Reggio’s

Como primer plato de una cumbre que debería ser decisiva, la Unión Europea ha puesto a disposición del Estado portugués la suma de setenta y cinco mil millones de euros (equivalente a un siete y medio por ciento de nuestro producto interior bruto) en concepto de rescate. La noticia ha sido recibida con tal entusiasmo por la ciudadanía portuguesa, que su primer ministro no ha tenido más remedio que presentar su dimisión. No se alarme el lector: nadie se ha vuelto loco. Lo sucedido tiene importancia en sí y por lo que puede significar para nosotros; y el misterio tiene una explicación sencilla.

La resistencia a ser rescatado por parte del Gobierno portugués se debe a que el llamado rescate no es sino un préstamo; en unas condiciones quizá más benignas que las que podrían obtenerse en el mercado (aunque ese no ha sido el caso de Irlanda), pero que hay que devolver; puede resolver un problema transitorio de falta de liquidez; pero si el problema es de solvencia, es decir: si el volumen de deuda existente es tan grande que puede uno dudar de la capacidad del país (Estado y entidades privadas) para devolverlo en tiempo y forma, entonces el rescate es como una cuerda que evita que la corriente se lleve a quien está a punto de ahogarse; pero que de ningún modo lo deja a salvo en la otra orilla. Un falso rescate.

Además, la aceptación del rescate lleva consigo la aceptación de condiciones, que consisten en esencia en el compromiso de adoptar nuevas medidas de contención del déficit: recortes de gastos y aumentos de impuestos. Y es lógico que la ciudadanía se resista a esas condiciones: la mayor parte del desequilibrio de nuestras cuentas públicas (algo más de dos tercios, en el caso español) se debe a la caída del crecimiento que ha seguido al final de la burbuja inmobiliaria; sólo el crecimiento permitirá volver al equilibrio fiscal, y las medidas propuestas dificultarán el crecimiento. La disciplina fiscal por sí sola no llevará a la recuperación. Así, los planes propuestos desde el lado alemán dan por supuesto que ya hemos salvado la verdadera barrera a la recuperación: cómo repartir entre los afectados la pérdida de valor de la enorme masa de deuda generada por la burbuja inmobiliaria (y, en el caso de Grecia, por una gestión pública negligente).

Hasta el momento se han ensayado dos vías alternativas: confiar en la recuperación, que reduciría los déficit públicos, aumentaría los beneficios de las entidades privadas y volvería los activos inmobiliarios a algo más parecido a su valor original; o hacérselas pagar íntegramente al contribuyente, nacionalizando (por los estados de los países deudores) las pérdidas (de los países acreedores): este ha sido el camino seguido en Irlanda, y el que acaba de ser propuesto a Portugal: es el que viene implícito en los planes de rescate.

La primera vía no ha tenido éxito: durante dos años, desde que nos instalamos en la recesión, hemos estado esperando un milagro, que no ha tenido lugar, y no se ve de dónde puede venir, en el futuro próximo, un crecimiento que haga posible invertir el signo de nuestras cuentas públicas. La segunda vía lleva trazas de fracasar: los irlandeses están muy descontentos con su rescate, y acabamos de ver la reacción de los portugueses (por mucho que en ella pueda haber un elemento de oportunismo político, como, sin duda, lo habría aquí si nos halláramos en una situación parecida). Y es inevitable que así sea: supone hacer recaer sobre las espaldas de toda la población el peso de los errores de unos cuantos, por partida doble: primero por la recesión causada por su mala cabeza; y ahora porque hay que pagar la cuenta de sus excesos; y se ve fácilmente que esa solución, por legal que sea, resulta muy poco equitativa.

¿Por qué no comparar una burbuja a un desastre natural? En cierto modo de eso se trata: nada hay más natural que el estado de ánimo que la hace posible, esa euforia que tiene sus raíces en la condición humana; a ella se abandonan de forma pasajera compradores y vendedores, dejando de lado el sentido común; casi todos son cómplices, unos por interés, otros por negligencia, otros por miedo a ser llamados aguafiestas. Pasado ese arrebato colectivo, hay que tratar de reparar los daños de forma que ninguna de las partes resulte demasiado perjudicada; es mejor que buscar culpables y crear víctimas. Es en esta actitud como debiera abordarse lo que parece inevitable: una reestructuración ordenada de la masa de deuda, sobre todo de la generada entre entidades privadas.

Lo dicho tiene dos consecuencias, en el caso español: la supervivencia de todas las entidades financieras no debe ser condición sine qua non de una solución aceptable; y el Estado español no debe, de ningún modo, aceptar una nacionalización de las pérdidas bajo la forma de un rescate: el Estado puede pagar lo que debe al exterior, y la negociación entre entidades privadas no es cosa suya: acreedores y deudores son instituciones que llevaron a cabo sus transacciones con los ojos bien abiertos; o debieron haberlo hecho. Por lo demás, una solución satisfactoria de este conflicto será una prueba de fuego para la UE: si todos aceptamos nuestra parte de error y admitimos lo evidente, a saber: que la salud de todo el sistema bancario europeo, y no sólo la de los países del Sur, está en juego, la Unión saldrá reforzada; si seguimos empeñados en cargarle el muerto a unos o a otros, la Unión sobrevivirá, pero las heridas causadas por la crisis tardarán en curarse.

Alfredo Pastor. Profesor del Iese. Cátedra Iese-Banc Sabadell de Economías Emergentes.