Reggio’s

No por esperadas, las cifras de paro registrado correspondientes al pasado enero suscitan menos preocupación. Vienen a representar que se añadieron casi siete mil personas diarias a las listas de desocupados, creciendo en la mayoría de comunidades autónomas y todos y cada uno de los sectores de actividad.

Quienes esperaban que los datos del Ministerio de Trabajo relativizaran o atenuaran la pésima radiografía transmitida el pasado viernes por la Encuesta de Población Activa (EPA) se han quedado sin argumentos para, entre otras cosas, secundar la tesis gubernamental de que el inmediato futuro será mejor. Aunque tampoco andan sobrados de fundamento quienes han aprovechado para decir que con semejantes tasas de paro no es momento de plantear una reforma del sistema de pensiones. Es verdad que revisar la edad de jubilación o modificar los criterios de cálculo de la cuantía difícilmente va a frenar la destrucción de empleo, pero que ésta persista tampoco va a aplazar los riesgos de desequilibrio que, a medio plazo, amenazan la protección social para el final de la vida activa.

Trazar pronósticos a veinte o veinticinco años puede sonar a ciencia ficción y muchas veces lo es. Quizás por eso muchos no acaban de tomarse en serio las voces que anuncian posibles problemas de sustentabilidad para el sistema público -obligatorio- de pensiones, allá por el año 2025. Pero es oportuno formularlas y, sin que la certeza esté asegurada, la previsión tiene en este caso bastante más fundamento que otras cuya solvencia no se suele cuestionar.

Lo primero que cabría considerar es que la reforma resulta necesaria por simple sentido común. El sistema fue diseñado con una expectativa vital distinta, tanto en años de actividad -cotización- como de supervivencia -percepción-, por no mencionar otros factores. Cuestión distinta es el diseño, alcance y profundidad de los cambios: es precisamente lo que toca discutir -ya tardan-, aun discrepando de cálculos-base que admiten más de una hipótesis.

El primer dato cierto -muy relevante- es la práctica certeza de cuántas personas van a jubilarse cada uno de los próximos veinte años. Otro, casi exacto, es el promedio de supervivencia y por tanto el tiempo durante el cual tendrán derecho a percibir la prestación. Bastante aproximado también es el cálculo numérico de la población potencialmente activa en cada periodo: esto es, el número de cotizantes por perceptor. Pero existen otros que, aunque determinantes, no es tan fácil aproximar.

Uno importante, sin duda, es la tasa de paro que vaya a coexistir en cada momento con la evolución de la pirámide de edad. Pero no importará menos lo que ocurra con la inmigración. Se puede antojar poco probable que se repita un proceso como el vivido la última década, pero nada lo garantiza y sólo hace falta retrotraerse a los cálculos demográficos que realizaba el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el 2000, comparándolos con lo que ha ocurrido después: en ningún sitio aparecía como hipótesis que la población rondara 47 millones de habitantes en el 2010.

Frente a esas evidencias, enrocarse en la inamovilidad de lo conquistado puede acabar siendo la mejor forma de precipitar lo peor. A lo mejor, una forma de abordar los cambios y, de paso, propiciar algún consenso podría ser introducir las reformas con grados de voluntariedad o flexibilidad. Permitiría, llegado el caso, graduar su aplicación dependiendo de cómo evolucionen parámetros que se perciben inciertos: tasas de paro e inmigración.

El ejemplo de la edad de jubilación, cuya extensión ha puesto el Gobierno sobre la mesa, puede valer. En cierta medida, ya existen opciones para anticipar individual y voluntariamente el momento del retiro bajo determinadas condiciones y sería cuestión de aplicar algo parecido, a ser posible más contundente, a quienes quisieran posponerlo respecto de la fecha legal.

Aunque sirva para alimentar las imputaciones de perverso neoliberalismo, el simple sentido práctico sugiere avanzar por ahí. Legiones de jubilados no van a poder ser mantenidas como ahora por decrecientes batallones de activos, y no estaría de más aprovechar que muchos forzados a retirarse se lamentan de ello y estarían encantados de poder seguir activos algunos años más.

Claro que para ello no sólo hacen falta incentivos legales: también es preciso que la cultura empresarial, pero también la institucional o la política, cambien y tanto gestores como dirigentes -algunos, por cierto, sexagenarios- dejen de estar obsesionados con el rejuvenecimiento de todo cuanto encabezan… sin el menor rubor por autoexcluirse de tal consideración.

