformas, tendrían dificultades para reducir una diferencia competitiva con respecto a Alemania que sigue aumentando. Por lo tanto, no veo cómo va a encontrar el plan apoyo político.

No habría ningún problema con un FME como un sencillo sistema de seguro, financiado exclusivamente por países con déficit excesivos en su propio beneficio. Esto podría hacerse mediante una mejora de la cooperación, que permita a un subconjunto de miembros de la UE –en este caso la eurozona– crear instituciones específicas.

La propuesta Schäuble en su estado actual exigiría un cambio absoluto en los tratados europeos –y nadie quiere recorrer esa senda ahora–. Algunas de sus sugerencias son increíblemente extremas, privando, por ejemplo, a los países con déficit excesivos de sus derechos democráticos de voto, o reteniendo los pagos de los fondos de cohesión de la UE. No habrá mayoría en ninguno de estos aspectos, y mucho menos la unanimidad que exigiría un cambio de este tipo. Y a la inversa, dudo de que Alemania aceptase la creación de un mecanismo formal de rescate sin un refuerzo simultáneo del pacto de estabilidad.

Así que la consecuencia más probable es que la situación siga en un punto muerto.

Extraigo dos conclusiones principales de todo este desorden. La primera es que una unión monetaria que comprenda a 16 o más estados miembros de la UE exigirá en última instancia una unión fiscal en toda regla, o se verá abocada al fracaso. En teoría, todo lo que se necesitaría es una autoridad que ordene a Alemania y a España cambiar sus políticas. Pero en la práctica, resultará imposible obligar a grandes países soberanos a adoptar políticas contra su voluntad. El Consejo Europeo desempeñará un papel más importante en la futura coordinación política, pero sería de ingenuos pensar que los líderes europeos abordarán el problema de los desequilibrios internos, cuando ni siquiera lo reconocen. Si lo que se quiere es tratar el problema extremo de la negociación de un nuevo tratado, habría que abordar una unión fiscal, en lugar de malgastar recursos en un fondo monetario trucado. Desde luego, es algo que no sucederá.

La segunda conclusión es que aún es posible una unión monetaria basada en normas, pero sólo entre un grupo de países similares –en términos de desarrollo económico, y de actitud hacia la política económica–. Sólo un número relativamente pequeño de países es capaz de sostener una unión monetaria con Alemania desde el punto de vista político y económico.

La propuesta Schäuble me dice que el conservadurismo alemán anhela la segunda opción. Deberían tener cuidado con lo que desean. De una forma u otra podrían acabar consiguiéndolo.

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Las acusaciones sobre la implicación de Ernst & Young en la quiebra de Lehman Brothers abrirán un debate de mayor trascendencia sobre lo que hasta ahora ha sido uno de los aspectos menos analizados de la crisis financiera –el papel desempeñado por las auditoras–.

El informe de Anton Valukas sobre la mayor bancarrota en la historia de EEUU ha sacudido la industria contable con sus duras críticas contra la auditora de Lehman, E&Y, una de las Cuatro Grandes firmas. En especial, su conclusión que apunta a la existencia evidencias verosímiles de que E&Y no cumplió con las normas de la profesión ha dañado la confianza.

El informe centra sus acusaciones en el hecho de que E&Y no diera paso alguno para poner en duda el hecho de que los ejecutivos de Lehman no revelaran la ocultación de 50.000 millones de dólares (36.299 millones de euros) mediante transacciones temporales fuera de balance conocidas como Repo 105, que mejoraron la posición financiera del banco.

Las denuncias contra E&Y, aunque excepcionales, dan alas a un creciente lobby que cuestiona el propósito de las auditoras a la hora de ofrecer a los inversores una imagen real de la salud financiera de una empresa.

Algunos expertos en contabilidad creen que el informe sobre Lehman ha dejado patente la necesidad de perfeccionar la ideología detrás de la comunicación de los resultados financieros para que no se oculten maniobras como las operaciones fuera de balance a los inversores. Exponen que es necesario un debate internacional al más alto nivel que incluya al Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, el organismo encargado de fijar los estándares contables. Su presidente, Sir David Tweedie, se reunirá con los ministros de Finanzas en la cumbre del Ecofin que tendrá lugar en los próximos días.

Stephen Haddrill, director del Consejo de Información Financiera, el regulador británico de la industria, se encuentra entre los que creen que “las auditoras han hecho exactamente lo que se les ha pedido”. “Pero debemos preguntarnos si necesitamos que hagan más en el futuro”.

Tal y como han señalado políticos y reguladores, las cuatro grandes firmas –PwC, KPMG, Deloitte y E&Y– elaboraron informes sobre otros bancos en plena crisis. También cobraron importantes honorarios. E&Y recibió 27,8 millones de dólares por la auditoría de Lehman, Deloitte ganó 17 millones de libras (18,7 millones de euros) por su informe sobre Royal Bank of Scotland, y KPMG cobró 9 millones de dólares por su estudio de HBOS, según una investigación del Parlamento británico. PwC recibió 1,8 millones de libras por el último año de su estudio de Northern Rock. Sin embargo, no hay ningún indicio de que estas firmas no cumplieran con los estándares profesionales que se exigen en estos casos.

Los críticos señalan que la cultura del marcado de casillas fomentada por la industria en los últimos 5 a 10 años, una técnica que ayuda a las firmas a defenderse frente a posibles demandas, les ha restado autoridad. Aseguran que las acusaciones contra E&Y son un buen ejemplo. La respuesta de la firma al informe de Valukas es que la quiebra de Lehman fue el resultado de acontecimientos sin precedentes en los mercados. También se atiene a su último informe sobre la compañía, para el año fiscal hasta el 30 de noviembre de 2007, señalando que las cuentas cumplían con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (GAAP por sus siglas en inglés) estadounidenses.

PwC, Deloitte y KPMG declinaron hacer declaraciones sobre el informe de Lehman, al igual que el regulador de la industria estadounidense. Importantes auditores de firmas rivales aseguran en privado que el informe de E&Y probablemente no cumpla con las normas contables de EEUU. Pero señalan que cumplir con los estándares no siempre implica presentar la imagen más clara de la salud financiera de una empresa. Repo 105 no es un truco financiero nuevo, sino una versión de un viejo ardid contable –la carga de los canales de distribución–. Tradicionalmente, los gestores han intentado maquillar las cuentas del final del trimestre inundando los canales de distribución de productos adicionales, con lo que registran ventas y beneficios, incluso pese a que aún no se han demandado esos productos.

Repo 105 también es una estrategia de maquillaje. “Sin embargo, el objetivo en este caso es el de deshacerse aparentemente de activos de baja calidad y de deudas simultáneamente”, señala Partha Mohanram, profesor de contabilidad de la Escuela de Negocios de Columbia.

Los expertos en contabilidad no creen que las secuelas de los informes de Lehman supongan un perjuicio letal para la reputación de E&Y, aunque el daño derivado de los costes por las demandas podría ser significativo, al igual que el impacto a largo plazo sobre la credibilidad de la profesión.

Steven Thomas, del bufete Thomas Alexander & Forrester LLP, cree que las continuas revelaciones están dañando la confianza en la profesión “y nos hace preguntarnos por qué existen las auditoras”.

“Lo que me preocupa es que ellas solas se están restando relevancia”, señala.

