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A FONDO: LUCHA ANTITERRORISTA, EL ANÁLISIS

Cuando José Manuel Gómez Benítez se incorporó al Consejo General del Poder Judicial, hace apenas año y medio, a propuesta del PSOE, quiso dejar claro su papel: «Yo soy aquí el hombre del Gobierno».

Estamos en septiembre de 2008 y el catedrático de Derecho Penal estaba, a sus 57 años, en la cúpula de su carrera.

Creía que sus servicios, al partido y al Gobierno, le hacían merecedor de un papel estelar en el mundo judicial. Tenía tres apoyos consolidados que le daban suficiente respaldo como para hacer esa afirmación, que dejó de piedra a algunos de sus compañeros, y me refiero a los que forman parte del grupo mayoritario o progresista del CGPJ. Ese tridente de valedores lo formaban Mariano Fernández Bermejo (ministro de Justicia entonces), Alfredo Pérez Rubalcaba (ministro del Interior) y Baltasar Garzón (juez de la Audiencia Nacional).

Que era el hombre del Gobierno en el Consejo se vio enseguida. En septiembre de 2008, el CGPJ decidió sancionar al juez Rafael Tirado con una multa de 1.500 euros por una falta grave, a consecuencia del retraso injustificado en la tramitación de la ejecución de la sentencia dictada en 2002, que condenaba a prisión al presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés.

Se montó un escándalo y el Gobierno, ávido de popularidad y con Bermejo a la cabeza, presionó para que el CGPJ endureciera la sanción a Tirado.

¿Quién peleó en el CGPJ en defensa del criterio del Gobierno? Gómez Benítez.

Sin embargo, el catedrático, cuya formación jurídica es reconocida incluso por sus más enconados detractores, perdió la batalla. El 23 de diciembre de 2008, el CGPJ ratificó la sanción a Tirado al entender que su error no podía considerarse falta muy grave, lo que hubiera implicado la suspensión.

Fue un primer toque de atención que ponía de relieve que este hombre de armas tomar (en sus tiempos de estudiante le llamaban Gadafi, por sus ideas y pelo ensortijado; aunque él prefería el sobrenombre de Manolo el bravo) no contaba con el respaldo de la mayoría del CGPJ, en cuyo grupo progresista Margarita Robles ejercía con sutil firmeza el liderazgo.

En febrero de 2009, Mariano Fernández Bermejo, acosado mediática y políticamente por sus cacerías con Garzón, dimitió como ministro de Justicia. El bravo Gómez Benítez movió todos los hilos para sustituir a su protector, pero la ayuda de Rubalcaba no le fue suficiente. La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega impuso su criterio y situó al frente del Ministerio a Francisco Caamaño. No era la primera vez que Rubalcaba mordía el polvo en un enfrentamiento con De la Vega.

El caso es que nuestro hombre tuvo que resignarse a seguir como vocal del CGPJ. Pero no tardó mucho en promover una nueva causa. Esta vez, en defensa de su buen amigo el juez Garzón, que pretendía auparse a la Presidencia de la Audiencia Nacional tras la salida de Carlos Dívar, nombrado presidente del Supremo y del CGPJ.

A pesar de contar con la acorazada del Grupo Prisa, Gómez Benítez concluyó su lance con un nuevo fracaso. El candidato propuesto por Robles, Ángel Juanes, fue nombrado presidente de la Audiencia y Garzón vio frustradas sus ambiciones.

Hace unos días, Gómez Benítez ha vuelto a cobrar protagonismo como mártir de una cruzada; esta vez contra el pasteleo de cargos en la carrera judicial. Según sus propias palabras (ver entrevista en El País), «el proceso de selección de la cúpula del Poder Judicial no debe hacerse mediante pactos entre asociaciones».

Es una lástima que quien esto denuncia sea miembro de la Comisión de Calificación (es decir, la encargada de filtrar los candidatos a puestos judiciales relevantes) y haya sido pastelero mayor hasta hace apenas dos meses. Su amenaza de dimisión quedó en nada. Fue rechazada por el Pleno del CGPJ y él, en lugar de marcharse, prefirió seguir en su puesto. Esto es lo que se llama ser consecuente.

Ahora bien, ¿qué ha sucedido para que este gigante del Derecho haya montado esta tormenta mediática? ¿Cuál es el motivo por el que ha puesto en la diana de sus afilados dardos a Margarita Robles?

Sólo hay que echar la moviola un poco hacia atrás. Exactamente hasta el 9 de febrero de este año, cuando la Comisión Permanente del CGPJ decidió dar el primer paso para apartar cautelarmente a Garzón de la Audiencia Nacional por las querellas por prevaricación admitidas a trámite por el Supremo.

Fue a partir de ese momento cuando el catedrático inició su ofensiva contra el sistema de elección de la cúpula judicial.

«El objetivo de Gómez Benítez es doble: desacreditar al Consejo y al Supremo como una estrategia de defensa de su amigo, el juez Garzón», concluye una fuente del CGPJ.

Sin embargo, el empecinamiento del que fuera abogado de Garzón y de Navalón (Argentia Trust) no puede entenderse bien si no se echa una ojeada al llamado proceso de paz.

En efecto, Gómez Benítez se incorporó en septiembre de 2006 al equipo negociador del Gobierno en las conversaciones con ETA.

Gómez Benítez era, por así decirlo, el brazo judicial en la negociación. Es decir, la terminal de Garzón en el diálogo con ETA que, según pensaba entonces el Gobierno, tenía que conllevar determinadas cesiones políticas. Fue Gómez Benítez quien, en la reunión mantenida con la banda el 27 de octubre de 2006, utilizó el chivatazo del Faisán como argumento para demostrar la buena disposición del Ejecutivo.

Ahora, según revela EL MUNDO, también sabemos que el 15 de diciembre, ¡dos semanas antes del bombazo de la T-4!, Gómez Benítez se esforzó en explicarles a los etarras los esfuerzos para lograr separar, desde el punto de vista penal, a la organización juvenil Jarrai de ETA.

Es decir, que la negociación con los terroristas tenía una triple vertiente: policial, política y judicial. Y el hombre clave de esa última era, precisamente, Gómez Benítez.

La entrada en juego del Grupo Prisa en defensa de Gómez Benítez como apéndice de Garzón tiene que ver con otra deuda. El juez de la Audiencia Nacional le puso en bandeja a Jesús Polanco la defenestración de Javier Gómez de Liaño en la querella contra Sogecable.

Cuando El País habla en sus editoriales del «cerco a Garzón» debería recordar lo que se dijo en sus páginas sobre Gómez de Liaño. Aquello sí que fue una cacería

casimiro.g.abadillo@elmundo.es

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A FONDO

Hoy se cumplen 29 años de aquel 23-F que hizo tambalearse a la democracia. No hablaré de la trama, sobre la que ya se han escrito algunos buenos libros. Me detendré en el papel del Rey.

Nadie o casi nadie niega hoy que el papel de Don Juan Carlos fue fundamental para desactivar el golpe. El Monarca tenía muy claro desde que las Cortes le nombraron sucesor «a título de Rey» del general Franco en 1969, que su legitimidad estaba vinculada a unas instituciones que no tenían cabida en el estrecho margen de la dictadura. Es decir, que la Monarquía sólo podía legitimarse, pervivir, si era en el marco de un régimen democrático.

Don Juan Carlos no es un demócrata puntual u oportunista, sino de convicción profunda y, por ello, trabajó por la democracia ya desde la dictadura.

