Reggio’s

Existen ciertos indicios de que el clima político de nuestro país se está degradando, sin que sepamos adónde podría llegarse. Algunos empiezan a hablar de crisis política en toda regla (como ha hecho aquí Javier Pérez Royo), que vendría a añadirse a la económica dificultando su salida todavía más. Pero de momento no parece que hayamos llegado hasta ese punto, si entendemos por crisis política la ruptura de las alianzas dominantes y la suspensión de las reglas de juego. Y aquí no se ha llegado todavía hasta ese punto. O mejor dicho, sólo hemos alcanzado el estado de crisis en materia económica, donde la situación resulta en efecto excepcional, lo que ha obligado al Gobierno a tratar de modificar por consenso las reglas de juego alcanzando pactos inéditos en materia tanto laboral y de pensiones como presupuestaria y fiscal. Es verdad que los pactos que se anuncian están muy alejados del gran compromiso nacional que se requiere para compartir colectivamente los ingentes sacrificios necesarios para salir de la crisis. Pero por minimalista que parezca, bienvenido sea ese consenso incipiente, si logra invertir la crispada trayectoria de confrontación bipolar que hasta ahora enfrentaba al Gobierno y la oposición.

De modo que bien puede pensarse que las reglas del juego están cambiando, y no en sentido crítico sino para bien. ¿Quiere esto decir que se aleja la perspectiva de crisis política contra la que nos alertaba Pérez Royo? Es posible que ahora mismo la crisis ya no resulte tan inminente. Pero a medio plazo, los malos augurios que apuntan hacia un clima de crisis parecen ciertamente ominosos, dado el probable desarrollo del calendario electoral y sobre todo judicial que se abre ante nosotros. Es a este horizonte tan sombrío al que pretendo señalar, cuando hablo de una cierta deriva hacia la degradación.

¿A qué califico de degradante? Ante todo me refiero a los constantes titubeos y rectificaciones que están dando los principales protagonistas del debate público, como si hubieran perdido los papeles incurriendo en flagrantes contradicciones. Los casos más clamorosos, en los que ni siquiera hace falta entrar, proceden del propio Gobierno, como es público y notorio. Pero los demás también rectifican y se contradicen. Como sucedió la semana pasada con la patronal, que lanzó a título provocador una propuesta de nuevo contrato juvenil ultraprecario, que de aplicarse todavía agudizaría más la denostada dualización laboral, para verse obligada al día siguiente a renunciar a su propuesta ante el abucheo general. Y algo parecido ocurrió con la oposición del PP, cuyo histriónico representante en la negociación del pacto económico reclamó una reforma centralizada de las cajas de ahorros en flagrante contradicción con sus barones autonómicos, que pugnan por mantener el control político territorial. Un problema éste que está bloqueando la salida de la crisis, en tanto que sabotea los intentos del Banco de España por racionalizar la insolvencia de las cajas de ahorros. Algo que aún hace más difícil el necesario ajuste del déficit público, en gran parte procedente de un descontrol autonómico imposible de atajar por parte de las impotentes autoridades estatales.

Pero más allá de esta deriva política hacia la parálisis, quizá lo más degradante de todo es el bochornoso espectáculo judicial, en el que casi cada semana se atenta contra los límites de la decencia, con nuevas vueltas de tuerca que rizan el rizo del más indigno sectarismo institucional. Y aquí destacan tres asuntos, quizá relacionados entre sí, que apuntan a un posible desenlace futuro de máxima degradación. Por una parte tenemos el reparto de cargos en el Poder Judicial, arreglado con descaro por el tráfico de influencias entre sus cliques corporativas. Después aparece la feroz cacería contra el juez Garzón, cuya independencia judicial le está siendo cercenada desde el alto tribunal tras la admisión de múltiples denuncias por prevaricación. Y por último surge la reedición a gran escala del caso Naseiro que se pretende hacer con el caso Gürtel, a fin de lograr que el PP salga otra vez indemne de la más ingente mancha de corrupción que pesa sobre él.

Una degradación tan destructiva para el prestigio de la Justicia española que no se sabe bien si tanto el revanchismo neofranquista como la vendetta contra Garzón no serán más que maniobras de distracción, en busca de coartadas con las que tapar el caso Gürtel. Algo que aún parece peor que la actual degradación italiana. Pues el escándalo Berlusconi es de mayor magnitud que el Gürtel, pero al menos allí es perseguido por la justicia, mientras que aquí la nuestra parece dispuesta a actuar de tapadera. Y ¿qué podrá esperarse de los ciudadanos llamados a las urnas, dado el ejemplo que les dan los jueces?

De nuevo estamos ante otro giro estratégico de Zapatero (que no es el único en improvisar, pues ahí están las eurodudas ante la crisis griega de Merkel et alia para demostrar que en todas partes cuecen habas). Si hasta hace poco su estrategia se fijó como objetivo de crisis garantizar la cohesión social mediante un pacto keynesiano con los sindicatos fundado en el gasto público deficitario (todo ello vendido con el marketing de la nueva Economía Sostenible), ahora, tras el jueves negro que hundió la bolsa española por efecto contagio del colapso griego, se ha visto obligado a dar marcha atrás con un brusco giro de 180 grados. Stop al gasto keynesiano deficitario y vía libre al ajuste duro presupuestario, como única forma de atajar la pérdida del crédito internacional, vitalmente necesario para poder refinanciar en los mercados externos el coste creciente de la deuda pública española.

Y ello tanto más cuando ahora el ciclo de tipos bajos de interés toca a su fin, tras la decisión de la FED estadounidense de volver a subir su tasa de descuento. Lo cual indica que ya se ha iniciado la segunda fase de la crisis financiera internacional. De 2007 a 2009 estábamos inmersos en la fase A, causada por el riesgo de impago de la deuda privada (hipotecas dudosas, fondos tóxicos, etc.): una fase que se resolvió inyectando liquidez con gasto keynesiano deficitario para sanear la deuda privada mediante planes de aval y rescate garantizados por los Tesoros nacionales. Pero ahora entramos en una nueva fase B, esta vez causada por el riesgo de impago de la deuda pública.

Es el nuevo riesgo de insolvencia soberana que afecta sobre todo a los países menos competitivos. Como España, que financió su boom inmobiliario con cargo al exterior, dada la barra libre que proporcionaba el euro con sus tipos de interés por debajo de nuestra tasa de inflación. Lo cual se venía a añadir además al ingreso gratuito de ingentes fondos estructurales y de cohesión, procedentes de las arcas europeas, alemanas especialmente. Pues bien, la fiesta del EuroMed ha terminado, y ahora toca apretarse el cinturón para aprender a trabajar con mayor competitividad y sin ayuda exterior, como único modo de pagar deudas saneando nuestras cuentas públicas y privadas.

Es verdad que el ajuste estructural que precisa la economía española no es tan duro como el de la griega, que amenaza con ser intervenida por las autoridades monetarias europeas. Pero si bien nuestro margen de maniobra es mayor, por lo que no hay tanta urgencia, lo cierto es que nuestro volumen económico también es incomparablemente superior (tras pasar de 12 millones de población activa a 22, absorbiendo cinco millones de mujeres y otros tantos de inmigrantes), pues también aquí puede decirse que el tamaño importa. Grecia puede ser eurizada (es decir, rescatada e intervenida por el EuroGrupo), pero no así España, que resulta demasiado grande tanto para poder rescatarla como para dejarla caer. Y en esa encrucijada, ¿qué podemos hacer?