Aunque le ha costado, el Gobierno parece haber decidido acometer la senda reformista en estos primeros meses del 2010. Sabido es que ha elegido la ley de Economía Sostenible como ingrediente central, pero al margen de ella va camino de plantear modificaciones en aspectos sustanciales, tales que el sistema público de pensiones o el mercado laboral. En ambos casos, tomando la delantera a los foros organizados para abordarlas: respectivamente, el Pacto de Toledo y la mesa de diálogo social. Habrá que ver qué medidas propone y cómo se reciben en general.

Haciendo válido el principio de que vale más tarde que nunca, suena positivo dejar de lado la aparente insensibilidad, si se prefiere pereza, con que se venía posponiendo afrontar asuntos cuya puesta al día es capital. Lo vienen diciendo, desde hace tiempo, tanto los expertos domésticos como los organismos internacionales más reputados, habiendo sido por ello descalificados más de una vez. Pero la realidad es tozuda y finalmente no queda otro remedio que admitir que el coste de las pensiones va camino de ser un lastre insoportable para la economía, y que algo no funciona en el mercado laboral para que el paro no baje del 9 por ciento en épocas prósperas y se dispare exponencialmente en tiempos de dificultad.

El miedo a las reformas parece consustancial, pero no está del todo avalado por la experiencia, porque la sociedad ha demostrado mayor capacidad de asumirlas de la que los responsables políticos -y no sólo ellos- le suelen atribuir. Se acostumbra a olvidar que el rechazo se hace sobre todo patente cuando no media el esfuerzo didáctico de plantearlas a partir de una exposición clara, sincera y creíble de cuál es la situación real, junto a las alternativas posibles a considerar. Incluso cuando, como puede ser el caso de las pensiones, toca elegir algo que pueda considerarse mal menor.

Lógicamente, el esfuerzo esencial ha de corresponder al Gobierno. Suya es la principal responsabilidad para, además de plantear las medidas adecuadas, conseguir que los ciudadanos comprendan y asuman que es necesario cambiar algo para que el futuro no sea igual. Aunque no estará de más que otros renuncien al oportunismo… no sólo desde las filas de la oposición.

Las líneas ferroviarias de alta velocidad llevan años declaradas elemento sustancial de la integración europea. También son aquí, en España, una clara prioridad de los sucesivos gobiernos, incluido el actual. Pero si lo segundo se va plasmando en kilómetros y rutas en servicio, lo primero sigue en algunos casos concretos pendiente de demostrar. Un buen ejemplo es la realidad de la ansiada aspiración catalana de enlazar con París y el resto de capitales centroeuropeas mediante tren veloz.

La enésima revisión de plazos ha situado la puesta en servicio del tramo entre Barcelona y la frontera pirenaica antes del final del 2012, pero todo parece indicar que durante bastantes años la cosa terminará ahí: más concretamente en la localidad francesa de Perpiñán, por cierto gracias a que España ha contribuido básicamente a la construcción de varias decenas de kilómetros de trazado en territorio galo.

El esfuerzo, sin embargo, no tiene contrapartida del lado francés. Extender la actual línea del TGV sudeste hasta enlazar con la española no ha pasado de tener un calendario virtual y no parece creíble que se materialice antes del 2020 o el 2025, según las últimas declaraciones de responsables del Gobierno de París, dependiendo no se sabe muy bien de qué.

Las ansias de viajar en tren veloz más allá de los Pirineos parece, por tanto, que deberán esperar. Lo construido más allá de Girona, con la complejidad y los costes que ha comportado salvar la cordillera fronteriza, ¿servirá de algo los próximos años? Da la sensación de que no.

No parece que Francia derroche voluntad de ser consecuente con el compromiso europeo de interconectar las grandes áreas urbanas mediante trenes de alta velocidad; al menos hacia el sur, porque lo referido al otro enlace previsto, la conexión del TGV atlántico con la futura Y vasca, discurre en mayor indefinición.

Semejante escenario induce diversas lecturas, ninguna de ellas favorable a los criterios de planificación supuestamente coordinada entre los dos países. Quizás algunas urgencias inversoras anden sobradas de precipitación.

En todo caso, tampoco estará de más relativizar la incidencia futura de la infraestructura. Está bastante admitido que el uso del tren de alta velocidad como alternativa sostenible al avión difícilmente supera el listón de las tres-cuatro horas de recorrido o, dicho de otra manera, distancias entre 500 y 750 kilómetros. Teniendo en cuenta que París y Barcelona están separadas por algo más de 1.000 kilómetros, a lo mejor es oportuno reflexionar un poco más.

