Reggio’s

La distancia entre oferta y demanda de viviendas se ensanchó un poco más en 2009. O dicho en términos más directos: el stock de viviendas sin vender continúa creciendo de forma importante en medio de la mayor crisis del ladrillo a lo largo de más de medio siglo. Los datos los dio ayer el Ministerio de Fomento, y reflejan que el año pasado se concedieron 387.075 certificaciones de fin de obra. Por el contrario, y según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el año pasado la compraventa de viviendas nuevas ascendió únicamente a 220.633 pisos. Es decir, que el mercado tendrá que absorber otras 166.442 viviendas ya terminadas que buscan comprador.

La cifra de viviendas terminadas es la más baja desde el año 2001, pero continúa siendo muy elevada respecto de la demanda real debido al tiempo que transcurre entre el inicio y el final de una obra. Muchas de las viviendas con certificado de fin de obra en 2009 comenzaron a construirse en 2007 o, incluso, los primeros meses de 2008, cuando la crisis del ‘ladrillo’ comenzaba a manifestarse de forma intensa. Pese a que la crisis era evidente, los promotores inmobiliarios continuaron adelante con las obras como mal menor.

La consecuencia de esta estrategia -en algunos casos se trata de una verdadera fuga hacia adelante- no puede ser otra que un aumento relevante en el stock de viviendas sin vender. Hasta el punto de que es probable que existan ya en estos momentos más de 1,2 millones de viviendas sin comprador, un parque residencial equivalente al que existe hoy en la ciudad de Madrid. Recientemente, el Servicio de Estudios del BBVA estimó que el número de pisos sin vender se situaba en 1,1 millones, a los que habría añadir los 166.000 pisos nuevos con certificado de fin de obra entregado a lo largo de 2009. El propio BBVA ha estimado que la absorción de esta sobreoferta sólo podrá materializarse “a partir de principios de 2010 y seguirá empujando los precios a la baja durante todo 2010 y 2011”.

Creación de nuevos hogares

El Ministerio de la Vivienda ha rebajado el stock a cerca de 700.000 viviendas, en cualquier caso una cifra que tardará años en absorberse debido a que la creación de nuevos hogares (la variable fundamental) ha caído por la crisis. El año pasado se crearon 225.500 hogares, según la Encuesta de Población Activa (EPA), cuando en la fase expansiva del ciclo económico se llegaron a sobrepasar ampliamente los 300.000. La patronal de los promotores inmobiliarios, por su parte, ha elevado el número de pisos sin vender a unos 750.000.

Para hacerse una idea de lo que significa el parón del sector de la construcción, hay que tener en cuenta que en 2009 el número de visados de dirección de obra nueva ascendió a 110.849 viviendas, la cifra más baja desde que se tienen series históricas. De ese número, la cuarta parte son viviendas unifamiliares. La cifra es, incluso, inferior a los registros de los años 70, cuando la población española era sensiblemente inferior a la actual. Sólo hay que tener en cuenta que hace apenas tres años, en 2006, el número de visados alcanzó una cifra histórica que tardará años en superarse. Ese año se concedieron nada menos que 865.561 visados de dirección de obra. Si se incluyen los visados de reformas y restauraciones, se llegaría a un increíble número de 911.568.

Esa cifra, sin embargo, nunca se llegó a ejecutar en su totalidad, ya que una cosa es pedir el visado y otra muy distinta finalizar las obras, lo que explica que ese año el número de certificaciones de fin de obra se situara en 585.583. Es decir, que la construcción de unas 280.000 viviendas se quedó por el camino. Sólo existieron sobre los planos de los arquitectos.

El año en que se concedieron más certificaciones de fin de obra (las efectivamente construidas) fue 2007, cuando, según datos del Ministerio de Fomento, se concluyeron 641.419 viviendas, dato que marca un hito en la historia del sector de la construcción. Se trata de una cifra que representa casi el doble de los pisos que se acabaron en el año 2000, al comienzo del boom del ladrillo. Ese año, se entregaron 366.776 certificados de fin de obra, una cifra similar a la del ejercicio pasado. Las diferencia, sin embargo, radica en el stock de viviendas sin vender, que ha alcanzado el año 2009 cotas históricas.

La caída en la actividad inmobiliaria es tan acusada que en una ciudad como Málaga, con más de 550.000 habitantes y con un indudable influjo turístico e inversor, se concedieron el año pasado visados de obras para construir únicamente 808 viviendas, cuando en 2003 se llegaron a dar licencias para levantar 7.544 pisos. El caso de Madrid capital es, igualmente, signficativo. El año pasado se entregaron visados de dirección de obras para construir 3.375 viviendas, a años luz de los 35.286 concedidos en 2003. Prácticamente la décima parte.

Si John Moody levantara la cabeza, tendría dos opciones. La primera, pedir la cuenta en la compañía que él mismo fundó hace poco más de un siglo para calificar los bonos emitidos por los ferrocarriles de EEUU. La segunda, fumarse un puro y repanchigarse en un butacón de orejeras imaginando cómo crece la cuenta corriente. Hay una tercera opción, probablemente la más remota. Recogerse en algún cenobio, lo cual para un emprendedor como él hubiera sido una tortura.

Cualquiera de las tres soluciones sería una respuesta coherente al hecho de que Moody’s (y también Fitcht) decidieran este miércoles mantener la triple A para las emisiones del Reino de España. No son ganas de fastidiar, pero se aplica la misma calificación cuando la economía tenía superávit presupuestario del 2% (año 2007) que cuando el déficit fiscal representa el 11,4% del PIB (año 2009). O la primera calificación era injusta por rácana o la segunda no vale por generosa, pero ambas no pueden ser posibles si se analiza un mismo país con tan sólo dos años de diferencia, y en el que el desempleo ha pasado del 8% a casi el 20% en apenas un bienio. Claro está, a no ser que el trabajo de quienes escudriñan la solvencia de las emisiones soberanas se haya convertido en un corta y pega sin valor analítico.

Se dirá que Moody`s no tiene sólo en cuenta el déficit presupuestario a la hora de hacer sus calificaciones. Y es verdad. Sería injusto valorar la economía de un país únicamente a la luz del desequilibrio fiscal. Y por eso se supone que sus analistas habrán escarbado en el futuro más inmediato. ¿Y qué dice ese futuro? Pues que en 2010 la economía seguirá en recesión (-0,3%, según el Gobierno), lo cual no parece el camino más recto para reducir el déficit público, mientras que el paro continuará desbocado: alrededor de un 20% de la población activa. Es decir, ni más ni menos que dos veces y media por encima de cuando Moody´s asignaba la triple A al Reino de España. Como se ve, algo ha cambiado en la economía española. Pero no para Moody´s.

También se podrá decir que pelillos a la mar. Que el Gobierno se ha puesto las pilas y que ahora va a reconducir la situación. Ya se sabe, el recorte de los 50.000 millones de euros. Crece de nuevo el desasosiego. El consenso de los expertos (no un grupo de amiguetes, sino quince institutos de coyuntura) calcula que este año el déficit presupuestario se situará en el 10,5% del PIB. A años luz de cuando Moody´s concedía la triple A al Reino de España.

Muchos pensarán que esos son tonterías. Que España es un país serio, como sostiene Zapatero, y que su nivel de deuda pública es muy inferior al europeo (20 puntos). Este país, por lo tanto, tiene derecho a permanecer un año más en el Olimpo de la solvencia. Es verdad, pero sólo a medias. En 2007, el endeudamiento público representaba apenas el 36,1% del PIB, según datos de la Comisión Europea, pero para el año 2010 el propio Gobierno español reconoce ya un 65,9%. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en apenas un trienio habrá aumentado un esplendido 82,5%. Como se ve, pecata minuta.