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El control de la deuda será algo más que una digestión pesada. La hipoteca que España está pagando para salir de la crisis va a requerir esfuerzo y tiempo. Los expertos cifran que para digerir los 38,2 puntos que va a aumentar la deuda pública desde su nivel previo a la crisis (36,1% del PIB) hasta el máximo que prevé el Gobierno en 2012 (74,3%), habrá que esperar hasta más allá de 2026.

Mirando la crisis de los 90 se aprecia que en España el pico más alto de deuda se dio en 1996 y que se tardaron 8 años en volver a los niveles anteriores (a una media de compensación de 2,7 puntos del PIB al año). Si, tomando esta referencia, aplicásemos una fórmula parecida con el techo de deuda en 2012, se tardarían desde ese punto 14 años en regresar al nivel previo a la crisis. Esto situaría el punto de retorno en 2026. ¿Lejos? Pues los expertos consideran que el patrón de recuperación de la crisis de los 90 es demasiado optimista para encajar con la situación actual.

¿Qué nos diferencia de entonces?

En primer lugar, en la crisis de los 90 la recuperación fue en ‘V’. Es decir, se pasó de un PIB del -1,1% en 1993 a crecer en los ocho años siguientes a una media superior al 3%. Ahora, sin embargo, la perspectiva apunta una mejoría más lenta, con dos años en negativo y crecimientos más débiles. A juicio de Juan Ignacio Crespo, director europeo de Thomson Reuters, “reducir la deuda puede venir por dos caminos: que haya superávit, y van a pasar muchos años hasta que lo haya, o que el volumen del PIB crezca considerablemente, y no parece muy probable que lo haga a tasas muy elevadas”.

Otra diferencia respecto a la década de los 90 es que entonces la construcción tiró con fuerza de la economía y ahora parece que ese cartucho está agotado.

En esta coyuntura confluyó otro factor importante: el déficit público era casi cinco puntos inferior al actual, con lo que el esfuerzo para volver a niveles aceptables era menor y, además, la exigencia de cumplir con el Pacto de Estabilidad (que marcaba como máximo un 3% de déficit) como requisito indispensable para entrar en el euro añadía una gran presión para que la economía española hiciera sus deberes.

A esto se suma que entonces la deuda aumentó 21 puntos y hoy se espera que lo haga en más de 28 puntos, con lo que el camino de vuelta es más largo.

En este escenario, la rápida corrección del déficit y la mejora del PIB contribuyeron también a que el diferencial de la deuda española respecto del bono alemán (referencia en la UE) menguara a cero y la carga de intereses disminuyó rápidamente. Sin embargo, a juicio de Ángel Laborda, director de Coyuntura de Funcas, “en estos momentos la prima de riesgo va a perdurar más tiempo y los intereses por el pago de la deuda podrían pasar de suponer el 1,6% del PIB en 2007 al 3,7% en 2013″.

A estos factores, Laborda añade uno más: “las previsiones del Gobierno no se van a cumplir, yo barajo un escenario peor”. “Aunque va a haber consolidación fiscal es muy difícil que se llegue al 3% del PIB de déficit en 2013, mi previsión es que en ese ejercicio todavía esté en el 5%”, explica.

“Tampoco creo que la deuda se pare donde prevé el Gobierno. El máximo lo sitúo en el 85% del PIB en 2014 (frente al dato oficial del 74,3% en 2013). En 2018 empezará a haber superávit y la deuda se reducirá significativamente, pero todavía estará en torno al 78%. Para recortar esa deuda igual hay que esperar más allá de 2030″, asegura Laborda.

Crespo, de Thomson Reuters, coincide con estas previsiones: “hemos salido de la recesión, pero se vivirán altibajos hasta 2018, así que se seguirá esa época con déficit. Con esta perspectiva, como pronto se llegará a un nivel de deuda similar al anterior a la crisis dentro de doce años”.

José Luis Martínez Campuzano, estratega de Citi, va más allá. “Volver a niveles de deuda del 36% del PIB parece improbable e innecesario planteárselo. En la época de los 90 se produjeron unos ingresos fruto de la vivienda que no volverán. Es un contexto macroeconómico difícil de que se repita”, explica.

Laborda también apunta en esta dirección: “Igual tampoco hay que volver al 36%, con estar en torno al 60% del PIB (nivel que marca el Pacto de Estabilidad europeo) ya podremos estar más tranquilos”.

Guillermo de la Dehesa, presidente del Centre for Economic Policy Research(CEPR), también mantiene que “habrá que olvidarse durante un largo periodo de tiempo de las cifras de 2007″ y calcula que “para llegar a una deuda del 60% tendrán que pasar, aun así, entre seis y ocho años”.

Además, “aunque tardemos años en recortar el endeudamiento tampoco hay que verlo como un lastre o una herencia negativa para las generaciones futuras. Si el gasto público se utiliza bien sostiene empleos y suaviza la recesión y eso también es una buena herencia para las generaciones futuras”, concluye Laborda.

Ante este panorama, al menos nos queda un consuelo, que tengamos un nivel elevado no significa que no podamos financiarnos. A juicio de Crespo, “no habrá problemas para colocar la deuda. Ahora, hay liquidez suficiente, que no va a los mercados bursátiles, para invertir en deuda. Así que no se producirá el tan citado crowding out“.

Otro punto a favor: “la economía española tiene un nivel de impuestos y de gasto público sobre el PIB menor que otros socios europeos como los nórdicos. Esta menor presión fiscal nos da cierto margen y, si fuera necesario, se puede utilizar esta vía para hacer frente al pago de la deuda”, explica De la Dehesa.

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«Ser consumidor, por definición, nos incluye a todos». La frase que enunció un 15 de marzo de 1962 el entonces presidente John Fitzgerald Kennedy ante el Congreso de los Estados Unidos determinó la jornada elegida para celebrar el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. La decisión la tomó la International Organization of Consumers Union (IOCU), hoy Consumers International (CI), en 1983 y la razón que esgrimió fue el histórico discurso que pronunció, 20 años antes, JFK.

El líder norteamericano lanzó en ese momento afirmaciones que hoy permanecen todavía vigentes –«somos el grupo económico más grande en el mercado, que afecta y es afectado por casi todas las decisiones económicas públicas y privadas… pero también el único grupo importante cuyos puntos de vista a menudo no son escuchados», aseveró– y fijó, gracias a su alocución, un inequívoco punto de partida para las legislaciones sobre los derechos del consumidor por llegar. Lo hizo mucho antes de que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobara, un 9 de abril de 1985, las directrices para la Protección de los Consumidores, que dotaban a sus derechos de reconocimiento y legitimidad internacional.

No parece mala idea repasar, tal día como hoy, en qué puntos incidió Kennedy en su disertación y, de paso, reflexionar sobre su pertinencia y grado de cumplimiento en la actualidad. Los consumidores, explicó el presidente, debían tener derecho a la seguridad, a la información, a la libre elección, a la existencia de competencia de precios y a ser escuchados por los gobiernos en la formulación de sus políticas de consumo. Toda una declaración de intenciones que generó normas a favor de un colectivo hasta entonces en situación de inferioridad respecto a las empresas y mejoró su calidad de vida.

