Reggio’s

Ningún dirigente del PSOE se ha atrevido a reclamar a José Luis Rodríguez Zapatero una profunda remodelación del Gobierno en los órganos de dirección del partido, cuyas reuniones son una balsa de aceite en la que nadie osa cuestionar al líder. Pero de puertas afuera, y siempre en privado, muchos socialistas empiezan a clamar por una renovación ministerial de hondo calado para dar entrada a auténticos pesos pesados capaces de revitalizar un Ejecutivo políticamente esclerotizado. El problema es que, como reconocen esos mismos críticos, Zapatero no tiene banquillo para renovar su equipo con figuras de prestigio.

“No es un problema de ministerios, sino de nombres”, apunta un diputado socialista. “Se puede eliminar algún ministerio, como el de Vivienda, o incluso la vicepresidencia tercera de Manuel Chaves… Pero, ¿qué se consigue con eso? Más allá de un gesto simbólico de austeridad, el ahorro sería insignificante. Lo que muchos compañeros quieren es ver a gente de peso como Alfredo Pérez Rubalcaba o José Blanco, o a los dos, como vicepresidentes políticos. No hay mucho más donde elegir, ni dentro ni fuera del partido”, añade.

Muchos de los ministros y dirigentes socialistas mejor valorados abandonaron el barco antes de tiempo o fueron arrojados por la borda: Pedro Solbes, Juan Fernando López Aguilar, Jordi Sevilla, Ramón Jáuregui… Y los independientes fichados por Zapatero en la llamada sociedad civil se marcharon desencantados o resultaron ser un completo fiasco: el escritor César Antonio Molina -y su sucesora en Cultura, la cineasta Ángeles González-Sinde-, el científico Bernat Soria, el catedrático Ángel Gabilondo y su fracasado pacto educativo…

La última reunión del Grupo Parlamentario Socialista, celebrada el pasado martes en el Congreso a puerta cerrada, fue un fiel reflejo de la esquizofrenia que parece haberse apoderado del partido: durante el encuentro, cierre de filas a la búlgara en torno a Zapatero; luego, en los pasillos, duras críticas en voz baja por la falta de credibilidad que atenaza al Gobierno y al PSOE y la escasa solidez de la mayoría de los ministros. Sólo dos diputados de la corriente Izquierda Socialista -José Antonio Barrio y José Antonio Pérez Tapias- se atrevieron a reclamar autocrítica y debate interno, pero fueron silenciados por miembros de la dirección. Antonio Hernando, responsable de Política Municipal en la Ejecutiva socialista, les respondió que “ahora no es el momento de discrepancias internas”.

Coordinación y comunicación

“Falla, sobre todo, la coordinación entre el Gobierno, el partido y el grupo parlamentario”, se lamenta otro diputado socialista. “Y falla estrepitosamente la comunicación. No se puede tomar una decisión, rectificar al día siguiente y no saber explicar ni una cosa ni la otra. La situación de Leire Pajín es insostenible, porque se ha quedado prácticamente sola y está muy enfrentada con Blanco. María Teresa Fernández de la Vega se ha quitado de enmedio en esa pelea de gallos y está muy quemada, y Elena Salgado y su equipo económico están en el punto de mira porque no dan la talla”, añade.

Hasta ahora, Zapatero y su equipo más cercano habían rechazado de plano que la crisis de Gobierno estuviera en la agenda política, pero ayer el líder socialista dio alas a los insistentes rumores que apuntan a una próxima remodelación. En su réplica a Mariano Rajoy durante la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso, el presidente admitió ayer que no tiene “inconveniente” en abordar una reducción del número de ministerios, como exigen varias iniciativas de la oposición aprobadas en el Congreso. De los actuales miembros del Gobierno, sólo Elena Espinosa, ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, se atrevió a valorar las palabras de Zapatero: “Debe actuar sin ningún tipo de presión ni influencia”, aseguró. Pese a su discreción y al escaso porcentaje de españoles que aseguran conocerla, o quizá gracias a ello, Espinosa es de los pocos ministros que ha logrado sobrevivir desde 2004 a los cambios del Ejecutivo.

“Algunos piensan en Javier Solana y Joaquín Almunia como dos puntales para reforzar la credibilidad de Zapatero, pero es un disparate creer que van a aceptar entrar en un Gobierno que está agotado para estrellarse ellos también”, sostiene un miembro del Comité Federal del PSOE. “Las únicas alternativas que le quedan a Zapatero”, añade, ”son echar mano de gente de la Ejecutiva, darle más peso a Carme Chacón, de la que se habla como posible portavoz, o repescar a José Antonio Alonso del grupo parlamentario”.

Seis remodelaciones

A Zapatero no le tiembla el pulso a la hora de despedir ministros. Hasta ahora, ha relevado a 17 de ellos, y si en 2010 repite crisis, sumará seis remodelaciones desde 2004. Del primer Ejecutivo sólo resisten Espinosa, De la Vega, Miguel Ángel Moratinos y Salgado, aunque la vicepresidenta primera y el titular de Exteriores suelen estar en casi todas las quinielas para abandonar el Consejo de Ministros.

Los barones territoriales tampoco constituyen una cantera de nombres para Zapatero. Fichó a Chaves como vicepresidente tercero con poco éxito, y ahora observa cómo los presidentes de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha o Cataluña tratan de fortalecer un perfil electoral propio a costa de criticar al Gobierno central o distanciarse de él. El castellanomanchego José María Barreda ha pedido a Zapatero que reduzca el tamaño de su Ejecutivo; el extremeño Guillermo Fernández Vara ha sugerido la sustitución de aquellos ministros sin credibilidad en el exterior, y el andaluz José Antonio Griñán argumentó recientemente que el hecho de que “Zapatero sea malo” no hace bueno a Rajoy.

Por si fuera poco, la estrella ascendente de los socialistas, Patxi López, también ha pedido a su líder que contraponga los duros recortes con otras iniciativas que puedan contentar a las bases de izquierda. Medidas como subidas de impuestos y creación de nuevas tasas, que ya han comenzado a tomar en cascada las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE.

