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TRIBUNA: ECONOMÍA

La autora critica a la UE por su reacción tardía y cachazuda ante una crisis que amenaza con llevarla a la deriva. Subraya que Francia y Alemania deben asumir el liderazgo europeo para impulsar el necesario desarrollo normativo.

Han pasado casi dos años desde que estallara la crisis financiera con la quiebra del banco estadounidense Lehman Brothers y el colapso de Wall Street (septiembre de 2008). Desde entonces, las cumbres del G-20 se han sucedido cada seis meses con acuerdos tan abiertos y débiles que se los ha ido llevando el viento. Nadie podía esperar que de un mecanismo político multitudinario, que no multilateral, resultaran acuerdos de carácter coercitivo. Pero cabía esperar de la voluntad de sus miembros una aplicación coherente y adaptada de sus limitados consensos a las peculiaridades de cada situación.

Y dado que la crisis financiera y la de la economía real ha golpeado a Europa más que a ninguna otra zona es, si cabe, más preocupante que la Unión Europea no haya sido capaz de adoptar, pasados dos años, las numerosas medidas que en octubre de 2008 había prometido. Se hizo un buen diagnóstico de la situación, aunque parcial al no tener en cuenta el endeudamiento público, y parecía que tomaba el timón. La UE, como EEUU o Suiza, fue rauda al rescate de los bancos aportando cantidades multimillonarias. Pero, como diría el clásico, «fuese y no hubo más» a pesar de que entonces había un acuerdo a nivel político y social de que, tras el colapso, los estados no se debían limitar a aceptar que el riesgo privado pasase a ser público.

Se prometió a la opinión pública que se sentarían las bases de un nuevo orden normativo financiero. Es cierto que hay algunos proyectos normativos, pero a pesar de la dureza de la crisis ninguno de importancia se ha aprobado por la UE. Ciertamente, tampoco por EEUU.

Además, en los últimos meses hemos visto cómo, mientras los mercados financieros desafiaban a los gobiernos en nanosegundos, los estados europeos y la propia UE han reaccionado tarde y mal dejándose a la deriva. El tiempo financiero es de vértigo, sus efectos económicos y sociales son inmediatos y por anticipado, mientras el tiempo político es ilimitado y estéril. Hay una creencia absurda de que el tiempo resolverá la crisis. De esta crítica tampoco se salva el retórico G-20; su pseudomultilateralismo se diluye en un sálvese el que pueda dejando a cada Estado la decisión sobre las múltiples opciones. De su refundación financiera poco se sabe. No se tiene conciencia del tiempo.

Poco hay que esperar del G-20 y se ha confirmado desde la reciente reunión de Toronto. En estos dos años no se han adoptado las prometidas normas relativas a la transparencia y calidad del capital de las entidades financieras, ni de supervisión transfronteriza, ni de prevención de crisis. Ninguna norma se ha aprobado para impedir los conflictos de interés separando radicalmente el negocio de auditor del de consultor… Es cierto que hay una propuesta de la Comisión relativa a la creación del sistema europeo de supervisores financieros, al que se le dotaría de capacidad de adoptar decisiones aplicables a las entidades financieras, pero no se impulsó debidamente en el semestre de presidencia española y sólo cabe esperar que pueda ser aprobada durante el trunvirato presidencial (belgas y húngaros toman ahora el relevo).

También la UE decepciona por no haber sido capaz de adoptar la propuesta de reforma de la Directiva sobre adecuación de capital para incluir la exigencia de «políticas de remuneración de las entidades de crédito». Es bien sabido que los sistemas retributivos basados en los beneficios a corto plazo fueron otro de los ingredientes de la crisis. Claro que se debería reflexionar si no convendría extender el control sobre otros sectores como el de las sociedades cotizadas, cuyas astronómicas políticas retributivas de los Consejos de Administración y de las élites ejecutivas han saqueado el patrimonio de sus empresas al tiempo que solicitan suculentas ayudas para su sostenimiento.

La misma ineficacia han mostrado las instituciones comunitarias en su propósito de crear un sistema europeo de garantía de depósitos a fin de compartir los costes de los rescates de las entidades financieras paneuropeas. Los escasos acuerdos del G-20 en Canadá del fin de semana pasado deberán esperar años; mientras los políticos siguen de tournée para verse en Seúl dentro de seis meses, los mercados actúan en instantes…

En ocasiones se necesitan normas nuevas, pero también sabemos que en algunos problemas, como el del exceso del déficit público en España (y en otros estados miembros), hubiera bastado con cumplirlas y hacerlas cumplir. Se indica en diversos círculos que se debería regular el déficit de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, pero en todo caso la norma ya estaba en vigor desde 1998 en España y en toda la UE y se mantiene tras la reforma del Tratado de Lisboa. Los topes del déficit público (un 3 % del presupuesto) y del endeudamiento (hasta un 60% del PIB) establecidos en el Tratado de la Unión Europea no eran ni son sólo aplicables a los estados (gobiernos centrales) sino también a todos y cada uno de los entes públicos de cada Estado miembro. Había y hay suficiente base jurídica en España, pero nunca se hizo respetar ni por el Gobierno de la Nación ni por la Comisión Europea.

Claro que el desprecio del Derecho no es privilegio español y es una de las raíces de esta crisis. Si la pareja franco-alemana no hubiera incumplido el Tratado y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2003 ni se hubiese autoexonerado en 2004-2005 con la complicidad del Tribunal de Justicia, ni la Comisión Europea hubiese sido tan complaciente estos años, posiblemente no habríamos llegado a una situación como la actual de impunidad pactada, donde todos han incumplido y todos conocían sus excesos.

Decía que la crisis se está encarando tarde y mal. En 2008 con un pacto político para aceptar infracciones sistemáticas a los tratados en materia de ayudas a las empresas (claro que España, con independencia de la crisis, tiene abiertos más de 400 expedientes por ilegales ayudas de Estado a empresas, vamos, dando ejemplo durante su presidencia…). Y, a su vez, cuando reventó la crisis griega y española, la UE la ha taponado retorciendo las normas de la Unión monetaria, normas que prohíben a los Bancos Centrales y al Banco Central Europeo conceder créditos o la adquisición de instrumentos de deuda y a los Estados miembros asumir las deudas de otros Estados en toda la UE…

Más grave aún ha sido la falta de entendimiento, en casi todo, entre Francia y Alemania en estos años, incluida la gestión de la crisis. Aunque a veces hablamos de la Europa de los Príncipes con reticencias por actuaciones demasiado estatalizantes de los principales jefes de gobierno de la UE, es urgente impulsar un liderazgo intraeuropeo para lograr un gobierno económico que facilite la integración presupuestaria y económica. De la misma forma que hay una Europa de los Príncipes para el manejo de la maquinaria institucional, se precisa que los Príncipes, Francia y Alemania, piensen más en europeo, ejerzan un necesario liderazgo del interés general, actúen con rapidez y autoridad y presionen para que Parlamento Europeo y Consejo adopten los desarrollos normativos por procedimientos de urgencia.

Durante el semestre de presidencia española del Consejo no sólo no se ha avanzado gran cosa, sino que alguna de esas propuestas fue retirada del orden del día del Consejo (potestad unilateral de la presidencia rotatoria) para complacer al Gobierno laborista británico en su campaña electoral, a cambio de que éste negociase en el seno del G-20 un puesto definitivo como observador invitado para España. Gracias a ese mercadeo con los intereses europeos, el presidente Zapatero no tendrá que negociar reunión a reunión para llevarse la silla desde España. He ahí todo el logro económico de la presidencia española en un semestre negro y tormentoso para España y para la UE.

Araceli Mangas Martín es catedrática de Derecho Internacional Público y de Relaciones Internacionales en la Universidad de Salamanca.

TRIBUNA: POLÍTICA INTERNACIONAL

La autora habla de cómo los países latinoamericanos han desechado imitar el modelo europeo para asociarse. Cree que los 27 deben aceptar otras vías de colaboración para no colapsar las relaciones con la otra orilla del Atlántico.

Una de las muchas paradojas que se perciben en Iberoamérica es el empeño por ignorar sus procesos integradores mientras se persiste en la retórica de erigir nuevas entidades. La sopa de letras es tan infinita como las combinaciones del alfabeto para hacer acrónimos. Algunos de esos procesos llevan casi medio siglo de andadura pero no han tenido avances sostenidos y languidecen o agonizan. Sólo Centroamérica está haciendo los esfuerzos más serios y persistentes de integración regional.

Hace unas semanas se acordó crear otra organización: la Comunidad de América Latina y Caribe (CALC). Esta tiene el detalle, frente a UNASUR, de englobar a todos los Estados latinoamericanos y los del Caribe. Allí, los sucesivos fracasos dan lugar a nuevas instituciones que dejan a medio terminar las anteriores conformando un milhojas. En la Unión Europea, por el contrario, las insuficiencias dan lugar a reformas pero no abandonamos la inicial organización de integración.