La educación de las personas en su condición de consumidores, una faceta cada vez más importante, significa transmitirles la conciencia de que es necesario informarse, es decir, comprar sabiendo qué adquirimos en realidad: componentes, fecha de consumo e ingredientes –en el caso de tratarse de productos de alimentación–, fabricante y precio de venta de los artículos expuestos.

También, de que tenemos derecho a que aquello que se nos ofrezca no suponga ningún riesgo para nuestra salud y nuestra seguridad, algo que las administraciones deben garantizar en sus legislaciones. De que es posible y deseable manifestar nuestro parecer cuando así lo estimemos en los órganos oportunos y estar representados en asociaciones. Además, a la hora de elaborar una norma, el Ejecutivo ha de escuchar al Consejo Nacional del Consumo, la voz organizada de los consumidores. La reparación en caso de daños y perjuicios y la protección jurídica y técnica en situaciones de debilidad son otros de nuestros derechos.

Muchos han sido los avances logrados en la materia desde aquel lejano 1962, sobre todo gracias a la formulación de normas, a la creación de estructuras administrativas con competencias para su ejecución y a la consolidación de los movimientos asociativos. Sin embargo, el consumidor afronta, en el presente, grandes retos como tal. En primer lugar, a la hora de proteger sus datos personales o en cuanto a la utilización de sus pautas de consumo por parte de las compañías para enviarle publicidad y promociones, nuevos desafíos que plantean realidades como la emergencia del comercio electrónico y que exigen una actualización de las normativas vigentes. Porque todos somos responsables de que las líneas maestras del discurso de JFK no caigan en saco roto.

Durante la época de la dictadura, la amnistía fue una de las principales reivindicaciones de las fuerzas democráticas de la oposición, encontrándose a la misma altura que la exigencia de un Gobierno provisional, la reinstauración de las libertades y los estatutos de autonomía.

La necesidad de reconocer a los cientos de miles de ciudadanos que habían sufrido todo tipo de represión por sus actividades políticas de oposición al franquismo constituyó una imperiosa necesidad de justicia, a la que siempre se opuso la voluntad implacable del dictador. Por eso, cuando se aprobó la solicitud de amnistía al Gobierno en el Congreso Nacional de la Abogacía, celebrado en León en 1970, la conmoción social y política fue enorme, provocando una serie de pronunciamientos a su favor de otros colegios profesionales e instituciones de todo tipo, que el Gobierno sólo pudo contener en parte declarando un mini estado de excepción.

Al llegar la democracia y tras las elecciones del 15 de junio de 1977, la necesidad de promulgar una amnistía se convirtió en insoslayable. Sin su aprobación la credibilidad de la naciente democracia se resentía, por lo que los partidos políticos decidieron crear al efecto una Comisión Parlamentaria a la que se encargó la redacción de un Proyecto de Ley por la que quedaran amnistiadas todas las personas que habían sufrido cualquier tipo de represión por oponerse al levantamiento armado contra la República y a la dictadura en defensa de las libertades públicas.

Se trataba de amnistiar a los reprimidos por el franquismo, no a los franquistas, que ya se habían autoamnistiado, de forma que fueron los partidos de izquierda y los nacionalistas con representación parlamentaria los que tomaron la iniciativa de redactar la ley, sin que los herederos de la dictadura ni siquiera aceptaran participar en la Comisión Parlamentaria, ni votaran posteriormente a favor de una ley que no les afectaba.

No se entiende por ello las continuas referencias a la Ley de Amnistía como amparadora de los delitos cometidos durante la Guerra Civil y la brutal represión practicada por la dictadura tras su conclusión continuada mientras Franco vivió, cuando era una ley que no contemplaba tales supuestos.

Una mera lectura de su articulado permite comprobar que las medidas de gracia que aprueba se refieren únicamente a los actos de intencionalidad política y a los delitos y faltas tipificados en las leyes franquistas que pudieran haber cometido sus opositores. En ningún momento se mencionan los delitos que hubieran podido cometerse por la dictadura, por la sencilla razón de que no eran considerados como tales por las leyes entonces vigentes.En caso de duda, toda disposición legal habrá de tener en cuenta la voluntad del legislador, y nada mejor para entender ésta que examinar lo que fueron las discusiones en la Comisión Parlamentaria redactora de la ley, sobre todo cuando el proyecto fue aprobado en su totalidad, sin modificación alguna, por el pleno del Congreso de los Diputados.

Los debates en la Comisión se redujeron a un tira y afloja de los partidos democráticos para que la amnistía fuera total y a un intento de los representantes de la UCD para limitarla en algunos temas conflictivos. De tal forma que para evitar falsas interpretaciones se fuerza en su artículo 2º a una casuística, que de otra forma hubiera sido innecesaria, en la que no cupiera duda alguna sobre los supuestos comprendidos en la ley: como los delitos de rebelión y sedición, de los que fueron acusados los defensores de la República y otros muchos posteriores juzgados ante tribunales militares, hasta llegar a los integrantes de la Unión Militar Democrática (UMD), en los años setenta; o los de objeción de conciencia o guarda de secreto profesional y los de prensa y similares.

La única preocupación de los representantes de UCD fue que los referidos militares de la UMD no pudieran reingresar en el Ejército y que también estuvieran comprendidos en la amnistía los delitos cometidos por autoridades, funcionarios y agentes del orden público en su actuación represora de las libertades, al encontrarse varias causas abiertas en su contra por homicidios, torturas y otras arbitrariedades en distintos juzgados y tribunales. Pero nada más.

En la Comisión Parlamentaria, y por mor de ser el más joven de sus componentes, me nombraron secretario de la misma, encargado de la redacción de las actas que recogieran lo tratado en las reuniones celebradas, y aunque tras la tercera reunión desistí de ello, pues nunca fueron firmadas por sus componentes, sí conservo las primeras -sin validez legal- y numerosas notas de las discusiones. Ni una sola de ellas hace mención a que la amnistía suponía el borrón y cuenta nueva de las responsabilidades en que hubieran podido incurrir los vencedores de la Guerra Civil.

Nadie planteó que la amnistía se ampliara a los delitos cometidos bajo el paraguas y en defensa de la dictadura. En primer lugar, porque Alianza Popular, su legítima heredera, no quiso intervenir en la Comisión Parlamentaria, a pesar de ser reiteradamente invitada a asistir, declinando la defensa de cualquier derecho en la misma. En segundo lugar, porque los franquistas vencedores en la Guerra Civil y en la posguerra no creían que fuera necesario que les amnistiaran por las tropelías que habían cometido, que no sólo no se persiguieron sino que se avalaron con total impunidad, estimando que estaban suficientemente protegidos por las leyes de la dictadura.

Por eso cuando leo o escucho en los distintos medios de comunicación el argumento de que la Ley de Amnistía impide la investigación de los hechos ocurridos durante la guerra y la posguerra y la búsqueda de los restos de las personas represaliadas que fueron ejecutadas, estimo que se trata de una interpretación arbitraria y sin fundamento.

Que se busquen otras excusas y otras disposiciones legales en las que se puedan proteger de forma vergonzosa, pero que no se amparen en la Ley de Amnistía de 1977, que no se dictó para ellos.

Jaime Sartorius es abogado y fue miembro de la Comisión Parlamentaria que redactó el proyecto de Ley de Amnistía, en representación del PCE.