A José Luis Rodríguez Zapatero se le suele acusar de tomar decisiones en solitario, así como de rodearse de pocos y complacientes asesores. Sin embargo, el presidente del Gobierno recurre frecuentemente a importantes expertos o ‘grupos de sabios’ para recopilar ideas sobre los más variados asuntos: el modelo de RTVE, el programa electoral socialista, la Alianza de Civilizaciones o la economía. El problema es que las reflexiones de los notables no suelen ser llevadas a efecto, más allá del revuelo mediático que despierta su paso por Moncloa o Ferraz. El último ejemplo lo puede conformar la reunión de este martes de Zapatero con Jacques Delors, Felipe González y Pedro Solbes para discutir sobre cómo sacar de la crisis a la Unión Europea.

Una cita vetada a los periodistas (sólo se permite una cobertura gráfica al inicio) y cuyo objetivo es intercambiar puntos de vista sobre los pasos que ha de dar la UE para contribuir a la recuperación de la economía y del empleo. Allí estará también Elena Salgado, pero faltará el quinto invitado, Joaquín Almunia, por problemas de agenda. Con esta reunión, Zapatero se estrena como presidente de turno de los 27, y desde Moncloa no se descarta que este tipo de convocatorias se repitan en los próximos meses.

No obstante, resulta llamativo que Zapatero recurra a su ex vicepresidente económico, a quien decidió sustituir por Salgado, para que le aconseje sobre cómo afrontar la crisis. De igual forma, sorprende la presencia de González, quien ha expresado repetidamente sus discrepancias con las políticas del Ejecutivo, aunque en noviembre estuvo presente en el mitin socialista de lanzamiento de la Ley de Economía Sostenible. Según informó ayer El País, la ronda de consultas incluirá a otros ex como Miguel Boyer, quien ya ha protagonizado un significativo acercamiento a Zapatero, acabando con años de frialdad hacia el PSOE y de flirteos con José María Aznar como patrono de FAES.

La afición del presidente del Gobierno por reunir ‘sabios’ comenzó en enero de 2004, cuando  encargó a 10 ‘notables’ la preparación de las primeras medidas de gobierno en caso de que el PSOE ganara las elecciones. Juan Carlos Rodríguez Ibarra, José Bono, Magdalena Álvarez, Carmen Calvo, Miguel Ángel Moratinos, Miguel Sebastián, Pedro Solbes, Carmen Alborch, Gregorio Peces-Barba y María Jesús San Segundo. Finalmente, los socialistas vencieron en las urnas y la mitad de los integrantes del grupo se convirtieron en ministros.

Premios Nobel para ganar las elecciones

Todavía en 2004, Zapatero creó el ‘comité de sabios’ para reformar RTVE, pero sus controvertidas conclusiones quedaron en papel mojado, mientras que  la definitiva transformación del ente público, igualmente polémica, ha tardado años en llegar. Un año después, el presidente del Gobierno propuso junto a Kofi Annan otro grupo de expertos para lanzar la Alianza de Civilizaciones. En 2007, Zapatero recuperó la idea de los ‘sabios’ como asesores electorales y reunió a 11 conocidos pensadores, incluyendo dos premios Nobel como Jospeh Stiglitz y Helen Caldicott. Pero el programa electoral del PSOE pronto fue superado por la avalancha de la crisis, y poco se ha sabido de las iniciativas de los 11 notables.

La quinta gran convocatoria tuvo como protagonistas a conocidos economistas, que acudieron en julio de 2008 a La Moncloa convocados por Javier Vallés, director de la Oficina Económica del Presidente. Estos responsables de los servicios de estudio de las empresas y entidades más prestigiosas analizaron los problemas que atravesaba la economía española, así como la falta de liquidez en el sistema financiero. Por entonces, Zapatero no aceptaba la existencia de la crisis, pero ahora que asegura que la recuperación ha comenzado, quizá tome nota de las recetas del trío de veteranos que forman Delors, González y Solbes.

José Luis Rodríguez Zapatero se revolvió desde una esquina del cuadrilátero y, herido por las críticas, se lanzó a un duro contraataque contra la clase empresarial, el Grupo Prisa, Florentino Pérez, Mariano Rajoy y todo aquel que se opone a su política económica. Fue durante su intervención final en el Comité Federal del PSOE, a puerta cerrada. El líder socialista no había recibido ninguna crítica de los suyos, sólo elogios y apoyos a su gestión, incluida la todavía desconocida subida de impuestos. En ese clima favorable, sin rastro de los “cobardes anónimos” que denuncia Rodríguez Ibarra, Zapatero sacó su mejor gancho para ajustar cuentas.

Su primer objetivo fue la clase empresarial, a quien acusó de pedir dinero público, y luego rechazar más impuestos. “Salimos al rescate del sector privado sobre-endeudado, y las empresas que tienen deudas de millones de euros critican que subamos los impuestos y nos dicen que los bajemos”, afirmó Zapatero, que presumió de que, al inicio de la crisis, el endeudamiento de empresas y familias era muy superior al del Estado. El presidente del Ejecutivo se metió en su papel de líder socialista para asegurar que “el discurso capitalista es el de la hipocresía, el Gobierno no debe intervenir en nada, pero todo depende del Gobierno”. De este modo, apuntó que el origen de la crisis no es otro que la falta de regulación sobre la economía de mercado.

Zapatero, que elogió en diversas ocasiones la “responsabilidad” de los sindicatos, centró sus reprimendas a los empresarios españoles. Su discursó pareció alcanzar la categoría de desahogo, después de la ruptura del diálogo social y las continuas críticas a su gestión procedentes del sector económico y financiero. “Parte del tejido empresarial destruido por la crisis era de cartón piedra”, indicó en referencia a los numerosos cierres de inmobiliarias. “Tenemos un problema de tamaño empresarial”, continuó Zapatero, “hay pocas grandes y medianas empresas, es un tejido muy atomizado como para ser competitivo”.

Por ello, el presidente del Gobierno avisó de que está pendiente la “reforma empresarial”, en contraposición al concepto de reforma laboral, un proceso para el que anunció que cuenta con el papel de los sindicatos. Precisamente, una de las obsesiones que mostró Zapatero en su discurso es la “paz” y la “estabilidad” social, para lo que necesita a las centrales sindicales. Por otro lado, el líder del PSOE culpó también a los empresarios del escaso desarrollo de la investigación y la innovación tecnológica.