Aquí es donde aparece la necesidad de proceder a acordar un gran pacto de Estado: unos nuevos planes de La Moncloa o quizás unos planes de La Zarzuela, como también se los podría llamar si el inquilino de La Moncloa demostrase no tener la suficiente capacidad de convicción como para negociarlos por sí solo. De momento, el presidente ha creado una comisión ministerial basada en el capital político del ministro de Fomento (¿para aprovechar su impulso ascendente o para neutralizarlo?) y presidida por la vicepresidenta que sedujo al Financial Times. Pero ¿será suficiente? Aquí es donde cabe recordar de nuevo la conveniencia de que el señor de La Moncloa, y no el de La Zarzuela, adopte la máxima de Almodóvar: hable con ellos, a ser posible de hombre a hombre, y tanto con los sindicatos como, sobre todo, con Rajoy.

Pero los precedentes son sombríos. El 14 de diciembre pasado (ominoso aniversario) fracasó la IVª Conferencia de Presidentes, convocada por La Moncloa para alcanzar un compromiso de lucha contra el desempleo. Un compromiso ofrecido por el Gobierno a última hora de la reunión que los barones territoriales del PP se negaron a asumir, encabezados por Esperanza Aguirre (”no nos responsabilizaremos con el Gobierno de España”). Lo cual sienta un pésimo precedente, si tenemos en cuenta que el ajuste estructural que precisamos pasa necesariamente por el ajuste autonómico. Por eso es de temer que ahora, con estos nuevos pactos de La Zarzuela que se proponen, suceda exactamente igual, si quienes tienen poder de veto (los barones territoriales no sólo del PP) se empeñan en hacerlos fracasar. Menos mal que, como dudoso consuelo, nos quedan los nacionalistas, prestos a salvar la solvencia de España ante la probable deserción de los españolistas.

I Have a Dream: es el título del más célebre discurso estadounidense del siglo XX, pronunciado por el líder del movimiento por los derechos civiles Martin Luther King en la marcha sobre Washington de 1963. Un sueño, el de conquistar la ciudadanía plena para la comunidad negra, que pareció cumplirse 45 años después, cuando Barack Obama fue elegido 44º presidente de Estados Unidos.

Al menos, así lo creímos muchos ciudadanos del mundo, y no sólo la mayoría de los estadounidenses, compartiendo durante un tiempo el ensueño político del Yes, we can, lo que nos permitió confiar en que su presidencia sería capaz de transformar su país y con ello también el planeta. Así lo expresé en estas páginas (El poder simbólico de Barack Obama, 12 de agosto de 2009), atribuyendo al primer presidente afroamericano, tras sus célebres discursos en El Cairo y Jerusalén, la capacidad de redefinir la realidad transformándola en consecuencia.

Pero quizá pequé de idealista, cayendo en el pensamiento mágico del Sésamo ábrete al confundir los deseos con la realidad. Pues ha sido esta última, la tozuda realidad, quien se ha encargado de pronunciar la última palabra, desmintiendo con su resistencia al cambio el poder transformador de la oratoria de Obama.

En efecto, sus palabras mágicas, por bellas e inspiradoras que fueran, no han sido capaces de cambiar la correlación de fuerzas en ningún lugar: ni en Irán, ni en Oriente Próximo, ni en Afganistán. Ni tampoco en Estados Unidos siquiera, como se ha demostrado con la reciente pérdida del escaño senatorial de Massachusetts del que dependía su mayoría cualificada, lo que ha supuesto la definitiva constatación del fracaso relativo de Obama. Es el amargo despertar del ensueño de Martin Luther King.

¿Cómo se puede explicar este fracaso? Dejando de lado otras posibles razones adicionales (seguidismo continuista de Bush, sumisión a Wall Street y al lobby israelí, declive del imperio estadounidense), me centraré en las tres que me parecen más decisivas o convincentes.

La primera empieza por constatar que el mito de Obama no fue más que un espejismo mediático propiciado por la conjunción planetaria de la prensa liberal (en sentido estadounidense), los efectos especiales de Hollywood, la galaxia viral de Internet y la moralina de Disneylandia. Pero si sólo fuera por estos ingredientes, típicos del marketing electoral y el storytelling político, no podría explicarse la magnitud del mito de Obama.

Por eso, para entender su verdadera dimensión hay que recurrir a un elemento adicional, que actuó como catalizador del

melting pot mediático para transformarlo en un crisol del que nació el mito de Obama. Y ese elemento adicional es la excepcionalidad imprevisible del propio Obama, un auténtico candidato imposible, de puro improbable y no convencional. Una especie de mesías laico, de superman alienígena o de mutación emergente cuya misma rareza imprevista le dotó de un carisma genuino imposible de batir (dada su “cantidad de información” o entropía negativa como medida de su improbabilidad estadística).

Por eso su irrupción por sorpresa como primer presidente negro en la Casa Blanca se convirtió en una excepción histórica, generando un acontecimiento mediático sin parangón con ningún otro imaginable. Así fue como la excepcionalidad del acontecimiento revistió al personaje que lo protagonizaba con poderes extraordinarios, generándose ese espejismo soñado que a todos nos encantó con sus poderes mágicos de flautista de Hamelin. Un ensueño en el que el mismo Obama pareció creer de buena fe.

Pero con el rodaje del personaje, la sorpresa inaugural se convirtió en previsible redundancia. De modo que al acostumbrarnos a él y dejar de sorprendernos, Obama fue perdiendo sus poderes paulatinamente, con lo que todos acabamos por despertar del ensueño cayendo en el desencanto. Un desencantamiento que ha terminado por despertar de su sueño al propio Obama, obligándole a reconocerse a sí mismo como un presidente más. De ahí su previsible discurso del estado de la Unión, en el que su oratoria ha renunciado al deseo voluntarista de transformar la realidad para plegarse a su imperiosa evidencia adaptándose a ella con humildad. Así, tras su despertar a la lucidez, el soñador visionario ha dejado paso al realista pragmático.

La segunda explicación, complementaria de la anterior, es la eficacia letal de la política destructiva practicada por la derecha mediática contra Obama y todo lo que éste representa, al que ha acabado por neutralizar erosionando su reputación hasta minar la confianza que los ciudadanos estadounidenses y globales habían depositado en él.

Es esa misma política mediática, basada en el escándalo político y el engaño masivo, a la que Manuel Castells ha dedicado el núcleo central de su último libro, Comunicación y poder, haciéndola responsable de la crisis de legitimidad democrática que está destruyendo la confianza pública en las instituciones. Es verdad que esta política mediática utiliza las mismas armas de storytelling y propaganda viral por Internet que también esgrimió Obama para ganar las elecciones y acceder al poder. Pero en este campo actúa una especie de ley de Gresham por la que la mala moneda siempre acaba por expulsar del mercado a la buena. Y eso es lo que ha ocurrido también esta vez, pues la buena imagen positiva que Obama se construyó ha terminado por sucumbir a la campaña negativa de deslegitimación y desacredita-ción emprendida contra él por los medios de Maxwell (News Corp.) y los think tanks neocon.

Sin embargo, la razón que me parece más plausible para entender el relativo fracaso de Obama es otra, derivada de la teoría propuesta por el premio Nobel Douglas North a la que se conoce como path dependence (dependencia de la senda). Esta hipótesis se basa en la persistencia temporal de las experiencias pretéritas que continúan predeterminando el presente con su momento de inercia, haciendo prácticamente imposible rectificar la trayectoria institucional recorrida.

Es lo que ha venido ocurriendo con los fallidos intentos de reformar la sanidad pública estadounidense, cuya tradición nunca ha sido universalista sino asistencial. De ahí el fracaso de Obama al tratar de universalizarla, que ha venido a sumarse a los anteriores fracasos de intentos previos como el de Clinton. Y es que, como ha demostrado Gösta Esping-Andersen (en su obra seminal Los tres mundos del Estado del bienestar), está en la naturaleza originaria del modelo liberal anglosajón, cuyo ejemplo más extremo representa desde su inicio Estados Unidos, el ser incompatible con la universalización de la protección social.