Muchos españoles no conocían en 1981 lo que había hecho el Rey antes de la muerte de Franco para que se produjera una transición pacífica hacia un sistema de libertades y que ésa era la razón fundamental por la que apostó por un hombre casi desconocido como Adolfo Suárez.

Sin embargo, durante el 23-F se visualizó el compromiso del Rey con la democracia. Su mensaje televisado no sólo sirvió para parar el golpe, sino también para que la mayoría de los españoles supieran que Don Juan Carlos estaba dispuesto a defender las libertades incluso en aquellos momentos de zozobra. Aquel mensaje le convirtió en el Rey del pueblo.

La imagen de la Monarquía, desde entonces, ha estado ligada a la personalidad de Don Juan Carlos. Por eso, muchas veces se dice que España no es un país monárquico, pero sí juancarlista.

Esas circunstancias hacen que la opinión del Rey tenga un peso específico relevante. Por ejemplo, recientemente, su propuesta de pacto ante la situación de crisis que vive España, ha tenido la virtualidad de hacer que algunos políticos la tengan en consideración, aunque sólo sea por razones de imagen. En esta ocasión, también ha dado pie a su utilización partidista.

Más allá del papel moderador que le otorga al Monarca el artículo 56 de la Constitución, lo que dice el Rey tiene un palpable efecto político. Generalmente, porque entronca con la opinión de la mayoría de los ciudadanos, más allá de su afiliación partidista.

Es un hecho que Don Juan Carlos consolidó la Monarquía en España desde una práctica heterodoxa. Sin embargo, de cara al futuro, la continuidad de la institución no se puede cimentar sobre unos mimbres personal e históricamente irrepetibles.

Es decir, que el Príncipe Felipe no va a contar, en principio, con los activos que han hecho de su padre un Rey querido y apreciado por la mayoría.

Si hay una labor compleja, que requiere de conocimientos, habilidad, paciencia y capacidad autocrítica, ésa es la de hacer que la Monarquía perviva sin traumas a Don Juan Carlos.

La cuestión es que Don Felipe tiene que legitimarse desde la normalidad.

En un futuro no muy lejano, mucha gente se preguntará ¿para qué necesitamos un Rey?

Ésa es la pregunta a la que tienen que responder quienes están diseñando esa complejísima transición de Don Juan Carlos a Don Felipe.

No habrá, por fortuna, más 23-F. La democracia está consolidada y el papel del Rey debe ser percibido por los ciudadanos como un instrumento útil para la sociedad y para la convivencia.

Se acaba de dar un primer paso. La Casa Real ha decidido hacerse más transparente y dará a conocer las audiencias privadas del Rey. Da la impresión de que se quiere dar más protagonismo a la Monarquía.

En una sociedad moderna, la transparencia es una condición fundamental para que los ciudadanos conozcan y valoren sus instituciones. Y, entre ellas, está la Corona.

¿Cómo conjugar el distanciamiento, ese papel moderador, por encima de las disputas políticas del día a día, con una mayor cercanía a los ciudadanos? Es una cuestión difícil, pero que, en este caso, cuenta con una ventaja. Tanto Don Felipe como Doña Letizia son dos personas que conocen y viven la realidad de hoy. No están encerrados en palacio.

El Príncipe es consciente de los retos que tiene por delante. Y la Casa Real debe afrontar con imaginación un dilema que, en sí mismo, aparenta una contradicción: ¿cómo acoplar en una sociedad que ha hecho suyos los valores de la Revolución Francesa, profundamente republicanos, el papel de la Monarquía?

El debate político sobre el día a día a veces nos oculta otros problemas más profundos, que van a requerir de un gran consenso entre los partidos mayoritarios. La reforma de la Constitución es uno de ellos. Ahora, se dice, no es oportuno. Pero habrá que resolverlo alguna vez.

El Rey tiene ahora 72 años. Está en plena forma y puede seguir ejerciendo su función durante algún tiempo. Pero, más pronto que tarde, habrá que enfrentarse a la sucesión.

Algunos piensan que hablar de ese asunto es anatema. Yo creo que la forma de evitar que ese hecho se viva con temor es hablar de él. Con moderación, pero con claridad.

Los republicanos verán una oportunidad histórica cuando llegue el momento del relevo para plantear la posibilidad de un referéndum sobre la forma de Estado.

La Monarquía ha vivido muchos años legitimada por el papel esencial del Rey en la consolidación de la democracia.

El Príncipe tiene que poner en valor la institución, demostrando que él es un servidor a la vez que un pilar esencial del Estado y que, por tanto, tiene un papel que cumplir.

Los ciudadanos tendrán que valorar ese trabajo y si merece la pena defender la Monarquía como una institución nuclear de nuestra democracia.

casimiro.g.abadillo@elmundo.es

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La sesión de ayer en el Congreso fue una escenificación de táctica política. El objetivo de Zapatero era ganar tiempo, parar el golpe y tratar de demostrar que está a favor de alcanzar acuerdos para salir de la crisis. Y, para conseguirlo, se sacó de la manga la comisión negociadora, donde ha incluido a Elena Salgado (dejarla fuera hubiese sido una desautorización); a José Blanco (ministro de Fomento y hombre fuerte del Gobierno y del partido), y a Miguel Sebastián (persona de su confianza y el único miembro del Gabinete que ha defendido la necesidad de un gran pacto).

Para hacer creíble ese movimiento de apertura, en su primera intervención, el presidente utilizó un tono humilde desconocido en él hasta ahora. Pero no se engañen, todo es pura táctica.

¿Por qué? Sencillamente, porque no ha habido una rectificación en lo fundamental. Para negociar un pacto de Estado hay una condición previa y necesaria: creer que la situación es tan grave que requiere de un consenso en el que todos los partidos deben renunciar a planteamientos esenciales (ideológicos). Es decir, que todos acepten mover sus propias líneas rojas. Esa conciencia de estar al borde del abismo fue lo que hizo posible los Pactos de la Moncloa.

Sin embargo, el presidente volvió a insistir en su error fundamental: no reconocer la realidad. Para Zapatero, la economía española está simplemente en un momento difícil que se superará a finales de este año, cuando se comenzará a crear empleo. Da por hecho que la recuperación se va a producir pase lo que pase. No la condiciona a la aplicación de determinadas políticas, sino que la espera como se espera el frío en invierno.

En lo fundamental, Zapatero sigue insistiendo en lo mismo. El recorte, proclama, no debe afectar a las políticas sociales. Entonces, ¿de dónde va a sacar los 50.000 millones necesarios para rebajar el déficit al 3% del PIB en 2012?

Por su parte, Rajoy tenía como objetivo demostrar que Zapatero, hoy por hoy, carece de credibilidad. Y que, por tanto, cualquier cosa que ofrezca hay que rechazarla por principio. Su planteamiento táctico consistió en lo que los entrenadores llaman un achique de espacios. No había que darle opción a considerar un pacto porque, para ello, previamente debía rectificar en profundidad toda su política.

El líder de la oposición estuvo contundente y tiene el viento a favor. No sólo por las encuestas, sino porque existe la sensación generalizada de que el equipo de Zapatero es un desastre en economía; justo la asignatura en la que el PP luce un notable.