Alemania debe encabezar el apoyo a Grecia porque es el país líder de la UE, pero también porque es el más interesado en la estabilidad del euro. Hay que establecer un Fondo de Emergencia o un FME

Europa vuelve, hoy y mañana, a examinar a Grecia. Pero sobre todo, a sí misma. El primer ministro griego, Yorgos Papandreu, ha prestado un enorme servicio, al acelerar el viaje hacia una verdadera unión económica. Tras encajar el más draconiano plan de austeridad, inició su campaña contra los especuladores antieuro. Y puso a la Unión Europea ante el espejo, anunciando que si ésta no cumple su parte del contrato, apoyar en caso necesario a Grecia, ésta recurriría incluso al Fondo Monetario Internacional. Una salida equivalente a certificar la inanidad internacional de la moneda única. “Si Grecia cae, el euro deja de tener sentido”, apostillaba el presidente francés, Nicolas Sarkozy.

De repente, ha cambiado el sesgo de la discusión pública. Ya no se enfatiza el peligro griego (que se exageró; su economía supone sólo un 0,3% de la eurozona), sino la necesidad de una respuesta europea. Menudean los enunciados de posibles recetas ad-hoc, a medida, para el caso (más que posible) de que Grecia necesite ayuda con que evitar el encarecimiento excesivo de sus emisiones de deuda soberana, e incluso la suspensión del pago de ésta.

Tres son las fórmulas comunitarias más comentadas: avales de la UE para la deuda de sus Estados miembros con problemas; ampliación a la zona euro del fondo de 50.000 millones de euros del que dispone la Comisión para apoyar a socios europeos exteriores al euro, ya usado para Rumania, Letonia y Hungría; emisión de deuda de alcance y respaldo europeo. Y dos son las fórmulas preferidas para un rescate bilateral, a cargo de algunos Estados. El aval a las nuevas emisiones de Atenas (unos 40.000 millones en lo que queda de año); o la compra directa de esos bonos por la banca privada, sobre todo francesa y alemana (las máximas tenedoras ya ahora), con el apoyo de la banca pública de sus países.

Si se produce una urgencia, habrá que recurrir a cualquiera de esas fórmulas o a variantes o vecinas suyas. Pero como ya han dejado claro los mercados, la cuestión de Grecia no es sólo un asunto griego, sino el problema del euro: la necesidad de completar los mecanismos de la unión monetaria y de avanzar hacia una unión económica vinculante, no sólo voluntaria. Entre esos mecanismos, permanentes y preventivos, debe figurar un Fondo de Emergencia para eventuales rescates de países, bien reglado y con unas condiciones de acceso tan duras como sea preciso (a fin de evitar el riesgo moral, o incentivo a la laxitud y la mala gestión), pero claras y universales.

Lo lógico es que ese Fondo se nutra del presupuesto común: disponer de un Tesoro blinda ante los reveses y permite reaccionar rápido, como demostró Washington tras la quiebra de Lehman Brothers. Para ello habría que ampliarlo, del 1% del PIB de los 27 en que hoy se cifra (133.800 millones), progresivamente, quizá hacia el 2%. Ni siquiera se necesitaría llegar al entorno del 30% del presupuesto federal de EE UU, pues aquí los jueces (que aplican el derecho europeo) y los médicos y los militares son funcionarios estatales, y así seguirán o mucho tiempo o siempre. La gestión de ese Fondo podría encomendarse a una autoridad distinta a la presupuestaria (que es la Comisión), para sortear ciertas reticencias.

Una variante de esta idea acaba de ser lanzada por Daniel Gros, director del más conspicuo think tank de Bruselas, el Center for European Policy Studies (CEPS) en comandita con un relevante economista del Deutsche Bank, Thomas Mayer, en un paper titulado Cómo manejar una suspensión de pagos soberana en Europa: hacia un Fondo Monetario Europeo. Ese FME sería una copia continental del FMI, cuya intervención no conviene, argumentan, porque si el país problemático se atrincherara (como Argentina en 2001) sería incapaz de disciplinarlo, y el drama para el euro acabaría en tragedia. El FME plasmaría la proclamada solidaridad europea y sería paradójicamente financiado por los países más incumplidores de los requisitos de Maastricht (tope de deuda del 60% del PIB; tope de déficit del 3%), el aspecto más polémico de la sugerente propuesta.

Como un resorte, esta vez en positivo, el ministro de Hacienda alemán Wolfgang Schauble ha postulado para la eurozona una institución así, “con el mismo mando y los mismos poderes ejecutivos que el FMI”. ¡Cuánto ha llovido desde que el pasado 12 de febrero declarase al Frankfurter que “Grecia deberá ayudarse a sí misma (…) no veo que a los contribuyentes alemanes les corresponda el papel de rescatadores”! Otros conciudadanos suyos, como Jurgen Stark, el talibán y economista-jefe del Banco Central Europeo (BCE), ya protestan porque el FME “crearía un estímulo falso” y “minaría la aceptación del euro”. O como su antecesor Otmar Issing: “un rescate de Grecia sería un desastre para Europa”. Pero lo que cuenta es que la canciller Angela Merkel apoya la idea, aunque duda de su viabilidad legal, sin antes, oh tortura, volver a reformar el Tratado.

Ella, pero sobre todo los militantes anti-rescate de un país socio, partidarios de dejarlo en la ruina (¡aunque no, por supuesto, a la banca privada del propio país!), leen restrictivamente el Tratado de Funcionamiento de la UE. Alegan que su artículo 123 prohíbe al BCE y a los demás bancos centrales dar créditos o comprar deuda de los Estados: cierto, pero sólo a esas entidades, no a otras. Sostienen que el artículo 125 prohíbe el rescate: “La Unión [tampoco los Gobiernos] no asumirá ni responderá de los compromisos de los Gobiernos”, reza su primer párrafo. Pero una cosa es responder, y otra contribuir a resolver. Y la apariencia de rotundidad quiebra en el párrafo tercero, que reconoce que la prohibición debería especificarse.

Y, sobre todo, olvidan que el artículo 122 (previo en numeración) legitima el rescate: “En caso de dificultades o en caso de serio riesgo de dificultades graves en un Estado miembro” producidas por catástrofes naturales o hechos excepcionales, se “podrá acordar una ayuda financiera de la Unión al Estado miembro en cuestión”.

Pues si las ayudas concretas son legales a la luz del Tratado, nada impediría que se otorgasen a través de un mecanismo permanente, un Fondo de Emergencia o un FME, sin necesidad de reformarlo… todo ello con la venia del Tribunal Constitucional de Karlsruhe, cada vez más nacionalmente quisquilloso en sus tres sentencias sobre Maastricht, el paso a la tercera fase de la moneda única, y el Tratado de Lisboa.

Si hasta ahora era el momento de Grecia, de que demostrase la seriedad olvidada, ahora ha llegado el de Alemania, de que evidencie el liderazgo necesario. De que deje ya en el baúl de los recuerdos el lógico enfado del contribuyente neto porque un gorrón tramposo falseó sus cuentas e incumplió sus compromisos, a su costa.

