Reggio’s

Las cuentas de Caja Madrid del segundo semestre del año volverán a verse castigadas por las provisiones. Si entre enero y junio tuvo que dotar 850 millones por sus créditos fallidos, la entidad presidida por Rodrigo Rato tendrá que destinar otros 283 millones para cubrir las pérdidas por el deterioro de activos al entrar en vigor la nueva normativa del Banco de España sobre requisitos de capital.

Se trata de un 37% de las provisiones genéricas que la caja tenía a 30 de junio, cifra que ascendía a 765,2 millones de euros, por lo que el bocado que sufrirá esta partida será relevante. La entidad de ahorro disponía al cierre del primer semestre del año de 3.527 millones de euros –genéricas más específica- como fondos para insolvencias tras aumentarlos en 164,4 millones en el primer semestre del año.

Caja Madrid matiza que estos 283 millones adicionales que tiene que dotar no tendrán “impacto alguno en la cuenta de resultados” y que se cubrirán con la provisión genérica, un colchón que Rato quiere preservar a toda costa, tal y como explica en un documento remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Esta dotación, llamada también anticíclica, es de obligado cumplimiento por parte del Banco de España, que la constituyó en 1999 para hacer frente a los ciclos bajos de la economía.

En noviembre de 2008, el organismo que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez flexibilizó la normativa sobre esta provisión que impedía su uso para cubrir pérdidas hasta ciertos niveles en función de la cartera crediticia de cada institución. Lo hizo para que los bancos y cajas pudieran tirar de ella y convertirlas en específicas ante el fuerte incremento de la morosidad, que en muchos casos se ha situado por encima del 5%.

Un menor plazo para provisionar

Ahora, el BdE ha adoptado una posición más dura en relación a las pérdidas provocadas por los activos inmobiliarios en cartera. El gobernador va a exigir a partir del 30 de septiembre que se reconozcan mucho más rápido el deterioro del valor de los activos, lo que supondrá un sacrificio extra a la cuenta de resultados del sistema. En concreto, el organismo supervisor obligará a provisionar las partidas impagadas en un máximo de un año frente a los hasta seis que permitía la vieja circular de 2004.

Según la nueva normativa 3/2010, se establece un nuevo calendario de dotaciones para los morosos. Bancos y cajas tendrán que provisionar el 25% de lo que le adeuden cuando el pago se retrase seis meses; el 50% cuando supere el medio año; el 75%, cuando llegue a los nueve meses, y el 100% cuando sea mayor de un año.

En Caja Madrid mantiene que estos 283 millones, comunicados específicamente a la CNMV, es una cifra aproximada y no definitiva, ya que todavía se está evaluando todo el impacto de la nueva circular. La mayoría de las entidades financieras no han concretado cuánto van a tener que provisionar más por las exigencias del BdE en relación a la cobertura de riesgo. Se presume que puede ser cifras mayores a la de Caja Madrid, puesto que esta entidad no fue de las que más dinero destinó a comprar activos inmobiliarios.  El Banco de España ya ha advertido que la cuantía total supondrá un 10% de los beneficios del sector, es decir, unos 1.800 millones de euros.

A Caja Madrid, los fondos para insolvencias lastraron de forma brusca sus resultados entre enero y junio de este año. En concretó, el grupo financiero vio como sus ganancias cayeron un 66%, hasta los 195 millones de euros, debido a que sacrificó 845 millones para cubrir sus créditos dudosos. Unos números que, según la que será la primera caja española tras su integración con Bancaja, son “prudentes y solidos”  para constrarrestar el impacto del ciclo económico.

Ferrovial ha decidido tomar cartas en el asunto en cuanto a los costes se refiere para hacer frente al descenso de la construcción y al impacto del recorte del plan de obras públicas del Gobierno. La compañía presidida por Rafael del Pino ha reducido en el último año en 1.632 personas el área de construcción, lo que supone un 11,5% de la plantilla. La fuera laboral del grupo ha disminuido en casi 7.000 personas, en parte por las desinversiones en las divisiones de autopistas y aeropuertos.

El grupo lo venía avisando desde finales del pasado año, cuando Iñigo Meirás se puso al frente del holding como consejero delegado. El ex director general de Ferrovial dijo en una entrevista en ABC que “estamos aguantando como podemos sin realizar grandes despidos, sólo recortando algo las subcontratas. Pero tenemos que ver cuán larga es esta crisis. Creo que si la situación perdura, será muy complicado mantener los actuales niveles de empleo porque, al final, nos debemos a la compañía y a nuestros accionistas. Cuando la situación no sea soportable, tendremos que tomar otro tipo de medidas”.

El mismo mensaje lanzó el pasado 29 de junio antes de que el Ministerio dirigido por José Blanco concretase el plan de ahorro. Meirás señaló que la reducción del presupuesto de Fomento “al nivel de 2007” evidenciará que existe “una sobrecapacidad” en el sector. “Se producirá un ajuste de compañías y de empleo que no sabría cuantificar“, sentenció. Su previsión era un recorte de la obra pública de 6.400 millones, cifra que finalmente ha ascendido a casi 10.000 millones de euros entre los proyectos cancelados y los aplazados.

