Reggio’s

Uno de los debates intelectuales más ricos que ha dado la historiografía económica española tiene que ver con el papel del Estado durante la segunda mitad del siglo XIX. En particular en lo relacionado con las inversiones en ferrocarril. Autores como el profesor Tortella, han responsabilizado a los poderes públicos de encauzar los magros recursos económicos del país -que se presumen escasos- hacia el ferrocarril, en lugar de haber diversificado la inversión pública.

La consecuencia de esa política de monocultivo inversor -con un elevadísimo coste de oportunidad- fue que sectores como la industria estuvieron desasistidos de la acción del Estado, lo que alimentó el secular atraso español en el sector manufacturero. Ya es un tópico recordar que España se desenganchó de la revolución industrial. Pero aunque cueste ahora creerlo, hace más de un siglo España llegó a tener una amplia y sobredimensionada red de ferrocarriles (vía ancha y estrecha). Lo malo es que había poco que transportar (sobre todo mercancías) ante la ausencia de un verdadero aparato productivo. Tanto por falta de espíritu emprendedor (por la existencia de leyes proteccionistas y por el papel de los sectores más reaccionarios en contra de la liberalización económica) como por la escasa apuesta del Estado por la industrialización del país.

La decisión de elegir el desarrollo del ferrocarril frente a la industria (con un altísimo consumo de financiación exterior) no fue consecuencia del rigor presupuestario o de un fino análisis económico. Más bien del juego de las presiones políticas y de la capacidad de hacer lobby ante la Corona. Eso explica, por ejemplo, que el segundo tramo que se puso en marcha -en el año 1851- fuera la línea Madrid-Aranjuez, donde tenía residencia de descanso Isabel II.

Revender concesiones

Como se sabe, el proyecto estaba ligado a la figura del marqués de Salamanca, socio y verdadero brazo financiero de la reina, que pretendía trazar una línea con destino final en Alicante. Para ello obtuvo la correspondiente concesión administrativa que posteriormente vendió a la casa Rothschild. No fue el único. El economista Gómez Mendoza* ha acreditado casos en los que un sujeto obtenía una concesión para la construcción y explotación de una línea férrea e inmediatamente la traspasaba a una sociedad por acciones, desvinculándose totalmente del proyecto.

La decisión de elegir el desarrollo del ferrocarril frente a la industria no fue consecuencia del rigor presupuestario o de un fino análisis económico. Más bien del juego de las presiones políticas y de la capacidad de hacer lobby

Las concesiones administrativas y la inversión en ferrocarriles (con financiación principalmente francesa ante la falta de capitales nacionales) dibujan la España económica de la segunda mitad del siglo XIX. Un periodo para olvidar. Se trata, sin embargo, de un proceso que recuerda a lo sucedido en las últimas dos décadas, donde un puñado de grandes empresas gestionadas por los señores del ladrillo (y de la energía) se ha quedado con actividades que antes gestionaba el Estado: servicios de telecomunicaciones (antigua Red de RTVE o Hispasat), autopistas, recogida de residuos, limpieza de edificios públicos u hospitales. El Estado ha dado un paso atrás en la actividad económica y ese espacio lo han ocupado las nuevas concesionarias, en la mayoría de los casos con riesgo empresarial cercano a cero.

La única diferencia estriba en que si hace siglo y medio se invertía en ferrocarril, en los últimos años lo que se ha producido es un gigantesco proceso inversor en otro tipo de infraestructuras: carreteras, aeropuertos o transporte subterráneo o de superficie. Un proceso sin duda esencial para modernizar el territorio y sin el cual este país nunca hubiera logrado los actuales niveles de bienestar.

Pero como ocurrió en aquel tiempo del marqués de Salamanca, da la sensación de que a España se le ha ido nuevamente la mano. Y eso explica, con buen criterio, que el Ministerio de Fomento no se canse de repetir en los últimos meses (más vale tarde que nunca) que hay que replantearse la política de inversión pública. Hay que decir que este cambio de guión no tiene nada que ver con razones de fondo, sino más bien porque el ministro Blanco ha hecho de la necesidad virtud y ante las restricciones presupuestarias no ha tenido más remedio que congelar o eliminar compromisos de gasto. Por cierto, como se comprometió Campa ante los inversores internacionales.

Estamos ante una cuestión de calado que merecería una reflexión más intensa por parte de la opinión pública y publicada, pero una vez más este país se perderá en cuestiones anecdóticas y no abordará el fondo del problema. Y que no es otro, como sucedió en la segunda mitad del siglo XIX, que identificar los sectores hacia los que se debe dirigir la acción del Estado. No con el objetivo de ahogar la iniciativa privada, sino para apuntalarla. Lo que pasa necesariamente por cambiar la política de prioridades económicas. Invirtiendo en sectores que necesiten menos consumo de capital, al contrario de lo que sucede con el sector de la construcción.

El dato es conocido, pero merece la pena recordarlo. De los 985.097 millones de euros que ha prestado el sistema financiero para actividades productivas, nada menos que el 48% se lo ha tragado el ladrillo (construcción e inmobiliarias), frente al 15% que ha consumido la industria. La hostelería, por ejemplo, un sector vital para la economía del país y gran creador de empleo, sólo consume menos del 4% del capital prestado por los bancos. Mientras que el comercio y las reparaciones apenas llegan al 8%. Ante estos datos, parece obvio pensar que en un contexto de racionamiento del crédito -que va a durar años- lo más razonable es encontrar nueva vías de financiación para el sector de la construcción que no pasen necesariamente por los Presupuestos Generales del Estado. Frenar la modernización de las infraestructuras del país sería tan insensato como realizar una fuga hacia adelante. Y por eso lo prioritario es explorar nuevas fuentes de financiación.

Es cierto que la construcción crea mucho empleo, pero con un alto coste de oportunidad que este país no se puede permitir. Lo que se invierta en obra pública inútil se deja de gastar en otros sectores con más futuro

El intenso esfuerzo inversor realizado en los últimos años (sin duda necesario para articular el país), ha dado como resultado un enorme déficit de la balanza de pagos. Precisamente por falta de ahorro interno. Un gigantesco desequilibrio que ahora los señores del ladrillo obvian, como si ese modelo de crecimiento basado única y exclusivamente en la construcción no tuviera nada que ver con la actual crisis económica. A la cabeza de ellos David Taguas, presidente de Seopan, como se sabe nombrado para el puesto por sus relaciones con el poder político. Por si alguien no lo recuerda, era el anterior director de la Oficina económica del presidente, y ahora es quien azuza al Gobierno para que invierta en carreteras, aunque no le inviten a las reuniones que organizan sus jefes con el presidente Zapatero.

Uso y abuso del ladrillo

Taguas sabe como pocos -es un reputado economista- que el país se ha tenido que endeudar sobremanera para pagar obras faraónicas y perfectamente inútiles. Por ejemplo, para construir 47 aeropuertos. Casi uno por provincia. O para financiar trenes de alta velocidad que apenas recorren 70 kilómetros. O para financiar desdoblamientos de autovías por las que no pasa ni el toro de Osborne. Y conoce mejor que nadie una tabla publicada por Seopan hace pocos meses y que viene a decir que España fue en 2009 -año de fuerte recesión- el país que más invirtió en construcción respecto del PIB. En concreto, un 14,4%. Toma ya nuevo modelo productivo. El doble que en Suecia y un 25% más que en la media de la UE. Y en cualquier caso, muy por encima del 10,2% de Alemania o del 8,7% de Reino Unido.

No se trata, desde luego, de un fenómeno nuevo de un año excepcional. Los datos de la patronal de la construcción indican que entre 2000 y 2009 la inversión en construcción acumulada en términos reales creció nada menos que un 25%, sólo por detrás de Lituania, Polonia, Suecia y la República Checa. Pero no sólo eso, como ponen de relieve los propios documentos de Seopan, la contribución de la inversión en construcción al crecimiento del PIB ha sido prácticamente del 80% en los últimos quince años, lo que da idea de su impacto en la actividad económica. Es cierto que la construcción crea mucho empleo, pero con un alto coste de oportunidad (como sucedió en la España del XIX) que este país no se puede permitir. Lo que se invierta en obra pública inútil se deja de gastar en otros sectores con más futuro.

Se dirá que el enorme peso de la construcción tiene que ver con el boom inmobiliario. Es cierto, pero sólo en parte. Las cifras del Banco de España reflejan que el peso de la construcción no residencial se situó el año pasado respecto del PIB en el 9,9%. ¿Mucho o poco? Pues bastante si tenemos en cuenta que supone el 158% de la media de la unión monetaria. Un porcentaje verdaderamente extraordinario si se tiene en cuenta que representa un 50% más que en 1985.