Será mejor apelar al interés que al liderazgo. Porque la unión monetaria ha beneficiado a todos. Con su estabilidad, que ahuyentó tormentas internas y movimientos especulativos externos durante un decenio. Con sus bajos tipos de interés. Con la relevancia internacional de la divisa, configurada como moneda de reserva en mayor medida que el marco. Con su incitación al saneamiento de las finanzas públicas.

Cierto que los países menos prósperos, receptores netos (los mediterráneos y otros) hallaron en la política estructural que facilitó su convergencia, una palanca esencial para su acceso al euro. Lograron una manguera de ayudas para modernizarse por una media anual de un 1% de su PIB. Pero a cambio, Alemania y otros contribuyentes netos afianzaron su superávit comercial (su déficit fiscal es la contrapartida equitativa de aquél) gracias a la ocupación industrial de los mercados menos desarrollados: tranvías alemanes Siemens en Atenas, fragatas francesas Frem en Pireo.

Además, Europa ha sido solidaria con la unificación de Alemania. Sus länder orientales son la segunda zona receptora de ayudas estructurales. Y la unificación del marco oriental y el occidental obligó, antes, a una política monetaria restrictiva, de altos tipos de interés, exportada a todos. Más aún, la UE permitió a Alemania (y a Francia) ejercer un heterodoxo diktat cuando fue ella la que en 2003 incumplió los límites del Pacto de Estabilidad. Hasta el punto que lo suspendió y reformó en 2005 su reglamento para poder detraer de las cuentas de su déficit “las contribuciones financieras para (…) la unificación de Europa”. ¡Menudo traje a medida! De modo que si todos para uno, también uno para todos.

LEGISLACIÓN

La Legislación española en materia de recursos penales incumple el Derecho internacional. Cuanta más condena se impone a un justiciable, sorprendentemente, menores son las garantías para verificar si fue justa o no. Es incompresible, y constituye una violación de derechos fundamentales, que una persona juzgada y condenada en una Audiencia Provincial o en la Audiencia Nacional por delitos con penas superiores a cinco años de prisión, o en un Tribunal Superior de Justicia en el caso de aforados regionales, sólo pueda interponer contra esa condena, como única posibilidad legal, recurso extraordinario de casación ante el Tribunal Supremo, que le impide la revisión íntegra de la condena; mientras que los condenados a penas que no excedan los cinco años por juzgados menores (instrucción, penal o central de lo penal) disfrutan del denominado derecho a la doble instancia o doble grado, a través del recurso de apelación que, en cierta medida, permite una revisión casi completa de la condena.

Tampoco es de recibo que los aforados juzgados y condenados ante el Supremo, o que quienes hubieren sido absueltos en un primer juicio y posteriormente condenados en un segundo procedimiento, carezcan de la posibilidad de recurrir esa única condena.

Nuestra Constitución no contempla expresamente el derecho al doble grado penal; sin embargo, esta garantía, cuando menos, se integra en el derecho a la tutela judicial efectiva y en el del debido proceso. Y es el propio texto constitucional el que indica que las normas relativas a los derechos fundamentales y garantías que reconoce la Constitución se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los convenios sobre esta materia ratificados por España.

En este ámbito internacional, los compromisos adquiridos por España se circunscriben al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y al Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). Estos dos instrumentos de Derechos Humanos, universal y regional, respectivamente, proclaman, en parecidos términos, el derecho de todos los condenados a que el fallo y la pena impuesta sean sometidos o examinados por un tribunal superior (art. 14.5 del PIDCP y art. 2 del Protocolo 7 del CEDH).

A pesar de este marco normativo, muchos justiciables, incursos en los supuestos planteados, y muy especialmente en el primero (insuficiencia del recurso de casación) han acudido, ante la negación por nuestros tribunales del derecho a la doble instancia plena, al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que, después de estimar diferentes denuncias, ha evidenciado -con la salvedad de determinados casos en los que la prueba además de ser suficiente fue examinada con detenimiento en el primer juicio- que los fallos condenatorios no se revisaron íntegramente porque, en contra del texto del PIDCP, lo impedía nuestro limitado recurso de casación. Asimismo ha dictaminado que tanto los aforados juzgados y condenados por el Supremo como las personas primero absueltas y luego condenadas, tienen el derecho a la revisión de su sentencia por un tribunal superior. Aclara el Comité que, aunque el PIDCP se remita al régimen de recursos establecido en nuestra legislación interna, no supone dejar este derecho de revisión a la discrecionalidad de nuestro legislador.

En estos casos, el Comité no ha vacilado en declarar la violación del PIDCP y ha interpelado a España -de acuerdo con la obligación contraída al ratificar el Pacto de hacer efectivos los derechos allí proclamados- a adoptar las medidas legislativas necesarias para evitar en el futuro situaciones similares. Y aunque estos dictámenes del Comité carecen de fuerza ejecutiva directa, y más allá de que tampoco han sido asumidos por el Tribunal Constitucional, es evidente que, ante la ausencia de reserva alguna al citado art. 14.5 PICP por España, sus recomendaciones deben cumplirse.

La respuesta española no supera el mero voluntarismo. Hasta ahora, se ha modificado la Ley Orgánica del Poder Judicial con el fin de otorgar la competencia orgánica de la segunda instancia a determinados tribunales y se ha redactado un proyecto de ley procesal penal que permanece en el más absoluto olvido. Sea cual sea la causa de esta omisión legislativa, la incongruencia de nuestra norma interna con la internacional debe tener los días contados. España, por fin, ha ratificado el referido Protocolo número 7 del CEDH, que entró en vigor el 1 de diciembre, y que, desde ese momento, pasa a formar parte de nuestro ordenamiento interno. Este Protocolo que proclama, en términos semejantes al PIDCP, el derecho a la doble instancia para todo condenado, impone, al chocar frontalmente con el actual régimen jurídico del recurso de casación -supuesto de mayores quejas y críticas-, también para la casación penal, el derecho a la revisión íntegra de la condena.

No obstante, el Protocolo establece, con carácter facultativo, a diferencia del PIDCP, que este derecho podrá exceptuarse para infracciones penales de menor gravedad, para las que afecten a los aforados y para las penas impuestas a los que fueron declarados culpables después de estimarse un recurso contra su absolución. Esta contradicción entre el CEDH y el PIDCP es aparente. Las infracciones penales leves -y sin perjuicio de que en España no es objeto de polémica- el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha precisado que toda pena privativa de libertad, por mínima que sea, debe gozar del doble grado jurisdiccional. Y, por otro lado, y aunque, en principio, sí podría suponer un impedimento para los restantes dos supuestos de reducidísima aparición en la práctica judicial española (aforados y los que en un primero momento fueron absueltos y después condenados), tampoco es obstáculo alguno, porque esta facultad debe ejercerse en el sentido más favorable al recurso de revisión pleno, ya que el propio CEDH determina que los derechos que reconoce no pueden interpretarse en el sentido de limitar o perjudicar los Derechos Humanos y las libertades fundamentales reconocidos en nuestra ley o en otro Convenio del que seamos parte.

Conclusión: los justiciables que se encuentren en estos supuestos detentan el derecho supranacional de ejercer los recursos impugnatorios necesarios que garanticen el derecho a la doble instancia plena y nuestro legislador la obligación, inexcusable, de incorporarlos en las normas correspondientes. Desde el 1 de diciembre de 2009, y en caso de incumplimiento legislativo y/o judicial, la última palabra corresponderá al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuyas sentencias, a diferencia de los dictámenes o recomendaciones del Comité, albergan fuerza obligatoria y ejecutiva.