A su juicio, la inversión pública en este sector es suficiente, y España está situada entre las “diez potencias científicas”, pero faltan emprendedores privados. “Nos faltan proyectos empresariales que incorporen la innovación, y que incorporen las patentes al tejido productivo”. El presidente del Ejecutivo criticó que “aquí el suelo ha sido petróleo”, pero reconoció su impotencia política: “¿Quién le pone límites a un ayuntamiento que va a recalificar? Y si lo pones, dicen que es una injerencia intolerable”. Zapatero animó a sus correligionarios a dar la batalla desde este enfoque ideológico porque es “un debate ganador”: “La gente sabe que si no hubieran salido los gobiernos a apoyar a las empresas, nadie sabe cómo podría haber acabado esto”.

Reconoce que improvisa: “¡Sólo faltaría!”

El presidente del Gobierno también comentó las críticas que viene sufriendo desde el Grupo Prisa y, concretamente, desde el diario El País. Encogiéndose de hombros para acentuar su ironía, aseveró: “Dos editoriales y tres tertulias lo cambian todo, y hacen que hoy suban compañeros a decir algo que no tenían previsto hace nueve días: ¡Que me apoyan!”. Asimismo, Zapatero quiso bromear acerca de las críticas dirigidas hacia su política de comunicación: “Tal y como es el panorama de los medios en nuestro país, y los resultados electorales que tenemos, creo que comunicamos bien. No comunicamos tan mal”. Sin embargo, el líder socialista tuvo que reconocer que su Ejecutivo improvisa, aunque trató de expresarlo de forma positiva, arguyendo que “el proyecto socialista tiene coherencia”, pero que gobernar “exige improvisar, ¡sólo faltaría!”.

Quizá para contrarrestar la imagen de improvisación que ha acompañado el anuncio de una subida de impuestos, Zapatero ofreció algunas pistas nuevas sobre su contenido. El líder socialista recalcó que quienes tienen más capacidad, deben aportar más. Aseguró que no va a “tocar el IRPF porque penaliza al trabajo”, y afirmó que “donde podemos recaudar de verdad es en las rentas altas”. Además, más de cinco años después de llegar al poder, Zapatero parece haber descubierto una clave de la fiscalidad española: “Los datos son escandalosos, los trabajadores tributan más que muchos empresarios”.

Florentino Pérez y “los que vienen en los cayucos”

Florentino Pérez fue una de las víctimas colaterales del discurso del presidente. Zapatero reconoció no comprender bien las singularidades del mercado de trabajo español, y desveló como ejemplo una conversación privada con el presidente del Real Madrid. “Nunca entendí que cuando había un 8% de paro, nadie encontrara trabajadores. Florentino decía que no encontraba un trabajador. Le pregunté que de dónde los podría sacar, y contestó que esos que vienen en los cayucos deben trabajar bien en la construcción”, reveló Zapatero.

Incidiendo en el mercado laboral, el líder socialista mostró su extrañeza porque sólo 28.000 persona hayan solicitado la ayuda de los 420 euros, cuando un número muy superior terminó el 31 de julio su prestación de desempleo. Unas insinuaciones que apuntan a la economía sumergida o que cuestionan el número real de parados en España.

“No va a pasar nada con el Estatut“

“No va a pasar nada con el Estatut. Confiamos en el trabajo que hemos hecho y confío en el Tribunal Constitucional”. Así de seguro se expresó Zapatero sobre la próxima sentencia del Alto Tribunal, y que indica un avance del llamado sector progresista de los magistrados que discuten en el seno del Constitucional.

Finalmente, el líder socialista se acordó de Rajoy para justificar ante los suyos que la verdadera agenda política en España la está marcando el Gobierno. “Claro que llevamos la iniciativa, si ya critican la ley de economía sostenible y no la ha leído nadie porque no está acabada”, ironizó. Sobre el líder del PP, se preguntó: “¿Alguien debate sobre una propuesta de Rajoy? ¿Qué recordamos de Rajoy? Un vídeo en la playa, esa es su aportación a la crisis”.

Y es que Zapatero quiso levantar el ánimo de los responsables del partido, y acallar las dudas surgidas tras las derrotas en Galicia y las Europeas, así como con el retroceso en las encuestas. Por ello, llamó a comprometerse con los valores del PSOE, y pidió que no se hable de candidatos a los comicios municipales de 2011 hasta que pase la presidencia española de la Unión Europea. Para entonces, verano de 2010, Zapatero espera que los signos de recuperación sean lo suficientemente evidentes como para impulsarle de nuevo electoralmente. Una previsión cargada de optimismo, aunque coherente con una las frases qué mas repite en sus discursos: “Lo peor de la crisis ha pasado”.

José Luis Rodríguez Zapatero se examina este sábado ante sus correligionarios de partido con motivo de la reunión del Comité Federal, máximo órgano del PSOE entre Congresos. El líder socialista se presenta en Ferraz con la obligación de acallar las críticas internas que se vienen reproduciendo en las últimas semanas, así como con la necesidad de convencer a los suyos de que su proyecto político continúa vigente.

El presidente del Gobierno dejará en Moncloa su traje institucional y apelará ante los suyos a los valores socialdemócratas para justificar las líneas maestras de su política contra la crisis. Zapatero pretende cerrar filas y exhibir una imagen de respaldo de todo el partido a su gestión. Para ello, tratará de explicar medidas como la previsible subida de impuestos, y de liderar la campaña de pedagogía que haga más digerible al electorado este tipo de decisiones polémicas.

Buena parte de las críticas internas en el PSOE se refieren a los problemas del Ejecutivo para comunicar de forma clara y ordenada sus planes económicos. Por ello, los miembros del Comité Federal esperan que Zapatero aclare por qué los socialistas deben defender abiertamente un aumento de la presión fiscal o del gasto público, frente a las demandas del PP para que se rectifiquen estas políticas hacia una senda de austeridad y menor presión fiscal.

En este sentido, Zapatero insistirá en que el gasto público es imprescindible para mantener la protección social y los nuevos subsidios,  y que medidas como los 400 euros o el Plan E sirvieron para aliviar la situación en un momento concreto de la crisis. Previsiblemente, el líder socialista volverá a subrayar que lo peor ha pasado, aunque lanzará el mensaje a los parados de que la creación de empleo constituirá su verdadero indicador de la recuperación.

Zapatero reclamará también a los suyos un esfuerzo para hacer realidad la ley de economía sostenible. La esperanza de un cambio de modelo  productivo ocupa actualmente uno de los ejes del discurso del presidente del Gobierno, y le servirá para conectar con la sensibilidad medioambiental y de cohesión social que se presupone a las bases socialistas. En este sentido, Zapatero suele apelar al compromiso con la mejora de las condiciones de vida de los más débiles como uno de los objetivos de de su Gobierno.

