Reggio’s

EDITORIAL DE EL MUNDO

Tal día como hoy hace un año decíamos en estas mismas páginas que la crisis no lograba cambiar las preferencias electorales de los españoles, ya que el PSOE aventajaba al PP en 2,9 puntos en intención de voto, según la encuesta con la que comenzábamos 2009. Doce meses después, en vísperas de que la legislatura llegue a su ecuador, la situación ha dado un vuelco espectacularmente negativo para las expectativas socialistas, ya que el sondeo de EL MUNDO-Sigma Dos que inaugura este 2010 pronostica una victoria del PP sobre el PSOE por más de cinco puntos si hoy se celebrasen elecciones generales. El análisis de ambas encuestas arroja una realidad muy preocupante para Zapatero, puesto que los socialistas han perdido 8 puntos de ventaja sobre el PP en un año en el cómputo total. La caída en picado del PSOE -el sondeo le augura un 38,5%- corre en paralelo con el ascenso del PP, que con el 43,6% de intención de voto logra situarse a una distancia más que respetable del partido del Gobierno. Así pues, el año empieza mal para Zapatero y bien para Rajoy, a pesar de que lo que pierden los socialistas es bastante más de lo que ganan los populares.

Existen pocas dudas sobre las causas de este desgaste. La profundidad de la crisis, el vertiginoso aumento del paro -casi cuatro millones de españoles carecen de empleo- y la incapacidad de Zapatero para tomar medidas eficaces e impulsar reformas estructurales para frenar el deterioro de la economía han acabado por pasarle factura, como no podía ser de otra manera. El año 2010 -ecuador de la legislatura- se presenta, así, como el decisivo para que Zapatero pueda perder La Moncloa. No porque existan elecciones generales a la vista, sino porque sería suficiente que perdiera otros 4 ó 5 puntos en los próximos meses para que la distancia que le separa del PP se hiciera prácticamente insuperable. No pinta bien este año para Zapatero en términos generales. Los sondeos pronostican que las únicas elecciones previstas, las autonómicas catalanas de otoño, pueden dar al traste con el tripartito liderado por el PSC y suponer la vuelta de CiU a la Generalitat con el respaldo externo de un PP muy dispuesto a apuntalar a Artur Mas en espera de su reciprocidad en Madrid. A ello hay que unir las dificultades que tendrá Zapatero para aprobar el Presupuesto, que podría verse obligado a prorrogar con el consiguiente riesgo de elecciones anticipadas en 2011. Así pues, al presidente del Gobierno sólo le queda 2010 para frenar su caída en intención de voto y en su propia valoración como líder, con la que Rajoy también acorta distancias. Intentará ganar impulso, sin duda, con los grandes fastos de la Presidencia de turno de la UE, visita de Obama a Madrid incluida, pero ello no será suficiente sin un cambio visible en la situación económica. Si en estos doce meses que tenemos por delante sólo se produce en España un repunte raquítico del crecimiento, insuficiente para crear empleo, es muy posible que su suerte esté echada.

Porque ha sido el vertiginoso desgaste del Gobierno -que Zapatero agravó con la crisis de Semana Santa en la que sustituyó a Solbes por Salgado- lo que ha situado a Rajoy en cabeza, precisamente en un año bastante horribilis para su partido, golpeado por la corrupción del caso Gürtel y las divisiones internas. La gravedad de la crisis económica y las cifras de paro se imponen, así, en las preferencias de intención de voto de los españoles a otras cuestiones como la ética en la vida pública o la cohesión de los partidos.

© Mundinteractivos, S.A.

Escocia avanza irremisiblemente hacia un referéndum sobre su soberanía y su relación con Gran Bretaña. La presentación hecha ayer por el Gobierno de Edimburgo de un documento titulado «Vuestra Escocia, vuestro voto» sobre el futuro constitucional del país es un nuevo paso en ese proyecto. El presidente escocés, Alex Salmond, resumió así el momento político: «el debate en la política escocesa ya no es entre cambio o no cambio, es sobre el tipo de cambio que buscamos y el derecho de la gente a elegir su futuro en un referéndum libre y justo».

Sin embargo, una reciente encuesta muestra que tan solo un 20% del electorado escocés apuesta decididamente a día de hoy por la independencia. Entonces, ¿por qué Alex Salmond, que ve claramente cómo una gran parte de su pueblo no apuesta con la misma fuerza que él, su partido y su Gobierno por la opción independentista, se empeña en seguir adelante con un proceso de autodeterminación? ¿Acaso no está adquiriendo un riesgo excesivo al posibilitar una consulta en la que la respuesta popular pudiera ser negativa para su proyecto político? La respuesta es evidente: el SNP tiene un proyecto estratégico definido e ilusionante que ofrecer a su sociedad. Todo paso en ese camino será un avance.