Algo semejante al fracaso cosechado por Zapatero con su intento de crear una red universal de servicios sociales previsto en la Ley de Dependencia, cuando esto es algo incompatible con el modelo familiarista español. En suma, el fracaso de Obama se debe no tanto a su propia excepcionalidad como al excepcionalismo de Estados Unidos, cuya trayectoria histórica hace imposible que puedan aplicarse allí con éxito las políticas socialdemócratas.

Y ello por la misma razón que es imposible erradicar la pena de muerte, no puede haber socialismo y nunca habrá verdadera integración racial, entre otras muestras perversas de dependencia de la senda. Lo cual condena al voluntarismo de Obama a la impotencia y a la melancolía.

Enrique Gil Calvo es profesor titular de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.

El seísmo bursátil que arrasó la economía en otoño de 2008, con epicentro en la falla de Lehman Brothers, acaba de tener otra réplica de magnitud comparable la semana pasada, cuando el sismógrafo de las Bolsas empezó a temblar con nuevo epicentro en la falla del Ibex 35, que cayó en picado, dilapidando la mitad de la recuperación lograda a lo largo del año pasado. Con ello retrocedemos al centro de la crisis cuando ya creíamos salir de ella, confirmando los agoreros pronósticos que anunciaban una recaída por los efectos de segunda ronda, derivados de la dificultad de financiar en los mercados externos el déficit estructural y la deuda soberana tanto pública como privada. Y, de nuevo, nuestro Gobierno ha sido el último en enterarse, pues su miope tardanza en advertir la inminencia de la crisis es algo que ya sucedió la primera vez. En la primavera de 2008, todos los observadores advirtieron al Gobierno de que se estaba formando una tormenta perfecta a punto de estallar. Pero Zapatero y sus ministros lo rechaza-ron negándose a reconocer la evidencia. Algo que tuvieron que hacer por fin al invierno siguiente, cuando la estampida del pánico financiero les obligó a ello. Pues bien, ahora ha ocurrido lo mismo.

Todos los observadores institucionales advertían al Gobierno sobre la necesidad de proceder a la reforma del sistema de pensiones, del mercado laboral y de la estructura del gasto público, como única forma de evitar el encarecimiento de la deuda externa. Pues de no hacerlo así, la desconfianza de los mercados en nuestra capacidad de pagarla elevaría la prima del riesgo-país. Pero de nuevo el Gobierno negó la mayor, y en lugar de reestructurar el gasto, se abrazó a los sindicatos para garantizarles que siempre respetaría su veto a las reformas estructurales. Y ante ese suicida inmovilismo, los mercados financieros acabaron por hartarse, dejando de confiar en una economía que parece incapaz de reestructurarse. El resultado ha sido la réplica del seísmo bursátil, ocupando esta vez España el foco iniciador a lo Lehman Brothers que antes desempeñaron Islandia, Irlanda o Grecia.

Todo lo cual ha obligado a Zapatero a reconocer la evidencia, aunque sea tardíamente. Igual que en 2008 tuvo que rectificar, asumiendo la crisis que hasta entonces negaba, ahora también ha tenido que hacerlo, para anunciar que abordará por fin la triple reforma estructural que los mercados y las instituciones supervisoras reclaman: el recorte del gasto público, la reforma del sistema de pensiones, a la que se oponen frontalmente los sindicatos, y la reforma laboral, que antes juró no abordar jamás. Pero lo que hace falta para convencer a los mercados son reformas estructurales de calado, y no meramente cosméticas como la mini reforma laboral presentada el viernes pasado. ¿Podría este Gobierno sacar adelante auténticas reformas como las que demandan los mercados? Los sindicatos ya han anunciado no sólo que se niegan a cooperar, sino que además van a hacer todo lo que esté en su mano por impedirlo. Lo cual deja al Gobierno inerme entre dos fuegos: los mercados que le exigen ajustes estructurales, so pena de elevar más aún el precio de la deuda española, y los sindicatos que lo impiden con su veto, so pena de paralizar la economía real con un rosario de movilizaciones preparatorias de otra huelga general.

¿Qué puede hacer el Gobierno para eludir esta doble trampa mortal? Con los mercados no se puede negociar, porque al ser una red acéfala, no hay nadie que los dirija ni pueda moverlos a razonar. En cambio, con los sindicatos sí se puede negociar, tratando no de vencerles sino de convencerles, haciéndoles entrar en razón. Así que el mejor consejo que cabe dar a Zapatero es el almodovariano “hable con ellos”. Sería suicida intentar doblegarles, pues eso despertaría sus reflejos numantinos, que destruirían tanto a Zapatero (que no llegaría vivo a 2012) como a los propios sindicatos (cuya débil afiliación les hace depender del Gobierno de turno). Pero si no se les puede doblegar, sí se les puede comprometer para que se sumen a algún tipo de acuerdo mutuamente beneficioso para todos. Un compromiso en defensa de los intereses comunes a empleados fijos, trabajadores precarios y desempleados, y en defensa del interés general, representado por el Gobierno. ¿En qué tipo de compromiso atractivo para los sindicatos cabría pensar? En alguno que a cambio de ciertos sacrificios en el presente, que puedan asumir como una inversión a largo plazo, les ofrezca esperanzas de supervivencia futura, hoy amenazada por una probable victoria del PP que supondría su pérdida del poder sindical.

Empadronar o no empadronar. Ése es el dilema que parece angustiar a nuestros alcaldes, a nuestros partidos y a nuestros gobernantes, a juzgar por la escandalera que se ha montado en torno a la decisión con marcha atrás adoptada por el Ayuntamiento de Vic (gobernado por una coalición contra natura de convergentes y tripartitos), que primero decidió denegar el empadronamiento de los inmigrantes irregulares, a fin de contrarrestar electoralmente la xenofobia populista de su oposición, pero luego renunció a ello, tras el informe adverso de la Abogacía del Estado requerido por el Gobierno central. Con ello todas las formaciones políticas se han lanzado a un agrio debate de acusaciones cruzadas, denunciando airadamente las contradicciones ajenas en materia de políticas de inmigración, pero silenciando las propias. Pues la verdad es que todos incurren en ellas, dudando como Hamlet entre obedecer lo previsto en la restrictiva Ley de Extranjería (aprobada el pasado 29 de octubre por el PSOE y los nacionalistas), que obliga a internar y expulsar a los inmigrantes irregulares, o seguir aplicando la resolución en vigor (firmada en 1997 por el entonces ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy), que obliga a los ayuntamientos a empadronar a todos sus residentes, tanto legales como irregulares, para poder reconocer y garantizar sus derechos sociales (salud, educación, vivienda, asistencia, etc.).

Con lo cual se diría que los papeles están cambiados, pues aquel PP que hace 13 años reguló con total permisividad el coladero del empadronamiento a granel (una licencia que no existe en ningún otro Estado de la UE), incentivando la inmigración de mano de obra barata para dar inicio así al boom de la construcción, es el mismo PP que hoy, cuando la inmigración se ha detenido a causa de la crisis inmobiliaria, reclama por el contrario el cierre de la ventanilla del empadronamiento con el pretexto de que “aquí no cabemos todos”. Y en el caso del PSOE su contradicción no es menos flagrante, aunque sí mucho más reciente, pues el partido de Gobierno que ahora reclama empadronamiento para todos es el mismo que hace sólo un año promovió la aprobación de una nueva reforma de la Ley de Extranjería para endurecerla y hacerla más represiva contra los inmigrantes irregulares, a quienes la policía tienen orden de detener para cubrir las cuotas de capturas fijadas por sus mandos. Pero no sólo eso, pues este Gobierno que ahora aboga por los derechos de los irregulares es el mismo que hace un año no sólo se sumó a la aprobación en el Parlamento Europeo de la directiva “de la vergüenza” contra la inmigración irregular, sino que además firmó con Sarkozy un pacto hispano-francés contra la regularización de inmigrantes. ¿Qué revela esta contradicción? ¿Un dilema hamletiano o hipocresía pura y dura?

