Reggio’s

Algo puede haber comenzado a cambiar en estas últimas elecciones: el crecimiento de los que votan a veces al PSOE y a veces al PP. Si aumentan, populares y socialistas deberán competir en alardes de centrismo

Curiosas elecciones las del 20-N. El PSOE se desploma y pierde 4,3 millones de votos y 59 diputados respecto a 2008. El PP alcanza una mayoría absoluta muy holgada, pero incrementa sus votos solo en 0,56 millones, menos que UPyD (0,8 millones) e IU (0,7 millones). ¿Cómo interpretar lo que ha ocurrido? ¿Dónde han ido los votos perdidos del PSOE?

Hace ya cuatro años, en 2007, publiqué un artículo en EL PAÍS titulado El poder decisorio de la izquierda volátil. La tesis del artículo era que las elecciones en España no se ganan o pierden en el centro político, sino en la izquierda “volátil”. Si definimos a los electores “centristas” como aquellos que en unas elecciones generales han votado al PSOE y en otras al PP (es decir, los definimos por cómo votan, no por cómo se autodefinen en las encuestas), el artículo estimaba que en España había un número muy reducido (0,6 millones) de estos electores y que eran prácticamente irrelevantes. Si definimos a la izquierda “volátil” como el conjunto de los electores cuyo voto oscilaba entre el PSOE, IU y la abstención (ahora se tendría que añadir UPyD), el número resultante era mucho más alto (2 millones). La sístole-diástole de estos electores -y no la de los centristas- ha determinado hasta ahora la alternancia en el poder en nuestro país. En lo que sigue, en primer lugar, haré algunas precisiones sobre los números del 20-N y utilizaré los modelos cuantitativos del artículo de 2007 para discutir adónde han ido los 4,3 millones de votos perdidos por el PSOE. Y, en segundo lugar, junto con algunas conclusiones, discutiré hasta qué punto el trasvase de votos habido el 20-N entre el PSOE y el PP puede estar anunciando el declive del modelo de la izquierda volátil en nuestro país y el principio de la consolidación de un núcleo de electores centristas que provoque la alternancia en el poder oscilando entre los principales partidos de centroizquierda y centro-derecha.

Comencemos por los números del domingo pasado y, de entre ellos, por la tasa de participación en las elecciones. Dicha tasa resulta difícil de calcular a pocas horas de cerradas las urnas porque no se conoce el resultado del voto residente en el extranjero (censo CERA, casi 1,5 millones de electores). Ello provoca que en las cifras publicadas por los medios de comunicación y, curiosamente, por la web del Ministerio del Interior se comparen peras con manzanas, es decir, la tasa de participación del censo residente en 2011 con la tasa de participación del censo total de 2008. Este error distorsiona mucho las cosas porque la abstención en el censo CERA es muy elevada, casi un 70%. Una comparación más informativa sale de utilizar solo los censos residentes para 2011 y 2008. Sobre esta base la tasa de participación en la jornada pasada fue el 71,69% y en 2008 fue el 75,35%. Es decir, que la caída ha sido el 3,66%. Utilizando los modelos cuantitativos mencionados en el artículo de 2007, este descenso de la participación sería responsable de una caída de 2,2 puntos porcentuales en el voto al PSOE en el total de votos a candidaturas (es decir, excluyendo de los votos emitidos los nulos y los votos en blanco).

Examinemos ahora los efectos del voto a IU. Esta formación y sus equivalentes autonómicos obtuvieron un incremento de 0,71 millones de votos respecto a 2008, un 3,15% del total de votos a candidaturas. El modelo de la izquierda volátil estima una elasticidad unitaria respecto al voto al PSOE, es decir, que por cada punto porcentual que sube el voto a IU pierde el PSOE un punto porcentual y recíprocamente. Por tanto, el incremento del voto a IU explicaría una caída del 3,15% del voto al PSOE.