Pero, además, esa misma encuesta muestra que una amplia mayoría de los escoceses (más del 50% frente a un 20%) está a favor de consultar a la ciudadanía al respecto. Los bloques políticos conformados en Escocia por independentistas, autonomistas y unionistas no determinan la posición de los ciudadanos que se incluyen en cada uno de esos bloques frente a la autodeterminación. A excepción de una minoría unionista que teme que «autodeterminación» e «independencia» sean sinónimos, el resto de ciudadanos diferencian claramente el derecho democrático a decidir su futuro de su voto particular. Es decir, consideran la autodeterminación como un rasgo de un sistema democrático y la independencia un proyecto político cuya viabilidad debe estar garantizada en igualdad de condiciones dentro de ese sistema. Algo básico que, desde un punto de vista democrático, sirve por igual para islas y para penínsulas.

La práctica totalidad de los diarios cuya línea se determina en Catalunya publican hoy un editorial titulado “La dignidad de Catalunya” en el que se pide a los magistrados del Tribunal Constitucional que respeten el nuevo Estatut por ser fruto de un doble pacto político (Parlament de Catalunya y Cortes Generales), sancionado por los ciudadanos en las urnas.

Publican el editorial, doce diarios: La Vanguardia, El Periódico de Catalunya, Avui, El Punt, Segre, Diari de Tarragona, La Mañana, Diari de Girona, Regió 7, El Nou 9, Diari de Sabadell y Diari de Terrassa, en una iniciativa que puede calificarse de inédita en la historia de la prensa catalana.

De los diez jueces con derecho a voto, cuatro siguen en el cargo después del vencimiento de su mandato, como consecuencia del sórdido desacuerdo entre el Gobierno y la oposición sobre la renovación de un organismo definido recientemente por José Luis Rodríguez Zapatero como el “corazón de la democracia”. Un corazón con las válvulas obturadas, ya que sólo la mitad de sus integrantes se hallan hoy libres de percance o de prórroga. Esta es la corte de casación que está a punto de decidir sobre el Estatut de Catalunya. Por respeto al tribunal -un respeto sin duda superior al que en diversas ocasiones este se ha mostrado a sí mismo- no haremos mayor alusión a las causas del retraso en la sentencia.

La definición de Catalunya como nación en el preámbulo del Estatut, con la consiguiente emanación de “símbolos nacionales” (¿acaso no reconoce la Constitución, en su artículo 2, una España integrada por regiones y nacionalidades?); el derecho y el deber de conocer la lengua catalana; la articulación del Poder Judicial en Catalunya, y las relaciones entre el Estado y la Generalitat son, entre otros, los puntos de fricción más evidentes del debate, a tenor de las versiones del mismo, toda vez que una parte significativa del tribunal parece estar optando por posiciones irreductibles. Hay quien vuelve a soñar con cirugías de hierro que cercenen de raíz la complejidad española. Esta podría ser, lamentablemente, la piedra de toque de la sentencia.

No nos confundamos, el dilema real es avance o retroceso; aceptación de la madurez democrática de una España plural, o el bloqueo de esta. No sólo están en juego este o aquel artículo, está en juego la propia dinámica constitucional: el espíritu de 1977, que hizo posible la pacífica transición. Hay motivos serios para la preocupación, ya que podría estar madurando una maniobra para transformar la sentencia sobre el Estatut en un verdadero cerrojazo institucional. Un enroque contrario a la virtud máxima de la Constitución, que no es otra que su carácter abierto e integrador.

El Tribunal Constitucional, por consiguiente, no va a decidir únicamente sobre el pleito interpuesto por el Partido Popular contra una ley orgánica del Estado (un PP que ahora se reaproxima a la sociedad catalana con discursos constructivos y actitudes zalameras). El Alto Tribunal va a decidir sobre la dimensión real del marco de convivencia español, es decir, sobre el más importante legado que los ciudadanos que vivieron y protagonizaron el cambio de régimen a finales de los años setenta transmitirán a las jóvenes generaciones, educadas en libertad, plenamente insertas en la compleja supranacionalidad europea y confrontadas a los retos de una globalización que relativiza las costuras más rígidas del viejo Estado nación. Están en juego los pactos profundos que han hecho posible los treinta años más virtuosos de la historia de España. Y llegados a este punto es imprescindible recordar uno de los principios vertebrales de nuestro sistema jurídico, de raíz romana: Pacta sunt servanda. Lo pactado obliga.

Hay preocupación en Catalunya y es preciso que toda España lo sepa. Hay algo más que preocupación. Hay un creciente hartazgo por tener que soportar la mirada airada de quienes siguen percibiendo la identidad catalana (instituciones, estructura económica, idioma y tradición cultural) como el defecto de fabricación que impide a España alcanzar una soñada e imposible uniformidad. Los catalanes pagan sus impuestos (sin privilegio foral); contribuyen con su esfuerzo a la transferencia de rentas a la España más pobre; afrontan la internacionalización económica sin los cuantiosos beneficios de la capitalidad del Estado; hablan una lengua con mayor fuelle demográfico que el de varios idiomas oficiales en la Unión Europea, una lengua que en vez de ser amada, resulta sometida tantas veces a obsesivo escrutinio por parte del españolismo oficial, y acatan las leyes, por supuesto, sin renunciar a su pacífica y probada capacidad de aguante cívico. Estos días, los catalanes piensan, ante todo, en su dignidad; conviene que se sepa.