No, sólo se trata de tacticismo. Convergentes y populares pugnan en Cataluña por desactivar la agenda electoral de la candidatura xenófoba PxC con el simple expediente de sumarse a ella para hacerla suya. Y al Gobierno central le ocurre algo parecido. Como carecía de guión propio para su segunda legislatura, optó en un comienzo por desactivar la oposición del PP robándole su programa, aunque ello supusiera rectificar en toda regla la anterior regularización de inmigrantes acometida por el ministro de Trabajo Caldera. Por eso nombró como nuevo titular de esa cartera a Celestino Corbacho (un ex alcalde catalán acostumbrado a lidiar con los inmigrantes de L’Hospitalet de Llobregat, como el de Vic, que ahora quería restringirles el padrón), impartiéndole el encargo de endurecer la política de inmigración. Pero luego llegó el brutal impacto de la crisis, que no sólo ha destruido dos millones de empleos sino que también ha hundido el prestigio de Zapatero, arruinando su crédito político y quebrando la confianza que los electores depositaban en él. Lo cual le ha obligado a rectificar de nuevo, tratando de invertir la deriva de unas encuestas que cada vez le son más adversas. Por eso ahora ha aprovechado que el Llobregat también pasa por Vic para recuperar su anterior papel de buenista mayor del reino, con la esperanza de que el PP entre al trapo y recaiga en el populismo xenófobo. Así Zapatero podría recuperar el lema que le granjeó su reelección: “Si tú no vas (a votar), ellos (el PP) vuelven”.

Pero el fondo de la cuestión sigue sin resolverse. Los ayuntamientos empadronan a todos alegremente para poder incrementar así los recursos de su hacienda, dada la escasez de la financiación local. Y mientras tanto los servicios sociales de todo el país están absolutamente atascados, sin poder dar abasto atendiendo inmigrantes.

“Anodino”: así fue como el Financial Times (órgano neoliberal al que tanto le gusta fustigar los vicios del presunto mal español) describió el programa de trabajo propuesto por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero para la presidencia española de la Unión Europea durante el primer semestre del nuevo año. Y como para desmentir tan denigrante descalificación, ese mismo día nuestro jefe del Gobierno se reunió en La Moncloa con los llamados tres sabios de la socialdemocracia europea, los señores Delors, González y Solbes, a fin de bautizar con su autorizado patrocinio y presentar con mediática solemnidad su flamante Estrategia 2020: ese mismo programa de trabajo que al FT le había parecido tan deleznable. ¿En qué quedamos: es un plan estratégico o sólo “anodino”?

Pero no sólo hablamos de Europa, pues esa misma Estrategia 2020, sólo que aplicada a escala española, es la que también se plantea La Moncloa para salir de la crisis con su nueva Ley de Economía Sostenible, aprobada por el Gobierno el viernes pasado: el mismo día en que se inauguraba oficialmente el semestre español de presidencia europea. Y en esa misma línea, el Gobierno ha planificado para este primer trimestre varios encuentros con las dos partes interlocutoras del diálogo social (la patronal y los sindicatos), tratando de concertar una serie de reformas estructurales del mercado de trabajo (convenios colectivos, formación profesional, empleo juvenil), de las que ni siquiera se excluye lo que hasta la fecha constituía una vedada línea roja: el gran tabú de la llamada reforma laboral, destinada a superar la infranqueable dualización entre el empleo estable y el empleo precario.

Y aún hay además otros campos de juego en que también se ventila la Estrategia 2020, destacando los intentos de llegar a acuerdos consensuados en ciertas materias de Estado (Europa, defensa, terrorismo, energía y sobre todo educación) con el primer partido de la oposición, que también cuenta como los sindicatos con capacidad de veto. Ahora bien, en todos estos planes de trabajo, acuerdo y negociación, que el talante de Zapatero gusta poner en escena, siempre nos encontramos ante la misma duda: ¿es algo que va en serio o es un puro gesto mediático, como en el ejemplo del camarero de Sartre glosado por Ramoneda? O por decirlo a lo Financial Times: ¿es un programa en verdad consistente o es algo sólo trivial, huero, fútil y “anodino”?

Para los más viejos del lugar, la Estrategia 2020 de Zapatero no puede menos que recordarnos el famoso Programa 2000 que Felipe González anunció mediáticamente junto con los fastos políticos de 1992 (Quinto Centenario, Expo de Sevilla, Juegos de Barcelona). Con ese ambicioso plan de modernización estratégica, González pensaba encubrir la sonada derrota sufrida por la huelga general de 1988, que enterró su política económica de Tercera Vía avant la lettre. De ahí que no sea ninguna casualidad que ahora Zapatero haya convocado a su predecesor para la botadura de su Estrategia 2020. Pero aquel Programa 2000 fue inmediatamente sepultado por la llegada de la gran recesión de 1993, que elevó la tasa del desempleo español al 24% de la población activa (récord histórico que hoy mismo está muy lejos de poder alcanzarse) y por los grandes escándalos de corrupción política que acabaron ignominiosamente en 1996 con el poder de González.

Aunque claro está, el que el ambicioso Programa 2000 se desvaneciera en el aire no quiere decir que la “anodina” Estrategia 2020 tenga que fracasar también. Como afirma el aforismo, todas las comparaciones son odiosas, y mucho más en este caso, pues si el Programa 2000 (diseñado bajo la inspiración del determinismo tecnológico de Manuel Castells) todavía era socialdemócrata a la vieja usanza (pues estaba basado en el tecnocrático intervencionismo estatal), la Estrategia 2020, en cambio, es pura Tercera Vía a lo Tony Blair: mero reformismo social-liberal, respetuoso con las fuerzas del mercado.

En la época de González, la izquierda europea todavía era voluntarista, pues creía en su capacidad de transformar la realidad social mediante el uso decidido de las políticas públicas como gran palanca del Estado: dadme un punto de apoyo y cambiaré el mundo. Pero en la actualidad la izquierda europea que hoy representa Zapatero ha dejado de ser voluntarista para convertirse en fatalista: ya no confía en su capacidad de transformar la realidad y por eso se limita a adaptarse a ella, toreando como puede las fuerzas financieras y mercantiles que ya no sabe controlar, dada su impotencia para enfrentarse a los vetos partidistas, sindicales o mediáticos. De ahí su respuesta ante la crisis actual, de la que espera sacarnos con un anodino laissez faire, laissez passer, apenas edulcorado con medidas sociales de rostro humano.

Si el año pasado estuvo marcado de principio a fin por el ominoso estallido de la crisis económica, cuya evidente inminencia tantos negacionistas se empeñaban en acallar, este año que ahora termina ha estado presidido por la lucha contra la crisis. Una lucha que finalmente parece haberse visto coronada por el éxito, a juzgar por el rally alcista de las bolsas, que cierran el ejercicio con subidas estratosféricas desde los mínimos de marzo. Por lo tanto, si semejante interpretación fuera acertada, éste sería el mejor momento para empezar a pedir cuentas, exigiendo responsabilidades tanto a quienes permitieron que la crisis se formase como a los que se han beneficiado de su presunta resolución. El diagnóstico dominante en los medios sostiene que la crisis se formó porque, en ausencia de supervisión y control estatal, la irracional desregulación de los mercados financieros los condujo al desastre. Y en ese punto de inflexión, cuando la burbuja especulativa pinchó y los capitales huyeron en estampida presos de un ataque colectivo de pánico, la única solución posible fue regresar al viejo keynesianismo interventor, pasando los mercados a ser controlados directamente por los Estados, que para poder salvarlos tuvieron que inundarlos con masivas inyecciones de gasto público deficitario.