Algunas estrategias unilaterales sí han hecho carambola en la otra orilla del Atlántico. Por ejemplo, Venezuela abandonó la Comunidad Andina de Naciones, y tras ella, como un resorte, Bolivia, dejando a la moribunda CAN en una desaparición agónica. Tras hundir el CAN, Venezuela ha puesto sus ojos en Mercosur, apadrinada por un maquiavélico Brasil. El barco mercosureño, que zozobraba desde hace tiempo -entre otras cosas por el doble juego brasileño-, encalla ahora irremediablemente con la tropa que les llega… Con una sola jugada, dos organizaciones subregionales, ya tocadas, amenazan ahora con el hundimiento. Sin Estado fuerte ni organismo subregional que le tosa, Brasil juega a rancia potencia regional frente al multilateralismo eficaz.

La UE ha apoyado todos los procesos latinoamericanos con paciencia y fe misionera. Nos creemos nuestro modelo, aunque seamos críticos, pues nos ha funcionado con éxito aplastante: la UE es una garantía de paz y bienestar en el marco de una de las sociedades más igualitarias del planeta. Nuestro proceso regional es muy anterior a la globalización; gracias al espacio económico y social creado, nos hemos adelantado y resistido a un mundo global. Es la enseñanza que la UE trató de propagar, de forma tan persistente como inútil, con muchos recursos financieros, por tierras americanas.

La UE defiende el multilateralismo eficaz y, a ese fin estratégico, las organizaciones regionales y subregionales pueden facilitar nuevas oportunidades de estabilidad política, desarrollo económico y social y búsqueda de bienes públicos globales. Los procesos de integración pueden dar una respuesta a la necesidad de gobernabilidad regional y mundial, pero en América Latina y Caribe (ALC) su dispersión, junto con la escasa fortaleza y apoyo político y social, les hace ineficaces.

Una diferencia radical entre el proceso europeo de integración y los procesos latinoamericanos ha sido el consentimiento para compartir soberanía. Para la UE la soberanía es un valor relativo cuyo ejercicio se subordina a la consecución de bienestar en igualdad del conjunto de la población y con ello un verdadero respeto a los derechos humanos. Para los Estados de ALC, la soberanía es una noción absoluta a la que ningún valor se puede subordinar. Esa sacralización de la soberanía ha impedido romper la brecha de miseria material en la que viven sus pueblos.

Aunque a ambas orillas del charco hallamos valores compartidos, nos separa un océano conceptual: la democracia en ALC, cuando la hay, es una democracia electoral. Resulta casi grotesco pensar en una Carta Democrática común entre las dos orillas. Dejando a un lado la dictadura en Cuba y las autocracias populistas de los caudillos bolivarianos, los sistemas estatales de ALC, basados en ejecutivos autocráticos y débiles sistemas de responsabilidad y control parlamentario y judicial, son el obstáculo para llevar a cabo políticas macroeconómicas de desarrollo financiero y social y de redistribución de la renta.

En Latinoamérica no hay separación real de poderes y carecen de una administración imparcial, eficiente y transparente. La diferencia entre las naciones no es la riqueza en recursos materiales; el abismo hoy en día está originado por Estados bien organizados y Estados mal organizados. Hoy, en una economía abierta y globalizada, la ventaja competitiva internacional se funda en sólidas estructuras sociales y políticas que permitan la igualdad de oportunidades y una economía social emergente.

Parece evidente que un marco de integración debe ser una opción endógena sentida y querida por sus propios actores y que el apoyo de la UE no ha podido sustituir ni crear esa voluntad. No cabe fomentar lo que realmente no se desea y la UE debe afrontar una nueva estrategia que tenga en cuenta las necesidades reales de una región tan heterogénea que hace dudar sobre si es una región.

La Comisión no puede aferrarse a su propio modelo como elemento exportable. Debe aceptar sin más que ALC viene optando por etéreos acuerdos milhojas frente al método europeo de gestión centralizada de la unión aduanera, el mercado interior y las políticas comunes. Los dirigentes políticos latinoamericanos no tienen la cultura de la sumisión al Derecho como expresión de la voluntad general, no aprecian los engranajes institucionales ni confían en la ley como instrumento integrador. Su santa voluntad lo decide todo, incluida la perenne falta de equidad de sus sociedades.

La UE debería limitarse a acompañar las iniciativas endógenas de cooperación entre los Estados de ALC. No debe propiciar ni estimular nada que no obedezca al propio impulso y necesidades sentidas por la ciudadanía de esos países. Por ello las relaciones de la UE con los Estados que forman organizaciones subregionales no pueden seguir supeditadas al fortalecimiento de sus respectivos procesos de integración.

Claro que entre los Estados de América Latina y Caribe hay una interdependencia estratégica: tienen fuertes y señalados intereses mutuos en la globalización y sufren problemas comunes que les debilitan como región en un mundo global: zonas sin control gubernamental en las que se expande el crimen organizado (México, Colombia, Brasil, Guatemala…), la carencia de interconectividad de sus infraestructuras, inmensa riqueza en fuentes energéticas pero sin garantía de aprovisionamiento, amplia pobreza y exclusión social, etc. Para algunos Estados los recursos energéticos no son un instrumento para su desarrollo económico y social sino que son un arma política en las relaciones internacionales, ya sean subregionales o globales: sólo favorecen al poder dominante y no a la población, dueña inherente de esos recursos y riquezas naturales. Tienen, pues, problemas específicos y comunes a los que la cooperación transfronteriza puede dar solución y merecen la asistencia técnica y financiera de la UE en sus esfuerzos intrarregionales.

Si hay Estados de ALC que no desean la vía subregional, la quieren abandonar o estiman que mediante esa relación se ven perjudicados, la vía bilateral es plenamente legítima. Todos los instrumentos para la relación eurolatinoamericana son válidos: bilateral, subregional y birregional. Habrá que utilizarlos sin exclusiones ni condiciones. Las relaciones pueden tener una geometría variable y cohonestar mecanismos multinivel. La vía bilateral no debe ser vista como un fracaso de la subregional sino como la adecuada a situaciones diversas entre sí.

La UE no debe malgastar ni un euro más en formación y mantenimiento de estructuras institucionales. Debe cambiar su inútil estrategia, que repite como si fueran mantras en todos sus documentos. La vía subregional no puede mantenerse como prioritaria, pues ese empecinamiento ha llevado al colapso de las relaciones con muchos países de Iberoamérica.

Araceli Mangas Martín es catedrática de Derecho Internacional Público y de Relaciones Internacionales en la Universidad de Salamanca.

TRIBUNA: POLÍTICA

La autora cree que estamos haciendo bien los deberes de la UE, pero hay frustración por las exageradas expectativas. Explica en qué consiste el trabajo de la dirección semestral del Consejo, que poco tiene que ver con grandes proyectos

No es posible conceder los 100 días de cortesía de los que se goza en todo relevo gubernamental o institucional. Porque la Presidencia rotatoria del Consejo sólo dura seis meses: 180 días. España acaba de cumplir la mitad de su mandato y ya es posible hacer una valoración provisional.

Nuestro país asumió el 1 de enero la Presidencia del Consejo con unas expectativas favorables pero excesivas. Las tres ocasiones anteriores en las que a España le correspondió este mandato fueron gestionadas con calidad. La cuarta –no por inercia, sino por la preparación programada y concienzuda por los niveles intermedios y altos de la Administración– podía preverse que también iba a transcurrir bien en lo que corresponde a una presidencia del Consejo (y no de la Unión). Me refiero a las responsabilidades que realmente asume la presidencia del turno del Consejo, y no a las que algunos medios periodísticos y los círculos próximos al Gobierno querían hacer creer a la opinión pública.

Dejando a un lado frases histriónicas, hubo una gran exageración en los meses previos y también en las primeras semanas de Presidencia, con documentos oficiales incluidos en los que se afirmaban cosas como que «España tendrá un papel destacado en el diseño de la arquitectura política multipolar internacional » o que lideraríamos a la UE para salir de la crisis…

Se intentó vender el semestre español como un acontecimiento único y decisivo y se transmitió que la presidencia de turno nos daría una capacidad de iniciativa y de decisión que no ha tardado en mostrarse irreal. Y creo que fue precisamente la exageración sobre la capacidad de propuesta y de toma de decisiones que iba a tener el Gobierno de Zapatero la que ahora puede estar creando esta frustración en la opinión pública y la sensación muy extendida de fracaso. Eso sí, es cierto que se bajó mucho el diapasón en febrero, y que desde entonces se está trabajando de forma discreta, sin exagerar el tono propagandístico, con eficacia y paciencia.

Las prioridades de una Presidencia no son sus iniciativas particulares ni el compromiso de adoptar decisiones unilaterales. Se trata de una oportunidad única para acercar el sistema europeo a sus ciudadanos, por lo que, entre otras cosas, se debería hacer pedagogía sobre cómo funciona la Unión, explicando, por ejemplo, que los estados -incluido el que ejerce la Presidencia de turno– no tienen el derecho de propuesta en la UE salvo en materias muy limitadas. Porque el derecho de propuesta normativa, articular un proyecto y que se debata por el Parlamento

Europeo y el Consejo, depende sólo de la Comisión. Y ésta en muchos casos depende de la previsión de los Tratados: por ejemplo, la propuesta de la iniciativa normativa popular europea –cuya regulación presenta la Comisión estos días– viene exigida ya mismo por la aplicación de las reformas de Lisboa y fue precedida de estudios iniciados

durante la Presidencia sueca. El trabajo de España, muy interesada en esa propuesta, ha sido el de apoyar a la Comisión y alentarla. Y en cuanto entre en el Parlamento y en el Consejo, impulsarla para que avance lo más posible… Pero no se aprobará en nuestro semestre, aunque sí es probable que se haga durante el triunvirato presidencial que compartimos con Bélgica y Hungría.