Estamos en vísperas de una resolución muy importante. Esperamos que el Tribunal Constitucional decida atendiendo a las circunstancias específicas del asunto que tiene entre manos -que no es otro que la demanda de mejora del autogobierno de un viejo pueblo europeo-, recordando que no existe la justicia absoluta sino sólo la justicia del caso concreto, razón por la que la virtud jurídica por excelencia es la prudencia. Volvemos a recordarlo: el Estatut es fruto de un doble pacto político sometido a referéndum.

Que nadie se confunda, ni malinterprete las inevitables contradicciones de la Catalunya actual. Que nadie yerre el diagnóstico, por muchos que sean los problemas, las desafecciones y los sinsabores. No estamos ante una sociedad débil, postrada y dispuesta a asistir impasible al menoscabo de su dignidad. No deseamos presuponer un desenlace negativo y confiamos en la probidad de los jueces, pero nadie que conozca Catalunya pondrá en duda que el reconocimiento de la identidad, la mejora del autogobierno, la obtención de una financiación justa y un salto cualitativo en la gestión de las infraestructuras son y seguirán siendo reclamaciones tenazmente planteadas con un amplísimo apoyo político y social. Si es necesario, la solidaridad catalana volverá a articular la legítima respuesta de una sociedad responsable.

EDITORIAL

El fallo sobre el Estatuto tendrá efectos políticos: puede agravar el ‘problema catalán’ o encauzarlo

El debate del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña, ya en su recta final, se decanta cada vez más nítidamente hacia una sentencia adversa para esta norma. Así lo indica el consenso de los 10 magistrados para excluir del Preámbulo la tácita alusión a Cataluña como “nación” y podar del Título Preliminar las referencias a los “símbolos nacionales” y los “derechos históricos”, así como la conformación de una cada vez más sólida mayoría que aprecia tachas de inconstitucionalidad en al menos 40 de los 126 artículos impugnados, hace ya tres años, por el PP. El curso que han tomado las deliberaciones permite presagiar que la vieja aspiración de que el alto tribunal dictase una sentencia salomónica, sin vencedores ni vencidos, ha quedado definitivamente arrumbada. Si los aspectos identitarios del texto -por emocionales, menos objetivables que los de orden com-petencial- no superan el cedazo constitucional, la letra pequeña de la sentencia pasará inadvertida para muchos. La mayoría de los catalanes acogerá el fallo como una derrota de Cataluña; y el PP, como una victoria en toda regla.

Sólo desde una falsa ingenuidad se puede pretender que el Constitucional es un órgano jurisdiccional inmune a la política. Primero, porque sus integrantes son designados por los dos grandes partidos, que articulan las mayorías parlamentarias precisas para los nombramientos preservando sus respectivas cuotas. Segundo, porque le corresponde arbitrar entre los poderes públicos, incluidos los principales grupos parlamentarios. Y tercero, porque la jurisdicción ordinaria se limita a aplicar las leyes, mientras que la misión del Constitucional, como sumo intérprete de la Ley Fundamental, es velar por que el legislador la respete en su letra y en su espíritu. Si política es su función, políticos son también los efectos de sus sentencias. Y mucho de lo que las rodea.

A la campaña del PP contra el Estatuto, cuñas radiofónicas y recogida de firmas incluidas, le siguió, una vez interpuesto el recurso, una guerra de recusaciones que dejó en la cuneta a un juez del bloque progresista en teoría proclive a la constitucionalidad del texto. Tampoco es ajeno a la política el hecho de que PSOE y PP no hayan sustituido a los cuatro magistrados cuyo mandato expiró en 2007, ni al fallecido Roberto García-Calvo.

Con estos precedentes, es obvio que la sentencia del Estatuto, al parecer inminente, tendrá por fuerza efectos políticos. El primero será la radicalización de CiU, que, en pugna con ERC, esgrimirá el varapalo para completar su tránsito del moderantismo al soberanismo. Pero el más profundo será el apuntado ayer por el presidente de la Generalitat, José Montilla: una lectura restrictiva de la Constitución, ajena a su espíritu integrador, debilitaría a la legión de catalanes que quieren sentirse cómodos en una España que reconozca su pluralidad. Agravar el problema catalán o encauzarlo. Ése es el dilema que afronta el Constitucional.

EDITORIAL

La Cámara baja de EE UU aprueba por dos votos el proyecto de cobertura médica universal

Socialismo, socialismo, clama con la desfachatez propia de la ignorancia o la mala fe la extrema derecha del partido republicano. Estados Unidos, tras varias tentativas y salidas en falso, está a punto de homologarse con las demás democracias avanzadas en la existencia de un sistema de Seguridad Social universal.

La Cámara de Representantes aprobó el sábado por sólo dos votos de mayoría -220 sobre los 218 necesarios- con la defección de 39 demócratas y el voto afirmativo de un único republicano, un proyecto de ley que aún tiene que pasar el cedazo del Senado, lo que se espera, no sin áspera refriega, para antes de fin de año. Pero éste ya es un gran paso en la revolución, a escala de una clase política básicamente moderada como la norteamericana, que había prometido en su campaña el presidente Obama. Según el proyecto, 36 de los 46 millones de ciudadanos que carecían de esa protección -una cobertura del 96%,- tendrán acceso a un sistema de salud en lo fundamental gratuito, del que podrán servirse asimismo los residentes extranjeros; con ello, sólo quedará desatendida la inmigración ilegal.