En suma, el neoliberalismo sería el gran culpable, o al menos el principal causante, y el ya casi olvidado keynesianismo, teóricamente superado por aquél, habría sido la única salvación. Pero si esta interpretación oficial resulta paradójica, mucho más lo parece su traducción política. Pues ¿cómo se entiende, entonces, que los representantes socialdemócratas del keynesianismo pierdan todas las elecciones, saliendo derrotados como los grandes perdedores de la crisis, mientras los representantes conservadores del neoliberalismo quedan victoriosos, imponiendo por doquier su virtual hegemonía?

Una posible explicación es que el keynesianismo aplicado hoy ya no es aquel keynesianismo público, progresivo y reformista que presidió la edad de oro de la socialdemocracia en los años sesenta, sino que se trata de un keynesianismo completamente distinto, por su carácter a la vez privado, conservador y reaccionario. Un keynesianismo de derechas, para entendernos, pues no beneficia a las rentas del trabajo sino a las rentas del capital. De ahí que haya logrado imponer una salida de la crisis de tipo restaurador, de acuerdo al célebre efecto Lampedusa: es preciso que todo cambie para que todo siga igual. Es la única conclusión que puede extraerse de la práctica de un keynesianismo estatal que privatiza los beneficios y socializa las pérdidas, contribuyendo no a reformar sino a restaurar la financiarización de la economía. Pero esta práctica dere-chista del keynesianismo privatizado, restaurador de la tasa de beneficios del gran capital, no es nueva en absoluto, pues ya la acometió mucho antes Hitler en los años treinta, y luego Reagan en los ochenta, que es precisamente cuando se sentaron las bases de la actual dominación financiera. Pues más allá del keynesianismo militarista que hoy inspira a Bush y también a Obama, haciendo del gasto en defensa el gran motor de la demanda agregada, la clave real de este nuevo keynesianismo financiero es hinchar la demanda mediante el endeudamiento crediticio.

Como se sabe por lo menos desde Marx, la causa última de las crisis cíclicas del capitalismo es la sobreproducción, dado el exceso de capacidad instalada para la que no hay suficiente demanda natural o espontánea. Para enfrentarse a este exceso de producción, o a esta escasez de demanda, la solución keynesiana pública, puesta en práctica por la socialdemocracia en los sesenta, fue estimular fiscalmente la demanda agregada tanto por medio del gasto estatal como mediante una política de rentas que elevó sustancialmente el poder adquisitivo de las clases medias y asalariadas. La consecuencia fue la gran inflación, de la que se salió con la derrota política de la socialdemocracia y el ascenso imparable del neoliberalismo. Pero contra lo que parece, este último método de política económica también recurrió al keynesianismo, aunque ya no público sino privado. En efecto, para estimular la demanda agregada, en vez de recurrirse a la subvención estatal se recurrió al endeudamiento crediticio gestionado por la banca privada, y ello además con recortes salariales del poder adquisitivo, haciendo a las clases trabajadoras y medias muy dependientes del crédito bancario. Y el colmo de este keynesianismo privado llevado hasta sus últimas consecuencias por reducción al absurdo ha sido el caso de las hipotecas basura, catalizador en España o EE UU de la crisis actual: la última por el momento, hasta que se forme la próxima, dentro de una larga cadena de crisis crónicas (por parafrasear el título de mi último libro).

El truco es bien conocido: se conceden créditos a los asalariados más insolventes (entre los que destacan los inmigrantes) y luego esos créditos se venden a los propietarios más solventes (los inversores especulativos), logrando que los capitalistas privados subvencionen la demanda agregada de los trabajadores hipotecados como deudores. Esta práctica de rizar el rizo fue la que formó la burbuja especulativa del endeudamiento insolvente, pues la liquidez así generada iba fluyendo a través de las redes financieras hacia los depósitos bancarios, donde se embalsaba en forma de enormes pantanos de créditos acumulados procedentes de sus cuencas hidrográficas. Pero cuando la masa crediticia empezó a rebosar, las presas de los pantanos no pudieron soportar la presión y comenzaron a resquebrajarse hasta que reventaron. En ese momento, toda la liquidez acumulada se precipitó al vacío, y en su caída libre los créditos acumulados se convirtieron en deudas imposibles de cobrar. Así fue como la avalancha de endeudamiento lo arrasó todo a su paso, inundando súbitamente los valles de la economía real, que quedaron asolados e improductivos durante mucho tiempo. Es entonces cuando la autoridad pública se vio obligada a intervenir al modo keynesiano, insuflando a fondo perdido liquidez estatal para tratar de suplir la sequía derivada del vaciado de los pantanos financieros. Pero de este modo, el insolvente endeudamiento privado se tradujo en una hipertrofia del deficitario endeudamiento público. De ahí que, en cuanto las presas bancarias han podido ser reconstruidas gracias al rescate estatal, el estímulo keynesiano ha comenzado a reducirse hasta cesar a corto plazo. Con lo cual se demuestra su naturaleza exclusivamente privada, puesto que sólo se ha dispuesto al servicio del capital bancario, abandonando a su suerte a las víctimas reales de la rotura de los pantanos: las pequeñas y medianas empresas, los autónomos, los desempleados…

Y este carácter derechista, conservador y reaccionario del actual keynesianismo privatizado se demuestra también en su naturaleza procíclica, amplificadora de las desviaciones de la estabilidad, que en las fases alcistas del ciclo actúa como impulsora del auge desmedido, incentivando la exuberancia irracional de los mercados, mientras que con la llegada de la crisis sólo sabe impulsar el pánico colectivo. Así, las autoridades públicas han actuado en realidad como desestabilizadores automáticos, que primero no supieron evitar la formación de la crisis, luego la negaron cuando ya se estaba iniciando y finalmente la precipitaron y agudizaron con sus medidas de choque, extendiéndola y generalizándola por todo el conjunto de la economía real, penosamente gravada con el coste tributario de la deuda pública acumulada. De donde se deduce que la salida de la crisis actual también puede significar el inicio diferido de la próxima, cuando la economía se recupere y los créditos vuelvan a fluir hasta embalsarse como futura deuda insolvente.

Enrique Gil Calvo es profesor titular de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.

En casi todos los balances políticos que se están haciendo al cierre del año aparece el mismo diagnóstico, presentado de un modo u otro: la suerte electoral de Rodríguez Zapatero habría empezado a declinar irreversiblemente, convertida ya su anterior buena estrella en una auténtica estrella menguante cuyo ciclo de extinción caducará en 2012. Y es que, en efecto, los signos de su declive proliferan últimamente (incapacidad para salir de la crisis, fracaso de la estrategia de economía sostenible, debilidad de la política exterior, etc), confirmando el pronóstico deducible de los sistemas presidenciales de que las segundas legislaturas tienden a ser ruinosas, y ahí está la remota experiencia de Suárez o la reciente de Aznar para corroborarlo. Por eso las encuestas pronostican que, si ahora se celebrasen elecciones, el PP las ganaría destacando incluso con Rajoy al frente, logrando una mayoría suficiente para provocar la alternancia. Y de ahí que se estén empezando a hacer quinielas sobre los posibles sucesores de Zapatero, tras darlo prematuramente por perdido, encabezando las apuestas Elena Valenciano, el ministro de Fomento y la ministra de Defensa.