¿Qué cabe esperar ahora? Los grandes examinadores son los ciudadanos y los mercados. Para los primeros, lo trascendente es si se va a crear o no empleo. De lo debatido ayer no cabe abrigar esperanzas: 2010 será otro año perdido. Los mercados esperarán a ver si las promesas de recorte se cumplen o no. Si no es así, el coste de financiación de la deuda se disparará. Los ciudadanos y los mercados no entienden de tácticas. Prefieren ver la realidad.

casimiro.g.abadillo@elmundo.es

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El escenario en el que se va a producir el debate parlamentario del miércoles 17, en el que el presidente del Gobierno deberá explicar las medidas adoptadas para intentar salir de una recesión que dura ya dos años, es de inusual y preocupante inestabilidad política.

La iniciativa de Don Juan Carlos de convocar a la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado; a los sindicatos (por primera vez los secretarios generales de UGT y CCOO acudieron juntos a La Zarzuela); a personalidades del mundo económico (probablemente la elección de Miguel Blesa no haya sido la más acertada) y, se espera que en breve, también a líderes de los partidos políticos para crear las condiciones de un gran pacto de Estado es una clara muestra para el ciudadano de que las cosas están muy mal.

No es habitual que el jefe del Estado tome una postura activa en un asunto tan candente y a sólo unos días de un debate parlamentario que, por razones obvias, ha levantado gran expectación.

La reacción de María Teresa Fernández de la Vega en la rueda de prensa tras el último Consejo de Ministros pone de manifiesto que Moncloa no ha patrocinado la iniciativa del Rey. La vicepresidenta se esforzó, en vano, en situar la ronda de encuentros en la rutina de las conversaciones que suele mantener Don Juan Carlos con dirigentes políticos y personas relevantes de distintos ámbitos. Pero no es así. El Rey remarcó en su discurso del jueves que es partidario de «amplios acuerdos» para superar esta difícil situación. Ése es el deseo de la mayoría de los ciudadanos, manifestado en todas las encuestas que se han hecho en las últimas semanas.

Por mucho que el Financial Times (que ha pasado en sólo unos días de ser un periódico vituperado por los ministros a correr de mano en mano por la bancada socialista del hemiciclo como si fuera el bálsamo de Fierabrás) haya echado un capote a la política de ajuste del Gobierno, la situación es igual de difícil ahora que hace 10 días, cuando la Bolsa se desplomó justo en el momento en el que el presidente comparecía ante un auditorio ultraconservador en el acto del Desayuno de la Oración en Washington.

Lo que sucede aquí lo sabemos muy bien sin necesidad de leer la prensa seria británica (aunque haya que leerla todos los días y no cuando a uno le interesa). Pero, para los conversos del FT, no hay nada como la lectura del editorial de The Economist de esta semana, en el que se pone el dedo en la llaga sobre el tactismo y la indecisión de Zapatero. «Si no puede asumir el liderazgo, muchos votantes de su partido, al igual que muchos ciudadanos, se preguntarán pronto por qué está en la Moncloa».

Recapitulemos. De las tres grandes iniciativas propuestas por el Gobierno, hasta ahora, dos de ellas tienen que recorrer un largo camino de negociación: la reforma del sistema de pensiones, en el Pacto de Toledo; la reforma laboral, en la mesa de los interlocutores sociales.

Por lo que se refiere al prometido recorte de 50.000 millones de euros en tres años para alcanzar el 3% de déficit sobre el PIB en 2013 (ésa sí que depende genuinamente de la iniciativa gubernamental), lo aprobado en el último Consejo de Ministros no puede resultar más decepcionante. De los 5.000 millones de reducción del gasto acordados, sólo 3.500 pueden considerarse como un ahorro propiamente dicho (el resto se corresponde con una partida de 1.500 millones del fondo de contingencia que se utiliza para gastos extraordinarios). Es decir que si en el primer año del ajuste, en el que lógicamente hay que intentar hacer el mayor esfuerzo, no se cumple ni el 10% del recorte total prometido para los próximos tres años, ¿qué se puede esperar de 2011, en el que hay elecciones municipales y autonómicas? ¿Y de 2012, en el que habrá elecciones generales? ¿Cree alguien, de verdad, que esas medidas por sí mismas van a disipar las dudas que hay aquí y en Europa sobre la capacidad de España para cumplir sus compromisos?

Y no volvamos a sacar del armario el discurso del patriotismo, por favor. Claro que España podría alcanzar el 3% de déficit en 2013. Claro que podríamos salir de la recesión si se hicieran políticas adecuadas. Pero si no se hacen las dolorosas reformas que hay que poner en marcha ahora, sin esperar ni un minuto, en el próximo futuro la solución será aún más costosa, más dramática, conllevará más sacrificios sociales.

Desde la dirección del PSOE se ha extendido en los últimos días el mensaje, un tanto paranoico, de que existe una «operación contra Zapatero». ¿Acaso esperan los socialistas que el PP deje de hacer su labor de oposición? ¿Es que los bancos que compran la deuda de España han subido el coste de su financiación porque están en una operación política contra el presidente?

Ahora más que nunca, lo que suceda en los próximos meses dependerá de él. Es decir, de la credibilidad que transmita.

Por ello, el debate del miércoles es crucial para el presidente. La duda es si ofrecerá su cara más demagógica (la que le ha llevado a anunciar nuevas partidas de gasto); o bien la que ofreció ante los empresarios en la Cámara de Comercio en Washington, muy en sintonía con la seria presentación que hizo José Manuel Campa ante los bancos que compran nuestra deuda en Londres.

Éste será el test de la legislatura para Zapatero.

Por otra parte, el líder de la oposición no lo tiene fácil. Si bien la iniciativa del Rey no ha estado pilotada por Moncloa, sí que ha sido utilizada mediáticamente para situar a Rajoy como el responsable de que no se pueda llegar a un pacto de Estado (ése era el titular de El País del sábado).

Rajoy no puede aparecer como mister No en el Congreso. Tiene que mostrar que está sinceramente dispuesto a acuerdos si éstos suponen reformas profundas y no mero maquillaje. En estos momentos, la credibilidad de Zapatero para hacer el ajuste (después de sus pésimos últimos dos años) es nula. Ese crédito sólo puede dárselo el PP. Pero con un pacto concreto, no simplemente con una foto. ¿Recuerdan el pacto antiterrorista? ¿Acaso no es un ejemplo de que sí se puede llegar a acuerdos?

Ahora bien, si el presidente no está dispuesto a negociar reformas con el PP; si Zapatero sigue empeñado en dejar en el rincón al principal partido de la oposición, entonces Rajoy está legitimado para pedir, cuanto antes, elecciones anticipadas.

casimiro.g.abadillo@elmundo.es

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A FONDO: ESPAÑA EN CRISIS / LA OPINION

Se acabó la fiesta. Punto final a la demagogia que pretendía hacer creer que la crisis no iba a afectar al Estado de Bienestar; o sea, a las clases medias y a los más desfavorecidos.

No había más remedio que aplicar recortes a las pensiones y al gasto público. España no aguanta más, ha perdido su crédito ante los mercados internacionales. El peligro es que estábamos a punto de ser considerados internacionalmente como Grecia. O, lo que es lo mismo, que estábamos a punto de ingresar en la segunda división de la UE. Y eso en un año en el que hay que colocar en el exterior 525.000 millones de deuda: 225.000 millones de nuevas emisiones y renegociaciones del sector público y otros 300.000 de la banca.

Al temor del Gobierno a una subida sin precedentes del coste de la deuda se ha sumado el miedo a que Bruselas ponga en marcha la Europa de las dos velocidades, dejando fuera del euro a los países indisciplinados. Francia y Alemania, discretamente, ya están en ello.