El calendario legislativo anual lo pactan entre la Comisión y la Eurocámara y el programa estratégico plurianual lo decide el Consejo Europeo en combinación con las presidencias afectadas. Por tanto, las prioridades de una Presidencia se mueven en esos marcos y con muchos límites. Y no tiene ahora –ni la tuvo en el pasado– capacidad ejecutiva o decisoria. El sistema europeo de toma de decisiones normativas es muy complejo y depende de muchos actores; se le conoce como sistema de pesos y contrapesos. Hay que negociar todo y hay que decidir con amplias mayorías tanto en el Parlamento europeo, primero, como en el Consejo, después. No cabe el ordeno y mando ni la Eurocámara es una correa de transmisión de un Gobierno ni de la Comisión.

Lo que importa de una Presidencia es que programe bien todos los trabajos en la esfera del Consejo (cientos de comités), que coordine, dirija y concilie los diversos intereses nacionales en juego e impulse los trabajos. Al final del semestre, será evaluada por sus dotes de organización y por su capacidad de impulso, es decir, si ha hecho avanzar los asuntos. Si se han iniciado nuevos proyectos, si han avanzado los que se encontró y si han culminado los que estaban avanzados. Eso es lo que marca una buena Presidencia. Como la gestión de un buen broker con su cartera de acciones; no se gana en todo, pero debe mejorar la posición inicial y aumentar el valor. Eso es lo que se espera de España, por más que pueda resultar un trabajo gris cuyos frutos recojan otros, como recogerá ella lo sembrado y cuidado por otros anteriormente.

En un semestre no se puede transformar la UE ni cambiar el mundo, pero sí ayudar a que progrese. Y esto es mucho. Pero también hay pésimas presidencias que lo desorganizan todo y lo dejan atascado. En seis meses no se puede hacer mucho bien, pero sí se puede hacer mucho daño. Afortunadamente, no creo que eso suceda durante nuestra Presidencia.

El balance a mitad de etapa es aceptable en el contexto de la oportunidad/fatalidad de tener que centrarnos en problemas institucionales para desarrollar el Tratado de Lisboa, afrontar los problemas de la transición (adecuación de los proyectos pendientes, el debate de investidura de la Comisión con el Parlamento centrado en su control, etcétera) y todo ello en un marco de crisis económica.

Ya he señalado que nada de lo culminado o iniciado depende de nuestra decisión unilateral pero sí de saber trabajar para lograr mayorías o consensos e ir sacando asuntos. Así se ha logrado el acuerdo para que la UE se dote de una fuerza permanente, la decisión de sumarse al Acuerdo de Copenhague, suplir en Haití la labor de la Alta Representante para la Política exterior, la declaración conjunta UE-EEUU sobre la seguridad aérea, la presentación formal de la propuesta de la Comisión de iniciativa popular, los acuerdos sobre tramitación provisional del presupuesto rectificativo, el inicio de los trámites para que se adopte en el Consejo la decisión sobre la adhesión de la UE al Convenio Europeo de Derechos Humanos, algunos progresos en la negociación con Croacia, la estrategia sobre seguridad interior para lograr un buen sistema de coordinación y de gestión de la información…

Sin duda, el mayor éxito es el visto bueno del Consejo al documento inicial sobre la Estrategia 2020 (para sustituir a los objetivos fracasados de la Estrategia de Lisboa y encontrar una salida coordinada a la crisis y avanzar hacia un crecimiento económico sostenible) en el que el trabajo de la Comisión con la Presidencia española ha sido positivo.

El momento más dramático hasta ahora ha sido la crisis griega y la sombra que se intentó proyectar sobre la economía española. Lo que está sucediendo en Atenas no se debe sólo a la crisis, sino que está originado por la cleptocracia hereditaria (las familias Karamanlis, conservadora, y Papandreu, socialista se suceden desde hace un siglo en el poder). Allí llueve sobre mojado y se les han ido perdonando a los gobernantes griegos todos sus desmanes económicos.

En 1989 el Tribunal de la UE condenó a Grecia por el fraude organizado desde el Estado apoderándose de los ingresos de la Unión por la importación de maíz yugoslavo, que se hacía pasar como griego. En 1992 se adoptaron importantes reformas para combatir el fraude. En este siglo, el Gobierno conservador primero falseó los datos para ingresar en la moneda única y después ha suministrado datos falsos de estos años, ocultando los reales hasta que se ha descubierto la bancarrota por los socialistas.

La gestión del problema griego se ha preparado en el Eurogrupo (los ministros de la zona euro con presidente propio) y se ha decidido por el Consejo Europeo bajo la batuta de los dos estados que ejercen el liderazgo en la UE y cuyos bancos son los principales acreedores de la astronómica deuda griega: Alemania y Francia. Esta crisis ha resucitado el debate e interés por el gobierno económico europeo y por que se aceleren las decisiones sobre reforzamiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y mejora de los mecanismos de coordinación de las políticas económicas de la Eurozona y de sanciones que prevé el Pacto.

Pues va ser cierto que no hay mal que por bien no venga…

Araceli Mangas Martín es catedrática de Derecho Internacional Público y de Relaciones Internacionales en la Universidad de Salamanca.

TRIBUNA: EDUCACIÓN

La autora denuncia que en España se despilfarra el dinero en estudios sin importancia científica alguna. «La investigación no interesa aquí. Sólo las apariencias y gastar y gastar en una economía tambaleante», afirma

El interés por la situación de la investigación científica viene ocupando algo más de lo habitual a los medios de comunicación en la medida en que la innovación, el conocimiento y la competitividad puedan contribuir a alcanzar la llamada «nueva economía» que nos alejará de la crisis económica y financiera.

Como a otros muchos profesores de universidad y desde hace muchos años, la agencia estatal (ANEP) y agencias autonómicas me encargan evaluar proyectos de investigación que presentan grupos aleatorios de profesores (ni tan siquiera grupos de investigación consolidados) para optar en los ámbitos del Derecho, a veces de las Ciencias Sociales y de las Humanidades, a una financiación con dinero público. También he formado parte, en el pasado, en varias ocasiones del comité ministerial que finalmente selecciona los proyectos y el reparto del dinero para cada proyecto. En todos mis informes e intervenciones he expuesto ya estas preocupaciones.

En pocas ocasiones (¿un 10 o 15%?), tras hacer la evaluación, me he encontrado con verdaderas propuestas de investigación. La mayoría de las solicitudes son temas muy trillados, con decenas de monografías o artículos ya publicados en España (y por ende, con centenares de trabajos en nuestro entorno europeo o internacional). Son asuntos, con demasiada frecuencia, muy generales y, por tanto, sin posibilidad alguna de añadir conocimiento.

Sin precisar el concreto objeto de investigación, piden decenas o centenares de miles de euros para viajar por un sinnúmero de países, por ejemplo, para encontrar las normas, sentencias y otros documentos que están a un golpe de ratón en el ordenador que le paga el Estado, incluida la conexión a Internet, en su despacho o que se encuentran en nuestras bibliotecas (en general, muy bien dotadas en la democracia…). Y tales proyectos obtienen financiación pública porque la inmensa mayoría de los expertos que hacen los informes actúan como en una sociedad de socorros mutuos, hoy por ti, mañana por mí.

En los casos más honrados, las solicitudes de proyectos son una forma de financiar el mantenimiento de las revistas, asistir selectivamente a algún buen congreso y la renovación del material informático. Pero no es investigación.

A su vez, para completar el despilfarro, las universidades, endeudadas por generaciones, asignan, para contentar a su clientela más mediocre, partidas de dinero para investigación a favor de proyectos que fueron rechazados por las agencias nacionales o regionales o simplemente que ni se molestaron en competir. Fiesta para todos, ahora paga la Comunidad Autónoma; todos nosotros.

Estuve unos años en un comité que examinaba las propuestas de estancias breves en el extranjero y ¡qué curioso! una gran mayoría era en agosto, cuando en muchos centros universitarios europeos y norteamericanos de investigación, aunque abiertas su bibliotecas como las nuestras, los principales responsables de los grupos de investigación están de vacaciones y difícilmente podían entablar relaciones científicas con ellos, que sería hoy el principal objetivo de esos viajes… Vacaciones pagadas con el presupuesto del Estado.

No voy a resolver la vieja cuestión de qué es investigar. Pero lo que no es, debería ser claro, es la repetición de conocimientos ya existentes; eso no es investigación. Que los profesores deben formarse y ampliar sus conocimientos, es necesario, pero eso es formación continuada y no precisa más que unos presupuestos ordinarios y estables que mantengan adecuadamente las bibliotecas (colecciones de revistas científicas -digitales si las hubiere o de la galaxia Gutemberg- y las adquisiciones de los libros); muchos proyectos son falsos proyectos de investigación y lo que se pretende se puede conseguir como se hacía antiguamente cuando no había dinero que despilfarrar: se hacen lecturas sistemáticas y amplias de la investigación ya publicada por otros, accesible y ya pagada en las bibliotecas universitarias; así es como debemos formarnos e investigar nosotros nuevos horizontes.