Manuel Ollé Sesé es profesor de Derecho penal de la Universidad Rey Juan Carlos, y abogado y presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos (APDHE).

AJUSTE DE CUENTAS

Wen Jiabao, primer ministro chino, citó ayer al más popular de los poetas de su país, Qu Yan, para poner de manifiesto su compromiso con un crecimiento equitativo. «Mi corazón -recitó Wen- pertenecerá siempre a mis más nobles esperanzas y para eso no tendré ninguna excusa, incluso si muero nueve veces».

Las amenazas para la economía china no son pocas. Por eso, aunque Qu Yan sea el poeta y patriota más conocido de China y en su honor se celebre el Festival de los Barcos Dragón y las familias elaboren Zongzi (bolas de arroz envueltas en hojas de bambú), el primer ministro tuvo que centrar su comparecencia, tras el cierre de la legislatura de la Asamblea Nacional Popular, en aspectos mucho menos poéticos.

Su principal mensaje fue para resistir las presiones de quienes exigen una revaluación de la moneda china. «Nuestra moneda no está subvaluada», dijo Wen y enseguida criticó a aquellos países «que se dedican a acusarse con el dedo mutuamente o amenazan a otras naciones para que revalúen sus monedas».

El yuan, cuya cotización frente al dólar fue parcialmente liberada en 2005, prácticamente volvió al tipo de cambio fijo con la divisa estadounidense durante la crisis de 2008. El primer ministro chino contradijo ayer a los analistas y dijo que su moneda se ha apreciado un 21% frente al dólar desde 2005.

El Tesoro norteamericano tiene en la mira al yuan y se espera que a mediados de abril pueda calificar a China como un país con su moneda manipulada. Esto suele ser la antesala de sanciones comerciales.

Ayer, Wen también tuvo argumentos para defenderse de posibles represalias. Casi la mitad de las exportaciones de su país corresponden a productos montados en factorías chinas pero donde todos los componentes son importados y el 60% de todo su comercio exterior corresponde a compañías extranjeras o a joint ventures con socios foráneos. «Si se restringe el comercio con China, estarán perjudicando a sus propios países», vaticinó.

Advirtió también que la economía mundial corre el peligro de experimentar una recesión en «W». Los altos niveles de desempleo en países que son buenos clientes de China, los problemas de solvencia de algunos gobiernos que necesitan continuar endeudándose (caso de Grecia y también de España) y la inestabilidad de los tipos de cambio podrían provocar que después de uno o dos trimestre de crecimiento, la riqueza mundial sufra una nueva y severa contracción.

Wen criticó la falta de estabilidad del dólar y dijo que está preocupado por la solvencia de EEUU. China es el principal tenedor de la deuda norteamericana con casi 900.000 millones de dólares.

En cuanto a la economía local, donde muchos analistas coinciden en que la masiva inyección de dinero público efectuada el año pasado para evitar que el país entrara en recesión ha provocado algunas burbujas inmobiliarias y bursátiles de nivel local, Wen insistió en que su principal temor es la inflación: «La inflación, junto a una distribución desigual de los ingresos y la corrupción, pueden ser lo suficientemente fuertes como para dañar la estabilidad social e incluso la consolidación del poder estatal».

«Durante mucho tiempo he suspirado y llorado por ver a mi gente inclinada ante penas y miedos», cantó Qu Yan. Ayer, Wen Jiabao, se sentía inspirado por el poeta popular chino. No en vano aprobó una importante reforma que da más poder electoral a los campesinos. Pero no tuvo ni una palabra sobre la situación de la banca china, cuya situación ha sido objeto de devastadores informes en los últimos meses.

john.muller@elmundo.es

El 24 de diciembre del 2001, a raíz de la nevada que afectó Catalunya y que puso en evidencia la muy deficiente respuesta del gabinete presidido por Jordi Pujol, escribí lo siguiente en estas páginas: “Desde el Govern de la Generalitat ha sido escandalosamente escasa la autocrítica (…) En cuanto a la autoridad, el papel de la Generalitat ante los servicios de interés público prestados por terceros no ha estado a la altura, empezando por el escándalo del suministro eléctrico y su corolario de injustificables razones señaladas por la compañía. El poder político del autogobierno es muy limitado, pero la autoridad que se ejerce dentro de las competencias traspasadas puede y debe tener la misma intensidad que en el caso del Gobierno central. Sin autoridad, la autonomía es sólo una ventanilla burocrática para el ir tirando”. Como ustedes pueden ver, lo aplicado entonces al Govern de CiU sirve perfectamente para comentar hoy los últimos fallos de gestión del tripartito. Vale el mismo análisis, sin tocar ni una coma.

Algunos deberían guardarse sus teorías conspirativas, según las cuales, ellos, los que hoy gobiernan Catalunya, son víctimas incomprendidas de manejos ocultos urdidos por una prensa que les tiene manía. ¿Se puede hacer más el ridículo para escapar de la responsabilidad institucional? Entérense, de una vez, especialmente los que se creen intocables o tienen la piel muy fina: si criticamos hoy los errores del conseller Saura y la falta de reflejos del president Montilla es porque antes hicimos lo propio con sus antecesores. Ningún alto responsable de cualquier administración puede eludir el escrutinio de la opinión pública. Los políticos que estaban en la oposición hace nueve años saltaban de contentos cuando los medios ponían el foco sobre lo que no funcionaba al final del pujolismo. Estos mismos personajes, hoy en los bancos gubernamentales, quieren que el periodismo no ilumine su incompetencia.

Pero, más allá del papel manifiestamente mejorable de los consellers implicados en la respuesta al temporal de nieve, más allá de la falta de liderazgo del president Montilla, más allá de la dejadez de las empresas eléctricas, de transportes y de telecomunicaciones que han dejado tirados a miles de ciudadanos, hay una buena noticia. Los alcaldes merecen un 10 por haber ejercido sus responsabilidades y también las de las otras administraciones con diligencia y alto sentido del deber. Cuando critiquemos a los políticos en general, tengamos en cuenta lo ocurrido estos días, para no ser injustos ni inexactos. Cuando nadie respondía, muchos ciudadanos sólo tuvieron a su lado a sus ediles, resolviendo problemas con pocos medios y mucha entrega. Esto debe subrayarse como un éxito de la buena política, la que da la cara y está cerca de la gente. Por ello debe escucharse con atención lo que exponen más de 40 alcaldes gerundenses de distintos partidos, en un manifiesto que, sobre todo, trata de impedir que este caos se repita.

Tribuna

En febrero del 2009 más de un millar de empresarios del metal se manifestaron en el Palau de Congressos de Catalunya bajo el lema de la Crida del Metall Català. En dicho acto, propusimos un decálogo de medidas urgentes entre las que sobresalían la necesidad de un pacto social contra la crisis y la mediación de la Generalitat en la consecución de un acuerdo entre entidades financieras e industrias. Un año después, muchas de las medidas propuestas siguen centrando la agenda de nuestros políticos y tenemos más de seiscientos mil parados más… En el documento se plasmaba también la necesidad de comprensión entre empresas, trabajadores, patronales y organizaciones sindicales. Desde entonces, los representantes del metal hemos recorrido instancias gubernamentales y no gubernamentales para soslayar la excepcionalidad de la coyuntura del sector y la urgencia de tomar medidas extraordinarias. Morosidad, financiación, cobertura del riesgo comercial, formación, agilidad en los ERE… En definitiva, para evitar cierres de empresas y destrucción de empleo. Y el saldo resulta desalentador. En el 2009, el metal catalán ha perdido musculatura empresarial en un 11%, actividad productiva en un 23,5% y empleo en un 14,2%.