Por ello, Zapatero acudió a Davos con un objetivo claro: dar un mensaje de austeridad. Allí anunció el paquete de recortes de 50.000 millones de euros que aprobó el pasado Consejo de Ministros y ratificó el compromiso de rebajar el déficit al 3% del PIB en tres años, como impone el Pacto de Estabilidad.

El viernes, el diario The Wall Street Journal publicaba unas declaraciones del primer ministro griego, Giorgos Papandreu: «Los mercados no están seguros de nuestra credibilidad. Lo que yo digo es que nos den una oportunidad».

El recorte del déficit anunciado en Davos por Papandreu coincidía con el de Zapatero. Y también con el de otros países candidatos a caer en esa segunda división: Portugal, Irlanda, Chequia y Rumania.

Justo cuando el presidente hacía su anuncio en la ciudad suiza, alguien filtró en España la auténtica bomba: el Gobierno pretendía alargar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años.

¿A quien se le ocurrió la idea? Da la impresión de que alguien pensó en acumular todas las malas noticias en un solo día: paquete de recortes, reforma de las pensiones, terrorífico dato de la EPA y anuncio de que el déficit público se ha disparado en 2009 hasta el 11,4%.

Para que el anuncio del Gobierno tuviera una justificación técnica, el Instituto Nacional de Estadística, fuera de su calendario habitual, presentó el jueves los datos de la pirámide de población que muestran la cruda realidad: en 2050 habrá un tercio de mayores de 65 años y sólo estará en edad de trabajar la mitad de la población.

Sin embargo, ese dato ya era conocido por los servicios de estudios. El gobernador del Banco de España lo utilizó hace unos meses para pedir el alargamiento de la edad de jubilación y Corbacho contestó que el Gobierno no tenía previsto hacerlo. Un dirigente de UGT, envalentonado, mandó a Fernández Ordóñez «a su puta casa».

No hace falta remontarse mucho tiempo para darse cuenta de que el cambio radical en la política del Gobierno ha sido repentino, provocado por causas ajenas a su voluntad y que tienen que ver con el deterioro de la imagen del Reino de España como acreedor en los mercados financieros.

Recordemos como tituló en su portada El País la entrevista con el presidente del Gobierno el 17 de enero: «Siempre he apostado por una respuesta social a la crisis».

El sábado, sin embargo, ante el Comité Federal del PSOE, Zapatero explicó la reforma de las pensiones como una muestra de «responsabilidad con el futuro de España».

El problema para el presidente es que, durante los últimos meses, ha basado toda su política en que la crisis no iba a suponer recortes sociales. Que su Gobierno era la garantía para proteger a los trabajadores de los recortes que pretendía la derecha.

Ese discurso ya no vale. La realidad se ha impuesto de una forma cruda y amarga.

La imagen de Zapatero como un dirigente que no dice la verdad o bien no quiere reconocerla (como sucedió con la crisis económica) se ahonda y daña de forma irreparable su credibilidad.

Más aún cuando el Gobierno aprueba la mayor reforma del sistema de pensiones desde que se constituyó el Pacto de Toledo (1995) por la puerta de atrás y sin ningún debate. Pasando del no se preocupen porque sus pensiones no corren peligro al recorte porque el sistema puede venirse abajo si no se cambian las reglas.

Esa sensación de improvisación en un asunto de este calado proyecta a los ciudadanos la sensación de que Zapatero está desbordado por los acontecimientos. Es decir, que no es la persona adecuada para un momento tan delicado. Sensación que, para su desgracia, no tienen sólo los votantes del PP, sino muchos votantes del PSOE.

La reforma de las pensiones (muchas de las medidas del documento aprobado el viernes son acertadas) requería de cirugía fina, de un planteamiento sereno. Y, por supuesto, de consenso.

El viernes, durante el Consejo de Ministros, se puso sobre la mesa esa sensación de desbordamiento.

El titular de Fomento, José Blanco, fue acusado de filtrar a los medios el recorte de las pensiones. Algunos ministros cuestionaron abiertamente (¡qué diferencia con la mansedad del Comité Federal!) la forma en que se había presentado un asunto tan crucial y que afecta directamente a la base votante del PSOE, los asalariados.

Los más críticos le dijeron al presidente que, en lugar de plantear primero la necesidad de la reforma (el sacrificio necesario para garantizar que dentro de 30 años los pensionistas tengan una cobertura similar a la de ahora), se ha transmitido el mensaje del alargamiento de la edad de jubilación, lo que ha provocado el justificado cabreo de los que se van a jubilar en los próximos años con el Gobierno.

De nuevo, la política de comunicación del Ejecutivo se cuestionó, así como la coordinación entre ministerios, que, también en este caso, ha brillado por su ausencia.

El esfuerzo de pedagogía que va a tener que llevar a cabo Zapatero es enorme. Y eso, a dos años de las elecciones generales, a poco más de uno de las municipales y autonómicas y a unos meses de las catalanas.

Mal momento para buscar consenso. Ni el PP ni CiU se lo van a poner fácil. Y los sindicatos, que hasta ahora han sido aliados de Zapatero, no tienen más remedio que oponerse. Si no quieren perder toda su credibilidad ante los trabajadores.

casimiro.g.abadillo@elmundo.es

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A FONDO: FORO MUNDIAL DE DAVOS, EL ANÁLISIS

Los grandes bancos se estrellaron ayer en Bolsa. El BBVA, que presentó resultados, cayó un 6,3%, y el Santander, que lo hará el próximo jueves, un 5%.

El banco presidido por Francisco González dio beneficios por debajo de lo esperado (4.210 millones de euros), con unas provisiones de casi 9.000 millones. González ha decidido apostar por la cautela, ya que de esa cantidad, 1.400 millones se corresponden con provisiones voluntarias.

Los megabancos españoles, que, a diferencia de otros gigantes europeos, no han necesitado de ayudas públicas para evitar la quiebra, se enfrentan a dos problemas. El primero de ellos, el riesgo inmobiliario.

Nuestros bancos no engordaron sus balances (como sí ocurrió con las entidades norteamericanas y británicas) con bonos basura y productos sofisticados, limitados aquí a las boutiques financieras. Sin embargo, entraron de lleno en el negocio inmobiliario, prestando dinero a promotoras y constructoras y abriendo el grifo del crédito hipotecario con condiciones muy favorables.

Nuestros bonos basura son el riesgo inmobiliario. Pero, a diferencia de esos productos, que no tenían nada detrás, los créditos al sector inmobiliario están respaldados por unos activos reales; eso sí, muy depreciados. ¿Cuánto? Ésa es la cuestión.

Hace unos días, la Asociación Hipotecaria Española dio una cifra espeluznante: los promotores deben a bancos y cajas 325.000 millones de euros que no pueden pagar.

Más o menos, el 60% de esa deuda corresponde a las cajas; el resto, a los bancos.

El saneamiento que tiene que hacer el sector financiero es, por tanto, muy importante. En el caso de las cajas, se estima que pueden necesitar unas ayudas superiores a los 50.000 millones de euros.

Para la Banca, más provisiones significa menos beneficios.

A ese esfuerzo de saneamiento hay que añadirle las necesidades de financiación, que, para este año, suman 300.000 millones de euros. Todo ello, en un mercado cada vez más restrictivo y con tipos al alza.

Y aquí es donde entra el segundo problema con el que se tiene que enfrentar nuestro sector financiero: la desconfianza en la política económica del gobierno. Digamos, el «riesgo Zapatero».