Como Ferrovial lo veía venir, la compañía ya comenzó hace meses lo que fuentes oficiales denominan “un proceso de racionalización”. Desde la constructora explican que “no se están renovando los contratos de las obras que se terminan o que ya no se van a hacer”.  El área del ladrillo ha pasado de contar con una plantilla de 14.192 empleados a 12.530, según consta en la documentación enviada por el grupo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Aunque el 52% de la actividad de esta división está en el extranjero, fuentes próximas a la empresa apuntan que los 1.630 empleados despedidos o no renovados en el último año trabajaban principalmente en España.

La mayor parte de esta reducción se ha llevado a cabo en el primer semestre de 2010. El área de construcción contaba a finales de 2009 con una fuerza laboral de 13.870 operarios, 1.380 más que a 30 de junio del presente ejercicio. Esa cifra de 2009 ya incluía un recorte de 1.277 personas respecto a los 15.147 que estaban empleados en 2008.

Fuentes próximas a la compañía añaden que los ajustes no solo están afectando solo a las obras, sino que también se están produciendo despidos en el área corporativa. De momento, esta división ya ha visto como se ha reducido la plantilla en más de un 11%, situación que podría empeorar si se cumplen las previsiones del propio consejero delegado.

Meirás señaló en la junta general que el comportamiento de la filial constructora resultará similar al del pasado año, en el que registró unas caídas de ingresos del 17,8% y una facturación de 2.597 millones. El negocio de construcción continúa siendo la mayor fuentes de ingresos del grupo presidido por Rafael del Pino, que el pasado año sumó 4.476,8 millones en este apartado, frente a los 3.680,3 millones de la división de servicios, 3.070,4 millones en aeropuertos, y 934,8 millones, en autopistas.  En el primer semestre, el ladrillo consiguió unos ingresos de 2.052 millones, un 5,3% menos que entre enero y junio de 2009. El beneficio cayó bastante, más, un 28%, hasta los 59 millones.

Ferrovial terminó el primer semestre de 2010 con una plantilla total de 101.988 personas, 7.000 menos que al concluir el pasado año, cuando tenía contratados a 108.921 trabajadores, el 81% con contrato fijo, según datos de su memoria anual.

El BBVA se va ‘de rositas’ del escándalo que entre 2001 y 2002 provocó la dimisión en bloque de la mayoría del consejo de administración del banco, incluido su presidente, Emilio Ybarra. Ahora, la Audiencia Nacional ha anulado las sanciones de tres millones de euros impuestas por el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por un presunto delito de falseamiento de las cuentas.

Así lo indica el banco en la información explicativa relacionada con los resultados del primer semestre del año, enviada ayer al organismo supervisor de los mercados. El segundo banco español expone que la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha estimado los recursos contencioso-administrativos interpuestos por BBVA contra las dos resoluciones del Banco de España y de la CNMV y ha anulado las dos sanciones, según sendas sentencias acordadas los pasados 19 y el 25 de mayo.

La decisión de la Audiencia Nacional supone un balón de oxígeno para la entidad, que había visto cómo su nombre salía manchado por uno de los mayores escándalos financieros de España en la última década. En concreto, el 15 de marzo de 2002, el Banco de España inició un expediente sancionador contra BBVA y 16 de sus antiguos consejeros y directivos por la existencia de fondos por importe de aproximadamente 225 millones de euros que, perteneciendo a BBV, no fueron incluidos en los estados financieros de la entidad.

Ese dinero estaba depositado en distintas sociedades domiciliadas en la Isla de Jersey, Liechestein y las Islas Caimán, destinos todos ellos considerados como paraísos fiscales, desde donde BBV compraba acciones para la autocartera o guardaba el dinero de las pensiones de sus ejecutivos. El antiguo banco con sede en Bilbao llevaba haciendo esa operativa desde 1987 con el principal fin de no pagar impuestos en España. Cuando en 1998 se fusionó con Argentaria y se creó el actual BBVA, esos fondos fueron regularizados voluntariamente en 2000 mediante su contabilización en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada como resultados extraordinarios, por los que se registró y satisfizo el impuesto sobre sociedades correspondiente.

Francisco González puso los hechos en conocimiento del Banco de España el 19 de enero de 2001. El caso cogió tal dimensión que Emilio Ybarra, copresidente de la nueva entidad, se vio obligado a dimitir en diciembre de ese año. El supervisor del sistema financiero abrió expediente al banco y a 18 miembros de la comisión Delegada Permanente, así como a otros consejeros y altos cargos, que habían dejado sus puestos semanas antes. La CNMV se sumó al proceso y también expedientó a BBVA en mayo de 2002 por posible infracción de la Ley del Mercado de Valores por los mismos hechos.

El caso cae en manos de Garzón

El caso adquirió una nueva dimensión cuando, a petición del Banco de España, el juez Garzón abrió la vía penal y se hizo cargo de la instrucción del caso de las cuentas secretas. Garzón imputó a los 22 directivos del BBV beneficiarios de los planes de pensiones creados desde uno de los paraísos fiscales y a otros cinco miembros del banco relacionados con la operativa de las cuentas. Pero la vía penal, que paralizó los expedientes anteriores, acabó en 2007 sin que ninguna persona fuera condenada pese a que la Fiscalia había solicitado varios años de cárcel para Ybarra, Pedro Luis Uriarte, consejero delegado, y otros directivos. Tan solo Ybarra, aclamado el pasado año en el Círculo Ecuestre de Barcelona por sus valores cívicos, tenacidad y esfuerzo, fue castigado con prisión de seis meses por un delito de apropiación indebida por los fondos de pensiones, sanción que no cumplió.