Todos debemos realizar un ejercicio de responsabilidad, al margen de cualquier injerencia política y electoral. Situaciones excepcionales exigen medidas excepcionales y no rigidez de miras (que solamente conduce a callejones sin salida, que se saldan con más cierres de empresas, menos inversiones nacionales y extranjeras y más paro). No estamos hablando de rebajar el poder adquisitivo de los trabajadores, sino de moderación salarial y la regulación de los convenios. Es perverso hablar de aumentos de sueldo que perjudican nuestra competitividad cuando hay más de cuatro millones de parados. ¿Qué pasa con ellos? Y, sobre todo, ¿qué debemos hacer por ellos?

No son defendibles incrementos salariales por encima del 3% en un sector en crisis -máxime cuando en los últimos años ha mejorado notablemente el poder adquisitivo-, en el que las administraciones públicas han concedido en ayudas más de 4.000 millones de euros sólo con el plan Integral del Automóvil y en el que el número de parados se ha incrementado notablemente.

¡Por favor, no perdamos otro año!

Antoni Marsal. Presidente de la Unió Patronal Metal·lúrgica.

A mi juicio dos decisiones fundamentales necesita España para salir de la crisis: eliminar el déficit público y ajustar los salarios y precios a su situación económica.

Dada la falta de transparencia del Gobierno para explicar cómo va a reducir el déficit desde el 11,4% del PIB de 2009 al 3% al finalizar 2013, que es el plazo máximo concedido por la Comisión Europea, ha surgido la polémica de si dicho objetivo podrá ser alcanzado. La improvisación del Gobierno en el tema del déficit ha sido de consecuencias fatales para nuestra economía: ¿cómo ha sido posible que el Gobierno con un déficit previsto para el 2009 del orden del 12% del PIB en el momento en que se presentaban los Presupuestos para 2010 vuelva a repetir en dicho Presupuesto un déficit desorbitado que en unión de los correspondientes a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales, vuelva a repetir un déficit de la misma cuantía en porcentaje del PIB, según estimación del Fondo Monetario Internacional? ¿Qué habrá dicho el presidente del Gobierno español que durante este semestre preside la Comisión Europea, cuando se haya hablado del tema de la estabilidad presupuestaria en Europa, de la difícil situación española y de la falta de medidas para conseguirla?

El Gobierno español ha presentado un plan de austeridad, que fue analizado en nuestro artículo ¡Ajuste presupuestario, ya!, publicado en este diario el 19 de febrero de 2010, en el que se ponía de manifiesto que dado que el 60% de nuestro déficit es estructural, las medidas de ajuste presupuestario no eliminan la totalidad del déficit, siendo necesario efectuar reformas estructurales en determinadas políticas de gasto de protección social. La agencia de calificación Standard & Poor’s muestra sus dudas sobre la capacidad del Gobierno para reducir el déficit al 3% del PIB, considera que sólo logrará situarlo en el 5%, no descartando rebajar el rating a España porque no cumplirá con la Unión Europea.

Creo que hay que cumplir lo dispuesto por la Comisión Europea, para lo cual hay que realizar reformas estructurales en la protección social (sanidad, servicios sociales, desempleo y pensiones), recortando el nivel de prestaciones que las leyes otorgan a los ciudadanos. A tal hecho se ha llegado tanto por el envejecimiento de la población como por la falta de previsión del Gobierno que ha ido elevando las prestaciones sin efectuar cálculo alguno de la incidencia en el gasto público y en el déficit y sin proponer las reformas adecuadas para solventar el problema. A nadie nos gusta el recorte en el nivel de prestaciones sociales, pero la realidad es la realidad y hay que afrontarla.

Se acercan para España horas muy difíciles. Es necesario efectuar un ajuste muy duro si se quiere recobrar la confianza de los mercados financieros internacionales. El premio Nobel de Economía Paul Krugman , que participó el 13 de febrero de 2009 en las jornadas Respuesta ante la crisis, señaló que los precios y salarios en España son insostenibles y no están alineados con su situación económica, por lo que nuestro país necesita una deflación relativa del 15%. Explicó que si la Unión Europea crece entre un 2 o 3% anual, España sólo sentirá un dolor moderado durante 5 o 7 años, pero si la Unión Europea entra en deflación, lo que es muy posible, habrá que reducir mucho salarios y precios. Coincide con lo que publicamos el 31 de enero de 2009 en CincoDías Alarmante déficit público en 2009.

¿Qué haría España si no estuviera en el euro?: devaluar. Como esto no es posible, hay que efectuar un ajuste muy duro con medidas equivalentes en resultados.

La Fundación de las Cajas de Ahorros estima que las previsiones económicas para España son para el corriente año de un decrecimiento del PIB de siete décimas (-0,7) que para 2011 se transformará en crecimiento del PIB del 0,8% siendo los factores que impulsarán el crecimiento el consumo final de los hogares y la inversión en bienes de equipo, y en los dos años siguientes (2012 y 2013) la economía no podrá crecer por encima del 2%, sin generación por tanto de empleo.

Los índices de competitividad de la economía española han caído con todos los países, pero especialmente con aquellos con los de Europa, que son precisamente con los que tenemos mayores volúmenes de intercambio comercial. La subida de costes, especialmente de salarios y de precios durante más de una década han deteriorado fuertemente nuestra competitividad, es necesario corregirla, y como estamos en la zona euro, no es posible devaluar, lo que tendría un fuerte efecto sobre la disminución de los costes salariales. Por ello es necesario actuar sobre los salarios, que constituye el principal componente de los costes.

En Europa la mayor parte de los países han puesto en marcha en el mercado de trabajo la conocida como flexiseguridad, consistente en políticas activas de empleo que mantengan la seguridad y protección de los trabajadores sin mermar la flexibilidad de las empresas. En la negociación colectiva el crecimiento de los salarios deberá efectuarse en función del crecimiento de la productividad y no de la inflación, a cuyo efecto los acuerdos salariales se efectuarán a nivel de empresa y no a nivel de cúpula como se hace hoy en día.

Grecia que se encuentra en una situación de crisis económica peor que la nuestra, pero no totalmente diferente, ha acordado una reducción salarial; es claro que ha tenido una contestación social pero los Gobiernos deben actuar en función del interés general. En España estimo que debería efectuarse una corrección salarial tanto en el sector público como en el sector empresarial como consecuencia del desajuste habido en el pasado entre subidas salariales y productividad. Seguiríamos el consejo dado por Krugman. En cuanto a los precios un mayor nivel de competencia y una mayor desregulación serían medidas oportunas.

José Barea. Catedrático emérito de la UAM.