Ante estos datos, hay dos formas de actuar. O suicidarse como país enterrando centenares de millones de euros en obras superfluas o reestructurar el gasto público para hacerlo más eficiente. Es evidente que a los señores del ladrillo les gusta la primera opción. El Gobierno está en ello. Pero como Blanco es gallego no se sabe todavía si sube o si baja. Dependerá de las encuestas.

*Antonio Gómez Mendoza, Ferrocarril, industria y mercado en la modernización de España. Espasa Calpe 1989.

España ha dejado de ser un país barato. Al menos para la gran mayoría de los ciudadanos europeos, y, por supuesto, para los propios españoles, que han visto como en los últimos años el coste de la vida no da dejado de aumentar. Hasta el extremo de que los datos más recientes de Eurostat indican que España y Grecia son los países europeos en donde el coste de la vida ha crecido más desde el año 2000, poco antes de la puesta en circulación del euro. Un 14,5% en el primer caso y un 14,8% en el segundo.

Para el caso español, la consecuencia ha sido que hoy el coste de la vida roza ya la media de la Unión Europea. Asignando a la media de la UE a 27 un valor 100, España alcanzó el año pasado los 97 puntos, muy lejos de los 85 que se estimaron en el año 2000, cuando España era todavía un país ‘barato’.

Entre esos años, el coste de la vida se ha mantenido prácticamente estable en Alemania (de los 106,5 puntos al comenzar la década se ha pasado a 106,4), ha crecido un 8% en Francia, un 7,5% en Portugal o un 9,2% en Italia. Incluso en Irlanda, donde como en España han coincidido un boom inmobiliario y un fuerte aumento de la actividad económica, el coste de la vida ha crecido bastante menos. En concreto, un 9,1%. El país con coste de la vida más elevado es Dinamarca (144,6 puntos sobre una media de 100), seguido de Finlandia e Irlanda.

Si la comparación se hace con la media de la eurozona -los países de mayor renta y poder de compra- la distancia de España se sitúa todavía en 7,5 puntos (104,9 frente a 97,4) pero aún así se observa un creciente deterioro. En el año 2000, la distancia era de nada menos que de casi 20 puntos. Por lo tanto, cerca del triple que ahora.

Eurostat ofrece todos estos datos en términos de paridad de poder de compra, lo que facilita las comparaciones al eliminar el efecto de la inflación. Se trata, por lo tanto, de datos reales y no nominales.

Convergencia en precios, divergencia en salarios

La convergencia en precios, sin embargo, no se ha correspondido con una aproximación en salarios. Los datos últimos así lo atestiguan. Según este informe del Ministerio de Industria, la remuneración por asalariado (que incluye el pago de cotizaciones sociales) se situó en 2009 en 30.948 euros. Es decir, un 15,1% por debajo de la media de la eurozona, establecida en 35.645 euros. La diferencia es significativamente más elevada si se compara con las naciones más avanzadas. La remuneración media de un asalariado alemán es un 10,2% superior a la española, pero se dispara hasta un 39,7% en relación a un trabajador francés. Frente a Irlanda, incluso, se puede hablar de una distancia extraordinaria. La remuneración estándar se sitúa en 46.228 euros, un 49,3% más que en el caso español.

Según estos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), ver la primera tabla, en 14 de los 27 países de la Unión Europea los salarios son más altos que en España. A la cabeza de todos ellos Luxemburgo, Bélgica y Reino Unido. Por debajo de España se sitúan los antiguos países del bloque soviético y Malta, también en términos de paridad de poder adquisitivo. Sólo los salarios de Portugal se colocan por detrás de España entre las naciones que forman parte del euro.

La causa de esta evidente contradicción entre coste de la vida y salarios tiene que ver con la escasa productividad de la economía española, que ha conformado una estructura social de sueldos bajos. Mientras que la productividad por ocupado se situó el año pasado en España en 40.495 euros (a precios constantes del año 2000), en la zona euro se alcanza los 51.379 euros. Pero es que en Alemania llega a 53.638 euros, muy por debajo de los 62.550 euros de Francia. En Irlanda, incluso, se alcanza los 70.453 euros.

El alza del coste de la vida en España es más significativa si se compara con lo sucedido en EEUU, que se ha convertido en un país ‘barato’ para los españoles si se hace caso a las cifras oficiales. El nivel de precios en el gigante americano se sitúa en el 88,2% de la media europea, frente al 120,9% que se registraba al comenzar la década. La debilidad del dólar explica este fenómeno. Algo parecido sucede con Japón, que de ser un 56% más caro que la Unión Europea ahora es ‘sólo’ un 19%.

En los años previos al lanzamiento del euro siempre se dio como seguro que una de sus consecuencias de todo el proceso sería la convergencia en el coste de la vida. La causa tiene que ver con el hecho de que al tratarse de un mercado único sin barreras, las empresas tenderían a fijar los precios para el conjunto de la unión monetaria y no sólo en términos nacionales. Y así ha sido. Los últimos datos de Eurostat indican que la distancia entre los países con menor y mayor coste de la vida se ha reducido de 32 puntos en 2000 a 25,1 puntos en 2009. En el caso de la eurozona, la distancia ha caído casi cinco puntos (de 19,7 a 14,8), con una particular aceleración hacia la convergencia en precios -no en salarios- en el caso español.

Los datos los acaba de publicar la Agencia Tributaria (página 26 de este documento) y no dejan lugar a dudas sobre el aumento de la presión fiscal en los últimos años en términos individuales. En particular en el Impuesto sobre la Renta. Según esos datos, el IRPF devengado por persona y año ha pasado de 1.901 euros en 2004 a los 2.322 euros de 2008. Se trata, por lo tanto, de un incremento del 22% en menos de un lustro, lo que pone de manifiesto la intensidad de la subida.

El aumento de lo que hay que pagar a Hacienda por IRPF se ha producido pese a la reforma fiscal del año 2007, que rebajó el tipo marginal máximo del Impuesto sobre la Renta del 45% al 43%. La causa de este incremento de la presión tributaria individual tiene que ver con lo que los hacendistas denominan subida fiscal en frío, cuando los impuestos crecen como consecuencia del aumento de las bases imponibles (y no de los tipos impositivos) al tratarse de un impuesto progresivo. Hay que tener en cuenta que la renta bruta media por persona y año, según la Agencia Tributaria, se situó en 2004 en 17.301 euros, lejos de los 21.396 euros estimados para 2008, último año con datos disponibles. Los precios subieron durante esos años un 13,5%, lo que significa que apenas hubo ganancia del poder adquisitivo, como señala esta tabla del INE.

Las cifras de la Agencia Tributaria ponen de manifiesto, igualmente, que en contra de lo que se suele creer, el IRPF en España no es más reducido que en la media de la UE. Ni siquiera  respecto de la eurozona, donde la presión fiscal es históricamente más elevada para financiar el Estado de bienestar. Eurostat –la agencia de estadísticas de la UE- publica anualmente un informe titulado Taxation Trends in the European Union (Tendencias fiscales en la Unión Europea) en el que en relación al IRPF pone de relieve que el tipo máximo se sitúa en 2010 en el 42,4%, frente al 43% de España. Si la comparación se hace con la UE a 27, la distancia es todavía mayor. Incluyendo los nuevos estados miembro, el tipo marginal máximo del IRPF se sitúa en el 37,5%. O lo que es lo mismo, 5,5 puntos menos que España.

El hecho de que el IRPF español sea más elevado que la media comunitaria se explica por la tendencia claramente descendente observada en los últimos años  en la UE, donde el tipo máximo ha bajado en nada menos que 7,2 puntos. (6 puntos porcentuales en el caso de la eurozona). Por el contrario, en España se ha pasado de un marginal del 48% al 43% todavía vigente, y que es el que ahora podría subir a nivel estatal (en algunas comunidades autónomas del PSOE ya han anunciado una próxima elevación). De los 27 países de la UE, en 15 el tipo máximo del IRPF es inferior al español, donde además es operativo a partir de unos ingresos relativamente bajos: 53.407 euros brutos al año.

Impuestos para financiar el Estado de bienestar

Incluso en países donde la elevada presión fiscal es una de sus señas de identidad para financiar el Estado de bienestar (el argumento de José Blanco para proponer una subida de impuestos), la tendencia es claramente descendente. En  Alemania el tipo marginal máximo ha bajado desde que comenzó la década 6,3 puntos (del 53,8% al 47,5%); en Dinamarca 8,2 puntos (59,7% al 51,5%); en Holanda 8 puntos (del 60% al 52%), mientras que en Francia ha caído en nada menos que 13,2 puntos (del 59% al 45,8%). Suecia rompe la tendencia con una subida del IRPF de 4,9 puntos (del  51,5% al 56,4%).