El informe del FMI, que prevé para España un crecimiento negativo del 0,6% para este año, mientras que para el resto de países desarrollados apunta una clara salida de la recesión, es un síntoma. No se trata de que el FMI acierte. Tal vez sus previsiones sean demasiado pesimistas. Se trata de que el FMI refleja una cierta imagen generalizada de España, que ha pasado de ser un ejemplo a seguir a un caso a no imitar.

El presidente del Gobierno debería ser consciente de la importancia que tienen sus decisiones de política económica no sólo aquí, sino en los mercados internacionales. Más que una reforma laboral o la flexibilización salarial, lo que le reclaman todas las instituciones (aquí incluyo también al Banco de España) es un ajuste presupuestario serio.

Es decir, que el Gobierno se comprometa a recortar el gasto público y ponga freno al déficit desbocado, que está disparando nuestra deuda y, a corto plazo, va a encarecer todas las emisiones, públicas y privadas.

Por ello, los inversores castigan a la Banca, que es como decir que castigan al Ibex en su conjunto. No porque no se fíen de la capacidad de nuestros bancos para afrontar el saneamiento de su riesgo inmobiliario, sino porque piensan que España va a estar aún mucho tiempo en el pelotón de cola de la recuperación y eso va a afectar al negocio bancario y va a encarecer sus pasivos.

Parece que el Gobierno va a anunciar en los próximos días un paquete de ajuste. Una fuente bien informada apunta a un recorte del gasto de más de 40.000 millones de euros en tres ejercicios. Según la fuente, la tijera se aplicará a gastos corrientes y a inversiones, no al llamado gasto social.

Esperemos a ver cómo se concreta ese paquete.

En todo caso, será una señal en la buena dirección. Zapatero debe saber que cada vez que habla de aumentar el gasto, empuja un poco más a España al borde del abismo.

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A FONDO

«Si alguien quiere venir a España, que lo haga por los cauces legales y no se ponga en contacto con las mafias, porque, si no, lo repatriaremos». Así de contundente se mostró el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, el pasado 16 de enero cuando presentó el balance de la lucha contra la inmigración ilegal y dio los datos correspondientes a 2009. Justo tres días antes, el 13 de enero, el ayuntamiento de Vic aprobó la normativa que impedía empadronarse a los sin papeles.

Rubalcaba dijo que, en aplicación de la Ley de Extranjería, que obliga a expulsar a los inmigrantes que han entrado en España de forma ilegal, en 2009 se habían llevado a cabo 38.129 repatriaciones. Y advirtió que, aunque la crisis ha hecho caer la entrada de extranjeros desde Latinoamérica, la llegada de pateras a Baleares y la Península ha aumentado un 18,7% respecto a 2008.

La decisión, ilegal, del ayuntamiento de Vic de no empadronar a los sin papeles ponía de manifiesto la contradicción entre la Ley de Extranjería y la Ley de Bases de Régimen Local. Una obliga a expulsar a los inmigrantes que han entrado de forma ilegal y la otra obliga a empadronar a todo aquel que muestre un pasaporte, independientemente de su situación legal.

El empadronamiento, en España, da derecho al servicio sanitario, la educación y servicios sociales, como acceso a viviendas de protección oficial. Por tanto, mientras que, por un lado, la Policía está obligada a expulsar a los inmigrantes en situación irregular, los ayuntamientos están obligados a darles servicios sociales como a cualquier otro ciudadano.

Según los datos oficiales (enero de 2009) en España hay empadronadas 46,4 millones de personas. De ellas, 41 millones son españoles y 5,4 millones extranjeros. España es el segundo país de la Unión Europea por número de inmigrantes, sólo por detrás de Alemania (donde viven 7,3 millones de extranjeros).

Los datos más fiables apuntan a que en España viven entre 700.000 y 1.000.000 de inmigrantes en situación irregular.

El problema radica ahí: ¿qué se hace con ellos? Según Rubalcaba, no hay ninguna duda al respecto: expulsarlos.

Sin embargo, el debate, sobre todo a raíz de la decisión del PP de pedir una revisión de la Ley de Extranjería (cuyo último texto fue aprobado hace sólo un mes) se ha llevado al terreno de los derechos humanos: ¿tienen los inmigrantes en situación irregular derecho a sanidad y educación gratuita como el resto de los ciudadanos?

Esa es una pregunta trampa, porque nadie que no sea un racista o un xenófobo dirá que se les debe negar ese derecho.

Como se ha hecho tanta demagogia con este tema y nadie quiere pecar de políticamente incorrecto en un debate tan sensible, el líder de la oposición, Mariano Rajoy, ha pedido abiertamente que la sanidad y la educación no tengan que ver con el padrón y se den de forma gratuita a todos los ciudadanos. Con lo cual la discusión sobre los derechos que conlleva el empadronamiento deja de tener sentido. Pero también la distinción entre inmigrantes legales e irregulares. Según esa lógica, lo mejor sería regularizar a todos los inmigrantes y hacer tabla rasa (una vez más).

¿Qué hacen otros países? Miremos a Alemania, único país europeo que tiene más inmigrantes que España y con una red de asistencia social que para sí quisiéramos aquí. En Alemania ningún extranjero puede empadronarse si no está en situación legal: es decir, reside en una vivienda y tiene un permiso de trabajo.

Desde la perspectiva del Gobierno, ¿qué calificación merecería la política que lleva a cabo Alemania? El presidente Zapatero declaró solemnemente el pasado martes, en referencia a la decisión de Vic, que no admitiría que «por un truco haya seres humanos sin sanidad ni educación».

Entonces, ¿por qué expulsa a los sin papeles? ¿Es que los 38.129 expulsados el año pasado no merecen los mismos derechos que los que lograron eludir la acción de la Policía?

El mismo Gobierno que habla de solidaridad y servicios para todos es el que puso en marcha los cupos de expulsión. Es decir, la fijación de objetivos en las comisarías para que se expulsase todos los meses a un número determinado de sin papeles. Aunque Rubalcaba se comprometió el año pasado a suprimir los cupos de expulsión, los sindicatos policiales han seguido denunciando esa práctica poco coherente con la defensa de los derechos humanos.

España, como reconoció el propio Rubalcaba, sigue siendo un país atractivo para las mafias de África y los cayucos y pateras seguirán llegando a nuestras costas, sobre todo porque, a través del padrón se puede conseguir no sólo el acceso a los servicios de sanidad, educación y vivienda, sino, con el paso del tiempo, a la regularización.

La dureza de Alemania en su política con la inmigración ilegal ha hecho que a ese país apenas lleguen ya inmigrantes ilegales.

El caso de Vic (Barcelona), como el de Alcarrás (Lérida) o el de Torrejón de Ardóz (Madrid), son sólo la primera erupción de un problema que irá a más, en la medida en la que el paro y la falta de recursos de los ayuntamientos vayan en aumento.

Muchos municipios han hecho la vista gorda en los tiempos de bonanza porque los sin papeles han hecho trabajos que otros no querían y porque han sido empleados en el campo o en la construcción cobrando salarios de miseria y sin seguridad social. ¿Acaso es esa situación la que se quiere preservar?

Si un empleado realiza un trabajo debe cobrar lo que marcan los convenios para su sector y debe estar afiliado a la Seguridad Social. Y, por supuesto, pagar impuestos.