Al cerrarse el proceso penal, se retomaron los expedientes, que acabaron el 18 de julio de 2008 con una multa contra el banco de un millón de euros por parte del Consejo del Banco de España y de dos millones por parte de la CNMV por una infracción muy grave, además de sanciones a los anteriores administrativos y directivos responsables de la irregularidad.

Sin embargo, la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha estimado ahora  los recursos contencioso-administrativos interpuestos por BBVA contra dichas sanciones y las ha anulado. De esta forma, sin ningún culpable para la Justicia, se cierra el caso conocido como las cuentas secretas que puso en jaque al segundo banco español.

Repsol ha aprobado una reestructuración en su segundo nivel organizativo. La petrolera ha procedido a cambiar a los responsables de refino y GNL, así como al responsable de la Fundación. El más beneficiado de estos cambios es José Jon Imaz, que en apenas tres meses ha pasado a dirigir los negocios de energías renovables y de refino.

El ex político del Partido Nacionalista Vasco (PNV) lleva una carrera meteórica en el grupo presidido por Antonio Brufau. En abril de este año fue designado máximo responsable de la unidad de Nuevas Energías, creada por Repsol para “identificar, promover y desarrollar iniciativas relacionadas con la bioenergía, las energías renovables vinculadas a la actividad de la petrolera y otros proyectos relacionados con la reducción de carbono”

Ahora, el ex dirigente el Euskadi Buru Batzar también se encargará de dirigir la actividad de refino, una de las áreas operativas de la división de downstream. Imaz, que asimismo ocupa la presidencia de Petronor desde la mitad de 2008, sustituye a César Gallo, que pasa a dirigir la Fundación de Repsol. Gallo reemplaza a Enrique Lucutura, ex consejero delegado de Gas Natural entre 2003 y 2005, que se prejubila.

Lo mismo ocurre con Ramón de Luís, que estaba al frente del GNl, también dentro de la división de downstream. Su puesto lo ocupará en breve José Manuel Gallego, que hasta ahora estaba en Repsol Perú, según un comunicado interno del grupo al que ha tenido acceso El Confidencial.

Imaz, nacido en Zumárraga (Guipúzcoa) en 1961, es conocido por su actividad política. Pero realmente es químico. Se doctoró en la Universidad del País Vasco en Ciencias Químicas tras licenciarse en la facultad de esta rama en San Sebastián. Fue galardonado con el Premio Extraordinario Fin de Carrera. Especializado en Polímeros. Después completó su formación en el Grupo Mondragón e hizo la tesis docturol en la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de Bilbao.

Los que trabajan con él aseguran que es un buen gestor, con grandes conocimientos  del sector. Otros, sin embargo, recelan de su rápido crecimiento dentro de Repsol y lo relacionan con acuerdos políticos con el PNV. Imaz lidera también el Cluster Vasco de la Energía.

Una Fundación Polémica

La Fundación Repsol lleva adelante numerosos programas de ayudas sociales y culturales. Sin embargo, saltó a la luz pública cuando nombró máximo responsable a Jesús Fernández de la Vega, ex director general de recursos humanos y hermano de la vicepresidenta del Gobierno. Su nombramiento apenas duró unos días porque dimitió tras publicarse la noticia a finales de noviembre de 2008.

Lucubra, que gestionaba el negocio de GNL, se puso al frente en febrero de 2009 cuando Repsol aprobó su última reestructuración organizativa. El nuevo esquema supuso reducir en tres el  número de direcciones generales. Fuentes próximas al grupo apuntan que a medio plazo pueden haber más cambios en la parte alta de la cúpula directiva.

El futuro de Abertis se decide en las próximas 48 horas. Es el tiempo que tienen los bancos para decir si suscriben o no el préstamo sindicado de hasta 6.000 millones de euros que han pedido ACS, La Caixa y CVC para comprar el grupo de concesiones. La firma de la línea de financiación se ha fijado para el próximo 30 de julio, un acto al que no acudirán BBVA y Royal Bank of Scotland (RBS).

Fuentes financieras explican que, a menos de dos días para la primera fecha límite, hay mucha incertidumbre sobre si el consorcio formado por la constructora, la caja catalana y la firma de capital riesgo obtendrán el dinero necesario para posteriormente lanzar la Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre Abertis. En estos momentos, los compradores piden 5.300 millones mediante un crédito sindicado y una línea de crédito de 700 millones.

El precio del préstamo es, según otras fuentes próximas a la operación, el índice midswap más 250 puntos básicos, más del doble de lo que pagó Abertis en 2006 cuando compró Sanef. La sociedad constituida para adquirir las autopistas francesas por 5.300 millones solicitó un crédito sindicado de 2.600 millones, con un interés que osciló del 4,05% inicial hasta el de la refinanciación posterior en 2007 al 5,55%. Ayer, por ejemplo, BBVA colocó en el mercado 2.000 millones de cédulas hipotecarias al índice midswap más 195 puntos, mientras que La Caixa hizo lo mismo en abril con 1.000 millones en cédulas territoriales a 72 puntos básicos.

Fuentes del mercado dan por hecho que ACS, La Caixa y CVC Capital Partners obtendrán el dinero necesario para ejecutar la operación, pero otras no ocultan que la situación está complicada y que la cantidad que se pide es muy elevada. “Se lleva trabajando en este crédito desde hace ya casi dos meses y todavía no está claro que pasará. Los bancos se lo están pensando mucho”, indican desde un banco internacional.