También frente a lo que se suele creer, el tipo impositivo de Sociedades –el tributo que grava los beneficios empresariales- es más alto en España que en la UE. En el caso español se sitúa en el 30%, por encima del 25,7% estimado para la eurozona y del 23.2% en la UE a 27. Como sucede en el caso del  IRPF, la causa de esta distancia tiene que ver el hecho de que en la inmensa mayoría de los países europeos se ha producido una tendencia claramente descendente en el Impuesto de Sociedades, hasta el punto de que ha bajado en 9,2 puntos porcentuales en la eurozona y 8,7 puntos en la UE a 27. Por el contrario, en España el descenso ha sido de cinco puntos (del 35% al 30%). El caso de Alemania es el más relevante toda vez que allí las empresas han pasado de pagar un 51,6% por sus beneficios a un 29,8%, lo que significa una reducción de nada menos que de 21,8 puntos porcentuales.

En el único tributo en que la fiscalidad española es claramente inferior a la comunitaria es el IVA. En este documento publicado hace justo un mes por Bruselas –y actualizado al 1 de julio de este año- se pone de relieve que de los 27 países europeos, en sólo cuatro el tipo normal del Impuesto sobre el Valor Añadido  es inferior al español (Chipre, Luxemburgo, Reino Unido y Malta). En el resto es superior, con un máximo del 25% que marcan Dinamarca, Suecia y Hungría. En el tipo de IVA reducido, que se sitúa en el 8% desde el pasado 1 de julio, España se sitúa en niveles medios, aunque en este caso las comparaciones son difíciles de realizar ya que hay gran dispersión. En Suecia o Bélgica, por ejemplo, el tipo medio del IVA (según productos) se mueve dentro de una horquilla que va entre el 6% y el 12%.

Menos empleo, más economía sumergida

¿Quiere decir esto que la presión fiscal total -no la individual- es más alta en España que en la media de la Unión Europea?  En absoluto. Es sensiblemente inferior. Básicamente por una doble razón. Aunque los tipos impositivos son más elevados (tanto en IRPF como en Sociedades) el Estado recauda menos. Por un lado por la caída del empleo –lo que reduce las bases imponibles-, y por otro por el enorme peso de la economía sumergida. La tasa de empleo de España se sitúa en el 59,8% (trabajadores con edades comprendidas entre 16 y 64 años), mientras que en la UE es 5 puntos superior, hasta el 64,7%. Mientras que la mayoría de los estudios sitúan la economía sumergida entre el 20% y el 25% del PIB. Y sólo por eso, los datos más recientes de Eurostat indican que mientras en la eurozona los ingresos tributarios  respecto del PIB se situaron en 2008 en un 39,7%, en España se desplomaron hasta el 33,1%, un nivel desconocidos en dos décadas, y que sitúa los ingresos públicos en niveles de los años 80. Y ello pese a que la economía española creció ese año por encima de la UE.

La caída es tan espectacular que de los 27 países miembro, en sólo siete el Estado recauda menos: Estonia, Irlanda, Grecia, Letonia, Lituania, Rumania y Eslovaquia. Es decir, en casi todos los casos países del este de Europa donde la presión fiscal es mínima. En Lituania, por ejemplo, tanto el tipo máximo del IRPF como el de Sociedades son del 15%, un punto porcentual menos que en Rumania; mientras que en Eslovaquia el tipo impositivo de ambos tributos es del 19%.

La menor presión fiscal existente en España, por lo tanto, no tiene nada que ver con la existencia de tipos nominales más bajos -como sugiere el ministro de Fomento- sino con la incapacidad del Estado para recaudar por la caída de la actividad económica. Los datos más recientes de la Agencia Tributaria indican, por ejemplo, que la base imponible agregada (suma del IRPF, Sociedades, IVA e impuestos especiales) se situó en 2009 en 1,15 billones de euros. Es decir, un 6,1% menos que en 2008, año en que se produjo otro descenso del 4,7%. Las rentas brutas de los hogares cayeron un 2,5% (pero nada menos que un -14,2% las rentas del capital y un -11,9% las ligadas a actividades empresariales). Mientras que en Sociedades la caída de las bases imponibles (lo que realmente grava Hacienda) ha sido de un 20,3%. Las bases imponibles han caído también de forma extraordinaria en gasto en compra de vivienda (-36,7%) o consumo de gasolinas (-25,8%), lo que ha mermado la recaudación del Estado.

Dicho en otros términos, la elasticidad de los ingresos respecto del PIB se ha desplomado. Hasta el extremo de que la presión fiscal tributaria (sin cotizaciones sociales e ingresos patrimoniales) ha pasado de representar el 19,1% del producto interior bruto  en 2007 al 13,7% dos años más tarde. O dicho en otros términos, la pérdida de recaudación por el desplome de la actividad económica es equivalente a unos 50.000 millones de euros, lo que explica la caída de la presión fiscal. No es, por lo tanto, debido a que los tipos impositivos sean más reducidos que en la UE.

De hecho, el tipo efectivo de los salarios (descontando deducciones y desgravaciones) se situó en 2009 en el 14,74%, por debajo del 15,15% de 2006. El tipo efectivo de las retenciones de las nóminas bajó incluso hasta el 11,42%. En todo caso, muy por debajo del tipo medio nominal, un 24%. En el caso de los consejeros de empresas (cotizadas y no cotizadas)- que en teoría obtienen los mayores ingresos-, el tipo efectivo o real es del 31,18%. Por lo tanto, casi 13 puntos menos que el marginal máximo, convertido en un fetiche fiscal.

Cuentan que una ocasión Pablo Castellano estaba lanzando una soflama izquierdista a sus compañeros de partido en medio de una tumultuosa reunión de la Agrupación socialista de Chamartín. Como se sabe, este distrito madrileño es uno de los de mayor renta per cápita de la capital y de toda España, y eso explica la escasa presencia de obreros en la reunión. La asamblea, eso sí, congregaba mucha celebrity socialista. Solana, Solchaga, Maravall o Almunia, integrantes del llamado clan de Chamartín.

Castellano hablaba y hablaba con el desparpajo que le dan sus años de militancia antifranquista, y ante tanta perorata izquierdista de medio pelo hubo un afiliado que no pudo aguantar más tanta patraña. Se levantó de la silla y de forma un tanto airada le espetó: ‘Pero Pablo, ¿sabes cuántos obreros tenemos en la agrupación?, le dijo con cierta sorna. ‘Exactamente, uno’. El socialista herido en su honor era el ex ministro Enrique Barón, que de esta forma tan contundente desmontó los argumentos de Castellano, lo más parecido a eso que se llama un izquierdista de salón.

La anécdota la recuerda estos días una dirigente socialista, y pone de relieve hasta qué punto el discurso político tiende a alejarse de la realidad. Básicamente por una razón. La existencia de partidos con escasa afiliación que construyen estrategias y discursos al margen del contexto socio económico. Y lo que es todavía peor. Con un fuerte componente endogámico ante la ausencia de aire fresco que entre en las agrupaciones y centros de poder.

Se conforman de esta manera organizaciones cerradas -con estructuras propias de los cartel económicos- poco representativas que sólo generan oligarquías que tienden de manera innata a conservar el statu quo. Poco receptivas a las demandas sociales, lo que provoca una enorme desafección entre los votantes. Y que dan prioridad a la necesidad de supervivencia de la organización antes que a la doctrina política. Antes que al poder de la ideología, que en última instancia es lo que determina la acción política..

Para ilustrar este envilecimiento de la cosa pública, algunos politólogos suelen recordar lo que le sucedió hace un siglo al Partido Socialdemócrata alemán, por entonces orgullo de la izquierda europea, y que se presentaba ante el mundo como el defensor de la paz internacional por su oposición al Kaiser. El SPD llegó a amenazar, incluso, con una gran huelga general en caso de que se declarase la guerra.  Pese a este discurso, los socialdemócratas alemanes apoyaron finalmente la Gran Guerra inmediatamente después de declararse, año 1914. Había vencido el principio de supervivencia del partido antes que los intereses de las clases trabajadoras a las que decía defender.

Pero Pablo [Castellano], ¿sabes cuántos obreros tenemos en la Agrupación?, le dijo con cierta sorna. ‘Exactamente, uno’. El socialista herido en su honor era el ex ministro Enrique Barón

Algo parecido sucedió años después con la revolución rusa. Un grupo de dirigentes políticos reemplazó a los anteriores gobernantes, pero no democratizó la vida política.

Baja la afiliacion

Este principio de supervivencia del partido-guía frente a los intereses de la sociedad explica en buena medida por qué la afiliación tiende a decrecer en ausencia de grandes tensiones sociales. Algo que sucede en particular en las formaciones de izquierda, en teoría más sensibles a los cambios sociales y más permeables a la democracia.

La realidad, sin embargo, dista mucho de esos principios. El último ejemplo se vive estos días en el Partido Socialista de Madrid, donde 17.800 afiliados -los simpatizantes no votan- van a elegir el próximo 3 de octubre quien será su candidato a la Comunidad.