Lo contrario es aceptar que hay ciudadanos de primera y de segunda. Los primeros son los que están en situación legal; los segundos, son los sin papeles a los que aceptamos porque nos viene muy bien su sobreexplotación. A cambio, se les da acceso a la sanidad y educación gratis. ¡Qué buenos somos!

Empresarios, sindicatos y ayuntamientos deberían de colaborar con la Policía en el cumplimiento de la ley. Es decir, en expulsar a todo aquel que esté en situación irregular. Hacer lo contrario, bajo el mantra de que todos los seres humanos tienen los mismos derechos, es ocultar que cientos de miles de personas malviven con salarios de miseria que les son pagados por gente sin escrúpulos que se aprovecha precisamente de su situación irregular.

casimiro.g.abadillo@elmundo.es

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La moción aprobada ayer en el Congreso coloca al Gobierno en una situación difícil frente a Marruecos. Que el PSOE pida, aunque sea de forma testimonial, la celebración de un referéndum de autodeterminación en el Sáhara supone una vuelta atrás en un camino iniciado por Zapatero hace cinco años y que suponía aparcar definitivamente el plan Baker.

El Gobierno ha cimentado las relaciones con Marruecos (siempre complicadas: ha sido el país con el que España ha tenido sus dos últimas guerras) sobre la base de renunciar a la resolución de la ONU de 1991 y aproximarse a la propuesta de Mohamed VI de conceder un estatuto de autonomía para la región.

Ese giro político respecto a la posición tradicional de los gobiernos de González y Aznar se ha edulcorado con un aumento sustancial de la ayuda humanitaria a los saharauis, que han recibido no sólo dinero, sino medicinas, alimentos y permisos de residencia a discreción.

Haidar es una muestra de esa política. La militante independentista goza de un permiso especial para su atención sanitaria en España.

Por eso, en el Gobierno y en la dirección del PSOE existe la sensación de que Haidar está cometiendo un «abuso». No sólo desconfían de que esté llevando a cabo una genuina huelga de hambre, sino que consideran «injusto» que culpe de su situación por igual a España y a Marruecos.

Lo que ha pretendido el PSOE con la moción es ofrecer una victoria política a Haidar que pueda ser utilizada como argumento para que cese su huelga de hambre. Además, los socialistas han querido quitarse de encima la presión de la izquierda y del grupo de artistas que han convertido a Haidar en su heroína.

Sin embargo, al dar ese paso, cuyos resultados son dudosos, Marruecos puede entender que la posición de España sobre el Sáhara no es sólida. Esa percepción daría argumentos para que Mohamed VI volviera a poner sobre la mesa las reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla o para que permitiera de nuevo que sus playas fueran la base de salida de miles de pateras con destino a la Península.

La política exterior española no puede obviar los siguientes elementos. El primero es que la solución al conflicto sólo puede venir de un acuerdo entre Marruecos y el Polisario. El segundo es que Mohamed VI nunca va a permitir la independencia del Sáhara. Y el tercero es que Argelia tiene intereses geoestratégicos en la independencia de esa región.

No se puede tratar de corregir un error cometiendo otro aún mayor. Eso es lo que ha hecho el PSOE al lanzar en el Congreso una moción que no resuelve la petición de Haidar y que, a la vez, incomoda a Marruecos.

La única solución a corto plazo es que Marruecos devuelva a Haidar su pasaporte. España ha logrado ya que las autoridades marroquíes acepten su disposición a otorgarle un nuevo documento con el que volver al Sáhara. Ese gesto permite a Mohamed VI salvar la cara y no dar la impresión de que está cediendo a un chantaje.

Ahora bien, ¿qué hará el Gobierno español si Haidar, consciente de su fuerza, rechaza la oferta y requiere el mismo pasaporte que le fue requisado para abandonar su huelga?

casimiro.g.abadillo@elmundo.es

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El caso Haidar demuestra que la voluntad de una sola persona puede lograr objetivos inimaginables. Las grandes causas necesitan un rostro: a los seres humanos les es más fácil identificarse con las personas que con las ideas que defienden.

La causa saharaui ya tiene el suyo: Aminatu Haidar.

Lo que no lograron años de lucha y represión, hambre y miseria, lo ha conseguido esta mujer menuda que ha empeñado su vida en combatir por su dignidad.

Eso, en un mundo dominado por el pragmatismo, adquiere un valor especial y genera una solidaridad contagiosa.

Cuando Haidar comenzó su huelga de hambre en el aeropuerto de Lanzarote no sabía, ni siquiera presentía, que su empeño iba a encender una mecha tan poderosa. Pero sí tenía clara su determinación. Ella ha probado en su propia carne la dureza del régimen carcelario de Marruecos, la tortura y la oscuridad en el sentido más cruel del término.

Cuando Haidar aterrizó en El Aaiún el 13 de noviembre venía de Estados Unidos, precisamente de recoger un premio a su «coraje». Haidar ya poseía una voluntad de hierro antes de que la conociéramos la mayoría.

Pero ha sido la arrogancia de un régimen y la torpeza de un gobierno los que, combinadamente, han puesto el foco de la opinión pública mundial sobre su fortaleza envuelta de fragilidad.

El régimen de Mohamed VI, envalentonado por sus éxitos diplomáticos y convencido de que España nunca pondría en riesgo su amistosa relación con el vecino del sur, ha cometido una ilegalidad flagrante: ha arrebatado el pasaporte a una ciudadana y la ha expulsado de su territorio sin orden formal de expulsión; es decir, vulnerando los usos de un estado mínimamente democrático.

Por su parte, el Gobierno, más concretamente el ministro Moratinos, no sólo aceptó ese hecho sin rechistar cuando fue informado por el titular de Exteriores marroquí, Fassi Fihri, sino que incumplió la ley al permitir su entrada en España sin pasaporte y contra su voluntad.

Haidar, que es una conocida defensora de la independencia del Sáhara, ha sido lo suficientemente inteligente como para no mezclar la causa (la devolución de su pasaporte y volver con su familia a El Aaiún) que la ha llevado a la huelga de hambre con sus reivindicaciones políticas.

De esa forma, tan simple, pero a la vez tan contundente, ha puesto en un brete a los dos gobiernos.

A medida que han ido pasando los días, Haidar se ha ido haciendo más fuerte y las respuestas de los dos gobiernos han sonado más ridículas, más contraproducentes.

Marruecos no sólo la ha acusado de ser un instrumento de Argelia, un agente del enemigo, sino que se ha permitido el lujo de amenazar a España con permitir la llegada de pateras y terroristas (como ya hizo, por cierto, en tiempos de Aznar).

Moratinos, en un gesto tan bienintencionado como torpe, llegó a ofrecer a Haidar la nacionalidad española y una vivienda para que abandonara su terca actitud.

La última metedura de pata del Gobierno ha sido responsabilizar a la Policía de su rocambolesca entrada en España. La versión de los funcionarios que le permitieron cruzar la frontera sin pasaporte deja en evidencia tanto a Zapatero como a Fernández de la Vega: las «razones humanitarias», esgrimidas por ambos para aplicarle la excepción a la norma no las determinan los agentes, sino la autoridad política. Esa excusa ya fue esgrimida, «por orden de Madrid», frente a Haidar el mismo día en el que no le permitieron coger un avión con destino a El Aaiún. Ella puso el dedo en la llaga en la denuncia que presentó el día 15 en la Comisaría de Arrecife: «Un permiso de residencia excepcional por razones humanitarias nunca se puede convertir en una orden contra mí».