Otros han dicho ya que no quieren participar. Son los casos de BBVA y RBS, dos entidades cuya negativa refleja la inquietud que ha generado la estructura financiera de la transacción. “Tiene poco sentido para La Caixa y es difícil de justificar el precio al que se quieren comprar las acciones. Además, es quedarte con deuda de una compañía muy apalancada”, justifican desde un banco que también ha dicho que no y que pide el anonimato.

Inesperada negativa de FG

Especialmente sorprende lo de BBVA, ya que fue el banco que lideró el préstamo sindicado que pidió ACS para comprar un paquete de Iberdrola. El banco presidido por Francisco González, se puso al frente de la línea de financiación de 2.497 millones, con un ticker o participación en el préstamo de 308,8 millones. A su lado estaba Caja Madrid, con un importe similar, seguida del ICO, de Mediobanca y de La Caixa con 261,7 millones.  Pero, asimismo, BBVA cubrió en solitario el tramo B de ese sindicado con la aportación de otros 332 millones. En total, más de 640 millones prestados a ACS.

El segundo grupo financiero español siempre ha sido un aliado de Florentino Pérez. De hecho, es el banco que actúa como depositario de las opciones sobre acciones que ACS reserva para su equipo directivo. La entidad tiene ahora para cubrir esas posiciones con más del 3% del capital del holding de construcción, infraestructuras y energía participado por los March y por los Albertos.

A la negativa de BBVA y de RBS, los cuales han desestimado hacer ningún comentario sobre esta información, se podría sumar la de Calyon, cuyo comité de riesgos también ha rechazado la operación. Por el contrario, el consorcio tiene el respaldo de Mediobanca, banco asesor de la OPA, así como de UBS, Citi, Santander, Société Générale y BNP Paribas.

Bankinter ha dado por finalizada la comercialización de su hipoteca estrella, un préstamo al Euribor +0,35 puntos lanzado a mediados de marzo y con el que ha captado cerca de 1.000 millones de euros. Este importe, procedentes de clientes de banca personal y privada, supone un 70% más de lo vendido en el mismo periodo de 2009.

Así lo ha confirmado Ignacio Lozano, director de banca personal de Bankinter, que con la Hipoteca 0,35 financiaba adquisiciones de viviendas con un valor de tasación superior a los 300.000 euros. Es decir, transacciones reservadas para personas de un alto poder adquisitivo y, por tanto, presuntamente clientes que cumplen con sus obligaciones bancarias.

El préstamo, que daba hasta el 80% del valor de la casa o el 100% en el caso de ser un inmueble propiedad de Bankinter, exigía la contratación de tres productos, un seguro de hogar, otro de vida y la domiciliación de la nómina. Para atraer a más público, la hipoteca no tenía comisiones de apertura y ni por amortización total y parcial. El plazo de amortización era de hasta 40 años para usuarios menores de 35 años y 35 años de plazo máximo, para edades superiores a 35 años.

Lozano explica que el préstamo se ha retirado del merado porque se han superado las expectativas de comercialización. El responsable de banca personal de Bankinter no ha querido concretar cuál era el objetivo de captación, pero si ha apuntado que en los cinco primeros meses del año la entidad ha concedido préstamos hipotecarios por cerca de 1.000 millones. Esta cifra es un 70% superior a la que obtuvo en el mismo periodo de 2009.

El director de Bankinter añade que el banco pretendía con esta hipoteca agresiva, que igualaba la mejor del sistema en ese momento, aumentar la cuota en préstamos para la compra de vivienda. Según los últimos datos del Banco de España, el grupo presidido por Pedro Guerrero tiene un 3,7% del conjunto del sector y un 4,8% si solo se tienen en cuenta bancos.

Bankinter ha sustituido la Hipoteca 0,35 por la denominada Hipoteca Sin, un préstamo que tiene un tipo de interés inicial por un año del 1,90% y el resto personalizado en función de los ingresos del cliente. Fuentes de la entidad aseguran que el diferencial medio puede rondar el 0,49%, un tipo aún así muy atractivo, mucho mejor que el que ofrecen bancos y cajas de más peso, como Santander, BBVA o La Caixa. No obstante, el producto tiene comisiones más altas. Para empezar, una de apertura del 0,50% sobre el importe solicitado

Como la anterior, la Hipoteca Sin exige la contratación de un seguro de hogar, otro de vida y la domiciliación de la nómina. También incluye la posibilidad de conseguir liquidez, ya que el cliente podrá disponer de las cantidades amortizadas y destinarlas a otras finalidades (con un mínimo de 1.500 euros).

Lozano admite que la guerra de los depósitos iniciada por Banco Santander con el Depósito Ganador 4% ha provocado “salida de saldos” desde Bankinter, que “no ha querido entrar esta guerra porque no genera lealtad con la clientela. Son productos de precio”. “Nuestro banco tiene una fidelidad diez puntos de media por encima del sector y por eso solo hacemos campañas puntuales”, agrega el director de banca personal.

Las prisas por cerrar la reestructuración del sistema financiero español está empezando a dar mucho juego a los bancos de inversión, que se van a hacer de oro con tanta operación corporativa. El que ha conseguido dos mandatos en un santiamén ha sido Goldman Sachs, que ha sido contratado, junto a Morgan Stanley y Société Genérale, por los integrantes del Sistema Institucional de Protección (SIP) liderado por Cajastur y Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y por Unicaja para pujar por Cajasur.