El hecho de que sólo 17.800 cotizantes vayan a ser los que participen en la votación -apenas el 0,4% del último censo electoral de Madrid- pone de manifiesto la escasa afiliación de los partidos (en este caso el socialista), pero sobre todo pone de relieve la escasa representatividad de sus afiliados respecto del cuerpo electoral. Los que van a participar en la votación son -en un porcentaje muy significativo- fruto de la endogamia política (hijos y padres unidos por una misma ideología) y de los intereses creados alrededor de la cosa pública. Casi 500 afiliados tienen algún cargo público en el PSM. Ni unos ni otros, por relevante que sea su presencia, en nada reflejan el cuerpo social de una Comunidad con casi 6,5 millones de habitantes que vive completamente al margen del proceso de primarias.

La causa de este desfase tiene que ver necesariamente con un sistema de representación política propio del siglo anterior que desprecia los cambios sociales -los grandes partidos ya no representan los intereses de clase como en el pasado- y que sigue articulada a través de instituciones que funcionan como un cuerpo cerrado. Cuando precisamente lo que define hoy a las sociedades es su fragmentación ideológica ante el ensanchamiento de las clases medias. El propio modelo de primarias que ha diseñado el Partido Socialista (el Partido Popular ni siquiera ha avanzado en esta idea) restringe esta democratización del poder político. Aunque el sistema de primarias es para muchos el paradigma de la participación política, lo cierto es que tal como está planteado todo el proceso tiene muy poco que ver con la democracia.

El antecedente histórico de las primarias hay que buscarlo hace poco más de un siglo en EEUU, en los tiempos de Theodore Roosevelt. Aquel animal político sobre quien su vicepresidente Marshall dijo tras morir mientras dormía: ‘La muerte tenía que llevárselo dormido, porque si Roosevelt hubiera estado despierto, habría habido pelea’.

‘Compañeros de viaje’

Pero en EEUU, y aquí está la diferencia, no sólo participan los afiliados, sino también los simpatizantes y lo que un día se llamó compañeros de viaje. Algo que ensancha su valor como representación política de la sociedad. Cualquier ciudadano sólo tiene que apuntarse al proceso de primarías para poder participar en la votación, lo que significa un enriquecimiento del debate político con nuevas aportaciones. En el modelo de primarias del PSOE sólo participan los afiliados (ni siquiera los simpatizantes) lo que empobrece el debate y convierte todo el proceso en un juego de presiones políticas y hasta económicas sobre el cuerpo electoral (los 17.800 afiliados). Una presión que se articula a través de la dirección federal del partido o a través de los dirigentes regionales, con lo que ello supone de alteración del sentido original del voto. Sólo unos pocos son capaces de superar este planteamiento al o depender su status de la correlación de fuerzas en el partido.Y que normalmente son los menos activos en la acción política.

Obama nunca habría sido candidato a nada en España. Si gana Jiménez se lo deberá a la capacidad de influir de Ferraz, y si gana Gómez, será consecuencia de la presión que haga sobre los afiliados a través del aparato del PSM

El asunto se complica todavía más si se tiene en cuenta que los posibles candidatos están atados de pies y manos por falta de financiación y recursos. Ni la organización pone medios para que un militante de base pueda enfrentarse a la dirección por razones obvias, ni el afiliado puede lanzar su propia campaña con medios económicos ajenos al partido obtenidos lícitamente mediante  donaciones de voluntarios. Obama nunca habría sido candidato a nada en España. Por eso parece fuera de toda duda que si gana Trinidad Jiménez se lo deberá a la capacidad de influir del aparato de Ferraz, y si gana Gómez, será consecuencia de la presión que haga sobre los afiliados a través del aparato del PSM. Ni en uno ni en otro caso será debido al respaldo de su teórico cuerpo electoral. Los 982.234 madrileños que votaron a los socialistas en las últimas autonómicas. Estamos simplemente ante un simple ajuste de cuentas dentro del PSM que no tiene nada que ver con un proceso abierto a la sociedad.

El descrédito de este modelo es tal que ni siquiera el duelo se puede plantear en términos ideológicos. Si Gómez ataca a Jiménez por la política sanitaria o por la estrategia de España con Cuba, en realidad estaría lanzado piedras contra su jefe político -el presidente Zapatero- por lo que los debates ante los electores no son más que una burda manipulación política o una formidable campaña de marketing político. Y si Jiménez critica a Gómez en realidad a quien estaría atacando es también al presidente del Gobierno, que es quien lo sacó de Parla para dirigir el PSM.

Al contrario de lo que sucedió durante el duelo Obama-Hillary Clinton, estamos, por lo tanto, ante una especie de ‘tongo político’ que sólo se podría resolver cuando las primarias sean procesos electorales abiertos en los que puedan participar los ciudadanos. Pero para ello también serían necesarias listas abiertas en las elecciones municipales en las grandes ciudades (con circunscripciones por distrito) que den visibilidad pública a los posibles candidatos (sean afiliados o no). De esta manera los partidos representarían a la sociedad y no a grupos oligárquicos que convierten a la política es cosa de unos pocos.

Es probable que a José Blanco no le suene de nada el nombre de Lolita Lebrón. Al  fin y al cabo, cuando en 1954 Lebrón y sus tres compinches irrumpieron a tiros en la Cámara de Representantes de EEUU, el actual ministro de Fomento ni siquiera había nacido.

Lebrón acaba de morir después de pasar un cuarto de siglo encerrada en cárceles de EEUU, pero hay una frase de la activista portorriqueña que ha pasado a los libros de historia por el halo de romanticismo revolucionario que respira. ‘Yo no vine a matar a nadie, vine a morir por Puerto Rico’, comentó  tras el asalto. Algo parecido a lo que dijo Fidel Castro tras asaltar el cuartel de la Moncada: ‘La historia me absolverá’, aseguró en su célebre alegato.

Es muy probable que José Blanco se acuerde del sentido de algunas de estas frases dentro de algún tiempo. Pero ahora el ministro de Fomento corre el peligro ser devorado por sus propios hijos: los controladores, una vieja casta que desde hace 30 años han convertido el tráfico aéreo en un asunto personal -por decirlo de una manera suave- gracias a unas relaciones laborales alejadas de la mínima racionalidad. Entre otras cosas por la incomparecencia de los predecesores de Blanco, que han hecho de su capa un sayo desde aquella extraña huelga de 1981, cuando los controladores boicotearan el Congreso de UCD en Palma de Mallorca. Y que en última instancia supuso la puntilla de aquel proyecto político que lideró Adolfo Suárez por ausencia de compromisarios.

Blanco, sin embargo, en lugar de intentar resolver los problemas, la función esencial de un alto cargo, ha querido avanzar por el terreno más fácil con el propósito de ganarse al aplauso del respetable. En un contexto de recorte del gasto público en infraestructuras, ha planteado una estrategia (a golpe de decreto) basada en hacer de los controladores el chivo expiatorio de su política al frente del Ministerio. Sabe que en España nadie derramará una lágrima por los controladores, y eso explica que los haya convertido en su enemigo para demostrar que estamos ante un ministro capaz de meter en vereda a una panda de asociales que no sólo ganan mucho dinero, sino que, además, ponen en jaque a la industria nacional por excelencia: el turismo.

La estrategia le hubiera salido bien si los controladores hubieran agachado las orejas y hubieran aceptado sin rechistar las nuevas condiciones laborales pero ocurre que en un país libre el derecho a la huelga es intocable. Y los controladores, por mucho dinero que ganen y por muchas prebendas que acumulen, tienen derecho a no acudir al trabajo siempre que respeten los cauces legales que exige la convocatoria de un paro.

Blanco lo sabía, pero confiaba en que la presión de la opinión pública contra los controladores aéreos les apeara de su idea. No ha sido así y ahora este país tiene sobre la mesa uno de esos problemas que sólo el talento y el sentido común pueden resolver: cómo parar una huelga que llega en el peor momento. Y que desde luego no se solucionará imponiendo servicios mínimos abusivos, como sucedió en la huelga del metro de Madrid. Lo peor que le puede suceder a este país es un paro salvaje que se le vaya de la mano a todas las partes implicadas.

Una estrategia equivocada

Detrás de esta huelga no hay más que una estrategia equivocada por parte de las autoridades de Fomento y de la propia AENA, que en lugar de abordar los problemas del tráfico aéreo desde una perspectiva global y a largo plazo, han optado por lo más fácil: convertir el sueldo y las condiciones de trabajo de los controladores en la fuente de todos los problemas.