El Gobierno ha agotado prácticamente todas las vías diplomáticas y Mohamed VI se muestra intransigente porque ha hecho de este caso una «cuestión de honor».

El tiempo corre en favor de Haidar. La izquierda la ha convertido en su bandera, mientras que el PSOE se siente incómodo, porque en el contencioso del Sáhara actúa con complejo de culpa. Zapatero cambió la política mantenida por González y Aznar a cambio de una relación dulce con Marruecos. IU ha encontrado, por primera vez en mucho tiempo, un motivo de movilización popular. Los actores que han abanderado las campañas de Zapatero ahora miran al Gobierno con recelo, como caídos del guindo de la inocencia. Rosa Díez ha sabido protagonizar la solidaridad de la inmensa mayoría.

En ese mar de conflictos, intereses, complejas relaciones internacionales y disputas territoriales, Haidar se mueve con una coherencia aplastante: sólo quiere que le devuelvan el pasaporte y regresar a El Aaiún.

Las personas que han estado con ella en estos días alaban su serenidad, su presencia de ánimo.

Su ventaja sobre el resto de los actores de este conflicto es que ella maneja un elemento sobre el que nadie tiene capacidad de presión: su propia vida.

En el Gobierno existe la convicción de que Haidar no quiere morir y de que, por ello, no está llevando a cabo una genuina huelga de hambre. Creen que es pura simulación, que está utilizando a la opinión pública para hacer propaganda de la causa saharaui.

El problema, dicen, es que hay que ofrecerle «una salida digna». Ése es el objetivo del PSOE al presentar en el Congreso una proposición en defensa de la autodeterminación del Sáhara.

Haidar, sin embargo, maneja otras claves. La marea ha subido demasiado. El asunto se le ha ido de las manos a Mohamed VI. La intervención de Estados Unidos, la UE y la ONU ha convertido este caso en una causa por la defensa de los derechos humanos. Ya no es un conflicto entre España y Marruecos, como quería el monarca alauí.

Haidar está convencida de que Mohamed VI terminará cediendo. Probablemente lo hará alegando motivos humanitarios. Será una forma de darle a su régimen el rostro humano del que ahora carece.

Pase lo que pase, Haidar ha ganado su particular batalla. Ha vuelto a poner en primer plano el conflicto del Sáhara y ha dado a sus compatriotas la esperanza de que su lucha tiene sentido. Y, más importante aún, ha demostrado que la perseverancia tiene el éxito asegurado si sus objetivos son justos.

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Nuestro juez estrella global, el hombre que investigó los GAL, que procesó a Pinochet, que ilegalizó Batasuna, el que quiso empurar a los peritos del 11-M, el que pretendió iniciar una causa general contra el franquismo y el que tiene en vilo al PP y al PSC por asuntos de corrupción, podría dejar en breve la Audiencia Nacional.

Cansado, después de más de 20 años al frente de su juzgado y acosado por una querella que puede acabar con su carrera, aspira ahora a un cargo multinacional para el que necesita el respaldo del Gobierno.

Garzón no sólo es el juez español más famoso, sino el más polémico, el que despierta adhesiones y odios más apasionados. Su particular forma de instruir le ha hecho célebre entre sus colegas, que, mayoritariamente, le consideran un «pésimo juez».

Las dos causas con dimensión política que sigue en paralelo, Gürtel y Pretoria, son una muestra de esa peculiar forma de investigar, que consiste en iniciar sumarios que nunca cierra del todo y del que cuelga piezas separadas que aparecen en momentos muy concretos.

Para entender lo que ha sucedido en esos dos casos hay que situarse en el paraíso fiscal de Jersey, más concretamente en la oficina del BBVA Privanza. Durante muchos años, aquella oficina fue un lugar seguro. Pero allí se registraban algo más que cuentas opacas. El presidente del Banco de Vizcaya, Pedro Toledo, fallecido hace ahora 20 años, fue el primero en utilizar Jersey como un basurero de lujo.

En 1987, KIO llegó a tener algo más del 8% del capital del Vizcaya. El entonces gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, autorizó a Toledo la recompra de esas acciones, que llevó a cabo el banco suizo UBS. Lo hizo a través de cuatro sociedades con cuentas en Jersey.

Desde entonces, esa oficina funcionó como un banco paralelo. Desde allí, el BBV pagó dinero a Hugo Chávez o a Fujimori. En esa oficina se domiciliaron los 22 planes de pensiones secretos de Alico de los consejeros del BBV, que afloraron tras la fusión con Argentaria en 2002 y que provocaron una querella de la Fiscalía Anticorrupción. Pero también allí se habían domiciliado pagos de las comisiones del AVE o de la Expo 92, cobradas por el PSOE. Era Garzón quien investigaba ese caso.

Por ello, el juez de la Audiencia Nacional se hizo cargo de la instrucción del conocido caso de las cuentas secretas del BBVA. El director de la oficina de Jersey cantó de plano y no sólo aportó los datos correspondientes a las cuentas de los consejeros del BBV, sino que proporcionó al juez la extensa lista de los clientes VIP de aquella valiosa sucursal. En total, 600 cuentas con un saldo conjunto de 420 millones de euros.

El BBVA Privanza Jersey se convirtió así en una mina inagotable para Garzón. La investigación no sólo puso de relieve su funcionamiento como banco paralelo, sino como caudaloso recipiente para el reciclado de dinero negro. Uno de los primeros filones de aquel yacimiento fue la llamada Operación Suéter, llevada a cabo a finales de 2006, y que sacó a la luz irregularidades fiscales realizadas desde el Banco Espíritu Santo, la sociedad Cartera Meridional, la aseguradora Cahispa y que también provocó la imputación del propietario de Burberrys España, Eugenio Mora. En esa misma investigación, desgajada del sumario original, se localizaron dos despachos de abogados: G. Petrus (Barcelona) y De Miguel & Abogados (Madrid).

Cuando en 2008 el ex concejal de Majadahonda José Peñas denunció ante la Fiscalía Anticorrupción la trama de Correa, no sólo habló de cobro de comisiones y delito fiscal, sino de blanqueo de dinero, lo que elevó el caso a la Audiencia Nacional. ¿A qué abogado le había encargado Correa el entramado societario encaminado a eludir los controles de Hacienda? A Luis de Miguel. Y ahí se abrió el segundo gran filón para Garzón proveniente de las cuentas del BBVA Privanza de Jersey. Pero esta vez con un añadido relevante: su dimensión política. No sólo se trataba de investigar los posibles delitos de Correa y su grupo de empresas, sino de averiguar si altos cargos del PP habían participado o se habían beneficiado de sus negocios.

El partido de Rajoy ha vivido desde el pasado mes de febrero momentos de zozobra a cuenta de ese sumario, que se ha llevado por delante al tesorero Luis Bárcenas y que tiene pendiente del Supremo la posible imputación del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps.

El pasado mes de octubre Garzón comenzó a explotar el tercer gran filón, que tenía su veta en el despacho Petrus: la Operación Pretoria. La investigación ha puesto al descubierto una trama de corrupción urbanística en Santa Coloma y en otros pueblos de Barcelona, que ha llevado al procesamiento de miembros relevantes del PSC (Bartomeu Muñoz, Luis García Sáez), de CiU (Macià Alavedra y Lluís Prenafeta), y al gerente del Instituto Catalán del Suelo (Emili Mas), entre otros.

Así que tenemos al juez estrella de la Audiencia Nacional con dos investigaciones abiertas que afectan de forma directa a los tres principales partidos con representación parlamentaria: PSOE, PP y CiU.