La carrera de la deuda

Sigamos con las comparaciones. Como se sabe, Moody´s y otras agencias de calificación han puesto sus ojos sobre Grecia, y con razón. Las cuenta públicas helenas son una ruina y para más inri los sucesores de Homero y herederos de los padres de la ética han engañado a Eurostat. ¿Pero cuánto ha crecido el endeudamiento heleno en el mismo periodo? Pues mucho menos que en el caso español. Veamos. En el año 2007, la deuda pública de Grecia se situaba en el 95,6% del PIB, mientras que en el 2010 alcanzará un 124,9% del producto Interior bruto. Es decir, un crecimiento del 30,6% en un trienio, casi la tercera parte que el caso español ¿Mucho o poco? Desde luego que mucho, pero bastante menos que en la piel de toro.

Es verdad que el punto de partida de España es muy inferior al de Grecia, y por eso no tiene sentido hacer comparaciones mecánicas, pero no hay duda de que en ambos casos se han encendido las luces rojas del endeudamiento.

No se trata de un asunto menor para España. En 2008, el servicio de la deuda representaba apenas el 1,2% del PIB. Como se ve un porcentaje pequeño y sostenible en el tiempo. Lo malo es que para 2013 el propio Gobierno reconoce en su actualizado Programa de Estabilidad que llegará al 3,1% del PIB. O lo que es lo mismo, unos 30.000 millones de euros, casi el triple que al comenzar la crisis. Por supuesto, siempre que no se disparen los tipos de interés en la eurozona al calor de una recuperación robusta, porque de lo contrario, más leña al fuego.

¿Qué quiere decir esto? Pues ni más ni menos que si se mantiene una tasa de desempleo cercana al 20% hasta ese año, como sostienen los institutos de coyuntura, este país tendrá que destinar cada ejercicio un 6% de su riqueza a financiar dos partidas intocables en el presupuesto: los intereses de la deuda y el desempleo. Dinero sagrado que hay que pagar religiosamente. O lo que es lo mismo, unos 60.000 millones de euros.

Grecia no es como España, desde luego, pero tampoco España es como Grecia en términos de desempleo. Es bastante peor. La tasa de paro griega es justamente la mitad que la española: un 9% en 2009 y un 10,2% en 2010. No son estimaciones del Gobierno heleno, que ya se sabe que siempre barre para casa, sino de la Comisión Europea.

¿Y el déficit público?, se dirá. España es mejor que Grecia. Es verdad, pero por poco, y si eliminamos el componente cíclico del desfase entre gastos e ingresos y nos quedamos con el llamado déficit estructural, las diferencias siguen siendo escasas. En 2009, Grecia cerró con un desequilibrio macroeconómico equivalente al 12,7% del PIB, es decir, 1,4 puntos por encima del español. Mientras que este año, y según las previsiones de los expertos, el déficit español se situará en el -10,5% del PIB, por debajo del -12,2 puntos heleno. Esto quiere decir, ni más ni menos, que ninguno de los dos países corregirá sus desequilibrios fiscales de forma contundente a lo largo de este ejercicio.

España, una cuestión de caza mayor

La pregunta que cabe hacerse, por lo tanto, es obvia. ¿Y por qué los mercados atacan a Grecia y no a España? Al menos con la misma determinación. Simplemente por una cuestión de tamaño. España, que representa alrededor del 12% del PIB europea, es caza mayor, y las cuentas públicas griegas son digeribles. Un par de datos ilustra mejor que ninguna otra cosa la distancia entre ambas economías. El Tesoro griego emitirá este año para financiar su déficit poco más de 50.000 millones de euros. Desde luego una cantidad importante, pero en todo caso muy inferior a los 223.000 millones largos que necesitará el Tesoro español para cubrir las necesidades de financiación de la economía.

O dicho con otras palabras, mientras que Grecia acabará este año con una deuda cercana a los 290.000 millones de euros, España cerrará el curso con un pasivo (en términos de Protocolo de Déficit Excesivo) superior a los 555.000 millones de euros. Porque si hablamos del endeudamiento total (incluyendo los activos financieros que emiten las empresas y entes públicos y que no computan en términos de Maastricht) se estaría hablando de más de 700.000 millones de euros. En este caso, el tamaño sí importa, Con España se corre riesgo sistémico y con Grecia no. Y por eso los gobiernos (léase Francia y Alemania) confían en que por el momento sean suficientes los llamamientos políticos.Grecia (el 3% de la eurozona) no es realmente el problema. El problema se llama España, y luego el resto de países. Exactamente igual que ocurrió tras el ‘no’ danés a Europa y que a la postre se llevó por delante el Sistema Monetario Europeo. Y Dinamarca era -y es- más pequeña que Grecia.

Lo relevante, por lo tanto, no es el stock de deuda, sino su evolución, porque de lo contrario Italia y Bélgica, con endeudamientos que superan el 100% del PIB, hubieran sucumbido ante los ataques de los especuladores, y su diferencial con el bono alemán se mantiene básicamente igual pese a la tormenta en los mercados de renta fija.

-’Pero España tiene un stock de deuda muy inferior al griego’, se dirá. Y es verdad. Letonia o Lituania también lo tienen respecto de Alemania, pero ningún inversor abandonaría Berlín para poner su dinero en los países bálticos salvo que quiera jugarse el empleo. La salud financiera de un país no es una fotografía fija, sino dinámica.  Lo relevante es su ritmo de deterioro. Y en esto a España sólo le gana Rusia.

Por eso, precisamente, Merkel y Sarkozy han decidido actuar. No sólo para salvar a Grecia -que también- sino sobre todo para poner fuera de peligro a Alemania y Francia, que como en los Diez Negritos de Agatha Christie, temen que sus economías acaben arrastradas por el tsunami en los mercados de deuda. Y España, en este mercado, y por su tamaño, es pieza esencial. Es la segunda línea defensiva contra la voracidad de los mercados, paradójicamente regados con el abundante dinero barato que les ha prestado el BCE. Y para mantener esa línea Maginot era necesario que las agencias de calificación (los únicos agentes económicos indultadas por los gobiernos en esta refriega del capitalismo, -¿por qué será?), siguieran mirando como si los fundamentos económicos fueran los del año 2007. Si el bueno de John Moody levantara la cabeza.

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La pérdida de confianza de los inversores extranjeros en la economía no le va a salir gratis a España. Todo lo contrario. La prima de riesgo con Alemania se situó ayer muy cerca de los 100 puntos básicos (un punto porcentual), y eso significa que el Tesoro tendrá que gastar este año mucho dinero de más para colocar la ingente cantidad de deuda que tiene previsto emitir España a lo largo de 2010. En total, 211.500 millones de euros. Nada menos que el 20% del Producto Interior Bruto (PIB), lo que refleja la importancia de esta variable.

De mantenerse ese diferencial con Alemania a lo largo del ejercicio, como sostienen entidades como Caja Madrid, ello supone un coste adicional que se sitúa entre 1.500 y 2.000 millones de euros para el Tesoro.  Hay que tener en cuenta que las tres cuartas partes de la deuda española la componen bonos y obligaciones, por lo que lo relevante son este tipo de emisiones. Y en la subasta de ayer, a modo de aviso para navegantes, el Tesoro se vio obligado a aumentar la rentabilidad de los bonos a tres años en cerca de medio punto porcentual, lo que da idea de las tensiones existentes en los mercados de deuda. Al menos, la demanda de títulos fue superior a la oferta, lo que significa que hay liquidez en el mercado. Sin embargo, el Tesoro se vio forzado a situar la remuneración de los bonos en el 2,63%, lo que supone un serio revés para las cuentas públicas y, por ende, para los contribuyentes.