El plan, con un coste no inferior al billón de dólares (700.000 millones de euros) para los próximos 10 años, consiste en una ampliación del servicio médico gratuito (Medicaid) para los más pobres, y subsidios para que las personas de ingresos modestos puedan suscribir pólizas privadas de asistencia sanitaria. A este planteamiento se había opuesto la derecha más extrema y otra que no lo parece tanto. Los primeros son los que se dicen defensores de las libertades ciudadanas -entre ellas, sin duda, la de morir sin asistencia médica- y los segundos, más circunspectos, argumentaban que no era éste el momento, con la crisis destrozando la macro y la micro economía, de meterse en gastos. Pero el razonamiento vale exactamente para lo contrario: lo que pide el empobrecimiento general y es mayor inversión pública. Y, por añadidura, la Administración asegura que el sistema pondrá fin a una pésima gestión de recursos públicos. Cada norteamericano gasta o cuesta al año 7.300 dólares (5.000 euros) en atención sanitaria, el doble que en países europeos tan supuestamente estatalizados como Alemania o Francia.

Los ciudadanos que superen el umbral de ingresos que les permita acogerse al plan, deberán contratar con aseguradoras privadas, o servirse de la cobertura costeada por su propia empresa, si gozan de tales beneficios. Y no hace falta decir que tras las exclamaciones de falso y dolorido patriotismo e invocación a libertades ancestrales de las que eran portadores los Padres Fundadores están los intereses de los dispensadores privados de salud y de acción preventiva contra la enfermedad y el declive físico.

Estamos ad portas de lo que puede ser un gran éxito del presidente demócrata; de lo que puede ser el primer gran elemento definidor de su mandato. Falta muy poco para decir: “Sí, pudimos”.

EDITORIAL

El PP vuelve a sembrar dudas gratuitas sobre la actuación judicial y policial contra la corrupción

Un problema del PP es que elige mal los temas con los que hacer oposición. En los últimos días, como si quisiera sacudirse la imagen de división e inseguridad transmitida por su crisis interna madrileña, ha elevado la voz para oponerse a la reforma destinada a suprimir el privilegio fiscal de los futbolistas extranjeros y para arremeter contra el Gobierno por su gestión del secuestro de los pescadores del Alakrana. Y ha culminado la semana denunciando como inconstitucionales las escuchas telefónicas que realiza la policía por orden judicial y que han servido, entre otras cosas, para destapar escándalos de corrupción a gran escala como los de Santa Coloma o Mallorca; o el del caso Gürtel.

¿No tendrá algo que ver la denuncia con este caso? En agosto, con mucho Gürtel ya en candelero, Dolores de Cospedal acusaba al Gobierno de ordenar escuchas ilegales de dirigentes de su partido, de perseguir a éste más que a ETA y de estar instaurando un Estado policial. Se le indicó que si tenía alguna prueba de acusaciones tan graves, presentara una denuncia. Poco después, la portavoz parlamentaria, Sáenz de Santamaría, anunciaba que ya tenía casi acabado un informe que probaba la persecución de su partido. No hubo denuncia ni hubo informe.

Ahora, en otro momento en que coinciden sondeos electorales favorables y mala imagen del partido, sus portavoces vuelven por la misma senda, con la novedad de denunciar que el sistema de interceptación de comunicaciones conocido por las siglas Sitel, que utiliza la policía, carece de cobertura legal, por lo que los sumarios instruidos con base a esas escuchas podrían ser anulados por los tribunales.

Ese sistema se caracteriza por su eficacia: no sólo permite grabar conversaciones telefónicas, sino identificar el lugar en el que ha sido utilizado el móvil, lo que sirve, por ejemplo, para destruir coartadas de delincuentes que niegan haber estado en el escenario del delito. Pero para efectuar escuchas con Sitel es necesaria una orden judicial, igual que con cualquier otro sistema y, como han recordado ahora asociaciones de jueces y fiscales, ello se hace con la debida “proporción y mesura”, dado que afecta a derechos.

Es cierto que las nuevas tecnologías permiten hoy cosas impensables hace poco, tanto a los delincuentes, para burlar la ley, como a la policía y la justicia, para evitarlo. El PP sostiene que Sitel es ilegal mientras no se regule su utilización mediante ley orgánica. Pero ya hubo una denuncia de la Asociación de Internautas, que sostenía lo mismo, y fue archivada por el Supremo, cuya Sala de lo Penal avaló también la utilización de Sitel en una sentencia sobre drogas. Una cosa es extremar las garantías de recta utilización de las posibilidades tecnológicas, lo que corresponde a los jueces; y otra muy distinta sembrar dudas sobre la actuación policial y judicial por el hecho de que el sistema tecnológico para destapar la corrupción sea más eficaz. Esto último es lo que hace el PP cuando se siente acosado por sus escándalos.