Investigar es crear conocimiento, añadir conocimiento nuevo al ya existente; tratar de resolver los problemas nuevos de la sociedad. Con temas generales, reinventando la rueda, publicando sobre lo ya publicado mil veces, en los ámbitos científico-jurídicos que me son próximos, no se hace investigación. Un gran maestro decía que no se puede hacer investigación sobre «el océano Atlántico» sino sobre una gota del océano… No nos extrañe que no nos tomen en serio los científicos de «bata blanca» (aunque habría que reflexionar también sobre el control de sus proyectos, su verdadero nivel y la fácil y asequible forma de obtener sexenios o tramos de investigación para todos).

El fraude de la investigación en España es grave. Además de financiar proyectos de supuestos grupos sobre temas ya estudiados, a las universidades se las evalúa y a los profesores se le añaden puntos en su promoción profesional por el número de los proyectos de investigación obtenidos y las cantidades financiadas retroalimentando el fraude. Importan las cantidades, no la calidad de los resultados. Y también se evalúa a universidades y profesores por el número de tesis dirigidas; así que ya no importa si están plagiadas, o son un centrifugado de Google o de miles de documentos de la red; cuantas más mejor. Todos sabemos lo que hacen los miembros de los tribunales, nadie quiere problemas; es un acto social y unos puntos más para la hucha de la evaluación positiva en las futuras promociones o para quitarse carga docente. Y una tesis más para las estadísticas españolas y el equipo rectoral agradecido.

Muchos compañeros estiman que publicar es investigar. La investigación requiere transmitir a la comunidad científica y a la sociedad y, por tanto, requiere publicar por los cauces adecuados, pero no todo lo que se publica es investigación. Con toda seguridad, nunca se había publicado tanto y con tanta facilidad en las ciencias sociales y jurídicas. Pero también sabemos que trabajos de innovación hay pocos. Publicamos porque con frecuencia la sociedad (las administraciones públicas, las empresas, etc.) requieren nuestros conocimientos y su sistematización. Pero no es investigación. Aportar ideas nuevas o enfoques originales no es fácil ni se llega a ello todos los días… Todos publicamos más que investigamos.

Es más, se publica tanto en los últimos tiempos porque los sistemas de evaluación de la Aneca y de las anequitas regionales son tan perversos que, de nuevo, sólo les interesa la cantidad de tesis, el número de proyectos financiados y el número de publicaciones y no los contenidos… Incluso demostrando que el mismo trabajo, sólo que con distinto título y párrafo de inicio -por si piden fotocopia de la primera página-, estaba incluido varias veces, valoran positivamente cada uno de ellos. Los profesores ya se saben la trampa y un mismo trabajo lo publican varias veces, con títulos distintos, en libros colectivos o en diversas revistas o, eso sí, indexadas -que es cumplir unos meros formalismos en la gran mayoría de las revistas- como exigen las burocracias educativas boloñesas. A nadie debe extrañar que nuestras universidades ocupen lugares muy bajos en la valoración europea y mundial.

En España, a los docentes y a las universidades se les evalúa por acumulación y por indicios externos… Sin leer los contenidos. Como el hidalgo de El Buscón, con el palillo en la boca para aparentar que había comido carne. La investigación no interesa en España. Sólo las apariencias y gastar y gastar en una economía tambaleante (aunque no por causa de la no política de investigación). No estoy en condiciones de saber si España necesita asignar más recursos en investigación; pero sé que no hay buenas prácticas que seleccionen proyectos sobre problemas nuevos, desconocidos, y que requieran soluciones nuevas. Hay despilfarro, con o sin crisis económica. Como siempre, haciendo amigos.

Araceli Mangas Martín es catedrática de Derecho Internacional Público en la Universidad de Salamanca.

© Mundinteractivos, S.A.

TRIBUNA: DERECHO

La autora cuestiona el modo en el que el territorio de la ex Yugoslavia consiguió su independencia unilateral. Señala que otros pueblos, como el palestino o el saharaui, requerirían mayor atención por parte de las potencias

Tras nueve días de audiencias públicas en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el pasado 11 de diciembre se cerró la vista oral del asunto sobre la legalidad de la declaración unilateral de independencia de Kosovo de febrero de 2008. La petición de dictamen fue planteada, en octubre de 2008, por la Asamblea General de la ONU a la Corte en estos términos: «¿Se ajusta al derecho internacional la declaración unilateral de independencia formulada por las instituciones provisionales de autogobierno de Kosovo?».

Tenía serias dudas el órgano de representación democrática de la ONU sobre la conformidad de esa Declaración con la Resolución 1244 de 1999 del Consejo de Seguridad que estableció un régimen de administración internacional y unas instituciones provisionales en el pleno respeto a la integridad territorial de Serbia. Tal declaración ponía fin unilateralmente al régimen previsto en la Resolución citada y retiraba toda autoridad al Consejo de Seguridad.

La gravedad de esos hechos impulsó nada menos que a 30 estados a personarse en el procedimiento ante la Corte haciendo sus escritos de alegaciones o participando en la vista oral. España se ha personado en todas sus fases por medio de la Jefa de la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, junto a un equipo de cuatro catedráticos de Derecho Internacional al igual que la Jefa de la Asesoría, y lo ha hecho, como no podía ser de otra forma, para argumentar jurídicamente sobre la incompatibilidad de tal acto con el Derecho Internacional en vigor.

Los Estados que apoyan la legalidad no han utilizado argumentos jurídicos sino de oportunidad política y otros basados en la fuerza de los hechos aunque éstos sean ilícitos. Hablan de la irreversibilidad de los hechos, los reconocimientos -aunque son más los Estados que no reconocen- y el rampante pragmatismo. Apoyan esa posición los Estados Unidos, desde la época de Bush -que fue quien decidió por razones estratégicas el apoyo a la unilateral independencia-, y un nutrido grupos de Estados de la UE que se pusieron al servicio de los intereses del ex presidente Bush, intereses estratégicos reafirmados por el presidente Obama ante la bicoca de un Estado clientelar no lejos de Rusia y de Irán y que puede servir como inmensa y sumisa base de operaciones frente a la rebelde Turquía. En esto consiste el pragmatismo y los definidos intereses de Estados Unidos revestidos bajo la apariencia de la estabilidad en los Balcanes.

Si la estabilidad se impone al respeto del derecho, ¿es que la estabilidad de Oriente Medio no es mucho más importante para todos? El derecho a ser Estado como castigo a las violaciones masivas y graves a los derechos humanos (argumento utilizado por los defensores de Kosovo) no es el premio que han recibido los palestinos por los crímenes contra la humanidad cometidos contra ellos; los intereses estratégicos de Estados Unidos están con Israel. Tampoco los saharauis, que ven cómo desde hace casi 40 años se desprecian las normas de la ONU que les reconocen el derecho a decidir y se violan sus derechos humanos por Marruecos, un Estado en nada democrático, pero que colma todas las expectativas, además de Francia, de los Estados Unidos (de Bush y de Obama, porque allí los intereses estratégicos son firmes y por encima o al margen del derecho y de la ética).

Cuando sucedieron gravísimas violaciones a los derechos humanos en Serbia (Kosovo) antes y hasta 1999, el Consejo de Seguridad decidió, tras la invasión no autorizada, sancionar a Serbia suspendiendo el ejercicio de su soberanía territorial, confiando la administración a una presencia internacional que pondría en marcha provisionalmente instituciones de autogobierno y exigiendo la puesta en marcha de un proceso político entre las partes hasta lograr un acuerdo y sin fijar fecha, como tampoco la tiene el problema palestino u otros. No permitía una imposición unilateral; exigía un acuerdo.

No se puede admitir la secesión como castigo con carácter general. El Consejo de Seguridad pudo haber establecido esa regla sancionando a la Serbia racista de entonces con la secesión como castigo y no lo hizo. Nunca lo ha hecho con ningún Estado; nunca permite que la secesión a la fuerza como castigo sea la solución a los conflictos interétnicos ni a las masivas violaciones de los derechos humanos en ninguna parte del mundo: Nigeria, Sudán, Afganistán, República Democrática del Congo, Congo, Chipre, Tayikistán, Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj), Macedonia, Georgia, etc. Con mayor razón al Estado impecablemente democrático serbio en 2008. Y no caben las sanciones con efectos retroactivos ni retardados.

Si las negociaciones entre Serbia y las autoridades provisionales de Kosovo se demoraban (apenas siete años de negociaciones)…el problema palestino lleva esperando un Estado casi 70 años y el saharaui casi 40 sólo porque los intereses de Estados Unidos no coinciden con el derecho internacional. Tampoco en Kosovo.

Es sorprendente que cuando un grupo de Estados, como España, se ponen de lado del Derecho Internacional se le tacha despectivamente de «legalista» y desde el interior. ¿Los palestinos, los saharauis, los birmanos que soportan un régimen de terror, son «legalistas» como los que apoyaron el «no a la guerra de Irak»?