Lo razonable hubiera que antes de abordar esa cuestión, se hubiera reformado en profundidad ese monstruo llamado AENA que emplea a más de 13.000 personas, lo que le convierte en una de las grandes empresas del país. Antes habría que haber abierto su capital a la concurrencia privada, lo que hubiera creado un marco de nuevas relaciones laborales aplicable también a los controladores.

Blanco sabe mejor que nadie que la falta de competitividad del espacio aéreo europeo no tiene nada que ver con el sueldo de los controladores (que evidentemente hay que recortar) sino con la existencia de una estructura obsoleta. Blanco y sus asesores saben que desde que en 1960 se creó Eurocontrol se ha avanzado escasamente en el cielo único europeo. Y así se explica que en EEUU se gestione el doble de vuelos que en Europa desde únicamente 20 centros de control, frente a los 66 que existen en la UE. Por eso, las tarifas son más caras. Y por eso la navegación aérea está en procesos de cambios en el viejo continente. Máxime cuando lo que se avecina es tremendo.

Eurocontrol ha estimado que  en 2020 -dentro de apenas diez años- el número de vuelos en Europa pasará de 8,5 millones a unos 17 millones. Es decir, el doble que actualmente, lo que provocará la saturación de aeropuertos tan emblemáticos como Heathrow, Schipol, Charles de Gaulle y, tal vez, Francfort, que apenas pueden crecer al estar cerca de núcleos urbanos.

Se trata de un problema de tal envergadura que sólo puede hacer racionalizando la navegación aérea, pero en su lugar se ha optado por lanzar una especie de pulso a los controladores para dar señales de fortaleza. Y dar la sensación de que se hace algo. El problema es que en el envite todos pierden. Y habrá que ver si Blanco es capaz de aguantar las presiones que le van a llover desde todos los sectores para que afloje su presa. Ni las compañías áreas ni el sector turístico están en condiciones de aguantar una huelga en pleno mes de agosto. Y es muy probable que al final quien quede debilitado sea el propio Blanco. Exactamente igual que Esperanza Aguirre que tuvo que mirar hacia otro lado tras la huelga salvaje en el metro. Ni ha habido despidos ni se han recortado lo sueldos un 5%. Y para este viaje no hacían falta tantas alforjas.

José Manuel Campa, el secretario de Estado de Economía, lo tiene claro. La recuperación de la actividad económica vendrá de la mano del ahorro. Lo dijo el pasado martes en Londres ante la dirección del diario británico Financial Times, y lo repitió el pasado jueves ante un nutrido grupo de analistas y de profesores de economía en la sede del Ministerio. En ambos casos sin presencia de los medios de comunicación.

Campa, de esta manera, culminaba una larga gira que le ha llevado por diversos centros financieros vendiendo la ‘marca España’, como dice uno de los asistentes a la reunión de Madrid. Sobre todo después de los resultados de los ‘stress test’, que han dado oxígeno al Gobierno en cantidad suficiente para tirar todo el verano a la espera de lo que ocurra en otoño, cuando la discusión sobre los presupuestos generales del Estado en España y otros países acuciados por las deudas (como Grecia o Portugal) pueda volver a desenterrar los fantasmas del pasado reciente. Como puso de manifiesto recientemente el último Informe de Estabilidad Financiera elaborado por el FMI.

Campa no se volvió de vacío tras su visita a la redacción del FT. Al día siguiente de su estancia en Londres, el diario se despachó con un editorial en el que alababa la solvencia de la banca española, blanco de sus críticas más ácidas desde que estalló la crisis financiera. Mientras que tras reunirse con los expertos en coyuntura, el secretario de Estado dejó buen sabor de boca.

¿Y cuál es la receta de Campa para salir de la crisis? Pues básicamente  la utilización del ahorro de las familias y las empresas, que se encuentra en niveles históricamente elevados, para estimular el consumo. Las cifras oficiales reflejan que en 2008 la tasa de ahorro creció en dos puntos porcentuales respecto de su renta disponible, pero en 2009 el aumento fue de seis puntos adicionales, hasta el 18,8%, un máximo histórico. En el primer trimestre de 2010 se produjo un leve descenso de tres décimas, pero aún así continúa en niveles históricamente elevados.

La desconfianza de familias y empresas sobre el futuro de la economía explica la depresión del ahorro. Pero también la caída del empleo y el deterioro de la riqueza inmobiliaria de los hogares. Las familias gastan más cuando se aprecia el valor de sus activos. Como consecuencia de ello, en los últimos dos años (ver gráfico) el consumo privado ha caído muy por encima de lo que lo ha hecho la renta real de los hogares, sostenida por las ayudas públicas.

Paras entender el impacto que tiene el ahorro sobre al economía hay que tener en cuenta que la renta disponible de las familias se situó durante el primer trimestre del año en 169.211 millones de euros. Esto significa que el ahorro representa algo más de 30.400 millones de euros, lo que supone unos 120.000 millones de euros del año. Teniendo en cuenta que el nivel histórico de ahorro se sitúa en el entorno del 10%, esto supone que de confirmarse las tesis de Campa se podrían librar a la economía unos 13.000 millones de euros cada trimestre. Suficiente para impulsar el consumo y sacarlo de su estancamiento.

Otra forma de aumentar la renta disponible de las familias pasa por crear empleo, pero ningún instituto de coyuntura, ni siquiera el propio Gobierno, creen que en lo que queda de año la economía española vaya a ser capaz de generar puestos de trabajo. Ni siquiera el año 2011, en que todavía se producirá una ligera caída del empleo, según el consenso de Funcas.

El ahorro es, por lo tanto, el único instrumento para impulsar la demanda interna, y de ahí que Campa haya puesto sus ojos en el gasto de las familias. Máxime cuando el impacto expansivo de la política monetaria  está prácticamente agotado. El euribor ha comenzado a repuntar ligeramente y los tipos de interés sólo pueden crecer, ya que se encuentran en niveles históricamente altos.

En el caso de las empresas, ha sucedido algo similar. En 2009 se registró un moderado incremento del ahorro impulsado no por una recuperación de los beneficios, sino por la fuerte disminución del pago de intereses y, en menor medida, por los menores pagos en el Impuesto de Sociedades.

Despedir será más fácil. O dicho en términos más precisos. Las empresas podrán desprenderse de una parte de sus plantillas con sólo acreditar ante el juez “una situación económica negativa”. Y para ser todavía más exactos, podrán despedir con solo justificar “la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos, que puedan afectar a su viabilidad o a su capacidad de mantener el volumen de empleo”.

En la reforma laboral publicada en el BOE el pasado 17 de junio se restringía las causas de despido a la existencia de una “situación económica negativa”, pero sin mayores precisiones. Tan sólo se hablaban de que las empresas debían justificar los excedentes con un mínimo de “razonabilidad”

La enmienda a la reforma laboral fue ayer aprobada en la Comisión de Trabajo con los votos a favor del Grupo Socialista y gracias a las abstenciones del PNV y de CiU, y supone una vuelta de tuerca más a la hora de facilitar el despido en las empresas por causas objetivas de carácter económico. La enmienda, de hecho, permite despedir con 20 días (frente a los 45 que marca el despido improcedente) cuando se pretenda “preservar o favorecer su posición competitiva en el mercado”. Es decir, que ya no se trata sólo de cuantificar los resultados económicos de una empresa, sino que se introduce un criterio totalmente subjetivo, como es calificar la ‘posición competitiva’ de un empresa en su respectivo mercado. Serán los jueces quienes interpreten esa redacción.

Esta enmienda supone abrir ya una sima insalvable con los sindicatos, que ayer hablaron sin tapujos de ‘la reforma laboral más regresiva de la democracia’, toda vez que la nueva legislación pretende generalizar las causas de despido objetivo por causas económicas. Para CCOO y UGT, el texto definitivo, “constituye el mayor ataque a los derechos laborales de los últimos 30 años y aunque cueste afirmarlo”, dijeron “este ataque se ha llevado a cabo de la mano de un gobierno socialista, jaleado para la ocasión por las organizaciones empresariales”. En su opinión, la enmienda socialista facilita a las empresas la extinción del contrato por razones económicas, técnicas, organizativas y productivas, “haciéndola más fácil, más rápida y más barata”.

Por su parte, el portavoz del Partido Popular en la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso, José Ignacio Echániz, anunció el voto en contra del PP al texto resultante de un proceso que calificó como “improvisado, caótico e histérico”. A su juicio, es de la “máxima irresponsabilidad” que el grupo socialista haya promovido este procedimiento “en un texto de tanta delicadeza”. Dicho texto tendrá que someterse ahora a votación en el Senado y, en la primera semana de septiembre, volver al Congreso para ser ratificado en la Comisión de Trabajo.