EDITORIAL

Rajoy arbitra una guerra de ambiciones del PP tras la que no hay debate político alguno

Lo que ha ocurrido es inaceptable, y no habrá próxima vez, dijo el presidente del PP, Mariano Rajoy, ante los 80 miembros del Comité Ejecutivo de su partido, reunido ayer para intentar poner orden en el desorden imperante en su interior. Lo ocurrido: la corrupción Gürtel y la batalla por el poder entre Gallardón y Aguirre; lo que no volverá a ocurrir: que tolere esos comportamientos. Pero ya ocurrió ayer: Aguirre ni siquiera acudió.

La opinión pública perdona más fácilmente la corrupción que la falta de reacción ante ella. Rajoy ha reaccionado pobre y contradictoriamente ante los enredos en la trama Gürtel, y con parsimonia ante las batallitas madrileñas: él mismo aludió a la imagen del santo Job, que es un perfil incompatible con el de un jefe de la oposición con aspiraciones de gobernar. Por eso ha reconocido que lo sucedido era grave y que en adelante no lo admitiría.

Pero las medidas planteadas ayer respecto a la corrupción son etéreas: un (nuevo) código de conducta y un (gran) pacto anticorrupción; y sobre las batallas madrileñas, consideró tan inadmisible hacer declaraciones públicas sobre asuntos internos (en referencia a las del vicealcalde Cobo sobre Aguirre) como presionar a órganos internos y representantes públicos para que se pronuncien contra dirigentes (en referencia a la movilización por Aguirre de alcaldes madrileños frente a Cobo).

Esta doble condena le ha parecido a la presidenta una forma de equidistancia entre agresor y agredida, por lo que estuvo ausente, a la espera de que el partido sancione al vicealcalde. Planteamiento que deja fuera la consideración de si las críticas tenían fundamento. La Comisión de Derechos y Garantías tendrá ocasión de pronunciarse hoy tanto sobre si criticar fuera de los órganos del partido vulnera los estatutos como sobre si existe el atenuante de la veracidad de lo dicho.

La actitud de Cobo fue digna: puso todos sus cargos a disposición del partido (reconociendo implícitamente lo primero), pero se reafirmó en sus declaraciones como expresión de la verdad. Es el único atisbo de política de este enredo: todo lo demás es lucha por el poder. Tal vez Cobo no calculó el alcance de lo que decía, pero denunciar que Aguirre estaba interviniendo en Caja Madrid como parte de su batalla personalista de poder, y que su liberalismo, en éste como en otros asuntos, era de cartón piedra contiene más verdad política que la mayoría de los discursos de los otros actores del drama, incluyendo el jefe de los socialistas madrileños que se alió con Aguirre para participar en el reparto.

Rajoy recibió en la reunión el masaje de la encuesta del CIS, que da más de tres puntos de ventaja a su partido sobre el PSOE. Sin embargo, la letra pequeña indica que la desafección toca tanto a Gobierno como a oposición, y que el PP gana menos de un punto de los casi seis que pierden los socialistas. Y sin trasvase de uno a otro, lo que depende en buena medida de la autoridad que demuestre frente a corruptos y rasputines, Rajoy no llegará a La Moncloa.

EDITORIAL

Confundir la moral pública con la moralina sectaria sería la peor respuesta a los escándalos

La acumulación de graves escándalos de corrupción que afectan en mayor o menor medida a los principales partidos españoles no sólo amenaza con arruinar la reputación de la política y sus profesionales, sino también la imprescindible confianza de los ciudadanos en las instituciones. Espectáculos como los de Valencia o Cataluña, el interminable goteo de irregularidades municipales o la descarnada lucha por el poder en torno a Caja Madrid, contribuyen a extender la percepción de que la democracia es un instrumento para saciar ambiciones personales, desde el narcisismo de la notoriedad o el placer un punto sádico de someter las voluntades ajenas, hasta la avaricia del enriquecimiento rápido y fácil.

El riesgo que se corre es que la denuncia de la corrupción acabe traduciéndose en desapego hacia el sistema democrático, un terreno abonado para el populismo. Debe quedar claro, por ello, que la irrenunciable denuncia de la corrupción responde a un compromiso firme con las instituciones, no a su desprecio o su puesta en entredicho. El remedio más eficaz contra el uso espurio que la corrupción hace de ellas no es otro que más democracia, más transparencia, más responsabilidad, cada cual desde el lugar que constitucional, política y socialmente le corresponde. Esto es, precisamente aquello que partidos, dirigentes y simples ciudadanos incursos en investigaciones y procesos judiciales tratan de evitar, buscando complicidades donde puedan encontrarlas, ya sea en los poderes del Estado o en medios de comunicación dispuestos a sacrificar su función en aras de la propaganda o de sus propios intereses.

Cada vez que se antepone la solidaridad gremial a la condena de hechos reprobables, o que prima el cálculo electoral, la corrupción abandona la periferia del sistema y comienza a instalarse peligrosamente en su interior. La democracia no sirve para mejorar la naturaleza humana, y la corrupción es, tal vez, una de las pruebas más concluyentes a este respecto; para lo que sí sirve, en cambio, es para garantizar que quienes ostentan cualquier poder no están al margen de las leyes, y es por esta vía por la que hace mejores a las sociedades. Ahora más que nunca, los tribunales están obligados a extremar el rigor en su actuación.