¿Cómo tratar el aumento de votos a UPyD? Este partido no había concurrido a elecciones generales en 2007, cuando se estimó el modelo de la izquierda volátil. Relativo a 2008 ha experimentado un incremento de 0,8 millones de votos, un 3,5% del voto total a candidaturas. No existe horizonte temporal para estimar empíricamente una elasticidad del voto a UPyD respecto al voto al PSOE, pero se debe suponer que la formación de Rosa Díez ha captado votos tanto del PSOE como del PP, pero muchos menos del último que del primero. Por ello me parece razonable suponer que la elasticidad podría estar en la zona del 0,8. Con este número el incremento de votos a UPyD explicaría una caída del voto al PSOE de un 2,8%. El aumento del voto nulo y en blanco también supone pérdida de votos para el PSOE. Entre ambos tipos de voto el aumento respecto a 2008 ha sido un 0,9% del voto total a candidaturas. Dado que el PSOE es el único partido relevante que pierde votos en términos netos, parece razonable atribuir este incremento de manera íntegra a exvotantes del PSOE.

El PSOE perdió el 20-N 4,3 millones de votos respecto a 2008. Perdió votos en todas las comunidades autónomas: 0,75 millones tanto en Cataluña como en Andalucía, 0,5 millones en Madrid, 0,4 millones en Valencia, 0,3 millones en Galicia… Estas pérdidas representan un 15,14% del voto total a candidaturas. A continuación, examino hasta qué punto el modelo de la izquierda volátil puede explicar esta caída tan pronunciada. Esto implica sumar los efectos del incremento de la abstención (2,2%), del incremento del voto a IU (3,5%) y del voto a UPyD (2,8%) y del voto nulo o en blanco (0,9%). La suma da el 9,4%. Quedan sin explicar 5,7 puntos. ¿Dónde han ido los votos que faltan? Obviamente, al PP y a CiU, y eso no lo explica el modelo de la izquierda volátil.

El PP ha obtenido 10,82 millones de votos, 0,56 millones más que en 2008, pero 0,47 millones menos que los que el PSOE obtuvo en 2008. En ese año los socialistas ganaron, pero sin mayoría absoluta. Los populares han obtenido mayoría absoluta, con menos votos que el PSOE en los anteriores comicios, por la gran fragmentación del voto de la izquierda y porque nuestro sistema electoral castiga severamente la fragmentación. Los votos al PP en 2011 representan el 44,6% del total de votos a candidaturas. Esta última cifra es solo una décima superior al 44,5% obtenido en las elecciones generales de 2000. En términos relativos al tamaño del censo, el PP ha vuelto a tocar su techo histórico, pero no lo ha superado de manera contundente.

CiU ha conseguido un aumento de 0,24 millones de votos relativo a 2008, un 1% del voto total a candidaturas. Las barreras ideológicas en el electorado catalán hacen suponer que la mayoría de los votos procede del ala más nacionalista del PSC. Este movimiento tampoco lo explica el modelo de la izquierda volátil

Examinados someramente algunos de los números del 20-N, llega el momento de extraer algunas conclusiones. En primer lugar, parece razonable suponer que en estas últimas elecciones ha habido más trasvase neto de votos del PSOE al PP que en ocasiones anteriores. Este trasvase podría ser muy similar al incremento total de votos que ha tenido el PP (0,56 millones). Esta cantidad es una proporción pequeña (el 13%) de los 4,3 millones que ha perdido el PSOE. Cabe señalar que, si ese trasvase no hubiese tenido lugar, es decir, si los populares hubiesen tenido 0,56 millones de votos menos y los socialistas 0,56 millones de votos más, el PP también hubiese ganado las elecciones del 20-N, aunque quizás sin mayoría absoluta. Esto me lleva a concluir que la izquierda volátil sigue siendo decisiva en España para desencadenar la alternancia en el poder. Esto, como escribí en 2007, nos sigue diferenciando de nuestros principales socios en la Unión Europea en los que los cambios de partido en el Gobierno los provocan los votantes centristas. Dicho esto, algo puede haber comenzado a cambiar en estas últimas elecciones: el número de votantes centristas -los que votan a veces al PSOE y a veces al PP- puede haber crecido de manera significativa. En el artículo de 2007 estimaba yo ese número en 0,6 millones y en 2011 podría haber crecido hasta rebasar el millón de electores. Sigue siendo una cantidad pequeña, pero de ser cierta mi suposición, debería tener consecuencias muy relevantes para la estrategia electoral de los dos partidos mayoritarios españoles. Esta estrategia la definía yo en 2007 como “el objetivo principal de una campaña electoral, de cualquier campaña electoral, en España debe ser para el PP que no vayan a votar los que le detestan y para el PSOE que acudan a las urnas los que le desprecian”, lo que lleva al PP a centrarse en las campañas y al PSOE a radicalizarse. Si aumentan los votantes centristas, populares y socialistas deberán competir en alardes de centrismo.