Las estadísticas han confirmado el pronóstico: 2009 ha sido mal año para el turismo español. El número de visitantes ha retrocedido a niveles de 2003, lejos del récord de 2007 -seis millones más- y la temporada se ha medio salvado gracias al mercado doméstico, lógicamente más sensible y con mayor capacidad de respuesta a la estrategia de descuentos extendida en el sector. Los datos, en cualquier caso, han suscitado preocupación, aunque no sean del todo fáciles de interpretar.

La duda esencial es relevante: los extranjeros, ¿no vienen porque no pueden ó es porque no quieren y eligen viajar a otros destinos? Probablemente, se dan los dos supuestos: no está claro en qué proporción.

Es indudable que cuando la crisis económica aprieta el ocio, los viajes y las vacaciones están entre las primeras cosas que cualquiera tiende a suprimir, o al menos recortar. Y no es ningún secreto la difícil coyuntura que el año pasado han atravesado economías como Alemania, Reino Unido o Francia, de donde procede la mayor parte de los flujos turísticos hacia España. Pero, ¿es todo? Probablemente, no.

Buena parte del magma turístico ha reaccionado al retroceso de la demanda, bajando precios y mejorando prestaciones; es decir, dando más a cambio de menos. Ha sido muy claro en el ámbito hotelero, pero no tanto en otros, con bares y restaurantes en primer lugar. La respuesta, no obstante, ha distado de ser suficiente para mantener los niveles de actividad y ocupación. Pero tampoco se puede pasar por alto que no todo está en manos del propio sector.

Hace tiempo que en torno al turismo se debate hasta qué punto o en qué medida se han transformado los hábitos y preferencias, y en qué medida la oferta española ha respondido a esos cambios. La evidencia de una demanda muy segmentada y una oferta más variopinta de lo que suele argumentarse hacen difícil cualquier conclusión.

No es ningún secreto que la promoción turística está fragmentada desde bastante antes de que el Estado de las Autonomías se empezase a consolidar. La incursión de los destinos españoles en los mercados internacionales ha sido más micro que macro desde tiempo inmemorial. Y a lo mejor no queda otro remedio que sea así, pero quizás valiese la pena un poco de reflexión frente a un hecho incontrovertible: la percepción fuera de nuestras fronteras es más de país que de enclave. Por decirlo de otra manera, quien resulta defraudado de una estancia en Mallorca, difícilmente elegirá para sus próximas vacaciones una localidad de la Costa del Sol. O quien sale malparado de un fin de semana en Barcelona, es poco probable que decida contratar una estancia de un par de días en Madrid.

Y en todo eso no sólo cuenta la relación entre calidad y precio de los establecimientos turísticos (hoteles, bares, restaurantes, etc.), también es capital el funcionamiento de los servicios, comenzando por el transporte aéreo y acabando en cualquiera de los que uno utiliza, en condiciones normales, cuando decide visitar otro país. Un ámbito en el que, por mucho que se haya hecho, es todavía más lo que resta por acometer.

No ha sido frecuente, pero la evidencia de que se trata de una décima parte del Producto Interior Bruto (PIB), soportando un porcentaje algo superior del empleo y siendo un aporte importante a la balanza de pagos, influye sin duda para que, a ser posible, el turismo impulse algo más que preocupación.

Pocas cosas hay tan delicadas como el prestigio, sea cual sea su ámbito de implantación. Tejerlo cuesta tiempo, constancia y esfuerzos. Perderlo resulta más fácil: a veces, basta una torpeza o el simple descuido de no tener en cuenta qué tiene de sólido y cuánto de añadido circunstancial. Ocurre, además, que a menudo no pasa de ser comparativo: se tiene más o menos que los demás. Y lo mismo puede decirse de un atributo asociado: la credibilidad.

Estos días se ha instalado como políticamente correcto cerrar filas en torno al ejercicio de la presidencia semestral de la Unión Europea (UE) por entender, con fundamento, que España se juega bastante, siquiera frente al resto de socios comunitarios. Pero ¿cuál debe ser el alcance de ese cierre de filas? No es seguro que deba suponer aquiescencia, guardando las críticas u objeciones para después. No sólo, aunque también, por la sensación de que el Gobierno parece haber decidido ir por libre, con sus propias ocurrencias, antes que con un planteamiento discutido y más o menos consensuado con los demás. Conviene tener presente, antes que otra cosa, que los atributos ganados o perdidos con el ejercicio de esta presidencia trascenderán sus más directos protagonistas: se extenderán al conjunto del país.