Contra las bajas por enfermedad

Las enmiendas aprobadas ayer contienen otra ‘bomba’ de relojería respecto de la situación actual. Se abre la posibilidad de que la inspección de los servicios públicos de salud revisen las bajas por enfermedad. En concreto se establece que la inspección médica “podrá solicitar los datos médicos necesarios para el ejercicio de sus competencias”. Dicho en roman paladino, esto significa que  la inspección podrá dictar el alta médica a partir del cuarto día de baja, frente al decimocuarto actual.

En este sentido, la nueva legislación incorpora una nueva disposición final que endurece las faltas por asistencia al trabajo. En concreto se establece que aún siendo justificadas, pero intermitentes, y siempre que alcancen el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, o el 25% en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses, y siempre que el índice de absentismo total de la plantilla del  centro de trabajo supere el 2,5% en los mismos periodos de tiempo.

La nueva legislación abre, igualmente, otro futuro frente de batalla en relación a la percepción del desempleo, aunque todavía sin concretar. Se dice textualmente que “en el momento en que el empleo inicie su recuperación, el Gobierno adoptará las medidas necesarias para reformar la normativa que regula las prestaciones por desempleo con el objetivo de aumentar la vinculación de éstas con las políticas activas de empleo”.

Quiere decir esto que el Ejecutivo tiene en cartera vincular el cobro del desempleo a la realización de cursos de formación. No se dice ni cómo ni cuándo, pero se trata de un mensaje para navegantes con el doble objetivo de mejorar la cualificación de los trabajadores en paro y reducir las listas de desempleo, ya que el hecho de acudir a cursos es uno de los requisitos para dejar de ser considerado como desempleado en las listas oficiales.

La morosidad no es sólo un problema de los agentes económicos privados con el sector público. Cobrar las deudas tributarias también se ha convertido en un auténtico suplicio para Hacienda. Los contribuyentes -personas físicas o empresas- deben al Fisco nada menos que 11.663 millones de euros. Una cantidad que representa más del 1,1% del producto interior bruto y que supone el 7,6%  de lo que recauda la Agencia Tributaria en un solo ejercicio.

Se trata, con diferencia, de las mayores tasas de morosidad jamás alcanzadas por la economía española. Pero lo sorprendente es su rápida evolución. En 2005, los derechos pendientes de cobro ascendían únicamente a 4.878 millones, y un año más tarde -todavía sin crisis económica- había pasado a 6.299 millones. El año 2007 se cerró con una morosidad equivalente a 6.987 millones, pero es que un año más tarde se había acelerado hasta los 8.727 millones. Es decir, que en 2009 -ya en plena recesión- las deudas con la Agencia Tributaria (los 11.633 millones) han crecido un 33,5% respecto del año anterior.

Para hacerse una idea de lo que significan estas cifras hay que tener en cuenta que la morosidad del año pasado, según cifras oficiales,  representa el 10% del déficit presupuestario alcanzado por todas las administraciones públicas. No se trata, por lo tanto, de una cifra pequeña. Lo peor, sin embargo, es que Hacienda nunca podrá recuperar una cantidad importante de ese dinero, ya sea por la propia insolvencia de los contribuyentes o por la existencia de medios de elusión fiscal. O dicho en otros términos, empresas que hacen alzamiento de bienes para no pagar al Fisco.

Eurostat -la agencia estadística de la UE- obliga a que una vez transcurridos una serie de años los estados miembros den como perdidos derechos de cobro irrecuperables. Y en este sentido, los datos de la Intervención General del Estado (IGAE) correspondientes a 2008 muestran que el Fisco considera incobrables más de 5.000 millones de euros que le deben los contribuyentes, pero que difícilmente podrá recuperar. En concreto, 5.049 millones de euros que Hacienda considera ya de recaudación incierta o de dudoso cobro, según la terminología de Eurostat.

La cifra supone nada menos que el 0,47% del PIB de ese año, aunque lo más relevante es que representa un crecimiento del 29,9% respecto del 2007. Eurostat, la oficina de estadísticas de la Unión Europea, obliga cada ejercicio a los países miembros a realizar una serie de ajustes en sus déficit de caja (lo que realmente pagan e ingresan) con el objetivo de  que reflejen de una manera fiel las cuentas públicas.

Esquivar a Hacienda

Uno de estos ajustes corresponde a la variación de los derechos pendientes de cobro, Es decir, dinero que legalmente corresponde cobrar a Hacienda (criterio de devengo y no de caja), pero que todavía no lo ha recaudado la Agencia Tributaria por diversos motivos.

¿Y quienes son los contribuyentes que deben más dinero a Hacienda? Los datos de la Agencia Tributaria muestran que el agujero se concentra en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).  En este caso, los derechos pendientes de cobro respecto de los derechos reconocidos (la deuda tributaria) representan el 22,1%, lo que significa que Hacienda ingresa con retraso uno de cada cinco euros.

En el Impuesto de Sociedades el porcentaje alcanza el 13,4%, mientras que en el Impuesto sobre la Renta la morosidad se sitúa en el 7,4%. Esto significa que son las empresas las que se acogen en mayor medida al retraso en el pago de tributos, lo cual parece coherente con el deterioro de la actividad económica. Como admite la Agencia Tributaria en su último informe anual de recaudación, “el intenso crecimiento de los derechos pendientes de cobro en los dos últimos años refleja los problemas de liquidez de los contribuyentes”. En 2009 se unió, además, la flexibilización en los requisitos de acceso a los aplazamientos de pago.

No todos los derechos pendientes de cobro se han generado, sin embargo de forma amistosa con Hacienda. Según la Agencia Tributaria, 3,649 millones son fruto de actas de inspección, superando en un 42,7% el importe de 2008. Por figuras impositivas, destaca el Impuesto de Sociedades, donde los derechos por actas suponen casi las tres cuartas partes del importe total.

El resto de los derechos pendientes, vinculados principalmente a aplazamientos en autoliquidaciones y liquidaciones de gestión, asciende a 8.005 millones con un crecimiento del 30% y un peso sobre el total de derechos pendientes que se sitúa en torno al 70% en los dos últimos años, lo que supone un incremento de más de once puntos respecto al 57% de 2007. Por figuras, el IVA aporta más de la mitad del aumento de la cantidad pendiente por aplazamientos de autoliquidaciones.

La noticia buena es que el sistema financiero español sale airoso de las pruebas de esfuerzo realizadas por las autoridades económicas; la mala es que al haberse hecho las pruebas de resistencia sobre el conjunto de las cajas de ahorros y bancos -y no sólo sobre una parte- algunas entidades salen mal paradas. En concreto, cuatro grupos de cajas. Son, la castellana Espiga (Caja España y Caja Duero), Banca Cívica (Navarra, Burgos y Canarias), Diada (Caixa Cataluña-Manresa-Tarragona) y Unnim (Sabadell, Terrasa y Manlleu).

Los cuatro grupos necesitarán nuevas inyecciones de capital al no haber alcanzado el nivel mínimo exigido para superar las pruebas de resistencia en su situación más extrema. Es decir, un Tier 1 (capital, reservas y acciones preferentes) equivalente al 6%.  La peor parada es el grupo de caja catalana unidas bajo el paraguas Diada, que apenas llega al 3,9%. El otro grupo de cajas catalanas, Unnim, alcanza únicamente el 4,5%. El tercer lugar por la cola lo ocupa Banca Cívica (4,7%), mientras que las castellanas sólo llegan al 5,6%.

Todas ellas tienen la obligación de buscar capital en los próximos meses, que bien puede salir del Frob, el fondo creado por el Gobierno para recapitalizar las cajas, o del mercado financiero. En concreto, 1.835 millones de euros adicionales que se suman a los 10.583 millones de euros puestos ya a disposición del sector. Además de otros 3.775 millones que ya fueron aportados por el Fondo de Garantía de Depósitos para reflotar Caja Castilla La Mancha. Esto quiere decir que el rescate de las cajas de ahorros –y siempre que no sean precisas nuevas intervenciones- costará unos 16.193 millones que el Estado recupera con intereses si todo sale bien.

Se trata de una cantidad que representa alrededor del 1,6% del producto interior bruto, muy por debajo de lo que ha costado salvar a los sistemas financieros de otros países.

La importancia del Frob

La importancia del dinero público es capital toda vez que las pruebas de esfuerzo dadas ayer a conocer reflejan que sin la ayuda del Frob el conjunto del sistema de cajas hubiera alcanzado un Tier 1 del 5,5% en el peor de los escenarios previstos para calcular la resistencia de los balances a un periodo económico especialmente hostil. Sin esa tensión adicional, el nivel Tier 1 sería del 8,2%, claramente por encima de lo que exigen las autoridades económicas.

Todas estas cifras son medias del sector de cajas, por lo que no todas están en la misma situación. En cualquier caso, lo que queda claro es que un tercio de las cajas de ahorros que existían en España antes del proceso de fusiones (incluyendo Cajasur y CCM) no han estado en condiciones de superar las pruebas de resistencia, como por cierto venían sugiriendo muchos analistas desde hace meses.