Sin embargo, mirados fríamente, todos estos pronósticos de fin de año parecen más una simple inocentada que otra cosa. Nuestro sistema político no es de tipo presidencialista sino parlamentario, lo que permite encadenar más de dos legislaturas con diversas mayorías cambiantes sin tener que ceder la alternancia del gobierno, como logró hacer Felipe González durante 14 años. Es verdad que el liderazgo de Zapatero no puede comparase con el de aquél, pero como no hay enemigo pequeño, Bambi también ha demostrado ser un adversario habilidoso, competitivo y duro de roer, como sabe por experiencia el propio Rajoy. Y la prueba la tenemos en este mismo ejercicio parlamentario, en el que a pesar de su debilidad numérica, y con toda la que está cayendo, el grupo socialista ha logrado sacar adelante con su táctica de geometría variable el 99% de las votaciones: empezando por los Presupuestos y siguiendo por leyes tan significativas como la del aborto y la de financiación autonómica. Así que hará muy mal Rajoy en confiarse vendiendo la piel del oso antes de haberlo cazado, si cree que tiene la partida ganada de antemano a causa de la crisis económica. Por el contrario, la crisis pasará, el año que viene la actividad crecerá y volverá a crearse empleo neto a partir de 2011. En consecuencia, las encuestas hoy negativas para el Gobierno revertirán su signo, pues la opinión pública es tan olvidadiza como veleidosa. Mientras que en cambio las sucesivas andanzas judiciales del caso Gürtel nos seguirán recordando tanto el año que viene como el próximo que el PP no merece alcanzar el Gobierno porque no es de fiar, sino que debe ser penalizado por la ciudadanía por su incapacidad para reconocer sus evidentes responsabilidades cuando menos in vigilando. Pues la calidad de nuestra democracia se resentiría muy gravemente si se premiase con el Gobierno a un partido cuyo primer tesorero y otros muchos altos cargos institucionales están imputados por corrupción política.

Pero si el PP no merece recuperar el poder, tampoco el Gobierno ha hecho lo suficiente para merecer conservarlo. Su falta de eficacia para enfrentarse a la crisis debería descalificarle a los ojos de los electores, que sin duda le pasarán factura en los próximos comicios. Y a no ser que tenga mucha suerte con asuntos como la salida de la crisis y la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut catalán, lo más probable es que Zapatero se encuentre con graves dificultades para poder formar Gobierno en 2012, para lo que necesitará recurrir de nuevo a los soberanistas de CiU y PNV en contra de sus propios correligionarios. Un dilema político endiablado, para cuya imposible solución Zapatero necesitará derrochar mayores dosis de tacticismo geométricamente variable de las que ha usado hasta hoy.

Y no será ése el único dilema al que deberá enfrentarse Zapatero, pues hay otros dos al menos igualmente insuperables. Uno es el del empleo, al que ya he aludido en columnas anteriores, pues para poder crearlo en el volumen necesario habría que doblegar la resistencia de unos sindicatos que son a la vez su principal apoyo político.

Y el otro dilema es el que le van a plantear los votantes más jóvenes, a los que precisa como condición sine qua non para ganar las elecciones, pero que a la vez demandan una gratuidad en los contenidos de Internet que el llamado “sindicato de la ceja” no está dispuesto a aceptar. Y es que satisfacer a la SGAE (Sociedad General de Autores y Editores) significa arrostrar la impopularidad juvenil, lo que podría acarrear una segura condena política. ¿Qué hará ZP?

El flamante anteproyecto de Ley de Economía Sostenible (LES), que el Gobierno presentó hace dos semanas como un plan de reestructuración capaz de relanzar la economía española a partir del año próximo, ha quedado súbitamente desacreditado por el impacto que sobre los mercados ha tenido la rebaja de la calificación de nuestra deuda por parte de la agencia Standard & Poor’s. Por eso, en su presentación el jueves pasado del tercer informe anual de su Oficina Económica en La Moncloa, el presidente Zapatero intentó contrarrestar el dictamen de la agencia de rating, argumentando que nuestra solvencia está asegurada porque la deuda española continúa siendo inferior al promedio europeo. Pero al parecer no ha sido escuchado, pues los mercados prefieren prestar más crédito a los malos augurios sobre nuestra economía que al forzado optimismo del Gobierno.

Y no es para menos. Es verdad que nuestra deuda todavía es inferior al promedio de las demás economías, pero a cambio es la que crece a mayor velocidad de todas. Y lo que parece peor es que seguirá creciendo, dada la necesidad de financiar el ingente déficit estructural nacido tras la caída de la burbuja inmobiliaria, que continuará pesando como una losa insoportable sobre el conjunto de nuestra economía: un déficit hecho tanto de ingresos tributarios cesantes como de gastos derivados del enorme desempleo acumulado. Y mientras la economía no vuelva a crecer lo suficiente para absorber esa bolsa de desempleo, el lastre deudor del déficit estructural nos impedirá salir del agujero.

Total, que necesitamos urgentemente un verdadero plan de reestructuración económica, capaz de volver a crear cuanto antes un millón de empleos al menos. Y para eso, con la flamante pero casi marchita LES ya no basta, sino que hacen falta verdaderas reformas estructurales que nos permitan recuperar el crecimiento con el vigor suficiente como para crear empleo neto. Y entre esas urgentes reformas destaca en especial la reforma del mercado de trabajo, dado que es aquí donde reside la causa primera y última de nuestro déficit estructural: la causa primera por la carga fiscal de la bolsa de desempleo acumulada, y la causa última porque la demanda de consumo que es nuestra locomotora económica no volverá a recuperarse generando crecimiento hasta que el desempleo acumulado se absorba. Una reforma laboral que por fin el presidente Zapatero, tras mucho rechazarla y quizás espoleado por la amenaza de Standard & Poor’s de rebajar nuestro rating, también anunció el jueves pasado en su presentación del informe anual, emplazándola para el primer trimestre de 2010.

Ya era hora, aunque más vale tarde que nunca. Pero cabe temerse lo peor, pues la reforma laboral que se anuncia podría verse de nuevo frustrada, quedando finalmente en nada. En efecto, a pesar del anuncio de Zapatero, y a juzgar por la experiencia reciente, lo más probable es que las centrales sindicales sigan vetando la reforma laboral con sus famosas líneas rojas. Y dada la debilidad política de Zapatero, es muy posible que al final le impongan su veto, por temor al precio que tendría que pagar si osase enfrentarse a la resistencia sindical. Al fin y al cabo, hoy se conmemora el 21º aniversario de la huelga general que marcó el principio del fin de la anterior etapa de gobiernos socialistas, como se han encargado de subrayar las movilizaciones de este sábado pasado. Y si las centrales sindicales pudieron con Felipe González, ¿cómo no iban a poder con Rodríguez Zapatero? Y sin embargo, la perentoria necesidad de una reforma laboral capaz de crear empleo, como la proyectada por el manifiesto de nuestros 100 primeros economistas (entre los que figuraba el actual secretario de Estado Campa), es cada vez más clara y urgente. Y para ello resulta imprescindible derribar el muro de Berlín laboral que separa el empleo fijo protegido del precario sin proteger. Puede parecer comprensible que los sindicatos se refugien en la defensa de los intereses de los trabajadores fijos, defendiendo su blindaje contra el despido y la elevación de su poder adquisitivo. Pero lo que no parece justo es que, al hacerlo así, demuestren tan poca solidaridad con los trabajadores potenciales hoy desempleados (en su mayoría jóvenes e inmigrantes), condenados como están al empleo temporal y precario. Y lo que aún parece menos comprensible es que el presidente Zapatero, en lugar de ejercer su liderazgo político, renuncie a intentar una mediación más justa entre trabajadores sindicados y trabajadores desprotegidos, convenciendo a aquellos para que se solidaricen con éstos. Sería la única forma para sindicatos y Gobierno de defender el interés general.