¿Hay motivos para cuando menos sentir inquietud? Puede que los haya, a la vista de cómo se están acogiendo algunos pronunciamientos iniciales del Ejecutivo, tales que el proclamado propósito de llenar de soluciones la agenda de asuntos problemáticos y complejos que Europa tiene planteada desde hace décadas. O la curiosa pretensión de liderar la vuelta al crecimiento de las economías comunitarias desde una de las pocas que cerró el 2009 en recesión, ¿impartiendo lecciones y proporcionando recetas a las que ya están volviendo a crecer? Por no hablar de lo más reciente: la idea de introducir fórmulas -parece que no sanciones- para que los estados observen o cumplan los principios de política económica común.

Apenas nadie, más allá de Gobierno & Asociados, parece haber acogido con algo parecido a entusiasmo nada de lo anterior. Reputados diarios europeos, poco disimuladamente inspirados desde cancillerías, han dedicado las últimas semanas irónicos textos a España, su Gobierno y el presidente Rodríguez Zapatero. Incluso el Gobierno alemán ha querido salir oficialmente al paso de la última idea, dejando claro que jamás respaldará algo que -entiende- va contra el espíritu del recién alumbrado Tratado de Lisboa. ¿Alguien esperaba otra cosa?

Detalles concretos al margen, valdría la pena no confundir los planos doméstico y exterior del desempeño político. Lo que puede convenir -caso que lo haga- alardear en términos de opinión pública propia, corre el riesgo de resultar como mínimo contraproducente cuando se traslada al terreno supranacional. Ha ocurrido otras veces y, vista la experiencia, se debería evitar.

Suele ser importante en todo caso, pero aún lo es más cuando atañe a un país cuya economía está fuertemente entrelazada al crédito exterior.

Oficialmente, hoy será el primer día, pero ¿lo será de verdad? Conforme a ley, este 7 de enero es la fecha en que el comercio puede empezar a ofrecer a sus clientes productos a precio rebajado, aunque a decir verdad viene haciéndolo desde hace meses, prácticamente durante todo el último año, tratando de paliar una reticencia bastante generalizada a consumir lo que no sea esencial. Cuestión distinta es que el empeño normativo de las administraciones obligue a llamar de otra manera -ofertas, promociones, regalos, descuentos…- lo que en realidad no es más que reducir el precio que debe pagar el consumidor.

La caída del consumo es consecuencia y causa de la crisis actual. Determinar dónde radica la prevalencia viene a ser algo así como el secular empeño -tenido por imposible- en resolver el dilema entre huevo y gallina: la correlación resulta diáfana, aunque nunca haya quedado claro qué surgió antes y qué después.

Tan pronto como se afianza el convencimiento de que las cosas van a peor en lo económico, el ciudadano aprieta el bolsillo y se retrae o priva de gastar en lo que no considera esencial o ve prescindible, siquiera de forma temporal. Unos se ven forzados a ello porque han perdido su trabajo o mermado sus ingresos; otros, bastantes más, se ven amenazados por esa posibilidad y optan por la precaución. El resultado es que muchos negocios pasan a vender menos y, acto seguido, no tienen otro remedio que reducir dimensión -esto es, empleo- o, en último extremo, desaparecer. Lo que a su vez incrementa el número de personas sin capacidad de gasto efectivo, pero también la propensión de los demás a no gastar.

Ante semejante escenario, sectores y actividades afectados optan por hacer sus productos más asequibles, sea reduciendo costes de producción o acortando márgenes, de forma que puedan ofrecer a los consumidores una relación más optimizada entre lo que cobran y lo que dan. En una palabra: rebajar.

El celo administrativo, empero, obliga a que no todos puedan hacerlo con el mismo grado de transparencia. El comercio minorista ha de agudizar el ingenio para evitar caer en el corsé normativo impuesto a la figura. Otros pueden hacerlo, sin más. Entre estos últimos se pueden destacar dos de consumo muy extendido: automóvil y turismo-ocio.

Cualquiera sabe que, desde hace tiempo, comprar un coche es más barato que doce o más meses atrás; ello dejando aparte las ayudas para supuestos muy determinados y bastante restrictivos que han establecido las administraciones. No sólo las distintas marcas ofrecen toda suerte de bonificaciones y regalos para la adquisición de la mayoría de modelos, sino que los concesionarios, en tanto que vendedores directos, compiten entre sí mejorando las ofertas de las marcas y a menudo primando las valoraciones del coche habitualmente entregado por el comprador.

Algo semejante viene caracterizando actividades relacionadas con turismo-ocio. Los hoteles modulan hace tiempo sus tarifas en función de las expectativas de ocupación, de modo que una misma habitación, en un mismo establecimiento, puede tener precios sensiblemente distintos para cada día de la semana. Y las compañías aéreas hacen otro tanto: volar de un punto a otro en una misma compañía puede costar de una a diez veces, dependiendo de la hora o el momento que se elija volar.