No se trata de un fenómeno aislado. Desde que el presidente Zapatero estuvo en Davos (Suiza) el pasado jueves, la rentabilidad de las emisiones del Tesoro no ha dejado de crecer, también en los plazos más cortos, que se habían mantenido alejados de las tensiones. En el caso de las letras a 12 meses, la rentabilidad ha pasado en apenas una semana del 0,80% al 0,90%, mientras que los bonos a 5 años, según datos del Banco de España, se ha pasado de un 2,91% al 3,06%. En las obligaciones a diez años, el incremento  ha sido algo menor, pero alejándose del bund alemán  Hoy el Gobierno germano paga un punto menos que el español cada vez que vende un activo a 10 años.

Según un experto que prefiere no identificarse, lo que está pasando es que los inversores extranjeros “han puesto el foco sobre España”, y aunque probablemente se esté sobreactuando (algo consustancial al propio funcionamiento de los mercados), lo cierto es que la tormenta no parece que vaya a amainar a corto plazo. “Los inversores están viendo un creciente deterior de las cuentas públicas, y esa es una mala señal”, insiste.

El profesor Luis Garicano, de la London School of Economics, va más allá, y en un artículo publicado en el blog Nada es gratis asegura que además de los problemas presupuestarios, España tiene un problema de transparencia. Sostiene, en concreto, que  “nadie se puede creer que con más de 1,5 millones de viviendas vacías los precios hayan caído sólo un  13%”. Esto al inversor extranjero, asegura, “le parece que tiene que ser fraudulento”. Los precios, afirma, “tienen que caer como en Phoenix o en Miami, el 50%, y esto tiene que aparecer en los balances de cajas y bancos”.

Las dudas, sin embargo, no acaban ahí. Como señala un especialista, no hay que descartar que las agencias de calificación pongan la calificación de España con perspectiva negativa, lo que supondría un golpe importante a la credibilidad del país. “Si Moody`s lo ha hecho con EEUU, ¿por que no lo va a hacer con España?”, se pregunta.

La deuda como problema

Sea por una cosa o por la otra, o por las tres, lo cierto es que la deuda vuelve a ser un problema. Aunque el  Tesoro ha podido colocar todas sus emisiones, ha tenido que pagar más, y eso explica que en 2010 tenga que destinar a este fin -si se cumplen las previsiones- nada menos que 23.200 millones de euros, lo que representa un incremento del 33% respecto del año pasado.

No es este, desde luego, el peor de los escenarios posibles. El Gobierno estima en su reciente Programa de Estabilidad que el servicio de la deuda costará en 2013 el 3,1% del Producto Interior Bruto. O lo que es lo mismo, alrededor de 30.000 millones de euros en precios constantes (sin inflación). La cifra es todavía inferior al 5% en que se llegó a primeros de los años 90, pero hay que tener en cuenta que por entonces los tipos de interés que se veía obligada a pagar España para atraer capital extranjero eran estratosféricos.

En 2013, y según esas mismas proyecciones, el nivel de deuda pública será equivalente al 74,1% del PIB, prácticamente el doble que el nivel que existía al comenzar la crisis económica.

Un fuerte aumento de la deuda y una elevada tasa de desempleo son, en cualquier caso, un cóctel explosivo, toda vez que ambas partidas absorberían prácticamente la tercera parte de los gastos no financieros del Estado (donde se incluye  el servicio de la deuda).

Según aparece en la ley de Presupuestos, el endeudamiento del Estado se situará al acabar este año en 556.600 millones de euros, y a esta cantidad hay que sumar el endeudamiento de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Cambio de tercio en las relaciones entre sindicatos y Gobierno. La comisión permanente de CCOO y la Ejecutiva de UGT convocarán este martes las primeras movilizaciones contra la reforma de las pensiones que proyecta el Gobierno.

La maquinaria tiene como punto de arranque una campaña informativa que comienza hoy mismo en los centros de trabajo de todo el país, y culminará en esta primera etapa con una asamblea de delegados en Madrid. La asamblea se celebrará este mismo jueves, cuatro de febrero, y será el pistoletazo de salida de las movilizaciones. Por el momento, no se habla de la convocatoria de ninguna acción de carácter general, pero en la agenda de los sindicatos -que en este punto mantienen la unidad de acción- está ir subiendo gradualmente la intensidad de las protestas hasta conseguir que el Gobierno dé marcha atrás en su propuesta de aumentar de 65 a 67 años la edad de jubilación con carácter obligatorio.

Los sindicatos no sólo están contra el fondo del documento aprobado el viernes pasado por el Consejo de Ministros, sino que también están sorprendidos por la forma en que el Gobierno ha planteado el llamado pensionazo. En particular, en unos momentos muy delicados en los que tanto UGT como CCOO y la patronal CEOE están negociando un pacto de moderación salarial y de contención de los beneficios empresariales.

“Claro que el asunto de las pensiones contamina toda la actividad sindical”, asegura un dirigente de CCOO cuando se le pregunta si la reforma de las pensiones puede influir en el diálogo social. En principio, sindicatos y empresarios  se habían dado de plazo hasta el próximo 15 de febrero para agotar las negociaciones, pero está por ver si el nuevo clima afecta a los contactos, que continúan celebrándose al margen de los focos de los medios de comunicación.

Lo que está claro es que los sindicatos parecen dispuestos a emplearse a fondo contra la propuesta. Básicamente porque han palpado en la opinión pública un gran rechazo ante la posibilidad de que se alargue la edad de jubilación, y en unos momentos en los que desde diversos sectores se ha criticado su inactividad frente a la crisis, no están dispuestos a dejar pasar esa bandera.

Zapatero se queda solo

La contestación sindical a la propuesta era evidente, y eso explica que el pasado sábado el presidente Zapatero viniera a decir ante el comité federal de su partido que estaba dispuesto a aguantar el pulso a los sindicatos. Pero las centrales no están solas. Saben que ningún partido quiere sacarle las castañas del fuego al Gobierno en un asunto como este que tiene tanto desgaste electoral, y de ahí que su estrategia vaya a pasar por ampliar la correlación de fuerzas en contra de la medida. En particular con los partidos de izquierdas.

Ni siquiera formaciones como el PP o CiU, a priori más proclives a la medida, parecen dispuestas a mojarse a favor del Gobierno. Máxime cuando en octubre (si no hay adelanto) hay elecciones en Cataluña y el año próximo municipales y autonómicas. Y este asunto, como sostiene un dirigente sindical “está en la epidermis de los ciudadanos”.

El argumento de peso que poseen los sindicatos es que el Pacto de Toledo –suscrito por todos los partidos- habla de aumentar la edad de jubilación, pero de forma voluntaria y no con carácter obligatorio. De hecho, en la última reforma de las pensiones se pactó incentivar la prórroga de la vida laboral mediante bonificaciones empresariales y una mejora adicional del 2% ó el 3% en las pensiones de quienes no deseen jubilarse a los 65 años.

Los sindicatos confían, por ello, en que la propuesta no salga adelante ni siquiera en la comisión parlamentaria que estudia la renovación del Pacto de Toledo, en la que el Grupo Socialista no tiene mayoría absoluta.

La brecha abierta entre sindicatos y Gobierno puede que no acabe aquí. Si se cumple el calendario previsto, el próximo viernes el Consejo de Ministros aprobará sus propuestas de reforma del mercado de trabajo, y los sindicatos no las tienen todas consigo de que el texto que salga esté en sintonía con sus planteamientos. Como se ve, la dureza de la crisis ha hecho cambiar las prioridades políticas.

Cambio de ciclo en la economía del planeta, pero sin alharacas. Lo dice el FMI en su último informe sobre la estabilidad financiera mundial, en el que reconoce que en los últimos meses “se ha reavivado el apetito por el riesgo” en los mercados financieros.