La entidad dirigida en España por Olaf Díaz-Pintado como responsable de banca de inversión se convierte de nuevo en el asesor de cabecera de Cajastur. Manuel Menéndez, el presidente de la caja asturiana, ya se puso en sus manos cuando pujo por hacerse con Caja Castilla-La Mancha (CCM). La operación salió redonda porque Cajastur consiguió imponerse en la subasta a BBK e Ibercaja.

La mano del equipo de Goldman Sachs se notó en la estructura que ideó para que la caja del norte de España pudiera adquirir la manchega a través de Banco Liberta. Una ficha bancaria que estaba inactiva y a través de la cual Cajastur absorbió los activos y pasivos de CCM   Esta entidad pasó a tener su sede en Castilla-La Mancha y se convirtió en una filial de la Cajastur, que sería dueña del 75% del capital.

La caja intervenida se quedó como una sociedad de gestión de sus participaciones industriales y con la responsabilidad de la obra social, que se financiaría con una cuarta parte de los beneficios que obtenga Banco Liberta. Un formato que fue aceptado por el Banco de España, que ahora también tendrá que validar el proyecto que presenten Cajastur, CAM, Caja de Extremadura y Caja Cantabria.

Goldman tendrá que preparar el plan de negocio y la estructura de capital del nuevo grupo para que el organismo supervisor les conceda los casi 1.500 millones de euros que han solicitado al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Esta fusión dará lugar a la tercera caja española, con unos activos bajo gestión de 135.000 millones, una red de  2.300 oficinas, 14.000 empleados y un volumen de negocio de 177.000 millones. El grupo resultante tendrá un ratio de solvencia del 12%, un TIER 1 del 9,4% y una ratio de core capital de 7,6%, sin contabilizar la inyección del FROB.

Unicaja también confía en Goldman Sachs

Unicaja también ha confiado su oferta por Cajasur a Goldman Sachs, que el pasado año incorporó a su consejo asesor europeo a Claudio Aguirre, ex presidente de banca de inversión para Europa de Merrill Lynch y ex director general del propio Goldman. La caja malaqueña, tras romper a última hora las negociaciones para hacerse con la cordobesa, lo que precipitó la intervención del Banco de España, vuelve ahora a la carga.

Braulio Medel, el presidente de Unicaja, es el que mejor se conoce las interioridades de la caja intervenida, ya que durante las conversaciones de fusión tuvo acceso a las cuentas internas de la entidad dirigida por la Iglesia. Conoce perfectamente el déficit de recursos propios y, por tanto, el importe que tendrá que solicitar al FROB para poder recapitalizar la sociedad. Además, de todos los candidatos, es el que más sinergias podría conseguir con una futura integración.

Falta saber como recibe Miguel Ángel Fernández Ordóñez el interés de Unicaja, después de haber dado dos espantadas: la de Cajasur y la del año pasado con CCM. No obstante, fuentes financieras aseguran que José Antonio Griñán, presidente de la Junta de Andalucia, va a presionar más que nunca para que el Banco de España le de preferencia a Unicaja para crear la ansiada gran caja andaluza.

Las últimas operaciones corporativas en el sistema financiero español están dando mucho trabajo a los bancos de inversión y a las consultoras. El gran triunfador es Lazard, que se ha quedado con el mandato de Caja Madrid para asesorar su fusión con Bancaja, que de momento ha preferido hacer los deberes por su cuenta. Además, se encargará de gestionar el papelde Banco Guipuzcoano en su posible integración con Banco Sabadell.

Lazard ha hecho buena la amistad que Rodrigo Rato, presidente de Caja Madrid, tiene con Jaime Castellanos, primer ejecutivo del banco de inversión en España. No hay que olvidar que el que será el máximo responsable del grupo resultante de la fusión de la caja madrileña y de la valenciana trabajó en la entidad con sede en las Bermudas hasta el pasado 7 de diciembre.

No es la primera vez que Caja Madrid premia a Lazard. A finales del pasado año ya le contrató para vender su participación en Genesa, la empresa de energías renovables cuyo capital comparte con la portuguesa EDP. En ese momento, fuentes oficiales del banco explicaron que el mandato se había concedido antes de que Rato fichase por Lazard y que, en cualquier caso, Caja Madrid les daba su confianza por su experiencia en el sector.

Lo cierto es que los banqueros de inversión no habían hecho apenas ninguna operación en el sector de las energías limpias. Sin embargo, si tienen experiencia en reestructuraciones financieras, ya que Lazard es, entre otras cosas, el asesor del Gobierno de Grecia para salir de la grave crisis que ha obligado a la Unión Europea a inyectarle 110.000 millones de euros.

Junto al banco dirigido por Jaime Castellano, Caja Madrid también cuenta con los servicios de Analistas Financieros Internacionales (AFI) y de Deloitte para realizar el plan de negocios, los ajustes de costes y la presentación del informe de fusión al Banco de España. Otras fuentes añaden que Rato también cuenta con el asesoramiento de Pricewaterhouse, donde hasta hace dos meses trabajaba Luís Maldonado, nombrado jefe del gabinete de la presidencia de la caja.

Mientras tanto, Bancaja no tiene de momento asesor que le ayude en el proceso de integración. Fuentes financieras se extrañan por la decisión del grupo presidido por José Luís Olivas, que necesitará asesoramiento ante la magnitud del ajuste que se avecina. No obstante, matizan que para este tipo de fusiones con un carácter político tan importante algunas entidades prefieren no tener asesores de renombre para evitar posibles conflictos relacionados con las cuentas internas y el gobierno corporativo.