A lo mejor tiene sentido que unas actividades puedan recurrir sin trabas a las rebajas como estrategia para afrontar la caída de la demanda, mientras otras han de disimular que lo hacen para esquivar la vigilancia de la Administración. Si lo tiene, valdrá la pena explicarlo para que quede claro. Si no, sería hora de revisar una asimetría que, en el fondo, no cambia la realidad.

El alargamiento de la esperanza de vida es de esas cuestiones que tiene al mismo tiempo cara y cruz. Es positiva, en tanto pospone el trance inevitable de la muerte, pero comporta importantes problemas que el conjunto de las sociedades desarrolladas -las otras tienen otras urgencias- no acaba de tener claro cómo abordar. Estos días se ha conocido que la media de supervivencia ha subido en España a los 81 años (84 para las mujeres, 78 para los hombres) y que quienes logran superar los 65 años viven de media otros veinte más.

En el reverso suele citarse la incierta sostenibilidad de los sistemas de protección: en primer lugar, las pensiones de jubilación, pero no menos los costes que acarrea para el sistema sanitario. No es lo único. Se ha añadido todo lo relativo a la dependencia, con su vertiente asistencial, de una parte, aunque también con otras menos citadas, como los obstáculos a la movilidad y el acceso a multitud de servicios, espacios de ocio y un largo etcétera de actividades. Y apenas se menciona un enfoque más global: ¿qué hacer cada uno con esas dos o más décadas de vida laboralmente inactiva? y, desde otra óptica, ¿cómo mantener a los mayores de alguna manera insertados en la sociedad? Dicho esto último de otra forma: ¿cómo evitar someterlos a exclusión total o parcial?

La cuestión tiene múltiples aristas. Una, muy trascendente, es la que atañe a la calidad de esa prolongada vida en términos de salud.

Basta repasar la estadística para concluir que una mayoría de personas que supera los 65-70 años está aquejada de algún tipo de dolencia o enfermedad crónica, que la medicina moderna no cura, pero es capaz de paliar sus efectos y reducir el grado de mortalidad. Es decir, más que vivir sanos hace posible sobrevivir enfermos, con distintos niveles de gravedad. Algo que, entre otras cosas, obliga a una asistencia sanitaria específica. La duda crucial es si el modelo actual está debida y suficientemente preparado para afrontarlo.

La experiencia sugiere que no. Falta, por descontado, cobertura presupuestaria, pero probablemente no es lo único. No menos se aprecian carencias de disponibilidad de personal e instalaciones especializadas, no ya para atender a un colectivo que suma ya alrededor de siete millones en España, sino para los que se van a ir añadiendo en años venideros. Basta examinar con un poco de detenimiento la estructura de la pirámide de población.

El desajuste presupuestario se percibe claro. La correlación entre contribuyentes al sistema fiscal -Hacienda y Seguridad Social- y perceptores de prestaciones tenderá a reducirse de forma notable en la próxima década, con un punto crítico que los expertos sitúan entre 2020 y 2025. Sólo que también puede apreciarse en la insuficiente configuración de ese cuarto sector, del que tanto se habla y tan poco se resuelve, con más voluntarismo teórico que ejecución.

Por sorprendente que pueda resultar, es una más de las omisiones en que incurre el anteproyecto de ley de Economía Sostenible que el Gobierno acaba de presentar. No sólo, aunque también, porque no abordarlo resta crédito a los propósitos expresados en materia de equilibrio de las cuentas públicas -que no es precisamente poco-, sino porque no contempla la difícil sostenibilidad de un modelo productivo, cualquiera que finalmente sea, con una población activa camino de reducirse de forma apreciable los próximos años.

Más de un experto sugiere que el verdadero cambio en el patrón de crecimiento de la economía española sólo surgirá de trabajar más y producir mejor. Pero seguramente cabría añadir que tanto o más necesario será que los activos sean más de los que ahora mismo parece que van a ser. Quizás por ello, valga la pena considerar si una de las cosas a modificar o tener en cuenta debe ser buscar modos de que la sociedad sea capaz de mantener integrados a quienes, pese a haber superado esa edad convencional de retiro, elevada poco menos que a categoría de derecho obligatorio, quieren y pueden seguir contribuyendo a la prosperidad colectiva… un poco más.

Como suele suceder camino del final de cada año, estos días abundan los pronósticos sobre el ejercicio a punto de comenzar. Los hay de todo tipo y referidos a muchas cuestiones, pero en esta ocasión capturan mayor interés los que se refieren a la tasa de crecimiento de la economía y la evolución del paro, como es obvio estrechamente vinculados entre sí. Y la verdad es que, dejando aparte al Gobierno, la mayoría no lo pinta precisamente bien.