Es irritante cómo una parte de la supuesta izquierda y algunos medios de comunicación han defendido la causa kosovar bajo la bandera del «pragmatismo» al servicio de los Estados Unidos, con o sin Bush. Sin embargo, apelan al derecho internacional para defender la causa palestina o la saharaui o el respeto a los derechos humanos o en la lucha contra el terrorismo internacional. Un derecho internacional de usar y tirar. Hay una instrumentalización fascista del Derecho Internacional por políticos y algunos columnistas «cosmopolitas». Si les favorece, explotan la Carta de la ONU al máximo (en la lucha contra la agresión a Irak); si no les favorece a sus tics fanático-ideológicos, entonces dicen que hay que ser cosmopolitas, sin complejos, y aceptar cuantos Estados quieran proclamar cualquier grupo de individuos cualquier tarde… Más Estados, más turismo, todos cosmopolitas. Es la insoportable banalización de los análisis de las relaciones internacionales en manos de aficionados. Se puede comprender la ignorancia, pero no el desprecio al derecho.

Ante una Corte de Justicia sólo caben los argumentos jurídicos, ya sea sobre el respeto a la soberanía territorial, ya sea sobre el principio de libre determinación, ya sea sobre el papel del Consejo de Seguridad en este asunto, o sobre el valor del acuerdo negociado y el rechazo a la imposición unilateral. Y la pregunta de la Asamblea General a la Corte se limita a saber si esa Declaración respeta las normas de derecho internacional en vigor y no si se ajusta a los intereses estratégicos de un grupo de Estados ni pide juzgar hechos posteriores a esa fecha crítica. Es lo que ha hecho España y lo ha hecho bien su Gobierno, por una vez….

El respeto a la regla de derecho internacional debe ser la norma de conducta en toda democracia y es la condición necesaria para la paz, la seguridad y la estabilidad de las relaciones internacionales. Lo dejó escrito un gran maestro de las relaciones internacionales, Roberto Mesa Garrido: «Si no se defiende la legalidad internacional, habremos retrocedido a tiempos anteriores al sistema de Westfalia». A la política de fuerza.

Que los jueces de La Haya no se dejen seducir por los cánticos de sirena del pragmatismo o todos caeremos al abismo del relativismo de un mundo sin otra ley que los intereses estratégicos y cortoplacistas de un Estado.

Araceli Mangas Martín es catedrática de Derecho Internacional Público en la Universidad de Salamanca.

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TRIBUNA: CONSTRUCCIÓN EUROPEA

La autora analiza a los candidatos para presidir el Consejo Europeo, un cargo nuevo a raíz del Tratado de Lisboa. Destaca a Jean-Claude Juncker, Benita Ferrero y Mary Robinson para ocupar el puesto, aunque no sean favoritos

Por fin, tras la firma del presidente de la República Checa, el Tratado de Lisboa entrará en vigor el próximo 1 de diciembre. En los últimos días, se han disparado las cábalas sobre los candidatos a cargos tan rumbosos como el Presidente del Consejo Europeo o la del Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Son las dos grandes novedades institucionales del Tratado. Hasta ahora, a diferencia de lo que ocurre con la Comisión o el Parlamento, el Consejo Europeo no se beneficiaba de una Presidencia estable; por tanto, anida en esta nueva figura un deseo de eficacia y mejor organización.

Este cargo -que los medios de comunicación ya han identificado como el de presidente de la Unión misma- es individual, separado de la rotación semestral y, por tanto, no identificada con ningún presidente de Gobierno en activo. Y su elección se hará por mayoría cualificada, aunque es obvio que se está trabajando y se trabajará en el futuro para que su elección sea fruto del consenso, a sabiendas de que no caben vetos.

Su mandato se establece por un periodo de dos años y medio, renovable una sola vez, por lo que si quien ostente el cargo no disgusta a los todopoderosos líderes de los Veintisiete, cumplirá el ciclo normal de la legislatura de la Eurocámara y de la Comisión, que es de cinco años. La Presidencia del Consejo Europeo carecerá, sin embargo, de legitimidad democrática directa o de origen, pues será elegido por los miembros del Consejo Europeo -es decir, por los jefes de Estado o de Gobierno-, que tiene las manos libres y no tiene que dar explicaciones de su elección al Parlamento Europeo. Cuando se debatió la creación de esta figura, un alocado diputado griego -que hoy es flamante primer ministro- propuso que fuera elegido por sufragio universal. En cambio, otro español (Borrell), más sensato, se conformaba con que el nombramiento fuera ratificado por el Parlamento Europeo. Yo también. Pero, finalmente, las cosas son como son.

La elección del presidente de la UE -por seguir con la terminología de los medios- dejará casi sin trabajo al presidente de Gobierno que ejerza la Presidencia rotatoria. Y el primero en sufrir este contratiempo va a ser José Luis Rodríguez Zapatero. Ni presidirá las sesiones del Consejo Europeo ni las cumbres de la UE con EEUU, o con América Latina, o con los países del Mediterráneo… Aunque, por supuesto, en las que sea anfitrión -que para eso paga la factura-, dirá las palabras de bienvenida y probablemente se sitúe en el centro de la foto. Pero el caso es que los presidentes de turno de la UE perderán a partir de ahora una oportunidad para brillar en la escena internacional, siempre y cuando estuvieran capacitados para ello. La pregunta es: ¿va a perder la ocasión de influir en esas reuniones en calidad de gestor semestral? Se vislumbra un marco de cierta tensión entre los defenestrados presidentes de turno y el presidente estable del Consejo Europeo.

Éste será un cargo difícil para quien lo asuma, que podrá caer en la tentación de creerse jefe de Estado y se estrellará contra los 27 gobernantes con mando en plaza. El presidente del Consejo Europeo no asumirá poderes efectivos ni atribuciones concretas, sino tareas o misiones de relativa amplitud: impulso, cohesión y consenso. Interesa recalcar que la Presidencia, si bien forma parte del Consejo Europeo, no tiene derecho de voto en la institución que preside. Carece de iniciativa legislativa y de poder político decisorio, pero, pese a todo, a nadie se le escapa que, con el timón de la Unión, podrá desarrollar una labor de iniciativa política e impulso de la UE.

Su influencia sobre quienes votan en el Consejo Europeo y su papel para conciliar intereses diversos es tan importante que hace irrelevante esa carencia de voto singular. Si ejerce con dinamismo de intérprete de intereses comunes, si sabe transmitir con prudencia y sagacidad la necesidad de alcanzar objetivos comunes, y si acierta a coordinar y conciliar los intereses nacionales ayudando a la formación diligente de consensos o amplias mayorías -es decir, si logra que el Consejo Europeo sea ágil y eficaz-, poco importará si puede o no votar. Pesará muchísimo más su influencia que su voto, su responsabilidad que su poder.

Es una figura ambigua, su rol es difícil de definir sobre modelos propios de los sistemas políticos nacionales. No tendrá poderes concretos pero asumirá responsabilidades difusas de extraordinaria importancia para el éxito de las numerosas atribuciones políticas y ejecutivas que asume el renovado Consejo Europeo.

¿Qué se pide de la Presidencia? Que sea una buena organizadora, una suerte de bróker, y que tenga capacidad de impulso. Que sea visible su pleno compromiso con la integración, y que forme parte de sus núcleos duros; es decir, a priori, que pertenezca a un Estado de la Eurozona, que aplique la Carta de los Derechos Fundamentales, que esté en las políticas del espacio de libertad, seguridad y justicia, y en la política exterior y de seguridad común.

A nadie se le oculta que tendrá que tener en cuenta también los intereses estatales y que, inevitablemente, será sensible a los de los tres grandes (Alemania, Francia y Reino Unido), pero, al mismo tiempo, cierto equilibrio e imparcialidad será vital para que adquiera autoridad sobre todos los estados.

La nacionalidad importa y no debería ser de un gran Estado. Y será vital que, por su personalidad, haga inútiles las especulaciones sobre los riesgos y fricciones con las otras dos figuras más relevantes: el Alto Representante y el Presidente de la Comisión.

Se están haciendo muchas cábalas sobre quién resultará finalmente elegido. Parece casi descartado el ex primer ministro británico, Tony Blair, para tranquilidad de los europeístas, ya que su perfil era justamente el opuesto al que se espera de esta figura. Como los nombres se barajan al mismo tiempo para este cargo y para el próximo Alto Representante, hay que tener muy en cuenta la diversidad ideológica y geográfica. Nada se dice sobre el género en el Tratado de Lisboa, aunque nuestros machistas políticos europeos sólo parecen estar barajando nombres masculinos. Se habrá observado que yo sólo aludo al sustantivo del cargo sin preferencia de sexo.

Si los socialistas europeos, como parece, se piden para ellos el cargo del Alto Representante (que sí debería ser de uno de los países grandes por su cometido exclusivamente exterior), el luxemburgués Jean-Claude Juncker, del Partido Popular europeo, se ajusta íntegramente al perfil, tanto por su sobrada capacidad como porque representa la continuidad al provenir de un Estado fundador. Sin embargo, como ya han dejado claro, no gusta a algunos presidentes, europeístas de boquilla, acomplejados por su brillantez, inteligencia y honradez -por no hablar de que su coherente europeísmo enerva a los británicos-. Este político cabal, que preside el Eurogrupo (los Estados del euro) y el Gobierno de su pequeño país, es la cabeza mejor amueblada para la política europea.