¿Y por qué el Banco de España decidió incluir a esas cajas en los stress test cuando la UE sólo exigía que las pruebas de esfuerzo afectaran al  50% del sistema financiero? En palabras del gobernador Fernández Ordóñez simplemente porque se ha querido hacer un ejercicio de transparencia. “Podíamos no haber incluido a algunas entidades, pero no quisimos hacerlo”, dijo el gobernador. El resultado ha sido que de las siete entidades europeas que han suspendido el examen cinco son españolas (incluida Cajasur), una alemana y otra griega. El resto aprobado general.

Los bancos centrales han realizado estas pruebas para conocer la resistencia de bancos y cajas a un escenario económico muy negativo. En el caso español, por ejemplo, se ha previsto que la economía crezca un 1,4% este año y un 1,2% el próximo. Mientras que se ha contado con que la vivienda caiga hasta un 28% acumulado y un 61% el valor del suelo.

En estos supuestos, el llamado ‘escenario tensionado adverso’ daría un deterioro de los actos del conjunto del sistema financiero equivalente a 207.473 millones de euros. En el escenario neutral esa cifra bajaría hasta los 157.006 millones de euros. La diferencia estriba en que si en el primer escenario los activos de los bancos más internacionales (Santander o BBVA) se deteriorarían un 5,4%, en el caso de las cajas la sangría llegaría al 9,5%. Por lo que respecta al resto de bancos cotizados, el deterioro sería del 6,4%.

Para hacer frente a ese deterioro de los activos, bancos y cajas cuentan con provisiones por valor de 69.918 millones de euros (entre específicas y genéricas), mientras que otros 30.000 millones podrían salir de venta de activos. En total, y contando los impuestos, el deterioro neto se situaría en el peor de los escenarios en 28.075 millones de euros. Esto quiere decir que el conjunto del sistema financiero tendría que estar dos años sin beneficios para evitar el colapso.

El ‘mejor sistema financiero del mundo’, como alardean tanto el presidente del Gobierno como el gobernador del  Banco de España, esconde cadáveres en el armario. Y no tanto por un problema de naturaleza contable, sino más bien por su incapacidad para conceder créditos. Lo dicen las estadísticas más recientes del banco central, que todavía reflejan -tres años después del primer episodio de la crisis financiera- una intensa caída del crédito a las empresas. En particular a las pymes. Las empresas más grandes -aquellas que piden a su entidad financiera más de un millón de euros- salen mejor paradas. Pero sin excesos.

Las cifras oficiales reflejan, en concreto, que hasta el mes de mayo, y en relación al mismo mes del año anterior, los préstamos y créditos a las pymes (inferiores al millón de euros) han caído un 26,8%. O dicho en términos absolutos, el importe de las nuevas operaciones ha pasado de 117.520 millones entre enero y mayo del año pasado a 92.648 millones en 2010. Se prolonga, de esta manera, la larga agonía del crédito a las pequeñas y medianas empresas, que no ha dejado de descender desde que estallara la crisis financiera.

En 2007, el importe de los nuevos créditos para las pymes alcanzó los 394.170 millones de euros, pero un año después esta cifra había bajado ya hasta los 356.775 millones. En 2009 se consolidó esa tendencia y los créditos se desplomaron hasta los 262.767 millones (incluyendo renovaciones). Y es muy probable que este año se cierre con una cifra inferior a los 200.000 millones de euros. En el caso de las nuevas operaciones superiores al millón de euros, la evolución  es sólo algo mejor. La caída es del 17,1%, hasta los 207.321 millones.

Los datos del Banco de España ponen de relieve, sin embargo, un hecho sorprendente. El año pasado la cuantía total de los préstamos superiores a un millón de euros no bajó, sino que desafiando la lógica económica (la mayor recesión en medio siglo) creció en 32.000 millones de euros, hasta los 604.975. Detrás de esta cifra se esconde la estrategia de bancos y cajas de ahorros de no dejar caer a sus clientes, lo que ha provocado un aumento de las renovaciones. Se presta para no llevar a fallidos muchas operaciones inviables.

De hecho, si se analizan los préstamos en términos de flujo efectivo, la caída es espectacular. En 2007, el flujo efectivo -el dinero nuevo que realmente llega a las empresas- se situó en 181.829 millones, lo que explica en buena medida el boom inmobiliario. Al año siguiente, ya había descendido hasta casi la mitad; 95.981 millones, pero es que en 2009 no sólo no creció sino que el flujo efectivo fue negativo en 19.390 millones, lo nunca visto en la economía española.

El racionamiento del crédito hay que vincularlo, lógicamente, con la situación de la economía real, que ha provocado una aversión al riesgo sin precedentes por parte de las entidades financieras. Bancos y cajas no confían en que sus clientes les vayan a devolver su dinero. Pero también con el hecho de que tanto la restructuración del sistema financiero como las nuevas normas de solvencia están suponiendo un frenazo en la actividad crediticia, como reconoció el miércoles en el Círculo Ecuestre de Barcelona Rodrigo Rato, presidente de Caja Madrid.

Menos crédito por exceso de regulación

Rato dijo que  Basilea III puede “cercenar la recuperación económica en los países industrializados” por un exceso de regulación que limita la innovación financiera, y que podría tener un coste de cuatro puntos del PIB europeo. Y lo que está haciendo la banca española -como la europea- es recapitalizarse a marchas forzadas en un marco extremadamente complicado, lo que les ha forzado a acudir en masa a la ventanilla del Banco Central Europeo para obtener fondos.

En el  caso español, esta realidad se complica con el proceso de integración de las cajas de ahorros, que ha obligado a que las entidades estén ahora más ocupadas en sanear sus balances (para no perder cuota de mercado en las fusiones o integraciones) que en hacer préstamos que, como es lógico, incorporan un factor de riesgo.

No se trata, en cualquier caso, de un fenómeno estrictamente español, aunque sí su intensidad. El último Boletín del Banco Central Europeo (BCE) informaba ayer que la tasa de crecimiento interanual de los préstamos otorgados a las sociedades no financieras continuó siendo negativa en mayo (del –2,1%). Es decir, algo menos que en el mes precedente.

El BCE destaca, sin embargo, un fenómeno nuevo. En mayo se registraron “cuantiosas entradas mensuales positivas en los préstamos a empresas, las más elevadas desde enero de 2009, impulsadas por los considerables flujos de entrada en los préstamos a corto plazo (hasta un año) y los préstamos a largo plazo (a más de cinco años)”.

El banco central reconoce que a la vista de la volatilidad observada en los últimos meses, “es demasiado pronto para valorar si esta evolución señala un punto de inflexión”. Y recuerda que un aumento de las entradas de préstamos a corto plazo sería acorde con la mayor necesidad de las empresas de disponer de fondos a corto plazo para gestionar sus existencias, como consecuencia de los acusados aumentos de la variación de existencias observados en los primeros meses de 2010.

El alcalde Ruiz-Gallardón ha pinchado esta vez en hueso a la hora de gastar. El Ministerio de Hacienda le ha denegado un endeudamiento extraordinario por valor de 257 millones de euros. Se trata de una cantidad importante -que representa alrededor del 5% del presupuesto de gastos del ayuntamiento- que se diluye, sin embargo,  en la espectacular deuda municipal: nada menos que 7.314 millones de euros hasta el primer trimestre de 2010.

La propia Junta de Gobierno del ayuntamiento da por hecha esta prohibición en un reciente Acuerdo fechado el pasado 8 de julio. Es decir, justo tres meses después de que el consistorio solicitara la “preceptiva autorización a los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda”. La junta de Gobierno admite que “transcurridos tres meses sin que exista la oportuna resolución que autorice la concertación del endeudamiento, se considera que es necesario realizar ajustes” en los presupuestos municipales por una cantidad equivalente a la cuantía de esa prohibición. El montante del nuevo ajuste asciende, en concreto, a 257.381.385 euros que no se ejecutarán este año.

No es la primera vez que Hacienda desautoriza una operación de endeudamiento al ayuntamiento de Madrid. En 2009 ya hizo lo mismo con otra petición de cuantía similar y por entonces el ayuntamiento criticó el ‘no’ de Hacienda con el argumento de que la citada operación no habría obstaculizado el objetivo de estabilidad del municipio.

El origen del problema, sin embargo, no tiene que ver con la decisión de la ministra Salgado de desautorizar el nuevo endeudamiento. Hay que relacionarlo con el hecho de que el consistorio incluyera en los presupuestos de 2010 gastos en inversiones sin cobertura económica. Gallardón fiaba la ejecución de esas inversiones a la existencia de nuevas operaciones de endeudamiento. Estas son, precisamente,  las que no han llegado y eso ha obligado a los gestores municipales a recortar el presupuesto.