Sin duda, el oficio de pronosticador no tiene últimamente buen cartel. Sólo hace falta releer lo que predominaba en análisis y vaticinios, no ya antes de empezar a manifestarse la crisis, sino incluso cuando los primeros síntomas ya habían aparecido, comenzando por los servicios de estudios y acabando por la agencias de calificación. Y qué decir de los gobiernos: unos más que otros, la mayoría se mantuvo durante meses en la tesis oficial de que la cosa no iba a pasar de leve chubasco, hasta que no quedó más remedio que reconocer que el mundo estaba inmerso en una dura y prolongada tempestad.

Inevitablemente, sin embargo, el vaticinio forma parte de eso que es necesario para desenvolverse, sea desde un puesto de responsabilidad empresarial o para cualquier ciudadano común. El empresario o el gestor no tienen más remedio que tratar de anticipar el futuro. El consumidor individual, por su parte, no puede y probablemente no debe sustraerse de sus propias expectativas cada vez que se plantea invertir o simplemente gastar. De ahí que la incertidumbre sea el peor de los escenarios, por lo que comporta de tendencia a la paralización.

El problema sustancial es responder a una simple duda: ¿a quién creer?, ¿a los expertos, que coinciden en pintar un panorama entre muy gris y totalmente negro para los próximos doce meses?, ¿al Gobierno, que asegura tener suficientes indicios de que está muy próxima la recuperación?

Decantarse no es fácil. Los analistas profesionales han dado sobradas muestras de no ser infalibles, además de constatar que se abonan con facilidad a la ola dominante: cuando toca ser optimista, se abre una especie de carrera para ver quién lo es más; por el contrario, cuando la inclinación es pesimista, se instala una especie de pugna para brindar el pronóstico peor. Mientras, el Gobierno, parece imbuido de una suerte de convicción de que su mensaje en clave positiva actuará como ingrediente contributivo a que las cosas vayan mejor. (De la oposición, mejor no hablar.)

Seguramente por todo ello, se aprecia una marcada tendencia a la inhibición. En términos generales, el consumidor elige esperar y ver, limitando sus desembolsos a lo que no puede o quiere demorar. ¿Incluso en Navidad?

Ciertamente, la crisis sólo ha impactado de forma directa en ese millón largo de personas que ha perdido su empleo en los doce últimos meses, pero otros, aunque no se sepa cuántos, han visto reducidos sus ingresos en forma de bonus, participación en beneficios, primas y demás fórmulas incentivas. Y bastantes más contemplan en su actividad cotidiana cómo la empresa en la que trabajan está perdiendo ventas, clientes y, en definitiva facturación; todo un anticipo de posibles recortes de plantilla o retribución.

Todo eso, no hace falta decirlo, es mucho más decisivo que la profusión de mensajes, optimistas o pesimistas, que unos y otros se empeñan estos días en lanzar como anticipo de lo que creen o les interesa que vaya a ocurrir en el 2010.

Tímidamente, la transposición de la directiva europea de servicios sigue avanzando en el Parlamento español. La nueva normativa debería entrar en vigor antes del próximo 28 de diciembre, pero a estas alturas está claro que el plazo marcado se incumplirá. Una consecuencia es el riesgo de que España acabe condenada en el Tribunal de Justicia comunitario, pero aún más importante es que se pospongan los efectos, presumidamente beneficiosos, de introducir su espíritu liberalizador e incentivador de mayor competencia en un conjunto de actividades que suman algo más de la mitad del Producto Interior Bruto (PIB).

La estimación de la Comisión Nacional de Competencia (CNC) sobre las normas ya remitidas por el Gobierno a las cámaras legislativas es por lo general crítica: entiende que las reformas se quedan cortas, con excesiva pervivencia de estatus contrarios a lo dispuesto por la norma comunitaria, pero algo de cambio reseñable deben introducir, teniendo en cuenta la airada reacción de varios colectivos afectados: el más apreciable, los profesionales del taxi, entre otros lugares en la ciudad de Madrid. Menos ambiciosa parece ser la reforma de la ley de Ordenación del Comercio Minorista, no sólo por el contundente veredicto de la CNC, cuanto porque no da la sensación de haber suscitado movimientos en contra. Y ya se sabe que un cambio de reglas de juego que no provoca protesta… es que tiende a dejar todo demasiado igual.