Benita Ferrero-Waldner, comisaria europea y antigua ministra de Asuntos Exteriores de Austria, sería otra excelente candidata y garantizaría conocimiento de las tareas, equilibrio entre lo interno y lo externo y la cohabitación con los dos otros cargos en liza -ha sido leal a Barroso y ha soportado al ególatra de Solana, ¿se puede pedir más?-.

La irlandesa Mary Robinson, ex jefe de Estado, reúne también las dotes precisas aunque es socialista. Cualquiera de estos nombres, como los del holandés Balkenende o el belga Verhofstadt -sólo pasables candidatos populares que asumirían con capacidad el cargo aunque no me provocan la misma confianza-, evitarán los celos y fricciones entre instituciones y buscarán el deseable buen entendimiento con Barroso, presidente de la Comisión.

Es sensato y plausible la buena química entre las tres figuras, en especial con el presidente de la Comisión, el tándem bimotor de la UE. La bicefalia es un riesgo peligroso que no se puede asumir. La concertación entre ambos permitiría una decisión ejecutiva rápida tal como se espera de un actor global. Una conjunción equilibrada de las dos presidencias nos conducirá a una nueva dinámica institucional, a una nueva forma de gobierno europeo basada en el tándem de los dos ejecutivos de la UE: el intergubernamental y el comunitario.

Araceli Mangas Martín es catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Salamanca.

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TRIBUNA: INTEGRACIÓN COMUNITARIA

La autora destaca el triunfo del referéndum en Dublín, pero recuerda los obstáculos del nuevo Tratado para la UE. Subraya la importancia que tendrá el presidente estable del Consejo para dar coherencia y visibilidad a Europa

Tras el sí de Irlanda en el referéndum del pasado viernes, el Tratado de Lisboa -fruto del lavado y centrifugado del fallido Tratado Constitucional europeo- abandona la vía muerta y emprende su programado trayecto. El resultado, después del triunfo del no de hace poco más de un año, ha sido contundente: un 67% de votos a favor del sí.

Cierto es que no son los ciudadanos irlandeses los únicos que lo retenían; una batalla jurídica de altos vuelos marcada por el activismo judicial de la Corte Constitucional alemana ha animado el debate sobre los límites de las reformas y la consistencia de nuestros estados en el marco de una organización que ha venido, hasta ahora, demandando más y más atribuciones del ejercicio de competencias soberanas. Y tras la adhesión de los irlandeses, aún falta que rubriquen el Tratado el presidente de Polonia y el presidente de la República Checa: los parlamentos de ambos países ya han ratifacado el texto, pero sus jefes de Estado se resisten.

El Tratado de Lisboa, redactado al modo tradicional -abandonando experimentos inútiles y dañinos-, devuelve el tren europeo a sus raíles. El texto incluye modificaciones a los vigentes Tratados de la UE y de la CE, hasta el punto de hacer desaparecer el nombre de Comunidad Europea y su subjetividad diferenciada, pasando a titularse Tratado de funcionamiento de la UE. La Unión Europea existente sustituye en la personalidad internacional y sucede en derechos y obligaciones a la Comunidad Europea, que desaparecerá en pocas semanas.

Previsiblemente, el Tratado podría entrar en vigor en noviembre de este mismo año, con lo que se salvaría el embrollo que se produciría si no lo estuviera para la toma de posesión de la nueva Comisión Europea. De hecho, la infausta reelección de su presidente, José Manuel Durao Barroso, se tendría que haber producido el pasado julio y, sin embargo, se ha retrasado hasta hace sólo unos días, para que así se conozca ya el resultado del referéndum irlandés cuando haya que escoger a los 25+1 integrantes que conformarán su Ejecutivo, ya que un resultado negativo en Dublín hubiera conllevado tener que ejecutar la decisión vigente de reducir el número de comisarios respecto del número de estados (27) miembros de la Unión.

Pero con Lisboa en vigor en fechas próximas, esa angustia desaparece, ya que hasta 2014 (fecha de las siguientes elecciones al Parlamento Europeo y, por lo tanto, de la formación de la nueva Comisión europea, que nace siempre tras esos comicios) no habrá que reducir el número de comisarios en un tercio previsto, si bien cabe el que finalmente no se reduzca si se toma la decisión -por unanimidad- de revisar la composición de la Comisión.

El buen entendimiento entre Francia y Alemania en 2006 y 2007, junto a múltiples negociaciones bilaterales, permitió en el semestre alemán de Presidencia dejar pactado el Tratado mediante un detallado Mandato que rescataba los elementos valiosos del pecio constitucional hundido para llevarlos al tren convencional que se cerró, ya bajo Presidencia portuguesa, en Lisboa. Existe un amplio consenso sobre el papel decisivo que cobró la seriedad y discreción de la canciller Angela Merkel. Como se dice entre los jóvenes, los europeos «le debemos una» a la canciller alemana.

El Tratado de Lisboa aporta avances de gran importancia, como la personalidad única de la Unión -que facilitará su acción internacional y su visibilidad- y la fusión de la Unión Europea con la Comunidad Europea, con la subsiguiente eliminación de la estructura de pilares, algo que será muy positivo, pues una de las razones de la complejidad de los Tratados procede de la arquitectura internacional de la UE, por la dualidad de la Unión y de la Comunidad así como la estructura en pilares. La delimitación de competencias puede contribuir a clarificar entre los políticos y los medios de comunicación quién hace qué, ya sea la UE, ya sean sus estados miembros, ya sean las regiones de éstos. Sin duda, es fundamental que cada cual asuma sus responsabilidades.

Asimismo, el Tratado admite la iniciativa popular para movilizar a la Comisión, introduce el mecanismo de alerta temprana de participación de los parlamentos nacionales y reconoce la fuerza obligatoria de la Carta de los Derechos Fundamentales de Niza, aunque permitiendo las llamadas excepciones polaca y británica. Estas tres novedades pueden propiciar un mayor interés social por la integración y favorecer el debate público.

Es evidente que este proceso de integración, que nació bajo el impulso y la fuerza del apoyo ciudadano, no tiene desde hace años aliento popular, aunque ahora, claro, tampoco necesite expresarse de la misma forma que tras la Segunda Guerra Mundial. Con todo, la falta de sintonía entre ciudadanos y proceso de integración es una realidad; hay un cierto desapego acerca del rumbo y contenido de las políticas europeas. Claro que la opinión pública muestra una posición de indiferencia e impotencia no menor respecto la política interna de cada país.

La eficacia de la Unión puede mejorar con la ampliación de la mayoría cualificada para la toma de decisiones en numerosos ámbitos. Y también la creación de una Presidencia estable y fuerte de Consejo Europeo nos hará más eficaces, poniendo fin al sistema de rotación semestral en esa institución, con lo que asegurará coherencia, visibilidad y continuidad.

Claro que ello le aguará la fiesta al Gobierno, ya que España ocupa a partir del 1 de enero próximo el semestre de Presidencia europea, lo que ha sido anunciado por una destacada vocera socialista como «el mayor acontecimiento planetario» y «una esperanza para muchos seres humanos». Si para el 1 de enero se ha elegido a ese presidente de la UE, muchos ministros españoles tendrán reuniones que dirigir, pero ni Zapatero podrá presidir ya el Consejo Europeo ni Moratinos, el Consejo de Asuntos Exteriores.

Otras novedades que aporta el Tratado de Lisboa son la capacidad del Parlamento para decidir sobre la totalidad del presupuesto, o la cláusula de solidaridad y las cooperaciones estructuradas en Seguridad y Defensa. Del conjunto de reformas institucionales, sin entrar en detalles, se deduce el reforzamiento intergubernamental, lo que se traduce en una realidad de hecho desde la gran ampliación que ya ha incidido en su dinámica. La eliminación de la parafernalia constitucionalista deja al desnudo lo que realmente suponía aquella reforma: máximo control por parte de los estados y reforzamiento de éstos en el sistema institucional. Pero también la mayor democratización y eficacia del sistema institucional (más materias a decidir por mayoría cualificada y en codecisión con el Parlamento Europeo) es el contrapunto que permitirá nuevos equilibrios y nuevas dinámicas en la Unión.

El inicio de la ruta del Tratado de Lisboa conllevará una actividad de vértigo en la Unión y en los estados que van a gestionar la Presidencia rotatoria del Consejo de Ministros. Una de las primeras medidas que corresponderá a la actual Presidencia sueca será la notificación a los terceros estados y a las organizaciones internacionales de la sucesión o sustitución legal de la Comunidad por la Unión. Y, a continuación, el nombramiento del presidente del Consejo Europeo. Y, además de su nombramiento, habrá que ir barajando los nombres de otros cargos, como el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores, que simultaneará esa cartera con la vicepresidencia de la UE.