César Molinas es socio fundador de la consultora Multa Paucis.

Hace algún tiempo vi en YouTube el vídeo de una gallina decapitada que corría convulsivamente. Este vídeo me ha vuelto a la memoria al volver de vacaciones, mientras me ponía al día de lo ocurrido en España durante el mes de agosto. ¡Qué mes más intenso! Reforma de la Constitución, contrarreforma laboral, rebaja del IVA para la compra de vivienda nueva, globos sonda sobre más impuestos para los ricos… ¿A qué responde esta explosión de activismo en un gobierno que está clínicamente muerto? ¿A una estrategia coherente a largo plazo para cambiar el modelo económico y acelerar la recuperación de la economía española? Más valdría tarde que nunca. ¿O son movimientos espasmódicos de una carrera final sin rumbo, como la de la gallina de YouTube? Veamos.

Empecemos por la reforma de la Constitución para introducir en ella un mandato de estabilidad presupuestaria. Sin entrar en las cuestiones de procedimiento, fundamentales en toda democracia, voy a argumentar que el fondo de la cuestión es irrelevante, pero que el hecho de que el Gobierno haya planteado el tema es muy preocupante. España tiene mucha experiencia legislativa en materia de estabilidad presupuestaria. Ciñéndonos sólo al siglo XXI, en el 2001 se aprobó la ley general de Estabilidad Presupuestaria, cuyo texto se refundió posteriormente con el de otras disposiciones.

Este texto refundido estaba en vigor en el 2009, cuando el déficit público fue el 11% del PIB, con una componente estructural del 8%. Estas cifras no hubiesen sido muy distintas si la Constitución hubiera tenido un mandato de equilibrio presupuestario. No lo hubieran sido porque el presupuesto público español, para financiarse sin déficit, necesita una burbuja inmobiliaria en plena fase expansiva. Es un presupuesto que no se puede financiar en condiciones normales de la economía. La reducción del déficit se está consiguiendo a base de recortes que no ponen en cuestión ningún programa de gasto relevante. Por poner un ejemplo, en la embajada española en Washington se ha desenroscado una bombilla de cada dos, para ahorrar en luz. Como los recortes no son suficientes, se deja de pagar, pero no de gastar, a la espera de que vuelvan los viejos buenos tiempos. Pero no volverán.

Poner el déficit cero en la Constitución sin reformar en profundidad el presupuesto público tendrá los mismos efectos que el famoso artículo de la Constitución de Cádiz que mandaba a los españoles ser “justos y benéficos”: ninguno. Lo que se necesita es reconocer la realidad y hacer un presupuesto de base cero a todos los niveles de la Administración. Lo demás, como decimos los catalanes, es fer volar coloms. Marear la perdiz, vamos.

Lo preocupante es que la propuesta de reforma de la Constitución en la que parecen estar de acuerdo Gobierno, PSOE y PP revela un diagnóstico compartido sumamente erróneo de lo que está ocurriendo en los mercados financieros. Peor aún: revela también un diagnóstico igualmente erróneo sobre la naturaleza de la crisis española. Los mercados castigan a España no porque tenga una deuda pública del 67% del PIB o una deuda exterior bruta del 175%. Estados Unidos y Alemania, por ejemplo, tienen más deuda pública. El castigo se debe a que para poder pagar una deuda, cualquier deuda, la economía tiene que crecer, y las perspectivas de crecimiento de la economía española en la próxima década -o décadas- son nulas. Por eso poner el déficit cero en la Constitución o, para el caso, plantarlo en la bandera rojigualda en lugar del escudo, no va a tranquilizar a ningún inversor que tenga en su balance activos españoles.