Últimamente, quizá por efecto del estrés social causado por la crisis, en este país se está perdiendo la sensatez. He aquí algunas anécdotas indicativas. El portavoz del episcopado acusa de herejes a excomulgar, como si violasen algún dogma de fe, a los legisladores que van a reformar la actual penalización del aborto, dada su grave inseguridad jurídica. La Universidad de A Coruña, que no imparte la asignatura de Geología, se ha gastado un millón de euros en un instrumento geológico a cuyo único usuario le vence su contrato de becario. La nueva ley de financiación autonómica ha sido aprobada gracias al voto favorable de dos representantes de un territorio foral en el que no se puede aplicar. Ante los graves escándalos de corrupción que desacreditan al PP, su líder proclama su flemática indiferencia como si aquello no fuera de su incumbencia. El Ayuntamiento de Madrid presentó su candidatura a los Juegos Olímpicos de 2016 a sabiendas de que no podía ganar. El último premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales le ha sido otorgado a un divulgador de las ciencias naturales…

Y así podríamos seguir, acumulando perlas semejantes. Pero como broche de oro sólo señalaré otros dos ejemplos extremos de falta de sensatez. El PP se propone solicitar la anulación de los procesos incoados sobre la base de escuchas obtenidas mediante el sistema Sitel, que él mismo adoptó cuando ocupaba el poder, pero que hoy juzga inconstitucional. Su causa justificante es ejercer el derecho de defensa, dada su esperanza de que con ello se logre anular todos los procesos de corrupción política incoados contra miembros de su partido, haciendo del caso Gürtel una especie de caso Naseiro bis. Pero si triunfase su propósito, también se anularían otros muchos procesos penales, otorgando una inmerecida impunidad a los criminales y poniendo en muy grave peligro no sólo la lucha antiterrorista sino también la lucha anticorrupción, cuya fiscalía contra el fraude está obteniendo tantos y tan buenos resultados gracias al sistema Sitel.

Y en el otro bando político, la última muestra de falta de sensatez ha sido la crisis del atunero Alakrana, provocada por la grave imprudencia cometida tras la captura de dos piratas por la fragata Canarias. Entonces el Gobierno decidió traerlos a España para su entrega a la justicia, lo que no podía menos que bloquear las negociaciones para liberar a sus rehenes, como en efecto ha ocurrido. Toda persona sensata sabe que no se puede nadar y guardar la ropa. Y ante dos opciones contradictorias, como las que se le abrían al Gobierno (hacer justicia o liberar a los rehenes), lo más sensato es elegir pragmáticamente el mal menor. Pero lo que no se puede hacer, porque es una muestra de irresponsabilidad, es tratar de hacer las dos cosas a la vez (como los niños que lo quieren todo y ahora). Veremos ahora cómo acaba la cosa.

¿Tenemos derecho a esperar de nuestros gobernantes mayores pruebas de sensatez? Concedámosles un nuevo voto de confianza, y esperemos que sea así. Ahora se les abre un nuevo campo de pruebas para demostrarlo, y además de importancia crucial. Me refiero a la reapertura del diálogo social tripartito, tras el reciente acuerdo entre patronal y sindicatos sobre la negociación colectiva. Solventado ese obstáculo, y tras la aprobación por el Congreso de los próximos Presupuestos y la nueva financiación autonómica, ahora el Gobierno ya puede concentrarse de lleno en la lucha contra la crisis, el paro y el déficit, procediendo a plantear a los interlocutores sociales las reformas estructurales necesarias para establecer un nuevo modelo productivo de economía sostenible: el gran objetivo estratégico que propuso solemnemente como salida de la crisis en el último debate sobre el estado de la nación. ¿Sabrá hacerlo con sensatez y responsabilidad?

Hasta ahora no ha sido así. Al comienzo, se empeñó en negar la evidencia de la crisis, perdiendo con ello una credibilidad que no le sobra precisamente. Y después se ha limitado a poner paños calientes, a la espera de que las cosas mejoren por sí mismas. Pero ya no se puede seguir así. Si dejamos que el tiempo pudra el problema, volveremos a las mismas andadas especulativas e inmobiliarias dentro de cinco años. Y mientras tanto seguirán pagando el precio de la crisis los de siempre: los desempleados. Por eso, ya es hora de hacer algo: una reforma laboral capaz de crear dos millones de empleos (única forma de enjugar el déficit estructural) en los próximos años. Pero una reforma laboral verdaderamente eficaz, y no sólo el nuevo ERE a la alemana (Kurzarbeit) que se va a adoptar para cubrir el expediente. ¿Tendrá el Gobierno sensatez suficiente para cumplir con su deber?

Tras el levantamiento del secreto del sumario con imputación de 71 personas, el caso Gürtel con sus distintas ramificaciones ha entrado en una nueva fase judicial, de consecuencias políticas hoy por hoy impredecibles. Por una parte, aparece la trama de corrupción que afectó a grandes municipios madrileños (Pozuelo, Majadahonda, Boadilla, Arganda, etc.), políticamente neutralizada de momento gracias a las fulminantes dimisiones exigidas por Esperanza Aguirre.

Pero luego está el caso Camps, el presidente del Gobierno valenciano cuya imputación por cohecho fue polémicamente sobreseída, pero contra quien la fiscalía del Supremo ha pedido la reapertura del caso, dada la aparición de nuevas evidencias de corrupción. Y por encima de todo esto sobrevuelan los indicios de financiación ilegal que afectan a la sede central del PP, y ello tanto en la anterior época de Aznar como en la actual etapa de Rajoy, cuyo tesorero Bárcenas está imputado por cohecho en el sumario principal. Un complicado macroproceso de corrupción política que podría significar para el PP algo equivalente pero de mayor dimensión a lo que supuso el caso Filesa para el PSOE en los años noventa.

Resulta aventurado especular con el futuro del caso Gürtel, pero con independencia de los avatares judiciales y de las repercusiones políticas que sobrevengan en su tramitación, es evidente que este caso se va a convertir en un test evaluador de la calidad de nuestra democracia. ¿Sobrepasaremos con éxito esta prueba crucial? ¿Sabrán estar nuestras instituciones a la altura de las circunstancias? En este sentido, también el caso Filesa supuso un test de calidad, una prueba de consistencia y fortaleza que, por razones que veremos después, y pese al malestar colectivo que causó en su día, nuestra democracia superó con claridad, saliendo reforzada de ella. ¿Sucederá lo mismo esta vez?

Basaré mis argumentos en un texto cuya traducción acaba de publicarse, resumiendo la literatura sobre el análisis comparado de las democracias. Me refiero al libro Democracia y democratizaciones (CIS, 2009) del célebre politólogo italiano Leonardo Morlino, autor que distingue cinco dimensiones determinantes de la buena o mala calidad democrática. De esas cinco variables, dos son procedimentales: el imperio de la ley (rule of law) y la rendición de cuentas (accountability). Otras dos son sustantivas, pues afectan a los contenidos de la democracia: la libertad y la igualdad. Y la última se refiere a los resultados de las políticas públicas: es la satisfacción ciudadana, de la que depende la legitimidad de las democracias.

Pues bien, al aplicar su matriz al caso español, las dos variables en que salimos mejor librados son las sustantivas, pues ni la libertad ni la igualdad están aquí amenazadas (aunque esto debería matizarse, dada la injusta segregación de los inmigrantes).

Pero no ocurre lo mismo con las otras tres (rule of law, accountability y legitimidad), cuya aplicación es bastante más dudosa, y el caso Gürtel es una prueba muy significativa. Por lo que respecta al imperio de la ley, es evidente que los elevados niveles de corrupción política cuyos indicios están aflorando en los sumarios demuestran un incumplimiento de la legalidad vigente prácticamente generalizado. Y en esto llueve sobre mojado, pues el caso Gürtel sólo es el último de una larga lista donde también aparecen los casos de Marbella, Estepona, Mallorca, etc. En este sentido, a las democracias con alto nivel de corrupción, donde se incumplen sistemáticamente las leyes, Morlino las denomina democracias ineficientes o defectivas.

Pasemos al segundo indicador: la rendición de cuentas. Aquí Morlino hace suya la distinción de O’Donnell entre accountability vertical, que se ventila en los comicios electorales cuando los ciudadanos juzgan retrospectivamente los incumplimientos de sus gobernantes sancionándolos mediante la alternancia, y la accountability horizontal: la exigencia de responsabilidades ejercida por los tribunales, las instituciones reguladoras independientes y la sociedad civil.