El presidente de la Comisión, el portugués Durao Barroso, presentará formalmente la lista oficial de su colegio de 25+1 (el Alto Representante) tras la entrada en vigor (de otro modo no podrían ser 27). El relieve que está teniendo estos días es fugaz, ya que el declive del presidente de la Comisión será visible al tener que competir con el presidente permanente del Consejo Europeo y su vicepresidente, quien recibirá instrucciones de los estados y del Consejo Europeo, sin guardar el deber de independencia de todo comisario. Otros nombramientos y aprobación en cascada de nuevos reglamentos del Consejo, de la Comisión y del Parlamento se multiplicarán tras la entrada en vigor del Tratado, así como decenas de normas de aplicación de los preceptos reformados.

Toda la maquinaria estaba preparada esperando la fumata blanca de la católica Irlanda. Claro que las medidas inmediatas a adoptar a lo largo de noviembre y diciembre por Suecia no agotarán el protagonismo de España en su semestre. Nuestro país tendrá mucho que hacer en el rodaje del nuevo texto, y su Presidencia será decisiva para que se encarrilen las innumerables reformas del tren de Lisboa. Ya habrá ocasión de comentarlas cuando llegue el acontecimiento que esperaron los siglos y que se produce automáticamente cada no muchos años.

Lo que ahora importa es que el referéndum irlandés pone fin a la pesadilla constitucionalista y a las incertidumbres sobre la evolución del sistema de integración. Gracias, Irlanda.

Araceli Mangas Martín es catedrática de Derecho Internacional Público de la Universidad de Salamanca.

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TRIBUNA: ELECCIONES EUROPEAS

La autora se muestra muy crítica con el Parlamento Europeo, que no está ejerciendo todo el poder del que es titular. Considera que las instituciones comunitarias están demasiado alejadas de los intereses reales de los ciudadanos

Es claro que los ciudadanos del Viejo Continente no confían en el Parlamento Europeo. En cada proceso electoral, desde 1979 y cada cinco años, desciende el margen de participación ciudadana en toda Europa entre un 2% y un 7%. Y en las últimas elecciones de 2004, hasta el 54,3% de los ciudadanos decidieron que no tenían motivos para ir a votar. Estos días, los sondeos electorales pronostican que la abstención será muy superior al 60% en la convocatoria del próximo 7 de junio. La ciudadanía no se pregunta por quién va a votar, sino para qué votar.

Si las previsiones se cumplen, el próximo Parlamento Europeo será muy poco representativo. Y esto se debe también a cuestiones técnicas como el reparto incoherente de escaños actual. Al no haber entrado en vigor el Tratado de Lisboa por el rechazo irlandés, nos seguimos rigiendo por el Tratado de Niza, que hace del pueblo español -gracias a la gestión del ex presidente Aznar- el peor representado en la Eurocámara, seguido de franceses y británicos.

El Tratado de Lisboa ha tratado de deshacer el entuerto y nos devolverá, cuando entre en vigor, cuatro escaños y dejará a Francia de farolillo rojo seguida de España y Reino Unido. Algo tan simple como la proporcionalidad regresiva se convierte siempre en una chapuza en manos del Consejo Europeo que, según una anómala decisión de diciembre de 2008, prevé cambiar la composición del Parlamento recién elegido pasadas las elecciones, aunque no entre en vigor Lisboa. Sin entrar más a fondo aquí en cuestiones tan técnicas, cabe resumirlo diciendo que iremos a las urnas en medio de un cambalache.

Es bien sabido que tampoco hay debate electoral sobre el proyecto europeo, ni se habla en los actos electorales sobre Europa como valor instrumental para la resolución de tantos y tantos problemas.Menos aún ahora con el cansancio que la trifulca constitucionalista ha producido. Ya hace tiempo que me referí al inmenso e irreparable daño, en la misma línea de flotación del proyecto europeísta, que le produjeron los fundamentalistas europeos y los aficionados constitucionalistas recién llegados al debate comunitario.

Por ejemplo, ¿qué debate ha habido sobre la llamada Directiva de retorno de los emigrantes? ¿O sobre la propuesta de Directiva de la jornada laboral máxima de 65 horas semanales -bloqueada temporalmente por la Eurocámara probablemente hasta que pasen las elecciones europeas? ¿O sobre la amenaza que se cierne para la enseñanza universitaria con el conocido Plan Bolonia urdido por talibanes de la pedagogía, plan que nunca se debatió ni se aprobó por la UE en cuanto tal? Sólo el papanatismo y la ignorancia han hecho que se propague la simpleza de que «viene de Europa» y que se mienta, por ignorancia o malicia, diciendo que permitirá la libre circulación, cuando este derecho ya existe para España desde 1986 y es independiente de los planes de enseñanza universitaria.

¿O qué responsabilidades se han exigido por el Parlamento Europeo -aparte de hacer un excelente informe- a aquellos estados miembros que han violado de forma grave los derechos humanos colaborando en la tela de araña global que permitió secuestrar en sus territorios a decenas de personas e internar a otros cientos para practicar la tortura en la UE? Y qué decir del Parlamento Europeo que ahora termina su mandato por haber aprobado en febrero de este año una resolución llamando a la rebelión contra el Derecho Internacional al instar a reconocer a Kosovo como Estado, faltando al respeto a la ONU que decidió hace meses someter esa proclamación unilateral de independencia al juicio, esperemos que fundado en el Derecho Internacional, de la Corte Internacional de Justicia. ¿Y qué decir de muchos diputados españoles del PP y del PSOE que votaron a favor de esa Resolución o, simplemente, no estaban en la Eurocámara ese día?

No se puede exculpar al Parlamento Europeo diciendo que no tiene capacidad de decisión. Es rotundamente falso. Porque tiene prácticamente los mismos poderes que el Consejo. Desde 1992, con el Tratado de Maastricht, cambió su estatuto consultivo por un peso legislativo (la codecisión), que se incrementó con las sucesivas reformas del Tratado de Amsterdam (1998), de Niza (2002) y que llega a la paridad con el Consejo en Tratado de Lisboa.

El Parlamento Europeo puede decidir que se apruebe, se modifique o se rechace una propuesta de norma europea. Algo grave sucede cuando, teniendo esa capacidad política, no quiere ejercer sus responsabilidades decisorias. En los años 80 no tenían poder legislativo, pero les bastaba su coautoridad presupuestaría para poner en jaque al Consejo. Ahora tienen todo el poder y, sin embargo, el mate se lo dan los gobiernos. El Parlamento Europeo no consigue transmitir a los medios de comunicación ni a la ciudadanía el poder político y decisorio del que es titular. No lo transmite porque no lo ejerce.

No extraña, pues, la alta abstención. Una causa es el cansancio e irritación que tanta reforma institucional y tanto mirarse el ombligo produce en la opinión pública. Para colmo, la megalomanía constitucional irritó a la ciudadanía. Y la otra causa es la falta de sensibilidad de los políticos europeos y de las estructuras institucionales por los problemas de la gente; la UE aparece como algo lejano e insensible a nuestras preocupaciones.

Los políticos se apropian los éxitos de la Unión como logros de la política nacional y, en cambio, problemas propios se los imputan a Europa -«la culpa es de Bruselas», se suele decir-.Los políticos viven en una órbita lejana y sólo les preocupan sus cotas de poder, sus astronómicos sueldos y gabelas fundados en la dignidad de sus funciones como si las nuestras, nuestros trabajos, fueran indignos. La ciudadanía percibe en toda Europa que no se cuenta con ella; a nuestros políticos, en su gran mayoría corruptos de una forma u otra, los de aquí y los de Europa, sólo les preocupa de vez en cuando contar a la gente, pero no contar con la gente.

Otra causa del desinterés y la abstención son las alocadas ampliaciones en la UE que se han producido, con notables rebajas en los criterios de admisión de los países miembros. El Parlamento Europeo puede vetar cualquier ampliación y no debió permitir que la UE se fuera de saldos en materia de derechos humanos o en la voluntad de compartir los objetivos del proceso de integración. La ampliación ha dividido a los europeos y ha sido una fuente añadida de conflictos internos.

También la ausencia de liderazgo marcará la abstención. La medianía de los dirigentes políticos europeos no sólo afecta a España.Y la maquinaria institucional no puede sustituir a la falta de liderazgo y voluntad política. Y, desde luego, la causa definitiva, evidente a todas luces en el caso español, son las listas que los partidos políticos presentan a las elecciones europeas. Europa les parece algo banal e irrelevante y sólo les vienen bien estas elecciones para colocar con sueldos espectaculares a sus enemigos internos.

Que no se sabe qué hacer con una ex ministra más propia de la valleinclanesca Corte de los milagros (y hay más en el Gobierno), pues «a Europa». Que no saben que hacer con una persona decente y valiosa para la política nacional pero crítica, pues «a Europa».Los políticos fracasados, en el Gobierno o en la oposición, estatal o autonómica, se van a hacer la travesía del desierto a la Eurocámara.Y otros, antes que quedarse ganando dignamente cuatro duros en su trabajo habitual, se refugian en la caja registradora europea y se van a sanear su patrimonio.

Repasando las listas de los dos grandes partidos españoles, se salvan muy pocos, poquísimos candidatos. La inmensa mayoría no son personas competentes para esa función ni son personas comprometidas con el proyecto europeo. Van a pasar, como sea, cinco años, a hacer caja y a mostrarse agradecidos. Responden, sin más, a la ínfima calidad de la democracia en España. La que permiten las maquinarias de los partidos políticos, que quieren convertir al Parlamento Europeo y al propio proceso de integración en algo irrelevante.