Elección de candidatos a las municipales y autonómicas

Tras el discurso del secretario general llegará el turno de las peticiones de palabra, donde se medirá el grado de descontento instalado en el partido, así como la valentía de los diversos dirigentes para matizar o contradecir a su líder. Es habitual que durante un Comité Federal, a puerta cerrada,  se produzcan más de una docena de intervenciones, pero el caldeado contexto político y económico en que se celebra este cónclave hará que cada petición de palabra cobre una mayor relevancia.

El calendario para la designación de candidatos a las próximas elecciones autonómicas y municipales protagonizará algunas de estas intervenciones. Desde Andalucía y Madrid se reclamará a Zapatero que acelere este proceso del mismo modo que está haciendo la dirección del PP. El objetivo es que los candidatos tengan tiempo suficiente para prepararse y darse a conocer en plazas electorales tan complicadas como la capital de España. Quien también hablará es Leire Pajín, ya que, como secretaria de organización, le corresponde presentar el informe de gestión del partido. Un documento que le servirá para destacar las iniciativas llevadas a cabo por cada secretaría de la formación.

Otra de las dudas que despejará este cónclave socialista es si Zapatero ha logrado recuperar el tono y el ánimo suficiente para afrontar el periodo más duro de su mandato. El presiente del Gobierno ha perdido buena parte de los apoyos que logró aglutinar para llegar a la Moncloa y ser reelegido, incluidos los mediáticos, y en el último debate parlamentario ante Mariano Rajoy se mostró menos enérgico que de costumbre. A todo ello hay que añadir la baja por enfermedad de la vicepresidenta De la Vega, que acumula buena parte de la responsabilidad y de la acción de gobierno.

Diversos dirigentes del PSOE y del Grupo Parlamentario Socialistas se han apresurado en los últimos días a desmentir cualquier discrepancia interna. José Blanco, vicesecretario general del partido, aseguró ayer que la única preocupación en el PSOE es contribuir a la salida de la crisis, y señaló que el Comité Federal será “positivo y de mirada hacia delante”. Una consigna que adelanta el público cierre de filas que tanto caracteriza a los partidos políticos españoles.

La crisis está demostrando su capacidad destructiva sobre la economía, pero también sobre el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero. El presidente del Gobierno ha perdido en los últimos meses una buena parte de los apoyos que logró aglutinar para llegar a la Moncloa y para ser reelegido. La renuncia de Pedro Solbes a su escaño marca el fin de una etapa en la que el viejo PSOE convivía en armonía con el nuevo de Zapatero. Un divorcio al que se unen economistas de carácter progresista que no respaldan la gestión del Ejecutivo, la táctica ofensiva del grupo Prisa y voces críticas de todo el espectro económico, social y político.

La dureza de la recesión, en contraste con el optimismo de Zapatero, ha llevado a notables economistas cercanos a Moncloa a distanciarse de las tesis oficiales. Emilio Ontiveros, presidente de Analistas Financieros Internacionales, sostiene que España saldrá más tarde de la crisis que otros países desarrollados, y se opone a subir impuestos en el actual contexto económico. Mientras, el Gobierno mantiene que “lo peor ya ha pasado”, y que no hay más remedio que aumentar la fiscalidad para aplacar el déficit.

Santos Miguel Ruesga, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid y consejero de UGT en RTVE, tachó, en declaraciones a El Confidencial, de “estrambótica” la devolución de los 400 euros, que ahora el Gobierno parece haber decidido eliminar. Ruesga, que ha participado en la elaboración de los programas electorales del PSOE, defendió las líneas principales de la gestión económica, aunque matizó que el gasto público debería dirigirse a incentivar sectores relacionados con la innovación y el cambio de modelo, y menos hacia el ladrillo. En cuanto a la subida de impuestos que prepara el Ejecutivo, el catedrático advirtió que la subida del IVA debería ser el último recurso, y que una política progresista consistiría en subir el IRPF a las rentas más altas.

El profesor de la IESE Businness School Javier Díaz-Giménez, quien formó parte de la Oficina Económica de Moncloa,  representa la distancia que separa el discurso técnico de buena parte de los economistas independientes con el que sostiene el Gobierno. Para Díaz-Giménez, desde la marcha de Solbes se ha perdido la idea clásica de que el gasto tiene límites, que antes o después hay que pagar con impuestos. “Ahora no se sabe quién es el verdadero cerebro de la política económica”, señaló a este diario.

Díaz-Giménez, firmante del manifiesto por una reforma laboral, y que defiende la participación de los economistas en el debate público, tildó de “poco serios y rigurosos” los planes de más gasto público y más impuestos. De acuerdo con este analista, Zapatero no parece haber previsto que la recuperación de Francia, Alemania y otros países pude llevar al Banco Central Europeo a subir los tipos, provocando que España se quede rezagada y a contrapié, con una política monetaria contraria a sus necesidades.

Voces críticas en el PSOE

El malestar en el seno del PSOE por el rumbo de la política económica ha sido un ruido de fondo en las últimas semanas, aunque algunos destacados socialistas se han atrevido a criticar públicamente las propuestas de Zapatero. El consejero de Economía de la Generalitat, Antoni Castells, acusó al Gobierno de no “coger el toro por los cuernos” y tachó de “inapropiada” la subida de impuestos anunciada por el Ejecutivo. Por su parte,  el presidente catalán, José Montilla, también se mostró contrario a una subida de impuestos y reconoció la gravedad de la crisis antes que Zapatero.

Otros, como los miembros de la vieja guardia del PSOE, prefieren hacerlo en privado. No obstante, la emigración de Jordi Sevilla o Solbes, junto a otros como David Vegara o David Taguas, han restado potencia intelectual al entorno de Zapatero. Joaquín Almunia se ha convertido desde Bruselas en el involuntario portador de las peores noticias económicas para España, mientras que Felipe González, Joaquín Leguina y Gregorio Peces Barba han expresado en diversas ocasiones sus diferencias con el presidente del Gobierno.

Prisa contraataca

El apoyo de los medios de comunicación al Gobierno de Zapatero también ha padecido un importante revés. Con su apuesta por Mediapro, el líder socialista ha provocado que la consigna en el grupo Prisa sea castigar al Ejecutivo por su política económica. Los mismos tertulianos que en torno a Ángels Barceló defendían en la Cadena SER la estrategia contra la crisis de Zapatero, se han convertido en sus detractores.