En Alemania se introdujo el mandato de presupuesto equilibrado en la ley Fundamental para disciplinar fiscalmente a los estados de la federación, quienes desde el Bundesrat acaban teniendo la llave presupuestaria. Quizás, como se malicia Josep Antoni Duran Lleida, aquí se está intentando hacer lo mismo. A mí, al contrario que a Duran Lleida, no me parecería mal, siempre y cuando se hiciera con debate y transparencia. Pero no confundamos la velocidad con el tocino: la reforma de la Constitución no va a tener ningún efecto calmante sobre los mercados financieros. Y dejemos a los pájaros tranquilos, por favor.

He escrito mucho sobre la naturaleza de la crisis actual. Empecé en 1999 y pienso seguir haciéndolo. El pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha sido el detonante y la crisis financiera global el agravante, pero nuestra crisis nos la hemos construido nosotros mismos por no haber hecho los deberes que comportaba la adhesión al euro. El modelo económico español tradicional tenía un ciclo de tres fases: 1. Expansión. 2. Crisis de balanza de pagos debido a la pérdida de competitividad causada por los aumentos de precios y salarios. 3. Recesión y devaluación de la peseta para restaurar la competitividad. Y vuelta a empezar.

En este último ciclo hemos recorrido las fases 1 y 2, pero la 3 no es una opción, a no ser que salgamos del euro. Por eso, si no restauramos la competitividad, nos vamos a quedar atascados en el fondo, como le pasó a Portugal, que lleva 12 años sin crecimiento económico. Y no hay otro modo de restaurar la competitividad que reformar los mercados de factores, bienes y servicios para hacerlos más flexibles. El diagnóstico es de manual, pero no hay ningún partido político español que lo comparta, por lo menos de manera explícita. De ahí mi preocupación.

Pero ¿no son estas reformas estructurales, precisamente, las que el Gobierno presume de haber hecho? Presume, pero no las ha hecho, con una única excepción. El Gobierno alardea de haber hecho cuatro reformas de calado: la del mercado laboral, la de la negociación colectiva, la de las cajas de ahorros y la de las pensiones. Solamente en la última se ha dado un paso significativo en la buena dirección, paso que requerirá de más medidas dentro de algunos años para estabilizar el impacto presupuestario del aumento de la esperanza de vida de la población.

De las cajas de ahorros no voy a decir nada hoy, aunque el tema me tiene muy intranquilo. La reforma de la contratación en el mercado de trabajo sucumbió a la presión sindical el año pasado y no ha logrado ningún avance significativo para superar la dualidad del mercado laboral entre contratos fijos superprotegidos y contratos laborales indefensos. El contrato único con indemnización por despido creciente con la antigüedad, que daría una base estable al mercado de trabajo español para incrementar el capital humano, ni tan siquiera se planteó. La contrarreforma aprobada hace escasos días -el penúltimo brinco de la gallina- que permite concatenar más contratos eventuales es un reconocimiento implícito del fracaso y un intento desesperado de evitar que el paro siga creciendo hacia los seis millones. La reforma de la negociación colectiva ha ido incluso peor: no sólo no se ha avanzado, sino que, en términos de flexibilización, se ha retrocedido. En el mercado de trabajo queda todo por hacer.

Y no hay que olvidar que reformas importantísimas como la de la justicia, la educación, las administraciones públicas, etcétera, ni tan siquiera se han planteado. Sólo cabe esperar que el gobierno que surja de las próximas elecciones tenga la voluntad y la capacidad política de llevar a buen término las reformas necesarias, a ser posible como un paquete, porque se refuerzan unas a otras. Mientras tanto, a la gallina le quedan veinticuatro días de carrera enloquecida. Podemos ver todavía más saltos.

César Molinas. Licenciado en Matemáticas y Doctor en Económicas por la Universidad de Barcelona. Es MSc en Econometría y Matemáticas Económicas por The London School of Economics and Political Science. Fundador de Multa Paucis.

