Reggio’s

Durante los momentos más críticos para la economía española del inicio del pasado verano, los gobiernos de algunas CC. AA. decidieron elevar los tipos marginales del IRPF para las rentas del trabajo más elevadas. Aquella sorprendente subida, por la extremadamente delicada situación de la economía, ha sido aumentada en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PPGE), al iniciarse un otoño pleno de incertidumbres económicas a nivel global. Esta medida, anunciada en un ambiente marcado por la huelga general, parece responder al objetivo de aumentar la progresividad del impuesto, como algunos demandaban.

No se tiene en cuenta la clara evidencia que muestran los datos. El 50% de los declarantes de menor renta soportan sólo el 7,3% del IRPF mientras que el 5% de los declarantes de mayores rentas soporta prácticamente el 40% de la carga del mismo, lo que muestra un esfuerzo fiscal de éstos 55 veces superior al de los primeros y mucho mayor que el correspondiente a las diferencias relativas en renta. Resulta bastante difícil sustentar con esta distribución que la progresividad es escasa aunque sea sorprendente que el último 5% incluya a los ciudadanos con rentas declaradas superiores a sólo 54 mil euros.

En Catalunya ya se eligió, entre éstos, a los declarantes de rentas superiores a 120 mil euros, a los que se incrementó el tipo marginal 2 puntos, que ahora se convierten en 3 en el PPGE y a los ” ricos y famosos”, por la escasez del número que representa el 0,4% de los declarantes de rentas superiores a 175 mil euros, a quienes se subió 4 puntos, que ahora serán 6 tras la propuesta del PPGE.

Sin duda la progresividad es deseable pero su recorrido debe estar acotado. No sólo es necesaria la progresividad, también lo son la equidad, horizontal y vertical, y la transparencia. Es bien conocida la imposibilidad de gravar el capital de una forma discrecional dada su movilidad internacional. Pero resulta muy difícil justificar estas subidas de la imposición sobre el trabajo cuando se tiene una tasa de desempleo del 20% y en una economía en la que la imposición máxima sobre el capital se sitúa en el 21%, después de la subida de 2010.

La excepción la constituyen los dividendos, es decir la forma tradicional de ahorro de las familias en el largo plazo que constituye un estímulo para la economía productiva, que resultan gravados al 44,7% (30% por Sociedades y 21% una vez distribuidos) después de suprimir la deducción por doble imposición y que, hasta ahora, suponían una cota para los tipos más elevados del trabajo. Todo ello reduce aún más la necesaria equidad horizontal entre los contribuyentes. Por lo que respecta a la transparencia, el IRPF actual se ha convertido a lo largo de sus 32 años de existencia en un instrumento extremadamente complejo, opaco y, en definitiva, caduco y muy alejado de los ciudadanos. Todo lo contrario de lo que debería ser.

El IRPF es la figura central del sistema impositivo, debe ser el impuesto de los ciudadanos, cercano a ellos, contar con su máximo apoyo y, por tanto, debe responder a principios de la máxima trascendencia política. En este sentido, destaca con luz propia la renta vital del ciudadano, es decir la renta necesaria para atender las necesidades básicas de todos y cada uno, que no debería estar sujeta a tributación y que en España podría situarse en 14 mil euros anuales, es decir 14 pagas de mil euros mensuales, que deberían incrementarse en todo caso para parejas en las que sólo hay un perceptor de rentas y también, por supuesto, por cada menor a cargo del ciudadano. El contraste con la situación actual es evidente.

Existen tres conceptos que sumados aproximan la renta vital. Primero, la reducción por rentas del trabajo, que es un polinomio con tres tramos y que está además condicionada a la existencia o no de otras rentas, por la existencia de incapacidades de distinta magnitud y que se incrementa en un 100% en los casos de prolongación de la vida laboral o de desempleados que trasladen su residencia. Segundo, el mínimo personal y familiar de 5.151 euros que se incrementa por edad, además de considerar deducciones por descendientes, por ascendientes y por discapacidad. Tercero, la reducción por declaración conjunta o por monoparental en su caso. En definitiva, un embrollo de normas y excepciones que enturbia el relevante significado político de la renta vital exenta. Pero, en lugar de intentar dotar a este sencillo concepto de todo su contenido, se elevan los tipos que gravan el trabajo cualificado, es decir la acumulación de capital humano.

Parece olvidarse que las diferencias en productividad con las economías más avanzadas se explican, en un 60%, por el gap en capital humano que caracteriza a la economía española. La respuesta a la situación de déficit en capital humano no puede en ningún caso elevar los impuestos. Y, además, cuando se mira al futuro y se intenta aumentar el bienestar de todos, no debe tampoco olvidarse que un año adicional de formación incrementa los salarios reales el 10%.

Los retos son claros. En primer lugar, establecer el nivel de esta renta vital de los ciudadanos exenta de tributación de acuerdo con las preferencias de la sociedad. En segundo lugar, determinar el tipo al que debe gravarse la renta que exceda de la misma, aunque el principio de suficiencia (la restricción recaudatoria) ya lo podría fijar. En tercer lugar, si así se desea, establecer el nivel (niveles) de la renta superior a partir del cual las preferencias sociales optan por aplicar un tipo (tipos) incrementado. La conclusión con éxito de esta tarea sí conduciría a un impuesto que sería la base central del sistema impositivo, dotado de transparencia y sencillez, equidad y, por supuesto, de progresividad y, además, con amplio respaldo social.

David Taguas. Ex subdirector del servicio de estudios del BBVA y ex director de la Oficina Económica del presidente del Gobierno. Hoy Presidente de Seopan.