Pues bien, es evidente que ninguna de ambas accountabilities está funcionando en el caso Gürtel: el cohecho de Camps y los suyos ha sido sobreseído por un tribunal amigo (si es que no presuntamente prevaricador), y los indulgentes electores han premiado con mayor cosecha de votos a los imputados por corrupción, en lugar de castigarlos o al menos suspenderlos como se merecían, dicho sea en términos de ética ciudadana. Luego volveré sobre esto. En cualquier caso, a las democracias en las que la accountability no funciona, o funciona mal, Morlino las denomina irresponsables o delegativas (populistas) en el sentido de O’Donnell.

Queda por ver la cuestión de la legitimidad o grado de satisfacción con los resultados de la democracia (no con la democracia misma, que no se discute en cuanto tal). Pues bien, también aquí parece evidente que hay fracciones crecientes de ciudadanos que no se sienten legítimamente representados por sus gobernantes, ni tampoco por los candidatos de la oposición (lo que explica la ausencia de alternancia), expresando su rechazo sobre todo mediante la abstención. Es verdad que la polarización reinante produce abultados apoyos electorales al partido en el poder (el PSOE en el Gobierno central, el PP en los Gobiernos de Madrid o Valencia), pero semejante sostén debe ser interpretado no tanto como aval, ni mucho menos como adhesión, sino sobre todo como mal menor: si se vota a los propios candidatos es con las narices tapadas y para castigar a sus todavía más odiosos adversarios, a los que se rechaza por ilegítimos. Una desafección política tipificada por Morlino como democracia no legítima (o mejor, deslegitimada).

En cualquier caso, bien podría pensarse que esta pérdida de calidad fuera sólo pasajera o episódica, y que la democracia española recuperará su normalidad cuando el caso Gürtel supere su tramitación judicial. Pero no cabe abrigar esperanzas que podrían revelarse infundadas, pues también podría ocurrir lo contrario si el caso se archiva o anula, sentando un aciago precedente destinado a reproducirse.

Y aún queda la posibilidad intermedia: que el proceso se alargue indefinidamente dando tiempo a que el PP recupere el poder en 2012, obteniendo así la victoria y con ella la impunidad política. Lo cual podría significar la puntilla para la democracia española, condenándola para siempre a la persistencia de la irresponsabilidad en el sentido de Morlino.

Hasta ahora, exceptuando el caso Naseiro, el PP estaba limpio de corrupción, y sólo el PSOE había caído en la vergüenza del caso Filesa y demás asuntos aledaños. Pero este partido lo pagó perdiendo el poder y manteniéndose alejado de él durante ocho años (sólo lo recuperó gracias a los errores y las culpas de Aznar), quedando vacunado contra la corrupción para mucho tiempo.

Mientras que si el Partido Popular volviera al poder en el año 2012 (lo que resulta incluso probable, dada la impotencia de Zapatero ante la deriva de la crisis), sin haber pagado ningún precio por el caso Gürtel, semejante recompensa supondría en la práctica un incentivo a la corrupción y una patente de impunidad, desmintiendo el programa radiofónico de mi infancia que se titulaba: El criminal nunca gana.

De ahí la crucial importancia de este test, que la justicia española debería sancionar con urgencia antes de que sea demasiado tarde.

Enrique Gil Calvo es profesor titular de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.

El proyecto de Presupuestos para el año próximo, que prevé una fuerte subida de impuestos al consumo (además de eliminar la desgravación de 400 euros a las rentas del trabajo), ha sido presentado por el Gobierno como si estuviera presidido por el principio de la solidaridad de los españoles más afortunados para con los desfavorecidos. Pero semejante justificación recuerda más bien al título de una comedia española: ¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? Pues, parafraseando su sentido, también cabría pensar: ¿por qué lo llaman solidaridad cuando quieren decir redistribución de la renta? Para poder considerarse tal, la solidaridad ha de implicar una decisión voluntaria que en el caso de la exacción fiscal no se da. Pues, si de verdad el Gobierno nos invitase a ser solidarios, debería incluir en la declaración de la renta una casilla que rezase: “¿Acepta usted pagar más impuestos para sufragar el subsidio del desempleo, en lugar de hacerlo a otros fines benéficos, como el sostén de la Iglesia católica?”. Pero, además, esta pretendida solidaridad no es sólo falaz a fuer de forzosa, sino también injusta en tanto que regresiva, dado que quienes van a estar fiscalmente obligados a solidarizarse con los desempleados no son las rentas altas (evasoras habituales tan opacas como impunes), sino las medias y bajas, incapaces de evitar el control del fisco.

Aparece así de nuevo la consabida doblez esquizoide a que ya nos tiene acostumbrados este Gobierno, que verbalmente alardea de defender los derechos de los desfavorecidos, mientras en la práctica se dispone a hacer justamente lo contrario de lo que predica. Una esquizofrenia que también se traduce en su política de alianzas pues, si de verdad pretendiera gravar las rentas altas para favorecer a las inferiores, debería estar pactando ahora mismo con las formaciones de izquierda (ERC, IU, ICV y BNG) una reforma fiscal del IRPF y del impuesto de sociedades para incrementar el gravamen de las infames Sicav. Pero, incapaz de tocar los intereses de los poderosos, y asustado por lo que diría la prensa conservadora si se decidiese a formar un bloque de izquierda progresista, el presidente Zapatero ha optado por aliarse con la derecha nacionalista (PNV) o regionalista (Coalición Canaria, Unión del Pueblo Navarro) para descargar linealmente el coste de la redistribución fiscal sobre las rentas medias y bajas mediante impuestos indirectos.

Y otra muestra de duplicidad esquizoide es la de proclamar verbalmente su apuesta por reformas estructurales hacia una economía sostenible a la vez que se recortan en un 9% las inversiones reales y en un 15% las partidas destinadas a I+D+i. En suma: retórica progresiva y realización regresiva. O sea, esquizofrenia política. Al menos, eso es lo que se desprende del anteproyecto presentado la semana pasada en las Cortes. Un borrador incoherente en el que, además, no cuadran las cuentas, pues el aumento de la presión fiscal (5.000 millones del IVA y otro tanto de los 400 euros, sin que el ahorro aporte más que 800 millones), no resulta suficiente para enjuagar el enorme déficit estructural (es decir, no corriente ni cíclico, como el derivado de los estabilizadores automáticos) que se ha acumulado tras el derrumbe de la economía del ladrillo que hasta ahora financiaba la hacienda española, y que Funcas o el BBVA estiman en más de la mitad del déficit total. De ahí la necesidad de duplicar el recurso a la deuda pública (que pasará del 36% del PIB en 2007 al 63% en 2010, creciendo a mayor ritmo a partir de ahí), lo que también desequilibra los Presupuestos, al elevar en un 33% el pago de sus intereses sólo este año.

La única explicación atenuante, ante tamaño engendro, es atribuirlo a una estrategia que opta por apostar contra el tiempo. Se ha decidido presentar desde un principio la medida más impopular (subida del IVA, supresión de los 400 euros) para amortizar cuanto antes sus peores efectos. Y a partir de ahí se espera negociar con los demás grupos otras medidas fiscales más progresivas que serán las que marquen al final el tono de los Presupuestos. Además, la subida de impuestos que ahora se anuncia sólo empezará a surtir efectos retardados el año que viene: en junio, cuando ya no se podrán descontar los 400 euros en la declaración de la renta, y en julio, cuando entrará en vigor la subida del IVA. Un momento cuidadosamente elegido, tras acabarse el semestre español de presidencia europea y justo cuando finalice la recesión económica, pues el consenso unánime de los expertos sondeados por Funcas augura para entonces el inicio de nuestra reactivación. Es ésta la carrera contra reloj que el Gobierno espera ganar. Pero ¿lo conseguirá o se estrellará contra el muro del déficit antes de tiempo?