La transformación del deporte español en las últimas décadas, conseguida a partir de los Centros de Alto Rendimiento, debería tomarse como modelo para reformar nuestro deficiente sistema educativo.

En este artículo propongo la creación de un circuito público, exclusivo pero no excluyente, de centros de enseñanza secundaria de excelencia. En primer lugar, aclararé el sentido de alguna terminología que podría dar lugar a equívocos. En segundo lugar, me referiré al problema de las élites españolas y me preguntaré si el sistema educativo podría ayudar a resolverlo. En tercer lugar, pondré al deporte como ejemplo de lo que hay que hacer con la enseñanza. Por último, daré algunas ideas sobre el funcionamiento de los centros excelentes y estimaré cuánto podría costar este proyecto al erario público.

En lo que sigue utilizo los términos “libertad” en el sentido de Kant (Crítica de la razón práctica), “nobleza” en el sentido de Ortega (La rebelión de las masas) y “esfuerzo” en el sentido de Manrique (Coplas a la muerte de su padre). Como debería enseñarse en nuestro Bachillerato, los tres términos se refieren al mismo concepto moral básico y son, en este sentido, equivalentes. Kant nos enseñó que la libertad no surge de ejercer derechos, sino de asumir deberes. No hay libertad sin moral y la persona libre es la que, por consideraciones morales, se obliga. Quien se obliga es noble, dijo Ortega, invirtiendo la convención de que nobleza obliga. Y nobleza es esfuerzo, apostilló Manrique. Más terminología. Un centro educativo de excelencia es aquel que otorga un currículo de una sola línea: “me gradué en Harrow”; “soy Polytechnicien”. Información adicional sobre la persona, en estos casos, es siempre letra pequeña: los centros de excelencia se caracterizan por formar personas libres, nobles y esforzadas, valgan las redundancias. Educan y, para eso, enseñan.

El problema de España no son tanto las masas, embrutecidas en las últimas décadas por una lista interminable de derechos a la que no da sentido obligación alguna, como las élites. Desde hace siglos estas últimas han sido ortodoxas, conformistas, alicortas, satisfechas de sí mismas y reaccionarias. Ortega condensó en unas pocas líneas lo que a Menéndez y Pelayo le llevó 2.000 páginas: “Lo característico de España no es que la Inquisición quemase a los heterodoxos, sino que no hubiese ningún heterodoxo importante que quemar. Cuando por casualidad ha habido algún heterodoxo español importante, se iba fuera, como Servet, y era fuera donde lo quemaban”. El progreso, donde ha ocurrido, siempre ha sido impulsado por élites heterodoxas, inconformistas, ambiciosas, insatisfechas y progresistas. En España han faltado los visionarios que, plantando con firmeza sus pies en el futuro, tuviesen la energía suficiente para estirar de la sociedad. Lo llamativo del caso es que no se les ha echado de menos. “¡Que inventen ellos!”, espetó Unamuno. Así nos va.

¿Puede el sistema educativo contribuir de manera decisiva a generar la nobleza de la que España carece? Es decir ¿puede el sistema educativo formar un número bastante de personas libres, insatisfechas consigo mismas y capaces de estirar de nuestra sociedad hacia el futuro? O sea ¿puede el sistema educativo enmendar el truncamiento moral de la pirámide social española? La verdad es que no estoy muy seguro, pero creo que vale la pena intentarlo.

La transformación del deporte español en las últimas décadas invita al optimismo. Los Centros de Alto Rendimiento (CAR) consiguieron poner a deportistas y atletas españoles en los podios a partir de las Olimpiadas de 1992, rompiendo con la mediocridad de las décadas anteriores. El vuelco que ha dado el deporte de élite español desde esa fecha ha sido tremendo: se han ganado medallas olímpicas, Grand Slams, Tours, copas de Europa y del Mundo… Y no solo esto. El énfasis puesto por los CAR y por centros como La Masía en la formación integral de la persona y en la educación en los valores del esfuerzo, la ambición y la humildad, ha propiciado que los deportistas de élite se hayan convertido en modelo y ejemplo para la sociedad española, especialmente para la juventud. Y hay más. La formación específica de las élites deportivas no ha resultado en un debilitamiento de la práctica del deporte en las categorías inferiores, sino todo lo contrario. La referencia de la élite ha propiciado una verdadera explosión participativa no solo en categorías competitivas juveniles e infantiles, sino también en el nivel popular y familiar. La construcción del vértice de la pirámide ha sido esencial para que en España se haga más deporte, no menos, y se haga mejor. En todos los niveles. Este es el modelo que debería adoptar nuestro sistema educativo.