El cambio editorial del El País ha tenido eco incluso en el The New York Times. La portada del suplemento económico del 6 de septiembre es una de las más duras que el diario de Prisa ha dedicado a un Gobierno del PSOE, y la tregua parece lejos de alcanzarse. A la lluvia de rapapolvos se ha sumado la prensa internacional, con el semanario The Economist a la cabeza. Unas circunstancias muy difíciles en las que Zapatero deberá luchar por recuperar aliados, y sobrevivir a lo que queda de legislatura. Todo un reto en el que se juega algo más que su sonrisa.

¿Acabaría con la prostitución que el Código Penal castigara a los clientes? La Fundación Alternativas, afín al PSOE, cree que sí, por lo que propone endurecer la legislación y perseguir a la clientela como si de proxenetas se tratara. En la última semana, la prostitución ha vuelto a saltar de la calle a los medios de comunicación y al debate político. Las fotografías publicadas por El País, en las que se observaba el ejercicio de esta práctica en pleno centro de Barcelona, y la propuesta de Iniciativa per Catalunya de reservar algunas calles de la ciudad para las prostitutas, han evidenciado la ausencia de liderazgo del Gobierno a la hora de afrontar este problema.

Y es que, tras cinco años en el poder, el Ejecutivo socialista no ha desarrollado ningún plan para acabar con el vacío legal en el que se mueven unas 500.000 prostitutas en España, y ha delegado en los ayuntamientos y comunidades su regulación. La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, cuestionada el pasado viernes tras el Consejo de Ministros, eludió el asunto señalando que es “complejo”, y que el Gobierno “ha estado trabajando” según las indicaciones del Congreso. Se refería De la Vega a la comisión de estudio que en 2007 recomendó, entre otras cosas, luchar contra las mafias y la explotación, sensibilizar para reducir la demanda, y formar a las fuerzas de seguridad.

Las conclusiones de este informe parlamentario advierten que la regulación laboral de la prostitución “tendría graves problemas jurídicos, tanto en materia de derechos fundamentales, como laborales y de contratación civil”. En esta línea, la Fundación Alternativas, think tank de carácter progresista, defiende la ilegalización y la penalización de la clientela, siguiendo el modelo implantado en Suecia, para lograr la abolición de la prostitución.

De acuerdo con este estudio del catedrático en Derecho Pedro Brufao Curiel, “el cliente es el mayor prostituidor”, por lo que el Código Penal debería incluir al cliente como “responsable penal”, “como principal autor de estos delitos, cuya responsabilidad va pareja a la del rufián o la del proxeneta”.

“Defendemos la idea de que la legalización sólo haría aumentar la incidencia de la prostitución en sus víctimas, pues, como se ha demostrado en el caso de Holanda, tampoco con esta medida se ha logrado reducir el número de prostitutas”, señala la Fundación, que considera “estéril el debate entre prostitución voluntaria u obligada”, dada la vinculación entre violación de los derechos humanos y prostitución.

Pero en la izquierda no todos comparten esta idea. El grupo de IU, ERC e ICV promovió en 2008 en el Congreso la regulación de la prostitución voluntaria. La iniciativa reivindicaba la “existencia de una visión voluntarista del trabajo sexual”, por lo que abogaba por su inclusión en el marco de protección del Régimen Especial de Seguridad Social de los Trabajadores Autónomos.

Regulaciones autonómicas y municipales

Ante la falta de iniciativa del Gobierno, ayuntamientos y comunidades autónomas han aprobado diversas medidas para regular la prostitución. Bilbao aprobó en 1999 una ordenanza que establece la distancia entre burdeles, sus condiciones higiénicas y el requisito de poseer una licencia municipal. Algo similar hizo Cataluña al regular sobre las condiciones y horarios de los burdeles.

La Comunidad Valenciana obligó a los locales de alterne a tributar dentro del registro de locales o inmuebles de pública concurrencia, y a solicitar una autorización previa. Mientras que en Madrid aumentó la presión policial en calles céntricas como Montera, junto a la Puerta del Sol, pero los vecinos y comerciantes continúan denunciando la presencia de prostitutas y proxenetas en la vía pública.

Sin noticias del PSOE

El PSOE no se pronunció sobre la regularización de la prostitución en su último programa electoral, aunque aludía a “un modelo social que luche por la desaparición de las causas que obligan a las mujeres a prostituirse”. Sin embargo, se comprometió a elaborar un plan contra la trata de mujeres y a promover un “código de autorregulación” entre los periódicos para suprimir los anuncios de contactos sexuales.

La mayoría de los diarios de papel sigue publicando anuncios de prostitución, pero el Ministerio de Igualdad sí puso en marcha a finales de 2008 el Plan Integral contra la Trata de Seres Humanos. Una iniciativa con la que no se atrevió a encarar la prostitución de un modo global, y que mantiene la incertidumbre sobre medio millón de prostitutas e incontables clientes.

José Luis Rodríguez Zapatero ha cambiado su forma de gobernar desde que fue reelegido en 2008. El “talante” ha dejado paso a un estilo más autoritario en que el Ejecutivo trata de legislar esquivando el debate parlamentario. En la presente legislatura, y a diferencia de lo que ocurrió entre 2004 y 2008, el número de decretos aprobados por el Gobierno supera holgadamente al número de leyes acordadas en el Congreso de los Diputados. Además de los polémicos decretos sobre la TDT de pago y la ayuda mensual de los 420 euros, el Ejecutivo ha sacado adelante 22 decretos frente a 14 leyes.

La figura del Decreto Ley se recoge en la Constitución como una medida que los gobiernos pueden adoptar en caso de “extraordinaria y urgente necesidad”, y que debe ser convalidada en el Congreso. Sin embargo, los diputados no pueden modificar o corregir el contenido que envía el Ejecutivo, sino que se limitan a dar su conformidad o derogarlo. De este modo, aunque la materia no sea realmente urgente, el Gobierno utiliza esta vía para aprobar sus iniciativas evitando una amplia discusión o negociación en el Parlamento.

Durante la primera legislatura de Zapatero, el número de leyes aprobadas en el Congreso fue considerablemente superior al de decretos convalidados, pero en el último año ha sucedido lo contrario. A  los 22 decretos con rango de  ley ya convalidados hay que añadir los múltiples reales decretos que el Ejecutivo resuelve a través de los diferentes ministerios. Un cambio que se puede explicar por la mayor debilidad parlamentaria del PSOE y por una agudización del estilo presidencialista de Zapatero.