Dicho esto, sin embargo, constata que la solvencia de la banca internacional lejos de estar asegurada corre peligro. Y mucho. En particular en los países avanzados (los más ricos). Para avalar su argumento recuerda que los bancos no sólo se enfrentan “a la tarea de recaudar más capital”, sino que también pueden tener en el futuro “graves problemas de financiación”. Es decir, la antesala de otra crisis bancaria.

El Fondo Monetario Internacional recuerda que “se vislumbra una avalancha de vencimientos” en el periodo 2011-2013, “fruto de la preferencia durante la crisis” por operaciones de más corto plazo. Y la conclusión que saca en su análisis no puede ser más evidente: “Si la confianza se tambaleara, los bancos podrían tener graves problemas para refinanciar esa deuda”. Es decir, que el camino hacia la recuperación del sistema financiero mundial está todavía por despejar.

¿Y cuál puede ser la consecuencia de este camino de piedras por el que transita la banca internacional? Pues un endurecimiento del crédito, lo cual sería letal para algunas economías -como la española- que llevan un considerable retraso en la salida del pozo, tal y como se manifiesta en la actualización de las previsiones macroeconómicas publicadas también ayer por el propio FMI. En particular, en aquellas economías que han vivido una burbuja inmobiliaria, como es el caso español.

El Fondo Monetario no habla de ningún país en concreto, pero recuerda que “están surgiendo riesgos nuevos como consecuencia del respaldo extraordinario” proporcionado por los bancos centrales para apuntalar la maltrecha situación de la banca. “Ese respaldo sin precedentes”, sostiene el FMI, “tiene por costo un aumento considerable del riesgo para los balances soberanos [los países] y, en consecuencia, un aumento de la carga de la deuda que acarrea riesgos para la estabilidad financiera futura”. Es decir, que el fuerte endeudamiento público puede convertirse en un serio problema si no se vuele a la ortodoxia presupuestaria. Aunque sin excesos y sin correr demasiado.

Una frágil recuperación

El FMI sostiene que “dado el carácter aún frágil de la recuperación”, las políticas fiscales “tienen que seguir apoyando la actividad económica en el corto plazo”. Y por ello reclama que el estímulo fiscal planificado para 2010 “debe ponerse plenamente en marcha”. Ahora bien, sin trampas. El Fondo Monetario sugiere que los países que se enfrentan a “crecientes inquietudes acerca de la sostenibilidad fiscal deben avanzar en la elaboración y comunicación de estrategias de salida creíbles”.

Y es que las cosas no están nada claras. El Fondo recuerda que la liquidez depende de las medidas extraordinarias aprobadas por los bancos centrales, por lo que si las medidas de estímulo se retiran de forma prematura “existe el riesgo de que resurjan los trastornos en el sector bancario y se produzca una pérdida general de confianza, lo cual podría tener implicaciones sistémicas”.

El FMI echa mano de las estadísticas y sostiene que “el crecimiento del crédito bancario aún no se ha recuperado en los mercados maduros, pese a las mejoras recientes de las perspectivas económicas”. Las restricciones, por lo tanto, continúan, lo cual lastra la posibilidad de una recuperación económica robusta en los países avanzados. Asegura el Fondo que “las encuestas oficiales de crédito muestran que las condiciones crediticias continúan endureciéndose en Estados Unidos y la zona del euro, aunque en un grado sustancialmente más moderado”.

En contra de la normalización del crédito también cuenta otro factor. El FMI asegura que “la incertidumbre en torno al futuro marco regulatorio [en el sistema financiero] también podría influir en las decisiones de crédito de los bancos”. Existe, igualmente, otro riesgo.  En concreto, el llamado crowding out, que no es otra cosa que la expulsión del sector privado del mercado de crédito ante la avalancha de emisiones públicas (los bancos prefieren prestar a los estados sin correr riesgo alguno).

Según el Fondo Monetario Internacional “existe el riesgo de que la emisión de deuda pública en los años venideros desplace el crecimiento del crédito del sector privado, haciendo subir poco a poco las tasas de interés para los tomadores privados y frenando la recuperación económica”.

Esta avalancha de emisiones explica que los mercados sean cada vez más exigentes a la hora de seleccionar a qué Estado compran deuda pública, lo que está produciendo un aumento de las primas de riesgo en la zona del euro. “Los participantes en los mercados financieros”, dice el FMI,  “están prestando cada vez más atención a la estabilidad fiscal de las economías avanzadas” El caso de Grecia, como se refleja en el gráfico, es el más representativo.

El FMI, por último, identifica un último riesgo. La posibilidad de que se produzca un fuerte aumento de las rentabilidades de la deuda pública, lo que metería en problemas a muchas entidades financieras, ya que en paralelo se produciría una caída de los precios, lo que dañaría su balance. En palabras del Fondo Monetario, “un riesgo más grave es un alza rápida de las tasas de interés de la deuda pública”. Dicha alza, asegura, acompañada de una curva de rendimientos más empinada, “podría tener un impacto negativo en una amplia variedad de instituciones financieras y en la reactivación a medida que se reajustan los valores de la deuda soberana”.

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La reestructuración del sistema financiero va más lenta de lo previsto. O dicho en términos más contundentes, comienza a preocupar seriamente en el Banco de España, que inicialmente se había puesto de plazo la próxima primavera como límite temporal a las fusiones entre cajas de ahorros. Fuentes no oficiales del banco central dijeron a El Confidencial que el gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, “está más preocupado cada día que pasa con la lentitud del proceso”, y así se lo ha hecho llegar a los protagonistas.

Según esas fuentes, lo que realmente preocupa al gobernador es la “politización” que está sufriendo todo el proceso, fundamentalmente por los amplios poderes que concede la Lorca (la ley de las cajas de ahorros) a los gobiernos regionales, “obsesionados con pilotar las negociaciones y el desenlace”.

Los diez miembros del Consejo de Gobierno del Banco de España han revisado en los últimos meses (la próxima reunión será este miércoles) los diversos escenarios posibles, y la principal conclusión a la que se ha llegado -que es la que avala el propio Fernández Ordóñez- es que la peor alternativa es la intervención pura y dura de una entidad. Y no sólo por razones de coste para el Estado, que tendría que destinar grandes recursos para sanear una caja, sino también porque eso contribuiría a poner bajo sospecha la solvencia del resto de entidades de crédito.

La intervención de una caja, según esas fuentes, “pondría en duda la confianza en el sistema financiero español”, y además tendría mayores costes en términos de empleo. De ahí que se intente evitar a toda costa esta posibilidad. Otra razón se basa en el convencimiento de que si una caja es intervenida y posteriormente saneada, tendría que ser subastada en su momento al mejor postor, por lo que el Banco de España perdería el control de la operación. “Quien compre no tiene por qué ser necesariamente la mejor opción”, aseguran las fuentes consultadas.

En el Banco de España tampoco parece que gusten mucho los llamados SIP (Sistemas Institucionales de Protección), que vienen a ser una especie de fusión nominal. Cada entidad seguiría operando con su propia marca comercial y sólo se trataría de una integración formal. Según el banco central, este tipo de operaciones son válidas para entidades con un elevado nivel de solvencia, pero no son una herramienta suficiente para resolver los problemas de algunas entidades con gran deterioro en su cuenta de resultados. El propio Fernández Ordóñez admitió a mediados de noviembre en una entrevista con el diario Financial Times que quince cajas deberían desaparecer una vez que culmine el proceso. Es decir, la tercera parte de las existentes a día de hoy.