Es cierto que la corrupción es una lacra que no afecta sólo a España, pero esta desoladora constatación no puede hacer que se renuncie a analizar y combatir las debilidades específicas que han permitido que prospere en nuestro país. Una de las principales economías del mundo, como es la española, no puede seguir conviviendo con el hecho de que entre el 20% y el 25% de su PIB escape al control del fisco. Ni tampoco con un farisaico sistema de financiación de los partidos que hace que se sientan legitimados, una vez en el poder, para suplir sus carencias financieras mediante procedimientos a la vez groseros y sofisticados dirigidos a desviar fondos públicos en su propio beneficio. Ni, en fin, con administraciones que, como la municipal, han debido buscar sus recursos durante años en fuentes alternativas como la burbuja inmobiliaria.

La consecuencia es lo que algún intelectual ha definido como el desgobierno de lo público: una suerte de partitocracia que, superando los cortafuegos institucionales y convirtiendo lo público en patrimonio privado, sustituye al Estado. Con los partidos en manos de una oligarquía profesional sin escrúpulos, el Estado se convierte en un objeto de rapiña y la política, en un negocio. Ante esto, confundir la moral pública con una moralina sectaria sería la peor de las respuestas. Y es de esperar que el coste político que ha empezado a pagar el PP, según la encuesta que publica hoy este diario, sea el despertar de una exigencia cada vez más firme de cada ciudadano con cualquier opción política, no sólo con la contraria.

EDITORIAL

La depreciación de la principal moneda de reserva es un obstáculo al crecimiento de la UE

Sin ser un fenómeno nuevo, la depreciación del dólar constituye un obstáculo añadido a la recuperación de las economías europeas que comparten moneda y política monetaria. Dada la manifiesta atonía de la demanda interna en la eurozona, la vía de ir asentando la recuperación, y con ella suavizando el ascenso del desempleo, es el crecimiento de las ventas a aquellas economías que van por delante en la recuperación del crecimiento. A un tipo de cambio en la frontera de 1,50 dólares por euro (el miércoles pasado cotizó a 1.5046, el máximo de apreciación desde agosto de 2008) las exportaciones de la eurozona reducen su capacidad competitiva de forma significativa.

Detrás de esa depreciación de la principal moneda de reserva del mundo no sólo está el alejamiento de los mayores temores que la crisis financiera extendió hace algo más de un año, reforzando su papel de refugio, sino la presunción razonable de que las autoridades americanas van a ser menos estrictas que las europeas en el manejo de sus políticas de demanda. La política monetaria desempeña un papel importante al respecto, en concreto el diferencial en tipos de interés. La Reserva Federal estadounidense no tiene prisa en elevar el precio del dinero o en retirar algunas de las excepcionales decisiones adoptadas en el pasado. Tampoco la reconducción de un déficit público en EE UU, muy superior al promedio y al de cada uno de los países de la eurozona, presiona a unas autoridades americanas, cuyo principal objetivo es alejar los riesgos de recaída en la recesión y, en todo caso, reducir el paro.

En la eurozona las autoridades parecen empeñadas en sacrificar antes el bienestar de los ciudadanos que la ortodoxia que se dieron para épocas de normalidad económica y financiera. El Banco Central Europeo (BCE) ya ha insinuado la retirada de los estímulos monetarios y los destinados a facilitar el funcionamiento de los mercados de crédito, todavía distantes de la normalidad en algunos países, España entre ellos. El Gobierno español, además, se ha planteado aumentar los impuestos y reducir las inversiones públicas en partidas esenciales para la modernización de la economía. Con ello no facilita precisamente la principal prioridad: reducir la más elevada tasa de desempleo de la OCDE.

El BCE debería tomar en consideración antes de atenuar los estímulos monetarios, o sugerir que los gobiernos hicieran lo propio con los fiscales, el endurecimiento medio de las condiciones de financiación en la eurozona del que ese encarecimiento del euro es parte significativa. Poco importa ahora que la depreciación del dólar siga propiciando el cuestionamiento de su posición como denominador transaccional en el comercio global y su papel como principal moneda de reserva del mundo. Sería un error que, en lugar de garantizar condiciones favorecedoras del crecimiento económico, del BCE emergiera un orgullo cambiario sobre la base de una apreciación de la moneda común que ya genera más daños que ventajas a los europeos.

EDITORIAL

El PSOE prefiere correr riesgos con el PNV que con el mosaico de fuerzas de izquierda

La clave del acuerdo alcanzado ayer por el PSOE con el PNV para la aprobación de los Presupuestos de 2010 (para lo que también contará con los dos votos de Coalición Canaria) es la aceptación por los socialistas del llamado blindaje del Concierto vasco, asunto que es polémico en varios aspectos. La opción de Zapatero significa que prefiere correr riesgos con los nacionalistas antes que con los partidos situados a su izquierda.