Pero, a su pesar, hay razones para votar, aunque sea en blanco.Con la benevolencia de esta tribuna las defenderé. Otro día.

Araceli Mangas Martín, es catedrática de Derecho Internacional Público y de Relaciones Internacionales en la Universidad de Salamanca.

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TRIBUNA: DERECHO INTERNACIONAL

La autora explica que la orden de arresto del presidente de Sudán es un éxito de la Corte Penal Internacional. Subraya que la posibilidad de detener a gobernantes en activo es un avance en defensa de los derechos humanos

En sus pocos años de existencia, la Corte Penal Internacional está haciendo un trabajo impecable e implacable, con rigor jurídico e imparcialidad, sin las alharacas, inconsistencia y arbitrariedades a las que nos tienen acostumbrados la Justicia española y, de modo escandaloso y presuntamente delictivo, algunos magistrados, sin que el imperio de la ley recaiga sobre ellos.

El tratado internacional (Estatuto) que creó la Corte Penal Internacional entró en vigor en julio de 2002 y ya tiene abierto proceso a una decena de personas -algunos ex-ministros-. Uno de los aspectos más progresivos e impactantes del Estatuto de la Corte para el ordenamiento internacional es su afirmación de que «se aplica por igual a todos, sin distinción alguna basada en el cargo oficial» y especifica que el cargo de jefe de Estado o de Gobierno «en ningún caso les eximirá de responsabilidad penal» (artículo 27).

No era nuevo, cierto, pues en términos parecidos ya se había establecido esa impunidad en los estatutos de los Tribunales Penales específicos para la antigua Yugoslavia, para Ruanda y para Sierra Leona en los que ya se ha juzgado a un jefe de Estado -Milosevic- y a un primer ministro -el ruandés Kambada, condenado a la muy democrática pena de cadena perpetua- u ordenado el arresto del jefe de Estado de Liberia, Charles Taylor. Con la orden de arresto acordada el día 4 de marzo contra el presidente de Sudán, Omar al-Bashir, se aplica, por primera vez, esa norma en el marco de la permanente Corte Penal Internacional.

Hasta la aprobación de estos estatutos de las cortes penales (ya sean ad hoc, ya sea la permanente), secularmente el Derecho Internacional había protegido las funciones que asume todo jefe de Estado con la inmunidad de jurisdicción penal de forma absoluta; estas inmunidades «no están acordadas para su ventaja personal, sino para permitirle cumplir libremente sus funciones por cuenta del Estado que representa», como dijera el órgano judicial de la ONU, la Corte Internacional de Justicia, también con sede en La Haya en su sentencia Yerodia de 2002.

En ésta, sobre una orden de arresto respecto de un ministro de Asuntos Exteriores (situación análoga al jefe de Estado y de Gobierno a efectos de la inmunidad penal de derecho internacional), la Corte Internacional de Justicia estimó que era más importante proteger el bien jurídico de la independencia de los estados que el interés del respeto de las normas de las que se les pudiera acusar. Pero dejó la puerta abierta a que se pueda juzgar a cualquiera de esos tres cargos en activo siempre que la Corte Penal Internacional sea competente de acuerdo a tratados concretos (como es el caso del presidente de Sudán). También cabrían ser juzgados esos cargos en activo siempre que el Estado renunciase a la inmunidad penal internacional o se les juzgase en los tribunales internos previo levantamiento de la inmunidad de Derecho interno y, por último, cuando dejen de ocupar el cargo.

Sudán no es Parte del Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI), pero ésta es competente para enjuiciar los graves crímenes sucedidos en Sudán gracias a la decisión del Consejo de Seguridad en 2005 de levantar el velo de impunidad de los criminales sudaneses y pedir a la Corte que los juzgue. Pues bien, cuando es el Consejo de Seguridad el que ordena el inicio de las actuaciones de la Corte, dada su autoridad coercitiva, de conformidad con el capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, se impone sobre todo Estado, sea o no Parte del Estatuto de la Corte Penal. Esto es muy importante y puede tener un giro decisivo y beneficioso en este nuevo pulso a la impunidad por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Nunca he oído a los tertulianos y críticos acérrimos de Naciones Unidas ponderar la decisión del denostado Consejo de Seguridad.

El centenar de estados que han suscrito el Estatuto, entre ellos todos los de la Unión Europea, están obligados por haber dado su consentimiento a ese tratado a cooperar con la Corte Penal Internacional, de modo que cuando una persona requerida por la Corte se encuentre en el territorio de un Estado Parte, éste debe detenerlo y entregarlo a la Corte. ¿Y los estados que no son Parte, incluido Sudán, deben cooperar con la Corte? Como fue el Consejo de Seguridad quien activó la competencia de la Corte, hay que ver en la Resolución 1593 (2005) a quién le exige respetar su mandato.

En efecto, le exige a Sudán y a «todas las demás partes en el conflicto» cooperar plenamente con la Corte y prestarles «toda» la asistencia necesaria. Los grupos armados tienen una oportunidad para redimirse ante la opinión pública internacional; si el Estado sudanés no coopera con esta obligación impuesta por el Consejo de Seguridad, podría ser sancionado por éste. A su vez, para los estados no partes del Estatuto, pero miembros de la ONU, la obligación es algo menos contundente pero les exhorta a que «cooperen plenamente» con la Corte.

Entonces, ¿cuál sería el efecto real de la orden de arresto para el presidente sudanés?

No es previsible ni probable que este individuo, que llegó al poder mediante un golpe de Estado, renuncie a su inmunidad ni se la levanten en el orden interno los militares que le apoyan.Pero aquellas facciones del ejército que no le secundan y los grupos armados rebeldes tienen una buena excusa para derrocarle o llevar a cabo algún golpe de mano. Así, el Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés podría hacer amigos para su causa secesionista si lograra facilitar la entrega y se sirviera a continuación del precedente de Kosovo.

Por otra parte, la orden de arresto se activará cuando el presidente salga del territorio de Sudán, ya sea en viaje oficial o privado.Si viaja -que seguro que no lo hará- a cualquiera de los 108 estados parte del Estatuto -de los cuales 30 son africanos- la orden de arresto y entrega habrá que ejecutarla. Y como la activación del procedimiento penal lo hizo el Consejo de Seguridad, los estados que no son parte del Estatuto pero lo son de Naciones Unidas -en definitiva cuando viaje a cualquiera de los 192 estados miembros de la ONU, como China, Israel, Rusia, India, Estados Unidos, etcétera-, se verán en la obligación de cooperar plenamente con la Corte al haberlo previsto así la Resolución del Consejo de Seguridad -obligatoria para todos los estados-.

Ahora bien, en el Estatuto de la Corte Penal hay un resquicio para que los estados puedan librarse de una incómoda orden de arresto que les origine incumplimientos de otras obligaciones internacionales generales o convencionales. El artículo 98 prevé que la Corte no dará curso a una solicitud de entrega cuando el Estado requerido deba actuar en forma incompatible con las obligaciones que le imponga el Derecho Internacional con respecto a la inmunidad. Pero, en todo caso, no es una verdadera escapatoria, ya que no depende de la voluntad unilateral del Estado requerido sino de la decisión de la propia Corte Penal Internacional de renunciar a la solicitud en un caso concreto. En conclusión, que el presiente sudanés tiene muy complicado salir de su propio país.

Otro aspecto de interés son los crímenes por los que se dicta la orden de arresto contra el Al Bashir: crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Es verdad que la petición del fiscal de la Corte incluía también crímenes de genocidio, pero la Sala no ha encontrado pruebas para ese tercer tipo delictivo.

En ciertos medios de comunicación y entre sus tertulianos el centro de gravedad no era la orden de arresto contra un jefe de Estado sino que se rasgaban las vestiduras por no acusarle de genocidio, como si los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad fueran calderilla. En pocas palabras, los tres únicos crímenes sobre los que tiene competencia la Corte son todos ellos de igual y extraordinaria gravedad y sanción; y el crimen de genocidio es una especie o derivación del crimen contra la humanidad.

La sociedad española, incluidos los penalistas, tiene una concepción muy amplia del genocidio, es decir, en cuanto se habla de cantidades terribles de muertos sin más se habla de genocidio. Pero el genocidio es una especie, aunque autónoma y regulada por un convenio singular, de crimen contra la humanidad y sus elementos, su dolo o intencionalidad específica, son muy restrictivos, precisos y difíciles de probar.Ningunear el gran valor jurídico, político y ético de la orden de arresto dictada contra un jefe de Estado en activo por no incluir el crimen de genocidio es ignorancia o mala fe.

Cualquiera que sea su resultado final, el acuerdo de la Sala Preliminar de la Corte Penal Internacional de ordenar el arresto de un jefe de Estado en activo es una gran noticia para quienes defendemos que la vida y la dignidad de los seres humanos son un valor absoluto y superior a la soberanía del Estado, valor relativo ya desde finales del siglo XX.

Araceli Mangas Martín es catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Salamanca.

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