La enseñanza en España ofrece un panorama desolador que recuerda al mundo del deporte anterior a 1992. En el Informe de Competitividad Global 2010-2011 elaborado por el Foro Económico Mundial para 139 países, la calidad de la enseñanza primaria española ocupa el lugar 93, la calidad de la enseñanza secundaria y profesional el lugar 107 y la calidad de la enseñanza de las matemáticas y las ciencias el lugar 114. Este desastre parece no preocupar a nadie en España, y menos que a nadie a las familias con hijos en edad escolar. Consideran que las escuelas de sus hijos son lo suficientemente buenas, siempre y cuando los hijos del vecino no vayan a una escuela mejor. No hay demanda social en nuestro país para mejorar el sistema educativo, esa es la cruda realidad: la escuela española es el reflejo de la sociedad española. Y viceversa.

La creación de un pequeño número de centros educativos de excelencia públicos en la enseñanza secundaria podría ser un factor decisivo para romper este círculo vicioso. Por tres razones. En primer lugar, porque supondría reproducir un sistema de formación de élites que funciona bien en los países avanzados de nuestro entorno. Sin élites nobles, heterodoxas e insatisfechas, España seguirá yendo en el vagón de cola del progreso. En segundo lugar, porque para aumentar la calidad media de las escuelas españolas es imprescindible aumentar la dispersión en torno a la media. Es la filosofía de los CAR. El vértice de la pirámide es lo único que puede orientar a un sistema educativo desnortado. Y ese vértice, en España, no existe: hay que construirlo. Y, en tercer lugar, porque la envidia -pecado favorito ancestral de los españoles- puede acabar siendo el fulcro sobre el que apalancar la demanda social de mejores escuelas. Si, a pesar de la envidia, consiguieran establecerse centros de excelencia -reto formidable este- la misma envidia se encargaría de presionar para que mejorase la calidad del conjunto del sistema.

Los alumnos de los centros de excelencia deberían aprender, básicamente, a hacerse preguntas y a dudar de las respuestas que obtengan. La gestión de los centros debería ser profesional, al contrario de lo que ocurre ahora con las escuelas públicas, en donde es rotativa entre los profesores del centro, como si fueran comunidades de vecinos. Los directivos serían responsables de los resultados obtenidos y deberían tener una remuneración adecuada. Dado el escaso acervo español en este tipo de educación, sería muy conveniente contar con el apadrinamiento y el control de algún programa internacional de enseñanza secundaria de prestigio como, por ejemplo, la Organización del Bachillerato Internacional (OBI). Esto garantizaría no solo la inspiración y el control de calidad externo, necesarios ambos, sino también la formación continua del profesorado.

Los centros de excelencia deben ser exclusivos, en el sentido de que solo deben admitir a los mejores, pero no deben ser excluyentes, en el sentido de que nadie debe quedarse fuera por motivos económicos. Esto plantea el problema de cuántos recursos públicos serían necesarios para costear estos centros. El coste de un estudiante de Secundaria en un programa de la OBI ronda los 15.000 euros anuales. En España este coste es 6.000 euros, con lo que el coste adicional de la excelencia quedaría en 9.000 euros anuales por alumno. Un sistema de 20 centros con 250 alumnos cada uno repartidos en cinco cursos tendría permanentemente a 5.000 estudiantes en las aulas. El coste anual adicional del sistema sería de 45 millones de euros anuales. Esto equivale al coste de construir cuatro kilómetros de línea de ferrocarril de alta velocidad o a la mitad de lo que cuesta fichar a un Cristiano Ronaldo. ¿Cuáles son las prioridades de España? ¿Un tren que irá semivacío? ¿Ronaldo?