La Tercera de ABC

La historia de las sociedades es la historia del «trabajo vivo» de jóvenes y maduros que revitaliza el «trabajo muerto» de quienes se fueron, objetivado en obras, en cultura, también en instituciones. Los jóvenes, los herederos, pueden despilfarrar esa herencia o pueden multiplicarla. Pero lo que hagan dependerá de lo que nosotros hayamos hecho con ellos. Y me temo que no es nada positivo. Hablamos de algo más de nueve millones de españoles, el 21por ciento de la población. Pero ha sido una caída en picado, de modo que son pocos pero, además, van a menos. La nuestra es una sociedad envejecida en la que ya tenemos más abuelos que nietos: casi un millón más. Un problema al que no hemos sabido hacer frente y que se ha «solucionado» (sic) por la puerta de atrás, gracias a la emigración. (Por cierto, ¿es ésta la mejor solución? ¿No hubiera sido más prudente ayudar a los jóvenes a crear familias?). Pero es, por supuesto, la juventud mejor preparada que hemos tenido jamás. Cierto que hay pocos con educación secundaria, pero España produce tantos graduados universitarios en porcentaje de su población como Alemania, Francia o el Reino Unido. Casi uno de cada tres adultos jóvenes tiene estudios universitarios, y el porcentaje no para de subir.

Pocos y bien preparados, cierto, pero ¿cómo están siendo utilizados? La tasa de desempleo de los menores de 25 años es casi del 40 por ciento, el doble de la media, pero supera el 50 por ciento en algunas CC.AA. Y la tasa de temporalidad de los que están empleados es del 74 por ciento entre los más jóvenes y del 54 por ciento entre quienes tienen de 20 a 24 años ¿Es así como vamos a entrar en la economía del conocimiento, dejando fuera del mercado de trabajo a los más cualificados? Por supuesto, desde el paro o en la temporalidad no se pueden tener grandes proyectos. Un joven debería dedicar unos 2.600 euros al mes para poder comprar una vivienda, más del doble de lo que cobra. Y así, mientras que tan sólo el 5 por ciento de los jóvenes daneses o suecos obtienen recursos económicos de algún familiar, en España el porcentaje es del 34 por ciento. Si todos los jóvenes abandonaran la casa de sus padres -señala un informe de Caixa Cataluña-, más del 50 por ciento serían pobres. Estamos ante una marcada juvenilización de la pobreza, que no aflora porque la familia sigue siendo una de nuestras instituciones más sólidas. ¿Puede sorprender a alguien que en estas condiciones los jóvenes se desinteresen de la política? Pues los datos de desafección política de los jóvenes son preocupantes.

Según el último Informe de la Juventud, quienes aseguran que no tienen «nada» de interés por la política han pasado de un relevante 38 por ciento a un abrumador 50 por ciento en sólo cuatro años. Y más del 70 por ciento aseguran que «los partidos se critican mucho entre sí, pero en realidad todos son iguales», una de las expresiones que con más claridad define el desencanto político.

¿Son antisistema? Se supone que sí, pero nada más falso. Rechazan a ambos partidos, cierto, pero buscan otras alternativas. Hoy -son datos del CIS del barómetro de enero- el 77 por ciento de los jóvenes tienen poca o ninguna confianza en el presidente del Gobierno, y el 78 por ciento, poca o ninguna en el líder de la oposición. Resultados demoledores para ambos. Pero sorprenderá sin duda que ante la pregunta «¿cómo se definiría usted en política?» la mayoría de los jóvenes (el 24 por ciento) se definen como «liberales», casi el doble que la media de España (un 12 por ciento). Por el contrario, menos de un 10 por ciento se definen «socialistas», muy por debajo del 20 por ciento de media de España ¿Por qué «liberal»? Por lo mismo por lo que se definen de centro más que la media española: porque rechazan a unos y otros pero, en lugar de buscar una alternativa en los extremos, parecen haberla encontrado (por fortuna) en el centro liberal. (Por cierto, y por completar el cuadro, sorprenderá a más de uno saber que el 24 por ciento de jóvenes entre de 18 y 24 años votarían al PP, frente a un 16 por ciento que votarían al PSOE. Tomemos nota, pues, del vuelco generacional).

Lo evidente es que algo estamos haciendo muy mal cuando no conseguimos incorporar a esa juventud (moderada y bien formada) a la vida política y ciudadana. Por supuesto que los jóvenes tienen preocupaciones políticas, y son importantes. Era Jean Cocteau quien decía que los jóvenes saben lo que no quieren mucho antes de saber lo que quieren; es lógico. Pues bien, lo que nos están diciendo no es que no les interesa la política, sino que menosprecian un tipo de política partidista, cortoplacista en el tiempo y provinciana en el espacio, la política que menosprecia lo que ellos aprecian. Nos encontramos así ante un cruce interesante de expectativas y realidades que se vuelve visible si hacemos una comparación entre aquellos jóvenes que hace cincuenta años lideraron la transición y estos que ahora la reciben como envenenada herencia.

Aquéllos habían nacido en la posguerra, (años 40 a 50), justo durante o después de los años del hambre, padeciendo situaciones materiales duras y una economía de escasez, dificultad para acceder a los estudios, trabajos duros y repetitivos. Eran cohortes numerosas y crecientes cuyos valores se ajustaban a lo que los sociólogos llamamos «valores materialistas», en los que priman la austeridad, el trabajo, la seguridad, la disciplina, el ahorro. Tenían, además, escasas expectativas de futuro, que percibían sin grandes ilusiones e incluso con temor. Sin embargo, la vida fue muy generosa con ellos, progresaron aceleradamente, y se puede decir que aquellas generaciones -las de la transición- han vivido las últimas décadas muy por encima de sus expectativas.

Pero la relación entre expectativas y realidades se trunca en las actuales generaciones. Éstas han vivido en condiciones de progreso, con facilidad para acceder a los estudios o al trabajo, durante un periodo de abundancia, con expectativas fuertes y positivas de trabajos creativos. Por ello sus valores -como los de casi todos los jóvenes europeos- son «posmaterialistas», en los que priman la libertad, la expresión, la autorrealización, el consumo más que el trabajo. Valores de abundancia, no de escasez. Y, sin embargo, su realidad está siendo muy distinta, de modo que viven muy por debajo de las expectativas que hemos generado en ellos. Bajo el título «Las esperanzas rotas de la generación española», la revista Time denominaba recientemente a la juventud española como la «Generación Decepción».

Y esto es importante. Hace décadas que los sociólogos sabemos que la rebeldía -incluso las revoluciones- tienen más que ver con la frustración de expectativas que con las necesidades reales. Y los jóvenes sufren, sin duda, una notable frustración de expectativas que, me temo, va a continuar. Por ejemplo, no sería mala cosa que analizáramos el creciente endeudamiento público desde la perspectiva de la justicia intergeneracional. Lo normal es que los padres tratemos de solucionar los problemas de nuestros hijos con nuestro esfuerzo. Pero el endeudamiento es justo lo contrario, es solucionar nuestros problemas actuales con su esfuerzo futuro, generando una herencia de deudas, obligaciones y pasivos. Herencia envenenada la que les estamos dejando: una brutal crisis económica que impide su integración y los mantiene en una adolescencia forzosa, doblada de crisis política ante la que se manifiestan como espectadores irritados.

Emilio Lamo de Espinosa. Catedrático de Sociología (UCM).