El descenso en el número de leyes aprobada es especialmente significativo en el caso de las orgánicas, aquellas que se refieren a derechos fundamentales, instituciones o régimen electoral. En la presente legislatura sólo se han aprobado dos leyes orgánicas, ambas para adaptar normas europeas como el Tratado de Lisboa. Sin embargo, sólo en 2007, fueron 16, cuatro de ellas relativas a los nuevos estatutos de autonomía.

Los fiascos de la TDT de pago y de la prestación de 420 euros

Pero el recurso continuo a los decretos ley ha acabado por crearle problemas a Zapatero. La elección del Consejo de Ministros del 13 de agosto para aprobar la prestación de los 420 euros y la normativa de la TDT de pago ha resultado contraproducente para los intereses del Gobierno. Zapatero ha visto como los medios del Grupo Prisa, con Juan Luis Cebrián a la cabeza, cargaban contra el Ejecutivo, y los socialistas tendrán que buscar ahora contrapartidas para convencer a CiU de que apoye en el Congreso el decreto.

La prestación para desempleados que han perdido la cobertura constituye otro ejemplo de los problemas a los que se enfrenta el Gobierno por elegir la vía del decreto ley. Tras el descontento social generado, Zapatero tuvo que anunciar públicamente que se modificaría el decreto ya aprobado en Consejo de Ministros para que pudiera beneficiar a un número mayor de parados.

El Gobierno se ha visto obligado a negociar a posteriori con los sindicatos y los grupos de izquierda, perdiendo, de paso, la exclusiva paternidad de la ayuda. Finalmente, se votará como proyecto de ley y no como decreto, aunque todavía no está fijada la fecha de su tramitación. El PSOE ha rechazado que se lleve al Parlamento esta semana, por lo que los desempleados tendrán que tener paciencia.

La propuesta de José Blanco para subir los impuestos a los ciudadanos con mayor renta afectaría, al contrario de lo que cabría esperar, a más votantes del PSOE que del PP. Si finalmente se lleva a cabo este incremento fiscal, los socialistas se arriesgan a ahuyentar a una parte importante de su electorado en un momento en que no le sobran apoyos. Otras medidas polémicas, como el contestado subsidio de los 420 euros, y el anuncio de que se podrían congelar los salarios de los funcionarios, también pueden espantar a una significativa cantidad de electores que se declaran socialistas.

De acuerdo con el barómetro del CIS, que en julio situó al PP por delante del PSOE en intención de voto, el 28,2% de los votantes de clase alta y media-alta se identifican con los socialistas, mientras que sólo un 18,7% daría su voto a los populares. De hecho, en cuanto a ubicación ideológica, el 46,2% de las personas con mayor renta se declaran de izquierdas; un 28,9% se sitúa en el centro; y sólo un 13,9% admite ser de derechas.

Curiosamente, la clase alta y media-alta es más de izquierdas que las clases medias u obreras. Según estos datos, un aumento de la presión fiscal sobre los que más ganan, más allá de su discutida efectividad sobre la recaudación, alejaría a más votantes del PSOE de los que podría atraer por su cariz progresista. Quizá por ello, Blanco se apresuró a matizar que se trataba de una reflexión personal y no de un plan del Ejecutivo.

Sin embargo, el ministro de Fomento y vicesecretario general del PSOE volvió a la carga con sus reflexiones abogando por una contención salarial para los funcionarios. Una idea que no ha caído bien entre los trabajadores de la Administración, que en su mayoría se decantan por el PSOE. La mayor parte de los funcionarios se encuadran en las categorías de técnicos y cuadros medios, y empleados de oficinas y servicios. Ambos sectores aparecen en el CIS como caladeros socialistas, ya que cerca del 30% votarían al PSOE, mientras que sólo entre el 16 y el 22% lo haría por el PP.

Mensaje a los parados

El tercer pilar electoral al que los socialistas se han dirigido en las últimas semanas es el que conforman los parados. El Gobierno lanzó el nuevo subsidio de los 420 euros para los desempleados sin prestación, pero lo que debía haber funcionado como una muestra de la sensibilidad social del Ejecutivo se convirtió en confusión y enfado cuando miles de parados descubrieron que no tenían derecho a la ayuda. Un descontento que los socialistas tampoco deben minusvalorar, ya que el 29,3% de los parados afirman ser votantes del PSOE,  frente al 23,6% que apoya al PP.

Pero, al margen de los avisos veraniegos de Blanco, será en los próximos meses, con la prometida revisión de todos los impuestos y la negociación los Presupuestos Generales, cuando se constate si Zapatero define su programa político en función de las encuestas de opinión o de las necesidades reales de la economía española.

El Gobierno puso en marcha ayer otra de las ayudas a los desempleados prometidas por José Luis Rodríguez Zapatero, pero, como ya sucedió con el subsidio de 420 euros, su publicación en el BOE ha rebajado considerablemente el alcance de la medida. Se trata de la financiación de másters a titulados universitarios de entre 25 y 40 años que se encuentren sin trabajo. Lejos de estar disponibles para todos los parados en estas circunstancias, los requisitos excluyen a todos aquellos que no tengan derecho a recibir la prestación por desempleo, o que ya la hayan agotado.

De este modo, los titulados universitarios que, dadas las dificultades del mercado de trabajo, no han cotizado lo suficiente como para tener derecho a un subsidio, así como aquellos que ya han perdido la cobertura, no podrán completar su formación con un posgrado a cuenta del Estado. Un detalle que Zapatero pasó por alto durante el pasado debate sobre el estado de la Nación, cuando lanzó esta nueva ayuda en el marco de una batería de propuestas económicas con las que consiguió sorprender a la oposición.

Para financiar esta medida, el Ejecutivo ha destinado 70 millones de euros, a los que se sumarán otros 21 millones que próximamente se distribuirán entre las comunidades autónomas. Sin embargo, el Gobierno admite que con este presupuesto es posible que ni siquiera se puedan atender todas las solicitudes de parados que cumplen las condiciones establecidas.

Por ello, el Gobierno ha previsto que si el número de peticiones supera al de ayudas convocadas, éstas se adjudicarán “de forma inversamente proporcional a la renta per cápita del solicitante, ponderada con un coeficiente corrector en función de su edad”. Y es que la financiación de los subsidios anunciados por Zapatero está suponiendo un verdadero quebradero de cabeza para el Ejecutivo, hasta el punto de que José Blanco advirtió ayer de una posible subida de impuestos a las rentas más altas.