Lazard también tendrá protagonismo en la posible fusión entre Guipuzcoano y Sabadell. Fuentes financieras señalan que el banco participado por BBK y la Kutxa le ha dado el mandato para revisar la operación en el caso de que finalmente sea aprobada.l

Si se cumplen las encuestas, Sandro Rosell (Barcelona, 1964), se convertirá esta noche en el nuevo presidente del Fútbol Club Barcelona. Si los socios lo eligen, al frente del mejor club del mundo habrá un ejecutivo salido de la elitista escuela ESADE que ha vendido perfumes, vendido balones y que ha hecho negocios con Florentino Pérez, incluido el fichaje de Figo por el Real Madrid, toda una traición para los seguidores culés.

Rosell, hijo de uno de los fundadores de Convergencia Democràtica de Catalunya (CiU), educado en colegios católicos nacionalistas (Costa i Llobera), utiliza la seducción como nadie. Lleva más de un año convenciendo a las peñas del Barça sobre su modelo de club. Lo aprendió en Myrurgia cuando se dedicaba a vender humo, como el bien expresa en su libro “Bienvenido al mundo real”, escrito tras su abrupta salida de la directiva de Joan Laporta, en el verano de 2005, dos años después de llegar al cargo.

Seguramente, la mayoría de los socios del equipo azulgrana no se han molestado en leer el documento, un manual de 324 páginas imprescindible para conocer muchos detalles del que puede ser su nuevo presidente durante los próximos seis años si los resultados acompañan. En el libro, Rosell relata gran parte de su vida profesional, que va desde ser un mero colaborador en los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992 a ser el director de Nike para España y Latinoamérica.

Por lo que cuenta, Sandrusco, como le llaman sus allegados, es un tipo particular. Motivador por excelencia, creador de equipos, enemigo de las individualidades, capaz de transformar a un jugador de segunda –Pepe Costa, que pasó por el Sabadell, el Murcia, el Palamós y el Salamanca, – en un importante directivo de Nike sin tener ni idea de inglés y la EGB como única formación. Cómo contrató al hermano de Pep Guardiola (Pere) para la multinacional estadounidense y como resolvió sus diferencias con Luis Enrique son ejemplos de sus llamativas formas de trabajar.

Si peculiar forma de gestionar le llevó a firmar la renovación de Figo por la marca deportiva americana  en las bolsas de papel que se utilizan en los aviones para vomitar. Lo hicieron a la vuelta de un partido internacional del jugador portugués, que pasó de ser un ídolo del Camp Nou al mayor traidor de la era moderna del club catalán, Un doloroso traspaso solo comparable a los de José Samitier y Ricardo Zamora, los dos grandes porteros internacionales, en los años treinta.

En esta operación también colaboró Rosell, algo que desconocen muchos barcelonistas. El candidato a presidir el club, como responsable de Niké, ayudó a Florentino Pérez a desbloquear el contrato del portugués con la marca de artículos deportivos, que tenía los derechos de imagen. El Real Madrid exigía quedarse con los ingresos que generase Figo fuera de los terrenos de juego, lo que obligó a Rosell a intervenir. “Florentino, para nosotros lo más importante es el jugador y si el jugador lo que quiere es ir al Madrid, no pondremos ninguna traba, aunque eso signifique renunciar a parte de la gestión de sus derechos de imagen”, expone en el libro.

A partir de ahí, el aspirante a tomar las riendas del club con sede en Avenida Aristides Maillol, hizo buenas migas con el presidente de ACS. Compartió comidas con el mandatario blanco, cuya fortuna tuvo su origen, según Rosell, en Cataluña, cuando Florentino compró a precio de saldo Construcciones Padrós y Ocisa en los ochenta.  Desde la venta de Figo y las posteriores reuniones de mesa y mantel, Sandro y Florentino profundizaron en la relación. Hasta el punto que su empresa familiar, la ingeniería EMTE, y Cobra, una filia de ACS, se asociaron para realizar unas instalaciones del AVE entre Madrid y Barcelona.

A partir de mañana, los dos mayores rivales del fútbol español pueden tener a dos presidentes más que amigos. Como dice Rosell, se puede ser rival, pero no enemigo.

La nueva entidad resultante de la fusión de Caja Madrid y de Bancaja tendrá que resolver un problema de considerable tamaño: el agujero de un holding industrial que tiene como máximos exponentes a Iberia y a Iberdrola. La participación del 5,7% de la eléctrica en manos de la caja valenciana, genera, además de enormes minusvalías latentes, un problema de gestión puesto que la caja madrileña es uno de los asesores de cabecera de la ACS de Florentino Pérez.

A precios de mercado, la unión de los paquetes de acciones que Caja Madrid y Bancaja tienen en sociedades cotizadas asciende a 4.632 millones. Entre las inversiones más voluminosas están el 5,7% en el grupo presidido por Ignacio Sánchez Galán, el 15% de Mapfre, el 23% de Iberia y el 20% de Indra. Pero además, ambas entidades tienen el 15,7% de NH Hoteles, el 5% de Enagas, el 10% de SOS, el 20% de Mecalux, el 27% de Realia y el 38% de Banco de Valencia.