Un escenario negativo

El escenario macroeconómico no ayuda en nada a la resolución de los problemas. En el Banco de España existe la completa seguridad de que el año 2010 será el peor para las entidades de crédito en décadas, pero lo malo es que tampoco parece que las cosas vayan a mejorar de forma nítida en los ejercicios siguientes. Según las fuentes citadas, lo que se discute es si la crisis se alarga “dos o tres años más”, pero lo que está fuera de toda duda es que no habrá una recuperación súbita. “Caminamos hacia un escenario en forma de L”, se asegura.

Un buen ejemplo que explica las preocupaciones del Banco de España se dio ayer en Cataluña. Los consejos de administración de Caixa Girona y Caixa Sabadell decidieron posponer las asambleas previstas para el 8 de febrero y que debían dar el visto bueno a la fusión con Caixa Terrassa y Manlleu, informaron a Europa Press fuentes de las entidades. El motivo es el retraso en la aprobación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) por parte de la Comisión Europea.

Esta ya es la segunda fusión entre cajas catalanas que se ve afectada por el retraso del FROB, después de que Caixa Catalunya, Tarragona y Manresa desconvocasen sus respectivas asambleas, que debían celebrarse el 21 de enero.

España notificó oficialmente el FROB a Bruselas la semana pasada y espera lograr su aprobación antes de que la comisaria de Competencia, Neelie Kroes, abandone su cargo. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, confirmó que la Comisión Europea ha limitado las ayudas públicas que podrán recibir las cajas de ahorros del FROB al 2% de los activos ponderados por riesgo.

Al menos una fusión sigue adelante, pero en este caso debido a que no requiere dinero del Frob (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria). Se trata de la fusión por absorción entre Cajasol y Caja Guadalajara, y que, según el presidente de la primera, Antonio Pulido, no tendrá costes laborales “al no existir solapamiento de oficinas“.

Hoy se aprobará en los respectivos consejos de administración un protocolo de actuación que supondrá la fusión entre ambas entidades, que permitirá preservar la marca Caja Guadalajara. Igualmente, se creará una nueva fundación con los fondos que actualmente maneja Caja Guadalajara, más un 30% de los que actualmente tiene, y que estará presidida por el actual presidente de la caja manchega.

El Estado se ha convertido, definitivamente, en el gran avalista de la actividad económica. Los últimos datos del Tesoro Público indican, en concreto, que los avales prestados a empresas privadas -fundamentalmente entidades financieras- ascienden ya a 53.565 millones de euros. Se trata, con diferencia, de la cantidad más elevada jamás alcanzada por la economía española, y para llegar a esta conclusión sólo hay que tener en cuenta que en los últimos 15 años nunca se habían superado los 8.152 millones de euros registrados en 2008, lo que da idea de su evolución. El volumen de avales se ha multiplicado por seis en apenas un año.

La explosión de los avales públicos tiene que ver, lógicamente, con la crisis financiera, que ha obligado a las muchas entidades de depósito a salir al mercado con la garantía del Estado para obtener financiación. En particular, las cajas de ahorros, cuyas emisiones sólo pueden tener éxito si acuden al mercado con la garantía del Estado.

¿Y cuáles son esas entidades? Pues según la información del Tesoro, hasta el pasado 12 de enero Caixa Catalunya es la entidad que más ha necesitado este tipo de avales. En concreto, ha obtenido 1.650 millones de euros a través de dos emisiones, la más elevada de 1.500 millones de euros con un tipo de interés nominal del 3% y con vencimiento en cinco años. A continuación se encuentra Bancaja, que ha reclamado ayuda del Estado para emitir 1.500 millones, también al 3% y con vencimiento en 2014.

La Caja de Ahorros del Mediterráneo también ha necesitado el aval del Estado para asegurar dos emisiones con un monto total de 1.500 millones, en este caso referenciadas al Euribor a seis meses más un diferencial de 33 puntos básicos.

El resto de entidades que han cerrado ya sus emisiones avaladas por el Estado son las siguientes: Caixa Galicia (1.125 millones de euros), Caixa Sabadell (305 millones a través de tres emisiones), Caja Insular de Canarias (100 millones), Caixa Terrassa (150 millones), Caja Ávila (172 millones) y Caja Rioja (98 millones). En total 6.600 millones con cargo al programa de emisiones de 2009. Caixa Girona y la balear Sa Nostra también han reclamado avales por valor de 50 millones y 344, respectivamente.

Los grandes quedan fuera

El Estado, además, está en camino de avalar otras 144 emisiones por valor de más de 47.000 millones de euros, con un tope de 57.400 millones hasta el próximo 26 de junio. El procedimiento administrativo todavía no está cerrado, pero el Tesoro ya cuenta con su adjudicación. En este grupo se encuentran la Caixa, que ha solicitado avales del Estado por valor de 2.000 millones de euros o Caja Madrid, cuya demanda de garantías públicas asciende a 4.858 millones, lo que la convierte en la entidad con mayor necesidad de avales en términos absolutos. A destacar el hecho de que en listado del Tesoro sólo aparecen tres bancos que han necesitado el soporte del Estado: Popular, Pastor y Bankinter. Ninguno de los dos grandes, Santander y BBVA, ha reclamado la garantía del Estado para sus emisiones.

En principio, y salvo que una entidad entre en barrena, los avales no tienen coste alguno para el Estado, que ha establecido una comisión del 0,5% anual sobre el nominal emitido siempre que se trate de operaciones con vencimiento inferior a un año. En caso de que el plazo de amortización sea superior, la comisión sigue siendo del 0,5%, pero añadiendo el riesgo de crédito, los célebres CDS (Credit Default Swaps), según sus siglas en inglés.

La política de avales del Estado pretende normalizar la captación de dinero por parte de las entidades financieras, que de lo contrario tendrían que aumentar sus apelaciones al Banco Central Europeo (BCE) en busca de fondos, algo que en cualquier caso continúan haciendo. Los últimos datos indican, en concreto, que la apelación al BCE se situó en diciembre en 76.105 millones de euros, lo que supone el segundo mes consecutivo de descensos. En cualquier caso, supone un crecimiento del 19.6% respecto de diciembre del año pasado. O dicho en términos más gráficos, el 13,2% de los préstamos que hace el BCE a las entidades financieras europeas las capta España, un porcentaje superior a su peso respecto del conjunto del eurosistema.

El Gobierno le ha visto definitivamente las orejas al lobo de la recesión. Zapatero anunció ayer un calendario concreto de reformas económicas en cuestiones de calado: pensiones, mercado de trabajo o gasto público. No se conoce, por el momento, ni la intensidad ni el contenido de las reformas, pero es la primera vez que el Gobierno pone fechas precisas a la presentación de sus propuestas. El próximo 22 de enero enviará a los agentes sociales -empresarios y sindicatos- su reforma laboral (negociación colectiva, empleo para los jóvenes y temporalidad) y una semana más tarde, el día 29, les hará llegar los cambios en el sistema de pensiones que plantea el Ejecutivo. Ese mismo día, el Consejo de Ministros aprobará un plan de recortes del gasto público.

El cambio de estrategia del Gobierno tiene que ver con la constatación de que 2010 lejos de ser un año claro de recuperación económica, como inicialmente barajaba Zapatero (no así sus asesores económicos), continuará sembrado de dudas. Y de ahí que el Ejecutivo intente ahora liderar la mala coyuntura económica llevando la iniciativa. Ocupando todo el espacio mediático. Máxime cuando las encuestas sitúan al Partido Socialista claramente por detrás del Partido Popular, cuya estrategia se parece cada vez más a lo que los anglosajones denominan wait and see. O lo que es lo mismo, Rajoy espera sentado a ver el paisaje que deja la recesión después de la batalla.

Queda por saber, sin embargo, si tras la nueva estrategia de Zapatero se esconde un giro meramente cosmético para aparecer ante la opinión pública como un presidente reformador (su gran lastre en términos de credibilidad) o, en verdad, se trata de una nueva política económica. Pero lo que ya sabe Zapatero es que la mala situación económica le puede hacer perder las elecciones. Y de ahí que se haya puesto manos a la obra.