Por primera vez en muchos años, en el PSOE, que ha defendido a capa y espada a Garzón contra los ataques recibidos por parte del PP y por amplios sectores de la judicatura, ahora empiezan a oírse voces críticas.

¿Qué busca Garzón?, se preguntan. Como si la Operación Petrus tuviera un fin político, encaminado a lograr un objetivo particular. En el horizonte del juez hay un asunto de enorme trascendencia. La querella por prevaricación admitida a trámite por el Supremo por la llamada causa general contra el franquismo. Garzón podría ser suspendido si el Supremo le condena por ese grave delito.

El juez lleva tiempo comentando a sus íntimos su deseo de abandonar la Audiencia. Su sueño sería convertirse en juez de enlace para América Latina. Un cargo de nueva creación que colmaría sus aspiraciones. Ahora hay tres jueces de enlace: uno con Marruecos, otro con Italia y otro con Francia. El Gobierno le ha hecho abrigar esperanzas. Sin embargo, a algunos países latinoamericanos no les hace gracia la idea de tener a Garzón revoloteando sobre sus asuntos penales. Según fuentes solventes, las gestiones del Gobierno podrían vencer esas justificadas suspicacias. Algunos de sus compañeros ven en su nuevo cargo la culminación de sus aspiraciones. Otros, una simple huida hacia adelante.

casimiro.g.abadillo@elmundo.es

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Nadie quiere quedarse con la patata caliente que supuso la decisión de traer a España a los dos piratas detenidos en aguas internacionales tras participar en el secuestro del Alakrana.

Será difícil que si, como deseamos, la crisis termina con el regreso a España de los marineros sanos y salvos, la pugna por colgarse la medalla alcance tan altas cotas de competitividad.

Traer a los dos piratas para juzgarlos en la Audiencia Nacional fue un grave error. Eso ahora no admite discusión.

Para determinar la responsabilidad, vayamos a los hechos. Primero, hubo dudas sobre si había que detenerlos o no. La inteligencia militar, una vez que los dos secuestradores fueron avistados en alta mar, desaconsejó su detención por los problemas a posteriori que ello podría acarrear.

Sin embargo, la Armada y el Jemad (Julio Rodríguez) tenían claro que no había más opción que detenerles y ponerles a disposición de la Justicia. Tanto los protocolos internos como la normativa de la UE contra la piratería obligan a ello.

Por tanto, la primera decisión adoptada en la reunión del gabinete de crisis (presidido por Fernández de la Vega) fue detenerles.

Ahora bien, una vez puestos a buen recaudo, ¿qué hacer con ellos?.

El Jemad informó en dicha reunión de las dos alternativas: aplicar la jurisdicción española o bien, como permite la normativa de la UE, trasladarlos a un tercer país, en este caso Kenia, para lo cual es necesario el preceptivo «canje de notas».

El responsable jurídico de la Armada informó por escrito a la Audiencia Nacional a las 9.00 horas del 3 de octubre no sólo de la operación para detener a los piratas, sino de las dos vías, especificando el intercambio de notas con Kenia.

El juez Garzón, de guardia ese día en suplencia de Pedraz (de baja por paternidad), tuvo clara su oportunidad de protagonismo, pero reclamó al Gobierno una denuncia previa para asumir la competencia.

De la Vega tomó la decisión de que había que avisar al abogado del Estado, Joaquín de Fuentes, lo que hizo a través del ministro de Justicia, Francisco Caamaño.

Garzón podía haber rechazado la competencia incluso con la denuncia del abogado del Estado (como ha sucedido en otras ocasiones, la decisión final es del juez), pero no estaba en su intención rechazar esta nueva posibilidad de brillar.

El juez Garzón no sólo sabía que la denuncia no le obligaba a aceptar la competencia, sino que, además, conocía el intercambio de notas con Kenia, del que informó por escrito el responsable jurídico de la Armada.

El juez estrella, ante la información publicada ayer por EL MUNDO, pidió al presidente de la Audiencia una nota de amparo. Pese a ella, su responsabilidad en la decisión es meridiana; como lo es también la de la vicepresidenta del Gobierno, al no haber previsto las consecuencias de una decisión que podía dificultar la puesta en libertad de los secuestrados. El Gobierno y la Audiencia son igualmente culpables de que se haya llegado a esta situación.

casimiro.g.abadillo@elmundo.es

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La de ayer se preveía como una jornada triunfal para Mariano Rajoy. Arreglado el asunto de Caja Madrid, parcheado el conflicto de Valencia, el presidente del PP aparecía como claro triunfador tras unos días de angustia y desconcierto.

Su discurso, ya lo había avisado, iba a ser duro, pero no necesitaba ajusticiar a nadie, ya que, en principio, los frentes de conflicto estaban tranquilos.

Rajoy, en efecto, hizo lo que se esperaba: justificó su liderazgo, basándolo en los resultados electorales, las expectativas de triunfo y el hecho de que la mayoría del PP le pide que siga ejerciéndolo, que no es poco. Y después arreó estopa a Aguirre, a Cobo/Gallardón y, de refilón, a Camps.

La presidenta de la Comunidad de Madrid no acudió. No quería una disputa a cara de perro y se temía lo peor. De hecho, un hombre de su confianza llamó a Federico Trillo el día anterior para ver cómo estaba el patio. Éste le garantizó que el aparato no había organizado nada contra ella y que, si asistía, no sería maltratada.

Desde luego, a Aguirre olfato no le falta, aunque debió acudir a la reunión, porque un líder también está para tragarse los sapos cuando sea menester. Pero, en fin, su instinto funcionó. La campanada la dio el vicealcalde Cobo, que, lejos de retractarse de sus ataques a Aguirre y su equipo de gobierno, se reafirmó en los mismos, dándoles si cabe un toque de mayor dramatismo: «Tengo miedo por mis hijos y por mí mismo».

¿Acaso espera un atentado? ¿Por qué no fue más concreto si, en efecto, hay una trama mafiosa que pone en riesgo su vida o la de los suyos? ¿Se puede decir eso en un Comité Ejecutivo y que no pase nada?

Y el alcalde le apoyó con el siguiente argumento: «Cobo es leal a ti, Mariano, y al partido». O sea, que insinuar que la presidenta de la Comunidad protege o ampara una red mafiosa y delictiva es una muestra de lealtad al partido y a su líder.

Si eso es así, es como para salir corriendo. Si el partido da credibilidad a las acusaciones de Cobo, alguien debería haber propuesto la apertura de una investigación interna o la expulsión inmediata de los supuestos miembros del complot.

Cobo no sólo carece de credibilidad, sino que, con su alegato sin pruebas, quitó protagonismo a Rajoy. Supongo que eso también lo habrá hecho por lealtad, claro.

Aguirre habló de «equidistancia» para valorar el hecho de que Rajoy pusiera en el mismo plano al agresor (Cobo) y a la víctima (ella misma).

La verdad es que la presidenta de Madrid no cuenta con demasiados apoyos entre la dirección y la baronía del PP, pero la mayoría de los ciudadanos de la Comunidad volverían seguramente a votar por ella.

Rajoy ha ganado tiempo, lo que en política es muy importante. No se perfila en el horizonte ningún dirigente capaz de plantarle cara. Sin embargo, las heridas están abiertas, como se demostró ayer. Si Cobo no es sancionado con dureza, muchos entenderán que, en efecto, los ataques a Aguirre se han hecho en nombre de Rajoy.

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