Más allá del alcance de las reformas que acaben introducidas, cabe señalar lo que suele ocurrir en cada proceso de transposición de las directivas fijadas por el Parlamento Europeo y la Comisión. En el caso concreto de la denominada Bolkestein o de servicios, se dio a los Estados miembros un plazo de tres años para incorporar sus directrices a la legislación nacional. Pero, como es habitual, ha sido insuficiente, porque prácticamente nada va a entrar en vigor en la fecha marcada. Sin que pueda o deba servir de consuelo que ocurra otro tanto en buena parte de los países de la Unión.

La reflexión obligada es que muchos gobiernos y grupos políticos hacen constante gala de encendido europeísmo, con claros tintes de apoyo a la configuración del mercado interior y la liberalización de la economía, pero luego sucumben en casa a las presiones gremiales y el miedo a perder voto entre los colectivos presuntamente afectados. O, lo que es igual o peor, padecen una incapacidad burocrática para producir las leyes y someterlas a debate parlamentario en tiempo y forma.

Normalmente, conforme al acervo comunitario, corresponde a la Comisión Europea instar procedimiento de infracción a los estados que incumplen los plazos de transposición o la llevan a cabo de forma incompleta, defectuosa o en todo caso no acorde con lo dispuesto. En esta ocasión -directiva de servicios-, sin embargo, se ha introducido como innovación la potestad de cada país para promover ante el Tribunal de Justicia Europeo la causa por no aplicación de la norma. Una innovación que sugiere la profusión de demandas, de unos Estados contra otros… o no.

No por esperado deja de ser menos ilustrativo que Abu Dabi haya decidido acudir en apoyo de la deteriorada posición de su vecino Dubái en los mercados financieros. El pequeño país del Golfo Pérsico, con aspiraciones de haberse convertido en centro financiero global y destino turístico de ultralujo, tuvo que anunciar hace un par de semanas el impago de una parte de sus deudas y la apertura de negociaciones con los acreedores, ahogado por el lastre de una expansión un tanto faraónica que, a diferencia del resto de países del área, no dispone del soporte petrolífero y tiene su economía tan expuesta como cualquiera a las derivaciones de la crisis total.

El soporte prestado por el Estado petrolero ha calmado unos mercados que llevan tiempo inmersos en una crisis de desconfianza muy aguda, que induce la reaparición del miedo ante cualquier alteración. El socorro que ha requerido Dubái no es demasiado abultado, del orden de 10.000 millones de dólares, pero la coyuntura discurre propensa al nerviosismo, bajo el temor de que cualquier ejemplo de mora pueda ser seguido por varios más. Por eso, cuesta entender la displicencia con que algunos asumen la pérdida de calificación de los instrumentos de deuda estatal.

Es verdad que el caso del pequeño Estado del Golfo -también el de Grecia- tiene ciertas particularidades no extrapolables, pero una cosa son los paralelismos, o si se quiere las similitudes, y otra bien distinta que el mensaje de fondo no deba ser tomado en consideración.

La pérdida de solvencia del emirato, uno de los siete agrupados en torno al Golfo Pérsico, es una muestra más de que en el momento presente no hay nadie a salvo; tanto menos, cuanto más claros se perciban los desajustes o desequilibrios entre capacidad de generar riqueza y la carga financiera -deuda- que corresponde afrontar.

Tampoco sirve de mucho adherirse al juicio descalificatorio de las agencias de rating. Importa poco que lo merezcan o que su responsabilidad en la crisis esté entre las principales. Ni siquiera cuenta que hayan pasado de calificar con la máxima nota (AAA) cualquier cosa que se sometiera a su veredicto, a poco menos que aplicar rebaja a cuanto se emite en los mercados, en un descarado ejercicio de curarse en salud. Lo que sigue siendo relevante es que los inversores no disponen de elementos alternativos de juicio para discriminar dónde depositar sus fondos, en un escenario muy castigado, con una creciente presión de los Estados en busca de fondos con que financiar los déficits incurridos desde que el ciclo quebró.

No hay mucho más como referencia, en parte porque las pomposas proclamaciones de los sucesivos G-20 no han devenido en ninguna suerte de modificación, mucho menos sustitución, del papel desempeñado por esas agencias de calificación. Pero hace tiempo que cualquiera debería tener claro que las cosas… son como son.

El pasado sábado, más de un veterano rememoró el lejano 14 de diciembre de 1988, cuando los sindicatos lograron paralizar el país con una convocatoria de huelga general contra el Gobierno socialista encabezado por Felipe González. Un episodio que, a juicio de muchos analistas, marcó un antes y un después en la ejecutoria política de aquel gabinete y su presidente, no precisamente para bien.