La portavoz del Gobierno no descartó ayer, sin embargo, la posibilidad de sumar a esos partidos durante la tramitación de las enmiendas parciales. De hecho, los socialistas han negociado a la vez con el mosaico de izquierdas (ERC, IU, ICV, BNG, NaBai) y con los nacionalistas. El discurso más bien izquierdista frente a la crisis favorecía un acuerdo con ese mosaico, pero tenía la dificultad de tener que satisfacer demasiadas demandas a la vez. La única formación que garantizaba por sí sola los votos necesarios era CiU, con la que hubo un acercamiento tras el acuerdo sobre financiación autonómica. Pero no había terreno suficiente para el pacto, sobre todo por las incertidumbres abiertas sobre el Estatuto, unidas a la proximidad de las elecciones catalanas.

La segunda opción era el PNV, que con sus seis escaños casi completaba los necesarios. Ya fue el principal apoyo el año pasado, pero entonces estaba en Ajuria Enea y ahora está allí un socialista. Ése fue el motivo de que en lugar de reivindicaciones contantes y sonantes (el huevo), como otros años, planteara como contrapartida algo relativo al fuero: la modificación de dos leyes orgánicas para impedir que las normas fiscales aprobadas por las Juntas Generales de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava puedan ser recurridas por cualquier persona física o jurídica, como ha venido ocurriendo.

El blindaje planteado no se refiere al Concierto como tal, y mucho menos al cupo, que se negocia cada cinco años, sino a las normas tributarias aprobadas en aplicación de la capacidad que tienen reconocidas las provincias vascas para modificar los tipos impositivos y las exenciones fiscales, dentro de unos límites. Algunas de esas normas fueron anuladas por tribunales españoles y europeos por no respetar tales límites, atendiendo a recursos presentados por comunidades limítrofes que alegaron vulneración de la competencia.

De lo que se trata no es de eliminar la posibilidad de recurso sino de que se pueda recurrir en las mismas condiciones en que lo pueden ser las leyes fiscales aprobadas por cualquier Parlamento autónomo en los tributos o tramos sobre los que tienen competencia: es decir que sólo puedan ser recurridas ante el Constitucional y por el Gobierno o por 50 parlamentarios.

La reforma no es descabellada, y la prueba es que ya en 2007 fue apoyada por nacionalistas y no nacionalistas en un pleno del Parlamento vasco. Sin embargo, modificar el sistema de recursos puede entenderse como un intento de acotar las posibilidades de actuación contra extralimitaciones como las que hubo en su momento. Así lo han interpretado las comunidades de La Rioja y Castilla y León, gobernadas ambas por el PP, que anunciaron recursos contra la eventual modificación por considerarla inconstitucional. Ello llevó al PP a votar el martes pasado contra la toma en consideración de la propuesta.

Una reforma como ésta, que modifica en alguna medida las reglas de juego, debería ser consensuada. Pero el hecho de que el PNV la presentara como contrapartida a su apoyo a los Presupuestos ha dificultado que lo fuera. Podrá ser aprobada por la misma mayoría que respalde las cuentas del Estado, pero el PSOE asume el riesgo de que una vez abierta la vía de la reforma otros partidos propongan volver al recurso previo de inconstitucionalidad, lo que plantearía un serio problema.

EDITORIAL

La caída de la inflación y la vivienda indican una intensa depresión de la actividad y el consumo

Dos indicadores económicos fundamentales han venido a confirmar el deterioro de la actividad económica española a la altura del tercer trimestre de este año. Por una parte, el precio de la vivienda libre sigue cayendo; en el tercer trimestre del año bajó el 8% respecto al mismo periodo del año anterior y el 0,9% en relación con el segundo trimestre del año. Por otra, la tasa de inflación sigue a la baja y se resiste a cumplir con las previsiones de que empezaría a recuperarse a partir del tercer trimestre del año. En septiembre los precios cayeron el 0,2% y la tasa anual de inflación es negativa, el 1%. Tan negativa que, después de siete meses de tasas negativas, está siete décimas por debajo de la inflación de la zona del euro, una situación sorprendente para una economía tradicionalmente tan inflacionista como la española.

Ambos indicadores confirman que la demanda no se recupera y que, probablemente, no lo hará ni siquiera en 2010. En estos momentos, el cálculo más probable indica que el consumo de los hogares, muy afectados por la recesión, seguirá cayendo al menos hasta el último trimestre del año próximo. Las previsiones para el consumo son tan malas porque el mercado de trabajo todavía no ha tocado fondo. Lo más probable es que durante los próximos tres trimestres aumente el desempleo de forma significativa y se cumpla la estimación de que la tasa de paro rebasará el 20%.

No obstante, hay que insistir en que no se corre, de momento, un riesgo real de deflación, aunque esté aumentando el número de bienes y servicios con tasas de inflación negativa. La evolución esperada indica que en diciembre el IPC volverá a tasas positivas y el año próximo estará en crecimientos del 1,4%. Las causas de este aumento son las clásicas: el precio del petróleo, sobre todo. El aumento del IVA que acaba de decidir el Gobierno a partir del año próximo también incidirá en el mismo sentido.

La conclusión es que no hay, por el momento, signos de recuperación económica que puedan respaldarse con los indicadores conocidos. Es posible que el Gobierno conjeture, quizá con algún fundamento, que ya durante el año que viene haya crecimientos intertrimestrales positivos del PIB. Pero los daños más graves causados por la crisis financiera, el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y la recesión, es decir, el hundimiento del consumo y la muy alta tasa de paro, no se podrán corregir antes de 2011.