Lo que pretende el presidente del Gobierno no es, desde luego, fácil. Su obsesión es mantener su privilegiada relación con los sindicatos, que le garantizan la paz social, pero al mismo  y dada la gravedad de la crisis, es consciente de que sin reformas profundas del mercado de trabajo (y más a largo plazo de las pensiones) es imposible pinchar la enorme bolsa de desempleo que ha creado la economía española en los dos últimos años: más de cuatro millones de parados y cerca de 1,6 millones de puestos de trabajo destruidos. Y a la luz de la experiencia no parece que vaya a ser fácil desalojar tanta agua embalsada.

Una ingente tarea

Entre el máximo nivel de desempleo que se alcanzó en la anterior recesión -un 24,55% en 1994- y el mínimo dato de paro en términos EPA –el  7,95% en el segundo trimestre de 2007- tuvieron que pasar nada menos  que trece años, y eso pese a que la economía creció como media por encima del 3%. Algo que hoy por hoy se antoja como una quimera. De hecho, España tardó nada menos que once años en situar la tasa de desempleo por debajo del 10%, lo que da idea de la ingente tarea que queda por delante. En el mejor de los casos, y dando por hecho que la economía crezca durante los próximos diez años por encima del 3% , la tasa de paro española no se situará en niveles europeos –en el entorno del 8%- hasta cerca ya de 2017 o 2018. Y para entonces presionará ya en términos económicos el envejecimiento de la población, con todo lo que ello supone.

Algo parecido sucede con la deuda pública. En el mejor de los casos, el endeudamiento no se situará por debajo del 60% -límite asumible para una economía como la española- hasta mediados de la próxima década, y siempre  que las administraciones se sometan a una intensiva cura de adelgazamiento. La Comisión Europea ha estimado, de hecho, que en 2011 la deuda pública se situará en el 74% del PIB, con un déficit presupuestario equivalente al 8,1% (dos años antes de que haya que llegar al 3%) y una tasa de desempleo increíblemente elevada: el 20,5%. Es decir, que en términos de algunas magnitudes lo peor está por llegar después de casi dos años de recesión.

Purgar los excesos

Así las cosas, y como se suele decir, Zapatero intenta hacer una tortilla sin romper huevos, algo que resulta extremadamente difícil en un contexto económico como el actual. Si la recesión ha servido para purgar los excesos del último ciclo expansivo, la tarea de los próximos años es pagar el coste del ajuste en términos de paro y endeudamiento. Y ello exige sacrificios –y medidas impopulares- que hasta el momento Zapatero no ha querido asumir. Básicamente porque es consciente de que su fuerza electoral radica en que sigue apareciendo ante sus votantes como el garante del sistema de protección social. El mensaje que una y otra vez lanza a sus electores es que si gobernara el PP, los derechos de los trabajadores se verían mermados, y con esta etiqueta quiere presentarse a las próximas elecciones.

El problema que tiene, sin embargo, es que la economía necesita reformas profundas para aumentar su potencial de crecimiento, que según la Comisión Europea se sitúa en el entorno del 2%. Y con el 2% de aumento del PIB el desempleo continuará en tasas elevadísimas durante al menos un quinquenio.

¿Y por qué Zapatero habla ahora –y no antes- sin tapujos de reformas económicas? Probablemente por un error de diagnóstico sobre la intensidad de la recesión, pero también asesorado por algunos economistas de su entorno, convencidos de que las reformas económicas son más eficaces cuando se aplican al inicio de la recuperación económica y no en el momento álgido de la tormenta. Eso, al menos, es lo que se hizo tras la última recesión. El célebre ‘decretazo’ no se aprobó hasta 1994 y eso sentó las bases de la recuperación. Pero entonces Felipe González tuvo el coraje de enfrentarse a una huelga general. Está por ver si se repite la historia.

2009 ha sido definitivamente el ‘annus horribilis’ de la Hacienda Pública española. Nunca antes se había producido un fenómeno similar: una caída de la recaudación tributaria de nada menos que el 47,8% respecto del año anterior.  Eso quiere decir que el Estado ingresará este año en relación al Producto Interior Bruto (PIB) lo mismo que en los últimos años 80 en términos relativos.

Los datos dados ayer a conocer por la Intervención General revelan, en concreto, que los recursos no financieros del Estado (sin tener en cuenta el resto de administraciones territoriales) ascendieron durante los once primeros del año a 97.194 millones de euros, lo que supone un 22% menos que el año anterior en el mismo periodo. Sin embargo, si se elimina las cotizaciones sociales (a las que el Estado tiene que hacer frente por ley), se estaría hablando de una caída de los ingresos impositivos cercana al 48%, lo que refleja la intensidad del ajuste fiscal.

El servicio de estudios del BBVA ha estimado, de hecho, que la ratio de ingresos sobre PIB pasará del 41,1% registrado en 2007 a un 35,6% a finales de 2009. Los gastos, por el contrario, se situarán claramente por encima del 45% del Producto Interior Bruto (PIB), lo que dará origen a un déficit presupuestario que se situará cerca del 11% del PIB. La magnitud de la disminución de los ingresos públicos ha sido muy superior al deterioro del PIB nominal, dice el BBVA, hasta situar “los recursos de las administraciones públicas españolas en niveles de finales de los 80”.

La caída de los ingresos no tiene parangón, y para llegar a esta conclusión sólo hay que tener en cuenta que este año -en términos absolutos- Hacienda recaudará incluso menos que en 1999, lo que da idea de la debacle fiscal. Ese año el Estado (operaciones no financieras) recaudó 109.643 millones de euros, pero es muy probable que con sólo repetirse las cifras del año pasado un decenio más tarde no se alcance ese nivel de ingresos públicos. Para hacerse una idea de lo que significan esas cifras sólo hay que tener en cuenta, según datos del Banco de España,  que en el año 2007 los recursos del Estado (incluyendo no sólo los ingresos en caja sino también los compromisos de pago) ascendieron a 165.010 millones de euros. Es decir, que en apenas un par de años se ha producido un brutal descenso de la recaudación de casi 60.000 millones de euros.

Crisis fiscal

La crisis fiscal, por lo tanto, no tiene sólo que ver sólo con el aumento de los gastos derivado de la recesión, sino sobre todo con el desplome de los ingresos públicos, principalmente debido al estallido de la burbuja inmobiliaria, que durante años regó de cuantiosos recursos a las administraciones públicas. Sin embargo, la fiesta se ha acabado. El sistema tributario no da más de sí.

Según los economistas del BBVA, la elasticidad de los impuestos (relación entre recursos públicos y PIB) se situará en el bienio 2008-9 en 0,2 puntos, una cifra ridícula si se compara con los 1,2 puntos registrados entre 1996 y 2007, los años del boom económico. Es decir, que por cada 100 puntos que crece el PIB, los ingresos están aumentando en estos momentos 102 puntos, cuando el ciclo anterior se alcanzaba los 120 puntos.

Incluso si la comparación se hace con lo que sucedió entre 1990 y 1995 (años en los que medió una recesión) los resultados son desalentadores. Durante esos años, la elasticidad fiscal fue de 0,9 puntos, cuatro veces más que ahora. Es más, entre 1971 y 1989 la relación entre PIB y recaudación fiscal –la elasticidad- fue de 1,3 puntos, lo que indica que la Hacienda Pública se encuentra en la peor situación desde hace al menos 40 años.

Según los datos del BBVA, si se analizan los recursos de las administraciones públicas por componentes, se observa “una caída generalizada de todas las partidas de ingresos, salvo en las cotizaciones sociales”, que se han mantenido prácticamente estables alrededor del 13% del PIB.