El recuerdo venía probablemente a cuento por la notable movilización lograda por los líderes sindicales, en principio contra el comportamiento de los empresarios frente a la crisis, pero también a modo de aviso al Ejecutivo, por si decidiera salirse de la hoja de ruta que claramente parecen haberle marcado para cualquier eventual reforma del mercado de trabajo.

Abundan los analistas convencidos de que evitar una huelga general es el principal empeño del presidente Rodríguez Zapatero y sus más próximos en la dirección del Partido Socialista. Habría, pues, una relativa asunción de esa línea roja marcada por los sindicatos en la no concretada, pero sugerida, reforma de las normas laborales que algún miembro del equipo gubernamental empieza a asumir como planteable en la primera mitad del 2010.

Si tal presunción es cierta -datos lo apuntan-, cabe preguntar qué margen de maniobra existe para introducir cambios en las reglas que rigen aspectos tan relevantes como contratación, negociación colectiva y demás. Lo que vienen declarando al respecto los máximos dirigentes de UGT y CCOO, junto a la poco o nada matizada aquiescencia de varios miembros del Gobierno, viene a descartar cualquier cosa que no sea dejarlo todo prácticamente igual.

Tal como están las cosas -mal-, probablemente convenga pensar que el diálogo en la pertinente mesa negociadora va a discurrir distinto o más allá de lo hasta ahora escenificado por unos y otros. Si no, las cosas difícilmente dejarán de empeorar.

El tozudo avance de la crisis está provocando, entre otras cosas, que algunos mitos dejen de serlo o, visto de otra forma, determinadas seguridades están dejando de ser válidas, porque la realidad está siendo más como se temía que del estilo de la que se esperaba. Algo de eso está empezando a hacerse patente en torno al euro y el grado de protección que otorga a las economías asociadas a él.

Vale la pena recordar que, en los albores de la moneda única, los analistas más escépticos, en su mayoría sajones, acuñaron el desafortunado apelativo PIGGS para referirse a los países del sur de Europa a los que no concedían capacidad para ordenar sus finanzas públicas y consideraban seria amenaza para la nueva divisa, por lo que entrañarían de factor de inestabilidad. Llegaban incluso a recomendar su inadmisión en el primer grupo de países de la zona monetaria unificada.

La realidad, como es sabido, discurrió de forma distinta, pues fueron las dos economías tenidas por más serias, Francia y Alemania, las que incurrieron de forma palpable en incumplimiento de los límites fijados en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), impuesto precisamente desde el Bundesbank. Los meridionales, en cambio, se atuvieron escrupulosamente al compromiso, unos más que otros, sin que nadie trasladase a los transgresores la despectiva denominación.

El escenario presente, sin embargo, amenaza con recuperar viejos temores de que algunas economías de la eurozona introduzcan factores de inestabilidad en la moneda común. No sólo de parte de los rotulados PIGGS, aunque también. La primera señal de alarma ha surgido en Grecia, pero no hay que descartar que sigan otras: en términos generales, las de todos aquellos países que proyectan una progresión acelerada de sus déficits y endeudamiento en los dos o tres próximos años, entre los que figura lamentablemente España, con el poco halagador hito de presentar el mayor crecimiento relativo de su deuda viva entre el 2008 y lo previsto para el 2011.

Por malparado que esté su prestigio, hay que admitir que los mercados siguen haciendo relativo caso al veredicto de las agencias de calificación. Y éstas, en contra de lo sostenido por muchos, han comenzado a calificar las emisiones de deuda de los Estados, más en función de las expectativas de sus respectivas economías que atendiendo a la divisa en que aquéllas están denominadas. Es decir, la deuda en euros empieza a estar seriamente discriminada, según el país. Luego no parece que el sesgo de política aplicada en cada Estado vaya a ser tan neutral como algunos se han empeñado en patrocinar.

Las consecuencias son evidentes. A medida que la calificación de la deuda empeora, crecen las dificultades para colocarla entre los inversores y ello conduce a tener que incrementar los costes de retribución. En el mejor de los casos, por tanto, el servicio de la deuda se multiplica… y, en el peor, tampoco se pueden descartar dificultades para obtener recursos. Todo, en definitiva, añadiendo dificultades para la reducción del déficit y la recuperación.

De alguna manera, en un sentido más amplio, habrá que admitir que la crisis va camino de situar al euro frente a la difícil prueba -¿su hora de la verdad?- de constatar si puede resultar viable el esquema de gestión de que se ha dotado: un único estamento autónomo de decisión en materia monetaria y dieciséis -por ahora- para determinar otras tantas políticas en materia económico-fiscal.