Una ayuda pensada para los más “desprotegidos”

El Gobierno no ha avanzado cuántos parados podrían acogerse a esta ayuda, aunque los interesados deberán darse prisa en decidirse: el plazo acaba el próximo 30 de octubre. De acuerdo con el estudio de coyuntura laboral del Ministerio de Trabajo, en mayo, el número de parados con educación superior ascendía a 667.000, lo que suponía el 16,6% del total. Según estos mismos datos, los parados entre 25 y 44 años rozaban, el pasado junio, los dos millones.

La ayuda para que los parados puedan cursar másters sin pagar la matrícula se suma a la polémica por el subsidio de 420 euros destinado a los desempleados sin cobertura. Tras el malestar social generado y el aluvión de críticas que cayó sobre el Gobierno, Zapatero se comprometió el miércoles a estudiar el modo de extender la medida a parte de los casi 600.000 parados que quedaron excluidos.

Ahora, esta nueva ayuda académica, prevista para “las personas desempleadas que se encuentran más desprotegidas” ante la “actual situación económica desfavorable” incide en la ambigüedad de las promesas de Zapatero.  Y es que aquellos parados sin cobertura se muestran, a priori, más desprotegidos que aquellos que sí cobran el subsidio por desempleo.

La indignación de cientos de miles de parados y la presión de los sindicatos llegaron ayer hasta Lanzarote, interrumpiendo las dilatas vacaciones de José Luis Rodríguez Zapatero. El presidente del Gobierno reaccionó a las críticas prometiendo estudiar la extensión del subsidio de 420 euros a un mayor número de desempleados sin cobertura. Pero corregir el decreto que el Ejecutivo aprobó el pasado jueves no le saldrá gratis al erario público. De hecho, universalizar la ayuda a todos los parados que ya no reciben prestaciones costaría más de 2.000 millones de euros. Casi cuatro veces más de lo previsto inicialmente por el Gobierno.

El Ejecutivo no ha tardado ni una semana en plantearse cambiar su medida económica estrella del verano, dada la insatisfacción social que ha generado. Al nuevo programa de protección por desempleo sólo pueden optar quienes dejen de percibir el subsidio entre el 1 de agosto y el 15 de febrero de 2010. El resto, por ahora unas 570.000 personas, según CCOO y el Gobierno, quedan fuera. Por tanto, otorgar la ayuda de 420 euros durante seis meses a este grupo de parados significaría un desembolso extra para el Estado de 1.436 millones de euros. Una cantidad a la que habría que sumar los 640 millones ya previstos por el Gobierno.

En total, casi 2.100 millones, una elevada cifra que el Ejecutivo trató de reducir restringiendo los posibles beneficiarios, pero que ahora parece estar dispuesto a asumir. “La sensibilidad social y las necesidades de las familias es lo que más cuenta para este Gobierno y para mí y, por tanto, con la evaluación que exige estamos dispuestos, dialogando con los sindicatos, a hacer más eficaz la medida y la prestación desde el punto de vista social, y que abarque al número de personas que lo puedan necesitar”, afirmó Zapatero.

Pero hay que tener en cuenta que esta nueva ayuda no caducará automáticamente a los seis meses, sino que se mantendrá mientras la tasa de paro no baje del 17%. Así, los más de 2.000 millones de gasto se multiplicarán por tantos meses como España tarde en volver a crear empleo a buen ritmo. Actualmente, la tasa de paro dobla la media de la zona euro, con un18,1% de la población activa sin trabajo. Un panorama desalentador para el presupuesto del Sistema Público de Empleo Estatal, de donde proviene la partida para el nuevo subsidio.

“Cuanto más se retrotraiga, mejor”

Quizá por las consecuencias presupuestarias de la extensión de la medida, Zapatero se mostró cauto a la hora de apuntar una nueva fecha como inicio para cobrar la ayuda. “Vamos a reunirnos con los sindicatos para evaluar los primeros días de lo que va a ser la entrada en vigor de la medida. Evaluaremos con ellos si el decreto en sus términos es adecuado y, en función de ello, si hay que hacer una modificación, la haremos”, explicó el presidente del Gobierno.

Sin embargo, los sindicatos ya han dejado claro que la medida es insuficiente y reclaman que sea retroactiva. Paloma López, secretaria de Empleo de CCOO, manifestó ayer que “cuanto más se retrotraiga, mejor”, mientras que UGT reclama que se establezca el 1 de enero como fecha para comenzar a cobrar el subsidio. Los sindicatos esperan ahora a que el Gobierno convoque una reunión para fijar las nuevas condiciones para obtener la ayuda, aprovechando el compromiso que ayer adquirió Zapatero.

El verano, con la mayoría de los actores políticos de vacaciones, es una época propicia para la aparición de noticias exóticas. Pero este agosto, el PP ha decidido situarse en el centro de la actualidad con una denuncia capaz de dinamitar al Gobierno y  los pilares del Estado. Para ello es necesario que se cumplan dos condiciones: que las acusaciones sean ciertas, y que alguien las recuerde pasada la frontera del 15 de septiembre.

Los populares podrían haber aprovechado el vacío informativo para presentar sus alternativas a la política económica del Gobierno, pero han preferido advertir a la ciudadanía de un hecho gravísimo: el Ejecutivo de Zapatero está utilizando todos los instrumentos del Estado para perseguir a la oposición. Los socialistas han emprendido una cruzada contra el PP y no reparan en gastos: escuchas telefónicas, filtraciones ilegales, uso partidista de la Fiscalía y la Policía Judicial… Todos los medios parecen pocos para detener el ascenso de los populares en las encuestas de intención de voto.

Con estos ingredientes, el último culebrón del verano aspira a convertirse en un clásico de la política española. Pero hay un problema. La narración se ha estancado, no aparecen nuevos elementos que hagan avanzar el relato, y el desenlace se presume incierto. Sin conocer los nombres de los protagonistas, ni vislumbrar prueba alguna, es difícil dejarse seducir por esta historia de espionaje. Aún así, sus creadores sostienen que se trata de un éxito de audiencia. “Los ciudadanos saben que el PP es objeto de escuchas telefónicas y persecución”, aseguró el martes Ana Mato.