Entre todas estas participaciones suman algo más de 4.600 millones, 400 menos de en los que valoró Bancaja su holding de inversiones cuando lo creó a finales de julio de 2007. Pocos días después, vendió un 35% de esa sociedad de cartera a Deutsche Bank y a Guggenheim por 1.355 millones, con un descuento del 12%. En lo que se denominó Bancaja Inversiones se incluía una participación creciente en Iberdrola, en plena batalla por el control accionarial con ACS.

La caja valenciana, que tiene un asiento en el consejo de la eléctrica, se puso del lado de Galán y elevó su participación del 3,5% al 6% con una inversión de 1.255 millones. Ese paquete tenía una valoración en ese momento de algo más de 3.000 millones. Hoy, en el caso de que la nueva entidad quisiera venderlo, apenas obtendría 1.577 millones en el mejor de los casos puesto que tendría que hacerlo con un suculento descuento. Un trago difícil de digerir para la caja valenciana que antes o después tendrá que recomprar a Deutsche Bank y a Guggeheim su participación por mucho menos de lo que pagaron estos inversores hace casi tres.

Tampoco va sobrada de éxitos Caja Madrid en sus incursiones financieras. Tras las grandes plusvalías obtenidas con las ventas de Telefónica y de Endesa, la entidad presidida por Rodrigo Rato tiene más agujeros que un queso gruyere. Ahí están las pifias en Mecalux, donde pierde 58 millones, o la de SOS, en la que en apenas año y medio ha visto como se han evaporado 128 de los 150 millones invertidos. Otras de las compañías participadas también andan con serios problemas, como Realia, de la que tiene el 27% y que se ha hundido en bolsa, y NH Hoteles, que tuvo que recurrir a una ampliación de capital ante su delicada situación financiera.

Iberia, de la que Caja Madrid es el principal accionista, está en vías de solución tras su anunciada fusión con British Airways. Pero, mientras se cierra esta integración, la entidad española arrastra una maleta muy pesada. Su 23% vale 438 millones, menos de lo que pagó en noviembre de 2007 por el 13% que estaba en manos de Legista y de BBVA. Pagó por esas acciones 3,60 euros por una acción que hoy cotiza a 2,3. El otro 10% que lo adquirió cuando se privatizó la aerolínea le costó más de 3 euros por títulos. Una ruina que tardará años en coger vuelo.

De lo poco que salva es Mafre e Indra. De la aseguradora tiene un 15%, valorado en cerca de 1.000 millones –es su mayor inversión-, pero cuando se hizo el canje de activos de los negocios comunes la acción del grupo de protección se hizo a más de tres euros. Hoy se cambian en el mercado a cerca de 2,3. Lo más sano es la participación del 20% en la empresa de tecnología, cuyo capital comparte con los March. Aunque los últimos paquetes los adquirió por encima de loa cotización actual, su venta podría reportarle unos ingresos de 461 millones.

Miguel Sebastián se vio la semana pasada con todas las empresas afectadas por el posible cambio de regulación de las energías renovables. El ministro de Industria escuchó, entre otros, a los máximos responsables de Iberdrola, Acciona y Gamesa. La empresa fabricante de los molinos de viento le anunció que se llevará parte de la producción fuera de España si no hay un marco jurídico que garantice la estabilidad del sector.

Gamesa es una de las empresas que más está sufriendo la incertidumbre regulatoria. La compañía, presidida desde finales del pasado año por Jorge Calvet, ha aplicado ya cinco expedientes de regulación de empleo (ERE), de los que cuatro son carácter temporal y uno de extinción. Este último es el que afecta a la factorial de Alsasua (Navarra), que será cerrada, con 150 despedidos.

Calvet le explicó al ministro de Industria que el sector eólico necesita una planificación porque montar un parque exige siete años y que el actual sistema de registro de proyectos le penaliza. De hecho, el presidente de Gamesa expuso que el sector se paró en seco entre mayo del pasado año, cuando se aprobó el nuevo sistema de asignación de primas –prerregistro- y diciembre, mes en el que el Ministerio hizo públicos los parques que se beneficiarían de los incentivos.

El que fuera máximo responsable de UBS y de Fortis en España le recordó a Sebastián los empleos y la riqueza que ha creado el sector de las renovables en nuestro país y la posible fuga de inversiones que se puede producir si Industria no garantiza un marco legal estable. Una aseveración que fuentes del sector interpretan como un claro desafío a la errática política del Gobierno y como una amenaza velada de que Gamesa se llevará sus plantas fuera de España si persiste la inseguridad.

Fue la primera vez que Calvet  expuso personalmente a Sebastián lo que ya había dicho en los medios de comunicación. En febrero aseguró que, “si no se toman medidas rápidas se producirá un efecto de deslocalización que tendrá impacto en el I+D+i”. “Si no se puede hacer en España habrá que buscar otros lugares“, añadió en relación a un prototipo de aerogenerador de 4,5 megawatios al no asignarse emplazamientos para dicho producto. En aquel acto, Calvet calificó de dañino el nuevo sistema regulatorio y desconfió de una recuperación del mercado en España por la falta de visibilidad del marco legal.

La cotización en bolsa se resiente

El aviso a Sebastián está más que justificado porque la compañía con sede en Álava ha tenido que apretarse el cinturón por la paralización del sector en España. A principios de 2009 Gamesa puso en marcha un plan de optimización de costes con el objetivo de aumentar la eficiencia operativa y consolidar la recuperación progresiva de los márgenes. El pasado año identificó 130 medidas de ajuste por un valor total de 400 millones de euros, de los que 150 ya se ahorraron en los últimos doce meses.