César Molinas ha sido catedrático de Instituto de Enseñanza Media.

Hay algo más que un guiño a Popper en el título de este artículo. Como ha escrito Javier Pradera, en su camino a Davos el presidente Zapatero ha tenido caídas paulinas. Acorralado por el lobo de la crisis contra el abismo de la bancarrota y habiendo posado mansamente entre Grecia y Estonia, los dos insolventes potenciales más notorios de la Unión Europea, no tenía otra alternativa que la conversión a la ortodoxia. Nuevo credo: hay que abrazar el espíritu de la reforma estructural para intentar recuperar la confianza de las instituciones europeas y de los mercados financieros.

Y así, contra pronóstico, el Gobierno ha publicado una propuesta de reforma de las pensiones que está en línea con lo reclamado por muchos analistas y por la totalidad de las organizaciones internacionales y en la que se mencionan prácticamente todos los aspectos relevantes de una reforma integral que asegure la sostenibilidad financiera del sistema a largo plazo. A pesar de las metisacas y las escenas de sainete que han trufado su presentación, es, en mi opinión, una propuesta muy razonable que debería posibilitar que la reforma avanzase en la dirección adecuada.

¿Qué pasará ahora? Parece ser que el gobierno se dispone a someter la propuesta a debate en el seno del pacto de Toledo. Yo, en su lugar, no lo haría. Por lo menos, de momento. En el pacto de Toledo y sus aledaños la reforma estructural sólo tiene enemigos y es altamente improbable que se consiga el consenso necesario para avanzar en la reforma. Peor aún, la discusión que se generará será tan demagógica que difícilmente servirá para mejorar la escasísima cultura financiera que, en materia de pensiones, tienen los españoles. Veamos por qué.

En el pacto de Toledo confluyen los enemigos de la reforma por razones tácticas, los enemigos de la reforma por razones estratégicas y, además, el partido del Gobierno. A este último, como sería una exageración considerarle amigo de la reforma, se le podría tipificar como compañero de viaje. Los partidos políticos de la oposición son enemigos de la reforma de las pensiones por razones, la mayoría de ellos, tácticas. El Partido Popular sabe perfectamente que la reforma es necesaria y urgente. Si tuviese la responsabilidad de diseñarla, estoy seguro de que lo hubiese hecho con los mismos contenidos que la del gobierno del PSOE. Sin embargo me sorprendería mucho – favorablemente, pero mucho-que desperdiciase una oportunidad de apuntillar a su adversario cara a las elecciones del 2012. El recuerdo del golpe bajo de González en las elecciones de 1993 – del que surgió, precisamente, el pacto de Toledo-está todavía muy vivo. También es muy probable que los nacionalistas catalanes – que se han distinguido en el pasado por su sentido del Estado-sucumban esta vez al tacticismo dado el reto electoral que tienen que afrontar a corto plazo. Izquierda Unida se opondrá por razones estratégicas y los demás partidos no tienen el peso suficiente para cambiar este panorama desolador.

Los sindicatos son los principales enemigos estratégicos de la reforma de las pensiones y de otras reformas estructurales. Aunque no tienen asiento formal en el pacto de Toledo, que es una comisión no permanente del Congreso, la arquitectura del pacto – que nació para buscar consensos y evitar usos electorales espurios de las pensiones-da a los sindicatos un derecho de veto implícito. Además, les convierte en interlocutores exclusivos del gobierno de turno que quiera plantear cualquier tipo de reforma. Esta situación les da mucho poder.

Consecuentemente, no sólo se oponen a las reformas, sino que también se oponen a cualquier tipo de debate sobre las pensiones que pudiera debilitar el poder que emana del monopolio de la interlocución. La principal damnificada por esta situación es la sociedad española, que necesita un debate amplio y profundo sobre las pensiones para entender mejor la problemática y ponerse en situación de tomar mejores decisiones.