Nada menos que tres puntos porcentuales de la caída de los ingresos  se han concentrado en los recursos procedentes de los impuestos sobre la producción, básicamente en el IVA, cuya recaudación en relación al PIB ha caído en torno a dos puntos porcentuales desde 2007. Por su parte, sostiene el BBVA, los impuestos corrientes sobre la renta (destacando, entre ellos, el Impuesto sobre Sociedades) han contribuido a la reducción de los ingresos públicos en dos puntos y medio del PIB, influidos en buena medida por las rebajas fiscales que se concentran en estas figuras y las disminuciones en las plusvalías.

Previsiones

A la luz de estos datos, parecen remotas las probabilidades que tiene el Gobierno de cumplir sus propias previsiones de situar el déficit del conjunto de las Administraciones públicas en el 9,5% del PIB en 2009, porcentaje equivalente a 100.360 millones de euros. Según la comunicación enviada a Bruselas el pasado 30 de septiembre, de esta cantidad, 85.690 millones corresponden al Estado, que hasta noviembre ha generado ya un déficit de 71.524 millones de euros.

Tradicionalmente, diciembre es un mal mes desde el punto de vista de las cuentas públicas, por lo que con sólo repetirse lo que ocurrió en 2008 se estaría hablando de un desequilibrio algo superior a los 88.120 millones de euros. Para las comunidades autónomas, el Gobierno ha previsto un déficit del 1,5% del PIB (15.850 millones de euros), algo que parece poco probable lograr teniendo en cuenta que para 2010 su techo de déficit se sitúa en el 2,5%. Por su parte, el desequilibrio de los ayuntamientos debería llegar a los 3.200 millones de euros (el 0,3% del PIB). Mientras que la Seguridad Social debería tener un superávit de 4.380 millones (el 0,4% del PIB).

La recesión de 2009 no sólo está provocando efectos devastadores sobre el empleo -1,47 millones de puestos de trabajo destruidos en los últimos doce meses-, también en las condiciones laborales de quienes han conservado su empleo. Hasta el punto de que este año a punto de acabar se cerrará con un aumento de la jornada laboral desconocido desde 1983. En concreto, y según los datos de la Comisión Consultiva de Convenios Colectivos –un organismo dependiente del Ministerio de Trabajo-, la jornada laboral anual pactada entre empresarios y trabajadores se sitúa en 1.752,1 horas trabajadas. Es decir, 3,6 horas  más que un año antes (datos hasta el pasado 30 de noviembre).

Lo relevante de la subida no es tanto el incremento, sino que rompe una clara tendencia descendente en el número de horas trabajadas iniciada a raíz de que el primer gobierno de Felipe González fijara un máximo legal de 40 horas semanales, y que significó en media una semana más de descanso laboral al año. Según datos de CCOO, en 1984 la jornada anual bajó en 47,2 horas respecto al año anterior. Desde entonces, en tan sólo cuatro ejercicios se había producido un incremento en el número de horas trabajadas, y desde luego en todos los casos en mucha menor cuantía que en 2009.

Durante el trienio inmediatamente posterior a la recesión de 1993 se registró un incremento del número de horas trabajadas que en ningún caso llegó a las 2,5 horas (1994), pero la recuperación económica acabó con ese repunte. Y lo mismo ocurrió en 2008, cuando al inicio de la crisis se produjo un ligerísimo incremento de menos de una hora en unos momentos en los que el ajuste se cebó con los trabajadores con contrato temporal. En 2009, como se ha dicho, se ha producido el mayor incremento desde 1983, lo que da idea de la intensidad de la crisis.

Crisis y jornada laboral

La relación entre número de horas trabajadas y coyuntura económica es incuestionable. En los años de bonanza, las empresas acceden a rebajar la jornada laboral, ya que los aumentos de plantilla permiten absober los incrementos de demanda. Por el contrario, en periodos de crisis ocurre todo lo contrario, aunque nunca con la virulencia actual. Y así se explica que desde el año 1983 –año en que entró en vigor la ley de las 40 horas- la jornada laboral media pactada en convenio se haya reducido en 93,1 horas anuales. O lo que es lo mismo, hoy un asalariado trabaja algo más de dos semanas menos que hace 26 años, lo que indica los avances sociales registrados durante el periodo.

La mejora, sin embargo, no se reparte de forma homogénea. Los trabajadores amparados con un convenio colectivo de empresa tienen una jornada laboral inferior a aquellos cuyas relaciones laborales se rigen por un convenio de ámbito superior (sectorial, provincial o estatal). Y la diferencia no es, desde luego, pequeña. Los primeros trabajan 1.698,5 horas anuales, es decir 59,1 horas menos que los segundos. O lo que es lo mismo, disfrutan de una semana y medio menos de trabajo al año.

La duración de la jornada laboral varía mucho, igualmente, en funciòn de la actividad. Y así, mientras que los convenios que regulan el comercio, la hostelería o el turismo recogen una jornada anual media de 1.792,16 horas, en la eneñanza, que se sitúa en el polo opuesto, se llega únicamente a las 1.605,92 horas al año. Es decir, que hay una diferencia de casi cinco semanas de trabajo entre una y otra actividad.

Lo que reflejan las estadísticas, en cualquir caso, es que la crisis no se está combatiendo reduciendo la jornada laboral para evitar despidos mediante el reparto de la carga de trabajo. Recientemente, Ramón Górriz, secretario de Acción Sindcal de CCOO, reclamó “un acuerdo interconfederal en la negociación colectiva que ligue la reducción del tiempo de trabajo con la reducción del salario”. A su juicio, “es posible, en empresas en situación de crisis económica, plantear reducciones de jornada entre el 10% y el 70%, manteniendo el 70% del salario a los trabajadores en la reducción en el tiempo de jornada, evitando que se pierdan prestaciones por desempleo”.

El Consejo de Ministros aprobó ayer el Real Decreto sobre revalorización de las pensiones públicas para el año 2010. Pero en contra de lo que establece el Pacto de Toledo -suscrito por todos los partidos-, endilgó a la Seguridad Social buena parte de la subida. En concreto, los cerca de 300 millones de euros que costará un incremento de las pensiones mínimas del 4%, como media.

El resto de pensiones de la Seguridad Social crecerá sólo un 1%, ligeramente por debajo de lo que previsiblemente crecerá la inflación: un 1,3% según el consenso de los expertos consultados por Funcas en términos de media anual. Los pensionistas, sin embargo, no perderán poder adquisitivo ya que tienen garantizado por ley su capacidad de compra, por lo que en caso de desviación tienen derecho a una paga compensatoria.

El resto de pensiones -las mínimas- subirán entre un 2% y un 4,87%, lo que aleja la posibilidad de cumplir el objetivo de culminar la separación de fuentes el 31 de diciembre de 2012, tal y como establece la disposición transitoria decimocuarta de la  Ley General de la Seguridad Social. La ley obliga al Estado a cubrir de forma gradual el coste de los complementos de mínimos en esa fecha de acuerdo con la filosofía del Pacto de Toledo, que no es otra que los complementos de mínimos -que forman parte de la discrecionalidad del Gobierno en política económica- se pague con impuestos y no con cotizaciones sociales.

Con ese fin, y desde 2002, el Ejecutivo aporta cada año 300 millones de euros para pagar los complementos de mínimos, una cifra totalmente insuficiente. Según datos de la propia Seguridad Social, en 2009 el sistema público de pensiones se gastará 6.415 millones de euros por este concepto, pero el Estado cubrirá sólo la tercera parte: 2.406 millones. Es decir, que la Seguridad Social paga 4.000 millones de euros cada año que no le corresponden. El objetivo de las pensiones mínimas es garantizar un nivel de subsistencia para todos los pensionistas, y si con sus cotizaciones no alcanzan ese nivel, es el Estado quien está obligado a pagar la diferencia.