La Policía española detenía ayer por la tarde, una vez más, a destacados dirigentes y militantes independentistas de este país: Arnaldo Otegi, Rufi Etxeberria, Rafa Díez, Arkaitz Rodríguez, Sonia Jacinto, Miren Zabaleta, Mañel Serra, Txelui Moreno y Amaia Esnal. Una vez más, un Gobierno español irresponsable y absolutamente falto de miras ordena detener a dirigentes políticos a quienes únicamente podría acusar de una cosa: trabajar políticamente para tratar de solucionar el conflicto. Una vez más, José Luis Rodríguez Zapatero y Alfredo Pérez Rubalcaba han contado con la inestimable colaboración de varios medios y periodistas que en sus últimas entregas dominicales se han dedicado poco menos que a anunciar una operación de este tipo. En estos últimos meses, el Estado, con todos los medios a su alcance, ha tratado de poner en primer plano una serie de farsas y mentiras, destinadas, según se puede comprobar ahora, a construir una pista de aterrizaje para una operación de este calado. Rubalcaba, es obvio, ha llevado la voz cantante en esa estrategia, y medios como «El País» han reforzado esa gran farsa que, en resumen, buscaba extender y asentar en la opinión pública española -y probablemente en la europea que mira con interés y preocupación hacia Euskal Herria- la idea de que «ETA ha tomado el control absoluto sobre la izquierda abertzale» y que «ha perdido la confianza en sus dirigentes y les ha cortado la iniciativa política que tenían prevista impulsar para este otoño», tal y como el medio mencionado escribía el pasado domingo. Poco importa que el mensaje dictado por Madrid esté plagado de desinformación y que, en el fondo e incluso en la forma, se contradiga a sí mismo. Otro ejemplo de ello podía observarse ayer mismo en la redacción de la noticia por parte de varios medios y agencias españolas, cuando apuntaban que los detenidos «habían mantenido reuniones en los últimos meses en relación a la propuesta política anunciada por Otegi y que la izquierda abertzale pretendía usar para volver a las instituciones presuntamente por medio de un distanciamiento de la violencia explícito». El lector notará, sin duda, que en el mismo párrafo incluyen los términos «propuesta política» e incluso «distanciamiento de la violencia explícito», lo cual daría pie a cualquier observador europeo a llevarse las manos a la cabeza -como así sucede, en realidad- al confirmar que en el Estado español se sigue deteniendo a políticos por hablar, según afirmaban ayer las citadas agencias y medios españoles, de tales cuestiones.

Contradicciones flagrantes

Es obvio que la ausencia de razón nunca ha detenido al Estado español, y que éste ha contado siempre con buenos adláteres también en Euskal Herria para tratar de diluir sin pudor deseos notoriamente mayoritarios de nuestra sociedad, sin importar a cambio de qué o a costa de qué. El Estado español sigue funcionando a golpe de obcecación, de obsesiones; en absoluto en términos de buscar y propiciar una fase democrática que desemboque en un proceso real de resolución. Y por ello afinan en su embrutecimiento la farsa, porque saben perfectamente que la izquierda abertzale está implicada precisamente en trabajar para que ese nuevo ciclo se instaure más pronto que tarde, tal y como han reiterado públicamente desde hace meses y meses los detenidos ayer por la Policía española.

La dicotomía es clara, y la decisión del Gobierno español de detener ayer a Arnaldo Otegi, Rufi Etxeberria, Rafa Díez y al resto de militantes independentistas lo plasma con más claridad que nunca: el Estado español no quiere que Euskal Herria avance hacia un proceso democrático que aborde las causas del conflicto y dé voz y decisión a la sociedad vasca sobre su futuro. De ahí que encarcele a quienes trabajan por ello. Luego, es obvio, vestirán la farsa al uso, como acostumbran.

¿Qué actitud adoptarán ahora quienes en Euskal Herria aceptan e incluso alimentan la farsa?

Aludamos de nuevo a la figura de los observadores europeos -reales, en cualquier caso- para constatar que son muchos quienes infieren de estas operaciones policiales que el Estado español, en realidad, no pretende sino alimentar y perpetuar el conflicto armado.

A esos mismos observadores debe constarle, incluso en estas horas, que es pública y notoria la apuesta de la izquierda abertzale por contraponer con más iniciativa política y responsabilidad la irresponsable estrategia del Gobierno español, porque eso es lo que realmente teme el Estado. Es en Euskal Herria donde puede darse la vuelta al conflicto para situarlo en el carril adecuado; es en Euskal Herria donde la sociedad y los distintos agentes, todos, deben estar a la altura de la situación.

En la cultura política española a los representantes políticos no se les pide honestidad, inteligencia o prudencia; a los políticos se les valora en términos de si son «duros» o «blandos». En Euskal Herria, debido en parte al grave conflicto que padece nuestro pueblo, a los políticos se les exige ante todo responsabilidad. Es posible que en el Gobierno español haya «duros» y «blandos», pero la operación deja claro que, en cualquier caso, quienes mandan son los irresponsables.