¿Qué hacer entonces? En mi opinión el Gobierno debe seguir la misma vía que se adoptó en Suecia, Reino Unido, Países Bajos y Alemania para comenzar sus reformas, todas ellas culminadas ya con éxito: encargar la elaboración de un Libro Blanco a una comisión de expertos independientes. El necesario proceso de consultas de la comisión debería dar lugar a un debate sereno sobre los problemas, que debería tener una amplia repercusión social. En este Libro Blanco se desarrollaría el diagnóstico de los problemas del sistema de pensiones y se harían las recomendaciones oportunas para su reforma. Esto debería hacerse en un plazo razonablemente breve: cualquiera que siga los mercados financieros se dará cuenta de que no hay tiempo que perder. El Libro Blanco tiene que ser presentado de forma creíble como el primer paso de la reforma. Para lo cual debería haber un compromiso previo del pacto de Toledo de impulsarla siguiendo el dictamen de la comisión.

Muy probablemente los sindicatos se opondrán a este procedimiento. Lo que no tengo tan claro es que se vaya a oponer el Partido Popular. Este partido puede estar en el gobierno en 2012 o antes. Y, si esto ocurre y no se ha hecho nada previamente, se tendrá que enfrentar al problema de cómo reformar las pensiones y a una situación en el pacto de Toledo totalmente simétrica a la actual: lo más probable es que al PSOE, en la oposición, se le haya pasado cualquier veleidad reformista y que los sindicatos continúen bloqueando las reformas. ¿No sería más fácil disponer de un Libro Blanco que ayudase a sortear este problema y tenerlo encarrilado cuanto antes?

César Molinas. Socio fundador de Multa Paucis. Fue managing director de Merrill Lynch y director general de Planificación del Ministerio de Economía y Hacienda

La esperanza de vida al nacer de los españoles ha aumentado desde 1991 al ritmo galopante de cuatro horas cada día. Y la natalidad se ha desplomado. Si añadimos a esta realidad demográfica el excesivo número de jubilaciones anticipadas, tenemos una situación insostenible. De acuerdo con la Comisión Europea, si no se modifican los actuales tipos de cotización, los ingresos del sistema se mantendrán en las próximas décadas alrededor del 10% del PIB, mientras que los gastos se irán elevando paulatinamente hasta más allá del 15% el PIB en 2040. La deuda se tornará explosiva.

La propuesta del Gobierno de aumentar en dos años la edad de jubilación ante esta situación es un ejercicio de realismo y es necesaria para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Oposición y sindicatos pueden quejarse de que la propuesta se ha hecho unilateralmente. Pero, más allá de las formas, es necesario sacar este debate del cuerpo a cuerpo político y tratarlo como una cuestión de Estado, de manera que desemboque en una reforma apoyada por un amplio consenso social.

¿Por qué ahora, cuando la Seguridad Social tiene superávit? La urgencia es extrema. Grecia está al borde de una situación crítica: el tipo de interés de los bonos del Tesoro griego a 10 años ha subido, sólo en esta semana, 0,60 puntos hasta el 6,86%. Los mercados se preguntan si, dada la baja tasa de crecimiento que se augura para España en los próximos años, los graves problemas financieros e inmobiliarios y el alto déficit estructural, el futuro de España no será como el presente de Grecia. La incapacidad que están mostrando los actores políticos y sindicales para el compromiso también añade incertidumbre. El resultado es un aumento de la prima de riesgo de nuestra deuda que supone miles de millones de euros. Reducir el déficit estructural es la única forma de incrementar la sostenibilidad presupuestaria (y reducir los tipos de interés sobre la deuda) sin contraer más la economía.

¿Resuelve la subida en dos años de la edad de jubilación el problema? No del todo. Otras reformas pueden ayudar: la limitación de las jubilaciones anticipadas, el estímulo de las pensiones complementarias, y el aumento del período de cotización mínimo. En cualquier caso, éste es un buen comienzo, y es hora de ponerse a trabajar extendiendo el debate sobre las pensiones al conjunto de la sociedad, más allá de los consensos que habrá que trabajar en el Pacto de Toledo.

Luis Garicano es catedrático de Economía en la London School of Economics y director de la cátedra MacKinsey de Fedea y César Molinas es consultor y ha dirigido el informe Instrumentos Financieros para la Jubilación de la Fundación de Estudios Financieros.