Feudo socialista

¿Y quiénes se benefician del hecho de que las pensiones mínimas suban sistemáticamente por encima de la inflación sin que el Estado corra con los gastos? Pues fundamentalmente tres comunidades autónomas en las que gobierna el PSOE desde hace casi 30 años: Andalucía, Extremadura y Castilla La Mancha. Los datos de la Seguridad Social indican que más de la mitad de las pensiones que se pagan en Extremadura (el 51%) tienen el carácter de mínimas. En el caso de Castilla La Mancha, este porcentaje llega al 43,7%, mientras que en Andalucía una de cada tres pensiones (el 35%) es sufragada parcialmente por el Estado.

En el lado opuesto se encuentran Madrid, Asturias, País Vasco y Cataluña, donde menos del 20% de las pensiones tienen el carácter de mínimas.

Como es conocido, y desde que Zapatero llegó a la Moncloa, el presidente del Gobierno anuncia cada año en Rodiezmo (León), durante una fiesta minera, un incremento de las pensiones mínimas  muy por encima de la inflación. Según datos del Ministerio de Trabajo, el año que viene 2,7 millones de pensionistas se beneficiarán de un complemento de mínimos, lo que significa que en vez de descender el número de beneficiarios continúa aumentando. Si en 2005, el 27,11% de las pensiones tenían subvención, en 2009 el porcentaje ha subido ligeramente hasta el 27,5%. Es decir, las cuotas no son suficientes para cubrir la cuantía anual de las pensiones que fijan los Presupuestos Generales del Estado.

En 2002, de hecho, había 400.000 pensionistas menos que cobraban el complemento de mínimos de los que hay ahora, lo que revela un problema de contributividad del sistema.

Según el Informe Económico Financiero de la Seguridad Social, más de la mitad de los pensionistas del Régimen Especial de Empleados de Hogar, el 56,03%, tienen mínimos, cifra que llega al 59,41% en el caso de las pensiones de jubilación.

La proporción elevada de pensiones con garantía de mínimo en éste régimen es consecuencia de que cotizan por la base menor, y además a menudo tienen un número reducido de años cotizados, lo que ocasiona que pocos pensionistas generen pensiones de importes superiores a la mínima. Por tanto, cobran complemento casi todos los que cumplen los demás requisitos, incluyendo el de no tener otros ingresos; la excepción en este régimen son los escasos perceptores de viudedad, que suelen tener otra pensión. También los trabajadores del Régimen Especial Agrario cotizan por bases fijas, generalmente coincidente con la mínima, y por lo tanto generan en la mayoría de los casos pensiones mínimas.

Al historiador Gabriel Tortella (Barcelona, 1936) le sorprende una cosa (en realidad muchas más). Que continúe sorprendiendo -dice irónicamente- la llegada de una crisis, como si se tratara de un fenómeno nuevo en la historia de la humanidad. Y para reforzar su idea se refugia en el Génesis, donde se narra la conocida historia del israelita José, víctima de una calumnia que le llevó a la cárcel.

José había caído en desgracia por su castidad, pero su pericia a la hora de interpretar los sueños le granjeó los favores de sus carceleros. Su fama fue creciendo con el tiempo y llegó a los oídos del faraón, obsesionado con una pesadilla que le impedía dormir: siete vacas famélicas y macilentas se comían a siete vacas orondas. José advirtió al faraón que el sueño era la premonición de un ciclo económico, por lo que le recomendó que hiciera acopio de grano en los años de abundancia. El faraón le hizo caso y aquella acertada predicción permitió que el pueblo egipcio no muriera de hambre en épocas de escasez. José fue nombrado primer ministro y desde entonces hay constancia de que los ciclos económicos nos acompañan.

Tortella -junto a la profesora Clara Eugenia Núñez-, acaba de publicar un viaje al interior de la crisis. Y su principal conclusión es que los ciclos son inherentes al sistema económico. Son, por lo tanto, inevitables. ¿Quiere decir esto que hay que cruzarse de brazos a la espera de que el temporal amaine? Todo lo contrario. Tortella acusa a los bancos centrales -en especial a la Reserva Federal- de no haber calibrado las consecuencias de su política monetaria.

”El papel de los bancos centrales es quitar el champan en medio de la fiesta antes de que la gente se emborrache”. No lo hicieron y eso explica que el mundo se haya sumergido en la mayor crisis desde 1929. “Los banqueros centrales deben ser unos aguafiestas”, asegura desde su casa madrileña. Por lo menos, reconoce, están reaccionando bien a la crisis con medidas que van en la buena dirección. Y en este sentido destaca el papel positivo que está jugando Ben Bernanke, el presidente de la Reserva Federal, un estudioso de la crisis de entreguerras. Respalda también a Trichet, a quien se le criticó duramente por intentar hacer una política monetaria más ortodoxa y cautelosa, aunque no fuera entendida por los ciudadanos.

¿Cuál es la diferencia entre ambas crisis? Tortella asegura que aquella tuvo que ver con los fundamentos de la economía liberal, mientras que el tamaño de la actual está determinado por errores humanos que sólo han servido para agravar la crisis. Al menos, afirma, el mundo ha aprendido la necesidad de contar con amortiguadores sociales y estabilizadores económicos que impiden la existencia de situaciones de emergencia. En los años 30 el nivel de gasto público en EEUU apenas alcanzaba el 10% del PIB y hoy supera el 30%. Eso explica, asegura este economista, que hoy no haya revueltas ni revoluciones. Y menos en el caso español.

Zapatero y los sindicatos

Sostiene Tortella que el Gobierno socialista ha sobornado a los sindicatos. “Este Gobierno es especialista en sobornar tanto a los pequeños partidos como a los sindicatos, que desde luego habrían salido a la calle en caso de que gobernara otro partido”.  Y para apuntalar sus argumentos se ampara en la existencia de casi un 20% de desempleo que difícilmente podrá bajar en los próximos años. “El Gobierno lo está haciendo fatal, es difícil hacerlo peor”, insiste. “Está haciendo justo lo contrario de lo que debería hacer, y por eso hay una tasa de desempleo enorme” que tardará años en reducirse.

Tortella achaca este problema estructural de la economía española a muchos factores, pero sobre todo al déficit de formación y cualificación de los trabajadores. Con casi un 20% de parados, muchas empresas no tienen posibilidad de contratar a trabajadores debidamente formados para sus necesidades. “Pero esto”, asegura, “le importa un pepino al presidente”, y recuerda que durante los últimos cinco años el Gobierno “no hizo nada para cambiar el modelo productivo”.

Tortella -que es premio Rey Juan Carlos de Economía- se siente republicano y de izquierdas, pero dicho esto admite que no hay alternativas al capitalismo liberal, y por eso le suena hasta divertido cada vez que oye hablar que una crisis como la actual acabará con el sistema económico. “Nada va a cambiar después de la crisis. Cada vez que hay una crisis se dice que estamos ante el final del capitalismo, pero ahí está”, dice con cierta sorna.

En su opinión, las aportaciones de Keynes continúan siendo válidas, pero “sirven sobre todo para momentos de apuros”. El problema actual es que ahora hay que decir cómo se distribuye la factura de la crisis. En EEUU, los republicanos cargaron la factura en los trabajadores, y eso explica que los salarios reales de los estadounidenses se estancaran durante los años 80. Pero ahora hay que decir quién paga los platos rotos de la crisis actual. Este será el gran debate de los próximos años. Probablemente, hasta la próxima crisis.

*Para comprender la crisis. Gabriel Tortella y Clara Eugenia Núñez Editorial Gadir 2009. 10€