Para los dirigentes populares no es necesario dar más detalles de las escuchas, basta con leer lo que se ha publicado en algunos periódicos o ver algún que otro programa de televisión. Al fin y al cabo, se trata de un Gobierno del PSOE y, por tanto, con antecedentes. Las escuchas ilegales ya provocaron en 1995 la dimisión del entonces vicepresidente Narcís Serra, del ministro de Defensa Julián García Vargas, y de la cúpula del CESID. Este año, el PP no ha necesitado denunciar ni un mísero ‘pinchazo’ para obtener la cabeza de un ministro de Justicia y de un director del CNI. ¿Por qué parar ahora?

En el PP se cree en el derecho a la legítima defensa. Si la maquinaria judicial se activa para perseguir las tramas de corrupción que manchan las siglas populares, en lugar de apuntar a socialistas como Manuel Chaves, hay que hacer algo. Pero, ¿dónde? Las diversas denuncias presentadas ante los tribunales contra los jueces instructores y las filtraciones suelen acabar archivadas. Sigue en marcha la famosa denuncia del 24 de julio, donde se apunta a un posible delito de “intercepción ilegal de las comunicaciones”, aunque todavía no han presentado las pruebas al respecto. Esa investigación es trabajo de los jueces, vino a decir ayer Cospedal. Pero, ¿y si De la Vega ordena que no se investigue? Entonces la cosa se complica.

Al PP le queda la Unión Europea y el Congreso de los Diputados. La internacionalización de las denuncias sigue siendo una incógnita, pero el Parlamento abordará el asunto el próximo martes. Los populares pretenden interpelar en la Cámara a Rubalcaba, De la Vega y Conde-Pumpido. Y es que mientras la investigación del caso Gürtel se alarga y complica lo suficiente como para que los ciudadanos bostecen, el PP maneja su papel de víctima para atacar al Gobierno.

Pero se acaba el verano, e incluso los populares tienen otros planes para el comienzo de curso. La previsión es que, agotada la vía de las denuncias de acoso en ruedas de prensa clónicas y sin datos, el PP se lance a la conquista del mercado político con nuevas ofertas. La agenda del PP para los dos primeros meses rebosa de grandes citas: proclamación de Alicia Sánchez Camacho como candidata catalana, reunión de alcaldes, cumbre de presidentes provinciales, acto por el municipalismo, Convención Nacional del partido en Cataluña, encuentro de consejeros de Sanidad, y diversas reuniones de la dirección del partido, con Mariano Rajoy al frente. Una completa agenda que sólo un pinchazo podría torcer.

Se trata del proyecto estrella del Gobierno para la presente legislatura, que lo presenta como la hoja de ruta para cambiar el modelo productivo y salir de la crisis económica. Sin embargo, la nueva ley de economía sostenible no pasa de ser, por el momento, un refrito de antiguas promesas del PSOE. El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero está calcando párrafos de su programa electoral de 2004 y de las declaraciones de intenciones acordadas en el diálogo social para elaborar el proyecto.

Zapatero lanzó su propuesta de economía sostenible el pasado mayo, durante el debate sobre el estado de la Nación, consiguiendo retomar la iniciativa en un momento de fuerte desgaste por su gestión de la crisis. Para ello comprometió un fondo de 25.000 millones, que incluía un nuevo Plan E destinado a proyectos medioambientales, de innovación y de servicios sociales. Tres meses después, el Consejo de Ministros aprobó el jueves el primer informe sobre la futura ley, que retoma, en esencia, medidas ya comprometidas en documentos previos.

De hecho, en su programa de 2004, los socialistas recogieron su apuesta por “un modelo de crecimiento equilibrado, duradero”, basado en “la cohesión social y la sostenibilidad ambiental”. El PSOE acusaba al PP de haber convertido “el desarrollo sostenible en pura retórica vacía de contenido”, y se comprometían a pasar “de la retórica a la acción”, “mediante medidas concretas con un modelo de desarrollo más justo, más responsable, más duradero y más saludable”. Los socialistas aseguraban entonces que la innovación crea empleo, permite un mayor nivel de renta y bienestar.

En 2008, el PSOE presumió en su programa de haber desarrollado “un nuevo modelo de crecimiento”, reflejado en “un fuerte aumento de la inversión en capital físico, tecnológico y humano”. El texto socialista establecía el compromiso de propiciar “un entorno que anime a convertir las ideas en empresas, donde la innovación sea una práctica más que una retórica”. Y se comprometía a impulsar la internacionalización de la PYMES y su acceso a las nuevas tecnologías.

El PSOE había olvidado este discurso fuera del periodo electoral, hasta que Zapatero lo rescató como piedra angular de su política contra la crisis. De acuerdo con la información facilitada tras el último Consejo de Ministros, la nueva ley recupera la retórica de la economía basada en la innovación, “con herramientas respetuosas con el medio ambiente y en un entorno que favorezca el empleo de calidad, la igualdad de oportunidades y la cohesión social”. Según Moncloa, la nueva ley impulsará la “internacionalización de las empresa, sobre todo de las PYMES”.

Copia de  las declaraciones del diálogo social

Otro aspecto del texto se refiere a al empleo de calidad y a la Formación Profesional. Algo que ya ha sido tratado en el diálogo social en los últimos años. En la declaración firmada por los agentes sociales en 2004, ya se apuntaba al “desarrollo económico, de calidad en el empleo, de bienestar social, de cohesión territorial y de sostenibilidad ambiental”. Para ello, cita la necesidad de adoptar políticas para preservar el medio ambiente e implantar la sociedad del conocimiento. Cuatro años más tarde, la nueva declaración de empresarios y sindicatos volvía a señalar la urgencia de un “modelo productivo que apueste por la innovación, el desarrollo tecnológico y el valor añadido”. Además, se aludía a la formación profesional y a la inversión en capital humano.

El Gobierno de Zapatero recupera así un marco de referencia político que ha aparecido ya en varias ocasiones durante los últimos cinco años, sin que el tan anhelado cambio de modelo productivo se haya llevado a efecto. A la espera de que se redacte la ley o se anuncien nuevas medidas, el PP ya ha tachado de “cascarón vacío” y de “ejercicio de propaganda” el proyecto. A juicio del portavoz adjunto de Economía del Grupo Popular, Álvaro Nadal, el Ejecutivo “elaborará una ley deprisa y corriendo que será una recopilación de medidas puestas en marcha con otro nombre, como suele hacer este Gobierno”.