Se trata, por lo tanto, de un problema del ayuntamiento de Madrid y no de Hacienda, que ya en abril del año pasado aprobó un Real Decreto-Ley destinado a que las entidades locales pudieran reequilibrar sus maltrechas tesorerías.

Un ‘agujero’ de 978 millones de euros

En realidad se trataba de una norma destinada fundamentalmente a cubrir el ‘agujero’ en el ayuntamiento de Madrid, que cerró el año 2008 con un déficit (remanente negativo de tesorería en la jerga municipal) cercano a los 1.000 millones de euros. En concreto, de 978 millones de euros. Como quiera que al año siguiente, y según la Ley de Haciendas Locales, el ayuntamiento debería haber generado un superávit similar a para cubrir ese desfase (lo cual se antoja imposible en un contexto económico como el actual),  el Gobierno central autorizó operaciones extraordinarias de endeudamiento, de las cuales la tercera parte se las llevó Madrid. Eso explica que el ayuntamiento de la capital pudiera lucir en 2009 un superávit equivalente a 1.228 millones de euros que ahora hay que devolver a plazos.

“Estamos pendientes de ver dónde se producen los ajustes, si se paralizan obras innecesarias como la reforma del Palacio de Cibeles o se sigue con la práctica de recortar en asistencia social”, afirmó el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, David Lucas, tras conocer el nuevo recorte del gasto. “Esta nueva petición de endeudamiento es otro ejemplo más de la nefasta gestión económica y la improvisación del gobierno de Gallardón”, añadió.

La política de acudir al endeudamiento para cubrir desfases de tesorería es la que ahora se ha acabado, lo que justifica el nuevo ajuste presupuestario. No hay más dinero y Hacienda ha decidido no conceder nuevas autorizaciones, y mucho menos para aquellas operaciones que no cuentan con crédito inicial. La ley obliga a los ayuntamientos a no adjudicar si no cuentan con el correspondiente crédito presupuestario; pero muchos municipios se saltan esta restricción acudiendo a modificaciones de crédito o vía endeudamiento,

El principio que ha marcado Hacienda en un polémico decreto es que durante lo que queda de año los municipios sólo podrán endeudarse para financiar inversiones ya autorizadas en el presupuesto. Y el año 2010, ni siquiera para eso en aras de reducir el déficit de las entidades locales.

Según los últimos datos del Banco de España, la deuda de los municipios en términos de Protocolo de déficit excesivo ascendía a 36.085 millones de euros durante el primer trimestre de este año.  Pero se sitúa ya en 55.175 millones si se incluyen todos sus pasivos y no sólo los que computan a efectos de Eurostat. Tan sólo en 2009 generaron un déficit de 5.677 millones de euros. Madrid es, con diferencia, el municipio más endeudado. En concreto, uno de cada cinco euros que deben los ayuntamientos tiene su origen en la capital del Reino.

‘¡Ay de mí!’, mascullaba el Fausto de Goethe. ‘Con laborioso ardor he estudiado la filosofía, la jurisprudencia, la medicina y también la teología, e, ¡insensato de mí!, al presente soy tan ignorante como si nada hubiese aprendido’.

No hay pruebas fehacientes de que la presidenta de la Comunidad de Madrid haya vendido su alma al diablo en busca de sabiduría, como en el célebre drama del escritor alemán, pero lo que está fuera de toda duda -al contrario que le sucede al protagonista del Fausto- es su asombrosa capacidad para despreciar las fuentes del conocimiento.

Aguirre, que con buen criterio siempre ha defendido la supremacía del individuo frente al poder absoluto del Estado, parece haber cambiado de bando. Y ahora sostiene que un contrato libremente firmado y publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid hace apenas nueve meses (en medio de la recesión) entre los trabajadores del metro de Madrid y la dirección de la empresa -en este caso la Comunidad de Madrid- es papel mojado. Sostiene y defiende que un convenio colectivo -pese a tener fuerza de ley al estar amparado por el Estatuto de los Trabajadores- se puede romper de forma unilateral.

Aguirre, que defiende la prevalencia de los contratos mercantiles frente a los laborales en el derecho del trabajo, ha emprendido con ese objetivo una cruzada destinada a combatir todo lo que huela a trabajo con contrato indefinido por el hecho de que hay 4,6 millones de trabajadores sin empleo. Y por eso, habla con cierto desdén de quien tiene un empleo fijo, aunque realmente esta sea una figura retórica en un país que ha despedido en los dos últimos años a más de dos millones de trabajadores. Y habla en esos términos como si el tener una relación laboral de carácter estable fuera una sinecura insoportable. Un privilegio incoherente con el tiempo que no ha tocado vivir. Incluso ha llegado a afear la conducta de los empleados del suburbano madrileño por el mal gusto de cobrar 30.000 euros brutos al mes. Como se ve una fortuna impropia de un trabajador que resida en la Comunidad de Madrid, exactamente la misma que se vende en el extranjero como la más dinámica y moderna de la piel de toro, pero con salarios del Tercer Mundo.

Aguirre no es, desde luego, la única dirigente que dispara contra todo lo que huela a ‘privilegio’. Es decir, contra un salario digno y un empleo estable. El propio Gobierno socialista ha justificado el recorte salarial en la función pública amparándose en el hecho de que los trabajadores al servicio del Estado tienen un empleo fijo. En pleno revisionismo histórico, estamos ante una cierta reivindicación de la lucha de clases de Marx, pero ahora no son proletarios contra burgueses los que pugnan por un lugar en la historia, sino empleados fijos contra parados, como si los primeros fueran responsables del mal que aflige a casi cinco millones de desempleados.

Como es sabido, Zapatero, al igual que ha hecho Aguirre, ha roto unilateralmente un acuerdo suscrito hace apenas nueve meses, cuando la recesión peinaba canas. Pero con una diferencia importante que de forma taimada se intenta ocultar desde la Comunidad de Madrid. Mientras que en el Acuerdo con los empleados públicos la última palabra la tienen siempre las Cortes Generales (ya que son ellas quienes aprueban los Presupuestos Generales del Estado), en el caso del convenio colectivo del metro -u otras empresas públicas- son los representantes de los trabajadores y la dirección de cada una de las empresas quienes deciden libremente sus relaciones laborales. Y si una de las partes lo incumple, es simplemente ilegal. Exactamente igual que sucede cuando un comité de empresa decide saltarse a la torera los servicios mínimos, aunque sean abusivos, como es el caso.

Más allá del conflicto laboral -y político- que subyace en la huelga del metro de Madrid, lo que es estratégicamente relevante es observar cómo a medida que avanza la crisis económica crece la idea de que la mejor manera de combatir las penas es deteriorar las relaciones laborales y dar un salto en el vacío hacia atrás en el túnel del tiempo. Como si los países con menor seguridad jurídica o relaciones laborales más degradadas, fueran el espejo en que mirarse, y ahí están el ejemplo de Venezuela o China, como se sabe verdaderos paraísos en la tierra en cuanto a libertad y derechos sociales. Hay, incluso, quien ha establecido una ecuación casi perfecta entre degradación de las relaciones laborales y progreso económico, lo cual es un auténtico dislate. No estará de más, por ello, recordar algunas cifras que ayer publicó la Agencia Tributaria, y que vienen a decir que 7.058.153 declarantes del IRPF tuvieron en 2008 unos ingresos totales -incluyendo todas las fuentes de renta- inferiores a 12.000 euros anuales. O lo que es lo mismo, el 36% de los contribuyentes en menos que mileurista.

Tal vez por eso, se confunda con cierta asiduidad flexibilidad de las relaciones laborales -algo más que una necesidad para una economía como la española que necesita ganar competividad a toda costa- con impulsar lo que un viejo sindicalista, el ingeniero Apolinar Rodríguez, llamó en los 90 con acierto ‘vía coreana al socialismo’. Es decir, competir vía salarios y desregulación laboral y no mediante el impulso de la sociedad del conocimiento, que en última instancia es la que genera mayor valor añadido. Y en este sentido no estará de más que alguien remitiera a Zapatero y Aguirre -el orden es irrelevante- un reciente informe elaborado por el Banco de España en el que se calculan los beneficios que tiene para la economía de un país la estabilidad en el empleo.

“Los hogares cuyos miembros tienen un contrato indefinido y, por tanto, están menos expuestos al riesgo de perder su empleo -dice el estudio- mantienen en media un 30% menos de activos financieros (es decir, acumulan menos ahorro) que los hogares con contrato temporal, más expuestos a dicha pérdida. También se observa que los hogares más expuestos al riesgo de pérdida de empleo posponen su consumo con respecto al grupo de hogares con una situación laboral más estable”. Es decir, que la precariedad laboral no sale gratis en términos macroeconómicos. Y mucho menos en términos de justicia social. ¿Les suena este concepto?