Además de sus centros de producción en España, Gamesa cuenta con factorías en China, EE UU e India. Estos tres últimos países son los que el grupo vasco considera como “mercados que cuentan con planes de estímulo económico ligados al desarrollo de la energía eólica o con regímenes regulatorios y tarifarios favorables al desarrollo de la actividad eólica en el largo plazo y, por tanto, con mayores expectativas de crecimiento”.

La compañía, que no cita a España como lugar donde se dan esas condiciones para invertir, se centró en 2009 en expandir su negocio lejos de nuestras fronteras, como demuestra la puesta en marcha del centro de Chennai (India) y la ampliación de la capacidad productiva tanto en Estados Unidos y en China. Al otro lado del Atlántico ha reforzado el perfil industrial para el lanzamiento global de un nuevo prototipo –el G10x-4.5MW- que no puede fabricar en España.

La cotización de Gamesa ha sufrido toda esta incertidumbre. En lo que va de año ha perdido un 21% de su valor y un 34% en los últimos doces meses. Se paga a poco más de 9 euros por acción, un nivel similar al que registró cuando la bolsa española se hundió a primeros de marzo de 2009.

Fichaje de altura en el sistema financiero español. Nicolás Merigó, ex responsable del fondo de infraestructuras de Banco Santander, ha sido nombrado consejero delegado de Marguerite Admisor, la gestora del mayor fondo público de energías de Europa, financiado en parte por el ICO. El vehículo contará con hasta 6.500 millones de euros de inversión, de los que 1.500 serán aportación en efectivo.

Merigó ha tomado las riendas del 2020 European Fund for Energy, Climate Change & Infrastructure (Marguerite Fund), una iniciativa surgida en el segundo semestre de 2008 durante la presidencia francesa de la Unión Europea. El proyecto cuenta con el apoyo de las instituciones públicas de crédito de España, Italia, Alemania, Francia y Polonia, además de con el Banco Europeo de Inversiones.

Cada uno de ellos ha aportado 100 millones de euros, para sumar un total de 600 millones. El periodo de suscripción para estos invasores, entre los que está el ICO español, empezó el 3 de diciembre de 2009 y ha concluido a principios de marzo. Otros invasores, entre los que se encuentra la Caixa Geral de Depósitos, el Bank of Valleta (Malta) y la Comisión Europea, ya han suscrito otros 100 millones del fondo, cuyo objetivo total es lograr la cifra de 1.500.

Pero no queda ahí la cosa. En paralelo con el compromiso en metálico, los socios promotores han creado junto a otras instituciones una iniciativa de financiación con deuda de 5.000 millones de euros, por lo que además de la inversión en capital del fondo, los proyectos se podrían beneficiar de un apoyo a través de deuda a nivel de proyectos individuales. En total, 6.500 millones para tomar participaciones de no menos de 20 millones de euros en proyectos de infraestructuras en sectores de transporte, energía y energías renovables.

Merigó ha sido seleccionado después de “un proceso de selección independiente” por su experiencia en el sector. El financiero fue director del fondo de infraestructuras de Banco Santander, donde trabajó durante 17 años. Procedente del antiguo Banco Central Hispano, Merigó fue uno de los responsables de manejar la cartera industrial del BCH. También fue uno de los directivos más importantes de Auna antes de ser vendida a France Telecom y a Auna. Antes se formó en Salomón Brothers, Lazard Frêres y McKinsey.

El nuevo consejero delegado de Marguerite Advisor tiene una experiencia de 20 años en el sector del capital riesgo, donde ha participado en 80 operaciones, 17 de ellas relacionadas con las infraestructuras, según la documentación remitida por el ICO a potenciales inversores. Merigó está ahora seleccionado al resto del equipo gestor, lo cual se espera esté cerrado a mediados de año. Será en ese momento cuando comiencen las primeras inversiones del fondo, que tiene cuatro años para poner el dinero en circulación.

Rentabilidad del 14%

El cierre total, con los 1.500 millones suscritos, del 2020 Marguerite Fund se espera para finales de 2011.  Pero Merigó ya está analizando las primeras oportunidades para invertir los 700 millones ya levantados. El Fondo Marguerite tiene una estructura de SICAV luxemburguesa (SICAV-FIS) con una forma societaria de sociedad anónima. La gestión y administración del fondo son responsabilidad del consejo de administración  compuesto por un representante de cada SP (socio promotor), dos del equipo gestor y tres expertos independientes (pendientes de ser designados).

Los representantes del equipo gestor y los expertos independientes formarán el comité de inversión de cinco miembros que tomará de forma individual las decisiones de inversión y desinversión. Los SP carecen de representación en este comité  para así dotar de independencia a las decisiones de inversión, que se tomarán en función de la tasa de retorno objetivo del fondo.

Los inversores privados interesados en este vehículo deben saber que cada aportación será por un mínimo de 10 millones y que el periodo de vida es de 20 años. Durante los diez primeros, ningún socio promotor podrá transmitir sus acciones. La tasa de retorno neta del fondo (TIR en términos financieros) oscila entre el 10 y el 14%, según la citada documentación.

El 2020 Marguerite Fund quiere beneficiarse de la política de la Unión Europea, que se ha propuesto recortar el conjunto de las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 20% en 2020 respecto de los niveles de 1990, incrementar la eficiencia energética un 20% y aumentar la participación de energías renovables en el consumo energético hasta una media del 20% dentro de diez años.